Presidentes suramericanos condenan golpe en Honduras

“La posición de nuestro gobierno la conoce el mundo, estamos en presencia de un golpe troglodita, por decirlo de alguna manera”, dijo el Mandatario venezolano en declaraciones ofrecidas a teleSUR.

Contrastó la realidad hondureña con los hechos del 4 de febrero de 1992 en Venezuela, cuando él encabezó una rebelión militar en Venezuela y consideró que en el caso de la nación suramericana es la oligarquía que actúa contra el pueblo.

“A nosotros nos llaman golpistas, la acción de 4 de febrero fue una acción patriótica contra la burguesía, allá en Honduras es todo lo contrario, la burguesía contra un pueblo”, sostuvo Chávez.

Criticó a los comandantes de las fuerzas golpistas, por usar miembros de la Fuerza Armada para perpetrar una violación a la democracia de Honduras, en una acción que ha encontrado férrea resistencia de parte de movimientos sociales de ese país centroamericano.

“Esos comandantes golpistas están usando a los soldados para llevar a cabo un golpe de Estado. Ahora, esos soldados van a saber lo que es un pueblo, luego de que actuaron de manera cobarde”.

Recordó que el pasado viernes objetó al jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez, quien, luego de insubordinarse al mandatario hondureño, dijo ser amigo personal del Presidente Zelaya.

Dijo que en los hechos de abril de 2002 en Venezuela, cuando se produjo un golpe de Estado en su contra, militares disidentes también dijeron ser amigos del Presidente venezolano.

“Me recuerdo cuando el general hondureño decía que el era amigo del Presidente. Yo también tenía unos amigos así, pero los mandé largo al cipote”.

Insistió en que en Honduras se está siguiendo el mismo formato que utilizaron los golpistas en Venezuela en el 2002, por lo que estimó que “así como las fuerzas golpistas y desestabilizadores están repitiendo el modelo, se puede pensar que el pueblo devolverá el estado de derecho”.

Enfatizó que lo que ocurre en Honduras es un golpe de Estado contra un Presidente que sólo esta planteando una consulta popular para promover la democracia participativa.

Aseveró que la política que Estados Unidos ha dirigido a la región está relacionada con lo que acontece en Honduras, al referirse al financiamiento de éste país a grupos de derecha para desestabilizar Gobiernos en Latinoamérica.

“El imperio yanqui tiene mucho que ver con ésto. Es la burguesía, la extrema derecha que usaron a los soldados para masacrar a los pueblos de Latinoamérica. Esto es consecuencia de la política imperial”.

Añadió que a los soldados de Honduras “hay que decirle que vuelquen el fusil contra el oligarca, no contra el pueblo”.

Aseguró que Honduras cuenta con el respaldo de Venezuela y de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) para derrotar la insurrección contra la democracia.

“El ALBA está en combate hemos iniciado las conversaciones con Evo Morales y con los demás presidentes del ALBA, Daniel está pendiente desde muy temprano. Hicimos contacto en Honduras, con nuestros embajadores”, indicó el presidente venezolano

“Estamos de pie, Honduras no está sola, estamos con Honduras. Ya empezamos a movilizarnos, ese golpe va a ser derrotado”, aseguró Chávez. Esos militares golpistas van a saber que el mundo cambio, que honduras cambio, que estamos viviendo en el ALBA en el amanecer y ese golpe lo vamos a quebrar desde adentro y desde afuera”, expresó.

Resaltó que el Gobierno de Venezuela no reconocerá un régimen que se instale posteriormente al golpe de Estado contra Zelaya, ya que debe ser el pueblo de ese país, en el ejercicio democrático del sufragio, el que decida

“Venezuela no reconoce ni reconocerá a otro Presidente que no sea Manuel Zelaya, hasta que sea el mismo pueblo hondureño que diga lo contrario en las urnas”, detalló.

Rechazo de Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a organismos internacionales, a sus homólogos de Latinoamérica y a dirigentes de movimientos sociales “a condenar y repudiar este golpe de Estado militar en Honduras”.

En declaraciones ofrecidas en Palacio de Gobierno boliviano, Morales dijo que en este momento hay una “emergencia internacional” por la situación de Honduras.

Morales dijo que “estos no son tiempos de dictaduras y que lo que está sucediendo en Honduras es una aventura de un grupo de militares que atenta contra la democracia, contra el pueblo”.

El mandatario defendió que las consultas y los referendos son una forma de participación del pueblo para profundizar la democracia y cambiar la Constitución, como él mismo hizo en Bolivia.

“Es otra forma de gobernar, subordinado al pueblo. Los pueblos tiene derecho a elegir con su voto, cambiar políticas y cambiar constituciones, normas, leyes pero con la participación de pueblo. Eso es el referendo”, dijo el mandatario boliviano.

“No es posible que eso sea rechazado por grupos y (además) militarmente. Lo que está pasando en Honduras por culpa de algunos militares desprestigia a las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

De la misma forma presidentes de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, entre otros, se manifestaron en los mismos términos.

OEA condena golpe de Estado en Honduras

Señal AUDIO en vivo Radio ANEP Ciudadana

Señal VIDEO en vivo 1

Señal VIDEO en vivo 2
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Simpatizantes del presidente de Honduras, Manuel Zelaya protestan este 28 de junio a las afueras de la casa presidencial en Tegucigalpa.

Manuel Zelaya fue detenido entre las 5 y las 6 de esta mañana, informó su secretario privado, Eduardo Enrique Reina. Habría sido llevado a una base aérea por militares que irrumpieron en su casa.

  • Secretario general de la OEA convoca reunión urgente y condena golpe de estado en Honduras

Reina dijo en declaraciones a medios locales que “con mucha preocupación la Guardia de Honor nos ha informado de que el presidente fue sustraído por los militares y llevado a la Fuerza Aérea”.

Agregó que_ “el hecho ya ha sido denunciado a la comunidad internacional”_ e hizo un llamamiento al pueblo hondureño y a los políticos a que se “manifiesten para defender la democracia”.

Su detención se ha producido unas dos horas antes de que se iniciara la “consulta popular” a la que Zelaya convocó para reformar la Constitución pese a haber sido declarada ilegal por organismos como el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia.

Según un testigo vecino de la Colonia Tres Caminos, entrevistado por Radiocadena Voces, cuatro comandos de unos 200 soldados llegaron hacia las 6 a.m. a la residencia del presidente, cuya decisión de realizar una encuesta popular declarada ilegal por la justicia creó una crisis política en Honduras.

Los militares realizaron_ “cuatro disparos”_ y después salieron en tres vehículos rumbo a la base aérea, dijo.

Su residencia privada estaba rodeada por decenas de militares fuertemente armados, confirmó un fotógrafo de la AFP. Además, se veían aviones militares volando sobre la capital.

Tanto el canal 36 y el canal 8 de televisión y Maya TV (todos ellos oficiales) como varias radios salieron del aire. Momentos antes, el presentador de noticias de canal 8 anunció: “Parece que los militares vienen hacia aquí”.

Segundos antes de que se perdiera la imagen, llegó a pedir a la población que se concentrara en la plaza de la Libertad.

La negativa de las Fuerzas Armadas a colaborar con el presidente en la consulta mantiene al país en una situación de crisis política desde hace días.

Zelaya destituyó el miércoles al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.

El presidente dijo dos días después que Vásquez seguía en el mando y él sólo había llegado a anunciar la destitución pero no la había llegado a ejecutar.

Presidente Zelaya está en Costa Rica

La canciller de Honduras Patricia Rodas informó a teleSUR que maneja información según la cual el presidente Manuel Zelaya habría sido presuntamente llevado a Costa Rica. Aclaró que hasta el momento esta información no ha sido confirmada, sin embargo, pidió a este país que de ser cierto este dato actúe acorde con el estado de derecho y notifique la situación del jefe de Estado.

¡Todo el poder para los empresarios!

No puedo decir que me sorprenda de lo que escribió este periodista, porque confieso que antes he leído cosas suyas. Sin embargo, esta vez llama la atención la falta de argumentos serios con los que se refiere a un tema que evidentemente desconoce, y que aborda con una visión tan tergiversada y falaz que no puede pasar inadvertida. Decir que la paz social de Costa Rica se la debemos al movimiento solidarista, es ignorar por completo la historia patria.

Con su perorata, Camilo Rodríguez se nos muestra como todo un vocero de los empresarios más reaccionarios del país, entusiasta promotor del discurso oficial del neoliberalismo antisindical, característico de los gobiernos de ultra derecha.

Lo irracional de su comentario arranca desde el inicio cuando exclama con voz de marcado acento “macartista” ¡no más poder para los sindicatos!, pasando burdamente por alto, que en el sector privado ni siquiera existen sindicatos, porque los trabajadores, desarmados ante el enorme poder del empresariado costarricense, no tienen derecho a organizarse.

Es precisamente la falta de medidas legales para proteger la formación de sindicatos en las empresas privadas, lo que justifica lo poco que ofrece el proyecto de ley contra el que despotrica el furibundo reportero. De hecho, la propuesta de ley recoge apenas los compromisos mínimos que el país ha adquirido ante la Organización Internacional del Trabajo que, año con año, nos anota en la lista negra de países que violan los derechos sindicales, cosa que a Camilo Rodríguez parece no preocuparle en absoluto.

Resulta increíble que entrados ya en el siglo XXI, tengamos que escuchar las arengas antisindicalistas de algunos que, como otros en el siglo antepasado se desgañitaban pidiendo la horca para los mártires de Chicago. Que ciento cincuenta años después de que el movimiento obrero alcanzara el derecho a la jornada de ocho horas, se escuchen voces que acusan a los sindicatos de enemigos del progreso, es bastante atraso.

Camilo Rodríguez, arenga contra los sindicatos y habla con tono de empresario liberal decimonónico, cuando afirma que el proyecto de ley “puede espantar a empresas que tengan planes de venir a invertir en Costa Rica. En medio de la crisis, en las empresas meditan más cada movimiento, y no podemos competir con Irlanda, México, Chile, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia o Vietnam”

¡Qué criterio más simplista! Oportuno hubiese sido que antes de escribirle a CANARA, hubiese leído sobre las políticas anti-crisis que promueve hoy en día el Banco Mundial, entre ellas, las que otorgan mayor puntuación en el “ranking” sobre condiciones de inversión a los países que cuentan con leyes más protectoras para los trabajadores.

Evidentemente el conocido periodista ignora que son los países más desarrollados y competitivos del mundo, los que tienen las mayores tasas de sindicalización y los sindicatos más fuertes. Contrario a lo que él piensa, los sindicatos lejos de ser vistos como “enemigos del progreso”, son agentes imprescindibles del desarrollo, la democracia y la paz social; de la paz social verdadera, esa que nace de la justicia y del diálogo, y no de la actitud sumisa de los débiles ante el poder económico de los poderosos, como la entienden algunos.

La diatriba que lanza el comentarista en contra de las organizaciones sindicales, tiene como uno de sus motivos, la oposición del sindicato de trabajadores de JAPDEVA a la privatización de los puertos de Limón, ya que considera que toda la ineficiencia portuaria es culpa del sindicato, ¡como si fuese este el que dirige la institución! Y aunque se queja de los “privilegios, dádivas y regalos” que a los sindicatos “le concedieron los gobiernos timoratos y complacientes” no dice nada respecto de la propuesta corrupta que el actual gobierno le hace a ese mismo sindicato con el fin de que facilite la privatización de los puertos. De verdad que el color de las cosas depende mucho del cristal con que se les mira…

El periodista Rodríguez afirma que “si este es un país en el que los sindicatos pueden atentar contra la estabilidad y contra la rapidez en los negocios…”, “puede espantar a empresas que tengan planes de venir a invertir en Costa Rica.” ¡Que argumento! ¿Cómo harán la Toyota o la Fiat con sus sindicatos…?

Que Costa Rica pueda competir con Irlanda, Chile, Malasia o Indonesia, como pretende Camilo, es asunto bastante complejo que lo dejo en las manos de los empresarios y entendidos en la materia. Sí me preocupa, y mucho, que Costa Rica compita por hacerse un lugar al lado de países tercermundistas infractores de los derechos humanos, que violan e irrespetan los derechos fundamentales de los trabajadores, como Zimbabue, Burundi o Etiopia.

*estebancalvo@racsa.co.cr

Carta Pastoral: Una provincia rica en medio de la pobreza

PRIMERA CARTA PASTORAL: MONSEÑOR VICTORINO GIRARDI
(19 de Junio de 2009, festividad del Sagrado Corazón de Jesús)

En la historia de nuestra Diócesis de Tilarán-Liberia, con acta de nacimiento del 22 de junio de 1961, fue elegido como primer padre-Obispo Monseñor Román Arrieta Villalobos (1961-1979), le siguió Monseñor Héctor Morera Vega (1979-2004) y finalmente Monseñor Victorino Girardi Stellin (2004-2009).

En estos 48 años de historia diocesana se han publicado muchos documentos oficiales, entre los que han sobresalido las llamadas CARTAS PASTORALES, que son escritos de puño y letra del Obispo para ofrecer una guía segura al pueblo de Dios que se le ha encomendado, refiriéndose en concreto a algunas situaciones que su corazón de PASTOR siente que necesitan una palabra de aliento y esperanza, y convirtiendo así estas Cartas en DOCUMENTOS OFICIALES, en Magisterio de la iglesia diocesana o, si se refieren a la cuestión social, en Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

Entre estas CARTAS PASTORALES nuestra oficina de Pastoral Social-CARITAS, ubicada en la Curia Diocesana (Antigua escuela Santa Ana) de Liberia, cuenta con algunas de ellas en versión digital, y otras en versión impresa, sobresaliendo entre las más recordadas:

1. Carta Pastoral para vivir activamente la caridad cristiana, Monseñor Román Arrieta (20-05-1965)

2. Carta Pastoral “sobre la educación Cristiana de la juventud”, Monseñor Román Arrieta (1-12-1971)

3. Carta Pastoral “Llamado para una sociedad más justa”, Monseñor Román Arrieta (28-06-1974).

4. Carta Pastoral “Yo Pablo”, Monseñor Héctor Morera (27-12-1981)

5. Carta Pastoral “Sobre el año jubilar”, Monseñor Hector Morera (22-05-1983)

6. Carta Pastoral “Gracias, Padre”, Monseñor Hector Morera (27-12-1989)
7. Carta Pastoral “Cielo, tierra y mar”, Monseñor Hector Morera (3-03-1996)

8. Carta Pastoral “Discípulos, tras las huellas de Cristo…”, Monseñor Victorino Girardi (19-06-2009)

Nos referimos a esta última carta, pues precisamente HOY, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Obispo, que quiere tener “un corazón semejante al suyo” se ha conmovido profundamente ante la difícil situación social que atraviesa nuestra Diócesis de Tilarán (provincia de Guanacaste y Cantón de Upala), ante unas aparentes inexplicables contradicciones internas que están causando un profundo dolor en su rebaño:

1. Somos al mismo tiempo la región más pobre del país aunque aquí se ha dado la mayor inversión turística e inmobiliaria

2. Aquí están las construcciones más ricas, opulentas y magníficas del país, junto a la cantidad más grande de hogares pobres y viviendas indignas

3. Aquí se ha producido la mayor captación de empleo en el sector turismo y en la construcción, pero al mismo tiempo tenemos el índice de desempleo más alto del país

4. Aunque en los últimos años aumentó la mano de obra en esta región, al mismo tiempo desmejoró la situación laboral: “llevan 5 años o más sin trabajar un 20,3% (uno de cada 5 guanacastecos); continúan en ocupaciones no calificadas un 35,53% (uno de cada tres); laboran sólo medio tiempo o menos un 10,49%; no tienen vacaciones un 30,99%; no tienen derecho a incapacidad un 31,61%; no tienen aguinaldo un 28,97%; declaran un ingreso inferior a cien mil colones un 73,18% (tres de cada cuatro guanacastecos); se mantienen en subempleo visible e invisible un 13,81%; sobreviven en un trabajo inestable un 21,55%…en fin, nos está saliendo muy caro eso que llaman progreso” (#38). Y estas estadísticas oficiales corresponden al año anterior a la llamada crisis financiera, que se ha agudizado en esta región más que en cualquier otra región del país.

En fin, con esta Carta Pastoral, desde la iglesia diocesana de Tilarán-Liberia, se está haciendo un fuerte llamado al Gobierno Central, a las 13 municipalidades del territorio diocesano y a las instituciones públicas, al igual que a la inversión privada, para que hagamos un ALTO en este desordenado y cuestionado “progreso” sin ética social, antes que sea demasiado tarde y caigamos en un COLPASO SOCIAL Y ECOLÓGICO, como ya algunos especialistas vienen vaticinando desde algún tiempo atrás.

Nuestra FE cristiana nos mueve a actuar responsablemente y a señalar, como bien lo indica el título de la presente Carta Pastoral, que para ser verdaderos DISCÍPULOS, TRAS LAS HUELLAS DE CRISTO, tenemos la obligación de continuar sembrando y PROMOVIENDO LA VIDA, AL NORTE DE COSTA RICA”, en el territorio de nuestra diócesis de Tilarán-Liberia donde un día el Señor espera cosechar los frutos del Reino, que son verdad, justicia, solidaridad y amor.

En el anexo, la mencionada primera Carta Pastoral de Monseñor Victorino.

Sancarleños se manifestarán contra minería este sábado

Bajo este lema, los habitantes de San Carlos se manifestarán durante todo el día de mañana contra la minería de oro a cielo abierto, impulsada por la compañía nacional Industrias Infinito.

La concentración, respaldada por la organización no gubernamental Preserve Planet, consiste en el desplazamiento de jóvenes, niños y adultos de todas las comunidades sancarleñas hacia el campo ferial de la Cámara de Ganaderos, en Muelle San Carlos.

Mediante esta caminata, los activistas quieren expresar “la gran necesidad de detener el proyecto de minería de oro a cielo abierto de Crucitas”.

Asimismo, buscan “crear espacios de reflexión sobre el estado de la situación ambiental del cantón” y “realizar actividades que garanticen cambios de actitud en la sociedad sancarleña” con respecto a “la valoración de los recursos naturales y su relación con el entorno”.

“Esta actividad busca que los sancarleños despierten, valoren y se sientan orgullosos de los recursos naturales que los rodean y son suyos”, declararon los organizadores, mediante un comunicado.

“Se pretende demostrar que todas las comunidades de la Zona Norte se oponen al proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas”, agregaron los promotores de la actividad, quienes esperan que las comunidades tengan “la oportunidad de reconocer y valorar dichos recursos de una forma festiva, alegre y masiva”.

Los organizadores enfatizaron en que “es muy importante que cada una de las personas que asista lleve carteles y signos externos que digan”.

“No permita que nadie se los quite: ¡estamos en un país libre!”, agregaron los promotores de esta acción, mediante un comunicado.

Cabe destacar que la manifestación se llevará a cabo a pie o en diferentes medios de transporte, ya sean caballos o bicicletas.

“Cada persona escoge su medio de transporte y, para realizar el desplazamiento, se unirá a un punto de salida”, señala el comunicado, añadiendo que habrá también animación y música por parte de reconocidos músicos nacionales que apoyan la causa.

Los motivos

Para los ambientalistas, el principal motivo de su campaña es que la Sala Constitucional no se haya manifestado en contra de las actividades mineras en Crucitas, cantón de Cutris.

Por esto, están solicitando a quienes deseen ser parte de “la batalla contra la minería a cielo abierto en Costa Rica” que envíen una carta vía fax a la Sala, en la cual expresen su disconformidad con el decreto minero propuesto por la actual administración.

“La idea es presionar masivamente. Hacerles ver que el pueblo les observa, para que tengan mucho cuidado a la hora de resolver este delicado asunto y no sólo tengan la presión del poder económico de la empresa”, indica el comunicado.

Usted puede ser partícipe enviando una misiva (como la que se muestra abajo) al fax 2295-3712.

Una caminata y una fiesta

Además de luchar en contra de la explotación minera, los pobladores podrán manifestarse por medio de la música y el baile.

La acción, como cierre, ofrecerá un concierto gratuito al aire libre a favor del ambiente con la participación de los importantes músicos costarricenses Son de Tikizia, Por Partes y Malpaís.

Es importante señalar que existen diferentes horas y puntos de salida para los vecinos del cantón: para los habitantes de Ciudad Quesada, el punto de salida será en el centro, a las 8 a.m.; otro de los puntos de encuentro será en el cruce de los Chiles y Aguas Zarcas, también a las 8 a.m.; en el cruce de Monterrey y Tanque y en Tanque de la Fortuna, los manifestantes se encontrarán a la misma hora.

Por otro lado, aquellos que quieran salir del centro de Boca Arenal o del centro de Florencia, deberán estar puntuales a las 10 de la mañana.

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CARTA MODELO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SAN JOSE.

Recurso de Amparo 08-014068-007-CO, interpuesto por Edgardo Vinicio Araya Sibaja y otros, contra el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Presidente de la Republica y otros.

Asunto: Proyecto Minero Crucitas.

Señora y Señores Magistrados (da):

Yo [nosotros], [Nombre completo, cedula y dirección, y en caso de representación de una organización, nombre completo, cedula jurídica y domicilio de la misma], me [nos] dirijo [dirigimos] ante esta Sala Constitucional a MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

Reitero [Reiteramos] mi [nuestro] total apoyo al presente recurso de amparo, como lo ha hecho la inmensa mayoría del pueblo costarricense y solicito [solicitamos] que se DECLARE CON LUGAR. No podemos permitir la destrucción de más de 192 hectáreas de bosque con especies protegidas, en aras de un supuesto y discutible beneficio económico pasajero. Si esta Sala resuelve lo contrario, se estaría desdiciendo injustificadamente de su propia y reiterada jurisprudencia, en donde ha puesto la defensa del bosque y de las especies amenazadas por encima de cualquier consideración de índole económica.

Señores Magistrados: Les recuerdo [recordamos] que el pueblo costarricense, en su gran mayoría, ha repudiado con gran indignación la destrucción del bosque por parte de la empresa minera, con la aprobación irresponsable del Poder Ejecutivo. Recuerden, estimables Magistrados y Magistrada, que la defensa de nuestros bosques es tarea de todos los costarricenses, aunque estos se ubiquen en propiedad privada. TODOS ESTAMOS PENDIENTES DE SUS ACTUACIONES EN ESTE CASO.

Les pido [pedimos] que NO NOS DEFRAUDEN. Como funcionarios públicos que son, les estamos vigilando y examinando de cerca sus gestiones.

Por otra parte, existen DOS SOLICITUDES HECHAS POR LOS PROMOVENTES de este Recurso de Amparo, que a la fecha, después de más de cinco meses, no han sido resueltos y pido [pedimos] que esta Sala se pronuncie al respecto, DANDOLES RESPUESTA POSITIVA.

Me [nos] refiero [referimos], en primer término, a la solicitud de suspensión de la tramitación de este Recurso de Amparo, con el fin de darle la oportunidad a los recurrentes Heidi Murillo Quesada, en nombre de la FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (FECON) y al señor Diputado de la Republica, JOSE MERINO DEL RIO, para que planteen la correspondiente ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la definición de “conveniencia nacional” contenida en el articulo 2 del Decreto Ejecutivo 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996 y sus reformas, que es el Reglamento a la Ley Forestal.

La segunda gestión se refiere a la solicitud del recurrente Araya Sibaja, para lo siguiente:

1. Que se ordene un PERITAJE, debiéndose nombrar un grupo interdisciplinario, que dictamine si los beneficios sociales del Proyecto Minero Crucitas son o no mayores que los costos socio-ambientales de realizar dicha actividad (relación costo-beneficio). Esto es necesario para verificar el interés publico y la conveniencia nacional de dicho proyecto, según lo exige el ordenamiento jurídico.

2. Que dentro de ese PERITAJE se le consulte al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, si la realización de un tajo de minería de oro a cielo abierto constituye técnicamente hablando una edificación o infraestructura. Ello para los efectos del artículo 19 inciso b de la Ley Forestal.

3. Que se lleve a cabo una INSPECCION JUDICIAL en el área de la comunidad de Crucitas de Cutris, San Carlos, específicamente en el lugar exacto donde se pretende desarrollar el proyecto minero, a efecto de determinar que efectivamente se trata de un lugar de anidación de la lapa verde,suficientemente poblado de almendro amarillo y no simplemente de un lugar de paso de esa ave, como lo pretende el Exministro Dobles.

4. Que con el propósito de determinar la existencia de anidación de lapa verde en los árboles de almendro amarillo que circundan la comunidad de Crucitas de Cutris, específicamente el área donde se pretende realizar el proyecto minero, se evacue la prueba testimonial de los señores GUILLERMO HERRERA MATAMOROS y ALFREDO ARIAS ELIZONDO, ambos mayores, casados, agricultores y vecinos de Crucitas de Cutris de San Carlos.

5. Que de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se realice una AUDIENCIA ORAL para permitirles a los recurrentes explicar y sustentar, de viva voz, los argumentos que sostienen los recursos. Esta solicitud se basa en que la Corte Suprema de Justicia promueve la participación ciudadana en la administración de justicia y la oralidad como principio rector de los trámites judiciales.

REITERAMOS: NO PUEDE SER POSIBLE QUE ESTA SALA VAYA RESOLVER ESTE RECURSO SIN QUE ANTES SE LES PERMITA A LOS RECURRENTES LLEVAR ADELANTE TODAS ESTAS GESTIONES TAN IMPORTANTES A EFECTO DE MEJOR RESOLVER ESTA CAUSA.

Lugar y fecha.

Nombre, Cédula y Firma.

Fuente: Informa-tico. com
Por Irene González Chen

Sala IV ordena detener contaminación piñera en el caribe

Una resolución de la Sala dada a conocer ayer jueves ordena a esas entidades “eliminar los residuos de agroquímicos que tiene el recurso hídrico que abastece las comunidades de El Cairo, Luisiana, La Francia y Milano en Siquirres”.

“La puesta en marcha de un plan único de acción por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) en este cantón, ante la contaminación que ha generado la actividad piñera”, es parte de lo que establece el fallo constitucional.

En las sentencias 2009-9040 y 2009-9041, la Sala Constitucional estableció la obligación de estas entidades públicas de atender la situación de contaminación hídrica en estas comunidades caribeñas.

Designa a Salud como ente responsable

“…Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Javier Flores Galarza en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería y a Ricardo Sancho Chavarría en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua… Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta. “, establecieron las resoluciones.

También designó al Ministerio de Salud como ente responsable del completo cumplimiento del plan único, el cual podrá ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua en el cantón caribeño y deberá informar a la Sala Constitucional en caso de que surja algún obstáculo dentro de su labor coordinadora, señaló un comunicado oficial.

En este sentido, el Ministerio de Salud podría ordenar a las empresas recurridas la prohibición absoluta del uso de agroquímicos contaminantes en las plantaciones e incluso el cierre inmediato de éstas, en caso de que no cumplan con las órdenes e instrucciones que se le dieran.

Uno de los recursos lo interpuso un hombre de apellidos Calvo Francis a favor de las comunidades de Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres contra las autoridades recurridas, precisó la Sala.

“Para estos vecinos la molestia radica en que la plantación piñera se ubica sobre el manto acuífero, cuya naciente nutre el acueducto de las zonas ya mencionadas. Alegaron que el uso de químicos y agrotóxicos han causado una seria afectación al recurso hídrico de la zona, utilizado para el consumo humano. Además que pese a las solicitudes que han realizado ante las instituciones públicas pertinentes, la solución no llega”, advirtió.

Una situación similar expusieron los vecinos de Milano, también de Siquirres. El amparo lo presentó un hombre de apellidos Fallas Rodríguez y otros, al argumentar que los permisos de funcionamiento se le extendieron a la empresa sin tomar en consideración aspectos técnicos, legales y de ubicación de las siembras, con el agravante que no ha tenido acceso de esta información en SETENA, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, el AYA ni el MINAET.

Años con el mismo problema en las comunidades

En los últimos meses los vecinos de esa región se han lanzado a las calles en diversas ocasiones debido a la contaminación del agua para el consumo humano.

Los vecinos de El Cairo, La Francia y Luisiana han protagonizado protestas bloqueando la ruta que conduce a Limón, para protestar por la contaminación de sus fuentes de agua por agroquímicos utilizados por las piñeras.
La situación de contaminación del acueducto obligó al gobierno a suministrar agua potable en camiones cisterna hace dos años.

Los habitantes de estas comunidades aseguran que el consumo de agua con plaguicidas ha provocado serios problemas de salud en las comunidades como intoxicaciones, alergias, sarpullidos, gastritis, padecimientos respiratorios y gástricos, abortos, malformaciones e, incluso, cáncer.

Según los vecinos existen estudios que demuestran la existencia de plaguicidas en el agua de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana, pero el gobierno no ha tomado acciones concretas.

Para Mauricio Alvarez de la Federación Ecologista “El AyA no ha tenido voluntad para otorgarles a las comunidades una solución integral, dándole largas al asunto y obligando a la comunidad a pagar una parte de los platos rotos, sin cobrarle a la piñera los daños causados en los acueductos ni mucho menos el enorme gasto realizado por el Estado en la distribución de agua potable en cisterna”.

El comité de vecinos ha exigido “que la administración del acueducto de nuestros pueblos permanezca en manos de la comunidad, bajo la gestión de la ASADA y que AyA muestre voluntad para el seguimiento al proyecto del nuevo acueducto, realice una servidumbre forzosa de acueducto, establezca plazos concretos para el mismo y que asuma los pagos requeridos para comenzar lo antes posible la construcción del proyecto”.

Fuente: Informa-tico. com
Por Irene González Chen

“Gobierno ofrece mordida a empleados a cambio de JAPDEVA”

Al menos así lo señalaron en visita a DIARIO EXTRA Albino Vargas de la ANEP, Ronaldo Blair y José Luis Castillo de Sintrajap, quienes además señalaron que el gobierno “armó una guerra psicológica” a través de un grupo de 5 funcionarios para desestabilizar al sindicato y presionar a favor de sus intereses a los trabajadores de dicha institución.

El siguiente es un extracto de una entrevista sobre el tema con los dirigentes sindicales, quienes además lanzaron el reto a los ministros Rodrigo Arias de la Presidencia y Marco Vargas de Coordinación Interinstitucional a debatir en el Grupo EXTRA sobre los motivos reales que los empujan a promover lo que llamaron “la privatización de Japdeva”.

El gobierno dice que si los trabajadores aceptan la concesión de puertos de Japdeva, se van a casa millonarios y pensionados. ¿qué tienen que decir al respecto?
Ronaldo Blair: “Falso, eso es mentira. Esto es un daño más a la clase trabajadora, un golpe más del gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN). Ya lo hicieron con Figueres cuando cerraron el ferrocarril y con la privatización de la estiba. No existe ninguna pensión “juvenil” en el país, los mismos personeros de CCSS nos han dicho que para pensionarse a los 57 años se deben pagar monstruosas sumas de dinero, si faltan cuotas y además se van con un porcentaje inferior a lo que les toca en una pensión real”.

¿Cómo analizan la propuesta que hizo el gobierno a los trabajadores?
Albino Vargas: “Desde la ANEP creemos que el gobierno hace vulgar y simple corrupción. Lo que ofrece es una mordida, un soborno. ¿Dónde se dice que los trabajadores son propietarios de Japdeva?, los muelles son de los costarricenses. ¡Cómo se ofrece dinero para transformar la institución en sí misma! Si el gobierno es legal, honesto, constitucional si se sustenta en políticas económicas y operativas de los puertos buenas, ¿por qué ofrecen dinero a los trabajadores? La respuesta es clara: porque no hay un marco legal que los respalde. Hemos pensado en denunciar a Rodrigo Arias, Oscar Arias y a Marco Vargas al amparo de las leyes anticorrupción”.

¿Qué hay detrás entonces?
Albino Vargas: “Francisco Jiménez, presidente de Japdeva, debe dar explicaciones, porque él estuvo en el proceso de licitación de Riteve. Él debe rendir cuentas de lo que viene dejando a espaldas del pueblo. Le demandamos que explique con amplitud las relaciones de negocios que tanto le han costado al usuario, primero con Riteve y ahora con la venta de los muelles. Pero además la modernización puede hacerse desde lo público, el gobierno debe explicar cuáles son las alianzas de negocios que piensan establecer”.

¿Qué tienen que decir con respecto al Grupo Mediador Pro Indemnización?
Ronaldo Blair: “El artículo 1 de la Convención Colectiva dice que Japdeva reconoce sólo a Sintrajap como representante de los trabajadores para efectos judiciales, extrajudiciales y contractuales. Todo lo que se hace al margen de eso deviene en nulidad absoluta”.

¿Cómo califican su existencia?
Albino Vargas:_ “Lo que el gobierno hace es una práctica laboral desleal, porque hay un sindicato y el gobierno trata de montar una organización paralela para deslegitimarlo”._

Ellos aseguran contar con el respaldo de una buena cantidad de empleados, ¿qué sucede entonces?

Ronaldo Blair: “En tres años de ataque del gobierno y algunos medios de comunicación para desestabilizarnos, hoy se ve que hay 4 aliados a ellos. Francisco Jiménez, presidente de Japdeva presta los carros de la institución para que vayan a buscar firmas, cuando deberían de estar laborando. Andan engañando a los trabajadores porque les dicen que si no firman se van a la calle sin nada, no estamos en riesgo, Japdeva es estable, autosuficiente y rentable”.

¿Cuál es la razón de esto?
Ronaldo Blair: “La ley no les permite concesionar los puertos. Ellos ocupan un marco jurídico que acredite anular la convención colectiva, para entonces poder hacer lo que quieren”.

¿Qué sucede si efectivamente recogieron las 700 firmas, harán la Asamblea de Trabajadores?
Ronaldo Blair: “Queremos dejarle en claro al pueblo y los trabajadores de Japdeva que no sé si recogieron las 700 firmas, lo dudo mucho, porque las 5 personas a cargo de esto no tienen credibilidad ante los trabajadores, uno de ellos estuvo en la anterior Junta Directiva como secretario adjunto y no duró ni 15 días en el cargo todos los empleados saben porqué, otro de ellos residía en Estados Unidos con un permiso y cuando oyó lo de la indemnización se reincorporó para ganarse la plata, otro no pudo sostenerse como delegado de su grupo y fue destituido. Ellos hacen un trabajo interno para el gobierno y denuncio a Francisco Jiménez por fomentar intromisión en asuntos internos de los trabajadores”

Pero, ¿harían la Asamblea si eso sucede y dejarían votar en secreto?
Ronaldo Blair: “Sé que hay trabajadores responsables porque esto es un asunto de estabilidad laboral, es de familia y del pueblo de Limón. Si se da una eventual Asamblea de trabajadores y se decide ir a un proceso de concesión e indemnización fantasiosa yo no voy a entrar en eso, allí mismo tendrán mi renuncia como Secretario General de Sintrajap porque esto es veneno, prostitución, aumento de más pobreza en Limón y además el gobierno será otro”.

Y el resto de la Junta de Sintrajap, ¿qué haría?
José Luis Castillo: “Estamos seguros que no va a pasar. Si suben el monto de la mordida pueden doblar conciencias. Si convencen a los trabajadores la Junta Directiva del sindicato renuncia porque no somos parte de esa inmoralidad. Sobre el otro grupo no existe y tratan de crearlo de hecho, nadie los ha nombrado. Su caja de resonancia es Zapote y el periódico La Nación”.

¿Es cierto que el sindicato tiene asustados o ha amenazado a los trabajadores, que existe temor si se pronuncian?
Ronaldo Blair:_ “El gobierno hace aseveraciones calumniosas y sin asidero legal. Hay una disciplina sindical, los diferentes líderes que han existido han tenido una figura inquebrantable que la clase trabajadora respeta. El temor no es hacia el sindicato sino a las veces que los gobierno los han engañado. Es absolutamente falso y reto a que los trabajadores me denuncien ante los tribunales y la asamblea si se les ha coaccionado”._

Entonces, ¿cuál es la estrategia?
José Luis Castillo: “El temor es que a la gente le dicen por todo lado que Japdeva se va a cerrar, que si no cogen lo que se ofrece se quedan sin el santo y sin la limosna. Los correos internos en Japdeva se saturan a diario por esas 5 personas, es una guerra psicológica lo que hay, ese es el verdadero temor, no a la dirigencia sindical”.

Ustedes hablan de diálogo posterior a la mesa de negociación, ¿cuáles son los temas pendientes?
Ronaldo Blair: “Al día de hoy no se ha limpiado la mesa para cumplir sobre el diálogo por concesión. Tenemos un rezago de 20 años en salarios, no se han hecho reconocimientos de anualidades por suplencias, se planteó reconocer anualidades sin límite de años, entre otros”.

¿A qué se opone Sintrajap?
José Luis Castillo: “No nos oponemos al desarrollo, sino a los planteamientos del gobierno de crear monopolios privados como lo hizo con Riteve”.

¿Qué medidas de presión tomarán en este caso?
Ronaldo Blair: “Si van con la privatización, legalmente el gobierno no puede concesionar Japdeva. Sintrajap no está solo en la lucha está el SEC, ANEP, Undeca, Apse, Rerum Novarum, Fetral, todos los comités patrióticos, intelectuales las fuerzas vivas de Limón e iglesias y no nos van a ganar en nuestro terreno”.

Albino Vargas, ANEP: “Lo que el Gobierno ofreció a los trabajadores de Japdeva fue una mordida”

José Castillo, Sintrajap: “El Gobierno ha creado una guerra psicológica a través de 5 personas”

Ronaldo Blair, Sintrajap: “Si los trabajadores aceptan la indemnización renunciaré a mi puesto de Secretario General de Sintrajap porque eso es veneno”

Fuente: Diario Extra
Marcela Villalobos Ramírez
mvillalobos@ diarioextra. com

Foto: Randall Sandoval

Masacre en Perú: Manifiesto al País y al Mundo

¡GRAN CONCETRACION frente a la embajada de Perú en San José el próximo martes. (Ver afiche de ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha)
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Video

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Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.

Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.

Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.

La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.

Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.

Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.

Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARO NACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo!

EXIGIMOS:

• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.

• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.

• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.

• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.

• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.

• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.

• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.

• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.

• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.

• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.

• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.

• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria. [ALAI, América Latina en Movimiento. 1106]

Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.

¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio!

¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!

Por una cultura de diálogo y paz en el país

Perú, jueves 11 de junio de 2009,
Frente Nacional por la Vida y la Soberanía

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Alto a la masacre contra los pueblos indígenas en el Perú ordenada por el gobierno criminal de Alan García

Por Alternativa Nueva Nación

Las protestas del movimiento indígena peruano para enfrentar las políticas y acciones del gobierno central dirigidas a la explotación de petróleo y gas natural por parte de empresas extranjeras en territorios que históricamente son habitadas por los pueblos originarios de esta nación, ha desatado la más sangrienta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la cual se expresa en la masacre de más de 40 indígenas de la Amazonía y atropellos brutales, con saldo de heridas graves, contra más de doscientos integrantes del movimiento.

Políticamente el gobierno central del Perú, el cual se ha caracterizado por ser un aliado incondicional del imperialismo norteamericano y por lo mismo impulsor de las políticas contra las transformaciones revolucionarias en América Latina, se ha concretado a informar sobre la muerte de 10 policías de la seguridad del Estado. El gobierno que dirige el criminal de Alan García, conocido históricamente por su vinculación a graves actos de corrupción en su administración pasada, montó toda una estrategia para desbaratar las protestas indígenas y lanzó un fuerte contingente de policías con la intención de provocar enfrentamientos que causaran víctimas entre las fuerzas de seguridad y explotar este hecho para tildar de terrorista y subversivo al movimiento popular.

Desde hace muchas décadas la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana ha sido permanente, esa lucha se expresa en acciones por la defensa de su organización política, social y económica; por el derecho a su identidad cultural; y por la integridad y administración de sus territorios.

Recientemente con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, con una clara dedicatoria en beneficio de las empresas transnacionales y del capital nacional aliado a este, se consolidó un movimiento de protesta y oposición por parte de cerca de 60 organizaciones indígenas ubicadas en la Amazonía peruana. Este movimiento indígena denuncia, de manera contundente, el grave riesgo a que se exponen los recursos naturales de sus territorios ancestrales, fundamentalmente las reservas de petróleo y gas natural, los recursos madereros y la pureza de sus ríos. El movimiento de protesta de las organizaciones indígenas se concreta en exigir al Congreso de la República y al gobierno del genocida Alan García, que revoque estas nefastas leyes.
La expresión más concreta de las políticas del capitalismo mundial, es la imposición de los llamados tratados de libre comercio y la exigencia de abrir las economías de la región para el ingreso, sin barrera alguna, de los capitales extranjeros. Estos capitales, aliados con los mal llamados capitales nacionales, se instalan en aquellas actividades que les garantizan altas ganancias, con la consecuente agudización de la pobreza, el deterioro sostenible de los recursos naturales y la destrucción de la articulación política, económica, social y cultural de los pueblos originarios.

Esta estrategia, para la expansión del imperialismo, ha encontrado fuertes aliados en gobiernos y sectores de poder económico de la región, pero a la vez se ve enfrentada a todo un movimiento transformador, en América Latina, que busca la construcción de nuevos modelos empeñados en la construcción de sociedades democráticas y soberanas, con las capacidades suficientes para enfrentar, de manera solidaria, a las fuerzas del capital destructor, responsable del empobrecimiento generalizado y el saqueo persistente de sus recursos. Este movimiento transformador se sustenta en la incorporación de todos los sectores marginados y explotados de la población a un amplio frente de lucha por la revolución continental.

El imperialismo, y todas sus formas de organización del capital a lo interno de cada país, conmocionado con el avance de los movimientos revolucionarios en el Continente, afinan sus acciones criminales de diversa naturaleza para frenar este proceso político. Las funestas estrategias del capitalismo mundial para implantar las políticas neoliberales en el mundo, se expresan cada vez más con el montaje de presiones políticas y económicas contra las naciones latinoamericanas. Estas estrategias se están concretando con acciones que tienen expresiones de intervención directa en las políticas nacionales, amenazas de intervención militar, sanciones económicas, y el estimulo a los gobiernos lacayos, a su servicio, para frenar a cualquier costo el avance de procesos democratizadores y revolucionarios.

El escenario político en el Perú, en la coyuntura actual, expresa por un lado la lucha organizada de los pueblos indígenas por sus derechos ancestrales, mancillados por leyes del poder burgués al servicio del capital internacional; y por el otro lado la acción criminal del aparato represor del Estado para garantizar el avance de sus políticas al servicio del capital.

Alternativa Nueva Nación ANN, expresa su más firme condena a los actos criminales del gobierno del genocida Alan García; hace un llamado a todas las organizaciones revolucionarias del Continente para solidarizarse, de diversas maneras, con el movimiento de los pueblos indígenas de Perú, y les exhorta a denunciar que los actos criminales por parte del gobierno del Perú, alimentados y estimulados por las políticas del imperialismo norteamericano, forman parte de un perverso plan para provocar desestabilización en la vecina Bolivia y Ecuador, naciones que forman parte de la corriente revolucionaria que se consolida en el Continente.

¡Alto a la represión criminal contra el movimiento indígena en el Perú!

¡Que todas las fuerzas revolucionarias del Continente se unan combativamente a la lucha de los pueblos indígenas por su identidad y derechos!

ANN Alternativa Nueva Nación

Guatemala, 10 de junio de 2009

TLC Perú: Pueblos originarios se movilizan contra nuevas leyes y asesinatos

Los pueblos originarios denuncian que los decretos legislativos fueron aprobados por exigencia de Estados Unidos en el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

La comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó un informe que declara inconstitucional el decreto que establece la nueva ley forestal.
Pero se trata de sólo una de las nueve regulaciones establecidas por el Congreso, que son cuestionadas por los pueblos originarios.

El Congreso de Perú debate el Decreto Legislativo 1090

La nueva Ley de Flora y Fauna Silvestre, aprobada durante las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, será debatida nuevamente en el Pleno del Congreso Nacional de Perú.

La normativa 1090, declarada inconstitucional en la Comisión que realizó su análisis, es una de las medidas que integra el paquete de decretos considerados lesivos por los pueblos originarios de la amazonía peruana.
Tal como anunció la Junta de Portavoces del Parlamento, los legisladores volverán a analizar la medida y podrían decidir suspenderla por 90 días o derogarla.

Según informa la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, la propuesta de suspensión es respaldada por las bancadas del Apra, Unidad Nacional y el Grupo Parlamentario Fujimorista. Además, cuenta con el apoyo del Premier Yehude Simon.

En cambio, la propuesta de derogatoria del decreto 1090 es sustentada por la bancada nacionalista y el Bloque Popular.

Tanto la nueva Ley de Flora y Fauna Silvestre como el resto de los decretos del paquete, violan el Convenio 169 de la OIT ya que no fueron consultados previamente con las comunidades indígenas.

Asesinan ciudadanos indígenas por protestar

Las protestas del movimiento indígena peruano para enfrentar las políticas y acciones del gobierno de Alan García, dirigidas a la explotación de petróleo y gas natural por parte de empresas extranjeras en territorios que históricamente son habitadas por los pueblos originarios de esta nación, ha desatado la más sangrienta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la cual se expresa en la masacre de más de 55 indígenas de la Amazonía, 225 heridos y más de 105 detenidos, sin contar con los aproximadamente 20 desaparecidos.

Desde hace muchas décadas la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana ha sido permanente, esa lucha se expresa en acciones por la defensa de su organización política, social y económica; por el derecho a su identidad cultural; y por la integridad y administración de sus territorios.

Recientemente con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, con una clara dedicatoria en beneficio de las empresas transnacionales y del capital nacional aliado a este, se consolidó un movimiento de protesta y oposición por parte de cerca de 1.300 comunidades y 60 organizaciones indígenas ubicadas en la Amazonía peruana. Este movimiento indígena denuncia, de manera contundente, el grave riesgo a que se exponen los recursos naturales de sus territorios ancestrales, fundamentalmente las reservas de petróleo y gas natural, los recursos madereros y la pureza de sus ríos. El movimiento de protesta de las organizaciones indígenas se concreta en exigir al Congreso de la República y al gobierno del genocida Alan García, que revoque estas nefastas leyes.

Comunidades afectadas por las piñeras se manifestaron frente al MINAET

Habitantes de la zona de Siquirres, que tienen más de dos años de estar sufriendo el desabastecimiento de agua por culpa de la contaminación que produjo la piñera en los mantos acuíferos de El Cairo, La Francia y lugares aledaños. Organizaciones en contra de la minería a cielo abierto, vecinos del río Pacuare. Representantes de organizaciones ambientales del país y ciudadanos y ciudadanas preocupados por el ambiente se juntaron para manifestarse frente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones el pasado viernes 5 de junio, Día Mundial del Ambiente.

La principal consigna del día fue NO A LA PIÑERA, solidarizándose todas las personas presentes con las comunidades afectadas por la agresión ambiental que viene perpetrando Del Monte en la zona de Siquirres.

Conversamos con Yamileth Carpio, lidereza del poblado La Herediana, que nos habla sobre esta terrible situación:


Entrevista con Yamileth Carpio.

También entrevistamos a Gabriela Cuadrado, abogada de CEDARENA, quien está encargada del acompañamiento legal y social de estas comunidades:


Entrevista con Gabriela Cuadrado.