Categoría: Incidencia

Las primeras declaraciones de la Casa Blanca en respuesta al golpe fueron débiles y evasivas. En ellas no se denunciaba el golpe, sino más bien se hacía un llamado a “todos los actores políticos y sociales en Honduras a respetar las normas democráticas, el Estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.

Esas declaraciones diferían con las de otros presidentes del hemisferio, como Lula da Silva de Brasil y la presidenta Cristina Fernández de Argentina, quienes denunciaron el golpe y exhortaron a que se restituyera al presidente Zelaya. La Unión Europea también emitió una respuesta similar, menos ambigua y más inmediata.

Más adelante, ese mismo día, a medida que la respuesta de otras naciones se hizo más clara, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo una declaración más fuerte en la cual se repudiaba el golpe – pero sin referirse a éste como un golpe. Además, no hacía mención alguna sobre el retorno de Zelaya a la presidencia.

La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río (la mayor parte de Latinoamérica) y la Asamblea General de las Naciones Unidas han todos llamado a que se dé el “retorno inmediato e incondicional” del presidente Zelaya.

Las fuertes posiciones desde el Sur resultaron en declaraciones anónimas de funcionarios del Departamento de Estado que mostraban más apoyo al retorno del presidente Zelaya. Para la tarde del lunes, el presidente Obama finalmente declaró: “Nosotros creemos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras…”

Pero más tarde, ese mismo lunes en una conferencia de prensa, se le preguntó a la secretaria de Estado Clinton si “restaurar el orden constitucional” en Honduras significaba el retorno de Zelaya. La secretaria nunca dio una respuesta afirmativa.

¿Por qué tanto recelo en llamar abiertamente al retorno inmediato e incondicional de un presidente electo, así como lo había hecho el resto del hemisferio y las Naciones Unidas? Una posibilidad obvia es que Washington no comparte estos objetivos. Los líderes del golpe no tienen apoyo internacional pero aún podrían tener éxito en lograr que pase el tiempo – Zelaya tiene menos de seis meses para terminar su mandato. ¿Apoyará el gobierno de Obama la imposición de sanciones en contra del gobierno golpista para prevenir que esto suceda? Los gobiernos vecinos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han hecho las primeras advertencias al anunciar una suspensión del comercio por 48 horas.

A diferencia de esto, una razón para la reticencia de Hillary Clinton de llamar al golpe un golpe es la prohibición, bajo la Ley de ayuda al extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Assistance Act), de proveer fondos a gobiernos en donde el jefe de Estado haya sido destituido por un golpe militar.

La palabra ‘incondicional’ también es clave en esta situación: el gobierno estadounidense quizás quiera extraer alguna concesión de Zelaya como parte de un acuerdo para su retorno a la presidencia. Pero así no es como funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar algún acuerdo con sus oponentes políticos luego de haber retornado, ésa es otra historia. Pero nadie tiene el derecho de extraerle concesiones políticas en el exilio, a punta de pistola.

No hay excusa alguna para este golpe. Una crisis constitucional se desató cuando el presidente Zelaya le ordenó al ejército que distribuyera los materiales para un referendo no vinculante que se llevaría a cabo el domingo pasado. El referendo le pedía a los ciudadanos que votaran sobre si incluir una propuesta para una asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución, en las elecciones de noviembre. El jefe del ejército, el general Romeo Vásquez, se rehusó a llevar a cabo las órdenes del presidente. El presidente, como comandante en jefe del ejército, despidió a Vásquez, con lo cual el ministro de defensa renunció. La Corte Suprema posteriormente dictaminó que el despido de Vásquez por parte del presidente era ilegal y la mayoría en el congreso se ha mostrado en contra del presidente Zelaya.

Los partidarios del golpe argumentan que el presidente violó la ley al intentar proceder con el referendo después de que la Corte Suprema fallara en contra de éste. Ésta es una cuestión legal; puede ser cierto o puede ser que la Corte Suprema no tuviera base legal para emitir esa sentencia. Pero esto es irrelevante para lo que ha sucedido: el ejército no es el árbitro de una disputa constitucional entre los varios poderes del Estado. Esto es particularmente cierto en este caso, en el que el referendo que se proponía era un plebiscito no vinculante y meramente de carácter consultivo. No habría cambiado cualquier ley, ni habría afectado la estructura de poder; era simplemente una encuesta al electorado.

Por consiguiente, el ejército no puede afirmar que actuó para prevenir un daño irreparable. Éste es un golpe militar llevado a cabo con propósitos políticos.

Existen otras cuestiones sobre las cuales nuestro gobierno se ha mantenido raramente silencioso. Los informes de represión política, del cierre de estaciones de radio y TV, de la detención de periodistas, detención y abuso físico de diplomáticos y de lo que el Comité para la Protección de Periodistas ha llamado una “censura de los medios”, son eventos que aún esperan por ser seriamente reprochados por Washington. Al controlar la información y reprimir la disensión, el gobierno de facto de Honduras está también creando el marco para unas elecciones injustas en noviembre.

Muchos informes han contrastado el rechazo del gobierno de Obama al golpe hondureño con el apoyo inicial del gobierno de Bush al golpe militar de 2002 que derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez en Venezuela. Pero de hecho hay más similitudes que diferencias entre la respuesta estadounidense a estos dos eventos. En el marco de un día, el gobierno de Bush revirtió su posición oficial sobre el golpe venezolano debido a que el resto del hemisferio había anunciado que no reconocería al gobierno golpista. De manera similar, en este caso, el gobierno de Obama está siguiendo al resto del hemisferio, tratando de no ser la excepción, pero al mismo tiempo, sin realmente compartir su compromiso con la democracia.

No fue sino hasta algunos meses después del golpe venezolano que el Departamento de Estado admitió que le había brindado apoyo financiero y de otro tipo a “individuos y organizaciones que se entiende que estuvieron activamente involucrados en la breve expulsión del gobierno de Chávez”. En el golpe hondureño, el gobierno de Obama afirma que intentó disuadir al ejército hondureño para que no tomara esta acción. Sería interesante saber cómo se llevaron a cabo estas discusiones. ¿Será que los funcionarios del gobierno dijeron, “Ustedes saben que tendremos que decir que estamos en contra de una movida como ésa si la llevan a cabo, porque todo el mundo lo hará”? O será que más bien dijeron, “No lo hagan, porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para revertir cualquier tipo de golpe”? Las acciones del gobierno desde que ocurrió el golpe apuntan a algo más parecido a lo primero, sino hasta peor.

La batalla entre Zelaya y sus oponentes pone de frente a un presidente reformista apoyado por sindicatos laborales y organizaciones sociales en contra de una élite política corrupta, con conexiones al narcotráfico, que opera al estilo de una mafia y que está acostumbrada a escoger no solamente a la Corte Suprema y al Congreso, sino al presidente también. Es una historia recurrente en Latinoamérica, y Estados Unidos casi siempre se ha puesto del lado de las élites. En este caso, Washington tienen una relación muy cercana con el ejército hondureño, desde hace ya décadas. Durante los años ochenta, Estados Unidos utilizó bases en Honduras para entrenar y armar a los ‘contras’, los paramilitares nicaragüenses que se dieron a conocer por sus atrocidades en la guerra en contra del gobierno sandinista en el vecino país de Nicaragua.

El hemisferio ha cambiado substancialmente desde el golpe venezolano de abril de 2002, con otros once gobiernos de izquierda siendo elegidos posteriormente. Un conjunto entero de normas, instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el Norte en el hemisferio han sido alteradas. El gobierno de Obama enfrenta hoy a vecinos que están mucho más unidos y mucho menos dispuestos a ceder en cuestiones fundamentales de democracia. Es por eso que la secretaria de Estado Clinton probablemente no tendrá mucho espacio de maniobra. Sin embargo, la ambivalencia del gobierno será notada en Honduras y muy probablemente podría motivar al gobierno de facto a que intente aferrarse al poder. Eso podría ocasionar muchos daños.

July 1, 2009, The Guardian Unlimited

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* Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.

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Latin America Drags a Reluctant Washington Into Supporting Democracy in Honduras

By Mark Weisbrot

July 1, 2009, The Guardian Unlimited

The military coup that overthrew Honduras’ elected president Manuel Zelaya brought unanimous international condemnation. But some country’s responses have been more reluctant than others, and Washington’s ambivalence has begun to raise suspicions about what the U.S. government is really trying to accomplish in this situation.

The first statement from the White House in response to the coup was weak and non-committal. It did not denounce the coup but rather called upon “all political and social actors in Honduras to respect democratic norms, the rule of law and the tenets of the Inter-American Democratic Charter.”

This contrasted with statements from other presidents in the hemisphere, such as Lula da Silva of Brazil and President Cristina Fernandez of Argentina, who denounced the coup and called for the re-instatement of President Zelaya. The European Union issued a similar, less ambiguous, and more immediate response.

Later in the day, as the response of other nations became clear, Secretary of State Hillary Clinton issued a stronger statement, that condemned the coup – without calling it a coup. But it still didn’t say anything about Zelaya returning to the presidency.

The Organization of American States, the Rio Group (most of Latin America), and the United Nations General Assembly have all called for the “immediate and unconditional return” of President Zelaya.

The strong stances from the South brought statements from anonymous State Department officials that were more supportive of President Zelaya’s return. And by Monday afternoon President Obama finally said, “We believe that the coup was not legal and that President Zelaya remains the president of Honduras . . .”

But at a press conference later on Monday, Secretary of State Clinton was asked if “restoring the constitutional order” in Honduras meant returning Zelaya himself. She would not say yes.

Why such reluctance to openly call for the immediate and unconditional return of an elected president, as the rest of the hemisphere and the United Nations has done? One obvious possibility is that Washington does not share these goals. The coup leaders have no international support but they could still succeed by running out the clock – Zelaya has less than six months left in his term. Will the Obama administration support sanctions against the coup government in order to prevent this? The neighboring governments of Guatemala, Nicaragua, and El Salvador have already fired a warning shot by announcing a 48-hour cut-off of trade.

By contrast, one reason for Hillary Clinton’s reluctance to call the coup a coup is because the U.S. Foreign Assistance Act prohibits funds going to governments where the head of state has been deposed by a military coup.

Unconditional is also a key word here: the Administration may want to extract concessions from Zelaya as part of a deal for his return to office. But this is not how democracy works. If Zelaya wants to negotiate a settlement with his political opponents after he returns, that is another story. But nobody has the right to extract political concession from him in exile, over the barrel of a gun.

There is no excuse for this coup. A constitutional crisis came to a head when President Zelaya ordered the military to distribute materials for a non-binding referendum to be held last Sunday. The referendum asked citizens to vote on whether they were in favor of including a proposal for a constituent assembly, to redraft the constitution, on the November ballot. The head of the military, General Romeo Vasquez refused to carry out the President’s orders. The president, as commander-in-chief of the military, then fired Vasquez, whereupon the Defense Minister resigned. The Supreme Court subsequently ruled that the president’s firing of Vasquez was illegal, and the majority of the Congress has gone against President Zelaya.

Supporters of the coup argue that the president violated the law by attempting to go ahead with the referendum after the Supreme Court ruled against it. This is a legal question; it may be true, or it may be that the Supreme Court had no legal basis for its ruling. But it is irrelevant to the what has happened: the military is not the arbiter of a constitutional dispute between the various branches of government. This is especially true in this case, in that the proposed referendum was a non-binding and merely consultative plebiscite. It would not have changed any law nor affected the structure of power; it was merely a poll of the electorate.

Therefore, the military cannot claim that it acted to prevent any irreparable harm. This is a military coup carried out for political purposes.

There are other issues where our government has been oddly silent. Reports of political repression, the closing of TV and radio stations, the detention of journalists, detention and physical abuse of diplomats, and what the Committee to Protect Journalists has called a “media blackout” have yet to draw a serious rebuke from Washington. By controlling information and repressing dissent, the Honduran de facto government is also setting the stage for unfair elections in November.

Many press reports have contrasted the Obama administration’s rejection of the Honduran coup with the Bush administration’s initial support for the 2002 military coup that briefly overthrew President Hugo Chavez in Venezuela. But actually there are more similarities than differences between the U.S. response to these two events. Within a day, the Bush administration reversed its official position on the Venezuelan coup, because the rest of the hemisphere had announced that it would not recognize the coup government. Similarly, in this case, the Obama administration is following the rest of the hemisphere, trying not to be the odd man out but at the same time not really sharing their commitment to democracy.

It was not until some months after the Venezuelan coup that the State Department admitted that it had given financial and other support “to individuals and organizations understood to be actively involved in the brief ouster of the Chavez government.”

In the Honduran coup, the Obama administration claims that it tried to discourage the Honduran military from taking this action. It would be interesting to know what these discussions were like. Did administration officials say, “You know that we will have to say that we are against such a move if you do it, because everyone else will?” Or was it more like, “Don’t do it, because we will do everything in our power to reverse any such coup.”? The administration’s actions since the coup indicate something more like the former, if not worse.

The battle between Zelaya and his opponents pits a reform president who is supported by labor unions and social organizations against a mafia-like, drug-ridden, corrupt political elite who is accustomed to choosing not only the Supreme Court and the Congress, but also the president. It is a recurrent story in Latin America, and the United States has almost always sided with the elites. In this case, Washington has a very close relationship with the Honduran military, which goes back decades. During the 1980’s, the U.S. used bases in Honduras to train and arm the Contras, Nicaraguan paramilitaries who became known for their atrocities in their war against the Sandinista government in neighboring Nicaragua.

The hemisphere has changed substantially since the Venezuelan coup in April of 2002, with 11 more left governments having been elected. A whole set of norms, institutions, and power relations between South and North in the hemisphere have been altered. The Obama administration today faces neighbors that are much more united and much less willing to compromise on fundamental questions of democracy. So Secretary of State Clinton will probably not have that much room to maneuver. Still, the administration’s ambivalence will be noticed in Honduras and can very likely encourage the de facto government there to try and hang on to power. That could be very damaging.

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• Mark Weisbrot is co-director of the Center for Economic and Policy Research, in Washington, D.C. He received his Ph.D. in economics from the University of Michigan. He is co-author, with Dean Baker, of Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), and has written numerous research papers on economic policy. He is also president of Just Foreign Policy.

Las palabras en política tienen por lo general un doble trasfondo en el tiempo. Nunca una ruptura democrática fue más inoportuna que ésta en Honduras, respecto al discurso de Obama en la última Cumbre de las Américas llamando a un nuevo clima de relaciones en la región partiendo de las democracias en los países. Honduras y su elite, planteaba el otro modelo.

La mira política del mundo está puesta en esta nación centroamericana que si bien no tiene el peso estratégico y nuclear de Irán, pone el dedo en la llaga en eso de exhibir donde está el poder real.

Coloca una presión más a la nueva política internacional que intenta implementar EEUU. Aunque condenando el golpe, la administración Obama ha puesto el acento más crítico en las violaciones a los DDHH en Irán que a la ruptura democrática en Honduras.

Como es habitual, el asunto se trivializa en los medios por la variable Presidente Chávez y su influencia en Centroamérica. El Presidente venezolano se ha transformado para cierta prensa en una suerte de “Ahmadinejad de la región”, con sus propios “Hamas” y Hezbollah”, haciendo perder de vista los temas intrínsecos en Honduras.

Un clásico del New York Times: “Ejército hondureño derroca un aliado de Chávez”. La prensa que funciona con la perspectiva de poder de la Alianza Transatlántica, que justamente Chávez y su influencia le parece complicar, ha recibido el golpe con beneplácito y no hay que leer entrelíneas.

Basta ver el sesgo de El País de España, The Guardian inglés y los medios de la región sumidos en compromisos de lobby y rentabilidad con el poder transatlántico para insistir en la alianza de Chávez con Zelaya. El que éste haya comenzado a hacer algunas reformas sociales es secundario.

El “golpeado” Presidente Zelaya, un derechista en la raíz, como la mayor parte de la elite del poder hondureña, había concebido una forma de descongestionar la concentración del poder económico y político en Honduras. Se había transformado en el izquierdista inesperado. Un verdadero serendipiti, hasta que sus opositores comienzan a declararle la guerra.

Había hecho avances para algo que en general es un imposible: generar reformas sociales en beneficio de los más vulnerables sin pasar por la violencia y el revanchismo de clase. La situación estuvo muy bien descrita y analizada por el periodista Nibaldo Mosciatti en su reportaje del día domingo en Bío Bío La Radio.

En el más puro estilo de los años 60 y 70, fue el golpe clásico. Con el tradicional conflicto de poderes donde confluye la ausencia de contención de la tradicional oligarquía hondureña, en este caso, incapaz de aceptar la inserción de los pobres en su espacio de poder absoluto.

Zelaya había perdido el apoyo del poder judicial y del congreso para organizar una votación que le permitiera una convocatoria de prolongación en el cargo que replicaba los ejemplos de los Presidentes Correa, Morales y Chávez en plena “zona bananera estadounidense”, dicho esto con todo respecto a las bananas y a los países.

Este proceso se ha detenido con mucha violencia para Zelaya, algunos miembros de su gabinete como su canciller y miembros de su familia. Según fuentes hondureñas, la vehemencia de la entrada de los militares a los lugares en donde se encontraban las depuestas autoridades fue inusitada, siendo amenazados de muerte si se resistían.

El golpe ha revelado una mecánica no nueva pero descontinuada. Se están usando poderes del estado como el poder judicial y el congreso para destituir a un presidente con el apoyo operativo de las FFAA. Zelaya había solicitado la renuncia del general en jefe de las FFAA la pasada semana, demostrando que el golpe estaba fraguado.

Funcionarios hondureños entrevistados no se imaginaban lo que estaba en desarrollo, y ni siquiera se filtró la noticia de una operación casi perfecta para hacerla aparecer como constitucional.

En una conferencia de prensa, Robert Gibbs el Encargado de Prensa de la Casa Blanca, era “encañonado” con una pregunta: “Hasta qué punto la administración conocía de antemano el golpe de estado”. Gibbs, no reconoció tener información. Un funcionario hondureño se resistía a esta versión.

A EEUU le va a costar desprenderse de las viejas aureolas. Aquí hay una responsabilidad compartida en la región y en los debates que se llevan a cabo en múltiples foros internacionales respecto al avance sostenido y a veces elogiado como de excepcional de las democracias en América Latina, siendo que ello no es tal.

El marco institucional existente en América latina abre la compuerta para los estados de excepción, situación que proviene del exceso de poder de las elites, y que en Honduras aparece como un derecho irrenunciable.

La complacencia de la ciudadanía acepta fácilmente la divulgación de una democracia reducida al voto y al debate de las elites en los medios, mientras el acceso a desarrollar una vigorosa capacidad analítica en la población se hace cada vez más limitado. La gente quiere comer y pagar deudas, no quiere debatir y el voto es como un acto automático del sistema consumo-producto.

Mientras Obama alababa el modelo de Chile, los militares y la oligarquía en Honduras respondían con la dialéctica de lo concreto con su otro modelo.

*Especial para ARGENPRESS. info

Estimados amigos y amigas:

El presidente fue violentado y sacado abruptamente de su casa de habitación, cuando se aprestaba amparado en la Ley de Participación Ciudadana a consultar a la ciudadanía en una encuesta para determinar si la población estaba de acuerdo en que se instalaran en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de este año una cuarta urna para expresar si estamos de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. La medida venía precedida con la firma de más de 400,000 ciudadanos y ciudadanas de todas partes del país. Sin embargo, el ejército y la oligarquía ultramontana desbarataron toda posibilidad de dicha consulta popular. No quieren perder los privilegios y canonjías que gozan desde que nos independizamos de España en 1821. En Honduras convivimos 7 millones de catrachos en una sociedad multicultural, en donde los negros garífunas, los negros ingleses, así como los Pueblos indígenas como los Lencas, Maya chortís, Miskitos, Pech, Tolupanes, Tawahkas y millones de campesinos y obreros mestizos de las ciudades estamos excluidos de participar en una democracia directa.

En efecto, en nuestro país, más del 70% de la población vive en la pobreza, de los cuales el 56% están en la extrema pobreza. La escasa participación política, los altos niveles de corrupción institucionalizada, la existencia de una legislación tendente a favorecer al capital transnacional y a los intereses de esos grupos oligárquicos han generado una espiral de violencia y sobre todo la expulsión casi forzosa de 1 millón de hondureños hacia los Estados Unidos, equivalente al 15% del total de la población. Aún así, nuestro país no se ha ido al precipicio (por algo se llamará Honduras nuestra tierra?) debido a que esos mismos paisanos envían 2,500 millones de dólares al año a sus familias!.

Esto es lo que pretendía modificar el gobierno de Mel Zelaya, hoy en dìa blandiendo la espada de Morazán desde la trinchera de la democracia latinoamericana: la siempre hospitalaria Costa Rica. Las injusticias, la pobreza, la ausencia de democracia. Por esa razón, miles de hondureños a pesar de no pertenecer a su partido nos sumamos a su propuesta, la cual simboliza la puesta en marcha de un proyecto nacional en el país. El presidente Zelaya (y le llamo así, “Presidente”, porque es único al que reconocemos la mayoría de catrachos y toda la comunidad internacional) ha librado una batalla en la que se define no solamente el destino de Honduras, sino que también de todos los países hermanos de Latinoamérica.

En estos precisos momentos (la una de la mañana del lunes 29 de junio), la rabia, la tristeza y la indefensión es lo que abate a la mayoría de nosotros, empero, el Pueblo, desde el mismo momento del Golpe Militar se ha manifestado y miles de obreros, estudiantes, profesores y campesinos siguen en alerta en las afueras de la Casa Presidencial. A las ocho de la noche recién pasada, los soldados abrieron fuego para amedrentar a los manifestantes. Este simple acto de remitirles esta carta es considerado por la actual Constitución Política como traición a la patria. Aún así, tengo la convicción que los traidores a la patria son ellos, los “golpistas”, que amparados en los fusiles y cañones quieren silenciarnos la voz y la oportunidad de vivir en una democracia justa y participativa. Por todo lo anterior condenamos el Golpe Militar, y solicitamos a todos ustedes que nos hagan el favor de reenviar este correo a todos sus contactos para que el mundo, y en especial Latinoamérica se entere de que acá no solo se juega el destino de nuestra nación, sino el futuro de toda nuestra tierra bolivariana y morazánica.

Su amigo y compañero:

Jorge Alberto Amaya.

PD: Por los momentos, quién sabe hasta cuándo me volveré a comunicar con ustedes, porque el gobierno de facto ha decretado “Toque de queda”, ha interrumpido las comunicaciones televisivas y de Internet (este correo se los estoy enviando desde una línea pirata), y además, está capturando a todo aquél que exprese libremente sus opiniones.

Dr. Jorge Alberto Amaya Banegas
Docente-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)
Tegucigalpa, DC, Honduras CA.

Por: Observatorio Social Centroamericano
Fecha de publicación: 28/06/09

La decisión de estas mafias farmacéuticas de apoyar el movimiento desestabilizador contra el presidente Zelaya, habría surgido hace algunos meses tras el ingreso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. En Honduras, más del 80% de los medicamentos son provistos por empresas multinacionales, siendo la materia prima para su producción 100% importada, principalmente desde Estados Unidos y Europa.

Los países de origen de estos medicamentos son Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala: en Panamá se encuentran ubicadas las plantas de laboratorios multinacionales como Glaxo , Sanofi y Smiyh Kline, mientras que en Costa Rica están Pfizer y Stein. En Guatemala se encuentran Novartis, Bristol Myers y Aventis

La concreción de un acuerdo comercial establecido por los gobiernos de Cuba y Honduras tras el ingreso al ALBA incluyó como una de las principales temáticas de intercambio, la importación de medicamentos genéricos desde la isla caribeña como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el estado hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos.

A principios de 2009 el gobierno de Honduras intentó comprar medicinas genéricas aprovechando los acuerdos establecidos por el ALBA pero se encontró con un escollo interpuesto por las transnacionales a través del colegio químico farmacéutico quien argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las importaciones provenientes de Cuba a precios asequibles: los intereses del poderoso lobby farmacéutico norteamericano y europeo no permitirían la competencia de la industria cubana o de otras industrias nacionales farmacéuticas en el mercado de las medicinas de Honduras.

Como detonante final de las acciones desestabilizadoras, un hecho más colmaría la paciencia de los intereses privados transnacionales farmacéuticos: el 24 de junio pasado, los presidentes del ALBA “se comprometieron a promover un modelo de apropiación social del conocimiento que permita superar los obstáculos en la producción de bienes fundamentales para la vida, como la alimentación y la salud, y en ese sentido instruyeron al Consejo de Ministros del ALBA constituir, en un plazo no mayor a 30 días, un Grupo de Trabajo para la Revisión de la doctrina sobre Propiedad Industrial coordinado por Venezuela”.

Esta decisión gatilló automáticamente la orden de acelerar el movimiento desestabilizador previo a las elecciones democráticas a desarrollarse en el país conducido por el presidente Zelaya.

El terrorismo farmacéutico emergió nuevamente en los golpes de estado contra gobiernos que luchan por su independencia como ocurrió en otros momentos de la historia latinoamericana.

Lo que parecía improbable pasó ayer domingo en Honduras. La cúpula militar, en un golpe de Estado que fue la acción típica de los gorilas (hay que decir que este calificativo no se le asigna a todos los militares, ya que es indudable que en todos los ejércitos del mundo hay personas de pensamiento democrático y respetuosos de la ley), del siglo XX, pretende regresar la democracia hondureña al pasado.

Muy temprano, en la mañana del domingo 28 de junio, un comando militar, con fusiles de asalto y gorros pasamontaña, irrumpió en la residencia del presidente constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y todavía en ropa de dormir le obligó a tomar el avión presidencial y le expulsaron hacia Costa Rica.

En una absurda pretensión de justificar la asonada militar, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, pretendieron promover la idea de que el orden constitucional no se ha roto, y para eso se apresuraron a nombrar a un presidente interino, Roberto Micheletti, que se desempeñaba como presidente del Legislativo. Absurda e inútil pretensión, nada puede justificar que las fuerzas armadas secuestren a un presidente constitucional y le expulsen del país de forma expedita.

Sin duda en Honduras se habían acumulado grandes y permanentes tensiones entre el jefe del Ejecutivo y el resto de organismos del Estado. Cada vez estaba más claro que el presidente Manuel Zelaya estaba gobernando enfrentado a las elites políticas del país, incluyendo a su propio Partido Liberal, y que se estaba apoyando en las organizaciones populares, a quienes él afirmaba que se debía. Sin duda el giro hacia una izquierda que las derechas identifican como radical, la que es parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba, promovida por el presidente Hugo Chávez, a la que Honduras se adhirió hace algún tiempo, despertó grandes temores en las derechas del vecino país.

Manuel Zelaya tensó las relaciones con las otras instituciones del Estado hasta un punto que nunca se había visto en Honduras. Por ello fue visible, desde hace varios meses, que se había consolidado una alianza entre las fuerzas políticas de las derechas (que formaban mayoría en el Congreso y otros organismos de Estado) y los grupos económicos más fuertes. Pero el pánico parece haberse prendido cuando el presidente empezó a develar sus intenciones de una probable reelección.

De esa forma fue visualizada la decisión del presidente Zelaya de promover una encuesta nacional, realizada con fondos del Estado, para que la población fuera consultada sobre la probabilidad de promover una Asamblea Nacional Constituyente, para redactar una nueva Constitución. Esa consulta debió realizarse ayer domingo 28, y varios días atrás, tanto el Tribunal Supremo Electoral, como un juez del orden menor declararon ilegal el proceso, respecto de cual hay que decir con mucha claridad, no tenía ninguna fuerza legal, y por tanto su resultado no obligaba a tomar ninguna decisión.

El presidente siguió adelante, probablemente por esto podría haber sido sujeto de algún proceso legal, lo que de ninguna manera es aceptable es que sobre esa base se pretenda justificar el golpe de Estado. La primera crisis se produjo cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se negó a distribuir los documentos que servirían para realizar la encuesta (en Honduras son las Fuerzas Armadas las que distribuyen los materiales para los procesos electorales), la reacción del presidente fue destituir al general Vázquez y el Ministerio Público emitió una orden de reinstalación.

Simultáneamente el presidente Manuel Zelaya, acompañado de miles de militantes del movimiento sindical y popular hondureño allanaron una base de la fuerza aérea en donde estaba la papelería y la empezaron a distribuir de forma alternativa. El presidente afirma que la consulta fue promovida por él, frente a la solicitud de más de 400 mil firmas, de personas miembros de organizaciones populares, que se lo solicitaron. Frente a la irremediable consulta, las fuerzas de la derecha decidieron activar el golpe, que no puede ser sino producto de un complot, el que a pesar de su larga preparación, no encuentra ningún asidero político, ni jurídico, a pesar del vergonzoso respaldo que la Corte Suprema otorgó a la acción de la cúpula militar.

Todo este entramado que rompe con la institucionalidad del hermano país, ha sido facilitado por la acción de desinformación y confusión promovida por transnacionales de la información, que presentaron la encuesta que Zelaya se empeñó en realizar, como un intento ilegal de promover una reforma constitucional destinada a facilitar su reelección. Pero la verdad es que esta reforma sólo puede ser realizada si el Congreso de la República la aprueba.

Sin duda el presidente Zelaya buscaba crear un apoyo popular para su idea de convocar a una Constituyente, esto es perfectamente comprensible por la falta de apoyo que tenía en el Congreso, pero está claro que el proceso legal debía ser completado con una iniciativa legal que Zelaya debía enviar al Congreso, lo que él afirma que pensaba hacer luego de la encuesta que debía realizarse ayer, y que según analistas convocaría a unos dos millones de personas.

Pero a las 6 de la mañana del domingo, el golpe ya era conocido. Éste se activó mediante el secuestro y expulsión del país del presidente Zelaya, de la captura y vejación de la Canciller Patricia Ruedas, el arresto de los embajadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y según informes de prensa los dos últimos fueron además golpeados y secuestrados durante horas. Lo cual evidencia el desprecio que esas fuerzas de derecha tienen por el derecho internacional, que protege al cuerpo diplomático y delegaciones internacionales en cualquier país del mundo.

A pesar de que en Honduras fue cortada la electricidad y suspendidas todas las transmisiones de radio y televisión, las imágenes circularon por el mundo desde temprano. Se podía ver a un país tomado militarmente y a algunas personas que, de forma sorprendente, expresaban su rechazo al golpe, tratando de agredir a algunos soldados.

Pero a pesar del despliegue informativo, durante todo el día, CNN dio muestras de su falta de equilibrio y seriedad, especialmente cuando la periodista costarricense Glenda Umaña, trató de justificar las acciones de los militares que el pueblo hondureño rechazaba de forma evidente, lo que de forma clara sus propias tomas nos mostraban. El colmo de la desfachatez fue cuando el Secretario general de la OEA, dio declaraciones condenando el golpe y refirió que la imagen de Zelaya, siendo expulsado en ropa de dormir, tristemente le recordaban las escenas cuando Jacobo Arbenz fue expulsado de Guatemala en 1954, y la entrevistadora de CNN, Alba Palacios pretendiendo ser graciosa le contestó, “pero llevaba una linda pijama”.

Con altibajos esa tónica siguió durante todo el día, ya que presentaron posiciones de personas divergentes, especialmente de un representante del gobierno de Estados Unidos y del presidente Chávez, hasta llegar a la entrevista que la complaciente periodista de la cadena CNN realizó a un titubeante e incoherente Roberto Micheletti, que fue incapaz de articular ninguna explicación razonable para haber “sustituido constitucionalmente al presidente”, como él eufemísticamente llama al golpe de Estado. Ninguna pregunta para cuestionar el proceder fue realizada, por momentos parecía que la entrevistadora quería sugerir respuestas al titubeante Micheletti.

Finalmente, más allá de que Manuel Zelaya puede ser rechazado o aprobado por unos y otros, lo que es absolutamente inaceptable es el golpe de Estado, por más que se le pretenda presentar como una acción legal. El inmediato y generalizado rechazo que ha provocado el golpe, por parte de todos los países y foros de gobiernos de América Latina y el Caribe, es una muestra ejemplar del respaldo que merece la incipiente democracia que se vive en el istmo centroamericano.

La única medida que debe ser aceptable es el retorno, sin ninguna condición, del presidente Manuel Zelaya al pleno ejercicio de su mandato constitucional, que debe concluir sólo después que su sustituto sea electo el 29 de noviembre próximo y que tome posesión el día que legalmente corresponda.

Este es un momento en el que la figura del presidente Obama podría crecer de forma importante en nuestra región y el mundo; si más allá de los señalamientos de condena lanzados por él y la señora Clinton, su Secretaría de Estado; se decide a rechazar de forma tajante y sin lugar a duda, la pretensión de los golpistas, los que en una situación de aislación como la que se produciría, no duraría ni cuarenta ocho horas más.

1) Condenamos enérgicamente el brutal golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas en confabulación con la oligárquica hondureña.

2) Condenamos al gobierno de los Estados Unidos que ha sido cómplice del atentado por realizar acciones desestabilizadoras.

3) Condenamos la campañas de terror y desinformación de la que es víctima el pueblo hondureño a raíz del cerco mediático nacional e internacional (cortes de electricidad, internet, líneas telefónicas, suspensión e intervención militar en los medios de comunicación alternativa, entre otros) violentado el derecho universal al acceso a la comunicación.

4) Reconocemos y exigimos el restablecimiento en el poder del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales y al mismo tiempo el respeto a su integridad física.

5) Exigimos que los gobiernos del mundo y en especial los gobiernos que conforman el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) condenen el atentado hacia pueblo hondureño y deslegitimen a cualquier presidente que no sea Manuel Zelaya Rosales.

6) Exigimos el cumplimiento de todo el peso de la ley sobre todos aquellos que actuaron como responsables ante este hecho ilegitimo e ilegal que atenta con la integridad de todos los hondureños.

7) Exigimos el respeto a la integridad física de los diplomáticos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y a la canciller hondureña Patricia Rodas quienes salvajemente fueron a presados y maltratados por los militares.

8) Demandamos el respeto a la integridad física de nuestros compañeros y compañeras de los movimientos sociales y de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran movilizados en Honduras en defensa del Estado de Derecho.

9) Respaldamos y exigimos la legitimación del proceso de consulta popular que el pueblo de Honduras heroicamente lleva a cabo en su país pese a las fuerzas represivas de la oligarquía y de los militares

10) Llamamos a los movimientos sociales y populares de América Latina a condenar el golpe de estado y el atentado a la autonomía del pueblo de llevar a cabo los procesos de participación democrática.

11 ) Convocamos a la movilización permanente de los movimientos sociales y populares latinoamericanos a manifestarse en las sedes diplomáticas hondureñas que se encuentran en sus países.

Estos hechos son una muestra más de las acciones de los grupos de la derecha y grupos de oligárquicos en contra de los intereses y derechos de los pueblos mesoamericanos, por lo que la agresión al pueblo de Honduras es también una acción en contra a todos los pueblos de Mesoamérica y en ese sentido nos solidarizamos y así mismo externamos nuestro apoyo total.

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En respuesta, cientos de reservistas del ejército se movilizaron desde el pasado jueves y ayer establecieron retenes en los principales accesos a la capital, Tegucigalpa. Por añadidura, la situación ha derivado en una confrontación entre los poderes establecidos en esa nación: la Suprema Corte de Justicia rechazó la destitución de Vásquez por considerarla infundada, mientras el Congreso que ha calificado de ilegal la consulta de hoy amaga desde hace días con declarar al mandatario incompetente para gobernar. A estas oposiciones se suman las de la Iglesia y las cúpulas de empresarios, que han llamado a los ciudadanos a no salir a las calles a fin de evitar disturbios, y acusan al actual mandatario de querer perpetuarse en el poder, si bien este señaló, en una entrevista realizada el pasado viernes, que dejará el cargo en enero de 2010 cuando corresponde y que sólo aspira a legar un país y una democracia con reformas, con un proceso de participación activa.

Estos hechos, calificados en conjunto como un intento de golpe de Estado, han sido rechazados por distintas instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río, así como por los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).

La convocatoria a una nueva constituyente no es un hecho inédito en América Latina: otro tanto ha ocurrido ya en distintas naciones de la región ante la necesidad de reformar expresiones de pactos oligárquicos, anacrónicos y discordes con las necesidades y demandas de la población. En ese sentido, lo que hoy se vive en Honduras es una repetición de lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador: el rechazo y la embestida de los grupos privilegiados que buscan por distintos medios, legales o no, defender un status quo favorable a sus intereses.

Adicionalmente, la crisis política por la que hoy atraviesa la nación centroamericana es resultado de distintos procesos. Dentro de ellos destaca el aislamiento sostenido que ha experimentado el propio Zelaya en el seno del Partido Liberal instituto político conservador que lo llevó a la presidencia en 2005, consecuencia de decisiones presidenciales que no han sido bien vistas por la oligarquía de ese país, como el convenio petrolero firmado con Venezuela y la posterior adhesión de su gobierno a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba). En los hechos, tales decisiones han desviado a Honduras en mayor o menor medida de su papel y su proyección histórica como punta de lanza de los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos en la región, y acercaron al gobierno de Zelaya emanado de las filas de la derecha a un conjunto de regímenes progresistas latinoamericanos que reivindican la defensa de la soberanía y la justicia social.

Otro elemento a considerar en la configuración del conflicto hondureño es la existencia de un movimiento amplio y creciente integrado por organizaciones indígenas, sindicales, campesinas y estudiantiles, que hoy por hoy constituye la principal base de apoyo a la creación de un nuevo constituyente, y cuyo respaldo a la presidencia de Zelaya ha sido decisivo en las últimas horas: de manera significativa, el jueves por la tarde, el mandatario arribó a una base de la fuerza aérea hondureña en compañía de cientos de ciudadanos a recuperar el material electoral que se utilizará en la consulta de hoy, y que había sido decomisado por los militares.

Ante tales elementos de juicio, la crisis política en Honduras es, más que consecuencia de un proyecto político personal, el producto del choque entre un poder político-económico anquilosado y vetusto y una sociedad cada vez más organizada que demanda el cambio y la ampliación de las reglas democráticas en ese país.

Fuente: * Diario de México
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/28/index.php?section=edito

-· ¿Con cuánta antelación sabían los hermanos Arias del Golpe de Estado en Honduras?

– ¿Por qué el señor Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, no viajó este fin de semana a la comunidad de Bebedero, Guanacaste, sede del Ingenio Taboga, alegando que esperaba “acontecimientos muy importantes”?- · ¿Cuáles eran esos “acontecimientos”?

· ¿Es cierto que la distinguida y respetada señora Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, doña Jannina Del Vecchio Ugalde, salió de su casa, este domingo 28 de junio, a las 6 de la mañana?

– ¿Hacia adónde y con qué objetivo?

– ¿Por qué no se detuvo en el Aeropuerto Juan Santamaría a los golpistas secuestradores del Presidente Zelaya?

– ¿Por qué no se decomisó la aeronave?

– ¿Desde qué hora se ordenó un “cierre” del citado aeropuerto?

– ¿Qué pasó con un vuelo de COPA para Ecuador, al cual se le alegó un “retraso” de seis horas y fue sustituido por otro que salió 15 minutos antes de la hora fijada para el vuelo original?

– ¿Es un hecho realmente creíble que el gobierno Arias condena, genuinamente, el Golpe de Estado en Honduras?… ¿o será “de la boca para afuera”?