ANEP y UCCAEP enfrentados por Libertad Sindical

La ANEP dio a conocer un comunicado de prensa en el que señala que “afortunadamente para la democracia costarricense, la mayoría de la Asamblea Legislativa parece dispuesta a ayudar a limpiar la gran mancha que el país tiene en su expediente, a raíz de su reiterada deshonra en cuanto a compromisos reiteradamente incumplidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de Libertad Sindical”.

La serie de consultas que la ANEP ha efectuado en el seno del parlamento, permiten constatar que hay una buena cantidad de señores diputados y de señoras diputadas, de casi todas las fracciones legislativas, con disposición a votar de manera afirmativa, el proyecto de ley No. 13.475, señaló el sindicato de empleados públicos.

La ANEP señaló que “convertir en ley tal proyecto, es empezar a honrar, con seriedad y sin manipulaciones vergonzantes, la serie de compromisos que el país tiene que cumplir con la OIT; compromisos asumidos por el propio Presidente Oscar Arias, cuando visitó la sede de este organismo internacional, en junio de 2006”.

“La ANEP descalifica, totalmente, las diversas declaraciones periodísticas por parte de destacadas figuras de la comunidad empresarial del país, en cuanto a que dicho proyecto 13.475 sobre Libertades Sindicales, “atente” contra la competitividad del sector productivo nacional, como maliciosamente se quiere hacerle ver a la opinión pública, en un esfuerzo desesperado por impedir la aprobación del mismo”, afirmó un comunicado.

Según la ANEP, “aprobar el proyecto de ley No. 13.475 es brindar un aporte de calidad en el desarrollo de nuestra democracia, considerando además que, aparte del compromiso presidencial ante la OIT al respecto; hay una petición del propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Francisco Morales Hernández, para que sea el mismo Gobierno de la República el que acelere la aprobación parlamentaria de tal iniciativa (carta de este jerarca al Ministro Rodrigo Arias, oficio DMT-088-2009, fechado 27 de enero de 2009)”.

UCCAEP discrepa

Por su parte la UCCAEP dio a conocer un comunicado en el que señala que Costa Rica, junto a otras naciones, fue incorporada a una lista de la OIT “por la eliminación de cláusulas de convenciones colectivas del Sector Público que realizó la Sala Cuarta, al considerarse que dichas prorrogativas eran desproporcionadas. El Estado de Derecho debe respetarse”.

“La incorporación a dicha lista no implica sanción alguna. Lo que significa es que el gobierno deberá presentar información sobre las razones del por qué se eliminaron esas cláusulas de las convenciones del sector público, sobre el atraso de los expedientes judiciales y por la elección de los trabajadores de preferir arreglos directos vs colectivos”, aseguró UCCAEP.

Asimismo señaló que:

UCCAEP solicitó en el 2008 que el Consejo Superior de Trabajo analizara la reforma al Código Procesal Laboral para agilizar, entre otros, los procesos judiciales en sede laboral.

El análisis que realiza la OIT no debe interpretarse ni implica que el país debe aprobar el proyecto de reforma al Código de Trabajo que analizan los diputados, ya que el país posee aprobados todos los convenidos fundamentales de la OIT y la normativa laboral vigente protege el derecho de asociación.

El sector empleador siempre ha sido respetuosos de la libertad y de los derechos de los trabajadores costarricenses, por lo cual UCCAEP no está de acuerdo con la iniciativa que analiza la Asamblea Legislativa pues contempla privilegios excesivos más allá de los contemplados en los convenios internacionales y la legislación vigente.

El proyecto en estudio excede los límites de protección laboral contemplados en la Constitución Política, al limitar la libertad del empleador de rescindir de los servicios de trabajadores. Esta protección excesiva limita el derecho de los patronos de reorganizar su empresa. Independientemente de la idoneidad del trabajador y de su desempeño el patrono estará obligado a mantenerlo en su empresa por el simple hecho de ser afiliado a un sindicato”.

Fuente: Informa-tico. com

El Banco Mundial dió un giro y pide proteger a los trabajadores

Por el impacto de la crisis internacional, el Banco Mundial decidió cambiar los criterios sobre un indicador laboral clave que tiene en cuenta para elaborar un ranking de los países en los cuales las empresas encuentran mejores condiciones para invertir.

Hasta este año el criterio fue mejorar la calificación a los países que tienen los mercados laborales más desregulados y flexibles. Esto podría significar entre otras cosas más facilidades para despedir, cambiar condiciones laborales o renegociar salarios. Pero a partir de ahora el BM decidió otorgar mejor puntuación a los países que tienen leyes que protegen más a los trabajadores.

La decisión representa un importante giro ideológico en el Banco Mundial, que golpea una política que había sido una especie de dogma de los años 90 y que en la Argentina tenía, y todavía tiene, muchos seguidores.

Porque durante décadas el ranking “Haciendo negocios” (Doing Business, es el nombre original en inglés de este relevamiento) responsabilizaba a la leyes laborales rígidas por la falta de inversiones. Y ubicaba a la Argentina con un puntaje desfavorable por el costo de despedir o por la inflexibilidad de los horarios de trabajo.

Ahora, el giro se impuso porque los Gobiernos y sus respectivos bancos centrales están concentrados en atenuar el impacto de la crisis global: se dedican a inyectar fondos para intervenir y hasta rescatar bancos, empresas y ramas enteras de la economía en lugar de dejar actuar al “libre mercado” como ocurría en otras épocas. Y este fuerte “intervencionismo” no deja margen para seguir con la prédica del trabajo flexible y desregulado.

El Indicador Empleo de Trabajadores (EWI, por sus siglas en inglés) forma parte del ranking que determina dónde es mejor y más fácil concretar inversiones. Para medirlo el Banco Mundial consideraba la flexibilidad de las regulaciones laborales, como la dificultad en la contratación de nuevos trabajadores, la rigidez de los horarios de trabajo, el costo no salarial de contratar un trabajador y las dificultades y costos de los despidos.

Así, por ejemplo, donde más fácil y más barato era despedir a un trabajador, el país recibía una mejor calificación para este ranking. Con estos criterios se elaboró el último informe, correspondiente a 2009.

Ahora, el cambio de rumbo quedó registrado en un documento de revisión del Indicador laboral para el informe de 2010. En ese texto el Banco Mundial aclara que el EWI “no representa la política del Banco y no debe ser usado como base para aconsejar a los gobiernos o ser citado en documentos que describan la estrategia de desarrollo de ningún país”.

Además, la entidad adelanta que creará un grupo de trabajo con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sindicatos, entidades empresarias, académicos y expertos legales, para impulsar la elaboración de un Indicador de Protección al Trabajador” (WPI, por sus siglas en inglés), que tomará en cuenta “cómo los países utilizan las leyes, regulaciones y otros instrumentos para asegurar a los trabajadores una adecuada protección, incluyendo el desempleo”.

“Es importante que se puedan crear empleos”

Desde Washington, en diálogo con Clarín, el director de Comunicaciones del Banco Mundial, Carl Hanlon atribuyó el cambio de criterios a que “en el contexto de la crisis actual, parece más importante que nunca la creación de un clima regulatorio para los negocios en el que las empresas puedan comenzar de nuevo a crecer y crear empleo. Es por esto que se puede observar que una serie de países están incluyendo en sus paquetes de estímulo económico medidas de reforma del clima de negocios, donde las políticas de empleo constituyen un elemento esencial”.

“En esta crisis global es importante que las acciones de los gobiernos se focalicen en las necesidades de los trabajadores y de las familias de bajos ingresos así como en ayuda a la sobrevivencia y el crecimiento de las empresas”.

5 DE JUNIO: Día mundial del medio ambiente

*Lea además:*Día Mundial del Medio Ambiente: Manifestación frente al MINAET
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En este sentido recordamos a la opinión pública las razones de nuestra lucha y las condiciones que se exigen para propiciar procesos efectivos de Desarrollo Sostenible en esta región guanacasteca:

RAZONES Y PETICIONES QUE JUSTIFICAN LA LUCHA POR LA DEFENSA DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE SARDINAL

1. El proyecto denominado “Ampliación del acueducto el Coco-Ocotal” constituye una amenaza de deterioro ambiental en el sentido de que pone en riesgo la capacidad de abastecimiento de agua con el que cuenta la comunidad y la región. De igual forma posibilita que se siga desarrollando la actividad turística de forma no regulada ni planificada, por el contrario, poniendo obstáculos a iniciativas propuestas de desarrollo planificado.

2. La lucha por la defensa del agua que ha emprendido el pueblo de Sardinal constituye una lucha contra una de las formas de privatización del recurso hídrico e intenta evitar que el agua sea controlada por pequeñas élites con poder económico que pretenden administrar y distribuir este recurso estratégico a la luz de criterios de conveniencia para ellos.

3. La lucha por la defensa del agua aglutina lo local, lo nacional y lo global como problema ambiental que representa. Poniendo énfasis en que el tema ambiental no tiene fronteras, el deterioro perpetrado en algún lugar puede afectar a tod@s y en todas partes. Alrededor de esta premisa se han reunido diversos grupos y organizaciones ambientalistas que igualmente están interesados por la preservación, conservación y protección del patrimonio natural. Por esta razón la lucha ha causado resonancia a nivel nacional e internacional.

4. Quienes justifican la construcción del acueducto apelan al discurso del “Desarrollo Sostenible” mas nunca han emitido criterio alguno acerca de cómo lograrían implementar la sostenibilidad en correspondencia con las características de la obra.

5. Lejos de convocarse a una verdadera participación ciudadana quienes justifican la realización del proyecto han recurrido establecer alianzas con personas que en algunos casos ocupan cargos formales de una instancia por designación política-partidaria o porque son funcionarios públicos que deben sujetarse a las directrices de la jerarquía pero que no representan a la comunidad, en consecuencia no son reconocidos por esta. En razón de los enunciados expuestos el pueblo de Sardinal solicita a la llamada Comisión Interistitucional conformada por el MINAET, SENARA y AyA y al la muncipalidad del Cantón de Carrillo tomar en cuenta los siguientes aspectos antes de impulsar cualquier proyecto que ponga en riesgo las condiciones socio-ambientales:

a) Una moratoria absoluta a los permisos de construcción, hasta tanto no se den condiciones reales de planificación regional.

b) Establecimiento de un plan regulador PARTICIPATIVO que reúna las expectativas de las comunidades y tome en cuenta sus aspiraciones de desarrollo.

c) Recuento de las áreas de bosque que aún prevalecen.

d) Estudios sobre el impacto de la contaminación ocasionada por los proyectos turísticos y las plantaciones de monocultivos instaladas en la región.

e) Estudios reales sobre la capacidad acuífera de la zona donde se tome en cuenta la participación de instituciones con compromiso ambientalista y universidades públicas, de manera que se garantice veracidad en la elaboración de dichas investigaciones. No aceptamos bajo ninguna circunstancia el estudio parcializado y reduccionista hecho por un consultor privado pagado por los inversionistas como el que tratan de imponer las autoridades de la denominada Comisión Interinstitucional.

f) Cualquier otra condición que autoridades, comunidad o expertos consideren de interés en virtud de procurar el manejo integral del recurso hídrico.

SARDINAL NO NEGOCIA Y MUCHO MENOS CLAUDICA EN SU LUCHA POR LA DEFENSA DEL AGUA.

Visita Internacional en la ANEP

El pasado miércoles 3 de junio unas jóvenes norteamericanas muy interesadas en las luchas sociales costarricenses visitaron la ANEP. Estudiantes universitarias del estado de Virginia que forman parte de un programa denominado “Estudiantes por la Paz“. Ellas, junto a una intérprete y su profesor conversaron con nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, sobre diversos temas como la lucha del pueblo costarricenses contra el neoliberalismo, la lucha contra el TLC, la situación de la clase trabajadora costarricense: Libertad Sindical, salarios, condiciones de empleo, la situación de la mujer trabajadora, la cuestión ecológica y otros tópicos como libre comercio, comercio justo y producción limpia.

Estas jóvenes mujeres forman parte de una corriente de pensamiento que plantea “Una constitución para la Federación de la Tierra“. Este es un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que abogan por la construcción de un “gobierno mundial“, con base en ideales de justicia social y en contra del neoliberalismo.

Encuentros como estos son de suma importancia para nuestro sindicato, porque se convierten en una oportunidad única de dar a conocer la corriente política y el pensamiento que rige nuestro accionar sindical. Además, sabemos que el aporte, por mínimo que sea, en el conocimiento y la formación de las nuevas generaciones, propias o de países amigos, que la ANEP pueda brindar es fundamental para formar otro mundo posible.

“Arias no tiene ningún interés en diálogo nacional”

Vargas dijo que una propuesta que le hicieron los sectores sociales hace tres semanas para convocar a un diálogo y discutir las propuestas de salida a la crisis propuestas por diversos actores (empresarios, cámaras, sindicatos, cooperativas, etc) fue rechazado de plano por el gobierno.

Vargas es uno de los líderes del grupo de organizaciones que el 24 de abril propusieron “10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, en un acto al que asistieron los pre candidatos presidenciales de las principales organizaciones políticas del país.

Luego de ello, el gobierno de Arias invitó a los líderes sociales a casa presidencial para escuchar la propuesta, pero rechazó el pedido de convocar a un diálogo nacional para buscar una salida conjunto a la crisis.

Arias ya no cree en la democracia

Vargas dijo que el problema con el presidente es que antes decía que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia, pero que ya abandonó ese punto de vista.

“Nosotros le dijimos al gobierno, somos una parte de los sectores sociales y productivos, no somos todos, por tanto no tenemos autoridad moral para arrogarnos una representatividad que no tenemos, y lo que el gobierno debería hacer, les dijimos, es llamar humildemente a un diálogo nacional, llamar a los diversos sectores y que como país se discutiera una salida a la crisis”.

“Pero, el gobierno no cree en eso, don Oscar que antes decía que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, ya dice que no piensa eso. Y autorizó, como lo cuenta don Alberto Salom, en la última conversación que tuvieron los diputados del PAC con el presidente, para que dijera que ya él (Arias) había cambiado de opinión. Ya don Oscar no cree que los problemas de la democracia se resuelve con más democracia”.

Nunca hubo grandes expectativas

“En todo caso, nosotros nunca tuvimos grandes expectativas sobre la respuesta del gobierno al diálogo. Nosotros fuimos al gobierno, como a cualquier otro sector a exponer nuestro planteamiento. El gobierno no tiene ningún interés en escuchar a nadie, es verticalista. Ellos consideran que ellos tienen las soluciones”
, aseguró Albino Vargas.

Vargas dijo que “con este gobierno no vemos que tomen en cuenta nuestras propuestas. Habrá que esperar el cambio de gobierno. Eso está clarísimo”.

En ese sentido destacó la reunión que sostuvieron ayer martes con el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, para conversar sobre esas medidas que gozan de mucho interés del principal líder de la oposición.

Vargas dijo que el partido Frente Amplio también apoya las medidas, y que don Johnny Araya, pre candidato del PLN, dijo que tenía interés en reunirse con los sectores sociales.

Fuente: Informa-tico. com

Zelaya expresó que no será cómplice del error de la OEA de expulsar a Cuba




Presidente Zelaya de Honduras, sobre el ALBA

Declaraciones de Patricia Rodas, Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, sobre la OEA y Cuba




Patricia Rodas 1




Patricia Rodas 2

Zelaya se manifestó en la inauguración del trigésimo noveno período de la Asamblea de la OEA.

El mandatario señaló que es necesario defender el futuro con integridad y democracia y para ello es fundamental “derogar lo actuado” en el pasado.

Por otro lado, el presidente hondureño, afirmó que la OEA ha servido a los intereses de Estados Unidos.

Además, indicó la importancia de fortalecer los procesos regionales y destacó las propuestas de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, señalaron que esperan que la OEA anule la resolución que excluyó a Cuba.

Finalmente y por otro lado, la secretaria de Estado de Estados unidos, Hillary Clinton, dijo que su país está abierto a que Cuba vuelva al sistema interamericano, pero puso como condición que cumpla con los estándares democráticos de la región.

Fuente: Agencia PÚLSAR de noticias

Indígenas fuera del juego

SAN JOSÉ, 25 may (IPS) – Desde Térraba, el sureño cantón de Buenos Aires que concentra cinco de las ocho etnias que habitan en Costa Rica, se denuncia que en ningún momento el ICE les ha consultado sobre el proyecto, como obliga el artículo 6 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Precisamente, el foro permanente para las cuestiones indígenas, que celebró una de sus sesiones a mediados de este mes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó a los gobiernos la necesidad de colaborar con esas comunidades, como propietarios de los recursos naturales.

No se trata del primer proyecto de estas características que el consorcio monopólico estatal de energía eléctrica trata de sacar adelante en la zona sur del país.

El primero, el complejo de Boruca, una iniciativa lanzada en los años 70, fue paralizado por la amplia oposición popular entre los afectados y dudas sobre su ubicación por la gran actividad sísmica de la zona.

Se requería un embalse que habría anegado 25.000 hectáreas, con una producción prevista de 1.500 megavatios. En los años 90 ocurrió algo similar con Veragua. Ambos proyectos eran en el río Grande de Térraba

La capacidad productiva de Diquís, en el río El General, será de 622 megavatios, que atendería las necesidades energéticas de un millón de personas. El presupuesto previsto asciende a 1.850 millones de dólares, la mayor inversión en obra pública que nunca se haya hecho en Costa Rica. Si todo sigue según los planes del ICE, la planta debería entrar en funcionamiento en 2016.

La obra inundará un total de 6.000 hectáreas y, por ello, se deberán reubicar a 1.100 personas. En el plan aparecen 800 hectáreas afectadas que son de territorio indígena, razón por lo cual los originarios del lugar solicitan la consulta para poder decidir sobre el proyecto.

Esta monumental obra fue declarada de interés público en febrero de 2008 por el gobierno de Óscar Arias. El mismo es parte de la estrategia del ICE de ampliar la capacidad energética del país, cifrada en 2.100 megavatios en la actualidad. La idea es duplicarla en el plazo de 10 años.

La Sala IV (Tribunal Constitucional) ha rechazado este mes el recurso de amparo presentado en febrero por líderes comunitarios, en el que alegaban la necesidad de la consulta. La redacción final de la sentencia aún no ha sido entregada.

Genaro Gutiérrez, líder de la Asociación de Desarrollo Indígena Térraba lamentó ante IPS la postura de la Sala IV y afirmó que, si en 15 días no hay un cambio, “no dejaremos entrar a trabajar a la gente del ICE”.

A su juicio, el ICE está desarrollando los trabajos de manera ilegal. La Asociación de Desarrollo Integral (ADI), de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, es por ley “un gobierno aparte, y la consulta es necesaria”.

La asociación presidida por Gutiérrez ha presentado una propuesta al ICE en el que solicitan 10 por ciento “negociable” en la participación de los beneficios que genere la represa, para el desarrollo del cantón. “No vamos a dejar que ellos hagan sus negocios y a los indígenas nos dejen discriminados“, enfatizó Gutiérrez.

La postura de los Térrabas está dividida. Gutiérrez afirmó que no se oponen a la construcción de la represa, “lo que queremos es ver beneficios estables para el desarrollo del cantón y de la comunidad indígena”. “Es un proyecto del gobierno, no nuestro, y si no nos dan nada no dejaremos que se haga en nuestro territorio”, puntualizó.

Otra postura es la de Ditsö, una organización no gubernamental de apoyo a los indígenas que ayudó a plantear otro recurso de amparo, que todavía sigue su curso, en este caso por el impacto ambiental de los trabajos del ICE en la comunidad de Térraba.

Su encargado de comunicación, Marvin Amador, informó a IPS que entre los indígenas de Térraba hay dos grandes grupos de opinión al respecto: por un lado los que “se han informado críticamente” y que están en contra de la construcción de la represa, y por otro lado los favorables a la misma, que “o no están informados o esperan algunos favores”.

Y es que no hay unanimidad respecto al tema. Amador sostiene que Gutiérrez no puede tomar la decisión de negociar con el ICE “si no lo consulta a la comunidad, eso le toca al Estado y Genaro es un representante deslegitimado, que sigue ahí por una serie de vicios” y afirmó que tanto el líder como la ADI cayeron en descrédito entre la comunidad.

El portavoz de Ditsö se mostró muy crítico con la Sala IV, y el hecho de que rechazara el primer recurso de amparo “es muy simple”. “Sistemáticamente, desde que el gobierno empezó a influir, toman decisiones abiertamente contradictorias” con la legislación, en favor de “algunos intereses”, opinó.

La postura de esta organización es contraria a la construcción de la represa, pero aseguró que el objetivo es que se realice la consulta y decida la comunidad indígena.

La negativa viene dada porque los indígenas serán de nuevo los grandes olvidados. “Se dice que 80 por ciento de la energía producida se venderá al exterior“, algo que niegan desde el ICE. Incluso, si no fuera así, y se destinara al consumo interno, “se pide a los indígenas que nos den sus recursos, su patrimonio, a cambio de un supuesto desarrollo que no se da entre los más pobres”.

Desde Ditsö aseveran que el Diquís comportará un gran impacto en el modo de vida de los Térrabas, tanto social como culturalmente. La inundación afectará, según Amador, a 50 yacimientos arqueológicos, entre ellos, “entierros de larga data, con una implicación espiritual muy fuerte”.

IPS se puso en contacto con el ICE para conocer su opinión sobre el tema, pero no obtuvo ninguna respuesta.

El alcalde de Buenos Aires, Feliciano Álvarez, señaló a IPS que apoya la construcción de Diquís.

Álvarez aseguró que el impacto en el cantón será “fuerte” y que desde la municipalidad se está luchando_ “para que la mano de obra sea de la zona”._ Además confía en que esto traiga también un fuerte aumento del comercio local y la mejora de infraestructuras.

Amador cuestionó esta postura, y cree que_ “estar de acuerdo con estos proyectos depende de la visión que uno tenga de lo que es el desarrollo”._

Piñera continúa labores pese a orden de cese en Siquirres

Desde tempranas horas de la mañana, la planta empacadora de la finca Piñera Babilonia en Siquirres inició labores como de costumbre, poniendo a circular más de una decena de camiones de carga de piña.

La denuncia fue presentada por Xinia Briceño Briceño y por Carlos Cortez Torres, presidenta y fiscal de la ASADA de Milano, respectivamente.

Desacatan paro de labores

Ayer 19 de mayo, el Tribunal Ambiental dicto medidas cautelares y la paralización de la planta empacadora de la finca Piñera Babilonia en Siquirres de la Corporación de desarrollo Agrícola del Monte S.A, por comprobarse la inminente contaminación que esta haciendo al río Destierro y las nacientes de las poblaciones de Milano, el Cairo, Luisiana y la Francia de Siquirres.

Advierten que el desentendimiento a las autoridades correspondientes en este caso, se suma al de la piñera Tico Verde en Guácimo, que también ha hecho caso omiso de las medidas aplicadas por el Tribunal Ambiental.

La organización Foro Emaús, invitó desde hace 11 meses al ministerio de salud, la defensoría de los habitantes, el tribunal ambiental, el AyA y el Minae, con el fin de darles a conocer la contaminación que esta empresa Piñera esta haciendo y que tiene a las comunidades mencionadas tomando agua de cisterna desde julio del 2007.

Los miembros del directorio de la ASADA de Milano, manifiestan que “son dos años de que las comunidades de Siquirres sufren por la contaminación de sus acueductos, sus ríos, el ambiente; exigimos a las autoridades competentes hacer cumplir este cierre y actuar conforme a nuestra legislación”.

Denuncian intimidación

En la carta enviada en horas de la mañana a Joselino Chávez, del Tribunal Ambiental Administrativo, denuncian además la intimidación a la que han sido sometidos.

Según la denuncia, la presidenta de la ASADA de Milano, Xinia Briceño Briceño, “ha sido intimidada para que no tome fotografías de la planta trabajando, a pesar de estar tomándolas desde la calle pública”.

“Dos funcionarios le han tomado fotos a su vehiculo y le han prohibido sacar fotografías de la planta empacadora”, señala la denuncia.

Copia de la denuncia fue enviada a la Defensoría de los habitantes, al Ministerio de Salud de Siquirres y a las oficinas centrales de este ministerio.

Contaminación de piñera: ¡Comunidad de Siquirres no aguanta más!

Lea también: Piñera continúa labores pese a orden de cese en Siquirres
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Carlos Arguedas, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones, SITRAP, informó, durante la transmisión del programa EL Club del Taxista Costarricense, la situación durante el día de hoy en Siquirres con la protesta ciudadana contra la piñera.




Carlos Arguedas de SITRAP

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San José, 21 de mayo de 2009.
S.G. 07-09-1525-09

¡URGENTE!

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra de Salud
Fax No. 2255 2594

Licenciada
Jannina Del Vecchio Ugalde
Ministra de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública
Fax No. 2226 0726

Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Fax No. 2242 5025

Honorables señoras ministras:
Honorable señor Presidente Ejecutivo:

Estamos comunicando a vuestras distinguidas autoridades, que la organización que nos honramos en encabezar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha decidido solidarizarse, de manera activa, con las más que justificadas demandas de la ciudadanía vecina de la comunidad de El Milano, distrito de Germania, del cantón de Siquirres, provincia de Limón; por tener acceso a agua limpia, un derecho humano fundamental.

Se trata de distinguidos ciudadanos y distinguidas ciudadanas que han optado por manifestarse públicamente con tal finalidad, ante el preocupante anuncio de que la contaminación del agua que consumen, con bromacil, ha subido hasta en un 200 %, según informes técnicos de alta calificación y seriedad; contaminación que se deriva de la explotación pinera incontrolada y que, por tanto, indica que tal actividad está en contra de la vida misma.

Exigimos, de manera respetuosa pero vehemente, que los despachos encargados a cada una de vuestras autoridades, intervenga de manera decidida y urgente, negociando con la ciudadanía en protesta, la toma de una serie de medidas que preserven la vida de la población habitantes de El Milano; y, que a la vez, ninguna persona integrante de la misma sufra ni el más mínimo signo de persecusión, hostigamiento, maltrato por su valiente actitud de salir a la calle a defender el más preciado don de la persona humana: su vida.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Ciudadanía de El Milano, Germania, Siquirres, provincia de Limón.
cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Sindicato SITRAP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.