Categoría: Incidencia

La Cueva, igual que otro proyecto denominado Piedras, ambos avalados en un decreto del pasado 25 de julio por el presidente Oscar Arias, son proyectos de riego y abastecimiento que no tienen ninguna viabilidad técnica, dijo Pacheco en una entrevista con Informa-tico.com.

Un estudio realizado en el año 2001 por expertos japoneses demostró que dichos proyectos no tienen posibilidad de éxito; ya antes, el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los desechó.

Además, el proyecto La Cueva inunda cuatro kilómetros de la carretera Interamericana y varias torres de alta tensión del ICE; asimismo, dejaría sin trabajo a 200 areneros de la zona.

Entretanto, el llamado proyecto sobre río Piedras afectaria directamente el Parque Nacional de Palo Verde, que ya de por sí en el verano afronta falta de agua, según el ecologista Pacheco.

No entiende empeño de Ballestero

Pacheco, comentó que, en su opinión, los deseos de la diputada liberacionista, Maureen Ballestero, de construir dos embalses en Guanacaste son “un capricho” y “no tienen sentido”.

Pacheco explicó que ninguno de los embalses brinda beneficios reales a la provincia guanacasteca ni al país, según lo establecido en un informe técnico hecho por la cooperación japonesa en el 2001; no obstante, el ambientalista señaló que Ballestero califica esa investigación como “deficiente” aun sin tener “un estudio técnico para apoyar el embalse o para desmentir el estudio de los japoneses”.

“A mi me gustaría que ella me dijera porque el estudio de los japoneses no vale”, añadió Pacheco.

Ante esto, el ambientalista aseguró que “la estrategia de Maureen Ballestero” es buscar la manera de desacreditar el estudio de la cooperación japonesa por medio de una nueva investigación que ella y su equipo están realizando, la cual tiene un costo de 531.000 dólares, es decir, 298 millones de colones.

“La respuesta de doña Maureen sólo ha sido descalificar la información que yo doy a partir de la investigación de los japoneses, diciendo que es “deficiente”, con base en nada”, expresó Pacheco.

“Sin embargo, de acuerdo con la Ley General de Administración Pública, los documentos técnicos tienen validez; y yo no estoy especulando nada, aquí está el estudio”, agregó el experto.

Los embalses y su problemática

El primer embalse, denominado La Cueva, estaría ubicado sobre el cauce del río Tempisque, en la confluencia de los ríos Ahogado y Tempisquito, en el cantón de Carrillo, Guanacaste, y tendría una altura máxima de 43 metros.

De acuerdo con el estudio de factibilidad realizado por la cooperación japonesa, este embalse “es poco factible por la topografía y la disponibilidad de las tierras”.

“Doña Maureen me diría que este es un esfuerzo importante para Guanacaste, pero yo me sorprendo cuando veo que el informe de los japoneses dice lo contrario (…) Y ellos no lo hicieron solos, si no que trabajaron con técnicos de Costa Rica, como siempre lo hacen (…) No lo hizo un grupo de estudiantes”, aseveró Pacheco.

El ambientalista expuso que “la idea es, supuestamente, hacer un embalse para controlar las inundaciones que suceden en ciertos lugares de Guanacaste, como Filadelfia, por ejemplo, y también para regar”.

“Se establece que iría a favorecer 7.000 hectáreas en Guanacaste lo que es, obviamente, muy positivo”, dijo Pacheco.

“Sin embargo, en el plan de doña Maureen hay un agregado que no está en el plan original, y que no es conocido: abastecer de agua potable al proyecto turístico Papagayo”, acotó el especialista.

“Lo interesante es que ella nunca menciona el informe técnico de los japoneses (…) y ella lo conoce muy bien. Esto hace despertar mi interés, el hecho de que ella nunca lo menciona”, dijo el experto.

Acorde a Pacheco, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desde 1980 ya había evaluado y descartado la posibilidad de construir el embalse La Cueva, debido a la evidente inviabilidad ambiental, social y económica que éste representa.

“Uno de los aspectos más preocupantes de La Cueva es que cubre 1.200 hectáreas, de las cuales 700 hectáreas son de producción ganadera con riego que habría que expropiar… Obviamente, no son tierras que cuestan como una tierra turística, pero hay proyectos de hasta 1.000 hectáreas, y yo no creo que eso se puede calificar como tierras productivas que no valen nada”, dijo el ambientalista.

“Asimismo, inunda 30 casas, que también habría que expropiar… Este informe tiene siete años, por lo cual podría haber más casas”, dijo el experto.

“También inunda 380 hectáreas del Área Horizontes (Parque Nacional Santa Rosa) que están protegidas, pues son del sistema nacional de conservación”, adicionó Pacheco, quien dijo que este territorio fue “donado por The Nation Conservancy hace unos 20 años para la restauración de bosques”.

El experto declaró que otra de las consecuencias fatales de la elaboración de este proyecto es que “inunda cuatro kilómetros de la Interamericana Norte”, por lo que habría que “buscar nuevas rutas, que no es fácil en ningún lugar de Costa Rica”.

“Inunda también las líneas de transmisión del ICE… Son seis torres que habría que reubicar y sabemos todo lo que eso significa en esa zona”, añadió el especialista.

“Además, deja sin trabajo, a al menos 200 areneros que trabajan cause abajo en e río Tempisque… Si en Crucitas se habla de que van a dar empleo a 200 personas, ¿que sentido tiene que este otro proyecto le quite el empleo a otros 200 empleados?”, cuestionó el ambientalista.
Asimismo, Pacheco manifestó su preocupación ante el hecho de que, como lo demuestra el estudio de los japoneses, el embalse permanecerá seco por lo menos seis meses al año.

“Fue ahí donde se cayó todo el esquema… Se va a quedar seco seis meses al año, lo cual es esperable, pues es un cauce que no tiene agua para mantenerse permanentemente”, aseguró el ambientalista.

“Es en la época seca cuando esas tierras tienen necesidad de riego, pero es cuando el embalse va a estar sin agua (…) Por esto, no se cumple la funcionalidad del proyecto: doña Maureen dice que va a suministrar agua a Papagayo, que va a darle riego a 7.000 hectáreas y para control de inundaciones… Pero ninguna de las tres funciones se cumple… Se puede hacer algo mucho más barato, y cuando los campos necesitan riego es en la época seca y es cuando esta el embalse seco; cuando se requiere más agua en el sector turístico es en la época seca y es cuando esta el embalse seco. Además, de la parte hidroeléctrica ni hablar, porque el ICE no va a utilizar una represa que se seca más de 6 meses al año”, manifestó Pacheco.

Con relación al otro embalse, llamado Piedras, el experto describió que su ubicación estaría en la confluencia entre el Canal Oeste y la desembocadura del Río Piedras, con una altitud de 35 metros.

El informe técnico de los japoneses indica que este proyecto traería “un impacto importante sobre el contorno, incluyendo el parque nacional Palo Verde de la cuenca baja, por alterar la cuenca derivando un 40 por ciento del caudal total de la cuenca del Río Piedras a la cuenca del Río Tempisque”.

“La geología local tampoco favorece la implementación del proyecto, requiriendo un canal de 40 kilómetros (…) Esta fuente ofrecerá agua principalmente a los productores de la margen izquierda, puesto que el costo de la distribución de agua en la margen derecha es excesivamente elevado”, continúa el estudio.

“Para asegurarse de la sostenibilidad del desarrollo, esta alternativa requiere más estudio hacia el futuro”, concluye.

“Piedras también es para riego y tiene otro costo…Maureen Ballestero está impulsando los dos proyectos que tienen más impacto ambiental”, afirmó Pacheco.

“Quiero que quede claro que yo no estoy en contra de las represas. Creo que los ríos son las arterias de cualquier comunidad y una represa es cortar la arteria, el impacto es tremendo río abajo y río arriba. Sin embargo, tampoco ando en taparrabo diciendo que no hagan nada, hay que ver opciones”, expresó el ambientalista.

Al presidente “lo embarcaron”

Pacheco concluyó diciendo que los decretos de estos proyectos, firmado el 25 de julio pasado durante la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya, fueron una “embarcada” para el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

“Estos decretos se firmaron el 25 de julio pasado, el día de la Anexión. Maureen fue un mes antes al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con los proyectos de decreto y, en esa fiesta, al presidente le pasaron esos proyectos y él firmó todo, pero nadie sabía que era lo que estaba firmando”, explicó el especialista.

“El firmó los decretos porque doña Maureen se los puso al frente… Así que, como decimos popularmente en Costa Rica, lo embarcaron”, afirmó el experto.

“Ella anda promoviendo esto como si fuera un proyecto de Ley, como si estuviera en la corriente legislativa… Yo sé que no es ilegal que utilice su papel membretado para esto, pero es raro que se tome el tiempo de reunir a la Junta Directiva del ICT y que ande buscando plata, que ya de por sí se la dieron”, acotó el ambientalista.

“Esa plata que le dieron, más de 500.000 dólares, son la parte del acuerdo que dice que hay que hacer los estudios de factibilidad… Esa es sólo la primera parte y, si sale positiva, yo hago la pregunta: ¿se pueden financiar estos proyectos con dinero de la República?”, cuestionó.

* Diario digital Informa-Tico

Enfocándose en el impacto negativo de la crisis financiera en el empleo a nivel mundial, el director general de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, dictó ayer una conferencia magistral sobre “Justicia social y trabajo decente”, en el edificio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en Santiago.

Para Somavía, el verdadero culpable de que la crisis financiera haga subir las tasas de desempleo de muchas naciones es el sistema imperante en el mundo: la globalización. Modelo que según él “devalúa la dignidad del trabajo”, pues genera grandes concentraciones de poder, mala distribución de los recursos y desigualdades sociales.

La OIT reúne anualmente a representantes de 25 países, con quienes trabaja en conjunto con Naciones Unidas, para crear programas nacionales de “Trabajo decente”, de acuerdo con la situación puntual del merado laboral en cada nación.

Es por esto que centró su discurso, básicamente, en proponer fórmulas privadas y públicas, que sirvan para mejorar salarios y tratos dignos del personal, pues Somavía fue claro en señalar que el empleo decente no es una política ideológica, sino más bien una demanda de la gente.

En cuanto al rol de las empresas, Somavía criticó las políticas que muchas de ellas imparten a nivel global, en las que impera la productividad y crecimiento en desmedro de la dignidad del trabajador.

De este modo, dijo que “flexibilizar el trabajo significa flexibilizar la dignidad del ser humano”, añadiendo que “la noción de flexibilidad es muy funcional a que una empresa pueda responder a la presión que reproduce la economía financiera”.

Todo lo contrario, la máxima autoridad de la OIT hizo un llamado a que los gobiernos elaboren una hoja de ruta tendiente a fortalecer la protección social de la fuerza laboral. Y sostuvo que los países necesitan un “piso” económico social, en el que exista un equilibrio entre el crecimiento económico, el rol del Estado como ente regulador y empresarios que prioricen la calidad del empleo por sobre el crecimiento.

“Las cosas se tienen que organizar, de tal manera, que no se pierda la prioridad del trabajo sobre el capital”, señaló.

“Con la participación de la Presidenta, Michelle Bachelet, se firmó, en Chile un acuerdo sobre programas nacionales de empleo decente, sobre aspectos prioritarios del país”, dijo, dando a entender que en nuestro país la situación del empleo no es tan precaria como en otras naciones de la región, ya que “Chile, con su política fiscal, está en mejores condiciones que otros países de enfrentar la crisis financiera mundial”.

Antes de finalizar la charla, Somavía propuso que en el mundo debe existir una nueva “gobernanza mundial”, basada en una política de desarrollo sustentable, con la aplicación de tecnologías limpias, y donde se complementen las políticas regulatorias del Estado, la capacidad innovadora del mercado y la voz democrática de las sociedades.

Fuente: La Nación, Chile http://www. lanacion. cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081219/pags/20081219005658.html

Viernes 19 de diciembre de 2008

Nueva Constitución de Bolivia: Humanista, justa e inclusiva

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La votación, a la que fueron convocados 3,8 millones de bolivianos en 2 mil 816 colegios electorales, tardó poco más de ocho horas y se desarrolló sin mayores incidentes, según autoridades electorales y las del Gobierno.

Este domingo, más del 60 por ciento de los bolivianos aprobaron la nueva Constitución promovida por el presidente, Evo Morales, quien afirmó que a partir de este momento “se refunda una nueva Bolivia”, que reconoce un estado plurinacional y democrático.

Durante su discurso al pueblo congregado en la plaza Murillo, el mandatario manifestó que gracias a la voluntad soberana, a la conciencia del pueblo boliviano se refunda una nueva Bolivia “con igualdad de oportunidades para todos los bolivianos y bolivianas”.

Asimismo, expresó su gran reconocimiento a la población que mediante su voto, su participación democrática, deciden redundar el país para un bien común.

También mencionó que el esfuerzo de todos los movimientos sociales del país, no ha sido en vano. Sin embargo, hizo especial hincapié en el esfuerzo del movimiento indígena, “el sector más excluido, marginado y humillado durante la República, que ahora es reconocido como pueblo que tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano”, señaló.

Morales hizo un recuento de los pasos que ha logrado su Gobierno, desde el 2005 cuando ganó las elecciones, además sostiene las transformaciones que se han dado en Bolivia como es el caso de las desigualdades.

“Del 2005 al 2009 vamos de triunfo en triunfo, los neoliberales, los vende patrias permanentemente han sido derrotados gracias a la conciencia del pueblo boliviano”, ratificó.

Asimismo, precisó que en Bolivia, luego del triunfo de la nueva Constitución del Estado Boliviano “se acabó el latifundismo y los terratenientes”, a través de la creación de una conciencia boliviana.

A manera de reflexión, Evo Morales declaró que está aprendiendo cada día más_ “para servir mejor al pueblo boliviano”_, al tiempo que sostuvo el lema que lo caracteriza que no es gobernar obedeciendo al pueblo boliviano.

“Esto que pasó hoy de consultar sobre temas específicos como la tenencia de tierras, re fundación de Bolivia, y ese resultado, nos compromete a seguir trabajando y mejorando para el mejor servicio de Bolivia”, continuó Morales.

“Quiero que sepan que aquí se terminó el estado colonial, se acabó el colonialismo interno y externo”, reiteró, al tiempo que agregó que se termina el neoliberalismo en Bolivia, “se acabó la forma de subastar los recursos naturales”.

“Pueblo de Bolivia, vamos bien”, exclamó el Jefe de Estado, “sólo falta mayor coordinación con los prefectos y alcaldes” de todo el territorio nacional, precisó.

Asimismo, reiteró que los servicios básicos como el agua o la energía, que son derecho humano, serán de servicio público y no privado.

Junto al vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, precisó que tienen la obligación como Gobierno de “aplicar e implementar la nueva Constitución Política del Estado Boliviano”.

“Aquí empieza la nueva Bolivia, un estado con Nación, aquí empieza la libertad de para llegar a la igualdad de los bolivianos y la dignificación” en base a la nueva Carta Magna, explicó Morales.

Y con la exclamación ¡Que viva Bolivia con autonomías!, ¡Que viva la nueva Constitución del Estado Boliviano!, concluyó el discurso del presidente Evo Morales luego de un triunfo electoral de la Carta Magna que promueve.

Los resultados arrojados a boca de urna, otorgaron un 61,85 por ciento a favor del “Sí” en el referendo constitucional, lo cual se traduce en la preferencia de la mayoría de los bolivianos por dar ejecución del proyecto constitucional.

Los ciudadanos bolivianos fueron consultados sobre un documento de 411 artículos que propugna un país plurinacional, orientado a la integración indígena, autonómica y de economía, que brinda todos los derechos fundamentales que tanto requería el sector social, político y económico del país.

A través de este texto constitucional se reconocen a los 36 pueblos indígenas, además de los 36 idiomas, reconociendo un estado plurinacional que intenta reivindicar la lucha de los pueblos marginados por los gobiernos neoliberalistas.

Esta nueva Constitución amplia los derechos ciudadanos, con un modelo de democracia participativa, ejercido anteriormente por las oligarquías.

Sobre el tema del latifundio ocioso, se considera expropiable por el Estado cuando la superficie supere las 5 mil hectáreas, propuesta que se impuso ante la opción de las 10 mil hectáreas.

La votación, a la que fueron convocados 3,8 millones de bolivianos en 2 mil 816 colegios electorales, tardó poco más de ocho horas y se desarrolló sin mayores incidentes, según autoridades electorales y las del Gobierno.

Video
http://www.telesurtv.net/noticias/afondo/especiales/bolivia_nueva_constitucion/player.php?ckl=1262

Nueva Constitución Boliviana

*Silvia Ribeiro **

• ALAI AMLATINA, 05/01/2009, México DF.- Según el economista mexicano Andrés Barreda, estamos en una crisis de brutal sobreacumulación capitalista: gigantesco vómito de quienes creyeron que se podían tragar al mundo, pero no pudieron digerirlo.

Largamente acuñadas, las crisis actuales tienen un contexto de concentración creciente del poder corporativo, apropiación de recursos naturales y desregulación o leyes a favor de las empresas y especuladores financieros, que ha aumentado sin pausa en las últimas décadas. En el 2003, el valor global de fusiones y adquisiciones fue 1,300,000 millones de dólares (1,3 billones). En 2007, llegó a 4,48 billones de dólares. En la industria alimentaria, el valor de las
fusiones y compras entre empresas se duplicó del 2005 al 2007, llegando a 200 mil millones de dólares. La debacle financiera terminó con algunas empresas, favoreciendo oligopolios aún más cerrados.

¿Qué significa esto para la gente común?

El informe del Grupo ETC_ “De quién es la naturaleza”**_ (disponible en www. etcgroup. org/es) , ofrece un análisis en el contexto histórico de la concentración corporativa de sectores claves en las últimas 3 décadas. Desde entonces el Grupo ETC ha seguido las maniobras de mercado de las autodenominadas “industrias de la vida”, (biotecnología en agricultura, alimentación y farmacéutica). En el nuevo informe, se agregan las empresas detrás de la convergencia de biotecnología con nanotecnología y biología sintética, que promueven nuevas generaciones de agrocombustibles y más allá: intentan generar un economía post-petrolera basada en el uso de carbohidratos y vida artificial.

El sector agroalimentario sigue siendo uno de los ejemplos más devastadores, por ser un rubro esencial: nadie puede vivir sin comer. Es además, el mayor “mercado” del mundo. Por ambas razones, las transnacionales se lanzaron agresivamente a controlarlo. En las últimas 3-4 décadas, pasó de estar altamente descentralizado, fundamentalmente en manos de pequeños agricultores y mercados locales y nacionales, a ser uno de los sectores industriales globales con
mayor concentración corporativa. Para ello fue necesario un cambio radical en las formas de producción y comercio de alimentos. Gracias a los tratados de “libre” comercio, la agricultura y los alimentos se transformaron de más en más en mercancías de exportación, en un mercado global controlado por una veintena de transnacionales.
Según un informe de la FAO sobre mercados de productos básicos, a principios de la década de 1960, los países del Sur global tenían un excedente comercial agrícola cercano a los 7000 millones de dólares anuales. Para fines de la década de 1980 el excedente había desaparecido. Hoy todos los países de Sur son importadores netos de alimentos.

En la década de 1960, casi la totalidad de las semillas estaban en manos de agricultores o instituciones públicas. Hoy, 82 por ciento del mercado comercial de semillas está bajo propiedad intelectual y diez empresas controlan 67 por ciento de ese rubro. Estas grandes semilleras (Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, etc) son en su mayoría propiedad de fabricantes de agrotóxicos, rubro en el cual las diez mayores empresas controlan 89 por ciento del mercado global. Que a su vez están representadas entre las diez empresas más grandes en
farmacéutica veterinaria, que controlan 63 por ciento de ese rubro.
Los 10 mayores procesadores de alimentos (Nestlé, PepsiCo, Kraft Foods, CocaCola, Unilever, Tyson Foods, Cargill, Mars, ADM, Danone) controlan el 26 por ciento del mercado, y 100 cadenas de ventas directas al consumidor controlan el 40 por ciento del mercado global. Parece “poco” en comparación, pero son volúmenes de venta inmensamente mayores. En el año 2002, las ventas globales de semillas y agroquímicos fueron 29,000 millones de dólares, las de procesadores de alimentos 259,000 millones y las de cadenas de ventas al consumidor
501,000 millones. En el 2007, esos tres sectores aumentaron respectivamente a 49,000 millones; 339,000 millones y 720,000 millones de dólares. Sigue siendo el supermercado WalMart, la empresa más grande del mundo, siendo la número 26 entre las 100 economías más grandes del planeta, mucho mayor que el Producto Interno Bruto (PIB) de países enteros como Dinamarca, Portugal, Venezuela o Singapur.

De las semillas al supermercado, las transnacionales dictan o pretenden dictar qué plantar, cómo comerlo y dónde comprarlo. Frente a las crisis nos recetan más de lo mismo: más industrialización, más químicos, más transgénicos y otras tecnologías de alto riesgo, más libre comercio. No es extraño, ya que todas están entre los que más han lucrado con el aumento de precios y hambrunas: obtuvieron ganancias que van hasta 108 por ciento más que en años anteriores.

También la disparidad de ingresos individuales en el mundo creció. La riqueza acumulada de los 1125 individuos más ricos del mundo (4,4 billones de dólares) es casi equivalente al PIB de Japón, segunda potencia económica mundial después de Estados Unidos. Esta cifra es
mayor que los ingresos sumados de la mitad de la población adulta del planeta. 50 administradores de fondos financieros (hedge funds y equity funds), los grandes especuladores que provocaron la “crisis”, ganaron durante el 2007 un promedio de 588 millones de dólares, unas 19,000 veces más que el trabajador estadunidense típico y unas 50,000 veces más que un trabajador latinoamericano medio. El director ejecutivo de la financiera Lehman Brothers, ahora en bancarrota, se embolsó 17,000 dólares por hora durante todo el 2007 (datos de Institute for Policy Studies).

Resumiendo, una absurda minoría de empresas y unos cuantos multimillonarios que poseen sus acciones, controlan enormes porcentajes de las industrias y los mercados básicos para la sobrevivencia, como alimentación y salud.

Esto les permite una pesada injerencia sobre las políticas nacionales e internacionales, moldeando a su conveniencia las regulaciones y los modelos de producción y consumo que se aplican en los países, que a su vez son causantes de las mayores catástrofes alimentarias, ambientales y de salud.

Así pudo avanzar la privatización y conversión del sistema agroalimentario, hasta hace pocas décadas descentralizado y basado mayoritariamente en semillas de libre acceso, agua, tierra, sol y trabajo humano, para convertirlo en una máquina industrial petrolizada, que exige grandes inversiones, maquinarias caras, devastadoras cantidades de agroquímicos (mejor llamados agrotóxicos) y semillas patentadas controladas por unas pocas empresas. Aunque se produjeron mayores cantidades de algunos granos, no solucionó el hambre en el mundo tal como prometían, sino que aumentó. El saldo de erosión de suelos y biodiversidad agrícola y pecuaria, junto a la contaminación químico-tóxica de aguas, no tiene precedente en la historia de la humanidad. Todo acompañado, por si fuera poco, por una creciente crisis de salud humana y animal (que también es negocio para las mismas empresas).

El paradigma más significativo de esta “involución verde”, son los transgénicos, semillas patentadas adictas a los químicos de las empresas, promovidas como panacea para resolver los actuales problemas de hambre que el propio modelo creó. Otro ingrediente del mismo modelo, ahora empujado con más fuerza, es el altísimo requerimiento de fertilizantes, que por su nombre parecería menos dañino que el resto de los agrotóxicos. Pero el uso de fertilizantes industriales, en lugar del equilibrio de nutrientes naturales de los modelos anteriores

de agricultura, también provoca adicción y dependencia y está en manos de un cerrado oligopolio trasnacional. Tal como el petróleo, se basa en el uso de productos finitos y no renovables: según datos de PotashCorp, la primera empresa global de fertilizantes, las reservas
de fósforo, ingrediente fundamental de los fertilizantes, disminuyen a ritmo acelerado. Globalmente, el consumo industrial de fertilizantes aumentó 31 por ciento entre 1996 y 2008, debido al incremento de la ganadería industrial y la producción de agrocombustibles. Y con las crisis, el precio se disparó más de 650 por ciento entre enero de 2007 y agosto del 2008. Mosaic, la tercera empresa de fertilizantes a nivel global (55 por ciento propiedad de Cargill) aumentó sus ganancias más de 1000 por ciento en ese período.

Pese a que las trasnacionales pretenden controlar todo, 1200 millones de campesinos y campesinas en el mundo, siguen teniendo sus propias semillas. Aunque WalMart sea la empresa más grande del mundo, el 85 por ciento de la producción global de alimentos se consume cerca de donde se siembra –la mayoría en el mercado informal.

Urge, por el bien de todos y para parar las amenazas al ambiente que nos sostiene, el cuestionamiento profundo del modelo de agroalimentación industrial y corporativo, incluyendo la crítica radical a los que en nombre de las crisis alimentarias y climáticas quieren imponernos más del mismo modelo con transgénicos y agrocombustibles. Las soluciones reales ya existen y son diametralmente opuestas: soberanía alimentaria, como propone La Vía Campesina, a partir de economías agrícolas descentralizadas, diversas, libres de patentes, basadas en el conocimiento y las culturas campesinas, que son quienes por más de diez mil años han probado su capacidad de alimentar sustentablemente a la humanidad.

** Basado en el informe del Grupo ETC “De quién es la naturaleza – El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida”, disponible en www. etcgroup. org/es

El Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI) alerta a la opinión pública:

Con la crisis que vive el mundo, todos los países tratan de conservar su consumo interno y la producción nacional, para que haya más trabajo local. Costa Rica hace todo lo contrario cediendo nuestros mercados a las importaciones.

Mintieron para lograr sus propósitos. Le arrancaron al pueblo las telecomunicaciones, lo cual sin duda debilitará el ICE y con esto, el enfoque de solidaridad social mediante el cobro de tarifas exageradas y pésimo servicio: Ya Costa Rica vivió esa experiencia antes de la creación del ICE. Pero no les bastó. Su ambición y su codicia son tan grandes que ahora quieren apoderarse de todo lo demás. Ahora quieren todo el mercado eléctrico y para eso ya empezaron con el “inocente” proyecto titulado “Ley marco de concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas” que les permite explotar las cuencas sin los debidos controles ambientales y sin importarles abastecer la demanda del país porque lo que persiguen es que los dejen exportar la electricidad a Centroamérica.

Cuando se discutía el TLC dijimos que iban tras la privatización del agua, hoy la intentan con este proyecto de ley.

Igual asustan a la opinión pública con editoriales alarmantes (La Nación, 22 de Enero de 2009) donde advierten que: “Costa Rica podría experimentar una peligrosa ralentización económica o, quizás, una recesión de graves consecuencias para la generación de empleo, salarios reales y pobreza. Caerán las entradas de capital y disminuirán las remesas como producto de la crisis financiera internacional”.

Hace año y medio nos decían, con tal de ganar el Referendum: que sin TLC se perderían miles de empleos, que las industrias tendrían que cerrar y que el país se hundiría en la pobreza si no se firmaba el Tratado; curiosamente ahora dicen que estamos en la época de las vacas flacas. Hoy, apenas entrando en vigencia el TLC las industrias cierran, aumenta el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la criminalidad, lo que demuestra la magnitud del engaño a los costarricenses.

Ahora apuntan sus baterías al sector eléctrico impulsando la “inocente” ley de concesión del recurso hídrico amparándose en la tragedia nacional sufrida por el reciente terremoto. También tienen elaboradas otros proyectos completamente aperturistas que sin duda significarán la destrucción final del ICE. En otros países del mundo, no sólo de América, las reformas a la industria eléctrica han tomado años de análisis y en muchos de ellos no se han podido realizar, porque éste es precisamente un sector sumamente sensible, con gran impacto en la población.

Hacemos esta denuncia para alertar al país sobre lo que está ocurriendo: Los sectores dominantes ávidos de negocios proponen leyes con consecuencias nefastas para las mayorías y en la Asamblea Legislativa se aprueban leyes sin el debido conocimiento, análisis, discusión y consulta a los sectores afectados.

Instamos a los miembros de la Asamblea Legislativa que estuvieron en contra del TLC y contra las privatizaciones y que además participan en la Comisión de Agropecuarios que es la que tramita el proyecto del recurso hídrico, para que se opongan firmemente a esta iniciativa gubernamental.

Hacemos llamado a las organizaciones ambientalistas y sociales para que establezcan un estado de alerta que permita la multiplicación de esta denuncia por todos los medios a su alcance, para promover la oposición a este proyecto de ley que nos lo presentan como inofensivo, para que sea combatido en todos sus extremos. De lo contrario, las consecuencias nefastas para el país serán sentidas en el corto, mediano y largo plazo y lamentadas por una inmensa mayoría de la población, que es siempre la más pobre, vulnerable y desprotegida.

Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI)
Rodrigo Carazo Odio
Presidente

24 de enero 2009

Desde el mes de diciembre del año anterior empezó a regir la nueva Ley de tránsito, sin embargo, aunque se están aplicando algunas sanciones, no será hasta finales del mes de agosto que se aplique la Ley en todos sus extremos.

Según la nueva Ley, las personas que conduzcan con licor mas allá de 0,75 en la sangre, corran en forma temeraria a más de 150 kilómetros por hora, se expondrán a penas de cárcel que va de uno a tres años además de la suspensión de la licencia por dos años inicialmente.

La nueva Ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta en su Alcance 55 el pasado 23 de diciembre del 2008 y desde entonces se vienen realizando operativos sobre todo con los conductores borrachos con el fin de bajar los índices de muerte en las carreteras, efecto que hasta la fecha no se ha podido obtener y por el contrario, según datos de Tránsito, las cifras se mantienen como hace un año sin las actuales sanciones de cárcel.

Hasta agosto

Según se plantea en la nueva Ley de Tránsito el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, debe desarrollar una campaña nacional de educación sobre todos los alcances de las reformas realizadas a la Ley de Tránsito, además de contratar a 400 nuevos oficiales.

Esa campaña debe desarrollarla en nueve meses desde la publicación de las reformas a la Ley, o sea de diciembre 2008 hasta agosto 2009. Desde ese momento se empezarán a aplicar todas las sanciones.

Se aplica la detención

Sin embargo ya se vienen realizando operativos policiales que ha dado con la detención de conductores ebrios con resultados mayores al 0,75 permitido y que equivale a cuatro cervezas y media o cuatro tragos de licor, esto según las pruebas de aliento que se aplican.

Esta contravención implica cárcel de uno a tres años, sin embargo queda a criterio del juez aplicar la pena o puede obligar al infractor a realizar algún tipo de trabajo comunitario como medida alterna.

Para las detenciones Tránsito cuenta con la colaboración de Seguridad Pública que pone a los infractores a las órdenes de la Fiscalía de Delitos en Flagrancia del Segundo Circuito Judicial en Goicoechea.

Además de las detenciones de conductores en estado de ebriedad, también se están sancionando a los conocidos “picones” con cárcel, de uno a tres años y la inhabilitación para conducir hasta por cinco años. Las “carreras” ilícitas, competencias de velocidad ilegales o “piques” de cualquier tipo en las carreteras.

Los conductores temerarios, por velocidades superiores a 150 kilómetros por hora, también son sancionados de uno a tres años de cárcel

Puntos más, puntos menos

Otra de las “novedades” de la reforma a la Ley de Tránsito es la relacionada al sistema de puntos que se va a aplicar a finales de agosto.
Según la reforma, se establece que cada conductor tiene a su haber 50 puntos, pero con cada infracción a la Ley de Tránsito le serán rebajados puntos de acuerdo al tipo de infracción cometida.

Cada conductor contará con un expediente electrónico ligado a la licencia de conducir. Si un conductor pierde los 50 puntos por infracciones, la licencia se será suspendida por dos años la primera vez.

Al cabo de los dos años, en los cuales debe llevar un proceso de reeducación vial, podrá recuperar su licencia, aunque con solo 30 puntos.
Si el conductor no vuelve a cometer infracciones, por cada año recibirá puntos extra.

Ahora, si un conductor pierde 30 puntos, pero durante un año no vuelve a cometer infracciones, puede optar por un curso de sensibilización para sí recuperar el 80) de sus 50 puntos.

Aumentan las multas, disminuyen los puntos

Según se establece en las reforma a Ley de Tránsito aumentan significativamente las multas y se perderán puntos en la licencia de la forma como se muestra abajo.

Copia de la publicación en La Gaceta