ANEP ante la renegociación del TLC

Proyecto de Ley sobre la Renegociación del TLC por el Congreso de EE.UU en Español y en Inglés en ARCHIVOS ADJUNTOS

ANEP ANTE LA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

1- La ANEP ha planteado, desde hace ya varios años, la existencia en nuestro país de un modelo económico y social que tiende a la injusticia social y a la degradación humana y ambiental.

2- Este modelo le ha sido impuesto al pueblo costarricense por el bipartidismo tradicional “PLUSC” y por aquellos que fomentan el individualismo y el egoísmo por sobre la solidaridad, así como el beneficio de unos pocos en lugar de la inclusión social.

3- Los tratados de libre comercio (TLC’s), en consecuencia, no son sino reflejo de esa visión de mundo, precisamente la visión de mundo que finalmente, luego de dos décadas de hegemonía, ha entrado en crisis; en crisis energética, en crisis alimentaria, en crisis climática, en crisis ecológica y, la más espectacular (por ahora), en crisis financiera.

4- Frente a esa visión, en toda América Latina, desde la sociedad civil organizada y desde expresiones políticas diversas, cotidianamente se buscan y construyen alternativas que parten de valores superiores como la inclusión, la solidaridad, la sustentabilidad ambiental, la equidad y, en general, el bien común.

5- La ANEP es parte de este esfuerzo monumental. Somos parte de quienes soñamos con un mundo en el que quepamos todas las personas y en el que, por lo tanto, no se antepongan los intereses económicos de unos pocos sobre la vida y la dignidad de todas y de todos.

6- Sin embargo, a quienes nos enfrentamos a la cruda realidad del modelo que se nos ha impuesto, nos surge todos los días una difícil pregunta: ¿cómo se desmontan más de 25 años de neoliberalismo y cómo se pasa de la resistencia a la alternativa?

7- Si bien la respuesta es difícil, una cosa es clara: el “todo o nada” sólo causa frustración, es ineficaz y, al serlo, termina lastimando a los más indefensos frente a los poderosos.

8- Tampoco el reformismo pragmático es una alternativa ante la profundidad del abismo construido por ese modelo. Entre una y otra opciones, se encuentran cambios estratégicos que permiten avanzar hacia la construcción de una alternativa. En otras palabras, una incidencia política que no se guía sólo por fines pero tampoco sólo por medios.

9- El camino no es fácil, pero en gran medida descansa en aprovechar las “ventanas de oportunidades” existentes para generar cambios en la dirección deseada. Al hacerlo, también fortalecemos la articulación social y política que trabaja por esos cambios estratégicos. Quiere decir que mejoramos el único “motor” que nos permitirá avanzar: organización con articulación.

10- Al hacerlo también fortalecemos un “nosotros”, es decir, un sujeto socio-político, que será el verdadero protagonista, no la ANEP, no sus aliados, sino este sujeto socio-político, de ese largo camino.

11- El punto de partida es nuestra situación concreta, con sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. La única forma de cambiar nuestro camino es articulando reivindicaciones concretas en función de una meta de transformación profunda. Es por ello que no podemos y no debemos abandonar las oportunidades de incidir en aquellos cambios que no sólo sumen en el proceso de construcción de esa alternativa, sino que eviten la profundización de este devastador modelo.

12- Costa Rica tiene un TLC aprobado “legalmente”. Es también un TLC que carece de legitimidad social, producto de una mayor conciencia ciudadana, y producto de las más temibles y deplorables maniobras y manipulaciones legales, mediáticas, económicas y políticas del capital transnacional, expresadas en el país por medio de los testaferros empresarios-políticos y políticos-empresarios, de turno.

13- La posibilidad de reabrir la discusión sobre la forma en que se discutió el TLC, y sobre sus contenidos está siendo impulsada por diversos sectores en todos los países centroamericanos y en los propios Estados Unidos de América. Estar fuera de esa discusión o “esquivar el bulto” por la enormidad del desafío, no son opciones para la ANEP.

14- Todo lo contrario: debemos profundizar la discusión nacional en torno a la gravedad que los contenidos del TLC traerán para el país; y la necesidad de seguir construyendo una alternativa de país. Ahora, como en otras etapas de esta lucha, nuestros planteamientos deben contribuir a la articulación de ese nuevo y diverso sujeto socio-político.

15- En este momento, a los aliados estratégicos se suman otros, de carácter táctico. Son muchas las personas y organizaciones que nos reafirmamos en esa búsqueda de esa alternativa y en la constatación de lo degradante y destructor del modelo plasmado en el TLC. Cada vez más, son más los desencantados por el engaño y la manipulación del régimen de los Arias Sánchez, en asocio con el desprestigiado “PLUSC” y sus turecas del Movimiento Libertario y las diputaciones “independientes”. En contraposición y a nivel parlamentario, las fracciones legislativas de los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión, han honrado un compromiso cívico y soberano que será reconocido por la historia, enfrentando el entreguismo vendepatria.

16- Hoy más que nunca debemos asumir nuestra responsabilidad y continuar con la tarea de la articulación del tejido social para la transformación social.

17- Esta transformación no puede esperar, y por el contrario, debe partir de necesidades concretas, como la defensa de los productores agrícolas y de nuestra soberanía alimentaria; de la defensa y mejoramiento de los servicios públicos estratégicos; de la defensa de la socialización del conocimiento y rechazo de su privatización; de la defensa de nuestro medio ambiente; de la defensa del derecho soberano de darnos nuestro propio proyecto de país, del derecho a un trabajo decente, a la Libertad Sindical y a una justa distribución de la riqueza y las oportunidades. Cualquier espacio de lucha para evitar que el TLC se aplique a plenitud, no es sólo una oportunidad, sino un deber.

18- Consta a plenitud a la ciudadanía costarricense la oposición rotunda de la ANEP a los TLC’s engendrados por la globalización neoliberal y anticristiana; y, particularmente, nuestra organización exhibe una trayectoria cristalina de más de seis años de oposición rotunda al TLC con los Estados Unidos de América por su pérfido contenido.

19- Si bien seguimos en contra de los tratados de libre comercio y de todo el modelo que implican, creemos que la construcción de un comercio justo y ético, al igual que un largo camino, comienza con el primer paso en la dirección correcta. Si damos ese paso, luego podemos dar otros.

20- Este camino implica grandes desafíos y dificultades, en buena medida por la existencia de intereses económicos que desde nuestro país se expresan en personas deseosas de venderse y vendernos al mejor postor.

21- Respetamos profundamente a aquellas personas u organizaciones que creen en el todo o nada y que, por lo tanto, estiman que es mejor quedarnos con el TLC tal y como fue aprobado, antes que iniciar ese camino gradual de construcción de alternativas aprovechando los espacios que se puedan abrir.

23- La posibilidad existe y no podemos ignorarla. Existe ya un proyecto de ley de renegociación de los tratados comerciales suscritos por EEUU, que fue presentado en el mes de junio de 2008 en EEUU por más de cuarenta congresistas y que se estima, hoy día, ya ha incrementado su apoyo a cerca de ciento cincuenta. Este proyecto incluye de forma expresa al TLC con Centroamérica y República Dominicana.

24- No sólo debemos recordar que el recién electo presidente de EEUU, señor Obama, planteó la necesidad de renegociar sus tratados comerciales; sino que el recién nombrado secretario de comercio, Bill Richardson, ya había planteado que no debía aprobarse un nuevo tratado comercial que no garantizara los derechos de las personas trabajadoras y la sustentabilidad ambiental.

25- Tal como está planteada, la posibilidad o el escenario de renegociación del TLC, incluye también aspectos que van más allá de la renegociación.

26- En primer lugar, el proyecto incluye la obligación de hacer un diagnóstico del impacto de los TLC’s basado en preguntas incómodas que de seguro arrojarán respuestas desafiantes. Entre ellas:

*26.1-*¿Cuál ha sido el efecto de las privatizaciones en el acceso de los consumidores a servicios esenciales como la atención de la salud, la electricidad, el agua, el servicio telefónico y otros servicios públicos?

*26.2-*¿Cuál ha sido el efecto sobre el precio de las medicinas?

*26.3-*¿Cuál ha sido el aumento en el narcotráfico como resultado de las presiones económicas sobre los agricultores que los lleva a tener cultivos ilícitos?

26.4- ¿Cuál ha sido el impacto en el incremento de la pobreza, como resultado del desplazamiento de los trabajadores en los sectores afectados por el acuerdo?

*26.5-*¿Cuál ha sido el impacto en la migración?

27- Este diagnóstico debe determinar si los países incluidos en los TLC’s:

a) son democráticos;

b) si respetan los derechos laborales en los términos definidos por el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT;

c) si respetan derechos humanos fundamentales;

d) si están protegidos contra el tráfico de personas;

e) si han implementado políticas eficaces para combatir la corrupción, incluidas la evasión de impuestos y lavado de dinero;

f) si cumplen con los acuerdos multilaterales sobre el ambiente;

g) si tienen en ejecución leyes y reglamentos ambientales y laborales adecuados;

h) si han dedicado suficientes recursos para la aplicación de dichas leyes y prevé la transparencia gubernamental.

28- En segundo lugar, el proyecto de ley establece que estos informes deberán contener recomendaciones para modificar los TLC’s. De acuerdo al proyecto de ley, tanto los tratados ya negociados, como los que en el futuro se negocien, deben incluir mecanismos para cumplir efectivamente los derechos humanos, los derechos laborales y convenios ambientales; así como instrumentos que permitan combatir la corrupción pública y privada.

29- El proyecto establece que, en materia laboral, se debe exigir el cumplimiento eficaz de las normas laborales básicas; establecer mecanismos públicos de solución de controversias con participación sindical y de expertos en materia laboral; y así como de cumplimiento pleno e inmediato de las obligaciones laborales, tan eficaces como las comerciales.

30- Estos mecanismos deben incluir la disminución de sanciones comerciales en la medida en que se alcancen estándares de calidad; así como medidas de protección para los trabajadores que demandan el cumplimiento de estas obligaciones. Obliga a fortalecer la capacidad de cada país para promover y hacer cumplir las normas laborales básicas; establece una comisión con amplios poderes y participación sindical y de académicos de cada país para establecer indicadores específicos de cumplimiento.

31- En materia ambiental, prohíbe el debilitamiento, eliminación u omisión de la ejecución de normas ambientales o de interés público, para promover el comercio o atraer inversión; se obliga a cada país a la aplicación plena, de la legislación y los acuerdos ambientales multilaterales; prohíbe el comercio de productos ilegalmente cultivados, extraídos o explotados, incluyendo madera, peces, vida silvestre y productos asociados, recursos minerales, u otros bienes ambientalmente sensibles.

32- El incumplimiento de las normas ambientales exigidas por el acuerdo, también estará sujeto a mecanismos de ejecución y solución de controversias y sanciones que sean, al menos, tan eficaces como los comerciales. De igual forma establece que se debe permitir a cada país, la adopción e implementación de las normas que sean necesarias para proteger el ambiente y la salud y seguridad públicas.

33- Reconoce el derecho soberano de que cada país defina cuáles servicios estratégicos no deberán ser abiertos ni privatizados, tales como la seguridad social, la salud, la seguridad pública, la educación, el agua, puertos y transportes u otros servicios públicos; y, en general, se debe pasar a un sistema de lista positiva donde expresamente se indique cuáles servicios estarán sometidos al tratado; y no se debe someter a los gobiernos locales a las obligaciones sobre servicios que establece el acuerdo.

34- Reconoce el derecho soberano de regular las inversiones extranjeras, en términos de necesidades y prioridades; de establecer controles al movimiento de capitales; obliga a no imponer mecanismos de solución de controversias privilegiados en favor de los inversionistas; y a no incluir dentro de las indemnizaciones las ganancias dejadas de percibir.

35- Obliga a regular las compras del Estado por medio de listas positivas; así como incluir como requisitos de los contratos públicos el respeto a políticas salariales; políticas de contenidos reciclables; políticas de cosechas sostenibles; políticas de energía renovable; derechos humanos, o acuerdos laborales.

36- Obliga a regular la propiedad intelectual sin limitar lo ya establecido en la OMC; a regular el conocimiento tradicional de acuerdo a lo establecido por la Convención de Diversidad Biológica; y a garantizar el acceso público a los medicamentos esenciales y a tecnologías necesarias para prevenir el cambio climático.

37- Plantea garantizar a los agricultores ingresos adecuados, justos y estables; proteger el derecho de cada país a fomentar la conservación, a través de la utilización de las mejores prácticas relacionadas con la gestión y producción de cultivos; así como proteger a cada país ante el “dumping” o comercio desleal, incluyendo las salvaguardas agrícolas.

38- Con relación a la asistencia técnica, establece que ésta no será sustituto de la asistencia económica, y debe dirigirse a asegurar la diversidad en el modelo de desarrollo escogido por cada país; a empoderar a la sociedad civil y a garantizar los derechos básicos.

39- Finalmente, dentro de sus previsiones, este proyecto incluye la prioridad en la aplicación de acuerdos bilaterales o multilaterales relativos a la salud pública, derechos humanos y laborales, el ambiente, u otros objetivos de interés público, en caso que haya una inconsistencia entre un acuerdo de comercio y esos acuerdos bilaterales o multilaterales.

40- Un proceso de esta naturaleza no tiene garantías de ningún tipo. La única certeza que tenemos es que la peor pelea es la que no se da: la aplicación plena del TLC tal y como fue aprobado será devastador para amplios sectores de la sociedad centroamericana y para el medio ambiente. Ni éste ni aquella pueden darse el lujo de no dar nuestro mejor esfuerzo para lograr una verdadera negociación.

41- Sería ingenuo pensar en un proceso de renegociación “mágico”. Los intereses del capital neoliberal transnacional y de sus lacayos en suelo nacional son de tal magnitud y de tal poder, que conspirarán, por todos los medios a su alcance, para abortar cualquier intento, por mínimo que sea, de que tal proceso arranque, avance o se materialice. Entender esto es imprescindible si queremos comprender la dimensión del carácter de la lucha sociopolítica y cívica que habrá que dar.

42- El proyecto de ley presentado en el Congreso de EEUU es un buen punto de partida, producto, sin duda, del trabajo de miles de personas, que con su esfuerzo, su lucha inclaudicable y sus mejores ideas, han demostrado que es necesario iniciar la construcción de un mundo distinto. Tal y como dijo un gran luchador, nosotros y nosotras, queremos ser obreros y obreras en la construcción de la Patria del Futuro.

43- Por tanto, atendiendo a la definición de nuestra misión como organización sociopolítica de carácter sindical, que dice: “Promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa”; a la vez, siguiendo con la Estrategia Principal que guía el accionar de la ANEP que dice: _“Interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones político-partidarias o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento histórico así lo determinan_”; la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se pronuncia por un proceso interno y externo de divulgación, incidencia, presión, organización y movilización social, en aras de que se dé un profundo proceso de renegociación del TLC con los Estados Unidos de América que le fuera impuesto a los pueblos centroamericanos.

44- Hacemos un vehemente llamado a nuestras organizaciones sindicales hermanas de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP); de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC); de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), en la región mesoamericana; hacemos un llamado a todo el Movimiento Sindical Costarricense; a todos los sectores sociales, cívicos, académicos, intelectuales, políticos, comunales, ecologistas, estudiantiles, de mujeres, cooperativistas, eclesiales; a las fuerzas político-partidistas que han integrado el histórico Movimiento Patriótico del NO al TLC, para que reconstruyamos la articulación necesaria que ha de enfrentar el desafío de un eventual proceso de renegociación del TLC, según los parámetros del proyecto de ley que está ya en la corriente legislativa del congreso estadounidense.

45- En lo inmediato, debemos conjuntarnos para mandar un poderoso mensaje al nuevo gobierno de los Estados Unidos, del señor Presidente Barack Obama, en el sentido de que en el caso de Costa Rica, no certifique ni el TLC ni sus leyes de implementación, considerando no solamente el contenido del proyecto de ley de renegociación ya mencionado; sino valorando la enorme lista de irregularidades de fondo y procedimentales, parlamentarias y constitucionales, ocurridas en nuestro país que tornan ilegítimo ese TLC.

46. Tal manifestación deberá incluir, en forma absolutamente categórica, que vetamos, (si se abre una renegociación), al equipo negociador costarricense del TLC, atrincherado en el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por ser representante de un reducido grupo de empresas, no de todas las empresas del país; amén de que actuaron en esa negociación con una posición totalmente entreguista, ajena al interés de las grandes mayorías nacionales y del bien común.

47- Finalmente, renovamos nuestra convicción de que el ejercicio de la democracia es mucho más profundo que el acto electoral cuatrienal, ya de por sí profundamente significativo. Renovamos nuestra convicción en que la movilización social pacífica, que hemos denominado Democracia de la Calle, es un instrumento de participación ciudadana enraizado ya en la conciencia del pueblo costarricense y, en tal sentido, su instrumento más inmediato, el Referéndum de la Calle, conserva plena validez para un escenario como el que se ve venir de eventual renegociación del TLC.

San José, viernes 5 de diciembre de 2008

A NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Extranjeros con visa vencida pueden cobrar incapacidad en bancos

Así lo ordenó la Sala Constitucional, que declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por José Antonio Gutiérrez Reyes, contra el banco de Costa Rica, quien comentó que sufrió un accidente laboral que le provocó una ruptura craneal y que realizó los trámites respectivos ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), que lo incapacitó y que cuando intentó retirar el subsidio en el banco le negaron la transacción por la circular girada por Migración de 2007, que permite el acceso a los servicios públicos y privados únicamente a aquellos extranjeros que poseen estatus legal en el país.

“Se ordena a Mario Rivera Turcios, en su condición de Subgerente General del Banco de Costa Rica, o a quien en su lugar ejerza el cargo, hacer efectivo pago del subsidio dispuesto a favor de José Antonio Gutiérrez Reyes, pasaporte Nº 1492961. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, detalla la Sala Constitucional.

Pese a que los magistrados constitucionales reconocieron que no les corresponde cuestionar la política migratoria imperante, ni delimitar el ámbito de funciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, sí deben ser garantes de los derechos fundamentales, cuando éstos se consideran lesionados o amenazados ilegítimamente.

Los magistrados constitucionales tomaron como base la resolución 2008-10080, en la que resolvió un caso similar y exigieron igualmente a la entidad bancaria girar el dinero del subsidio al extranjero.

“…En este particular, estima la Sala que a todas luces es evidente que la circular impugnada, lesiona los derechos fundamentales del amparado, pues no solo le niega el acceso a los servicios públicos, sino se restringe su derecho a la seguridad social”, señaló la Sala Constitucional, en su momento.

Fuente: La Prensa Libre, 03 diciembre 2008
Krissia Morris Gray
kmorris@ prensalibre.co.cr

Jerarca del IFAM reta a la Contraloría

IFAM en desacuerdo con CGR por pago de privilegios laborales

Karina Alpízar Corella
kalpizar@ prensalibre.co.cr

La Contraloría General de la República (CGR) autorizó al Instituto de Fomento Municipal (IFAM) a cancelar privilegios laborales por un monto superior a los ¢1.500 millones e improbó los recursos para liquidar plazas el próximo año. El jerarca de ese ente, Fabio Molina, cree que la decisión les llevará a la quiebra sino se enmienda el proceso a tiempo.

El pasado lunes en el oficio #12.761 informó a Molina de la aprobación parcial de la modificación presupuestaria para pagar los beneficios a 30 funcionarios del IFAM con los ¢1.500 millones, pero no los recursos para el pago de la liquidación de 60 plazas contempladas en el presupuesto 2009.

Al respecto Molina explicó que si la Contraloría aprueba la disminución de plazas, pero no la reserva de los pagos de los extremos laborales, el IFAM está imposibilitado de hacer efectivos los despidos. Por tanto si no aprueba la reducción de funcionarios, la institución no tiene la capacidad financiera para hacerle frente a una planilla “desproporcionada”. “Esta situación llevará al IFAM a la debacle financiera si no se toman las medidas correctivas de inmediato”, puntualizó.

Fuente: La Prensa Libre, 03 de diciembre de 2008

¿Por qué Chávez?

En esos mismos años el Consejo Nacional Electoral de ese país ha consolidado uno de los mecanismos de participación y garantía del sufragio más eficaces y confiables de la comunidad internacional, como lo reconocen, incluso, algunos de los más tenaces opositores a Chávez en Venezuela . De las once elecciones realizadas Chávez ha ganado limpiamente diez, y ha reconocido la derrota en la que se celebró en diciembre de 2007 sobre la reforma constitucional. También ha tenido que hacerle frente a un golpe de Estado y a violentos paros patronales. Pero no importa, sigue adelante una campaña mediática internacional que tilda a Hugo Chávez de tirano y dictador.

¿Por qué tanto odio? El ensañamiento de los círculos de poder imperial y oligárquico contra Chávez y la Venezuela bolivariana es feroz y no se detiene ante las más miserables calumnias. Incluso ciertos sectores progresistas son presa de esa campaña de acoso y derribo, y a menudo dolorosamente se les ve haciendo coro a los difamadores profesionales.

A la derecha globalitaria le duele Chávez, precisamente por aquellas conquistas y posiciones de la República Bolivariana de Venezuela que la mayoría de su pueblo apoya y celebra, y que lenta, pero inexorablemente, van siendo comprendidas y respetadas por millones de personas honestas en todo el mundo.

Los logros sociales y económicos de estos diez años de gobierno de Hugo Chávez son evidentes. Todavía hay pobreza en Venezuela, pero el gobierno de Chávez la redujo a la mitad y sigue batallando contra esa herencia estructural de gobiernos oligarcas de ladrones; en ocho años más de dos millones de venezolanos salieron de la pobreza extrema. El índice nacional de desarrollo humano se incrementó en 27.7 por ciento; la tasa de desempleo pasó del 16.6 al 7 por ciento; la tasa de escolaridad de educación preescolar aumentó en 14.3 puntos, la de educación básica en 9.1 puntos, la de educación media en 11.7 puntos, en la educación superior hoy hay un millón más de jóvenes en las universidades que en 1998. La mortalidad infantil se redujo en 5 puntos; más de 13 millones de personas son beneficiarias directas de los programas sociales de alimentación; tres millones de hectáreas han sido distribuidas entre los campesinos. Treinta misiones sociales impulsan en los más diversos ámbitos sociales, culturales, ambientales, deportivos, científicos y económicos, una profunda transformación de un país herido por seculares carencias y desigualdades.

La nueva Constitución Bolivariana ha desarrollado y afirmado los derechos individuales y grupales, los derechos sociales y políticos. Los venezolanos y venezolanas tienen hoy un mejor y mayor acceso a la justicia, así como el reconocimiento de los intereses difusos y colectivos. Se han fortalecido las bases materiales del constitucionalismo y el ejercicio de la participación política como virtud cívica.

En el plano internacional Petrocaribe, el ALBA, el Banco del Sur, TELESUR, son hitos que marcan un claro derrotero integracionista y solidario del proyecto bolivariano.

No faltan los problemas y las contradicciones en la Revolución Bolivariana, tampoco los errores, pero el balance global es impresionante a favor del pueblo venezolano.

La campaña de odio seguramente no se detendrá, porque los amos del mundo no toleran que los pueblos sean dueños de su propio destino. Nunca aceptarán que Chávez gana elecciones, porque detrás hay una ciudadanía activa que lo apoya mayoritariamente por las políticas de bien común que su gobierno practica.

*Diputado del Partido Frente Amplio

Presentaron radionovela Pueblo de paso II

La presentación de la segunda temporada de la exitosa radionovela “Pueblo de paso II” se realizó entre música y la dramatización de un capítulo que provocó reacciones de impaciencia, entre los asistentes, por escuchar completa esta producción que el Centro de Comunicaciones Voces Nuestras realizó luego de dos años de la primera temporada en el 2006.

Voces, historias, dolor, alegrías, frustraciones y todas las vicisitudes que pasan miles de hermanos centroamericanos en busca de mejores oportunidades, en busca de una vida digna que no encuentran en sus propios países, de eso trata “Pueblo de paso”.

La primera producción de esta exitosa radionovela “se escuchó en la radios de varios países latinoamericanos e incluso en radioemisoras de habla hispana de los Estados Unidos, para un total de 181 radioemisoras, en donde se interesaron muchísimo por el tema y como era tratado en la producción, por ello decidimos aventurarnos en una segunda temporada tocando también historias de inmigrantes que ya en los Estados Unidos iniciaban la lucha por un empleo, un hogar”, comentó Seidy Salas Víquez, productora.

Tema de gran importancia

La inmigración centroamericana no es nueva,_ “las guerras, el hambre, la falta de empleo, ahora las Maras, son situaciones que vienen provocando una mayor inmigración entre los países centroamericanos y hacia Estados Unidos principalmente, es una problemática en la cual tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Organización de Naciones Unidas, ONU, como el Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED), se han interesado y gracias a su valioso aporte podemos presentar esta producción”_, agregó Salas Víquez.

Para Sandra Salazar Vindas, directora de Voces Nuestras, “el equipo de producción se esforzó muchísimo, realizó un gran trabajo por hacer llegar a los radioescuchas el complejo tema de las migraciones de una forma sencilla, más cercana a lo que realmente sucede y no como datos estadísticos o noticia. Han realizado una profunda investigación y el equipo de dramatización logra llegar con el mensaje a las personas”.

La producción empieza a distribuirse a principios del 2009 por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Los costarricenses podrán escuchar esta superproducción por varias radioemisoras, así como en radios en internet como Radio ANEP Ciudadana y Radio Dignidad entre otras.

La noche de presentación concluyó con los aportes artísticos del grupo de actores de la radionovela, además de la música de David Méndez, joven cantante costarricense no vidente que fue presentado por Yana Trujillo de la Red de Mujeres con discapacidad de Nicaragua.

Ideología por conveniencia

El libre comercio se puede definir como la venta de bienes y servicios entre países, sin impuestos (aranceles) o cualquier otra barrera que impida, dificulte o distorsione los precios a los que se intercambian los productos.

La premisa básica del libre comercio es que el mayor flujo de mercancías y servicios contribuyen a incrementar el crecimiento económico y el bienestar de la población. Hasta el momento no existe evidencia contundente de que eso sea cierto. Las investigaciones realizadas, dependiendo de la metodología, el periodo considerado y las diferencias entre los países seleccionados muestran resultados contradictorios, especialmente en cuanto a los efectos distributivos.

En todo caso, el libre comercio se ha convertido en uno de los temas más polémicos de los últimos años, asociado directamente con la apertura de las economías, la globalización y los acuerdos comerciales.

El proteccionismo, que constituye la antítesis del libre comercio, es considerado como uno de los grandes errores del pasado, y cualquier insinuación para establecer medidas que protejan a los productores nacionales frente a prácticas desleales, barreras no arancelarias y subsidios de otros países son calificadas como anacrónicas y perjudiciales. Se olvida que la naciones que ahora son desarrolladas aplicaron políticas proteccionistas y todavía lo hacen.

Esta promoción del libre comercio, más como ideología que como argumento concreto de una estrategia de desarrollo que pondere los beneficios y los costos de la apertura, que tome en cuenta la historia y la experiencia de otros países, que valore las condiciones de nuestra estructura productiva y que considere el impacto sobre los distintos sectores sociales, se ha venido imponiendo principalmente por la influencia de las grandes corporaciones que quieren eliminar impedimentos y obtener ventajas para apropiarse de los mercados locales.

Uno de los principales instrumentos para concretar la ideología del libre comercio han sido los tratados, que se adjudican ese nombre, aunque en verdad no son auténticos instrumentos para lograr el ideal del libre comercio, sino artilugios de comercio administrado donde se imponen condiciones que redundan en beneficio de las transnacionales y de reducidos pero poderosos grupos económicos nacionales que se convierten en sus aliados a cambio de una rebanada del pastel.

A pesar de lo señalado, respeto a quienes de manera honesta promueven el libre comercio y lo afirman como utopía deseable. Su defensa, sustentada en el derecho fundamental de toda persona a intercambiar libremente su propiedad con nacionales y extranjeros, es parte de una rica vertiente filosófica liberal.

Sin embargo, no tengo ningún respeto por aquellos que han acogido la ideología del libre comercio por conveniencia. Los he visto en la discusión del TLC con los Estados Unidos. Los sigo viendo detrás de organizaciones que movilizan mucho dinero en forma anónima para atacar a quienes presentan reparos a barbaridades asociadas con las leyes y reglamentos de implementación del CAFTA.

Pero ahora, cuando el Gobierno anuncia que Costa Rica negociará un TLC con China, con el mismo “dream team” de los anteriores, muchas de esas mismas personas levantan su voz para oponerse, porque consideran que les perjudicará. Posiblemente tienen razón, pero han quedado en evidencia. Su ideología no es la del libre comercio sino la de su propia conveniencia.

Reafirmamos lo que ya sabíamos.

02/12/2008

Sala IV suspende despidos en el IFAM

La Sala suspendió el acto administrativo (despido) mientras estudia el caso a profundidad y las autoridades de la entidad hacen llegar en un plazo de tres días toda la información relacionada con la reestructuración del IFAM y las razones que tuvo la junta directiva para cesarlos.

“Las autoridades institucionales no consultaron con los trabajadores afectados ni con sus organizaciones representativas el proyecto de reorganización aprobado de hecho mediante la aprobación del presupuesto de 2009, violentándose así lo preceptuado en el inciso f del artículo 3 de la Ley 7668, que es el marco para la transformación institucional. Se violentó el principio del debido proceso y el derecho de defensa”, reza el pronunciamiento de la Sala Cuarta.

En otro párrafo de la resolución, los magistrados de la Sala Constitucional señalan que “las autoridades del IFAM se apartaron del estudio técnico que aprobó una reestructuración y que no implicaba recorte alguno de personal, pero por el contrario, sin estudio técnico que lo sustentara, aprobaron una reorganización con despido del 50% del personal con la simple aprobación del presupuesto del próximo año, violentándose así el principio constitucional de estabilidad laboral para los empleados públicos”.

CONTRALORÍA PIDE ESTUDIOS

En tanto la Contraloría General de la República le solicitó al jerarca del IFAM, Fabio Molina Rojas, una solicitud de estudio administrativo, financiero y presupuestario que justifique la reducción forzosa de personal por insuficiencia de fondos.

La nota firmada por Giselle Segnini Hurtado, gerenta del Área de Servicios Municipales del órgano contralor, indica que_ “…el estudio financiero mencionado debe estar manifiestamente acreditado, señalando la Unidad o Departamento que lo elaboró y su idoneidad administrativa para realizarlo, los responsables, fecha de elaboración, un detalle amplio de los supuestos que motivan la reducción de personal especificando las razones técnicas, jurídicas y financieras por las que se propone aplicar el artículo 192 de la Constitución Política, y comprobar, la carencia futura de fondos suficientes, entre otras cosas; todo, en concordancia con lo que la misma Dirección Jurídica de ese Instituto manifestara al respecto en el oficio número DJ 374-08 del 25 de setiembre de 2008…”._

Fuente: Diario Extra
Gerardo Sáenz Valverde
gsaenz@ diarioextra.com

Sala IV favorece violencia contra las mujeres

Descarga el afiche de ARCHIVOS ADJUNTOS

En voto dividido, cuatro de los siete Magistrados y Magistradas de la
Sala IV – Luis Paulino Mora, Ernesto Jinesta, Gilbert Armijo y Rosa
Abdelnour – declararon inconstitucionales los dos tipos penales de la
Ley de Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres más
utilizados: el maltrato físico y la violencia emocional.

Estos son los delitos más usados de esta ley pues son los que
sancionan, por un lado, la agresión cotidiana que no produce lesiones
incapacitantes y, por el otro, el maltrato verbal, el insulto y las
ofensas sistemáticas que viven cada día de miles de mujeres en el
país.

La ciudadanía debe recordar que esta ley se discutió por más de 7
años y que en ese lapso fue a consulta a la Sala IV en tres ocasiones.
En este largo camino de las mujeres por la justicia, todos y cada uno
de los delitos fue ampliamente analizado, revisado y reformado según
indicaciones de esta misma Sala.

Por eso causa indignación que cuatro magistrados se tomen la
atribución de declarar inconstitucionales delitos que resoluciones
previas de la propia sala y de algunos de los propios magistrados
votantes, habían ya declarado constitucionales. Esta falta de
coherencia de la Sala IV crea un clima de inseguridad jurídica para las
mujeres y de impunidad para los agresores.

Esta posición de la Sala IV es contraria a las acciones y actitudes de
otros sectores del propio Poder Judicial y del Estado costarricense que
realizan un conciente esfuerzo por garantizar protección a las
mujeres maltratadas y facilitar su acceso a la justicia. También viola
múltiples convenios y tratados internacionales de derechos humanos
de las mujeres ratificados por Costa Rica e implica un injustificado
retroceso de la nación anteriormente reconocida por su liderazgo
latinoamericano en esta materia.

POR TODO LO ANTERIOR LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES
ACORDAMOS:

1) Repudiar y denunciar a la Sala IV – en las personas de los
Magistrados Mora, Armijo, Jinesta y la Magistrada Abdelnour – ante la
comunidad nacional e internacional por este acto regresivo y
violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres.
2) Exigir a la Sala IV la revisión y declaratoria de nulidad de esta
resolución (Voto N. 15447-08) para la restitución de los tipos penales
cuestionados al cuerpo de la Ley de Penalización de la Violencia
contra las Mujeres.
3) Exigir que al menos el 40% del presupuesto extraordinario que
fuera girado al Poder Judicial para enfrentar la aplicación de la Ley de
Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres sea destinado a
la creación de un servicio de defensa y acompañamiento legal
gratuito de mujeres víctimas de violencia.

Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones civiles, sindicales, universitarias, de defensa de los derechos humanos, comunitarias, partidos políticos e institucionalidad pública….a manifestar su repudio frente a las actuaciones de la Sala IV

25 de Noviembre

DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NO VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS MUJERES
PARQUE CENTRAL – 12,30 DE LA TARDE

Publicado aquí originalmente el 16 de noviembre 2008
__________________________________________________________

Historia del Día Contra la Violencia hacia las Mujeres

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el reconocimiento del 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

La propuesta fue realizada por República Dominicana con el apoyo de 60 países más, luego del asesinato de las tres hermanas Mirabal.

Las activistas políticas dominicanas fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre de 1960.

En 1981 durante la celebración en Bogotá, Colombia, del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se resolvió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Allí se definió el flagelo como_ “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”_.

Ese año, la Asamblea también reconoció que eran necesarios “una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer”.

Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

(PÚLSAR/Wikipedia)

Indígenas contra Ley Antiautonomía

La principal causa del por qué 19 comunidades indígenas rechazan este proyecto es porque no nace desde las necesidades de los mismos indígenas, si no que es creado en un escritorio de una oficina en San José, en un contubernio entre la Mesa Nacional Indígena, que no representa a nadie, y el partido Liberación Nacional.

Representantes de las comunidades de Guatuso, Zapatón, Quitirrisí, Frontera Sur, Buenos Aires y Talamanca, entre otras, ejercerán presión para que dicho proyecto se detenga en su trámite legislativo. Miembros de CONAI estuvieron en la ANEP para hacer de conocimiento público esta movilización en pro de la verdadera Autonomía Indígena, no una “_que mantiene la injerencia de la Contraloría, habla de la Legislación Penal Común, se distribuyen los recursos a la libre y en cuanto a la propiedad de la tierra tiene grandes huecos_”, dijo Odir Blanco Cruz, representante indígena.

Las agrupaciones indígenas se mantendrán frente a la Asamblea Legislativa por toda la mañana y parte de la tarde de este martes 25 de noviembre.

Contraloría condena al AyA por caso del acueducto en Sardinal

Lea el informe de la CGR completo de ARCHIVOS ADJUNTOS

Martes 25 de Noviembre de 2008 05:35 El Pregon.org

En el informe del 12 de noviembre del presente año, la Contraloría General de la República comunica los resultados de una investigación llevada a cabo en Acueductos y Alcantarillados, con respecto a los proyectos de los acueductos Sardinal y Coco-Ocotal.

El documento revela los resultados de tal estudio, las conclusiones del mismo y las disposiciones obligatorias que deben cumplir las instituciones del estado que intervinieron el el desarrollo de estos proyectos.

Citamos a continuación dichas conclusiones y disposiciones, las cuales puede consultar también en el informe completo, adjunto a este artículo.
Conclusiones

Se autorizó el desarrollo del proyecto de ampliación del acueducto de El Coco-Ocotal al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, mediante la formalización de una carta de entendimiento, sin que se estableciera el marco legal suficiente y las especificaciones técnicas y otros requisitos importantes que deben quedar debidamente regulados, para efectos de que el Instituto pueda ejercer sus poderes de tutela y fiscalización, y garantizar el servicio público de suministro de agua en condiciones óptimas de calidad y eficiencia.

La Junta Directiva del AyA aceptó como garantía de las obras de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, un contrato de fideicomiso que no conoció, lo cual no le permitió darse cuenta que en el clausulado de dicho contrato, se establecían obligaciones para la Institución como Fideicomisario Principal, que rozan con el ordenamiento jurídico, por conceder el fideicomiso ventaja a los desarrolladores en detrimento de los demás pobladores de la zona.

Se autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal, que realmente evidenciaran que existía agua suficiente para satisfacer los 5.000 servicios requeridos por los desarrolladores, así como la demanda futura para el resto de la población de la zona. Producto de los estudios realizados por acuerdo de la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, se establece que es factible la explotación del acuífero Sardinal por etapas, conforme el incremento real de la demanda, con una explotación de 70 litros por segundo hasta el 2010 y luego basados en los resultados del proceso de monitoreo la extracción de 105 litros por segundo. No obstante, en el “Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal”, elaborado por SENARA.1, se señala que debe evaluarse el efecto de la extracción de los cuatros pozos para el proyecto Sardinal, dado que se encuentran ubicados aguas abajo de la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, la cual, según se indicó, posiblemente se encuentra en un estado de sobreexplotación. Dicho estudio fue conocido por la mencionada Comisión y ésta no se refirió a la aludida microcuenca.

El AyA no ejerció adecuadamente su deber de fiscalizar que los desarrolladores del proyecto del acueducto El Coco-Ocotal, cumplieran con todos los trámites de ley en cuanto a la aprobación de planos, licencia municipal y el pago de 1% del impuesto de construcción de las obras de este proyecto; por el contrario, en forma indebida gestionó ante la Municipalidad de Carrillo permisos para algunas de las obras, evitando de esta manera que el ente municipal percibiera los impuestos que por ley le corresponden.

El A y A no ejerció todos sus poderes de tutela y fiscalización para que los tanques de almacenamiento del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, se construyeran de acuerdo con los requerimientos técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema, no obstante que disponía de estudios en los que se señaló: que con la capacidad del tanque de 2.500 m3 no es posible abastecer la zona de Ocotal; que en inmueble donde se hizo el levantamiento de éste ya no hay espacio para construir otro igual2; que las condiciones hidráulicas del modelo y el uso de válvulas de regulación de presión no permiten modificar el sistema para funcionar con un solo tanque; que se estaría con un déficit de almacenamiento.

El AyA permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal sin contar con la viabilidad ambiental, en violación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley No. 7554 y lo establecido por las partes en las cláusulas segunda y tercera de la carta de entendimiento. Además, asumió obligaciones que legalmente le corresponden a los desarrolladores de este proyecto, como el cumplir con todos los compromisos ambientales de ley y comprometió a la Hacienda Pública al asumir la responsabilidad directa de los daños ambientales que eventualmente ocasionen dichos desarrolladores producto de la ejecución de las obras del proyecto.

Desaplicando diversos acuerdos tomados por la Junta Directiva del AyA3 y lo estipulado por las partes en la carta de entendimiento, mediante actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico, se emitieron 49 cartas de disponibilidad de agua y 22 certificaciones mediante las cuales también se garantiza la disponibilidad de agua, comprometiéndose el suministro de agua por un total de 4.127 servicios (cifra que deberá revisar el AyA con base en el correspondiente inventario). Asimismo, utilizando dichos documentos se tramitó la licencia para 22 proyectos (condominios, villas, apartamentos y centros comerciales), de los cuales en la mayoría de los casos el AyA concedió nuevas previstas de agua para que edificaran las obras e incluso para que las pusieran en operación.

El AyA sin cumplir el “Principio de programación” consignado en el artículo 5 inciso e) de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, procedió a ejecutar en el año 2008 el proyecto “Mejoras al Acueducto de Sardinal”, sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin.

Es criterio de este órgano contralor, que de continuarse con la construcción de las obras del proyecto, el AyA deberá tener presente de previo a la recepción de cualquiera de esas obras, que se realicen los estudios técnicos y demás labores necesarias a efecto de determinar con precisión científica la disponibilidad real de servicios de agua que se pueden brindar a los desarrolladores, sin descuidar la población vegetativa, tomando como referencia el volumen de almacenamiento de los tanques edificados, así como que el compromiso adquirido por el Instituto mediante la carta de entendimiento fue otorgar 5000 servicios siempre y cuando existiera la disponibilidad correspondiente, que se recomendó la explotación futura del acuífero por un período de dos años con un caudal de 70 l/s, que los servicios restantes por brindar serían 2979 y que la Institución ya comprometió el suministro de agua por un total de 4.127 servicios.

Disposiciones

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello.

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA

  • a)* Tomar las decisiones inmediatas para que en lo sucesivo en todo proyecto de acueducto que se pretenda ejecutar con particulares al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, se formalice un documento que contenga el marco legal suficiente y las especificaciones técnicas que la administración considere pertinentes, a efecto de que el Instituto se garantice que las obras se ejecuten con estricto apego a la normativa jurídica vigente y que reúnan los requisitos necesarios para brindar un servicio público eficiente. Ver punto No. 2.1 de este informe.
  • b)* Proceder a partir de la fecha en que se remita a esa Junta el inventario indicado en la disposición 4.2. c) de este informe de conformidad con la recomendación consignada en el criterio Jurídico No. DJ-2007-992 del 8 de marzo del 2007, punto IX, inciso 2., relativo a la instauración del procedimiento para declarar la nulidad de las cartas de disponibilidad de agua emitidas en la Regional, Chorotega. Asimismo, dicho criterio debe aplicarse en cuanto a las certificaciones de compromiso conferidas por el Ex Gerente General de ese entonces, y se deberá comunicar a las entidades competentes lo resuelto al respecto, con el objeto de que dichos documentos no sean utilizados para el trámite de permisos de construcción. Informar en el plazo de un mes lo resuelto a esta Contraloría General, una vez que dispongan del referido inventario. (Ver punto 2.7. de este informe).
  • c)* Comunicar a esta Contraloría General, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la sesión en que la Junta Directiva conozca el presente informe, los acuerdos tomados por ese órgano colegiado para el debido cumplimiento de las disposiciones giradas.

A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AYA

  • a)* Elaborar y presentar a la aprobación de la Junta Directiva, un plan con las acciones, prioridades, plazos, responsables y resultados esperados, con el fin de que se cumplan las decisiones tomadas por la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, así como con las recomendaciones del informe final que al efecto rinda la mencionada Comisión, las cuales deberán ser coordinadas con el MINAET, SENARA y demás entidades que correspondan. Ese plan debe ser objeto de seguimiento semestral por parte de esa Presidencia Ejecutiva. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de 4 meses (Ver punto 2.3. de este informe).
  • b)* Elaborar y presentar a la aprobación de la Junta Directiva, un plan con las acciones, prioridades, plazos, responsables y resultados esperados, con el objeto de que se realicen los estudios técnicos y demás labores que sean necesarias, para que el AyA pueda determinar con precisión científica la disponibilidad real de servicios de agua que se pueden brindar a los usuarios de la zona, en igualdad de condiciones. A tales efectos, se deberá considerar lo señalado en los puntos Nos. 2.3, 2.5 y 2.7. de este informe. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de 4 meses.
  • c)* Disponer de inmediato la elaboración de un inventario completo de las cartas de disponibilidad de agua y certificaciones de compromiso emitidas en la zona del acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, y de las edificaciones construidas o en proceso, ejecutadas al amparo de éstas, durante el período comprendido entre el mes de enero de 2006 a la fecha de recibo de este informe. Dicho inventario con la documentación soporte correspondiente, deberá ser remitido al Área de Seguimiento de Disposiciones de este órgano contralor para efectos de las verificaciones pertinentes. Lo anterior para la adecuada toma de decisiones por parte del AyA al otorgar nuevos servicios de agua y que permita, asimismo, el cumplimiento a lo dispuesto en la disposición 4.1. b) anterior. Ver punto 2.7. de este informe.
  • d)* Girar las instrucciones pertinentes, con el fin de que dentro del proceso de liquidación que el artículo 38 obliga a realizar al A y A, no se incluya la donación que efectúen los desarrolladores del proyecto del Acueducto de Playas del Coco, para el proyecto “Mejoras al Acueducto de Sardinal”. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de un mes. Ver punto No. 2.8. de este informe.

AL MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MINAET)

  • a)* Coordinar con el AyA y el SENARA para que se cumplan todas las recomendaciones que se adopten en el informe final de la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, el cual deberá contemplar un Plan de monitoreo de explotación, comportamiento y extracción controlada del acuífero Sardinal, tendiente a la protección del recurso hídrico. Para tal propósito, deberá aportarse a este órgano contralor, en el plazo de 3 meses posteriores a la emisión del informe final de la citada Comisión, las medidas tomadas al respecto para el cumplimiento de esta disposición. Ver punto 2.3 de este informe.

AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO

  • a)* Tomar las medidas que correspondan para que los Fideicomisarios del Fideicomiso Acueducto Playas del Coco se pongan a derecho con la licencia municipal y el pago del impuesto de construcciones y la multa de ley cuando proceda, de todas las obras del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal. Para tales efectos, deberá establecer y comunicar a este órgano contralor, en un plazo de 30 días hábiles, las acciones tomadas sobre este asunto. Ver punto 2.4. de este informe.

A LA AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MINAET)

  • a)* Incluir dentro de su plan de trabajo del año 2009, con la prioridad pertinente, un estudio sobre los hechos descritos en el punto 2.6. de este informe, referente a la viabilidad ambiental otorgada para el proyecto de acueducto El Coco-Ocotal; ello con el propósito de que se determine si el procedimiento utilizado para el otorgamiento de esa viabilidad se encuentra ajustado conforme al ordenamiento jurídico. De llegar a determinarse que existieron irregularidades o incumplimientos a la normativa vigente, señalar si procede las eventuales responsabilidades, así como informar lo que corresponda al órgano competente. Informar a este órgano contralor, a más tardar el 31 de enero de 2009, sobre la inclusión del estudio en dicho plan y posteriormente sobre los resultados del estudio.

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas.

En caso de que se incumpla con las disposiciones en forma injustificada dentro del tiempo dado para tal efecto, se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad.

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos establecidos, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

Contra el contenido del citado informe cabe la posibilidad de interponer los recursos ordinarios de revocatoria o de apelación, cuya interposición deberá hacerse en los plazos previstos en el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública.

Fuente: El Pregón
Nov 25 | elpregon.org.