Categoría: Incidencia

Señor
MSc. Rafael Gutiérrez Rojas
Director
Area de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC)
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba su digna autoridad, en primer término, un atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Queremos unirnos por esta vía a la sensible y válida preocupación que expresa la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio del Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación (SITRAMINAE); en torno a lo que estaría ocurriendo con la Isla de San Lucas, al contravenirse un mandato constitucional en cuanto a que su administración y manejo corresponde al MINAE y no a la Municipalidad de Puntarenas; entidad ésta que habría tomado posesión del área protegida de dicha isla.

Al igual que lo hacen los compañeros de SITRAMINAE, la ANEP desea obtener una copia del expediente respectivo, para proceder según lo consideremos conveniente; petición ésta que, siempre en un marco de respeto, se la formulamos al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Licda. Ana Lorena Brenes E., Procuradora General de la República.
c.:Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.:Sres. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
c.:Junta Directiva SITRAMINAE.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
c.:Archivo.

Licenciado
Randall Quirós Bustamante
Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Licenciado
Paúl Zúñiga Hernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

Estimados señores:

Por este medio, nos dirijimos a sus autoridades, para referirnos una vez más, al Proceso de Modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Desde que conocimos la primera versión de los contratos suscritos con las empresas concesionarias, hicimos la observación de que los mismos, contenían una serie de irregularidades e ilegalidades que podrían subsanarse, solo anulando el proceso y volviendo a la etapa licitatoria. Sin embargo, la administración ha insistido en un proceso que a todas luces, es contrario al ordenamiento jurídico costarricense y al interés nacional.

No solo nuestra organización ha advertido respecto a este asunto, sino que, la propia Contraloría General de la República, al denegar el refrendo a los contratos en dos ocasiones, así lo ha expuesto. También, lo ha hecho la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Diputada Joyce Zürcher Blen, quien presentó ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, un informe revelador de las ilegalidades del proceso, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Ciudadana, el diputado independiente José Miguel Corrales Bolaños y el Diputado Humberto Arce Salas del Bloque Patriótico, quienes también han cuestionado este vergonzoso proceso de concesión.

Es importante mencionar que precisamente, está pendiente de discusión en la comisión especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, el tema de la modernización del INCOP, a efectos de que la misma, remita una recomendación al plenario legislativo, para que esta instancia realice el control político correspondiente, para evitar que no se repitan los lamentables episodios de los contratos de ALTERRA Y RITEVE.

A continuación, exponemos los puntos que según los análisis realizados por las instancias y personas arriba citadas, impedirían que la Contraloría General de la República, le otorgue el visto bueno a los contratos.

Aprovechamos para solicitar de manera respetuosa, que se desestime este adefesio jurídico y se piense en un verdadero proceso de modernización portuaria y administrativa del INCOP, ajustado a derecho y con amplia participación de los sectores involucrados, que implique un beneficio para todas las partes.

Los aspectos de fondo que según los análisis son insubsanables son los siguientes:

PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL GRANELERA:

a) Cartel:

1. La Ley de Concesión de Obra Pública establece que, deberá ser la Secretaria Técnica del Concejo Nacional de Concesiones, quien elabore los carteles. En este caso, los carteles los elaboró una consultoría, sustituyendo a la instancia competente en sus atribuciones y obligaciones.

2. Según la Ley de Concesión de Obra Pública, se debió aprobar primero los estudios de factibilidad y luego los carteles. En este caso, la aprobación de ambos documentos se realizó en el mismo acto.

3. La aprobación del cartel se dio el 14 de febrero de 2001 y la consulta tarifaria que la ley y su reglamento ordenan hacer de previo a la elaboración del cartel, fue recibida en ARESEP el 19 de febrero.

4. El cartel otorga al concesionario un permiso para explotar, desde el inicio de la concesión hasta el momento en que se termine la construcción de la Terminal

Granelera, el servicio en el puesto #1 existente en Puerto Caldera, con tarifas aprobadas por ARESEP para la explotación del servicio en la obra nueva. Esta cláusula tiene varias ilegalidades a saber: infringe las competencias de fijación de tarifas de ARESEP y la Ley de Concesión de Obra Pública (LGOP) que rige el contrato, prohíbe que por esa ley se otorgue una concesión sobre las obras existentes.

La disposición anterior contraría frontalmente lo establecido en el artículo 2.3 de la LGOP, ya que no existe ningún fundamento jurídico para la misma, por lo que se trata de una disposición que por ilegal, es nula de pleno derecho y pone en entredicho la validez misma del cartel y por tanto, de todas las fases del proceso licitatorio.

La inclusión de esta cláusula constituye un fraude de ley, conducta tipificada en el artículo 20 del Código Civil y 5 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.

Al respecto, dice el informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, lo siguiente: “La violación de la ley, que además por ser una ley especial la LGOP priva sobre cualquier otra, es tan palmaria que difícilmente cabe que el concesionario se excuse de su responsabilidad. Y no digamos la Administración y los funcionarios que intervinieron en este proceso. (…) Y además, tan presente se tenía ese choque del texto del cartel con el texto de la ley, que desde el momento mismo en que la ARESEP lo advierte al CNC, es tema principal que se refleja en los estudios, documentación, observaciones, etc., que constan en el expediente administrativo” (P.84-85)

5. El cartel no incorporó indicaciones vinculantes realizadas por la ARESEP respecto de la necesidad de establecer el mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Ello implica un desconocimiento de competencias de ARESEP.

6. Se publicó el cartel sin la aprobación por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de los estudios de evaluación de impacto ambiental, cuestión que según la Ley Orgánica del Medio Ambiente, debe hacerse previo a la realización del procedimiento licitatorio, dado que el fin es determinar las consecuencias y daños al medio ambiente que podrían producir las actividades contratadas.
b) Contrato:

1. Modifica sustancialmente las condiciones del cartel, lo cual violenta los principios constitucionales de contratación administrativa.

2. Establece un cambio de sitio de la obra por construir, que no corresponde ni a lo dicho en el cartel, ni en la oferta, ni en la oferta alternativa. Ello que implica un nuevo proyecto que no cuenta con las debidas autorizaciones de la ARESEP y la SETENA, mismas que no pueden darse hoy si no se dieron en su momento.

3. La cláusula que contempla lo relativo al permiso de uso para la explotación del servicio de las obras existentes en Puerto Caldera, amplía el objeto sobre el que recaería tal permiso.

4.En el contrato no se incorporaron las indicaciones hechas por la ARESEP sobre el cartel respecto a la necesidad de establecer un mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Esto no sería posible hacerlo una vez expirado el plazo para las modificaciones del cartel, que es anterior a la recepción de las ofertas.

5. En las disposiciones contractuales se establece que no se realizará una evaluación de impacto ambiental, sino que el órgano competente, brindará una mera autorización denominada viabilidad ambiental, que no cumple con las condiciones técnicas y jurídicas de una verdadera evaluación de impacto ambiental del proyecto a realizarse. Esta autorización se realizará posterior a que se le confiera el refrendo contralor al contrato; situación que además de ser contraria a la Ley Orgánica del Ambiente, implicaría el riesgo de que se produzcan daños irreparables a los ecosistemas del lugar y por tanto a la calidad de vida de las comunidades aledañas.
PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL CALDERA:

a) Cartel:

1. Se utiliza como marco jurídico los artículos 74 y 74 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, estos artículos no cumplen con los requerimientos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ser considerada una ley marco.

2. Se pretende utilizar tarifas calculadas con base en la estructura de costos y operación del INCOP. La materia tarifaria es indisponible para las partes y la cláusula es ilegal porque lesiona las potestades de la ARESEP.
b) Contrato:

1. Respecto a las lesiones a las competencias de la ARESEP en los contratos de Terminal Granelera y Caldera, tanto la Contraloría General de la República, como la ARESEP misma, han señalado que esas lesiones no se han originado en los contratos sino en los carteles; de manera que no podrían ser subsanados por la vía contractual.

2. El informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos del Estado, establece en su página 29 lo siguiente: “En el contrato de Terminal Granelera, como la LGOP otorga competencias a la ARESEP para intervenir al momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en el momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en su momento, hoy la ARESEP, luego de la suscripción del contrato, no tiene competencia para introducir modificaciones de la estructura tarifaria, modelos de ajuste de tarifa y parámetros de servicio. Mucho menos si la pretendida intervención (ilegal) de la ARESEP se hiciera con el fin de adecuar esas tarifas parámetros porque las partes en el contrato han hecho una modificación sustancial del marco cartelario como lo es el cambio de sitio de la obra dada en concesión”.

Además, si en la actual fase de cualquiera de estos proceso licitatorios, posterior a la recepción de las ofertas, la ARESEP intentara, a instancia de la administración y los adjudicatarios, subsanar errores y desaciertos de la administración misma y de los adjudicatarios, lesionaría los principios constitucionales de contratación administrativa y, por tanto, los derechos subjetivos e intereses legítimos de oferentes perdidosos y numerosos potenciales oferentes. (página 29 del citado informe legislativo)

Como resulta evidente, las irregularidades contenidas en el proceso licitatorio generan tres tipos de perjuicios:

– Ambientales: las violaciones a la Ley Orgánica del Ambiente en cuanto a evaluación de impacto ambiental, podrían generar no solo perjuicios ambientales, sino que pondría en peligro la biodiversidad del Golfo de Nicoya, con la consecuente desmejora en la calidad de vida de los habitantes de zonas aledañas.

– Económicos: el proceso licitatorio ha sido bastante oneroso para la administración pública, puesto que se han desembolsado gran cantidad de millones de colones en consultorías que no han logrado que el mismo se ajuste a derecho y tenga éxito. Por otra parte, las condiciones que allí se estipulan, conceden grandes ventajas a los concesionarios, que resultan leoninas, onerosas y perjudiciales al interés nacional; y por otra parte, al incrementarse los costos de operación para los operadores del puerto, esos costos se trasladarán al bolsillo de los consumidores.

– Incerteza Jurídica: la desaplicación de los institutos jurídicos relacionados con la contratación administrativa, nos desautoriza y desacredita ante la comunidad nacional e internacional, puesto que la aplicación viciada de la normativa jurídica que informa la contratación administrativa, crea incerteza jurídica para los inversores nacionales e internacionales, causando gran daño a la credibilidad del país.

De conformidad con lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa, que la administración que ustedes dirigen, se apegue al ordenamiento jurídico, deseche el proceso de concesión tal y como ha sido planteado y no insista en mantener un proceso ilegal que de culminarse, constituiría una vergüenza para nuestro régimen de derecho, por cuanto tal y como ha sido planteado, podría conllevar hasta responsabilidades de tipo penal.

Sin más por el momento, nos suscribimos, atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Señoras Diputadas y Señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.:Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.:Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República.
c.:Licda. Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General de los Servicios Públicos (ARESEP)
c.:Señoras y señores Junta Directiva, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
c.:Junta Directiva Nacional ANEP
c.:Archivo.

MSc. Ingeniero
Rafael Villalta Fernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

MBA.
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Asunto: Solicitud respetuosa para que en su condición de jerarcas, se pronuncien con respecto al reconocimiento de los ajustes a las bases salariales de las trabajadoras y de los trabajadores de esta estratégica institución.

Estimados señores:

Con el respeto de siempre, reciban ustedes nuestra mayor consideración.

Nos parece sumamente necesario que se haga referencia a la situación antes indicada, por cuanto se le ha dicho y asegurado a los trabajadores y a las trabajadoras de esta institución que dicho reconocimiento (ajuste técnico a las bases salariales ), se hará efectivo el próximo 30 de septiembre del año en curso.

Tal afirmación, con toda razón, ha creado una gran expectativa entre toda la población laboral, mucha de la cual ha manifestado haber solicitado créditos y compromisos para ser cancelados con dichos recursos.

Por tal razón, les solicitamos a sus honorables autoridades, con el debido respeto, conforme a nuestro marco jurídico constitucional, se nos brinde la siguiente información:

A) Si ya la institución presupuestó dichos recursos.

B) Si la Honorable Junta Directiva de la Institución ya tomó el acuerdo de reconocimiento respectivo.

C) Si dicho presupuesto ya fue enviado para conocimiento y aprobación de la Autoridad Presupuestaria.

D) Si ya la Autoridad Presupuestaria aprobó o refrendó dicha modificación presupuestaria y de ser así, indicarnos si dicha modificación ya está en conocimiento de la Contraloría General de la República para su aprobación y refrendo.

E) De haberse cumplido con estos trámites, es necesario establecer, con toda propiedad y certeza, en qué fecha la institución estará ejecutando dicho pago.

Por otra parte, es necesario indicarles a ustedes en condición de máximas autoridades institucionales, que a los trabajadores y a las trabajadoras se les ha indicado que dicha modificación presupuestaria, no necesita de los trámites aquí expuestos; aspecto que según nuestro criterio político y jurídico, el acatamiento de dichos tramites es de carácter obligatorio para el A y A. No obstante, mucho nos gustaría conocer la posición institucional sobre el particular.

Así las cosas nos encontramos con dos expectativas que mantiene el colectivo laboral. Una que dicho reconocimiento se pagará el 30 de setiembre y la otra que no se necesita del respectivo envío a la Autoridad Presupuestaria; ambas presunciones alimentadas por el silencio que guarda la administración sobre el particular, lo que fortalece la expectativa de que el 30 de setiembre se honre lo prometido; expectativa que la ANEP considera más que justa y necesaria de ser respaldada por esta organización.

Por tanto, esperamos que tanto la administración como quienes han creado la expectativa de pago, cumplan con lo que le han manifestado a los trabajadores y a las trabajadoras, pues de no se así, nuestra representada, estará junto a las y los trabajadores, definiendo las acciones políticas y sindicales que consideremos oportunas en el contexto coyuntural del momento.

Finalmente les indicamos que la posición de nuestra organización sindical es que dichos ajustes han de ser reconocidos a todas y todos los trabajadores, sean estos, técnicos operativos o profesionales; puesto que los pluses no son un componente de las bases salariales, demostrándose que en el caso de los profesionales, sus bases salariales se mantiene por debajo del mínimo de ley.

Así las cosas, respetuosamente, ustedes señores jerarcas, tienen la palabra.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ricardo López Villalobos
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-AyA-Paseo de los Estudiantesl

Alejandro Sáenz Jiménez
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-A y A-Limón

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

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c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Juntas Directivas Seccionales ANEP-A y A.
c.:Trabajadores y trabajadoras de A y A.
c.:Archivo.

Doctora
María del Rocío Sáenz Madrigal
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Con el respeto de siempre, nos permitimos saludarle y a la vez desearle éxitos en su función.

Funcionarios a su digno cargo de las diferentes regiones del Ministerio de Salud, nos han solicitado interceder ante su estimable autoridad, para buscar alivio al problema del dengue que azota a nuestro país.

Según nuestros informantes, en el Ministerio de Salud hace falta “veneno” o “químico” para desarrollar una fumigación permanente, como la que aseguran los conocedores; se requiere para atacar el zancudo adulto en las zonas de mayor riesgo y presencia del insecto.

Sabemos que la fumigación por sí sola, no producirá el efecto deseado para combatir el mal. No obstante, esa tarea debe ser un elemento de fundamental importancia para complementar las acciones que, de manera conjunta, deben ejecutar las instituciones del Estado y el pueblo en general.

Nos preocupa sobremanera que los informes relacionados con la carencia del químico para la fumigación sean una realidad. Esto por cuanto el atraso administrativo para conseguir la cantidad necesaria para la fumigación y la reserva que asegure la existencia sin dilación, podría ser un lapso fatal para las poblaciones más afectadas.

Estimada señora Ministra: Con el respeto que nos merece, le solicitamos una vez más nos informe con la transparencia que le ha caracterizado, si en realidad los funcionarios informantes tienen razón en sus apreciaciones; si la carencia del químico u otros elementos propios para la fumigación, tienen que ver con el recorte del presupuesto que se ha hecho al ministerio; o qué razones inciden para ejecutar una fumigación más eficiente.

Una vez más, nos ponemos a sus gratas órdenes, para colaborar en defensa de la institución a su digno cargo.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Licda. Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Salud.
c.:Medios de Comunicación.
c.:Archivo.

Estimados compañeros:
Estimadas compañeras:

Reciban el saludo cordial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El pasado mes de julio, los trabajadores de la Municipalidad de Tibás, ante la inoperancia de la administración y la crisis económica que se vive en esa institución, así como la no apertura al diálogo para buscar una solución a los múltiples problemas que les aqueja, se lanzaron a las calles en defensa de sus derechos laborales, tales como reajuste salarial del primer semestre del año, parte del salario escolar, mejores condiciones laborales y la garantía de recibir los salarios a partir del 15 de noviembre de 2005, así como su aguinaldo.

Por supuesto que la prepotencia que caracteriza al Alcalde de ese Municipio, no se hizo esperar y retuvo el salario de los funcionarios en huelga por espacio de dos semanas.

Fue por ese motivo que esta organización, conocedora de la solidaridad que caracteriza a los directivos y a las directivas de UNDECA, acudimos en busca de apoyo económico para que estos dignos trabajadores pudieran atender, al menos, las necesidades básicas de sus familias.

Hoy nos encontramos ante una posible solución a las demandas de los trabajadores, y esto se ha logrado gracias a la valentía de quienes sí saben defender sus derechos y quienes, en momentos de angustia, encontraron la mano amiga de compañeros y compañeras como ustedes, que de manera inmediata atendieron nuestro llamado.

En nombre de los trabajadores y de la trabajadora de la Municipalidad de Tibás, que participaron en dicho movimiento, MUCHAS GRACIAS.

Fraternalmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.
c.:Archivo.

Estimada señora:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a través de este servidor suyo, le hace llegar la más calurosa felicitación por la designación que la Asamblea Legislativa ha realizado en su persona, nombrándola Defensora de los Habitantes de la República; un honroso cargo de gran prestigio dentro de la institucionalidad costarricense y que genera muchas expectativas dentro de la ciudadanía, en cuanto a la protección de los derechos políticos, sociales y económicos que son en corresponderle.

Como seguramente tiene usted la suficiente certeza, su llegada a la Defensoría de los Habitantes de la República se da en uno de los momentos más delicados de la historia nacional, cuando la paz social está en serio peligro por una serie de circunstancias bien sabidas por todos y por todas.

Confiados en la brillante carrera profesional y social que usted atesora y sabedores de su gran sensibilidad para entender los sufrimientos, las desesperanzas y las angustias ajenas; en ANEP anhelamos que podamos tener la mejor comunicación, que podamos sentir más que refrendada la gran apertura que nos han brindado las gestiones anteriores de esa honorable entidad; y que con su llegada, la sociedad civil organizada y los sectores sociales que dentro de ella se mueven, puedan sentir un respaldo todavía más sólido a sus denuncias, pesares y propuestas.

Nuevamente, señora Defensora, felicitaciones y mucho éxito. Nos ponemos a sus órdenes.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Estimado compañero:

Con la mayor sinceridad, la más transparente fraternidad y el más honesto respeto, dejamos constancia por este medio del regocijo que nos embarga, por su designación al más alto y honroso cargo de dirección de esa importante agrupación, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE); tal y como nos hemos enterado por informaciones periodísticas, a propósito de la elección dada con ocasión del 50 Congreso de dicha institución social, pilar del Magisterio Nacional.

Como conocedores de su larga trayectoria social, limpia y comprometida, a lo largo de muchos años, no podemos sino alegrarnos de tan importante suceso; de la misma forma que felicitamos a los compañeros y a las compañeras que junto a su persona, habrán de guiar a APSE en los próximos dos años.

Anhelamos que en esta nueva fase de la historia de APSE y en función de la delicadísima coyuntura sociopolítica y económica que atraviesa nuestra Patria, especialmente para su segmento trabajador de la población asalariada; APSE y ANEP puedan avanzar hacia relaciones de cooperación mucho más estrechas, pues a pesar de la diversidad de enfoques que tenemos y que conocemos en ambas entidades, el espacio de confluencia es mucho mayor de lo que imaginamos.

Sin duda alguna que, en lo inmediato, esperamos que se refuerce el trabajo valioso que nos tiene juntos en el Movimiento Cívico Nacional, espacio de lucha social que APSE valora tanto como ANEP; sin hablar de las posibilidades que pudieran concretarse para un debate de ideas que, sin duda alguna, habrán de enriquecer a estas dos agrupaciones y, por ende, a fortalecer la lucha social en nuestra querida Patria, junto a otros actores no menos importantes, dentro del mismo movimiento mencionado y fuera de él.

Nuevamente, calurosas felicitaciones, un abrazo fraterno y el mayor de nuestro respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimada señora Ministra y estimada señora Viceministra:

Con todo respeto, les hacemos llegar el más atento saludo de nuestra parte.

Por este medio estamos planteando a sus dignas autoridades una modificación al Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Justicia y Gracia, en su Artículo 61, “De las vacaciones psicoprofilácticas”; con la finalidad de resolver, de manera definitiva, la larga controversia y los persistentes desajustes horarios, cuando se trata de aplicar dichas vacaciones al personal de la Policía Penitenciaria que presta sus servicios bajo la modalidad laboral de “8 × 8”; situación ésta que genera mucha tensión, provoca en no pocos casos tener personal intramuros subutilizado y causa erogaciones económicas adicionales por desplazamientos de un solo día cuando el oficial respectivo se reincorpora a sus labores, luego del disfrute de tal beneficio.

Los análisis efectuados nos indican que la cantidad de trece días hábiles de vacaciones psicoprofilácticas, en el caso del personal de la Policía Penitenciaria, debe aumentarse en un día para que sean 14; con ello, radicalmente, se supera la citada controversia y se generará un mensaje de estímulo para estos trabajadores cuya labor sigue siendo subvalorada y no reconocida en su real dimensión.

Además, institucionalmente hablando, la administración sale ganando por cuanto no hay necesidad de gastar en alimentación para la persona que debe laborar un único día antes de unirse a su grupo laboral de pertenencia cotidiana; evitamos sobresaturación para efectos de ocupación de dormitorios; evitamos choque de autoridad cuando dos mandos medios coinciden en su presencia laboral; y, como indicamos líneas arriba, evitamos gasto económico adicional al oficial involucrado que, por lo general, debe viajar una larga distancia para cumplir con ese día de reincorporación.

La modificación aquí sugerida se puede poner en práctica por la sencilla vía de modificación por decreto ejecutivo del reglamento indicado.

Valga indicarles que esta pretensión fue conversada con los licenciados Reynaldo Villalobos Zúñiga y Rómulo Castro Víquez, Subdirector General de Adaptación Social y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, respectivamente; quienes ven con buenos ojos el cambio sugerido, a la luz de la experiencia institucional al respecto.

Esperaríamos que sus dignas autoridades nos concedan una audiencia a las personas suscribientes de la presente, para puntualizar sobre nuestra petición, aclarando con mayor detalle la oportunidad y beneficio del cambio sugerido.

Reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solìs Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

Presidente de la Junta Directiva
Comisión Sindical de la Policía Penitenciaria

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c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Junta Directiva Comisión Sindical de la Policía Penitenciaria.
c.:Junta Directiva Sectorial ANEP-Adaptación Social.
c.:Personal de la Policía Penitenciaria.
c.:Archivo.

Licenciado
Francisco Ortiz Zamora
Director del Despacho Ministerial
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Su Oficina

Estimado señor Director:

En primera instancia, reciba su estimable autoridad un atento y respetuoso saludo, de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Como es de su conocimiento, el Gobierno de la República, a través del Poder Ejecutivo, emitió la Directriz No. 34, que entre otras cosas plantea la obligación que tienen las instituciones públicas de velar por el respeto que las empresas contratadas deben de tener para con sus empleados en cuanto a las normas y garantías sociales y laborales.

Situación semejante a la descrita la encontramos también en el Convenio No.94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, según Ley No. 2561. Por otra parte, la Ley de Protección al Trabajador cuenta también con claras estipulaciones sociolaborales que son de obligado acatamiento.

Así las cosas, tenemos claros indicios de que el Concesionario del Servicio de la Soda del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), no está cumpliendo con sus compromisos en materia laboral, específicamente en lo que respecta a los períodos de las vacaciones de las trabajadoras de dicha soda.

Recientemente, dichas funcionarias fueron despedidas sin responsabilidad patronal, so pretexto por haber acudido ante una integrante de la Comisión de Soda a denunciar supuestos maltratos por parte del concesionario y demás problemas que las aquejan, tales como la falta de una cámara específicamente para la refrigeración de las carnes y de los embutidos que se utilizan para la preparación de los alimentos, poniendo en peligro la salud pública.

Con tal acción, se habría violentado, flagrantemente, lo que reza el artículo 12 del Código de Trabajo: “Prohibición de Despidos y Represalias; queda prohibido a los patrones despedir a sus trabajadores o tomar cualquier clase de represalias contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Código, de sus Reglamentos y de sus Leyes Conexas”.

En dicho despido, a todas las funcionarias no se les canceló su aguinaldo proporcional a la fecha, ni sus vacaciones proporcionales, ni su período de vacaciones de ley a que tienen derecho por año laborado, ni la cesantía y mucho menos el preaviso a las que por ley les asiste todo el derecho, pues son derecho irrenunciable.

Igualmente solicitamos a su estimable autoridad, analizar la conveniencia institucional de mantener el contrato de arrendamiento con el concesionario de la Soda Comedor, señor Otto Valladares Castillo, todo a la luz de los abusos del señor en mención. Además sería inadmisible que el Estado, a través de sus instituciones públicas (en este caso el MOPT), tolere en sus propias narices, la violación al ordenamiento jurídico laboral y social que rige nuestra convivencia como nación.

Por tanto, con carácter de urgente, le solicitamos a su autoridad mediar en el asunto denunciado, con el fin de que en primera instancia, se les cancele las prestaciones de ley a que tienen derecho cada una de las funcionarias despedidas, esto por medio de la retención de los pagos girados mensualmente al concesionario.

Agradeciéndole, anticipadamente, todos sus esfuerzos para resolver la problemática de las funcionarias despedidas injustamente, nuevamente le externamos todas nuestras muestras de respeto y consideración por su fina atención para con nuestra solicitud; misma que hacemos fundamentada en el artículo 27 de nuestra Carta Magna y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisprudencia Constitucional y en el inciso 1 y 3 del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Maritza Castro Umaña
Presidenta Seccional ANEP- MOPT

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c.:Licda. Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.:Lic. Randall Quirós Bustamante. Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
c.:Lic. Fernando Trejos Ballestero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
c.:Licda. Georgina Vargas Pagán, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
c.:Sr. Luis Enrique Leal Ruiz, Responsable ANEP-MOPT.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-MOPT.
c.:Comisión de Soda del MOPT.
c.:Archivo.

Licenciado
Rogelio Ramos Martínez
Ministro
Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
Su Despacho

Estimado señor:

Primeramente, reciba un respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, así como de la Seccional de la ANEP en la Imprenta Nacional.

La presente es para solicitarle se nos conceda una cita con carácter de urgencia, lo más rápidamente posible, con el fin de aclarar situaciones diversas que consideramos de suma gravedad para el buen desempeño de la Imprenta Nacional y de sus trabajadores y trabajadoras.

Deseamos que en esta cita se encuentren presentes tanto la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, así como los señores Lic. Bienvenido Venegas Porras y José Miguel Chavarría Delgado, Director General y Subdirector de la Imprenta Nacional, respectivamente.

Somos conocedores de los atrasos existentes en el Departamento Financiero de nuestra institución y ello nos preocupa sobremanera, puesto que concretamos con la Junta Administrativa el planteamiento de posibles escenarios económicos para el proceso de negociación de Convención Colectiva que estamos llevando a cabo; pero ahora se está aduciendo atrasos en conciliaciones y cierres de mes, que dan al traste con este objetivo, retrasando obviamente la negociación; situación ésta que resulta totalmente imprudente, pues hay un compromiso institucional de que este miércoles 8 de junio, deberíamos trabajar en este asunto en la siguiente ronda de negociación de tal fecha.

Además consideramos que en dicha cita se deben contemplar los siguientes temas:

1) Asistentes de la Dirección (ya de conocimiento de la Junta Administrativa y sin solución).

2) Informe final presentado por el asesor financiero contratado por la Junta Administrativa, Lic. Miguel España, el cual laboró durante la suspensión de la Jefa y Subjefe del Depto. Financiero y no se ven los resultados.

3) Atrasos en el Depto. de Proveeduría (licitaciones sin ejecutar y compras pendientes durante cuatro o cinco meses que han ocasionado falta de materia prima).

4) Atraso en el decreto del incentivo del 25% por procesos electorales.

5) Confrontación por acusaciones de la existencia de bandos en la Imprenta Nacional que se disputan el poder entre sí en perjuicio de la Imprenta Nacional y sus trabajadores y trabajadoras.
Como usted puede comprender, la situación no es nada fácil de llevar, y el panorama de la Imprenta Nacional no es nada alentador, por lo que nos vemos obligados a tomar estas medidas en defensa de nuestros agremiados y agremiadas así como de la institución misma que todos y todas llevamos en nuestros corazones y defendemos con honor.

Sin más por el momento, esperando su pronta colaboración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guillermo Murillo Castillo
Presidente Seccional ANEP – Imprenta Nacional

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c.:Lic. Miguel Ángel Quesada Niño, Viceministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Presidente Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.
c.:Lic. Bienvenido Venegas Porras, Director General, Imprenta Nacional.
c.:Lic. José Miguel Chavarría Delgado, Subdirector, Imprenta Nacional.
c.:Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras Imprenta Nacional.
c.:Seccional ANEP – Imprenta Nacional.
c.:Archivo.