Licenciada
Xinia Herrera Durán
Directora de Fiscalización y Derechos del Usuario
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Fax No. 290 20 10
Asunto: Expediente ET-88-2005 Oposición a incremento en las tarifas de autobús
Estimada señora:
De la manera más atenta y respetuosa, nos presentamos ante su digna autoridad para expresar nuestra oposición a una solicitud presentada por el gremio empresarial del transporte público modalidad de autobús, para un incremento en el precio de las tarifas de ese importante y estratégico servicio público de uso masivo.
Considerando que la agrupación que nos honramos en representar, es una entidad de carácter sindical que agrupa a una importante cantidad de varios miles de personas trabajadoras asalariadas, de los sectores Público y Privado; es desde tal perspectiva que centramos el carácter de nuestra oposición pues, precisamente, son los trabajadores y las trabajadoras quienes, en abrumadora mayoría, utilizan a diario dicho servicio para transportarse hacia y desde sus trabajos; sin considerar que una amplia cantidad de ciudadanos y ciudadanas de los sectores populares y medios y que no están en el mercado laboral formal, viajan en bus para sus quehaceres cotidianos de subsistencia.
I. LA SITUACIÓN SALARIAL DE LA CLASE TRABAJADORA: USUARIA FUNDAMENTAL DE LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS
Está ampliamente comprobado por rigurosos estudios socioeconómicos que la clase trabajadora costarricense sufre un sistemático proceso de deterioro del poder de compra de sus salarios y que, los ajustes semestrales para enfrentar la variación de precios del semestre precedente, no compensan el alza incesante en el costo de la vida. Es más, no sólo se sufre porque los salarios van detrás de la inflación semestral, sino que, no existe la menor posibilidad política de que se considera una modificación radical de la política salarial vigente, para pasar a una que determine, aunque fuese paulatinamente, recuperación o ampliación del actual poder de compra de los salarios.
Particularmente, es necesario establecer estas dos precisiones. En el Sector Público, la última fijación salarial, es decir, la vigente para el segundo semestre que está transcurriendo, fue dolorosamente inferior a la inflación de mitad de año, cercana al 7 %. Las personas trabajadoras de la Administración Pública, una vez más, acumularon una seria depreciación salarial. En el caso del Sector Privado, aunque oficialmente la fijación del incremento semestral actual fue de un 7 % es prácticamente imposible determinar si el empresariado está honrando el acuerdo adoptado al respecto por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), dada la inexistencia, por cuestiones represivas, de organización sindical en la empresa privada.
Efectivamente, como podrá notarse, nuestra oposición a la petición de incremento tarifario que se debate en la presente audiencia, tiene un eminente carácter político-social y no necesariamente “técnico”. Las personas trabajadoras asalariadas de ambos sectores, viven agobiadas, estresadas, deprimidas porque sus salarios no alcanzan y el presente incremento tarifario golpeará los ya escuálidos bolsillos familiares, sin hablar que ya sin esta pretendida alza en las tarifas de bus, los incrementos salariales del segundo semestre en curso, ya fueron devorados por la espiral inflacionaria de estos meses, semanas y días. Sencillamente, hacerle frente a la pretendida alza, por más imprescindible que sea el servicio de autobús, no es posible en las actuales circunstancias, a menos que no quede más alternativa que incrementar el nivel de sacrificio económico de la persona asalariada.
Pasemos a otro aspecto. Si bien es cierto el problema de los altos precios internacionales del barril petróleo resulta mortal para una pequeña economía como la costarricense y, efectivamente, esta consideración no es nada desdeñable a la hora de argumentación solicitudes de aumento tarifario como la que nos ocupa; si nos interesa destacar tres aspectos en tal sentido.
El primero es que en el plano nacional, es urgente una revisión estratégica de la estructura impositiva que pesa sobre el precio de los combustibles, aspecto éste que a las autoridades gubernamentales no les interesa abordar. Los señores empresarios hoy peticionarios de este incremento tarifario deberían utilizar toda su influencia política, que no es poca, para impulsar una discusión profunda en tal sentido. Es más, estamos seguros que dentro de los sectores sociales y populares habría un gran interés en apoyar un esfuerzo de semejante naturaleza. Este es el camino correcto para enfrentar el tema del alto precio de los combustibles y no sacar dinero a escuálidos bolsillos laborales que ya ni lo tienen.
El segundo aspecto tiene que ver con el diseño de una política pública que premie la voluntad de inversión en autobuses que utilicen energía alternativa a la del petróleo, de modo tal que este esfuerzo sea reconocido por toda la sociedad y que el empresario que apuesto por ello sea reconocido y premiado.
El tercer aspecto tiene que ver con las fortalezas empresariales de los propietarios de buses para resistir la actual situación de alza constante en las precios de los combustibles. Es de conocimiento público que el sector está viviendo un proceso de fusiones y de adquisiciones que, más temprano que tarde, generará (o ya está generando) una concentración de propiedad de vehículos, sino monopólica, al menos ya con perfil oligopólico.
Esta situación podría ser uno de los elementos que explican las jugosas contribuciones económicas que desde este sector se realizan a colectividades políticas tradicionales, como más de una vez ha sido notorio. Lo que estamos diciendo es que en nuestra percepción, la postergación de la presente aspiración de alza tarifaria en los buses puede esperar, al menos, hasta el año entrante, hasta que se conozcan las fijaciones salariales que habrán de regir para el primer semestre del 2006 (aunque no es un gran ejercicio intelectual vaticinar de qué monto serán).
II. EMPRESARIOS AUTOBUSEROS Y DERECHOS LABORALES Y SOCIALES.
Un segundo ámbito de razones para expresar nuestra oposición a lo que aquí se debate, tiene que ver con los compromisos empresariales del ramo del transporte público modalidad autobús, para con nuestra legislación laboral y social, de obligada observancia para los trabajadores de todas estas empresas.
Concretamente estamos pidiendo a la ARESEP rendir cuentas acerca de los procedimientos que tiene establecidos para determinar que las empresas de autobús, como depositarias de una concesión que el Estado (todos) les otorga, cumplen a cabalidad todas las estipulaciones de nuestra legislación nacional en materia social y laboral; e, igualmente, aquellos compromisos de carácter internacional que el país ha asumido y que ha convertido en leyes de la República, en materia de Derecho Humanos.
Específicamente tenemos interés en saber si ARESEP tiene incorporada dentro de sus parámetros evaluadores de peticiones como la presente, el contenido de la Directriz No. 34 del Poder Ejecutivo, emitida en el Gobierno Rodríguez Echeverría, dada a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dos, la cual fue publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 39 del lunes 25 de febrero del 2002.
A tenor de lo dispuesto en el Convenio No. 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley de la República de Costa Rica No. 2561 del 11 de mayo de 1960, ARESEP debe considerar la solicitud de comprobación de que las empresas de buses aspirantes a incrementos tarifarios como el presente, deben ser certificadas por aquellas instancias administrativas depositarias del cumplimiento de las estipulaciones legales y sociales que son en proteger los derechos de la clase trabajadora y si esto no es así, no deben proceder incrementos tarifarios.
Particularmente, es imperativo que un Derecho Humano fundamental como lo es la libertad asociación, consagrado en toda la legislación internacional en la materia, tenga plena vigencia en las empresas de transporte público modalidad taxi y esta es una obligación legal ineludible y condicionante para dar paso a consideración de petición como la presente, a tenor de esa Convenio No. 94 de OIT y de la citada Directriz No. 34 del Poder Ejecutivo.
En consecuencia, respetuosamente, estamos solicitando:
Denegar la solicitud de incremento en las actuales tarifas de buses, especialmente en los sectores urbanos y metropolitanos, al menos en lo que resta del año, pues los incrementos salariales de la clase trabajadora, valederos para el segundo semestre del presente año, ya fueron más que devorados por la espiral inflacionaria que nos consume; lo cual hace que en el bolsillo de la clase trabajadora no quede más dinero para enfrentar esta grave situación económica.
Denegar la solicitud de incremento en las actuales tarifas de buses, hasta que la ARESEP instaure un procedimiento que permita analizar documentos de certificación, emitidos por las instancias correspondientes, que hagan constar que las empresas peticionarias están, totalmente al día, en el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y sociales para quienes son sus trabajadores, a tenor de, por ejemplo, el Convenio No. 94 de OIT y la Directriz No. 34 del año 2002, emitida por el Poder Ejecutivo; resaltando, consecuentemente, dos tipos de derechos: las obligaciones patronales para con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el respeto irrestricto a la Libertad de Asociación.
Finalmente, rogamos a su digna autoridad, extendernos una gracia de veinticuatro horas adicionales a la presentación de estas consideraciones para incluir otros apartados distintos a los aquí ya expuestos, dado que la elaboración de los mismos a este momento no estaba concluida. Sin embargo, si esta petición no es posible, entonces solicitamos registrar nuestra oposición con los contenidos de la presente, únicamente.
Quien esto suscribe, en la condición que los documentos adjuntos muestran, será la persona que hará uso de la palabra en la audiencia que sobre este tema se ha de efectuar el próximo lunes 26 de setiembre.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
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c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.
