Categoría: Incidencia

Estimados señores:
Estimadas señoras:

Con fundamento en los informes que mes a mes nos envía la Seccional ANEP-Municipalidad de Abangares, nuestra Dirección Nacional, considera de suma importancia, ponerlos al tanto de lo que acontece en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, situación que consideramos anómalo y perjudicial para el buen desempeño de labores y la eficiencia que se debe a la comunidad de Las Juntas de Abangares.

Se asegura que en la práctica, existe en esa Planta, un estilo de dirección recargado en tres funcionarios, quienes; cual jefaturas sin nombramiento claro, asumen el papel de observadores, analistas, orientadores y críticos del trabajo que realizan otros dos funcionarios; destacados para desempeñar el trabajo operativo, (chapias, lavado de filtros, lavado de sedimentadores y limpieza general de la planta) de ser así, estaríamos hablando de un caso, donde “hay más caciques que indio,” lo que provocaría, indefectiblemente, recargo de funciones para unos y desconcierto a la hora de emitir órdenes y recibir las mismas, para otros. (¿A quién le hago caso?

Otro asunto que se debe atender con prontitud, para prevenir infortunios, es el caso del funcionario, Olbert Villalobos, Operador de Planta, quién padece de “ataques” y por el tratamiento que debe seguir y su propia enfermedad, muchas veces no puede cumplir con sus obligaciones a cabalidad, además el citado funcionario, ha sido operado de la cintura, en más de una ocasión, por lo que sería humanitariamente necesario procurarle un traslado, en un puesto acorde con sus posibilidades de cumplimiento eficaz y efectivo, al tiempo que se evitan riesgos muy particulares y propios de la Planta de Tratamiento. (Riesgo por las piscinas y soledad en la montaña).

Por todo lo expuesto, solicitamos con todo respeto, se ordene una investigación en la Planta, que determine con objetividad, si en ese centro de trabajo, se requiere más personal o si lo que procede, es distribuir el trabajo de manera más equitativa y racional.

Con nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Municipal

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c.:Dr. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República.
c.:Lic. Fernando Trejos Ballesteros, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Consejo Nacional de Salud Ocupacional.
c.:Auditor Interno, Municipalidad de Abangares.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Seccional ANEP-Municipalidad Abangares.
c.:Trabajadores Municipalidad de Abangares.

Estimado señor:

Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Sirva la presente para solicitarle estudiar y, eventualmente, derogar, los términos del Oficio 18988, fechado 16 de julio de 2003, que enviara el entonces Gerente de la División Médica, doctor Horacio Solano Montero, a todas las dependencias institucionales referente al asunto indicado (deslealtad), con instrucciones de acatamiento obligatorio; mismas que provocaron gran indignación entre los trabajadores, dado que se ordenó algo así como “VER Y CALLAR”.

La resolución del Consejo Asesor de la Dirección Jurídica (Sesión 1156-2003, celebrada el 8 de abril de 2003), ofrece conclusiones subjetivas que indujeron al entonces gerente a ordenar directrices equivocadas, dicho esto con todo respeto; las cuales, desde luego, no nos parecen válidas en tiempos en que la denuncia de actos irregulares se constituye en una obligación patriótica, máxime cuando fue sobre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que una gavilla de mafiosos, desde el lado político y del lado empresarial, se propuso concretar el más vergonzoso saqueo conocido en la historia de nuestro país.

La revisión de lo instruido en materia de “lealtad” a la institución, es una solicitud que hacemos en procura de que exista, tanto en trabajadores como en usuarios de los servicios de la CCSS, suficiente confianza para protegerla de nuevos actos de corrupción.

Le reiteramos nuestro respaldo a todas aquellas acciones que emprenda en la conducción institucional, en defensa de la ética en la función pública, que mejoren la calidad de los servicios públicos y que garanticen una seguridad social fortalecida como herencia para las generaciones venideras.

Quedamos en espera de su pronta respuesta, considerando que entre la población laboral de la institución, en su abrumadora y contundente mayoría, existe un profundo espíritu para revindicar la imagen de la institución, altamente lesionada por los sucesos ya de amplio conocimiento; pero, considerando, a la vez, que la Caja es la entidad pública más querida de los y de las costarricenses.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

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c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.: Lic. Francisco Dall´Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
c.: Honorable Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Dirigentes y Delegados de ANEP-CCSS.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Archivo.

Señores y señora Honorable Junta Directiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (A y A) Presente

Señor
Everardo Rodríguez Bastos
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ( A y A).
Su Despacho

M.B.A.
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Honorables trabajadoras
Honorables trabajadores
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)

Reciban, en primera instancia, un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Recientemente hemos sido enterados y documentados de algunos cambios jerárquicos en dos de las direcciones estratégicas de esta querida e insigne institución.

Nos referimos, concretamente, al nombramiento del Lic. Luis Alvarado Aguilar como nuevo jerarca en la Dirección del Área Metropolitana; así como del nombramiento en la Dirección de Suministros, del Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, anterior jerarca de la Región Metropolitana.

También hemos sido puestos en conocimiento de la salida de la Licda. Wendy Goicurría Rodríguez, de la Dirección de Suministros.

Primeramente es oportuno señalar que ANEP no cuestiona, en absoluto, los méritos personales y profesionales de estos destacados y apreciados funcionarios; de tal manera que nuestras observaciones y/o posición oficial, van dirigidas a cuestionar los aspectos de fondo utilizados por la administración superior para los respectivos nombramientos o cambios, que pudiesen ser interpretados por la misma como “estratégicos”.

Así las cosas, nos permitimos exponer, de manera respetuosa, nuestras consideraciones.

Primero: Para ubicarnos en el contexto, es oportuno destacar que en el A y A, existen tres herramientas jurídicas internas que rigen tanto las políticas institucionales, como las relaciones laborales, que son: a) la Ley Constitutiva de esta estratégica institución, denominada cotidianamente como A y A; b) El Reglamento de la Junta Directiva; y c) el Reglamento Autónomo de Trabajo, recientemente publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. A lo anterior, podemos adicionar la Ley de Control Interno, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Segundo: La Ley Constitutiva del A y A da la potestad a la Junta Directiva de nombrar al Gerente, Subgerente, Auditor y Subauditor; de igual manera establece que la Presidencia Ejecutiva la nombra el Consejo de Gobierno.

Tercero: Existe una agregación o adición que realizaron los autores intelectuales del Reglamento Autónomo del A y A, vigente desde el 19 de noviembre del 2004, misma que nunca se contempló en el documento borrador del mismo. Esta afirmación se corrobora al comparar el Artículo 20 aparecido en ese borrador, con lo que posteriormente fue aprobado por la honorable Junta Directiva de la institución, como Reglamento Autónomo.

Cuarto: Desde nuestra perspectiva, existe una contundente contradicción de orden jurídico que roza con la Ley Constitutiva; pues la decisión de que los directores y subdirectores de área y/o región sean nombrados, directamente, por la Junta Directiva del A y A, contraviene dicha ley; además de que se violenta el reglamento emitido en cuanto a respetar procesos de selección basados en ternas, inopia, ascensos, concursos internos y externos.

Quinto: Somos del criterio de que tales procesos deben seguirse observando para la designación de directores y subdirectores; correspondiéndole a la Junta Directiva de A y A, únicamente, la ratificación de tales nombramientos, luego de haberse observado esos procesos. Por tanto, la decisión que se tomó muestra que estamos ante un excesivo poder de imperio, de orden político, tanto por quienes impulsaron dicha reforma como por parte de la Honorable Junta Directiva de A y A.

Finalmente quedaremos a la espera de que las máximas autoridades institucionales tengan la gentileza de rendir cuentas sobre este y otros particulares, pues esta situación ha provocado un cisma a lo interno del A y A; poniéndose en riesgo la paz laboral de la valiosa fuerza de trabajo, que representa el capital mas valioso con el que cuenta esta estratégica institución.

Aprovechamos la valiosa oportunidad, para solicitarle a las autoridades institucionales que propicien, sin exclusión alguna, los espacios de discusión y análisis, tanto con las trabajadoras y los trabajadores como con las instancias sindicales; a propósito del plan piloto que viene manejando el programa denominado A y A-Banco Mundial.

Ese plan piloto pretende convertir a esta estratégica institución en una instancia rectora de políticas; dejando la parte sustancial, denominada operativa, a operadores especializados o empresas privadas vía concesiones; propuesta que desconoce tanto el personal como los sindicatos y que, por supuesto, nuestra agrupación rechaza, enérgicamente, ad portas.

Sobre esta situación de fondo que tiene que ver con el rumbo institucional, dejaremos patente nuestra posición oficial en los próximos días; reiterando a las instancias sindicales internas del A y A, repensar nuestra propuesta de alianza sindical, denominada Unidad en la Diversidad, que hiciéramos hace más de un año; misma que consideramos fundamental para la defensa y el fortalecimiento institucional, especialmente en momentos en que la privatización, vía concesión, amenaza seriamente al A y A.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

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c.:Trabajadores y trabajadoras del A y A.
c.:Sindicato de Profesio0nales del A y A (SIPAA).
c.:Asociación Sindical de Trabajadores del A y A (ASTRAA).
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

Licenciada
Lineth Saborío Chaverri
Primera Vicepresidenta de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimada señora Vicepresidenta:

A nombre del Movimiento Cívico Nacional (MCN) le expresamos un respetuoso saludo.

Le agradecemos su disposición a atendernos este día en el marco de la actividad de calle que hemos promovido con miras a plantearle respetuosamente lo siguiente:

Estimamos que no se le ha dado la debida celeridad al proceso que habría de determinar la nulidad, y/o resolución, y/o rescisión de lo que para el Movimiento Cívico Nacional constituye el anticonstitucional e ilegal monopolio privado de la Revisión Técnica Vehicular; considerando que de parte de nosotros ha existido la mejor buena voluntad de que este grave problema se resuelva por el cause establecido en la institucionalidad jurídica del país. Nosotros cumplimos en tiempo y forma con la presentación documental que nos correspondía hacer; misma que tiene una base argumental sumamente sólida como para que el país resuelva en forma definitiva esta situación de latente amenaza a la estabilidad social del país. Sentimos que de parte del Gobierno de la República, como indicamos, aún hay problemas para entender qué es lo que se está jugando en todo esto y por tanto no es conveniente ni sano más dilaciones.

Reconocemos que en cuanto al punto sobre Costo de Vida, el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha actuado de manera responsable y el proceso, que ya va por su cuarta sesión, muestra signos esperanzadores de que pueda haber buenas conclusiones en un asunto de tanta trascendencia para el pueblo trabajador, especialmente.

Es igualmente relevante dejar constancia vehemente que como Movimiento Cívico Nacional repudiamos profundamente la gestación, el desarrollo y la práctica institucionalización del sistema de corrupción política que al más alto nivel de la estructura dirigente de Costa Rica ha sido revelado a la opinión pública nacional. En tal sentido dejamos constancia de nuestra voluntad de apoyar todas aquellas iniciativas que en distintos campos se están o se van a promover, para castrar de raíz este terrible flagelo que se ha cometido contra el pueblo costarricense y como Movimiento Cívico Nacional respetuosamente exigimos la debida participación para aportar nuestros planteamientos en tal sentido, en los distintos escenarios en que tales ideas, así como las de otras entidades sociales y políticas, se puedan considerar.

Por último una vez más, el Gobierno de la República por su distinguido medio debe saber que rechazamos categóricamente el TLC que nos quieren imponer con los Estados Unidos de América. No nos oponemos al comercio con esta potencia pero el mismo debería ser sobre la base de un comercio justo, guardando entre otras cosas, las inexorables asimetrías entre nuestras dos economías; y mucho menos podríamos aceptar la entrega como se hizo en el TLC de lo mejor del patrimonio público institucional representado en entidades claves de nuestro desarrollo pasado, presente y futuro como el ICE, la CCSS, el INS, el AyA, la agricultura nacional, nuestro patrimonio ambiental y nuestras conquistas socio-laboral así como lo que tiene que ver con la micro, pequeña y mediana empresa nacional.

Muy respetuosamente firmamos,

Estimado señor:

Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de nuestra organización sindical.

En segundo término deseamos manifestarle lo siguiente: A raíz de los hechos denunciados públicamente en nuestro país, sobre actuaciones de diferentes personalidades de la vida política, concretamente de los partidos tradicionales que se han visto involucrados en una red de corrupción jamás vista en nuestra patria; se hace necesario mantener a este respecto una auscultación permanente sobre las actuaciones de los funcionarios públicos, especialmente de quienes laboran para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Como bien sabemos, la misma ha sido objeto de serios cuestionamientos que la hacen más vulnerable, situación por la cual quienes ven en la salud un negocio se frotan las manos. Contrariamente, quienes estimamos y defendemos nuestra institucionalidad y nuestro Sistema de Seguridad Social, nos causa gran preocupación su desprestigio; máxime si éste se origina en las actuaciones de sus funcionarios. Nos declaramos por tanto impulsores de la ética y la calidad en los servicios públicos.

No habiendo salido aún del asombro, que se mezcla con la indignación que nos provoca todo el daño que se le causa a la Patria , habiéndose establecido un peligroso clima de desconfianza ciudadana ,dada la amplia cobertura periodística generada sobre estos lamentables acontecimientos; hemos detectado mediante la prensa sobre las visitas en horas de la mañana de parte del Dr. Víctor Manuel Ruiz, funcionario del hospital a su digno cargo a la casa de habitación del Expresidente de la República, Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier antes de su detención y posterior reclusión en el Centro de Atención Institucional La Reforma, donde como sabemos cumple prisión preventiva,

La prensa también han informado sobre las visitas el doctor Víctor Manuel Ruiz al presidio, de quien se afirma es su médico de cabecera. Lo preocupante de esto es que esas visitas las habría realizado, presuntamente, dentro de su jornada habitual de trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social.

Como referencia, mencionamos la publicación del periódico Al Día, de 29 de octubre 2004, con foto y cita, señalando, transcripción textual,: “Visita de Rigor. Ayer a las 4.15 de la tarde Víctor Manuel Ruiz, médico del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, abandonó cargado de bolsas el centro penitenciario La Reforma”.

Si efectivamente el Dr. Víctor Manuel Ruiz ha estado usando tiempo laboral de su horario contratado con la institución, para visitar al Lic. Calderón Fournier, ello se constituiría en evidente Abandono de Trabajo, situación que podrá confirmarse no sólo con la información periodística sino también solicitando los registros de ingreso al centro penal mencionado.

No es interés de nuestra organización observar la actividad privada que pueda tener el doctor Ruiz con la familia Calderón, en el campo medico y cualesquiera que desee tener de manera particular; pero si nos interesa se investigue si incurrió en abandono de sus obligaciones laborales para con la CCSS., ya que de resultar probadas estas situaciones mediante la investigación que reiteramos solícitamente se realice, deberán tomarse las acciones disciplinarias que en derecho correspondan, y de acuerdo al marco normativo institucional.

Finalmente solicitamos ponernos al corriente de la decisión que tome esa Dirección Medica al respecto.

Sin más de momento suscribimos con la debida consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

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c.:Dr. Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo CCSS.
c.:Dr. Víctor Manuel Ruiz Médico Cirujano, HCG. Junta Directiva CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Archivo.

01- Los y las costarricenses no terminamos de salir del asombro y la consternación, ante las prácticamente diarias revelaciones de todos estos acontecimientos de corrupción, de tráfico de influencias, de formación y desarrollo de una red de asociación ilícita para delinquir; surgida al amparo de la intentona por una implementación total del modelo de una sociedad neoliberal, dirigida por el tradicional sistema político bipartidista.

02- La restauración de la moral y la ética en la función pública parece que será un largo camino, que pasa por enterrar la propuesta de una sociedad neoliberal; más allá de los procesos judiciales que se están dando contra la ya casi interminable lista de personajes ligados al denominado “PLUSC” (Liberación Nacional-Unidad Social Cristiana).

03- Como sabemos, ese sistema político “PLUSC” se ha repartido el gobierno del país, indistintamente de cuál ha estado a la cabeza del Poder Ejecutivo, en las últimas décadas.

04- El “PLUSC” ha degenerado tanto que el financiamiento de sus campañas políticas presenta graves síntomas de corrupción; al aceptar, entre otras fuentes de cuestionable procedencia, dólares de Taiwán que comprometen nuestra soberanía como país y degradan el cargo presidencial.

05- Particularmente, en el caso del actual Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, su ascenso a este digno cargo está manchado por la anterior circunstancia; sin que él haya demandado penalmente, invocando la respectiva sanción establecida en nuestra ley electoral contra los responsables dentro de su partido por tal circunstancia. Esta situación reafirma la sospecha de muchas personas de que el Presidente Pacheco sí conocía de los dólares ilegales llegados a su campaña política.

06- La detención y el encarcelamiento de los Expresidentes de la República, Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier, mandatarios constitucionales en los períodos 1990-1994 y 1998-2002, respectivamente; simboliza para quienes nos desenvolvemos en los sectores sociales del Movimiento Popular Costarricense, la puesta de la lápida en la tumba ya casi cavada, de ese sistema bipartidista, conocido popularmente como “PLUSC”.

07- Otro connotado Expresidente de la República, 1986-1990, el Dr. Oscar Arias Sánchez, como integrante destacado de ese sistema bipartidista “PLUSC”, debe muchísimas explicaciones, a las y a los costarricenses, sobre toda esta situación. Particularmente, en lo que respecta a aquellas actividades mercantiles en las que tiene interés directo, pues fueron concebidas dentro de ese esquema de facilitación de negocios privados con los servicios públicos, tan perfectamente ideado por el sistema bipartidista “PLUSC”.

08- Ahora es más claro que la fase final de toda esta especie de pesadilla psicosocial que estamos viviendo los y las costarricenses, parece que tuvo un punto de salida: los intentos de aprobar el denominado “Combo ICE”, en el año 2000.

09- En ese entonces, prácticamente todas las figuras públicas hoy cuestionadas, por acción directa o indirecta y/ó por silencio cómplice, impulsaban la aprobación de tal iniciativa. Por otra parte, todos ellos y otros como ellos que hoy parecen salvados de la debacle, se pensaron el denominado TLC, como culminación de ese proceso hoy completamente al desnudo.

10- En el fondo, la sabiduría popular percibía el olor a podredumbre y eso estaría explicando la férrea resistencia cívica que, durante 17 días de lucha callejera, en los meses de marzo y abril de ese año 2002, derrotó ese nefasto proyecto del Combo ICE.

11- Todos ellos y todo lo que ellos han simbolizado, habían logrado el primer debate parlamentario de dicho proyecto, dando por un hecho que el “Combo ICE” sería una realidad; quizás pródiga en comisiones y premios de valía muchísimo mayor a las cantidades de lo que hoy hemos conocido.

12- Cuatro años después de esa histórica lucha ciudadana; en este memorable año 2004, por otra circunstancia análoga (el cuestionado negocio de la revisión técnica vehicular) y por casi diez días; las acciones de calle promovidas por el Movimiento Cívico Nacional, con enorme respaldo ciudadano también, generaron dramáticos cambios en el gabinete de la Administración Pacheco de la Espriella, expulsando del mismo a varias de las más connotadas figuras neoliberales del sistema bipartidista “PLUSC”.

13- Las acciones del Movimiento Cívico Nacional, abrían así el escenario para la visibilización y el cuestiomiento fuerte hacia esa perniciosa red de políticos-empresarios y empresarios políticos, ahora ya al descubierto.

14- Tal red muestra ahora, con clara evidencia, de una u otra manera, su ligamen con el sistema político “PLUSC”: esa mezcla de negocios privados con los servicios públicos, que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad del atacado Estado Social de Derecho; ataque salido desde las trincheras de cúpula de ese “PLUSC.”

15- Hoy, si bien hay un sentimiento de que la justicia ha llegado y que el largo brazo de la ley está alcanzado la alta cumbre del olimpo bipartidista tradicional (pese a la muy criticada casa por cárcel); algunos pensamos que falta un proceso profundo de auscultación y de interpretación política de todos estos fenómenos; mas allá de sentir que se está haciendo lo correcto por parte una acción fiscal valerosa, nunca antes vista en la historia judicial de nuestro querido país.

16- En consecuencia, desde nuestra modesta perspectiva, se impone una seria y gran tarea de análisis, en toda la amplia red de los movimientos sociales costarricenses, para que podamos construir, entre todos, la más correcta interpretación posible de la naturaleza de tales fenómenos político-sociales de estos días.

17- Los movimientos sociales costarricenses tenemos la suficiente autoridad moral para ello; luego de la patriótica y heroica tarea de resistencia cívica, en todos estos años, contra el desmontaje de ese Estado Social de Derecho hoy casi saqueado.

18- Esta tarea se ha venido desarrollando de manera sistemática, pese a que ahora a algunos les interesa minimizarla, invisibilizarla, negándole el mérito patriótico de haberse enfrentado a tal red, aun sin saber de su existencia real. Tarea y lucha desplegadas en momentos de enorme dificultad, cuando la denuncia no había adquirido (pese a honrosas excepciones siempre abiertas para los sectores sociales), el carácter de política oficial de la estructura mediática nacional; la cual hoy está jugando un papel de gran trascendencia que del lado nuestro no genera mezquindad en reconocer.

19- Ante el vacío político en el que estamos inmersos, nunca como antes, hay que revitalizar la organización y la coordinación estratégica de los movimientos sociales costarricense. Ahora, el surgimiento de nuevos actores de gran potencial (como los que se aglutinan en el Movimiento Cívico Nacional), ha incrementado la opción de resistencia activa a niveles superiores, lo cual es halagador ante el mayor desafío de nuestra historia patria: derrotar el denominado TLC que representa para los neoliberales del “PLUSC”, la implantación definitiva de su visión de país.

20- Que la justicia siga su curso. Que la venda que tiene la imagen que la representa, le sea amarrada con más fuerza. Que sin alegrarnos por el mal ajeno, sin sentimientos revanchistas innobles que nos lleven a prender hogueras para quemas sumarias; sin creernos dueños de una moral absolutista que pontifica qué es bueno y qué es malo; quienes cometieron los graves actos ya denunciados asuman sus consecuencias políticas (éstas ya más que irreversibles), así como las jurídicas según el sistema institucional vigente.

21- Tal y como lo hace la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, reforzamos nuestra manifestación de repudio para todas estas situaciones vergonzosas; así como nuestro clamor de justicia imparcial y sin contemplaciones.

22- Finalmente, reiteramos que quienes estamos en los sectores sociales debemos tener presente que hay que ir más allá, hacia el esclarecimiento pleno de la naturaleza de los fenómenos político-sociales que estamos viviendo.

23- Si logramos la más acertada interpretación de los mismos, habrá de servir de base hacia la articulación de un movimiento de mayor envergadura estratégica; para seguir conservando la inmensa simpatía popular que las acciones cívicas promovidas han concitado, cuando los sectores sociales hemos convocado; en todos estos años de enfrentamiento a la hoy visible red de asociación ilícita para delinquir; red construida al más alto nivel de la política tradicional, cuya vida útil, para dicha de los y de las costarricenses, parece que ha llegado a su fin.

24- Por último, el noble pueblo costarricense merece otro destino político. Anhelamos que se dé el mayor desprendimiento de los sectores sanos del espectro político; de la inteligencia que anida en los sectores sociales; de aquellos sectores productivos de naturaleza patriótica; de la intelectualidad comprometida; con miras a la construcción de la nueva alternativa que posibilite la recuperación de la ilusión por la participación política en nuevo cauce; similar a lo que otros pueblos latinoamericanos ya están emprendiendo.

San José, 22 de octubre del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

IVM: un régimen que puede quebrar. La mayoría de los y las costarricenses que tienen o tendrán una pensión dependen del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Este régimen está en problemas porque en los próximos años, los aportes de las personas cotizantes no serán suficientes para financiar a las personas pensionadas. Uno de los factores que explica el desequilibrio financiero de IVM, es la cantidad de personas pensionadas por invalidez. Al decir de un asesor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parece propia de un país en guerra o…, del tráfico de influencias como hemos venido a enterarnos recientemente.

La Caja pide ayuda a las organizaciones de sociedad civil y a otras instituciones. En abril del 2004, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), constituyó una Comisión Institucional integrada por representantes empresariales y laborales; que analizarían y harían recomendaciones a la Junta Directiva de la institución para corregir el desequilibrio financiero. Esta comisión está integrada por instituciones públicas como la Superintendencia de Pensiones, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Defensoría de los Habitantes de la República;, así como por organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales, cooperativas, solidaristas, y de mujeres. La ANEP valoró este espacio como muy importante en tanto apela a la participación ciudadana, sin por ello desdibujar el papel de las instituciones públicas. De lo que se trató fue de generar propuestas para que la Junta Directiva tomara las decisiones que fueran del caso.

ANEP participa y hace propuestas integrales para mejorar al régimen. La ANEP asumió el reto de pensar soluciones, convencida de que es vital fortalecer este régimen de carácter solidario, que es el que impacta a la enorme mayoría de las personas que tienen o tendrán una pensión. Téngase en cuenta que, actualmente, hay casi 700 mil personas que carecerán de una pensión, si la Caja no toma medidas adecuadas para incorporarlas al sistema, en cumplimiento de una obligación ética pero también legal, establecida en Ley de Protección al Trabajador (LPT). En estos meses hemos tenido una participación responsable en la comisión, reflejada en propuestas para un fortalecimiento integral de IVM; tanto en materia de aumento de cobertura, como de mejora en la gestión y administración que reduzcan evasión, subdeclaración y morosidad, además de mejorar el manejo de las inversiones del fondo de reserva. Además, hemos reconocido que todas esas mejoras no serán suficientes para superar el desequilibrio financiero y que hace falta hacer otras cosas.

Aunque otros sectores sólo quieren reducir costos bajando montos de las pensiones. Durante el proceso hemos tenido serias diferencias con la Gerencia de Pensiones, con el Movimiento Solidarista y con la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada de Costa Rica (UCCAEP). Estas organizaciones, desde el principio, plantearon que el camino para la reforma era un ajuste general de las pensiones: más cotizaciones y menores pensiones. Esto, incluyendo a la gran mayoría de asegurados y aseguradas, un 76%, que ganan 210.000 colones o menos, es decir, menos de dos salarios mínimos al mes.

EL BALDE DE AGUA FRÍA:
SE SEPARA DEL CARGO AL GERENTE DE PENSIONES
Y SE PRESENTA INFORME DE COMISIÓN DE NOTABLES

Gerente de Pensiones sospechoso de participar en caso Fischel. La comisión se encontraba en la discusión de cuáles reformas son las más adecuadas, cuando ocurrieron dos hechos de suma importancia. Primero, el Gerente de Pensiones, don Juan Luis Delgado, fue separado de su cargo mientras se lo investiga por posibles vinculaciones con el caso Fischel.

Informe de Notables denuncia que Gerencia de Pensiones tiene los mayores niveles de corrupción de la institución. Posteriormente, el viernes 1 de octubre, la Comisión de Notables, convocada por el Presidente de la República para analizar la situación de la CCSS, entregó su informe en el que señala que tal gerencia “Es la gerencia que salió con el mayor nivel de corrupción según se colige de las denuncias que a continuación insertamos.”

De ser ciertas, las denuncias realizadas tienen directa relación con las causas del desequilibrio financiero de IVM y, por lo tanto, con sus soluciones. Las denuncias incluyen, entre otras:

entrega de pensiones del régimen no contributivo (RNC) por recomendación política…

“hasta que la pensión por invalidez se compra en los consultorios de algunos médicos que laboran para dicha dependencia y quienes tienen a cargo la evaluación de las personas con algún grado de invalidez.”

“préstamos de vivienda en, que al parecer, sólo se le da peritaje a unos pocos, como también se hace con los notarios a la hora de confeccionar las escrituras…”

“La Gerencia de Pensiones se convirtió en una pequeña Caja del Seguro, pues tiene una infraestructura igual que la institución investigada”; por tanto, encareciendo enormemente los costos. (p. 68)

Tráfico de influencias en la designación de personas en puestos clave, tales como la Dirección Administrativa y la Dirección financiera, y designación de personas con órganos abiertos de debido proceso por actuaciones en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Desperdicio de recursos en compra de muebles y en la compra del Edificio Jorge Debravo a doña Gloria Bejarano, esposa del ex mandatario y hoy detenido Rafael Ángel Calderón, por montos excesivos en comparación a otras alternativas también valoradas por la Gerencia.

Pero la Comisión no pudo profundizar en la investigación. “Las denuncias se recibieron a último momento por lo que la comisión no tuvo tiempo de dar trámite a las denuncias. Corresponderá a la Junta Directiva esclarecer los hechos aunque sería saludable que sea directamente el Ministerio Público el que intervenga desde ya la Gerencia de Pensiones”. (p. 78). También recomienda separar de la Gerencia a tres jerarcas más además del gerente.

Desde la ANEP no sabemos si las denuncias de la Comisión de Notables son o no ciertas. Corresponde a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la institución aclarar la situación. En este momento tan grave que atraviesa el país, nada peor para la institución que la duda. Más aún, dado que estas dudas ponen en cuestión la conducción política de un proceso de reforma de pensiones que le pedirá a los y las costarricenses que paguen más por sus pensiones.

Sí nos llama la atención que la misma gerencia que ahora está acusada de traficar con pensiones a personas que no reúnen con los requisitos para obtenerlas, sólo unas semanas antes planteara que la única manera de resolver el desequilibrio financiero de la CCSS, era “ajustando” de manera generalizada las pensiones, aún de las personas que menos tienen.

LAS ACCIONES INMEDIATAS NECESARIAS

En este marco, la ANEP se retiró de la comisión hasta tanto se aclare la situación e insta a las autoridades de la Caja a que:

Tengan en cuenta que las denuncias realizadas tienen directa relación con las causas del desequilibrio financiero de IVM y por lo tanto con sus soluciones. Si hay un “tubo abierto” de recursos que se desperdician, tanto por tráfico de influencias como de compras de bienes y servicios, nada lograremos ajustando cuotas y restringiendo pensiones.

Suspendan el proceso de discusión sobre tal reforma, hasta tanto se tenga la certeza de que se han eliminado las fuentes de corrupción identificadas en la Gerencia de Pensiones, de manera de poder diseñar propuestas en un escenario de absoluta transparencia y confianza en las cifras financieras que se nos presentan.

Intervengan la Gerencia de Pensiones con personas externas a la institución, de reconocido compromiso con la Seguridad Social y con manejo administrativo y financiero del funcionamiento del Sector Público; para revisar la situación financiera, actuarial y de las pensiones concedidas.

Identifiquen, eliminen y rindan cuentas de los focos de corrupción que existen en la Gerencia de Pensiones.

REFLEXIÓN FINAL

Mientras tanto, insistimos, no deben llevarse a cabo reformas que pueden “embarrialar” aún más la cancha, por basarse en una conducción gerencial cuestionada y, por tanto, en un diagnóstico de la situación financiera que genera dudas sobre sus causas. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que cotice más, sabiendo que de acuerdo a la Comisión de Notables, hay un “tubo abierto” de desperdicio de recursos causado por el mal manejo y la corrupción?

En este escenario, aún la mejor propuesta que salga de la comisión tiene todas las de perder frente a una ciudadanía, que demanda ir hasta el fondo de las situaciones de corrupción, permitiendo a la vez proteger el honor de las miles de personas honestas que trabajan para la institución.

AGRADECIMIENTO

La ANEP deja constancia explícita de nuestra gratitud a la Dra. Juliana Martínez Franzoni, quien ha estado como nuestra Asesora Técnica en todo este proceso, brindándonos una asesoría de alto profesionalismo, solidez técnica y profunda sensibilidad social.

San José, 22 de octubre del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP

Magistrado
Oscar Fonseca Montoya
Presidente
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
Su Despacho

Estimado señor Magistrado:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

La desesperante situación que está viviendo el personal de la Municipalidad de Santa Ana, a raíz de la controversia política por la posesión del puesto de la Alcaldía Municipal, exige la más enérgica y eficiente acción de las autoridades electorales de nuestro país; pues es imposible tolerar la prolongación de este caos institucional, con enormes repercusiones en los servicios que deben brindarse a la comunidad.

Consideramos totalmente injusto que la institucionalidad de la Municipalidad de Santa Ana tenga que sufrir una especie de parálisis, por pleitos subjetivos entre adherentes de una misma colectividad política (en este caso, el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC); y/o entre los titulares del Concejo Municipal, más interesados en visiones partidarias de corto plazo con aparentes propósitos electorales, que en un trabajo desprendido hacia el servicio comunal a partir de una visión compartida del desarrollo local.

Honorable Sr. Magistrado Presidente del TSE, por favor, ponga orden en dicho municipio antes de que el clima político derive en situaciones impredecibles.

En lo atinente a lo laboral, ANEP defenderá, a capa y espada y en el terreno que sea necesario, la honorabilidad del personal honesto de la Municipalidad de Santa Ana, el que con vocación y esmero procura dar lo mejor de sí, pese a que en el día a día de esta crisis politiquera, se trabaja con enorme tensión, en un clima de miedo y de acosamiento de un bando y del otro.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.: Sra. Lidia Lacayo Mena, Directiva Nacional de ANEP-Municipalidad de Santa Ana.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Ana.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Santa Ana.
c.: Medios de Comunicación Colectiva
c.: Archivo.

Estimado señor:

Luego de expresarle, en primer término, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte; creemos oportuno y nos sentimos legitimados para ello, que su digna autoridad nos brinde información de primera mano, a raíz de los cuestionamientos que han surgido en torno a la gestión del Sr. Carlos Monge Herrera, en su paso por la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); y, eventualmente, los que podrían pesar sobre el hasta hace poco directivo de tal entidad, el señor Rafael Robert Lara.

Sin duda alguna que usted y quienes le acompañan en la gestión político-directiva de tan estratégica institución, deben sentir como nosotros, el enorme impacto de las vergonzosas revelaciones de las últimas semanas, en torno a una cadena de corrupción; expresada en “premios”, comisiones, sobornos y similares, en que están sumidos una importante cantidad de personajes notables de la política tradicional de nuestro país, en lo que pareciera ser una profunda red de asociación ilícita para delinquir.

Aparte de conocer la información apuntada, quisiéramos saber si el INA ha pensado en la formulación de medidas preventivas de casos semejantes; y si, paralelamente, se consideraría la proposición de una especie de Código de Ética institucional, de forma tal que incentivemos aún más los valores de la honorabilidad y de la transparencia en la gestión pública, especialmente en lo concerniente al sistema de compras de bienes y servicios que tanto efectúa el INA.

Somos conscientes de la preocupación sana y correcta que usted ha tenido al frente del INA y por eso creemos que usted entenderá nuestra petición.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Licda. Xiomara Rojas Sánchez, Representante Sindical en la Junta Directiva del INA. Sindicato SITECO.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor:

Nuevamente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se manifiesta ante ese despacho, en esta ocasión para plantear la profunda preocupación que le embarga al conocer de las acciones que contra la Auditora del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), se llevan a cabo por parte de la Junta Directiva de esa institución.

Se ha pretendido acallar a la Auditoria Interna con el levantamiento de siete órganos del procedimiento administrativo, de los cuales cinco se encuentran ya en la Contraloría General de la República. Con esto, la Junta Directiva, supuestamente asesorada por un Director Legal, violenta el artículo 25 de la Ley General de Control Interno, pues los últimos dos disciplinarios se han abierto por enviar información a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes sin ser aprobado por la Junta Directiva. Este artículo precisamente prevé que la Auditoria Interna ejercerá sus funciones con total independencia funcional y de criterio, lo cual la Administración del ICT parece no reconocer.

Curiosamente, casi todos los problemas que se le han generado a la Auditoria con la Junta Directiva, se han presentado desde que la ella incursionó en los estudios de la Ley 6990 de los Incentivos Turísticos; pues sentimos que se han querido hacer prevalecer los intereses de los grandes hoteleros no pagando los impuestos, asunto que se denunció ante la Tributación Directa.

Desde hace más de 7 años la Auditoria se ha enfrentado a la Administración para lograr que se cumpla la normativa vigente, constituyendo un importantísimo apoyo para la lucha que desempeña ANEP contra la corrupción en esa Institución; por lo que presumimos que los afectados han querido cercenar esas facultades a la Auditora, abriéndole procesos disciplinarios, para lo cual contratan abogados externos que cobran en promedio medio millón de colones por cada uno, ocasionando un desperdicio importante de los recursos públicos, asunto del que deberían dar cuenta los que han aprobado estos disciplinarios.

Solicitamos, con todo respeto, se vea con prontitud esta denuncia que le hacemos a su despacho, más ahora que con la Ley General de Control Interno se les ha dado más potestades a las Auditorias Internas, las que deben desarrollar su función con independencia funcional, de criterio y de hecho. Hacemos eco de su discurso, de que usted iba a fortalecer las Auditorias Internas, y eso es lo que se requiere en el ICT. Muchas gracias por su atención a esta delicada cuestión.

Con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-ICT.
c.:Archivo.