«No tenemos otra opción que la confrontación»

Por Marcelo Garay Vergara/Temuco / La Nación, Chile
Domingo 10 de febrero de 2008

En medio de su recuperación, luego del prolongado ayuno que realizó para reclamar la revisión de su condena, la líder que internacionalizó el conflicto mapuche explica las razones de su lucha. Una dura batalla que se tiñó de sacrificio y agitación en calles y comunidades indígenas, y un coqueteo constante con la muerte.

La Chepa es “brava”. Esa fama tiene Patricia Troncoco desde que hace más de una década se sumó a la lucha por la recuperación de tierras de las comunidades indígenas de las regiones VIII y IX del país, el Wallmapu (territorio mapuche). Una opción de vida que hizo sentir con todo el peso de la sangre mapuche que corre por sus venas, pese a su apellido winka, durante los 112 días que se mantuvo en huelga de hambre para reclamar entre otras exigencias la revisión del caso Poluco-Pidenco, por el que fue acusada de “ataque incendiario terrorista” y condenada a 10 años y un día de cárcel.

Pero en estos días, detrás de esa probada bravura asoma una Chepa que se recupera a paso acelerado, atenta a que se le “asome marzo” y que el Gobierno cumpla la palabra empeñada. Recostada en una cama igual a la que fue engrillada para aplicarle suero, uno de esos días en que sin dejar de mostrar los dientes a médicos y celadores sintió la muerte hasta en su aliento y, sin más, preparó su funeral. Su queja hoy no es porque uno de sus custodios cabecee el sueño en la sala de espera, sino porque la furia contenida del volcán Llaima no es visible desde la ventana de la habitación 719 del hospital de Temuco. Allí, durante varias visitas encubiertas, relató a LND de puño y letra los pormenores de su largo ayuno y su visión de un conflicto que, a juzgar por los acontecimientos, parece estar comenzando.

-¿Qué le parece el nombramiento de Rodrigo Egaña por parte del Gobierno para tratar de avanzar en la solución del conflicto con el pueblo mapuche?
-Si hacemos un parangón con la ex ministra [Alejandra] Krauss [del Mideplan], es exactamente lo mismo. ¿Qué hizo esa señora? Se subió a un helicóptero, se paseó por las comunidades y lo único que se consiguió fueron mapuche presos, muertos y la compra de predios para algunas comunidades vía fondo de tierras. Los esfuerzos del Gobierno tienen el propósito, una vez más, de entrampar los temas de fondo. Egaña significa “hemos fracasado”. A pesar de la represión, de los proyectos, de dividir ante la opinión pública entre mapuche buenos y mapuche malos, seguirán fracasando mientras el problema político-histó rico sea tomado desde dos opciones: plata pa los buenos, palo pa los malos.

-¿Ayudará a la reconciliació n entre los mundos huinca-mapuche la ley de reconocimiento de los pueblos indígenas?
-El reconocimiento constitucional no significa nada, si no son los mapuches los llamados ejercitar y hacer valer ese derecho. Se necesitan interlocutores válidos y resolutivos, y gestos reales para avanzar en nuestro proceso de reconstrucción política y autónoma. Por ahí, entre gallos y medianoche, se intenta buscar el reconocimiento constitucional, el Convenio 169 de la OIT ¿Eso tendrá sentido con represión? Deseo refrescar la memoria con respecto a la Ley Indígena y todas las esperanzas que se pusieron en ella, y las decepciones que significó. Cuando el Estado chileno desee hablar de territorio y autonomía es posible que conversemos. Pero ahora, con el bototo en la cara, es difícil.

-¿Qué opina de que la UDI haya impugnado el acuerdo que puso fin a su ayuno?
-La derecha defiende una forma de abordar una problemática con todo el rigor heredado de la dictadura, que busca entender la resistencia y defensa del territorio mapuche “como conductas terroristas”. El otorgamiento de los beneficios no es caridad ni benevolencia, como han insinuado, es el derecho que tiene todo interno condenado. Los presos políticos mapuche que seremos beneficiados a partir de marzo contamos con los requisitos para optar a ellos. Otra cosa es que fruto de la política represiva que sostiene el Estado, que incluye también a Gendarmería, el acceso a esos beneficios haya sido negado de forma arbitraria en castigo por nuestras protestas, como la huelga de hambre.

-¿Qué importancia le asigna al rol que jugó la Iglesia Católica en la solución de la huelga?
-Monseñor Goic fue más visible, pero no podría olvidar a Camilo Vial, quien permanentemente nos mantenía informados de sus gestiones; al obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, o monseñor [Ricardo] Ezzati. Ellos quizás no tienen el reconocimiento de sus gestiones, porque son obreros, cuyo trabajo es compromiso de vida. Monseñor Goic fue muy consecuente y responsable en comprender nuestra situación. Eso marca una recuperación de la Iglesia para el pueblo. Hemos comenzado a escuchar un discurso no sólo conciliador, como lo fue desde el fin de la dictadura, sino que ahora se asume el impacto de un modelo económico inhumano, que desgarra las entrañas de una sociedad con exitismo, poder, consumo, drogas e, incluso, el suicidio como opción válida si no lo soportas.

ATENERSE A LAS CONSECUENCIAS

-Al iniciar la huelga, en octubre del año pasado, los ayunantes pidieron revisar la Ley Antiterrorista por la que fueron condenados y otras exigencias, pero luego se habló de beneficios carcelarios. ¿Al final tuvieron que ceder?
-No cedimos ni un centímetro, sino que de forma inteligente buscamos caminos que canalizaran estas demandas. Pedíamos la desmilitarización de las comunidades, revisión del caso Poluco-Pidenco y la Ley Antiterrorista en una mesa de diálogo, y como gesto de buena voluntad, el reconocimiento de los beneficios carcelarios. Pero en Chile no existen condiciones para conversar nada. Si no, ¿cómo explicar los 112 días de castigo en una huelga que daba indicios de posibles diálogos que nunca ocurrieron? ¿Cómo hablar de la Ley Antiterrorista si el propio [ministro] Pérez Yoma lo dijo: “Lo volveremos a hacer si es necesario”. Ante el mundo, Chile quedó como un país que aplica la Ley Antiterrorista y eso no es bien visto, porque de inmediato es asociado a la dictadura de Pinochet.

-¿Entonces usted cree que ganó esta batalla?
-A nivel nacional e internacional quedó en evidencia la violencia y militarización de las comunidades que hoy resisten. Hicimos entender al Gobierno, principalmente, que el tema de fondo es territorio y autonomía, y que debe poner fin a la represión de las comunidades y grupos de apoyo en la ciudad. Las soluciones de parche no sirven. Si tu pregunta es si ganamos, sí, ganamos. Nuestro enemigo tuvo que venir a mi cama a negociar y darme lo que pedía. Eso significa que ganamos. No yo, la Chepa, porque soy una obrera más de esta lucha, ganamos los mapuche.

-¿Insistirá en la revisión del caso Poluco-Pidenco en un nuevo juicio?
-Mantengo la idea de total indefensión. El mismo Estado que nos acusa también nos defiende con un defensor pagado por el Estado. La Ley Antiterrorista, el tema del debido proceso, la presunción de inocencia y los testigos sin rostro, lo tocaremos en tribunales internacionales, al igual que los asesinatos de mapuche que investiga la justicia militar.

-¿Hay confianza en que se cumpla lo pactado?
-Lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno de Bachelet en materia indígena. Ver para creer. La historia y la experiencia nos dice que las políticas implementadas son meros parches y que todo lo que con la mano se escribe, con el codo se borra. El Gobierno puede decir lo que quiera, pero tiene que cumplir en marzo. No me dio a mí su palabra, se la dio a la Conferencia Episcopal, encabezada por monseñor Goic. La Iglesia es la garante, el Gobierno, el encargado de cumplir. Si no lo hace será su responsabilidad. Nosotros, los mapuche, estaremos atentos, vigilantes. Si no cumplen tendrán que atenerse a las consecuencias.

DIÁLOGO AGOTADO

-¿Cómo califica las acciones de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM?

-A pesar de toda la persecución, la CAM ha sido hasta ahora la expresión más digna de lucha y consecuencia. Allí no existen vinculaciones con grupos subversivos, que es usado como signo de menosprecio, como si los mapuche no tuvieran la capacidad de organizarse, pelear y avanzar política y estratégicamente. Estemos de acuerdo o no, la coordinadora es la que ha levantado la bandera vanguardista y confrontacional contra los usurpadores y el sistema capitalista. Mientras estén las forestales robándonos el agua y alteren los afluentes naturales, no tenemos otra opción que la confrontación y recuperar las tierras usurpadas. Eso trae represión, pero también resistencia y defensa.

-¿Por qué la CAM desechó toda posibilidad de diálogo con Rodrigo Egaña y advirtió que continuará con las acciones de resistencia?
-Es absolutamente comprensible. Nuestro pueblo ha agotado las instancias de diálogo con el Gobierno, porque éste no apunta a la devolución del territorio usurpado por las forestales o los latifundistas ricos. Lo que se ofrece es una compra de tierra que no tiene que ver con la recuperación de lo robado. Y se le paga al ladrón por devolverla. ¿Cómo lograron tanta tierra las forestales? Por una ley especial donde la subvención era el real negocio. Por comprar una hectárea, plantarla y explotarla, el Estado subvencionaba el 70%. El negocio ahora es que el mapuche se llene de eucalipto y pino, mientras ellos se dedican a comprar, acopiar y producir celulosa.

-La muerte del estudiante de la Ufro Matías Catrileo agravó la situación en la Araucanía. ¿Se podría agudizar aún más el conflicto?
-La realidad del conflicto es que nosotros vivimos allí y eso nos hace defender y trabajar esas tierras. La represión siempre está de paso, pero nosotros quedamos. La estrategia represiva cambió y se duplicó el contingente policial con el único interés de provocar temor, reunir información, hostigar. Los carabineros son ahora los guardias forestales, los camperos de los ricos. No tienen otra función que proteger, fortalecer, expandir y perpetuar la dominación. Este es un conflicto político-histó rico con el pueblo-nación mapuche que obedece principalmente al reconocimiento de su territorio y autonomía. No lo digo yo, sino la historia desconocida y tergiversada que aflora con la misma fuerza que el problema con Perú o Bolivia. Allí sí son válidos los tratados, los límites, cada centímetro de mar… Bueno, nosotros también trabajamos por recuperar lo robado.

LND
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.Aqui va el texto subrayado

EL FUNERAL QUE NO FUE

–¿Cuál fue la principal complicación que experimentó durante la huelga?
–La huelga fue un profundo acto de rebeldía frente a la soberbia y la arrogancia. Sentía sobre mí la responsabilidad de defender con dientes y uñas nuestra lucha. Sentí la muerte al lado de mi cama, por todas las señales que mi cuerpo presentaba y su deterioro progresivo. Algunos dirán: ¿cómo duró 112 días sin comer y sólo con yerbas medicinales? Debo decirles que desde el día 64 me llevaban al hospital para ponerme suero y exámenes. Hubo un momento en que ya no tenía venas y se me implantó un catéter [en el empeine]. No tenía donde escoger: era “por la razón o la fuerza”, y ya me había negado a recibir químicos para que funcionaran mis órganos y retardar el colapso. Fue así que estuve amarrada dos días de pies, manos y del tronco, aunque entendía que era la obligación de los médicos, y la mía resistirme.

–¿Temió por su vida?
–Llegó un momento tan claro para mí, que tuve que llamar a mi machi María Ancamilla, de Temulemu, y al lonko Pascual Pichún, para preparar los funerales. Para que fuera todo en orden y pudiera retornar adonde me inicié peleando por la lucha de mi pueblo; al lado de las tres comunidades: Temulemu, Didaico y Pantano. Era difícil hablar del tema con mi padre y plantearle que estaba muriendo, pero mi vida sólo dependía de la gracia de Dios.

–¿Cuáles son sus planes después de la cárcel?
–Yo seguiré luchando al lado de mi pueblo, pero por el momento no hay planes. Sólo esperanzas de obtener mi beneficio. Mientras, debo juntar dinero para una “mediagüita” y cositas para una casita, eso es lo primero. Lo claro es que será en el campo. Y emprenderé un proyecto autónomo de derechos humanos para dar ayuda jurídica a las comunidades de la resistencia.

El Weichafe Catrileo
“Matías Catrileo representa la consecuencia, la lucha y la generosidad de un ‘weichafe’ (jefe militar estratégico), pero también la impunidad con que actúan los organismos represores. Lo desconcertante es que los asesinos son premiados. En el caso de Alex Lemún, el policía Marco Aurelio Treuer fue ascendido, y el asesino de Matías (Walter Ramírez) ni siquiera fue sacado de servicio. Eso significa que el asesinato de cualquier mapuche o no mapuche, como Rodrigo Cisternas, de la forestal Celulosa Arauco, no tendrá culpables. Esto obliga a que los casos sean vistos por tribunales civiles”.

El Pueblo se da cuenta

Sí, escuchamos hasta las pocas intervenciones de “contenido moral” del Diputado Tetoco, de despliegue fascinante de “coeficiente intelectual” del Diputado Vocerón de San Ramón, y de “ejemplo de dignidad” del Diputado SS (además de por nazi goebeleano: Sobrino y Sinvergüenza). Son pocas intervenciones porque sus amos nefastos no los dejan ni tratar de pensar.

Escuchamos cómo el “Presidentazo” de la Asamblea usa la Sala Adjunta a su antojo para hacer quórum ilegítimo, y cómo el G38 consistentemente regala el país a los intereses más inconfesables. Por cierto que un amigo que tiene tienda de deportes me explicaba que lo de G38 es en realidad por el tamaño de las rodilleras que usan. Escuchamos cómo incomprensiblemente el PAC sigue haciendo quórum, día tras día.

Conocemos las excusas para eso, pero estos no son tiempos ordinarios, como para aceptar con tanta candidez ni siguiera sesiones ordinarias.

Sabemos que algunos han adquirido compromisos financieros nuevos por lo que necesitan de las dietas, y nos alegramos cuando un Costarricense mejora su calidad de vida, pero estos son tiempos en que los Patriotas hacen sacrificios personales.

Veo en el oscurantismo del Congreso, solitaria, una enorme luz, proyectada por la valentía y contenido de fondo de las intervenciones del Diputado Merino del Río, y la honestidad inclaudicable del Diputado Solís Bolaños. Ahí siento esperanza.

Pero estos días hemos escuchado y visto dos acontecimientos adicionales más que lamentables. La actitud de doña Andrea Morales es traición al PAC, al Movimiento Patriótico, a la dignidad nacional, y en esencia a la Patria. Es que en estos momentos hacer quórum es igual votar a favor de la profundización de la desigualdad en el país. “Hay que respetar la voluntad popular” dice la joven. Eso es como decir que el producto de una violación debe ser considerado legítimo. No puedo creer en el chisme de que doña Andrea está estrenando casa y carro, sin deuda.

Así que al compañero Luis Mata que le pregunta a doña Andrea “Qué entiende usted por ética?”, le puedo contestar que habiendo escuchado y meditado sobre las razones de esa Diputada, sin duda alguna el fundamento ético e ideológico para su actitud reside, en el fondo, en los dotes de semental de nuestro Alcalde josefino. Puntos a favor dentro de la mafiocracia para don Johnny, y al PIB del régimen se le suma la venta de otro par de rodilleras.

Lo otro lamentable de estos últimos días, es que el régimen haya dado otro paso en su afán de lucro personal, en la escalada de confrontación social, y que haya decidido regar sangre Costarricense. Ya no puede haber duda de quién es el agresor, y sabemos que tarde o temprano “el que a hierro mata….”

SETENA desobedece moratoria minera

Con mucha preocupación denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que la Secretaría Técnica Ambiental SETENA, irrespetando la legislación nacional, aprobó un anexo al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas, ubicado en la Zona Norte de Costa Rica, pues viene a confirmar lo que la empresa minera Vanessa Venture expuso a los accionistas en su página Web hace un año como conclusión del nuevo estudio.

Destacamos tres:

– Que el Proyecto Crucitas es viable económicamente – Que el nuevo gobierno (Administración Arias) está a favor del proyecto. – Que la moratoria minera será cancelada

(Ver imagen1)

Tal y como lo denunciamos en mayo del año anterior, la nueva propuesta de la empresa minera cambia sustancialmente el proyecto ya que incluye la explotación de la roca dura, lo que significa un procedimiento de más impacto sobre el ambiente.

Las dos imágenes obtenidas de la presentación de la empresa a los accionistas en su página Web muestran la profundidad de la extracción dejando de un lado la propuesta del primer estudio que planteaba una extracción superficial de la capa llamada saprolita (entre 6 y 12 metros) a una extracción profunda (60 a más metros) hasta llegar a la roca dura, utilizando explosivos. (Ver imágenes 2 y 3)

El anexo fue presentado por la empresa minera ante SETENA en diciembre pasado, pero no fuimos notificados, violentanto así la legislación vigente. El Estudio Ambiental aprobado por SETENA fue debidamente impugnado y pasó a una instancia superior que aún no ha resuelto por lo que SETENA no puede resolver sin antes conocer lo que se resolverá.

Por otra parte SETENA está desobedeciendo el mandato de moratoria minera consignado en el decreto 30477 MINAE publicado el 12 de junio de 2002, al tramitar un asunto que está prohibido en Costa Rica en forma indefinida.

Cabe preguntar a SETENA: ¿Se le daría trámite a una solicitud de viabilidad ambiental para construir una saca de guaro?, ¿Le daría SETENA trámite a un estudio de impacto ambiental para hacer una siembra de marihuana en un Parque Nacional? Estamos seguros de que dichas solicitudes serían rechazadas ad portas por esta Secretaría, precisamente porque estamos refiriéndonos asuntos que están prohibidos. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo con la minería y especialmente con este proyecto que se encontraba en trámite en el momento de firmarse el decreto y no tiene ningún derecho adquirido porque el permiso de explotación fue anulado por la Sala Constitucional?.

Hacemos un llamado de alerta ante la comunidad nacional e internacional a cerrar filas ante lo que pareciera ser un peligroso doble discurso en torno a la protección ambiental del gobierno de Oscar Arias de Costa Rica, que por una parte declara Paz con la Naturaleza y recibe Premios para la protección ambiental y por otro, de manera agazapada, permite que las instancias públicas aprueben anexos y trámites que le abrirían el camino a una de las actividades mas destructivas del ambiente como es la minería metálica.

Lea: Nueva alerta en Costa Rica y Nicaragua contra el proyecto minero Crucitas (Archivos Adjuntos)

Fuente: Unión Norte por la Vida y FECON

Construcción de alternativas más allá del TLC

Esta pregunta tan fundamental motiva esta reflexión que, con el mayor respeto, presento aquí a consideración de ese rico y pluralista Movimiento Ciudadano surgido de la lucha contra el TLC. Al mismo tiempo, es ésta una invitación cordial al estudio, la reflexión y el debate sobre este asunto tan trascendental para el futuro de Costa Rica.

* Catedrático Universitario UNED

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Joint Declaration on Diversity in Broadcasting

JOINT DECLARATION ON DIVERSITY IN BROADCASTING

by

The UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression and the ACHPR (African Commission on Human and Peoples’ Rights) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information,

Having met with representatives of NGOs, academics and other experts in Amsterdam on 7-8 December 2007, under the auspices of ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression, assisted by the Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam;

Recalling and reaffirming our Joint Declarations of 26 November 1999, 30 November 2000, 20 November 2001, 10 December 2002, 18 December 2003, 6 December 2004, 21 December 2005 and 19 December 2006;

Stressing the fundamental importance of diversity in the media to the free flow of information and ideas in society, in terms both of giving voice to and satisfying the information needs and other interests of all, as protected by international guarantees of the right to freedom of expression;

Cognisant, in particular, of the importance of diversity to democracy, social cohesion and broad participation in decision-making;

Aware of the potential of new technologies both to serve as vehicles for promoting diversity but also to pose new threats to diversity, including as a result of the digital divide;

Emphasising the complex nature of diversity, which includes diversity of outlet (types of media) and source (ownership of the media), as well as diversity of content (media output);

Recognising the varied contributions that different types of broadcasters – commercial, public service and community – as well as broadcasters of different reach – local, national, regional and international – make to diversity;

Noting that undue concentration of media ownership, direct or indirect, as well as government control over the media, pose a threat to diversity of the media, as well as other risks, such as concentrating political power in the hands of owners or governing elites;

Stressing that independent public service broadcasters will continue to play an important role in promoting diversity in the new digital broadcasting environment, including through their unique role in providing reliable, high-quality and informative programming;

Mindful of the potential for abuse of regulatory systems for the media to the detriment, among other things, of diversity, particularly where oversight bodies are not sufficiently protected against political or other interference;

Concerned about the growth of a number of threats to the viability of public service broadcasting in different countries, which undermine its ability to fulfil its potential to contribute to media diversity, as well as the failure of many countries to recognise community broadcasting as a distinct type of broadcasting;

Adopt, on 12 December 2007, the following Declaration on Promoting Diversity in the Broadcast Media:

General Points

• Regulation of the media to promote diversity, including governance of public media, is legitimate only if it is undertaken by a body which is protected against political and other forms of unwarranted interference, in accordance with international human rights standards.

• Broad public education and other efforts should be undertaken to promote media literacy and to ensure that all members of society can understand and take advantage of new technologies with a view to bridging the digital divide.

• Transparency should be a hallmark of public policy efforts in the area of broadcasting. This should apply to regulation, ownership, public subsidy schemes and other policy initiatives.

• Low-cost technologies that are widely accessible should be promoted with a view to ensuing broad access to new communications platforms. Technological solutions to traditional problems of access –including in relation to hearing or visual disabilities – should be explored and promoted.

• Measures should be put in place to ensure that government advertising is not used as a vehicle for political interference in the media.

On Diversity of Outlet

• Sufficient ‘space’ should be allocated to broadcasting uses on different communications platforms to ensure that, as a whole, the public is able to receive a range of diverse broadcasting services. In terms of terrestrial dissemination, whether analogue or digital, this implies an appropriate allocation of frequencies for broadcasting uses.

• Different types of broadcasters – commercial, public service and community – should be able to operate on, and have equitable access to, all available distribution platforms. Specific measures to promote diversity may include reservation of adequate frequencies for different types of broadcasters, must-carry rules, a requirement that both distribution and reception technologies are complementary and/or interoperable, including across national frontiers, and non-discriminatory access to support services, such as electronic programme guides.

• Consideration of the impact on access to the media, and on different types of broadcasters, should be taken into account in planning for a transition from analogue to digital broadcasting. This requires a clear plan for switchover that promotes, rather than limits, public interest broadcasting. Measures should be taken to ensure that digital transition costs do not limit the ability of community broadcasters to operate. Where appropriate, consideration should be given to reserving part of the spectrum for analogue radio broadcasting for the medium-term. At least part of the spectrum released through the ‘digital dividend’ should be reserved for broadcasting uses.

• The least intrusive effective system for the administration of broadcasting to promote diversity should become used, taking into account reductions in the problem of scarcity. Licensing, justified by reference to the airwaves as a limited public resource, is not legitimate for Internet broadcasting.

• Special measures are needed to protect and preserve public service broadcasting in the new broadcasting environment. The mandate of public service broadcasters should be clearly set out in law and include, among other things, contributing to diversity, which should go beyond offering different types of programming and include giving voice to, and serving the information needs and interests of, all sectors of society. Innovative funding mechanisms for public service broadcasting should be explored which are sufficient to enable it to deliver its public service mandate, which are guaranteed in advance on a multi-year basis, and which are indexed against inflation.

• Community broadcasting should be explicitly recognized in law as a distinct form of broadcasting, should benefit from fair and simple licensing procedures, should not have to meet stringent technological or other license criteria, should benefit from concessionary license fees and should have access to advertising.

On Diversity of Source

• In recognition of the particular importance of media diversity to democracy, special measures, including anti-monopoly rules, should be put in place to prevent undue concentration of media or cross-media ownership, both horizontal and vertical. Such measures should involve stringent requirements of transparency of media ownership at all levels. They should also involve active monitoring, taking ownership concentration into account in the licensing process, where applicable, prior reporting of major proposed combinations, and powers to prevent such combinations from taking place.

• Consideration should be given to providing support, based on equitable, objective criteria applied in a non-discriminatory fashion, to those wishing to establish new media outlets.

On Diversity of Content

• Policy tools could be used, where this is consistent with international guarantees of freedom of expression, to promote content diversity among and within media outlets.

• Consideration should be given to providing support, based on equitable, objective criteria applied in a non-discriminatory fashion, for the production of content which makes an important contribution to diversity. This might include measures to promote independent content producers, including by requiring public service broadcasters to purchase a minimum quota of their programming from these producers.

• An appropriate balance should be struck between protection of copyright and neighbouring rights, and promoting the free flow of information and ideas in society, including through measures which result in a strengthening of the public domain.

Ambeyi Ligabo
UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression

Miklos Haraszti
OSCE Representative on Freedom of the Media

Ignacio Alvarez
OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression

Faith Pansy Tlakula
ACHPR Special Rapporteur on Freedom of Expression

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Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica

Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE DIVERSIDAD EN LA RADIODIFUSION [1]

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información,

Habiéndose reunido con representantes de las ONGs, miembros de la academia y otros expertos en Ámsterdam los días 7 y 8 de diciembre de 2007, bajo los auspicios de ARTÍCULO 19, la organización Campaña Global para la Libre Expresión (Global Campaign for Free Expression), asistidos por el Instituto para el Derecho de la Información (Institute for Information Law – IViR), Universidad de Ámsterdam;

Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, 30 de noviembre de 2000, 20 de noviembre de 2001, 10 de diciembre de 2002, 18 de diciembre de 2003, 6 de diciembre de 2004, 21 de diciembre de 2005 y 19 de diciembre de 2006;

Destacando la importancia fundamental de la diversidad en los medios comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad de expresión;

Conocedores, en particular, de la importancia de la diversidad para la democracia, la cohesión social y la amplia participación en el proceso de toma de decisiones;

Conscientes del potencial de las nuevas tecnologías tanto para servir como vehículos para la promoción de la diversidad como para generar nuevas amenazas a la diversidad, incluyendo las resultantes de la brecha digital;

Enfatizando la naturaleza compleja de la diversidad, que incluye la diversidad de medios de comunicación (tipos de medios) y de fuentes (propiedad de los medios), así como la diversidad de contenido (producto de los medios);

Reconociendo los variados aportes que efectúan a la diversidad los diferentes tipos de medios de comunicación – comerciales, de servicio público y comunitarios – así como los que tienen diferente alcance – local, nacional, regional e internacional –;

Notando que la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación, directa o indirecta, así como el control gubernamental sobre los mismos constituyen una amenaza a la diversidad de los medios, a la vez que generan otros riesgos, tales como la concentración del poder político en manos de los propietarios o de elites gobernantes;

Enfatizando que los medios de comunicación estatales o de servicio público independientes continuarán jugando un papel importante en la promoción de la diversidad en el nuevo escenario de emisión digital, inclusive a través de su rol único como proveedores de programación confiable, de alta calidad e informativa;

Atentos al potencial para el abuso que tienen los sistemas de regulación a los medios de comunicación en perjuicio, entre otros, de la diversidad, particularmente cuando los órganos de control no cuentan con suficiente protección contra la interferencia política o de otra índole;

Preocupados por el aumento de una serie de amenazas a la viabilidad de la radiodifusión de servicio público en diferentes países, lo que disminuye su capacidad para alcanzar su potencial de contribuir a la diversidad de los medios de comunicación, así como por el fracaso de muchos países en reconocer la radiodifusión comunitaria como un tipo diferente de comunicación social;

Adoptamos, el 12 de diciembre de 2007, la siguiente Declaración para la Promoción de la Diversidad en los Medios de Comunicación:

Puntos Generales

– La regulación de los medios de comunicación con el propósito de promover la diversidad, incluyendo la viabilidad de los medios públicos, es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

– Un amplio acceso a educación pública y otros esfuerzos se deben llevar a cabo para promover la adquisición de conocimientos sobre los medios de comunicación, de forma tal que se asegure que todos los miembros de la sociedad puedan entender y aprovechar las nuevas tecnologías con miras a superar la brecha digital.

– La transparencia debe ser el sello distintivo de los esfuerzos de las políticas públicas en el área de la radiodifusión. Este criterio debe ser aplicable a la regulación, propiedad, esquemas de subsidios públicos y otras iniciativas en cuanto a políticas.

– Se deben promover tecnologías de bajo costo que sean extensamente accesibles con miras a asegurar el amplio acceso a las nuevas plataformas de comunicación. Se deben explorar y promover soluciones tecnológicas a los problemas tradicionales de acceso, inclusive los relacionados con discapacidades auditivas o visuales.

– Se deben implementar medidas para asegurar que la publicidad oficial no sea utilizada como un medio para la interferencia política en los medios de comunicación.

Sobre la Diversidad de Tipos de Medios de Comunicación

– Se debe asignar suficiente ‘espacio’ para la transmisión de las diferentes plataformas de comunicación para asegurar que el público, como un todo, pueda recibir un espectro variado de servicios de medios de comunicación. En términos de difusión terrestre, ya sea análoga o digital, esto implica una asignación apropiada de las frecuencias para usos de radiodifusión.

– Los diferentes tipos de medios de comunicación – comerciales, de servicio público y comunitarios – deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas específicas para promover la diversidad pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medios, contar con must-carry rules (sobre el deber de transmisión), requerir que tanto las tecnologías de distribución como las de recepción sean complementarias y/o interoperable, inclusive a través de las fronteras nacionales, y proveer acceso no discriminatorio a servicios de ayuda, tales como guías de programación electrónica.

– En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar. Cuando sea apropiado, se debe considerar reservar, a mediano plazo, parte del espectro para la transmisión análoga de radio. Al menos parte del espectro liberado a través de la transición digital se debe reservar para uso de radiodifusión.

– Para promover la diversidad se debe utilizar el sistema menos invasivo para la administración del espacio radioeléctrico, tomando en cuenta reducciones en la regulación si disminuye el problema de escasez. El sistema de licencias, basado en la consideración de las ondas radioeléctricas como un recurso público limitado, no es legítimo para la transmisión a través de Internet.

– Se requieren medidas especiales para proteger y preservar los medios públicos en el nuevo espacio radioeléctrico. El mandato de los medios públicos debe estar claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de información e intereses de todos los sectores de la sociedad. Se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio público, que sea garantizado por adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de acuerdo a la inflación.

– La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad.

Sobre la Diversidad de las Fuentes

– En reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor.

– Se debe proveer apoyo a aquellos que deseen establecer nuevos tipos de medios de comunicación, con base en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma no discriminatoria.

Sobre la Diversidad del Contenido

– Se pueden utilizar políticas públicas, para promover la diversidad de contenido entre los tipos de medios de comunicación y dentro de los mismos cuando sea compatible con las garantías internacionales a la libertad de expresión.

– Se debe considerar proveer apoyo para la producción de contenido que contribuya de manera significativa a la diversidad, fundado en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma no discriminatoria. Esto puede incluir medidas para promocionar productores de contenidos independientes, incluso solicitando a los medios públicos que adquieran una cuota mínima de su programación de dichos productores.

– Se debe lograr un balance adecuado entre la protección de los derechos de autor y derechos conexos y la promoción de la libre circulación de información e ideas en la sociedad, inclusive a través de medidas que fortalezcan el dominio público.

Ambeyi Ligabo
Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión

Miklos Haraszti
Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación

Ignacio Alvarez
Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión

Faith Pansy Tlakula
Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información

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(1) Traducción no oficial al español de la versión original redactada y aprobada en inglés. La traducción ha sido realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (OEA).
La expresión Radiodifusión (Broadcasting) debe entenderse en forma amplia, como la emisión de señales en el espacio radioeléctrico, lo que incluye, entre otras, Radio y Televisión.

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Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica

Del Estado de Derecho al de corrupción total

El espectáculo que muestra la prensa de en lo que se ha convertido el recinto legislativo, unos con sombrerito de lona, o chonete, los otros con una especie de camiseta con lemas, no puestas sobre el cuerpo, sino colgando de las curules, dando el espectáculo de una nueva visión de cuartería, indigna de ellos mismos como representantes que son de la ciudadanía. Para homologarlos, habría que brindarles los extraños sombreros de los ciudadanos y las ciudadanas, que se ponen el día del tope, y que usan una vez al año, más sillas y mesas, salchichón, carne asada, guaro en pachita, whisky, todo en media calle mientas aspiran el aroma de la boñiga de los caballos y a los caballistas les alzan cervezas y boquitas. Todo representado en ese igualitarismo hacia abajo en que pareciera haberse convertido el país, y que nos empuja soñadoramente hacia el chinamo total, con música de los Tigres del Este y con el carácter de falsete ranchero en que pareciera haberse convertido el discurso político en nuestro país.

Por eso les resulta pertinente presentar proyectos de ley como el que viene a modificar el carácter de la Fiscalía General de la República, que es tan extravagante que no se le ve un futuro viable más que en el archivo. Pero su destino final no interesa tanto sino su presencia actual, que nos muestra una cara de la moneda de las aspiraciones de algunos para pasar, lentamente y con visos legales, del Estado de Derecho, que defendemos todavía algunos, al estado de corrupción total, que sería el sueño de muchos para seguir haciendo de las suyas en su relación estado-clase política.

Sería perjudicial para la salud mental colectiva, tomar en serio lo que acontece en el país, por lo cual los programas de humor tienen alta escucha, si a lo que allí se oye pudiera llamarse humorismo y no improvisación, algunas veces genial por lo disparatado, otras veces horrorosas calistenias del lenguaje, medianamente convertidas en interjecciones jocosas, de las cuales acostumbran reírse ellos mismos.

Una somera lectura del proyecto de ley nos permite comprobar la incompetencia del, o los proponentes, vacua copia de algún expediente de otro país, traído para darle un toque de globalización fortuita y seguir en la campaña contra el señor Fiscal General, el cual ha realizado su trabajo de manera satisfactoria para la mayoría de los costarricenses y cuya participación en la vida ciudadana le ha dado realce a la Fiscalía, a pesar de sus enemigos personales, institucionales o políticos. Pero nada de esto debe extrañarnos en un tiempo al que se refirió alguna vez Herman Hesse, el autor suizo-alemán, como de la época del folletón, en donde los guiones históricos se escriben con la peor prosa del mundo y contenidos que se entrelazan hasta volverse antagónicos entre sí.

Sobre el caso de la Defensora de los Habitantes y su actividad competente, audaz y llena de iniciativas ya está de seguro en la mira de los políticos, que la eligieron, dada su actitud independiente, polémica algunas veces, todo sintetizado en el brillante informe sobre la no conveniencia de aprobar el acuerdo de libre comercio, y tener sobre éste, y otros asuntos, puntos divergentes pero necesarios para remozar la vida institucional del país.

Resulta descabellado pensar que en el país solo debe prevalecer una opinión, tenida como paradigmática y uniforme. No todos pensamos igual a quienes cree tener la razón y la oposición, que denota también un mandato de un sector de costarricenses, debe ser entendida como tal, y no la genuflexión para compartir ideas en las que no estamos de acuerdo. Todo esto puede percibirse en la nueva generación de postulantes a puestos, signados por el dedo del Gran Titiritero, que solo busca prebostes o ciudadanos cuya columna vertebral se haya convertido en gelatina y solo muestren un punto de vista unilateral, fijo, más allá aún de la testarudez voluntariosa. Los puntos de vista pueden, y deben ser divergentes, en muchos aspectos. Las leyes pueden ser mejoradas, cambiadas, discutidas y rechazadas o aprobadas, según sean los puntos de vista de quienes las estudian y someten a escrutinio.

Del precario Estado de Derecho a la corrupción total, en cuanto a ideas y maneras de ser y actuar, solo hay ya una línea divisoria que se diluye sutilmente. La diferencia entre lo grande y lo achicado es algo que el país ha estado viviendo desde 1995, cuando se dio el Pacto de la Vergüenza, y se pretendió, ilusoriamente, que todos deberíamos pensar igual y que el ámbito político-legislativo se convirtiera en un jardín y no un campo de discusión de ideas.

Todo el sentido de la república mediática le da a nuestro país, y pareciera que es un fenómeno mundial, un escenario donde lo irrisorio se transforma en trascendente y las palabras son mentiras esbozadas para engañarse, primero a sí mismo, y proyectar el embuste a las grandes multitudes, a las cuales se les ofrece el pan y circo que da paso, y legitimidad, a la república del espectáculo.

Todos, casi, sabemos que los grandes problemas del país son la seguridad personal y colectiva, la magnitud del tráfico de drogas, la legitimación de capitales, la especulación inmobiliaria, la creación de enclaves extranjeros, desde gansters con rostro de refugiados hasta la conversión del país de una república, más o menos digna, a una auténtica repútica en el cual el turismo sexual es su mayor gancho publicitario.

Se privilegian los índices económicos, la mayoría en el papel, mientras los precios de los artículos básicos suben hasta las nubes y las tarifas de servicios públicos, y privados, se expanden continuamente.

De allí el pan y circo. La vulgaridad intronizada como valor, las rumbas, festejos, saraos, fiestas y promociones para hacer que un sector de personas, no el pueblo auténtico, caiga en la narcolepsia del consumismo y del dinero y el crédito fácil.

Tal vez podamos pensar que, en esto de los chonetes por un día, nos quede la idea de que los auténticos labriegos costarricenses usan sombrero de verdad y que a las peonadas, para diferenciarlos de los gamonales, les fueron impuestos estos choneticos, muchos de ellos calzados en la cabeza a disgusto.

Para no hablar de los trajes típicos, o las togas abirreteadas, con que pretenden diferenciarse algunos, en si singularidad populachera.

Fuente: La Prensa Libre

Declaración conjunta sobre “Diversidad en la Radiodifusión”

El 7 y 8 de diciembre del año pasado tuvo lugar en la ciudad holandesa de Ámsterdam una reunión entre los relatores sobre Libertad de Expresión de las organizaciones Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Entre los cuatro representantes emitieron una declaración conjunta en donde reclaman “Diversidad en la Radiodifusión”.

El documento acaba de hacerse público luego de que circulara una primera versión en inglés, el cual no ha circulado hasta hoy, ninguno de los grandes medios le dio difusión. Lamentablemente, la discusión sobre la concentración mediática en América Latina, no forma parte central de la agenda de temas periodísticos de las empresas informativas.

Para los relatores de las organizaciones mencionadas, la diversidad de medios es “fundamental” para “el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad de expresión”.

Como contra cara de la diversidad, los relatores señalan a la concentración mediática. En ese sentido, destacan que promover la diversificación es vital “para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical” y que para ello “se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas”.

Tales medidas, para los relatores, “deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor”.

Lea el documento completo:

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Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica

Las cuentas fiscales

El hecho de que los ingresos superaran los gastos gubernamentales en aproximadamente ¢86 mil millones no es, por sí mismo, motivo suficiente de regocijo.

La presencia de un déficit, un superávit, o incluso un presupuesto balanceado, no es un indicador relevante de la salud económica de un país. No puede aseverarse, dentro de ciertos rangos, que una economía en la que el gobierno obtiene ingresos superiores a los egresos está en mejor situación que otra en circunstancias opuestas. La evidencia es contundente.

En verdad el tema del equilibrio fiscal y del balance presupuestario ha sido y es motivo de amplia discusión entre los economistas. Primero, por los efectos que tiene sobre las variables macroeconómicas; y segundo, por las discrepancias que existen sobre la utilización del erario público como instrumento de política y, en particular, como herramienta para atenuar los ciclos económicos. Hay quienes consideran que debe cumplir ese propósito y otros que rechazan la intervención.

Pero volviendo a la realidad costarricense, vale la pena revisar algunas estadísticas de los últimos cinco años para valorar el desempeño fiscal en 2007.

* En el quinquenio 2003-2007 los ingresos tributarios y los gastos totales se elevaron a una tasa anual promedio del 21,4% y 15,3% respectivamente. El año pasado las alzas fueron del 28,4% y 24,7%, es decir, ambas muy superiores a la media quinquenal.

  • En cada uno de los años se produjo un superávit primario (ingresos corrientes menos gastos totales) que ascendió de ¢82 mil millones en 2003 a ¢506 mil millones en 2007.
  • El aumento de los ingresos fue superior al incremento en los gastos en todos los años, lo cual explica el muy elevado crecimiento del superávit primario.
  • No obstante, los intereses de la deuda, tanto interna como externa, consumieron una parte importante del presupuesto, aproximadamente un 26% del gasto gubernamental, generando así un déficit financiero.


Durante el año pasado se observan tres resultados que valoro como positivos. Primero, el incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta (36%), superior al de otros tributos y mayor que en años precedentes; segundo, un considerable aumento del 67% en la partida de otros gastos, que incluye recursos para programas sociales; y tercero, la caída del 3,9% en el pago de intereses de la deuda, como secuela de la reducción en las tasas de interés.

Estos tres logros son consecuencia de una meritoria labor de gestión de cobro por parte de la administración tributaria, una política focalizada en grupos sociales de menores ingresos y un contexto macroeconómico favorable.

Es necesario concluir indicando que las mejoras observadas en las cuentas fiscales no son sinónimo de que los problemas de fondo de la hacienda pública hayan sido resueltos. Por el contrario, persiste la inequidad tributaria, la ineficiencia en el uso de los recursos, las restricciones a la inversión pública y la necesidad de transformaciones estructurales: impuesto al valor agregado y renta universal y global, entre otros.

Son retos y compromisos pendientes del Ministro de Hacienda.

25/01/2008

El negocio del desaleteo

Excelente noticia pues ya la comunidad internacional, gracias al film “Sharkwater” (Tiburones), se enteró que el país que se promociona como “amante de la naturaleza” es parte del negocio millonario que impide erradicar la cruel práctica de cortar las aletas a esos peces y lanzar luego sus cuerpos a morir desangrados al mar.

Debido a que un kilo de aletas vale $660 en países orientales (¡pese a que en Costa Rica los exportadores lo reportan en $5 el kilo!) se estima que unos 100 millones de tiburones son sacrificados anualmente solo para negociar sus aletas, y ello sin importar el daño ambiental a los ecosistemas marinos provocado por la matanza de cientos de especies de gran importancia para el frágil equilibrio ecológico.

Mientras en nuestro país las llamadas medidas de “control” aplicadas en los desembarques han demostrado hasta la saciedad su ineficacia, en vista de que solo en la vertiente del Pacífico tenemos 1200 Km. de costa imposibles de vigilar, sigue adelante el negocio del desaleteo y posterior exportación, por lo que la Contraloría General de la República ha reprendido al Incopesca para que cumpla su deber y establezca los controles y regulaciones necesarios para racionalizar la captura de tiburones.

Por ello, hemos de sumar a la propuesta legislativa, la noticia que por otro lado ratifica lo expresado reiteradamente por el señor viceministro del Ambiente, don Jorge Rodríguez, en el sentido de acoger la sugerencia de PROHIBIR LA EXPORTACION de aletas de tiburón, emulando así las medidas exitosas de control puestas en práctica en el archipiélago de las Bahamas, convertido en un santuario de tiburones que atrae a miles de turistas solo para admirarlos. Aplaudimos pues, que según ha trascendido, en los próximos días se publicará un decreto ejecutivo suscrito, prohibiendo precisamente la exportación de aletas. Decreto que también se dice, tiene la anunciada oposición del presidente ejecutivo del Incopesca, máster Carlos Villalobos.

De esta manera, dos iniciativas, una más práctica, directa y con el sentido de urgencia que demanda la situación (impulsada por el Poder Ejecutivo) vienen a sustituir las “campañas” de campos pagados y recolección de firmas que a veces parecen favorecer solo a los que las promueven, pero que han subsistido gracias a la indolencia gubernamental que por muchos años se ha despreocupado de la grave situación que ahora mancha el nombre de Costa Rica en el extranjero.

Esperamos entonces, que estos días se confirmen las buenas noticias y podamos decir, con plena conciencia y responsabilidad, que Costa Rica ahora sí ha decidido enfrentar el desaleteo con acciones de verdad. Acción que contribuiría muchísimo con la campaña internacional por reconocerle a la isla del Coco su carácter de maravilla del mundo.

* Catedrático UNA
16 de enero del 2007