Categoría: Incidencia

Licenciado
Luis Fernando Vargas Benavides
Contralor General
Contraloría General de la República
Su Despacho

Estimado señor Contralor:

Respetuosamente, expresamos a su digna autoridad nuestro más atento saludo.

Mediante oficios DAJ-590-2003 y DAJ-593-2003, del 16 y 18 de diciembre de 2003 respectivamente, dos abogados de la Asesoría Jurídica activa del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) emiten criterio respecto a la legalidad de los contratos de concesión de los servicios públicos de remolcadores y de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera.

Ambos profesionales en Derecho, coinciden en que el proceso licitatorio contiene serios yerros que constituyen ilegalidades, en cuanto contravienen las disposiciones de contratación administrativa y el ordenamiento jurídico en general.

Según el Lic. Emanuel López Vargas, la Contraloría General de la República, que tuvo en sus manos la revisión del procedimiento de licitación, obvió serias contradicciones e ilegalidades de las ofertas y los carteles. En su comentario final indicó: “Luego del estudio detallado no solo del contrato sino de las ofertas y del cartel, se notaron un sinnúmero de ilegalidades y contradicciones, las cuales no han sido analizadas, toda vez que se parte del supuesto que la legalidad del procedimiento de licitación fue revisado por la Contraloría General de la República”.

En el contrato de concesión de servicios públicos de remolcadores, el Lic. Marco Antonio Cavallini encontró las siguientes situaciones irregulares:

En el contrato aparecen dos servicios públicos como el pilotaje y el servicio de lanchas, servicios que están regulados con tarifas de ARESEP , que en un primer momento se había indicado que quedarían en manos del INCOP, y que fueron incluidos en el cartel mediante una aclaración después de haber sido adjudicada la concesión.

El remolcador “Don Pepe” que se incluyó en el cartel de licitación, no se encontraba en ese momento inscrito a nombre del INCOP. De hecho el licenciado Marco Antonio Vargas Cavallini, previene que aún no es propiedad del INCOP, pues no se han cancelado los impuestos respectivos y advierte que realizar su venta sería un actuar delictivo.

El contrato establece el servicio de remolcadores en la denominada Boya de FERTICA, instalaciones que no le pertenecen a INCOP y que, por lo tanto, no cuenta con competencia alguna sobre las mismas.

En cuanto al contrato referente a los servicios públicos del Puerto Caldera, se advierten las siguientes ilegalidades:

Se le permitió al consorcio Caldera II adoptar la estructura tarifaria aprobada por ARESEP para el INCOP, cuando lo procedente es que se apruebe una tarifa de servicios a éste.

En el cartel correspondiente se estableció que ni el edificio administrativo ni los edificios restantes serían objeto del contrato, y en el contrato se establece como áreas y bienes de la concesión, todas las construcciones, estructuras, bodegas de almacenamiento, patios, parqueo, edificio y casetas; así como la red contra incendios, la red de acueducto y alcantarillado y red eléctrica.

En el contrato se obliga a la administración a garantizar al concesionario que dentro del área de la concesión, será el único prestatario del servicio público de carga; situación anómala, pues no puede limitarse la potestad de la administración de decidir como dar en concesión los servicios portuarios.

En el cartel se indicó que los servicios licitados eran sencillamente de atención a los buques y la carga, por lo que mediante el contrato no puede el concesionario pretender abarcar todos los servicios.

En el cartel se expresó que la administración tendría en todo momento acceso a todos los libros y medios de control que debe llevar el concesionario, y en el contrato se pretende limitar este derecho de fiscalización por parte de la administración concedente.

En el contrato se está trasladando a los concesionarios la atención de cruceros, cosa que no fue objeto de la licitación adjudicada.

En cuanto a los dineros que debe depositar la empresa concesionaria para que ésta pueda hacer efectivo el pago de la indemnización a los trabajadores, en el cartel se estableció que debería depositarlos 15 días posteriores al refrendo de los contratos; y ahora en el contrato, se habla de 30 días posteriores a la orden de inicio, misma que puede dilatar más tiempo. Lo anterior, además de contradecir el cartel, implica que no habría certeza respecto a la fecha en que los fondos públicos facilitados vía presupuesto al INCOP en título de préstamo, para hacer efectivo ese pago, serían reintegrados.

En la oferta los concesionarios aceptaron someterse al ordenamiento jurídico costarricense, y mediante el contrato, pretenden que se les indemnice en casos de “dudosísima” procedencia, como sería la creación de leyes o impuestos, o se implementen medidas ambientales por el Estado.

Finalmente, relacionado con lo anterior, nos encontramos que el Auditor General del INCOP, mediante oficio AG-546-2003 del 15 de diciembre de 2003, remitió a la Junta Directiva de la institución, informe solicitado por la Contraloría General de la República, en su oficio FOE-OP-167, relativo a supuestas irregularidades en el uso de recursos por gastos efectuados en restaurantes, compras en supermercados y gastos en viajes al exterior. El punto 2.2.1 de dicho informe estipula lo siguiente:

“Otras invitaciones.
De conformidad con la certificación expedida por la Dirección Financiera el 23/05/2003, donde nos remite detalle de los gastos por concepto de invitaciones entre otros. Al respecto con el fin de atender parte de los aspectos denunciados relacionados con la utilización de recursos públicos para invitar a representantes de las empresas adjudicadas y en general las empresas que participaron en el proceso de licitación para la concesión de servicios portuarios. (…)

PERIODO

ENTIDAD

MONTO TOTAL

Julio 2001 a junio 2002

Grupo Buenaventura

¢486.054.40

Junio 2000 a Junio 2002

Pipasa

¢206.843.25

Agosto de 2001

Grupo Barranquilla

¢60.170.oo

Julio 2001 a Setiembre 2001

Grupo Intertug

¢92.340.oo

El señor Auditor señaló al respecto: “…Situación que estimamos eventualmente podría resultar inconveniente a los principios de la contratación administrativa, pues en las facturas y los documentos que amparan las liquidaciones correspondientes no se indican, entre otros; los objetivos o motivos claros de tales invitaciones, aspecto el cual limita en parte hacer una valoración más objetiva y precisa tendiente a determinar ese proceder, aspecto que estimamos debe ser analizado por parte de nuestra Unidad Jurídica a la luz de la legislación que rige en esa materia, tal y como lo proponemos más adelante, en el punto 4.2.3 tendiente a aclarar adecuadamente esta situación.”

Respetuosamente consideramos, señor Contralor, que ante las irregularidades apuntadas, que ya han sido señaladas ante su Autoridad y la administración del INCOP por la Agencia Costarricense de Agentes Portuarios (ACAPOR), por diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana, del Bloque Patriótico Parlamentaria y del Partido Liberación Nacional, los contratos de la concesión de Puerto Caldera no deberían ser avalados o refrendados por la Contraloría General de la República.

Todo lo contrario, este ente fiscalizador, debería advertir a la administración activa del INCOP que no firme los contratos y proceder a dejar sin efecto todo lo actuado hasta el momento, incluyendo las adjudicaciones, puesto que este es un proceso totalmente ilegal, que contiene serios vicios de nulidad.

Es importante que su Autoridad tome cartas en el asunto a la mayor brevedad, para evitar que el erario público, una vez más, tenga que afrontar erogaciones producto de un contrato leonino, que desde todo punto de vista no conviene a los intereses de los y las costarricenses.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.: Honorables señores Diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.: Lic. José Miguel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Ing. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo INCOP.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Archivo.

Estimado señor Contralor:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como nuestros mejores deseos para el año que ha iniciado.

Como es de su entero conocimiento, nuestra organización sindical, por razones de forma y de principio político, nos hemos opuesto, radicalmente, a lo que en nuestro criterio constituye el negocio de la privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

No obstante lo anterior, y sumamente preocupados por la seguridad jurídica respecto a la cancelación de la indemnización por desarraigo, prometida a los trabajadores y a las trabajadoras de dicha institución; y partiendo de las resoluciones que la propia Contraloría General de la República ha emitido en torno al pago de los beneficios de la Convención Colectiva de JAPDEVA, nos permitimos, con apego al derecho, formularle las siguientes preguntas:

¿Aprobará la Contraloría General de la República, el pago de la mencionada indemnización a los trabajadores y a las trabajadoras de INCOP, conforme al artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esa institución?

Lo anterior porque a nuestro juicio, los beneficios del personal de JAPDEVA son una “pequeñez”, comparados con la erogación que con fondos de la deuda pública, deberemos pagar los y las costarricenses para culminar los compromisos de este negocio.

Asimismo, conforme a la opinión jurídica OJ-184-2003, del 1 de octubre del 2003, emitida por la Procuraduría General de la República, y con el ánimo de contar con la certeza respecto a la legalidad del pago de esta indemnización, incluida por medio del Adendum a la Convención Colectiva de Trabajo del INCOP (artículo 25), suscrito el 16 de setiembre de 2002; solicitamos se nos informe si la institución a su digno cargo constató que la negociación de dicho adendum, se ajustara a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del 22 de octubre de 1986, Acuerdo No. 4, dado que la Procuraduría considera que es posible permitir el pago siempre y cuando se ajuste a estas directrices, a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y los propios votos de la Sala Constitucional, en cuanto a razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.

Lo anterior lo solicitamos al amparo de la ley y con el único objetivo de que nuestros representados y representadas en el INCOP, cuenten con real certeza jurídica de si dicho pago les compete o no.

Apreciaríamos una respuesta en nuestras oficinas, ubicadas en calle 20 norte, frente a Coopeservidores, o bien, al fax 257-88-59; respuesta que solicitamos con base en el Artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.: Trabajadores y trabajadoras del INCOP.
c.: Archivo.

Asunto: Precio de la harina y tarifas portuarias del Muelle de Caldera

Estimado señor:

En su Oficio REF: PR.127-03, fechado 1 de agosto de 2003, que usted le dirigió al diputado Carlos Ricardo Benavides, en torno al proceso de privatización, vía concesión, del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), particularmente del Muelle de Caldera; usted le indicó al citado legislador “…que hemos estado de acuerdo con el pago que el concesionario tendrá que hacer de $23 millones para resolver el problema laboral. Ese monto, desde luego, tendrá que ser retribuido a los concesionarios vía tarifa en el corto plazo, como parte de la inversión”.

Por otra parte y considerando que usted, aparte de su cargo de Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, ostenta un alto cargo empresarial (Gerente Financiero, según tenemos entendido), en Molinos de Costa Rica, entidad privada que controla la importación de trigo en el país, firma que ha anunciado una elevación en los precios de la harina, nos permitimos formularle las siguientes preguntas:

¿Es cierto que Molinos de Costa Rica realiza, prácticamente, toda la importación de trigo por el Muelle de Caldera?

¿Hay alguna relación en cuanto a la decisión de Molinos de Costa Rica de elevar el precio de la harina, con su repercusión directa en el alza del precio del pan, de las galletas y de las pastas; y las retribuciones que deberán hacerse a los concesionarios privados del Muelle de Caldera, por la supuesta inversión de éstos en el pago de las indemnizaciones a los trabajadores del INCOP, a raíz de la privatización-concesión del mismo?

Si la actual elevación del precio de la harina que ha decretado Molinos de Costa Rica, no tiene relación con las concesiones del INCOP, entonces, ¿habrá una segunda alza en el precio de la harina, en el corto plazo, dada la necesidad de retribución de esos 23 millones de dólares, ante la inminente concreción de las concesiones del Muelle de Caldera?

¿En cuánto habrá que aumentar las tarifas portuarias del Muelle de Caldera para “devolver” esos 23 millones dólares que, supuestamente, depositarían los concesionarios privados del mismo, como parte del pago de “indemnizaciones” a los trabajadores del INCOP?

¿Se trasladarán al consumidor final, al pueblo costarricense, esos nuevos costos tarifarios del Puerto de Caldera, porque hay que “devolver” esos 23 millones de dólares a los concesionarios privados?

Y, una vez que a esos concesionarios privados se les haya devuelto esos 23 millones de dólares, bajarán las tarifas portuarias de Caldera?

Consideramos, respetuosamente, de enorme necesidad social que tanto la entidad gremial empresarial de la que usted es Presidente, como la firma privada que, prácticamente en condición monopólica controla el mercado de la harina en Costa Rica, disipen todas las dudas anteriores y hablen con absoluta claridad y transparencia.

Como es bien sabido, el pan, por ejemplo, es un producto básico y vital de la dieta de los hogares costarricenses, especialmente aquellos que pertenecen a la clase trabajadora y a los sectores más empobrecidos de las familias de nuestro país.

Para nosotros, es criminal que sean las personas y las familias más duramente golpeadas las que, en definitiva, tengan que pagar las consecuencias de un extremismo económico privatizador, como este del INCOP, en el cual el erario y el consumidor final estarían pagándole al concesionario privado por hacerse cargo del bien público enajenado y no al revés.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.´
c.: Sres. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
c.:Sres. Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).
c.:Sres. y señoras, Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Entidades del Movimiento Social Costarricense.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Excelentísimos señores
Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y Obispo de la Diócesis de Limón
Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de Costa Rica
Monseñor José Rafael Barquero Arce, Obispo de la Diócesis de Alajuela
Monseñor Oscar Fernández Guillén, Obispo de la Diócesis de Puntarenas
Monseñor Vittorino Giraldi Stellin, Obispo de la Diócesis de Tilarán
Monseñor Angel San Casimiro Fernández, Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada
Monseñor Guillermo Loría Garita, Obispo de la Diócesis de San Isidro de El General
Presente

Honorables y respetados señores obispos:

Con profundo respeto les expresamos el más atento de nuestros saludos, a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); considerando necesario referirnos a los contenidos de las declaraciones periodísticas que Su Excelencia, Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, en su calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, brindó al periódico Al Día, en la edición de este miércoles 7 de enero del 2004 (página 5), en torno al tema del denominado tratado de “libre” comercio que, desde nuestra perspectiva, se le quiere imponer a nuestra querida Costa Rica.

Tomando en cuenta que hay ocasiones en que las declaraciones periodísticas que se brindan pueden transcribirse o difundirse fuera de contexto, inapropiadamente o direccionadas según la percepción de la realidad que tenga el comunicador que las pide; no debemos ocultar que nos causó desazón, sorpresa e incredulidad, una posición favorable de la Iglesia Católica de Costa Rica, hacia las tesis neoliberales que se vienen promoviendo, en el marco de las negociaciones de ese tratado, en el caso de las denominadas aperturas en telecomunicaciones y seguros, específicamente.

Por supuesto que en el contexto del mundo actual, las relaciones comerciales entre estados son vitales y para el caso de un país pequeño como el nuestro, mucho más aún; lo que no creemos es que sea posible aceptar que se obvien las descomunales diferencias de tamaño entre las economías involucradas en este asunto.

Con profundo respeto, nosotros creemos que las honorables y máximas autoridades eclesiásticas de Costa Rica, no deberían emitir un criterio sobre el tema de las aperturas, sin antes no tener un panorama equilibrado de las visiones contrapuestas que en el país hay al respecto; y, siempre en ese marco de respeto, que sepamos, hasta ahora, no tenemos claro cuáles son los parámetros que han llevado a vuestras autoridades a avalar la tesis neoliberal apuntada.

Desconocemos si vuestras ilustradas autoridades han tenido algún diálogo y/o intercambio de pareceres, con aquellos sectores sociales, como los sindicatos, que mantenemos un criterio distinto al del periódico La Nación, al del Expresidente Oscar Arias Sánchez, al del propio Presidente de la República; para citar tan sólo parte de esa especie de coalición política de signo neoliberal que aboga por el TLC con Estados Unidos de América, en el marco actual en que el mismo está planteado.

Las entidades sociales y laborales representativas de las instituciones públicas hoy amenazadas por la privatización, vía apertura, en el marco de ese TLC, cuentan con una enorme cantidad de información, de estudios, de investigaciones que, demuestran lo pernicioso de entregar ese sensible patrimonio nacional, al voraz apetito de las gigantescas empresas transnacionales estadounidenses; las cuales, más temprano que tarde, harán desaparecer a nuestras hoy todavía rentables empresas públicas; porque, precisamente, donde piden la tal apertura, es precisamente en los ámbitos de acción más rentables de tales empresas.

Es nuestro criterio que sus dignas autoridades, en un espíritu de plena justicia, equidad y de promoción de la paz social, compromisos éstos que no ponemos en duda alguna de parte de la Iglesia Católica costarricense; deberían convocar a las representaciones sociales correspondientes, para escucharlas en torno a este delicado asunto y lograr así una visión amplia del mismo; más allá de la que ciertos medios de comunicación colectiva, de gran poder, pero con evidente sesgo malintencionado y manipulador, han venido difundiendo en torno al tema de las aperturas, para confundir y engañar a nuestro pueblo.

Finalmente, dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la especial consideración que se dignen brindar a estas reflexiones, anhelando de vuestra parte algún tipo de respuesta en el menor plazo posible; dejando planteado, formalmente, una solicitud para que sus altas y dignas autoridades eclesiásticas nos concedan una audiencia.

Con toda consideración y reiterándoles nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Organizaciones del Movimiento Sindical Costarricense.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Asunto: TLC: Etica política y honra de la palabra empeñada

Respetable Señor Presidente:

Esperamos que usted se digne a leer, completamente, la presente carta, cuyo texto habrá de llegar a miles de ciudadanos y de ciudadanas de nuestro querido país. Siempre hemos escuchado un fuerte rumor acerca de que el actual Presidente de la República no lee, completamente, los textos sometidos a conocimiento de lo que se supone, es la máxima autoridad ejecutiva del país; rumor que no quisiéramos creer, aunque las varias veces que estuvimos en su despacho, siempre nos llamó la atención la ausencia total de documentos sobre el escritorio presidencial.

El 21 de marzo del año 2002, en el Auditorio del Poder Judicial, durante la campaña electoral para la segunda ronda de las votaciones presidenciales, usted, ante unos cuatrocientos representantes y dirigentes de una amplia variedad de sectores sociales, asumió un compromiso ético y político con relación a las propuestas y planteamientos que se le formularon sobre un amplio abanico de políticas públicas, expresadas en cincuenta y cinco indicadores, en el caso de que usted, como ocurrió, llegara a la Presidencia de la República.

En el documento original que conservamos en nuestro poder, de su puño y letra, Sr. Presidente de la República, usted expresó su total acuerdo con la primera de esas cincuenta y cinco proposiciones, la cual estableció lo siguiente:

¡No a la privatización!, En cualquiera de sus formas: (venta, rompimiento de monopolios, entrega de acciones al capital privado, etc.).

No solamente su firma a este compromiso traicionado quedará constando para la historia, sino que quedó grabada su intervención, en imágenes televisivas, mismas que estarán recorriendo el país, para someterle al análisis popular y escuchar el pensamiento del pueblo, con respecto a que sus gobernantes deshonren su propia firma.

Hoy, como es público y notorio, la realidad política nos indica otra cosa. Usted cambió de parecer. Usted traicionó la confianza, la buena voluntad, el deseo honesto de apoyar su gestión, por parte de un elevado número de personas y de organizaciones, que habíamos pensado en una restauración de la filosofía del humanismo cristiano en una gestión de gobierno.

Usted, Sr. Presidente, adoptó la agenda ideológica neoliberal, tan ardorosamente defendida por el periódico La Nación y, curiosamente, cuando usted aceptó la tesis de las aperturas, dicho medio dejó de lado la serie de publicaciones periodísticas sobre cómo se financió su campaña electoral, Sr. Presidente, lo cual para muchos resultó en uno de los eventos más vergonzosos de la política nacional.

Hoy, usted, en el marco de esa desigual, irracional y altamente pernicioso tratado de “libre” comercio que le están imponiendo a Costa Rica, la alianza de negocios de corte neoliberal que domina a los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, de la cual usted ya forma parte sustancial; usted se rindió, para decirlo con cierta elegancia y ha decidido entregar a los estadounidenses partes estratégicas del legado histórico del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia y de don José Figueres Ferrer.

Por ejemplo, tiene usted idea, cabal y completa, de lo que le ocurrirá a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la máxima obra del gobierno del querido y respetado Dr. Calderón Guardia; dado que en materia de propiedad intelectual, los estadounidenses se salieron con la suya, abriendo el espacio para la destrucción financiera de esta legendaria institución, tan apreciada por el pueblo costarricense y ahora, por la población migrante del exterior que convive con nosotros.

Hoy, cuando prestigios periódicos estadounidenses, como The Wall Street Journal y The Washington Post, se jactan de lo bien que le ha ido al gobierno del Presidente Bush en la mesa de negociación de ese TLC, en contraposición a las migajas vergonzantes que le han dado a los restantes países centroamericanos; usted tiene, Sr. Presidente, una oportunidad histórica única para que se rectifique el camino entreguista, dócil y complaciente que parece ser el destino final del equipo negociador costarricense, de la señora Anabelle González, del señor Alberto Trejos y del propio Gobierno de la República.

Usted, Sr. Presidente, puede, debe y tiene la potestad para ordenar abrir un intenso debate nacional antes de que usted estampe su firma en semejante tratado.

Con todo respeto y para darle el beneficio de la duda, usted debería “liberarse” del esquematismo dogmático y extremista de los neoliberales que controlan su gobierno y escuchar otras visiones nacionales, calificadas, responsables, serias y preocupadas. Ya usted le ha “dado” mucho espacio, poder, credibilidad a la visión neoliberal de desarrollo, a la cual usted le entregó el control del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior, entre otras entidades de enorme impacto estratégico en el desarrollo del país.

El Grupo Nación, el Grupo Sama, Oscar Arias, la cúpula empresarial de UCCAEP, la ANFE, el INCAE, sin hablar de los fantoches libertinos, deben tener para usted un profundo agradecimiento por ese espacio “dado”.

Sin embargo, todos ellos juntos, por más plata que tengan y más poder de influencia con toda la peonada que tienen enquistada en distintas esferas de decisión del Estado; todos ellos juntos, Sr. Presidente, no son el país, son una parte, pero no son el país.

Usted, Sr. Presidente, debería, si quiere ser justo, si quiere rectificar y revertir el riesgo de que su ética política quede mancillada al final de su notable carrera política, social y profesional, por la deshonra que viene haciendo de su palabra empeñada, firmada y grabada.

Usted, Sr. Presidente, debería escuchar otras voces, altamente profesionales, honestas y documentadas, sobre la verdad de lo que está ocurriendo en ese nefasto proceso negociador; personas y entidades muy respetables que están preocupadas no por los negocios, sino por el bien del país.

No nos escuche a nosotros. No nos interesa. Usted bien sabe lo que pensamos y le consta cómo, en determinados momentos, dimos muchas muestras de buena voluntad para con su gestión. Hay calificadas voces, experimentadas organizaciones, que tienen enormes preocupaciones y cuestionamientos acerca de cómo el dúo González-Trejos ha manejado todo este asunto.

Finalmente y para constancia histórica, dejamos constancia por escrito de lo que usted prometió, en Casa Presidencial, con respecto a los textos negociados de ese TLC. Usted le dijo a representantes sociales y productivos de las diversas entidades conformantes del proceso de la Tercera República, que usted daría a conocer, antes de firmar, esos textos negociados.

Esperamos que, al menos, esta palabra la honre. Esperamos que, al menos, quede un poco de decoro presidencial y haga honor al profundo significado moral de una palabra empeñada por la investidura de gobernante.

Finalmente, Sr. Presidente, si usted decidió rendirse, si usted decidió entregar sus principios; afortunadamente para nuestra querida Costa Rica, quedan costarricenses con tanto decoro, honor y moral, que valen más que toda la plata junta de los grupos económicos que hoy controlan su Gobierno.

Ahora bien, en el mejor de los casos, si la especie de chantaje que pudiera implicar para usted, la forma en que se financió su llegada a la Casa Presidencial, lo que le llevó a adoptar la agenda neoliberal promovida por esas personas y grupos mencionados; entonces, ¡libérese!, promueva un equilibrio político-social en esta delicada situación y, asumiendo un real rol de gobernante, de estadista, evite grandes desgarramientos sociales, dolorosos enfrentamientos, incremento de odios y resentimientos que causen irreversibles daños a nuestra institucionalidad.

En todo caso, si usted, Sr. Presidente, como estadista se decide a honrar lo firmado, sepa que hay suficiente músculo social organizado, como para apoyar una gestión de gobierno que retome, con actitud consecuente y no meramente discursiva y demagógica, los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica que es, como suponemos que usted lo sabe, profundamente humanista; principios que, a todas luces y sin mucho esfuerzo de entendimiento, son contrarios al dogma neoliberal que, lamentablemente, hoy controla, domina y manda en su Gobierno.

Si nos ha leído hasta aquí, sinceramente se lo agradecemos. Si no, no hay forma de saberlo. Pero en todo caso, para tranquilidad de nuestras conciencias, necesitamos que quedara constando por esta vía, todo cuanto hemos afirmado.

Señor Presidente: Un pueblo noble y ansioso, espera su respuesta.

Atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Clase Trabajadora Costarricense.
c.: Honorables señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Entidades de los movimientos sociales costarricenses.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Ciudadanos y ciudadanas.
c.: Archivo.

Dra. Joyce Zürcher Blen
Diputada

21 de octubre de 2003
DJZ-711-03

Sr. Albino Vargas, Secretario General
Sr. Edgar Morales, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Estimados señores:

Acuso recibo de su nota del 7 de octubre. Al respecto deseo hacer de su conocimiento lo siguiente:
El señor Harry Zürcher Acuña es mi padre. Los señores Harry Jaime Zürcher Blen, Edgar Zürcher Gurdián y Ronald Zürcher Gurdián son mis hermanos.
Según tengo entendido, Edgar es socio de Banca Promerica. Ni mi padre ni Harry Jaime son socios. Desconozco la situación de Ronald. Por ser información de carácter público, ustedes pueden corroborarla en el Registro Nacional.
Yo no tengo ningún vínculo empresarial con Banca Promerica S.A., ni con ningún otro banco privado, así como tampoco en ninguna empresa en que tengan participación mis hermanos o mi padre. Las actividades de mis familiares no intervienen de modo alguno con mis posiciones políticas e ideológicas, de lo cual he dado reiteradas muestras a lo largo de mi trayectoria de servicio público, posición que he mantenido íntegramente como Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y como Diputada.
Mantengo mis principios y lucho por ellos con la mayor transparencia, tal y como se lo prometí a mis electores y a todos los costarricenses cuando presté juramento.

Sin otro particular, se despide cordialmente.

Joyce M. Zürcher Blen
Diputada
Cc: -Lic. Mario Redondo Poveda, Presidente Asamblea Legislativa
-Señores diputados y señoras diputadas miembros de la
Comisión de Asuntos Económicos.
-Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes
-Medios de comunicación colectiva

Estimado Señor:

Primeramente, reciba usted nuestro atento y respetuoso saludo.

Tenemos conocimiento que el pasado sábado 30 de Agosto del 2003 (día no hábil), el señor Miguel Carabaguíaz, Gerente General, sufrió un accidente en Tibás (aparentemente irrespetó un alto), con el vehículo de uso discrecional Placa 461263 que está bajo su responsabilidad. En este caso el vehículo sufrió serios daños que ascienden, aproximadamente, a la suma de más de ¢1 millón de colones.

Al respecto quisiéramos conocer las acciones seguidas en este caso:

¿Quién canceló la deuda por el arreglo del vehículo?. En caso de que el IMAS haya cancelado el arreglo, si el cheque salió con cuentas a cobrar a don Miguel Carabaguíaz. Es importante mencionar que al no contar los vehículos con seguro, no se paga ningún monto por deducible, pero en el caso de que la resolución de la Corte indique que el Señor Carabaguíaz tiene culpa del accidente, él debería pagar el arreglo, razón por la cual la cancelación del mismo debe salir con cuentas a cobrar al señor Gerente, fin de que la Institución se asegure la cancelación del monto correspondiente.

Si se contaba con el permiso respectivo para circular el vehículo en horas no hábiles según acuerdo del Consejo Directivo No. 526-02, del Acta N. 098-02 del 02 de Diciembre del 2002.

Nuestra solicitud la hacemos amparados en el Artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Licda. Yamileth Céspedes Garro, Directiva Nacional de ANEP-Presidenta de la Junta Directiva Comité Seccional ANEP-IMAS.
c.:Sres. Contraloría General de la República
c.:Auditoría Interna IMAS.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Primeramente, reciba usted nuestro atento y respetuoso saludo.

De acuerdo al manual sobre normas técnicas de control interno relativas al uso, control y mantenimiento de vehículos de la Contraloría General de la República, los vehículos deben ser utilizados, únicamente, para fines propios del cumplimiento de los objetivos institucionales.

De acuerdo a Oficio AJ 1564- 09-03, la Asesoría Jurídica del IMAS, indica que los miembros de la Junta Directiva son funcionarios y que, por ende, pueden utilizar los vehículos de la institución para su movilización particular, en tanto que se realiza con motivo del ejercicio de sus funciones. Dado lo anterior quisiéramos se nos aclare lo siguiente:

1. ¿Cuál es el motivo laboral por el cual el vehículo Nº 22 se trasladó el día jueves 23 de los presentes, a la Provincia de Puntarenas, a las 8 p.m, con la señora Martha Guzmán Rodríguez, miembro del Consejo Directivo, cuando la boleta sólo indicaba la Provincia de Alajuela, Grecia, Heredia y San Ramón?

2. ¿Cuál es la razón por la cual las boletas de vehículo que se autorizan para laborar con los miembros del Consejo Directivo, están hasta las 12 p.m., si esta autorización no responde a las directrices existentes sobre el pago de horas extras; especialmente para los operadores de equipo móvil destacados para atender al Consejo Directivo, quienes sólo pueden cobrar cuatro horas diarias? Por lo tanto, ¿quién y cómo reconoce el resto del tiempo laborado por estos trabajadores?

Con respecto a la situación mencionada en el primer punto consideramos lo siguiente:

La Directora Sra. Martha Guzmán Rodríguez no cumplió con los procedimientos existentes en la institución sobre el uso de vehículos oficiales, por cuanto ningún vehículo debe circular en lugares que no estén indicados en la boleta.

A su vez expuso al funcionario a laborar una jornada que excede lo establecido, ya que el traslado a la Provincia de Puntarenas requiere de, al menos dos horas y media, por lo tanto si salió a las 8.pm llegó aproximadamente a las 10.30 p.m.

Nuestra solicitud la hacemos amparados en el Artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Licda. Yamileth Céspedes Garro, Directiva Nacional de ANEP-Presidenta de la Junta Directiva Comité Seccional ANEP-IMAS.
c.:Sres. Contraloría General de la República
c.:Auditoría Interna IMAS.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Primeramente, reciba su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

En esta ocasión deseamos hacer referencia al Contrato de Servicios de Limpieza entre la Dirección General de Migración y Extranjería, y la empresa Galati Internacional Sociedad Anónima; contrato suscrito al amparo de la Licitación Pública No. 034-2000; para solicitar a su despacho lo siguiente:

Necesitamos saber de qué forma la honorable administración institucional por usted conducida, ha tomado las previsiones del caso para que con ocasión del citado contrato, se esté cumpliendo la normativa que ordena el Convenio No. 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley de la República de Costa Rica, No. 2565, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”; No. 115, de 26 de mayo de 1960. Además, en correspondencia directa con lo anterior, las medidas igualmente necesarias para la observancia estricta de la Directriz No. 34 del Poder Ejecutivo, emitida el 8 de febrero del año 2002.

Como se verá del análisis de los lineamientos jurídicos anteriores, es necesario que en materia de contratación de terceros en cuanto a los servicios públicos, la preservación de nuestro Estado Social de Derecho y del Sistema de Seguridad Social que se deriva de él, es un asunto estratégico, a nivel de política de Estado; razón por la cual es conveniente que la Dirección General de Migración y Extranjería rinda cuentas sobre el particular.

Dentro de las legítimas motivaciones sindicales que nos mueven con la petición expresada, hemos tomado nota de varias quejas presentadas por trabajadores de la firma en mención; incluso, nuestra Unidad de Asesoría Jurídica tramita varios reclamos en contra de la misma.

Aprovechamos, nuevamente, para expresarle nuestro mayor respeto y consideración, y solicitándole que nos haga el honor de brindarnos la respuesta de rigor, al amparo del Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
c.:Sr. Julio Soto Vargas, Responsable ANEP-Seguridad Público y Gobernación y Policía.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Ingeniero
Pablo Cob Saborío
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Su Despacho

Estimado señor:

Luego de saludarle de la manera más atenta y respetuosa, hemos considerado necesario hacerle a usted un vehemente llamado patriótico: ¡No renuncie!

Don Pablo: Creemos que hablamos con propiedad de criterio y por eso le aseguramos que miles y miles de costarricenses, de las más distintas procedencias políticas y sociales, respetan su trabajo patriótico en defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de todo lo que esta institución representa para el pueblo de Costa Rica y para la democracia misma de nuestro querido país.

Hemos podido apreciar su trayectoria profesional, ampliamente limpia; así como su comprobado compromiso ético de servicio público, más que probado en las actuales y difíciles condiciones que significa ser Presidente Ejecutivo del ICE en estos momentos históricos de la vida del país.

Sabemos que le han montado una campaña para presionarle a fin de que usted “abandone el barco”. Esta campaña maligna se ha gestado en el seno del mismo Gobierno de la República, particularmente del segmento fundamentalista que maneja la política económica del país. Sabemos, también, que contra su gestión están los poderosos intereses de negocios que representa el Grupo Nación y la camarilla de escribidores y amanuenses a su servicio. Igualmente, a estada cruzada antipatriótica anti-ICE se han unido líderes empresariales connotados, igual de entreguistas que sus detractores dentro del mismo equipo de Gobierno.

Pero sepa usted, don Pablo, que es mucho mayor y de mucha calidad moral, el apoyo ciudadano a su gestión al frente del ICE. En la enorme mayoría de los sectores sociales organizados, hay gran conciencia sobre su lucha patriótica, considerando el gran poder económico, que no moral, tienen los enemigos del ICE.

Es paradójico que sea usted quien, a pesar de provenir de las filas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), esté ocupando uno de las primeras posiciones de defensa en el ataque contra el ICE; pues desde las filas del partido que lo fundó, Liberación Nacional, se hace campaña para entregarlo al capital transnacional; campaña que tiene como a uno de sus más connotados militantes, al Dr. Oscar Arias Sánchez, quien aspira volver a la presidencial del país, precisamente bajo las tiendas de Liberación Nacional.

¡No renuncie!, don Pablo. Si se quieren deshacer de usted, pues que le destituyan. Váyase con la frente en alto. En estos momentos, cuando usted, valientemente, se enfrenta al dogmatismo neoliberal, al extremismo ideológico de la política económica fiscalista, a la conspiración de negocios para hacer privado el lucrativo mercado de las telecomunicaciones y de la energía; más y más costarricenses le admiramos y le respetamos. Es más, nos sentiríamos más que satisfechos y fortalecidos si le despiden y lo echan del Gobierno, por pensar igual que los miles y miles que hemos decidido llegar hasta las últimas consecuencias para defender el invaluable legado histórico que nos dejó don Pepe Figueres y el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia; porque si la conspiración contra el ICE es abierta y descarada, la que hay contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es, lamentablemente, silenciosa (propiedad intelectual en el marco del TLC).

Resista hasta el final y deje al desnudo, incluso, al propio Presidente de la República, con su doble lenguaje y su doble discurso, con relación al ICE.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.: Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT).
c.: Prensa nacional.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.