De esta manera lo analizan los representantes sindicales dentro de Acueductos y Alcantarillados (AyA), puesto que llevan varias semanas solicitando su licencia sindical, pero se ha dilatado el proceso, lo que ha retrasado el desarrollo de diversas actividades en favor de los trabajadores.
Categoría: Incidencia
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ANEP presenta coadyuvancia penal contra el MEP y el Consejo Superior de Educación
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, el día de hoy, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, una coadyuvancia (Exp. 21-000285-1218-PE) de denuncia penal y solicitud de medidas cautelares contra autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Superior de Educación por violación a la Ley de Protección de Datos y Otros.
La acción presentada por la ANEP se da ante los hechos registrados a partir del día 9 de noviembre y hasta el recién pasado viernes 12 de noviembre del 2021, fechas en las que se procedió a aplicar por parte del MEP, en los centros educativos de todo el país, las pruebas FARO, así como el denominado “Cuestionario de factores asociados”, con el cual se procedió a la recolección ilegítima de datos personales de personas menores de edad y sus familias, datos que entran en la categoría de datos sensibles.
En esta se solicita:
1-Allanamiento y decomiso de las pruebas faro practicadas a los menores de edad a lo largo y ancho del país ahora en Poder del Tribunal Contencioso administrativo .
2.- Se solicita como medida cautelar además que se suspendan las pruebas faro basadas en la estructura de documentos que son cuestionados en esta demanda por ser una lesión moral, psicológica y hacia la salud de los menores de edad de quinto año de primaria, con fundamento en el Interés superior del niño y la niña
3.- El domingo 14 de noviembre en horas de la noche trascendió la noticia de que las Señoras Ministra de educación Sra. Guiselle Maduro y la viceministra Melania Brenes Monge habían renunciado a sus puestos, y que el Señor Pablo José Mena Castillo Viceministro de planificación institucional y coordinación regional del MEP renuncio el sábado 13 de noviembre de los corrientes, por lo que solicitamos que por la gravedad de los hechos acusados se les prohíba mientras se mantenga en trámite esta denuncia y hasta que termine con un juicio se les gire la prohibición de ocupar cargos públicos: Asimismo la medida también sea extendida a todos los miembros del Consejo Superior de Educación.
4. Que se informó que quien fue nombrado como Ministro de Educación AI fue el acusado Steven Gonzales Cortes, quien ejercía el cargo de viceministro administrativo , aquí acusado por lo que solicitamos de igual manera se le dicte orden de prohibición de ejercer cargos públicos mientras esta causa se investiga toda vez que al haber tenido participación en los hechos podría interferir con la investigación a realizarse y podría causar perjuicio con la prueba tanto documental como testimonial de docentes que puedan ser llamados como testigos en esta causa .
Calificación Legal
El artículo 196 bis de la Ley de protección de datos tipifica el delito de violación a esta ley.
Así mismo los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de incumplimiento de deberes, tipificado en el código penal articulo 330 y de abuso de autoridad tipificado en el artículo 329 del Código Penal pues las conductas de los aquí acusados encuadran totalmente en dichos delitos.
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Proyecto 21.336, Empleo Público, está «herido de muerte
•Ahora es la Procuraduría General de la República la que señala problemas en el proyecto de ley
•Sensatez aconseja dejar el asunto para el nuevo período constitucional.
La Procuraduría General de la República (PGR), ha enviado una contundente opinión acerca de los problemas que tiene la actual versión del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, en su comunicación PGR-OJ-180-2021, fechada 19 de noviembre de 2021, que ha dirigido a la Asamblea Legislativa; específicamente, a la consulta que le formuló la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad del parlamento.
La conclusión fundamental del ente procurador es, a nuestro juicio, contundente: tal proyecto sigue presentando “inconvenientes a nivel jurídico”; por una parte, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, mediando un inédito proceso de búsqueda de acuerdos en el marco de una concepción activa de Democracia Participativa. Ni lo uno ni lo otro se ha dado en el presente período gubernativo de Alvarado y sus soportes político-legislativos y mediáticos, caracterizado por un autoritarismo inédito.
Por otra parte, y para la ANEP, al conjuntar el significado político del criterio de la PGR, con el emitido por la Corte Plena del Poder Judicial en cuanto a que dicho proyecto ocupa de 38 votos, podemos afirmar que el mismo ya está “herido de muerte”.
Bien harían las actuales autoridades ejecutivas y legislativas que insisten en impulsarlo, contra viento y marea y contra toda racionalidad jurídico-legal, dejar de insistir en su aprobación; y, por el contrario, dejar que el asunto quede para el nuevo período constitucional a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Es prácticamente circunstancia irrefutable que ya no hay espacio político para tal iniciativa. Un mínimo sentido de sensatez política así lo aconseja.
La opinión de la PGR hace un análisis serio del “nuevo” texto (cuarta o quinta versión) del proyecto de empleo público; análisis en el que, aunque por el fondo mantiene su tradicional posición dogmática, conservadora y autoritaria, ha advertido acertadamente que el proyecto tiene vicios de procedimiento, que podrían implicar roces de constitucionalidad.
Al respecto gravísimo es, a juicio del experto en Derecho Constitucional, don Manuel Hernández, el hecho de que la comisión parlamentaria asuntos de constitucionalidad, se haya extralimitado, pues modificó a su arbitrio varios artículos del proyecto que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional.
Derrotada que ha sido, y de manera contundente, la perversa tesis de que el grave problema del déficit fiscal se debía a los salarios devengados por las personas trabajadoras empleadas públicas (de lo cual ANEP ha sido fundamental abanderada obrera al respecto) ; es indudable que los contenidos totalitario-autoritarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público jamás han podido, ni podrán, pasarle por en encima a postulados fundamentales de la constitucionalidad de la Carta Magna, que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949.
San José, sábado 20 de noviembre de 2021.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
