Convocatoria oficial al Consejo Consultivo Nacional de la ANEP

Con base en el Capítulo X: Del Consejo Consultivo Nacional, artículo 69, de los actuales Estatutos de la organización que indica lo siguiente:

“Las presidencias y vicepresidencias de las juntas directivas de los organismos de base, en su carácter personal y sin posibilidad de delegar esa función, formarán el Consejo Consultivo Nacional, el cual se reunirá por expresa convocatoria de la Junta Directiva Nacional, cada vez que las circunstancias sociopolíticas o cualquier otra razón de gravedad para el país o para el sindicato así lo exijan. Ordinariamente, habrá una sesión al término del primer año de gestión directiva, y otra sesión, al tercer año de la misma.

Las personas que integren la Junta Directiva Nacional serán de pleno derecho, integrantes del Consejo Consultivo Nacional.

La función del Consejo Consultivo Nacional será de consulta y coordinación con la Junta Directiva Nacional. Conocerá de los asuntos que ésta lleve a su seno, o aquellos asuntos que por considerarlos de importancia, alguna persona integrante de este Consejo considere oportuno discutir para trasladarlos a la Junta Directiva Nacional.

El funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional será reglamentado por la Junta Directiva Nacional, con observancia de las pautas contenidas en los presentes Estatutos”.

Por tanto, en su Sesión No. 2061, de carácter ordinario, de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, celebrada el pasado viernes 27 de enero de 2017, por Acuerdo Unánime y Firme:

Se les convoca a la IV Sesión del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, período directivo 2017-2021 con la siguiente agenda:

PRIMERO. Derrota del proyecto de ley contra el Empleo Público: papel de la ANEP y perspectivas de corto y mediano plazo.

SEGUNDO. Pensiones del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS): posición oficial de la ANEP.

TERCERO: Informe acerca de la Asamblea General Nacional Ordinaria de Fin de Período.

Por la relevancia de los temas y en el entorno sociopolítico actual en que se desarrolla la lucha de la ANEP y de todo el Movimiento Sindical Costarricense se indica lo siguiente:

UNO: Pueden participar la totalidad de los y de las integrantes de cada una de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP, previo trámite de inscripción y registro en el padrón del esta cuarta sesión del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.

SEGUNDO: Pueden participar compañeros y compañeras acreditados en cargo de Delegado-Delegada Sindical, cuya gestión sindical en las bases de la organización resulte relevante para los objetivos de la lucha promovida por la ANEP y siempre y cuando cuenten con el aval de la seccional correspondiente; previo trámite de inscripción y registro en el padrón del esta cuarta sesión del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.

Este IV Sesión del Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP tendrá lugar el día VIERNES 24 DE MARZO DE 2017, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), ubicado en la calle 20 Norte de esta ciudad.

La organización brindará los soportes logístico-financieros usuales en este tipo de eventos.

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Compartimos una serie de tres artículos de opinión referentes al tema, los cuales fueron publicados en La Prensa Libre y que dieron pie para redactar la carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

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Déficit fiscal y deuda pública: el caso de los créditos lentamente ejecutados

Ahora que ha quedado confirmado y de manera contundente de que los salarios que devengan las personas trabajadoras para el Estado no son los responsables del déficit fiscal, tal y como en nuestro propio caso lo estuvimos demostrando y afirmando durante los últimos treinta meses; ahora que se deja en evidencia que el principal “disparador” del gasto público es el pago de los intereses de la deuda pública del país, pues está implicando ya casi tres puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡al año!; pareciera emerger con potencia empezar a auscultar las verdaderas causas del déficit fiscal, detectar la realidad de los despilfarros de los fondos públicos y empezar a pedir cuentas exhibiendo a las personas y a las entidades responsables de esas ineficiencias y esas ineficacias que atentan contra la estabilidad financiero-económico del país.

En tal sentido y si el principal “disparador” del gasto público lo representa el pago de los intereses de la deuda pública nacional, uno de los ámbitos más necesarios para abordar el problema lo representa el tema de los créditos que el país pide prestado y el grave problema de la tardanza y de la lentitud en cuanto a la ejecución de cada uno de esos empréstitos, pese a que el pago de intereses y de comisiones no se detiene ni un minuto.

Al respecto y con datos proporcionados por el señor diputado don Mario Redondo Poveda, les compartimos los siguientes comentarios nuestros acompañados de algunas interrogantes.

Prácticamente, en estos momentos el país tiene por concepto de créditos en ejecución, unos tres mil millones de dólares ($3.000.000.000). Pasando esta cifra a colones con base en el tipo de cambio por estas fechas, tenemos C.1.650.000.000.000, un billón seiscientos cincuenta mil millones de colones. ¡5.5 puntos de Producto Interno Bruto PIB! (A razón de 300 mil millones de colones por cada punto porcentual de PIB).

Pero he aquí el gran problema: Por una serie de problemas de ejecución de esos dineros prestados solamente ha sido desembolsado al 30 de junio de 2016, el 37.14% de aquella gigantesca cantidad.

Apenas se está ejecutando $1.083.459.976 de dólares: mil ochenta y tres millones 459 mil 976 dólares. Redondeemos a mil 85 millones de dólares. En colones: 596.750.000.000: quinientos noventa y seis mil 750 millones de colones: Casi 2 puntos de PIB.

Veámoslo “al revés”. El país tiene, en estos momentos, sin desembolsar créditos por unos 3.5 puntos PIB, es decir, un billón 50 mil millones de colones: C.1.050.000.000.000.

Sin embargo, Costa Rica sigue pagando intereses y sigue pagando comisiones de compromiso por toda esa plata prestada, aunque no esté toda ejecutada.

Los datos que nos fueron proporcionados indican que, al terminar el primer semestre del año anterior, sumando ambos conceptos, se ha tenido que desembolsar 46 millones de dólares, unos 25 mil 300 millones de colones: C.25.300.000.000.

Dentro de todos esos créditos, resaltan tres que muestran esos graves problemas de ejecución, de ineficiencia, de ineficacia pero que obligan al país al pago de intereses y de comisiones.

UNO: Le prestaron a Costa Rica 132.4 millones de dólares para un programa de prevención de la violencia y a favor de la inclusión social, pero al empezar este año 2017, apenas se ha ejecutado un 38.9%. Por cierto, que desde la propia ANEP se han venido formulando muchos cuestionamientos públicos al respecto de este empréstito.
DOS: Le prestaron a Costa Rica 167.5 millones de dólares para infraestructura educativa (aprobado en 2014), pero solamente se ha ejecutado un ¡3.5%!

TRES: La prestaron al país 450 millones de dólares para infraestructura de transporte y solamente ha sido ejecutado un 3.6%, pese a las presas, los malos caminos, la “platina”, el colapso de vías y similares.

Hemos venido planteando la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda pública nacional. Sin duda alguna, el tema de los créditos adquiridos por el país, su lentísimo desembolso pese a que el pago de intereses y el pago de comisiones corre todos los días, sería de gran relevancia en una auscultación cívica para determinar las razones por las cuales esto está pasando.

Como se habrá notado, el país tiene un alto endeudamiento, el país está ahogado por el pago de intereses y de comisiones; pero, inversamente, no se materializan las obras proyectadas en el tiempo requerido, con la calidad deseada y con gran tardanza en la presentación de mejoras para la población y para el bien común.

¿Qué hay de fondo en todo ello? ¿Qué lo explica? ¿Cuáles son los cambios legales, reglamentarios, procedimentales…? ¿Hay corruptelas compartidas entre los agentes públicos y los del corporativismo privado para lucrar con estas tardanzas? ¿Habría que cambiar el sistema licitatorio y emitir una gran legislación para la construcción de obra e infraestructura pública, con carácter de emergencia y por única vez?

¿Habrá que reestructurar oficinas, despachos y hasta entidades cuyos mandos medios podrían estar involucrados en propiciar atrasos con el fin de acelerar procesos a cambio de mordidas, sobreprecios, comisiones por debajo de la mesa, favorecimiento empresarial…? ¿Hay despachos duplicados, planillas paralelas pagadas en dólares, consultorías a montón, personal profesional de la planilla estatal subutilizado, relegado?…

Liberados ya (al menos transitoriamente) de la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, la más infame, injusta e injuriosa en toda la historia del mismo; se abre espacio para la formulación de convenientes cuestionamientos bien intencionados de parte de quienes creemos en los postulados de un sindicalismo ciudadano que con vocación cívica ha de replantearse el rol del Estado para una sociedad realmente inclusiva, verdaderamente solidaria y con la corrupción reducida al mínimo.

Sindicatos cancelan huelga anunciada para el 6 de febrero

Para el 6 de febrero estaba prevista una marcha de sindicatos por las calles de San José en contra del proyecto de empleo público y otro de impuestos anunciado por el gobierno.

Sin embargo, los sindicatos dan marcha atrás luego de que el gobierno anunciara la retirada del proyecto de empleo público.

Luego también de que el Ministerio de Hacienda anunciara que no aumentará el IVA en un 13%.

Video aquí

Diputados piden al Gobierno desconvocar proyecto contra El Empleo Público

Los diputados que firmaron la carta son:

1. Carlos Hernández, Frente Amplio
2. Carmen Quesada Santamaría, Independiente
3. Victor Morales Zapata, Acción Ciudadana
4. Henry Mora, Acción Ciudadana
5. Marvin Atencio, Acción Ciudadana
6. Marcela Guerrero, Acción Ciudadana
7. Nidia Jiménez V, Acción Ciudadana
8. Javier Cambronero, Acción Ciudadana
9. Jorge Rodríguez, Unidad Social Cristiana
10. Marco Vinicio Redondo, Acción Ciudadana
11. Marlene Madrigal Flores, Acción Ciudadana
12. Humberto Vargas Corrales, Unidad Social Cristiana
13. Edgardo Araya, Frente Amplio
14. Suray Carrillo Guevara, Frente Amplio
15. José Francisco Camacho Leiva, Frente Amplio
16. Patricia Mora Castellanos, Frente Amplio
17. José Antonio Ramírez, Frente Amplio
18. Jorge Arguedas Mora, Frente Amplio
19. Abelino Esquivel Quesada, Renovación Costarricense
20. Gerardo Vargas Varela, Frente Amplio
21. Laura Garro Sanchez, Acción Ciudadana
22. Emilia Molina Cruz, Acción Ciudadana
23. Franklin Corella Vargas, Acción Ciudadana

La firma de estos legisladores elimina prácticamente una vía rápida para el proyecto de Ley, ya que se requieren al menos 38 votos a favor.

Carta de diputados al Presidente Luis Guillermo Solís by Yariela Novo on Scribd

Concejo Municipal de Alvarado es el primero en pronunciarse en contra del proyecto de ley Nº19.506

Esta iniciativa fue gracias a la extraordinaria labor de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alvarado.

Exhortamos a todas las seccionales municipales anepistas para que impulsen iniciativas de similar naturaleza.

El acuerdo tomado indica “Comunicar a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, que con respecto al proyecto de ley #19.506, este Concejo no está de acuerdo en el mismo, por cuanto de rebajarse el pago de anualidades a los empleados municipales que en caso de esta Municipalidad es la única remuneración adicional que reciben y que además los salarios realmente no son competitivos a causa del bajo presupuesto que se maneja, por lo que de aprobarse el mismo, su estabilidad económica seria seriamente afectada y podría incluso perderse personal capacitado y experimentado”.

Anexamos iniciativa de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alvarado, firmada por todos los trabajadores, dirigida al Concejo Municipal de Alvarado para tales efectos.

Concejo Municipal de Alvarado es el primero que se pronuncia en contra del proyecto de ley Nº19.506 by EugenioGuerrero on Scribd

Empleo público: la deuda pública llega al 45% del PIB

Los salarios o remuneraciones que se pagan a quienes laboran con cargo al mal llamado presupuesto “general” de la República decrecieron, ¡sí!, decrecieron en un 4.4% en el año 2016 con relación al 2015.

Este impresionante dato lo dio el Ministerio de Hacienda al dar un informe del comportamiento de las finanzas públicas en el año que acaba de terminar.

Este dato de decrecimiento salarial para el sector público central es el más importante de la última década. ¿Cómo no va a hacer así si los salarios están ya en práctico congelamiento?

La discutible cifra oficial de inflación es cero o cercana a cero, por un lado; y, por otro, no hay política alguna que expanda el poder adquisitivo del salario. El salario de la clase trabajadora está como en estado vegetativo. He aquí una de las explicaciones en cuanto a la situación de desigualdad creciente que vive nuestro país.

Se debe reconocer el gran esfuerzo de las autoridades político-hacendarias y tributarias del país, así como el del personal profesional-técnico y administrativo del Ministerio de Hacienda que luchan todos los días por mejorar la recaudación y por combatir a los ladrones de impuestos.

Aunque les faltan muchas armas para que tal lucha sea más eficaz y más contundente, se nos indica que de 2015 a 2016, los ingresos crecieron un 9.2% pero que los gastos en un 6%. Esto habría generado que, al terminar el año pasado, la relación ingresos vs. gastos (sin contar deuda), el déficit fuera de un 2.4% del PIB. A esto le llaman el déficit primario. Nada catastrofista.

Pero, está el pago de los intereses de la deuda pública nacional. Y es aquí donde pasamos a ver la contracara del resultado fiscal positivo del 2016 a nivel de lo que llaman déficit primario.

En la contracara de esta realidad obrero-social totalmente adversa al factor trabajador, tenemos el tema de la deuda pública del país. Según el resultado fiscal oficial para el 2016, hubo un aumento de la misma que la hizo llegar al 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según la información disponible hace tan solo tres años, al cerrar el 2013, la deuda pública nacional era del 35%. Tres años después, llegó al 45% PIB.

Si un punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB), equivale a 300 mil millones de colones (300.000.000.000); 45 puntos representan 13 billones 500 mil millones de colones (13.500.000.000.000). Este es el monto de la deuda pública nacional y con tan gigantesca cifra, imaginemos lo que representa el pago de intereses de la misma. ¡Esto sí es algo realmente catastrófico!

Para el año pasado 2016, los 13 billones 500 mil millones de colones de esa deuda, implicaron un desembolso de pago de intereses de 2.8 puntos PIB. Es decir, 840 mil millones de colones (840.000.000.000). Esto nos obliga a pagar:

POR MES: 70 mil millones de colones (70.000.000.000). POR DÍA: 2 mil 333.333 millones de colones (2.333.333.333). POR HORA: 97 millones 222 mil colones (97.222.000). POR MINUTO: 1 millón 620 mil 370 colones (1.620.370). POR SEGUNDO: 27 mil 6 colones (27.006).

¡Esto sí es el verdadero “disparador” (palabreja de corte neoliberal) del gasto público! ¡Aquí está el corazón del déficit fiscal! ¡Mentirosos, infames, calumniadores! Este es el calificativo que merecen quienes han venido fomentando la intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de los empleados públicos y en contra de las empleadas públicas; campaña perversa en cuanto a que sus salarios representan el principal “disparador” del gasto público. ¡No!, el principal “disparador del gasto público son los intereses de la deuda pública.

He aquí la gran tarea histórico-social de movimientos político-partidistas de corte realmente patriótico; tarea igualmente relevante para los sindicatos con visión-país que pretenden aportar con su lucha y con sus planteamientos y propuestas para una sociedad verdaderamente inclusiva y solidaria, con eje central en la promoción del bien común. Tarea que puede ser asumida al mismo nivel por otras expresiones de la sociedad civil y de los movimientos populares que, de un modo u otro, ajustan ya bastantes años en la lucha bajo el emblema de “Otra Costa Rica es posible”.

Hemos de insistir en nuestro planteamiento de la importancia de una auditoría ciudadana de la deuda pública nacional y del pago de intereses de la misma. Sin desconfiar de los datos en poder de la cartera ministerial de Hacienda al respecto, parece imponerse un proceso político de auscultación de cómo fue que llegamos hasta aquí, al punto de cada segundo hay que pagar casi 30 mil colones de intereses por esa deuda cuya composición desconoce la gente. O el equivalente, ¡por minuto!, a unos 6 salarios mínimos fijados el sector privado de la economía.

¿Será este tema relevante para los políticos de todo signo que ya están en competencia de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018? ¿Lo será para los liberacionistas que son los primeros en definir quién les representará para la candidatura presidencial? Parece relevante insistir en el punto en ocasión próxima.

Si usted nos honró con leer este comentario y labora para el sector Público, especialmente para el Gobierno Central y sus entidades adscritas, sepa que usted no es responsable del déficit fiscal y que, mucho menos, su salario es un “disparador” del mismo.

Luego de tantos días, semanas y meses de una campaña político-mediática infame en su contra y en contra de su familia, ¿verdad que se debe reaccionar a la misma con toda contundencia?…