Ya es innegable la derrota política que ha sufrido la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público; la más feroz, injusta, infame e injuriosa de toda la historia del papel del Estado en la sociedad.
Esta derrota queda materializada en la inviabilidad política para la aprobación del expediente legislativo No. 19.506 conocido por nosotros como “ley contra el empleo público”. Cuatro circunstancias así lo muestran:
A) El desenmascaramiento de que este proyecto fue utilizado como chantaje político neoliberal para imponer nuevos impuestos.
B) La carta diputadil con 22 firmas explícitas contrarias a que se le diera tramitación legislativa rápida (más diez comprometidas u obligadamente comprometidas).
C) El retiro presidencial del trámite del proyecto en el actual período parlamentario de sesiones extraordinarias.
D) Y, por supuesto, la férrea oposición unitaria obrero-laboral más que evidente, constatan la muerte política de esta intentona antisindical.
A como vemos nosotros las cosas, se abre paso a que nos replanteemos muchos aspectos en torno a los grandes problemas nacionales que nos están afectando en la actualidad, dentro de los cuales y según nuestro criterio el más relevante es el de la desigualdad y su crecimiento sistemático y sostenido.
Según nuestra visión-país la parte más dramática de esa desigualdad es la naturaleza injusta del sistema tributario costarricense; mismo que (como lo hemos indicado tantas veces), hace que paguen más los que menos tienen (proporcionalmente hablando), por un lado; y, por otro, que los que deben pagar de acuerdo a sus posibilidades reales evadan, eludan o del todo no pagan nada de impuestos (se los roban).
Ahora bien, si desde la perspectiva económica hegemónicamente dominante como poder real de la sociedad, el déficit fiscal es el problema supremo, éste mostró dos partes al finalizar el 2016.
El déficit llamado primario, que es el que no incluye el pago de intereses de la deuda pública; y el déficit que incluye las erogaciones por concepto de honrar esos intereses.
Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el déficit primario fue de 2.4 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); el otro, con el pago de intereses incluido, fue el de 2.8 puntos PIB. En total, 5.2% de déficit global que seguirá creciendo porque la deuda seguirá aumentando al no haber recursos frescos para las arcas públicas.
El presente Gobierno presenta ese 2.4 puntos PIB como déficit primario luego de diversas medidas hacendarias como más controles, mejora recaudatoria, más severidad en la persecución del fraude tributario; y, sacrificando inversión pública, reduciendo gasto operativo-social y congelando salarios en la práctica.
Los 2.8 puntos PIB que se generan por pago de intereses de la deuda (que llevan la totalidad del déficit fiscal al terminar el 2016, a 5.2 puntos PIB), desnudan este rubro como el principal disparador (no los salarios) del gasto público.
Esta situación, ideológicamente manipulada pero técnicamente correcta (es decir, hay que tener recursos tributarios frescos), abre una oportunidad para el diálogo social realmente efectivo, aunque tengamos ya circunstancias políticas “contaminadas” con el proceso electoral nacional ya en desarrollo.
Si ponemos en mesa el tema del déficit fiscal para buscar un acuerdo nacional, partiendo de que hemos llegado a 5.2% PIB y, por tanto, ya nos están señalando con el dedo acusador desde las calificadoras de riesgo de inversión que podemos entrar en zona de peligro crediticio y descalificación financiera internacional; ¿cuáles podrían ser los puntos de agenda y de eventual acuerdo intersectorial y hasta político-partidista que le convenga a toda la sociedad?
Y es aquí donde ámbitos como los siguientes pueden representar una consideración relevante para tomar en cuenta quienes sí pensamos que vale la pena dialogar antes que confrontar. Veamos.
A) ¿Con cuánto porcentaje de PIB podría vivir nuestra sociedad en materia de déficit fiscal y con cuánto no?
B) Una auditoría ciudadana de la deuda pública.
C) El sistemático retraso en la ejecución de empréstitos y el gran pago de intereses y de comisiones.
D) La transformación del impuesto sobre las ventas por el lado de la progresividad y de la capacidad de ingreso.
E) La naturaleza de las transformaciones del impuesto sobre la renta pero para las partes de la gran acumulación y del desenfreno evasor.
F) Nueva metodología de cálculo del déficit considerando el 60% de la estructura financiera del Estado que no controla el parlamento.
G) Tributo especial y transitorio a las transacciones financiero-bancarias (tasa Tobin).
H) Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria y de la policía fiscal para sacar el mejor provecho a las leyes contra el fraude fiscal, el registro de accionistas, el impuesto a las sociedades anónimas.
I) Las zonas del empleo público que conviene fortalecer hoy muy precarizadas pero que están pensadas para, precisamente, atenuar los impactos multidiversos de la desigualdad.
J) El tema del empleo público considerado integralmente para la promoción del bien común y de la integración social.
K) La política salarial, especialmente la de los salarios mínimos pagados en la empresa privada, como mecanismo de redistribución de riqueza, de la potenciación del mercado interno y de reducción de la desigualdad.
L) La informalidad y su relación con el tema fiscal. Aquí quedamos.
