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Una cosa tengo clara: la disputa entre los taxistas formales (fuerza roja) y Uber, es un asunto que pasa por un tema de legalidad y de atención política. Así las cosas, ese “pleito” es entre tres: taxistas, Uber y el Gobierno. Por lo sucedido en la manifestación de taxistas, todo parece indicar que el ganador de momento es el Gobierno el cual, al menos por un día, consigue que la sociedad olvide sus constantes desaciertos.

Como todos sabemos, en nuestro país se realizan diversas marchas, todas dicen ser pacíficas, invocándose el derecho a la manifestación. Es así como vemos marchas por los derechos de los animales, por los derechos de la población LGBT, marchas de grupos religiosos, de ambientalistas, de estudiantes, de trabajadores, de los que están a favor y de los que están en contra. Todos consideran que el derecho les asiste.

En efecto, la manifestación es un derecho. Lo que no está contemplado como tal y, por lo tanto, resulta en contrario sensu ilegal, es el bloqueo de vías, el exhibicionismo (escenas de corte sexual), y todo aquello que irrespete el derecho ajeno y/o el orden constitucional.

Lamentablemente en esta situación (pleito entre tres), aparece en escena un actor que se presenta por mandato, por orden superior, por ser el “apaga incendios”. Estos llegan ante la incapacidad política para resolver conflictos y ante la intolerancia de unos y otros. Nos referimos por supuesto a la Fuerza Pública, el brazo fuerte del Estado, nuestra policía civilista constitucionalmente llamada al resguardo de la soberanía, el orden público y las demás competencias que la ley le confiere.

Si se hace un análisis legal de la situación, evidentemente los taxistas llevan razón, la llevan en el sentido de que la competencia es desleal, por cuanto la transnacional Uber, no estaría pagando pólizas, impuestos, cargas sociales, etcétera. Pareciera ser que Uber se aprovecha de un vacío legal para operar al margen de la ley. Este tema debería ser resuelto por el Gobierno y por los entes competentes, sobre todo siendo nuestro país un Estado de Derecho. No obstante, los señores de la Fuerza Roja deben reflexionar, deben hacerlo en lo siguiente: Brindar servicio así sea un trayecto corto, usar lenguaje respetuoso con sus clientes, no alterar la maría y vestir de buena forma, entre algunos aspectos elementales. Evidentemente, estas no son situaciones de mayoría en el gremio; sin embargo, es lo que queda en la impresión de la gente y esto negativo es utilizado maliciosamente, en contra de todos.

Volviendo al caso de la Fuerza Pública, un día odiada y otro día amada, según sean las circunstancias, los intereses y los beneficiados, se convierte finalmente en la que impone la autoridad, misma está en la obligación de actuar e intervenir cuando las circunstancias así lo exigen.

Si partimos de esa premisa, la Fuerza Pública debería ser una de las instituciones mejor dotadas, mejor acondicionadas, y mejor pagadas como parte de los trabajadores del sector público. Pero eso no es así. ¿Por qué no es así? ¿Será acaso porque contrario a los demás sectores, tenemos prohibición de hacer huelga o manifestaciones, al menos estando uniformados?

¿No les parece que los trabajadores de la Fuerza Pública y de los demás cuerpos policiales merecen mejores condiciones, edificaciones dignas, jornadas de trabajo justas que les permita la posibilidad de socializar, de estudiar, de hacer deporte, de compartir en familia? Es justa por ello nuestra causa, es válido nuestro reclamo constante a las autoridades ministeriales, que muchas veces le dan tratamiento cual “desecho” a funcionarios que luego de darlo todo en un cumplimiento, vieron reducida su capacidad física.

Es válido por lo antes descrito, nuestro reclamo de equidad en jornadas de trabajo, de trato justo en los procesos disciplinarios, porque vemos como se firma fácilmente el despido de compañeros que, en cumplimiento de su deber, o en acatamiento de una orden superior, resultan acusados de abuso de autoridad. Volviendo ese policía a su condición de civil, expuesto a las venganzas de las personas que por alguna razón hubiese intervenido, y ni qué decir de la delincuencia.

Por eso, reitero: ¿qué será de ustedes, los gobernantes, el día que los policías se cansen de ser su “trapito” de dominguear, de ser los que apagan los “incendios” que ustedes provocan?; ese día desearan habernos escuchado…

Sin sindicatos no hay democracia. No hay democracia sin sindicatos. Tan es así que los patronos tienen los suyos. Se llaman cámaras. Y hasta tienen una central de sindicatos empresariales: la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Otro ejemplo: en el caso de la actividad exportadora del país, los empresarios de la misma tienen también su sindicato: la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

Ahora bien, en el caso de la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo fijo, como la que está en la informalidad, e incluso la que está desempleada, también tiene acceso a la organización sindical, la de corte obrero-laboral.

Ambas formas de organización sindical, la patronal y la laboral, se respaldan en el mismo artículo de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 60, que textualmente indica lo siguiente: Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Parece que a los colegas sindicalistas de la patronal-empresarial les resulta más fácil la unidad de lo que nos resulta a nosotros, los colegas sindicalistas del lado obrero-social. En este último caso, la principal característica es la gran diversidad y la enorme multiplicidad de sindicatos. Esto plantea, por un lado, grandes desafíos para una unidad entre ellos, pero cuando al menos, en el plano de la acción esta se da, el potencial de incidencia en las decisiones nacionales aumenta considerablemente.

Aprovechando la extraordinaria y maravillosa oportunidad que significa publicar todas las semanas esta columna de opinión (lo que es posible dado el apego estricto de Diario Extra y del Grupo Extra a los valores y principios de la libertad de expresión); y sin ánimo de protagonismo alguno, les compartimos la buena nueva que representa el proceso de Unidad Sindical en la Acción que ha venido conformándose en las últimas semanas, en torno a tres de los temas más candentes de los últimos meses de la agenda nacional, mismos que están evidenciando una fuerte polarización con episodios parciales de confrontación social abierta de alta notoriedad pública.

Hablamos del empleo público, del déficit fiscal y de la justicia tributaria. Son tres temas interconectados entre sí, mismos que de un modo u otro, en distintas dimensiones, de manera directa e indirecta, están involucrando a todo el país, a toda la sociedad, a toda la clase trabajadora, al empresariado; en fin, a todos los sectores componentes de la misma.

Mediando entre los representantes y líderes participantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción altos niveles de tolerancia, de respeto mutuo, de transparencia, con paciencia y con fuerte vocación de actuar consecuente para con los diferentes sectores sociolaborales que se aglutinan en cada organización participante; se ha llegado a una comunidad de ideas, de visión y de potenciación de acciones colectivas en estos cuatro considerandos fundamentales.

UNO. Que las medidas contenidas en los proyectos de ley de empleo público, aumentarán la ya de por sí preocupante desigualdad en nuestro país; precarizando el salario y poniendo en riesgo el empleo, aumentando la notable sobreexplotación laboral presente en muchos grupos de servidores públicos, igualando hacia abajo la política salarial del país, generando una disminución directa del papel del Estado Social mediante una política de recorte de la inversión social y despidos en el sector Público.

DOS. Que datos oficiales demuestran cada vez con más contundencia, como en nuestro país la causa del déficit fiscal no radica en los salarios del sector público, sino por ejemplo, en aspectos relacionados con la estafa al fisco en todas sus formas (8.5 puntos del PIB), el modelo de exenciones y exoneraciones (6 puntos del PIB), la fuga aduanera producto de las firmas de TLC’s (2.5 puntos del PIB), entre otros. Lo cual demuestra que no somos los y las trabajadores los responsables de la situación en las finanzas del Estado.

TRES. Que existe una necesidad impostergable de proveer al fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria, en procura de garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad, que dignifiquen la calidad de vida de la ciudadanía, y contribuyan con la inclusión social robusteciendo el bienestar de la sociedad costarricense.

CUATRO. Que miles de personas trabajadoras y sus familias, en el marco de las organizaciones que pertenecemos o más allá de las mismas, anhelan con ansias la cristalización de esfuerzos de unidad en la acción, que en el caso del sector público logren hacer frente a la constante amenaza de reducción de las garantías laborales, y en el caso del sector privado, contribuya a un mayor respeto a los derechos laborales individuales y colectivos vigentes en el país.

En este proceso de Unidad Sindical en la Acción están organizaciones y sindicatos que tienen membrecía directa, práctica cotidiana, ámbitos de cobertura, zonas de influencia y de incidencia, en áreas de los servicios públicos tales como educación, salud y seguridad social; electricidad, telecomunicaciones, energía, combustibles, agua y alcantarillado; policías, puestos fronterizos y aeropuertos, municipalidades, ministerios y entes adscritos a los mismos (como servicios de aduanas, penitenciarios, salud preventiva, parques nacionales, agricultura y ganadería), puertos, trabajo y asistencia social, entre otros.

Además, se han incluido en este proceso autorizadas voces y experimentadas organizaciones que trabajan en el ámbito de la sindicalización en el sector privado, el también relevante del mercado laboral informal y con importantes segmentos de población trabajadora migrante.

Este proceso de Unidad Sindical en la Acción, precisamente plantea el desafío de impulsar acciones colectivas necesarias para: a) Promover una reforma tributaria que se base en el principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”; b) exigir al Gobierno no enviar al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley que afecte la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; c) exigir al Poder Legislativo el archivo definitivo de los expedientes que afecten la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; d) respaldar la aprobación de proyectos de ley orientados a que el sistema tributario de nuestro país se oriente hacia una mayor justicia tributaria.

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción es que se ha gestado y desarrollado únicamente con el esfuerzo directo de las personas dirigentes y representantes de las organizaciones que han venido participando, sin intervención de terceros de ninguna especie; mostrándose, repetimos, una madurez tolerante de la diversidad en estricto apego al clamor constante y urgentemente planteado por parte de las diferentes bases sociolaborales que están en cada agrupación; clamor que puede resumirse en una sola palabra de profundo significado en estos duros momentos de gran dificultad para la clase trabajadora: ¡únanse!

Video: ASDEICE – FIT-ICE

El proyecto Ley de impuestos a las personas jurídicas, expediente legislativo No. 19.818, que se discute en el plenario legislativo, en su artículo 10, destina los dineros que se recaudarían por este impuesto al Ministerio de Seguridad Pùblica, Poder Judicial (OIJ) y Ministerio de Justicia y Paz (Policía Penitenciaria), dejando de lado a la Policía Profesional de Migración. Por lo que la Seccional entregó a la Asamblea Legislativa una solicitud para que se incluya a este cuerpo policial como uno de los beneficiarios, ya que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para dar cobertura a todo el movimiento migratorio y luchar contra la trata y tráfico de personas, así como la falsificación de documentos.

Conversamos con Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración sobre el documento entregado a los legisladores.

También puede escuhcar el audio en el reproductor al final de esta nota.

Policía Profesional de Migración debe ser incluida en proyecto de Ley de impuestos a las personas jurídicas… by EugenioGuerrero on Scribd

Una orden judicial ha ordenado el “cierre” de la cárcel de San Sebastián. ¡Lo que faltaba! Ajustamos ya varios años planteando, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lo que hemos denominado como la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

Recordamos una iniciativa que le propusiéramos a la entonces Ministra de Justicia de la administración gubernativa 2006-2010, la señora Laura Chinchilla Miranda: la necesidad de que nuestro país reflexionara sobre el fenómeno criminológico en la sociedad costarricense de la actualidad y lo imperioso de su abordaje multisectorial, para que se promoviera una especie de congreso nacional penitenciario y de criminología ante la inminencia de que en las cárceles de nuestro país llegáramos a una especie de punto de no retorno, como parece ser que se ha alcanzado y que lo emblematiza la orden de cierre de la cárcel de San Sebastián.

Nuestra iniciativa no pasó a más en el momento en que dicha ciudadana se lanzó a la lucha por la Presidencia de la República y ya siendo mandataria el planteamiento sindical mencionado quedó nulificado.

Como indicamos, ajustamos ya seis años planteando el grave problema de la explosividad que hoy amenaza al deteriorado sistema carcelario costarricense, especialmente en aquellos centros al borde de un colapso generalizado. Por eso, aunque de manera metafórica, pero con mucho contenido de preocupación, nos preguntamos: ¿cuándo estallará la “bomba”?

De manera que la orden judicial para que se “cierre” la cárcel de San Sebastián, significa para nuestro reiterado planteamiento de la profundidad de la crisis del SPN costarricense que, ¡por fin!, una instancia legitimada nos da la razón. En comunicado de prensa que emitimos al respecto apuntamos: “Esto tiene que conmover al país porque hemos venido señalando que el sistema penitenciario ha sido sometido a recortes presupuestarios abusivos e irracionales, que agravan no sólo los problemas de los privados de libertad sino del mismo personal del sistema penitenciario que sufre de trato crueles, degradantes y hasta con niveles de tortura”.

Tres medidas, al menos, son realmente urgentes si queremos evitar el estallido de esa “bomba” en las cárceles del país: 1) Declararlas en emergencia nacional. 2) Estructurar un plan maestro, de concepción integral, para abordar la deuda social que el país tiene con su sistema penitenciario (infraestructura, personal, recursos y equipamiento, tecnología). 3) Un congreso nacional penitenciario para la redefinición de las políticas públicas de encierro carcelario y de tratamiento de la persona privada de libertad, con base en fenómenos sociales inocultables como la desigualdad y la exclusión social, el desempleo juvenil, el narcotráfico y el crimen organizado, el consumismo abusivo y el deterioro de valores, la corrupción y la deslegitimación del sistema político ante el desprestigio de los políticos, el papel de los medios de comunicación (entre otros factores).

“Solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Así se consignó en declaración de prensa de nuestra parte, en mayo de 2013. La versión digital del periódico La Nación recogió en ese momento nuestra preocupación con este titular: “ANEP pide declarar en emergencia en cárceles del país”. Y apuntamos lo siguiente en ese momento: “Con el paso de cada día, la situación carcelaria costarricense tiende a complicarse con altísimo riesgo para la vida de las personas que están involucradas en ella, tanto el personal asalariado como las personas privadas de libertad”.

En tal sentido reivindicamos que como organización sindical con visión país, a la cual están asociadas una elevada e importante cantidad de personas trabajadoras asalariadas que laboran para el Sistema Penitenciario Nacional, que no hemos permanecido callados ni pasivos ante el deterioro de las condiciones que nos aproximan al estallido de esa “bomba”.
Que tanto las familias de cada una de estos abnegados y sacrificados servidores públicos penitenciarios, como las propias personas encarceladas, así como sus propias familias, deben tener presente que hemos estado realizando grandes esfuerzos por alertar al país de tan grave situación.

Lamentablemente, en el ámbito político de la toma de las grandes decisiones nacionales, como la Asamblea Legislativa y como el propio Poder Ejecutivo, la situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional no es percibida en cuanto tal. Lo doloroso es constatar que pareciera ser una triste necesidad que tal “bomba” estalle y que se lleve muchas vidas valiosas de seres humanos que conviven en la prisión, como funcionarios y funcionarias; así como privados de libertad; y que solamente, así, podría la política pública dejar de mirar con desdén, con irresponsabilidad casi que criminal, lo que está pasando en las cárceles del país, constituyendo la situación de la de San Sebastián, el emblema frustrante de una sociedad que ha preferido seguir la ruta de la desigualdad y de la exclusión social.

La verdad es que en las cárceles el encierro es real para quien está privado de libertad y es de facto para quien trabaja en ellas. Cada funcionario y cada funcionaria saben que entra a laborar con vida, todos los días, a la cárcel. Pero, aunque suene cruel, no sabe si al final del día volverá a reunirse con sus seres queridos. Particularmente dura es la situación del personal policial cuyas condiciones de exigencia horaria y de prestación del servicio, precariedad ocupacional, deterioro salarial y estrés laboral los convirtió en personas semiprivadas de libertad.

Para empeorar las cosas, se ha anunciado ya que para el año 2017, la situación presupuestaria del Sistema Penitenciario Nacional se verá afectada, ¡otra vez!, de esas perversas tendencias recortistas, con altas dosis de austeridad irracional, irreflexiva y hasta irresponsable. Nueva carga de “dinamita social” para que la “bomba” explote.

Tan solo en el ámbito de los recursos humanos, las cárceles ocupan de casi mil nuevos policías; en el ámbito de la atención directa a la persona privada de libertad, se ocupan más psicólogos, más trabajadores sociales, más personal médico, más abogados, más orientadores, más educadores; hace falta más personal en logística y operación administrativa. El propio mandato judicial para el cierre de San Sebastián hizo atinados señalamientos al respecto, señalando el dedo acusador de esas suicidas políticas de austeridad que impiden nombrar personal en sustitución de situaciones de pensión y jubilación, incapacidades, despidos, permisos sin goce salarial, renuncias y suspensiones.

Finalmente, esperamos que la comunidad penitenciaria reaccione ante la inminencia de su propio sacrificio. Tanto la laboral como la de las familias de las personas privadas de libertad. Y que reaccionen cuando todavía queda tiempo. La conclusión es que el trato cruel, degradante, inhumano y violatorio de los Derechos Humanos, les afecta en dimensiones específicas, pero a todos por igual. En nuestro caso preferimos que el país, la sociedad, el sistema político y el propio Estado vuelva a ver hacia las cárceles de otro modo producto de un clamor social potente, diverso, movilizado y participativo, que ante una imagen televisiva de muchos féretros.