Ya existe una denuncia ante la Sala Constitucional contra la alcaldesa.
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Regla fiscal
¡Ni modo! Estos temas macroeconómicos, fiscales-tributarios, de la “alta economía”, especialmente cuando llevan una carga ideológica contraria al bien común y a la inclusión social, son tan delicados, de tanto cuidado al involucrar a toda la población que a pesar de nuestra ignorancia y desconocimiento no queda más remedio que ocuparnos de ellos; especialmente si se tienen responsabilidades de representación obrera y social, y uno sigue creyendo en las posibilidades de una sociedad de inclusión social plena en la cual quepamos todos y todas, pese a que todo indica que este mundo de la globalización neoliberal nos lleva al despeñadero.
Afortunadamente son muchas las personas que con preocupaciones de este tipo y ubicadas en diferentes escenarios aportan para una comprensión común de la naturaleza de los desafíos hacia la defensa social.
Esto resulta muy valioso para quienes como uno, neófitos y recién llegados a estas complejas cuestiones que tienen que ver con la manera de cómo se distribuye la riqueza en una sociedad, tengamos posibilidades de dar una voz, un criterio, una alerta, un llamado, de forma tal que nunca se nos increpe o se nos acuse de estar mirando para otro lado cuando situaciones tan graves se fraguan contra la gente, contra el mayor número, contra el pueblo trabajador principalmente.
Dicho esto, pareciera que como si ya no fuera poco todo lo que hemos venido enfrentando con relación a estos temas macroeconómicos, fiscales-tributarios, dizque de la “alta economía” (por ejemplo, el Expediente Legislativo 19.506, el del ataque al empleo público); lucha que hemos venido dando basados en nuestra perspectiva y en nuestros planteamientos de un sindicalismo sociopolítico, de un sindicalismo ciudadano; ahora nos cae en nuestra agenda de lucha el Expediente Legislativo No. 19.952, denominado “Ley de responsabilidad fiscal de la República”, pero que podemos nombrar simplemente como “Regla Fiscal” para efectos del manejo cotidiano que implica su abordaje.
Don José Ramírez Aguilar, diputado de la República, nos dio los primeros elementos de contenido de “Regla Fiscal” y considerando la seriedad de su desempeño parlamentario y la rigurosidad del profesionalismo técnico de su equipo asesor, la verdad es que ya estamos alarmados por lo que abarca esta iniciativa de ley, pensando en que habrá más deterioro de las posibilidades cada vez más lejanas en materia de reversión del crecimiento de la desigualdad y de un debilitamiento de un deseable potenciamiento de nuevas oportunidades de inclusión social.
Nos indica el citado legislador que este proyecto de “Regla Fiscal” es nocivo.
Concretamente su mensaje tiene esta alarma: “Queremos alertar a la población costarricense acerca de un proyecto que se está tramitando en la Comisión de Asuntos Hacendarios llamado ‘Regla Fiscal’.
Este proyecto busca que en la medida que la deuda del país aumente, el presupuesto del Estado disminuya automáticamente ocasionando así limitantes en la inversión de escuelas, de Cen-Cinai, no podríamos invertir en servicios de salud”.
Continúa indicando este primer llamado de atención que nos formula el diputado don José Ramírez Aguilar, lo siguiente: “Más grave aún es que según algunas instancias internacionales, para el 2019 la deuda del país si no se toman medidas va llegar al 60%, si llegamos al 2019 y se aprueba este proyecto estaríamos obligados congelar salarios, congelar pensiones, el país no podría asumir deudas, tampoco podría subsidiar, es decir si en el 2019 hay un problema en el sector agrícola por ejemplo, el país no podría hacer nada por ayudar a este sector mediante los subsidios que se le dan al sector cafetalero cuando hay problemas con las cosechas por causas como la roya”.
A juzgar por el mensaje de alerta que nos lanza el diputado mencionado, la cosa es mucho más seria de lo que podríamos pensar, inicialmente, al tener un conocimiento primario del proyecto de “Regla Fiscal”.
¡Pongámosle cuidado a este señalamiento!: “Por otra parte las instituciones descentralizadas como el ICE y como la CCSS se verían obligadas a tener un presupuesto igual al del Estado, es decir, si el Estado tiene un presupuesto bajo, estas instituciones tendrían que también bajar el presupuesto sin importar las afectaciones y necesidades que se dejarían de cubrir, tendríamos consecuencias muy serias que pondrían derivar en la desestabilización del país”.
Concluye el ya citado parlamentario con una apelación a la conciencia crítica de la sociedad, incluido los sindicatos: “Por eso, al día de hoy este proyecto debe ser votado de manera negativa. Necesitamos la unión de todos los sectores y de toda la población para impedir que avance este mega combo llamado ‘’Regla Fiscal’’.
“En guerra avisada, no muere soldado”… “Cuando el río suena, piedras trae”. Nada mejor que estos dos refranes populares para que empecemos a ocuparnos y a preocuparnos, en serio, por este asunto del Proyecto 19.952, “Regla Fiscal”.
Varias cosas se nos vienen a la cabeza al momento de escribir este comentario sobre este tema de “Regla Fiscal”.
PRIMERO: Cada vez nos convencemos más de que nuestra sociedad ocupa de una auditoría ciudadana de la deuda, la deuda pública, tanto la contraída con entidades nacionales (públicas y privadas) como con organismos internacionales. Si se estima que para el año 2019, la deuda va a llegar al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ¿cómo nos hemos de preparar como país para ello? Lanzarse por el precipicio social del “austericidio” y del “suicidio” de la inversión pública no es conveniente para nadie, ni siquiera para los abanderados del fundamentalismo fiscalista.
SEGUNDO: Siempre hemos tenido inquietud de que la cosa presupuestaria del Estado, concebida integralmente, no puede seguirse restringiendo a que en la Asamblea Legislativa solamente se conozca sobre el 40 % del total de la misma; 40 % al cual se le denomina erróneamente como presupuesto “general de la República” para un determinado ejercicio fiscal. El otro 60 % no pasa por el parlamento, solamente por la Contraloría General de la República (CGR).
Es obvio que con el tipo de parlamentos que tenemos actualmente se pueda concluir en un “¡qué dicha”! que la Asamblea Legislativa no se mete con ese 60%; y más todavía que ahora ese mal llamado presupuesto “general de la República” se puede aprobar de facto, con el ya legitimado mecanismo de ruptura de quórum como acaba de suceder con el del 2017. No obstante, un abordaje nacional de carácter integral del problema de la deuda no puede dejar de considerar una situación como la que estamos planteando.
TERCERO: Debemos volver sobre el tema del carácter del sistema tributario costarricense. Si para algunos entendidos hasta 32 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) andan dando “vueltas por la calle” en estos momentos, resulta de un orden fundamental considerar las necesarias transformaciones tributarias estructurales (y hasta revolucionarias) para imponerlas cuanto antes si ese escenario catastrofista de 60% puntos PIB de deuda al que llegaremos en el 2019 abre las puertas de un impensado cataclismo social.
Pareciera que es sumamente urgente considerar esto de la “Regla Fiscal” con perspectiva (como apuntamos arriba), de sindicalismo sociopolítico y de sindicalismo ciudadano. Además, parece necesario analizar lo que piensan “del otro lado”: El documento “Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica” de la Academia de Centroamérica” debe estar en nuestro marco documental en toda esta cuestión.
Viceministerio de la Juventud: «II Encuentro de Juventudes de la ANEP es de interés institucional»
Viceministerio Juventud by EugenioGuerrero on Scribd
Invitación al Consejo Consultivo Nacional de la ANEP
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Convoca, oficialmente, por esta vía a las Presidencias y vicepresidencias de las
juntas directivas de las Seccionales de la ANEP al CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA ANEP (CCN-ANEP)
Con base en el Artículo 69, del Capítulo X,
de los actuales y vigentes Estatutos de la organización
Estimados compañeros y estimadas compañeras
Presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas
Juntas directivas Seccionales ANEP (sector público y privado):
Respetuosos saludos para todos y para todas:
En su Sesión No. 2046, de carácter ordinario, celebrada el pasado viernes 24 de junio de 2016, por Acuerdo Unánime y Firme, la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP acordó convocar a todas las presidencias y a todas las vicepresidencias de las juntas directivas seccionales de la ANEP, a la sesión ordinaria del Consejo Consultivo Nacional (CCN-ANEP), la segunda del período directivo nacional de ANEP, 2013-2017.
La agenda es la siguiente:
Punto 1: Leyes contra Empleo Público-Déficit Fiscal (incluye acciones a seguir).
Punto 2: Referéndum sobre Salario Mínimo en el Sector Privado
*FECHA: Viernes 29 de julio de 2016.
LUGAR: San José, calle 20-norte, auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
HORA: 8 de la mañana.*
Habrá desayuno, almuerzo y refrigerio por la tarde.
Se otorgará viáticos según corresponda.
Se entregará valioso material informativo.
Se solicita a cada una de las personas presidentas y vicepresidentas de las diferentes seccionales de la ANEP, tomar todas las previsiones de participación necesarias, (mediando, de ser necesario, la facilitación por parte de las personas promotoras de la Unidad de Desarrollo Organizacional UDO), de la ANEP); recordándoles (según se explica de seguido en la transcripción del indicado artículo 69 de los Estatutos de la ANEP), que: “Las presidencias y vicepresidencias de las juntas directivas de los organismos de base, en su carácter personal y sin posibilidad de delegar esa función, formarán el Consejo Consultivo Nacional…”.
Estatutos de la ANEP
CAPÍTULO X:
DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL
ARTÍCULO 69.
Las presidencias y vicepresidencias de las juntas directivas de los organismos de base, en su carácter personal y sin posibilidad de delegar esa función, formarán el Consejo Consultivo Nacional, el cual se reunirá por expresa convocatoria de la Junta Directiva Nacional, cada vez que las circunstancias sociopolíticas o cualquier otra razón de gravedad para el país o para el sindicato así lo exijan. Ordinariamente, habrá una sesión al término del primer año de gestión directiva, y otra sesión, al tercer año de la misma.
Las personas que integren la Junta Directiva Nacional serán de pleno derecho, integrantes del Consejo Consultivo Nacional.
La función del Consejo Consultivo Nacional será de consulta y coordinación con la Junta Directiva Nacional. Conocerá de los asuntos que ésta lleve a su seno, o aquellos asuntos que por considerarlos de importancia, alguna persona integrante de este Consejo considere oportuno discutir para trasladarlos a la Junta Directiva Nacional.
El funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional será reglamentado por la Junta Directiva Nacional, con observancia de las pautas contenidos en los presentes Estatutos.
“Evitaremos la reforma al empleo público”
En el Partido Frente Amplio no bajamos la guardia, todo lo contrario, estamos vigilantes del camino que recorra el proyecto de ley N° 19.506 “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”, a pesar de que trascendiera que el Poder Ejecutivo no lo incluyó en la lista de proyectos que dispuso para su trámite en sesiones extraordinarias del Congreso.
La última versión de esta nefasta iniciativa, la cual ha sido calificada como ‘un cascarón’ por algunos sectores enemigos de la clase trabajadora debido los cambios a los que fue sometida, merece la misma atención que el texto original.
Aunque últimamente han querido vendernos la idea de que la iniciativa perdió su esencia y puede calificar como un proyecto supuestamente light, más adelante podría convertirse en un peligroso portillo.
Cualquier proyecto en este sentido abriría la posibilidad de realizar posteriormente significativos cambios en el Estado Social de Derecho.
Para analizar el empleo público, es necesario aplicar una visión integral, son los funcionarios los que pagan todas las cargas sociales establecidas por ley, convirtiéndose en un pilar fundamental para sostener y fortalecer el Estado Social de Derecho.
Las rebajas que se le aplican a los trabajadores, sin importar su escalafón, están ligadas directamente con los ingresos que reciben instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense de Seguro Social, Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, para ser destinadas a la atención de la pobreza.
Suma el hecho de que el salario en el sector privado está precarizado (según datos del Ministerio de Trabajo el 28% de los trabajadores de este sector reciben menos del salario mínimo ) y no se aplican los controles para fiscalizar que la situación se regule, principalmente en piñeras y extensiones de monocultivos.
Por otra parte, el argumento de manosear los salarios del sector público para atacar el déficit fiscal no tiene bases.
Según los informes económicos que manejamos en el Frente Amplio, la brecha que debe cerrarse para detener el crecimiento de la deuda pública producto del déficit fiscal es de 3,8% del PIB, es decir, para este 2016 son ¢1,14 billones. De esta forma, afirmar que el déficit se solventa reduciendo la planilla del Gobierno Central conlleva necesariamente a despedir una cantidad de funcionarios tal que sus remuneraciones, en conjunto, representen un recorte de ese tamaño.
Lo anterior supondría despedir a 63.000 funcionarios y funcionarias del Gobierno Central, aumentando la tasa de desempleo del actual 9,6%, hasta un 12,45%. Con el agravante de que no solventaría el déficit desde una transformación estructural de la economía sino mediante una medida paliativa inmediata de efectos devastadores. Esta opción no tiene pies ni cabeza.
Otro argumento equivocado es el que dice que eliminando pluses salariales baja el déficit. Según el Informe del Fondo Monetario Internacional, titulado “Opciones para racionalizar el gasto del Gobierno Central”, si se toman fuertes medidas sobre los llamados pluses, el “ahorro” para el primer año alcanzaría apenas un 0,09% del PIB, alcanzando un 0,16% del PIB para el tercer año.
El informe analizó suspender la acumulación de anualidades, reducir el presupuesto para el pago de dedicación exclusiva en un 10% y establecer que el monto percibido por otras bonificaciones (como disponibilidad, carrera profesional y remuneración por riesgo) no pueda ser superior al 10% de la remuneración total. Con todos estos recortes el monto de ahorro sería insignificante.
Por estas razones somos del criterio que el déficit fiscal debe resolverse con renta progresiva, con ajustes al modelo impositivo para que realmente paguen más los que más tienen. Nuestra posición es y ha sido que los ricos tributen como ricos.
En el Frente Amplio no apoyamos el proyecto, consideramos que el tema del empleo público nunca se debería tocar en perjuicio de los trabajadores, ni mucho menos pretender tapar malas decisiones políticas y años de corrupción precarizando el salario de los trabajadores. Por lo anterior evitaremos a toda costa que la discusión salga de comisión para ser elevada al Plenario.
Artículo de opinión publicado en El Financiero()
Sindicatos rechazan propuesta salarial del Gobierno para el sector público
La Comisón Negociadora de Salarios del Sector Público acordó realizar dos reuniones posteriores a la de este martes con el propósito de finalizar la negociación salarial y estudiar los cambios en la fórmula utilizada para el ajuste salarial, que se llevarán a cabo el jueves 4 de agosto a las 2:30 p.m. en el Ministerio de Trabajo y jueves 18 de agosto a las 8 a.m. en Jupema, respectivamente.
Escuche las declaraciones de Wálter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP y Olman Chinchilla, de la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC).
Patria Justa insiste al Gobierno no enviar proyecto 19.506 a sesiones extraordinarias
Patria Justa expresa su posición con respecto al proyecto conocido como “Empleo Público” y lo que representaría su tramitación parlamentaria durante el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Carta a Sergio Alfaro del Colectivo Sindical Patria Justa by Yariela Novo on Scribd
Petición Sandra Piszk by Yariela Novo on Scribd
¿Qué hace Dios en una cruz?
“Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado sobre la colina del Gólgota se burlaban de él y, riéndose de su impotencia, le decían: «Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz». Jesús no responde a la provocación. Su respuesta es un silencio cargado de misterio. Precisamente porque es Hijo de Dios permanecerá en la cruz hasta su muerte.
Las preguntas son inevitables: ¿Cómo es posible creer en un Dios crucificado por los hombres? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué hace Dios en una cruz? ¿Cómo puede subsistir una religión fundada en una concepción tan absurda de Dios?
Un «Dios crucificado» constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a cuestionar todas las ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que supuestamente conocemos. El Crucificado no tiene el rostro ni los rasgos que las religiones atribuyen al Ser Supremo.
El «Dios crucificado» no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al sufrimiento de los humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con nosotros el dolor, la angustia y hasta la misma muerte. Con la Cruz, o termina nuestra fe en Dios, o nos abrimos a una comprensión nueva y sorprendente de un Dios que, encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de manera increíble.
Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien que sufre con nosotros. Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica. No existe un Dios cuya vida transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está en todos los Calvarios de nuestro mundo.
Este «Dios crucificado» no permite una fe frívola y egoísta en un Dios omnipotente al servicio de nuestros caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone a mirar el sufrimiento, el abandono y el desamparo de tantas víctimas de la injusticia y de las desgracias. Con este Dios nos encontramos cuando nos acercamos al sufrimiento de cualquier crucificado.
Los cristianos seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el «Dios crucificado». Hemos aprendido, incluso, a levantar nuestra mirada hacia la Cruz del Señor, desviándola de los crucificados que están ante nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de celebrar la Pasión del Señor es reavivar nuestra compasión. Sin esto, se diluye nuestra fe en el «Dios crucificado» y se abre la puerta a toda clase de manipulaciones. Que nuestro beso al Crucificado nos ponga siempre mirando hacia quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sufriendo”.
No defendemos policías delincuentes
Primero: No estamos defendiendo a las 115 personas despedidas de la Fuerza Pública por presuntos homicidios, narcotráfico y violaciones. Lamentablemente ese es el manejo informativo, la matriz mediática que se ha venido imponiendo en las últimas horas sobre esta situación. Los casos que hemos asumido a la fecha, ¡son siete! Como podrán ver existe una diferencia abismal entre este número y el que aseguran algunos medios. Los casos que hemos asumido son porque consideramos que la valoración de la prueba es errónea por parte de las autoridades de Seguridad Pública; y, además, ninguno de los casos se vincula con narcotráfico, mucho menos con un homicidio.
Segundo: Para citar un par de ejemplos. Uno de los casos que tenemos es un presunto abuso de autoridad. Otro es un despido por presuntamente haber utilizado una patrulla para llevar unos medicamentos a casa de un particular, lo cual se conoció en sede administrativa y se archivó y está pendiente de lo que se resuelva en el Ministerio Público. En otros dos casos nos parece que, en efecto, se presentó alguna situación ilícita, pero no necesariamente por parte las personas presuntamente implicadas, sino que como decimos policialmente “se las cuadraron”. Es por ello que deberían dejar que la investigación finalice.
Tercero: También hemos rechazado ejercer la defensa de algunos casos. Por ejemplo, los oficiales que fueron captados sustrayendo celulares en una tienda. A éstos, a pesar de ser afiliados a la ANEP se les dijo que su caso deberían defenderlo con un abogado externo, por cuanto su deber era proteger los bienes, no sustraerlos. Las imágenes fueron elocuentes y no dejaban lugar a dudas.
Cuarto: Estamos de acuerdo con la política de “cero tolerancia” a la corrupción, lo hemos afirmado y reiterado desde siempre. Ese es un pilar fundamental de nuestro trabajo. Resulta inaceptable que un funcionario de cualquier cuerpo policial se vincule con el crimen organizado, con narcotráfico y/o con la comisión de algún hecho delictivo. Si en verdad se tiene certeza de la comisión de tales delitos, deberían entonces hacerse los procesos correspondientes y las coordinaciones pertinentes con la policía judicial, a efectos de que sean cesados sin responsabilidad patronal.
Quinto: Nosotros hemos levantado la voz, en favor de una población históricamente estigmatizada. Contamos con la ventaja de conocer desde su interior al Ministerio de Seguridad Pública. Conocemos la historia de compadrazgos, de nombramientos a dedo, de impunidad para los casos en que algún jerarca comete alguna infracción disciplinaria. Tenemos constancia de directores sin requisitos, de personas que al momento de las pruebas psicológicas para ocupar un mando y un rango, las perdieron pero les permitieron seguir. ¿Eso no es corrupción?
Finalmente, para dejar patente nuestra posición, resulta de especial interés extraer el siguiente párrafo del Manual de Derecho Constitucional del Poder Judicial que cita textualmente:
“El principio de culpabilidad constituye otro límite al ejercicio del poder punitivo y se encuentra previsto en los artículos 39 de la Constitución Política; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 30 del Código Penal. Dichas normas, por su orden indican: A nadie se hará sufrir pena sino por delito…y la necesaria demostración de culpabilidad” (artículo 39 CP). Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (artículo 8.2 CADH). Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (artículo 14.2 PIDCP). Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintencional (artículo 30 Código Penal)”.
Una nota de prensa por estos días titulaba así: “ABSUELVEN A EX DE LYNDA DÍAZ”. Nos preguntamos: ¿Qué habría pasado si le niegan la posibilidad de defenderse?… Los recientes reportes de prensa extranjero nos indican de que en China “…exculpan a hombre 20 años después de su ejecución”, esto luego de que apareciera el verdadero responsable del crimen que motivo su ejecución.
Así las cosas, debemos decidir si seguimos siendo un Estado de Derecho, o pasamos a ser una anarquía en donde primero se lincha y después se pregunta.
Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP
Ni Alianza del Pacífico ni TISA… ¡No más TLC’s neoliberales!
Empecemos por esta frase: “Desde la campaña presidencial el Partido Acción Ciudadana (PAC) expresó serias dudas sobre la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico con sus actuales contenidos. Insistía en que nuestra prioridad debía concentrarse en la buena administración de los tratados existentes y no en ampliar compromisos con este tipo de instrumentos”.
Once integrantes (de los trece que tiene) de la actual fracción parlamentaria del PAC en la Asamblea Legislativa le enviaron una nota al ministro de Comercio Exterior (Comex), el señor Alejandro Mora Delgado, criticándole por estar promoviendo ese TLC, la Alianza del Pacífico, “a espaldas” de su jefe, el propio Presidente de la República quien (según dicha nota), “…no ha expresado una posición definitiva sobre la Alianza del Pacífico”.
Además, en esa carta se le advierte al ministro del Comex lo siguiente: “…queremos informarle, que sus esfuerzos para promover la aprobación de la Alianza del Pacífico, podrían tener eco en las fracciones neoliberales de la Asamblea Legislativa, pero no en la del PAC la cual, unánimemente, se opone a dicha Alianza en sus actuales términos”. ¿Cuáles son esas “fracciones neoliberales”?… Esperaríamos que las que no lo son (aunque sean unipersonales o subfracciones) se sacudan y se pronuncien al respecto.
En nuestro criterio, el señor ministro Mora debería irse del Gobierno. Debería tener la dignidad de renunciar. O bien, que lo “renunciaran”, resultando mejor todavía si el presidente Solís lo destituyera. Nos hemos pronunciado en tal sentido, desde el pasado domingo 24 de julio. Si no se va, ha quedado en evidencia como un neoliberal por los cuatro costados, por más que ahora haya empezado a decir que se “silenciará” y que ya no hablará más a favor de la neoliberal Alianza del Pacífico.
Uno de los legisladores del PAC firmantes de la carta que estamos comentando, don Ottón Solís Fallas, ha indicado que “no existen argumentos para suscribir un nuevo acuerdo comercial con dicha instancia regional, conformada por países con los que Costa Rica tiene firmados tratados bilaterales”. Refrendó tal posición al conectarla con lo que le prometieron al pueblo en la pasada campaña electoral: “Nosotros en campaña dijimos que no íbamos a ir con más tratados, que había que administrar bien los que tenemos y aquí no se puede argumentar lo que se argumentó con el TLC con EE.UU., que era la mitad del mercado costarricense”. (Declaraciones para el medio digital elmundo.cr).
Así las cosas, ni el propio PAC, ni sus diputados y diputadas actuales, ni el mismísimo señor Presidente pueden plantear ahora que tienen “dudas” sobre la ventajas para el país de meternos en este nuevo TLC neoliberal, la Alianza del Pacífico. Dentro de la serie de razones que explican la pérdida de credibilidad ciudadana en sus políticos es porque estos, cuando llegan al gobierno, no honran lo que prometen en campaña electoral. Aquí hay una extraordinaria oportunidad de que al menos en esto de nuevos TLC’s se reconcilien con el pueblo que les eligió.
Y es que hay más en esto de nuevos TLC’s neoliberales. Hay otro tanto peor o más que la Alianza del Pacífico. Es el TISA, por sus siglas en inglés (Trade In Services Agreement).
En el caso del TISA, al igual que en el caso de la Alianza del Pacífico, la primera responsabilidad política por haber metido a Costa Rica en semejantes TLC’s neoliberales, le compete a la señora Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República, pues en su administración y a espaldas de la ciudadanía, ella nos comprometió como país. Esto podría ser lógico dado que su ideología neoliberal se lo motivó, respaldada por un partido que dejó de ser socialdemócrata hace bastante tiempo y que, por tanto, al volverse neoliberal no encontró contradicción con los postulados de la Alianza del Pacífico ni con el TISA.
Lo inadmisible y lo que podría catalogarse como una traición a los ideales de campaña que el PAC promovió para conseguir el mayor número de votos posibles, tanto parlamentarios como presidenciales, fue el nombramiento y la permanencia en el cargo de la cartera ministerial de Comercio Exterior (Comex) de una persona con los mismos credos políticos de la exmandataria Chinchilla Miranda.
Adicionalmente a su prédica en favor de la Alianza del Pacífico, el señor Mora Delgado ha guardado silencio acerca del carácter supersecreto, completamente opaco e intransparente con que se viene negociando el TISA, al punto de que naciones latinoamericanas como Uruguay y como Paraguay decidieron salirse a tiempo de ese oscuro proceso del TLC TISA. Las sucesivas revelaciones de WikiLeaks permitieron a los pueblos uruguayo y paraguayo, a sus organizaciones sociales y sindicales y, finalmente, a sus propios gobiernos, darse cuenta de cuán nefasto, perverso y criminal es el TISA. Costa Rica debe seguir ese camino: salirse del TISA.
El TISA pretende la liberalización, la desregulación y la privatización de una amplia gama de servicios: salud, educación, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, servicios postales y de entrega, servicios ambientales (recolección de basura, alcantarillado, etc.), financieros (banca, seguros, banca de inversión), transportes (terrestre, marítimo, aéreo), turismo, servicios fúnebres, servicios de entretenimiento (radio, películas, televisión, bibliotecas, museos, deportes, etc.), construcción, distribución (gasolineras, supermercados, tiendas, franquicias), publicidad, mercadeo, servicios computacionales, bienes raíces, servicios profesionales (abogados, médicos, arquitectos, contadores, dentistas, veterinarios, enfermas, fisioterapeutas, ingenieros, etc.).
Este es el momento de detenernos en cuanto a seguir esta ruta del libre comercio desbocado. Prestigiosos estudiosos, académicos e intelectuales de renombre mundial vienen señalando el fracaso del modelo de los TLC’s neoliberales. Uno de ellos, Premio Nobel de Economía 2001, el señor Joseph Stiglitz, quien goza de mucha reputación y respeto en los círculos de poder del capital, viene señalando reiteradamente en los más diversos foros y países sentencias contundentes como la siguiente: “En la asimétrica negociación de tratados comerciales no priman la equidad o la democracia, sino los intereses de grupos particulares como las farmacéuticas y las petroleras, o al menos esos son los intereses que representa la oficina comercial de E.U…. Los países que firman TLC creen que les van a traer inversión y no hay evidencia de que eso pase. Es solo un sueño… Si la firma del TLC tuviese negociaciones reales y posibilidades de beneficiar a los países, sí lo recomendaría, pero Estados Unidos no negocia sino que demanda o impone… los acuerdos bilaterales son una desventaja porque EEUU subsidia su agricultura y no dejaría a otros países tomar medidas en contra de eso… los TLC no son tan libres ya que se solicita o se impone comprar cierta cantidad de materia prima de Estados Unidos, como parte de los convenios… Los TLC no son buenos, no son justos, porque traen más perjuicios que beneficios”. Ni Alianza del Pacífico ni TISA… ¡No más TLC’s neoliberales!





