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ANEP condena la aprobación de recortes en el presupuesto de la República 2017

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  • Ahora queda certificado: el rompimiento del quórum legislativo está legitimado como herramienta política

Lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa este domingo 27 de noviembre, con ocasión de la aprobación abrupta en primer debate del mal llamado presupuesto de la República para el año 2017, merece la más enérgica condena por parte de las organizaciones sindicales, civiles y sociales que venimos denunciando el crecimiento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos de carácter social y el grave declive de la política pública en materia de seguridad ciudadana.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la política de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables “es suicida”, socialmente hablando. Y más grave todavía es poner a pelear a la policía precarizada y debilitada con la niñez y la adolescencia en estado de abandono y/o en riesgo social, cuando se trata de financiamiento para los delicados programas de política pública que se necesitan en ambos casos.

La desigualdad demanda que tanto los diferentes cuerpos de policía a cargo de la seguridad ciudadana tengan todos los recursos financieros-presupuestarios necesarios para enfrentar el crecimiento delincuencial y el aumento del poder corrupto del crimen organizado y del narcotráfico.

Por otra parte, la desigualdad exige un fortalecimiento estratégico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues la precariedad salarial, el desempleo, el narcomenudeo y los antivalores producto de la promoción del consumismo extremista, están golpeando los hogares de la pobreza extrema, de la pobreza y hasta de sectores medios; crisis de la convivencia sociofamiliar que tienen a una gran cantidad de niños, de niñas y de adolescentes en riesgo social.

Aunque resulte sumamente doloroso mencionarlo es contraproducente esta política de recorte presupuestario, si consideramos la gravedad de la situación presente y futura que se deriva del paso del huracán Otto por nuestro país.

“ANEP hace un vehemente llamado a cada una de las organizaciones sociolaborales, sindicales y profesionales que funcionan al interior del PANI para que se apresten a una urgente acción colectiva de protesta y de repudio por estos recortes que golpearán, duramente, la operatividad de la institución y la ampliación de la cobertura de sus servicios según el escenario que acabamos de describir”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Asimismo, la ANEP hace un llamado a los otros sectores institucionales afectados por la irracional, irreflexiva e irresponsable política de los recortes presupuestarios para que se dispongan a luchar en defensa de los servicios públicos que tienen a cargo.

“Dice el refrán popular que “no hay mal que por bien no venga” y dado que se utilizó la herramienta política del rompimiento del quórum legislativo a fin de imponer esos recortes irracionales; hay que “celebrar” de que tal herramienta en el ámbito del debate parlamentario ha quedado más que legitimada, lista para emplearse en situaciones por venir contra proyectos contrarios al bien común, a los derechos laborales y a la integración social”, agregó Vargas.

ANEP insta a los diputados y las diputadas que están a favor del recorte presupuestario de algunas instituciones públicas para que rectifiquen su errática conducta política en esta delicada situación; rectificación que políticamente es procedente antes de que sea demasiado tarde y peligrosamente irreversible.

Ante despidos en el MSP que omiten el debido proceso

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En primera instancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Seccional ANEP-Fuerza Pública, dejan constancia de nuestro más contundente apoyo para que se establezca una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP); política que debe incluir a todos los niveles de la institución. Estamos convencidos de que esta política es para proteger a los buenos funcionarios y a las buenas funcionarias, así como depurar y fortalecer la institución en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.

No obstante, en esa búsqueda de la excelencia y la depuración se debe observar y respetar la Constitución Política y la Ley, en razón de que somos un país de derecho, un Estado democrático que promulga y garantiza el respeto de los Derechos Humanos.

En los últimos días hemos visto con preocupación la premura con que el Ministerio de Seguridad Pública viene aplicando el despido de algunos de sus funcionarios, mediante el artículo 140, inciso 1 de la Constitución Política, el cual reza:
“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

“Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil”.

Sin embargo, podríamos entrar en un choque de normas, por cuanto encontramos en la misma Constitución Política, en su artículo número 39, el Principio de Inocencia, el cual garantiza el derecho de defensa y reza lo siguiente:

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionada por ley anterior y en virtud de sentencia firma dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa”.

Si bien es cierto algunos de los últimos eventos dan cuenta de funcionarios sospechosos de participar en actividades delictivas, lo cual resulta absolutamente reprochable, es incompatible la función policial, con el narcotráfico y/o el crimen organizado, eso lo entendemos. Sin embargo, es necesario que a estas personas también se les haga el debido proceso, en aras de que se pueda comprobar la responsabilidad que asegure que luego no regresen a la institución por un defecto procesal.

En el párrafo anterior, dejamos patentado que tenemos claridad en la necesidad de buscar la probidad y la excelencia en quienes servimos desde cualquier cuerpo policial. No obstante, hemos detectado al analizar objetivamente la prueba, que algunos funcionarios afectados con la aplicación del artículo 140 de la CP, se deberían presumir inocentes. Esto en razón de que algunos procesos que sirven de base para el despido, son causas de presunto abuso de autoridad, que están inclusive en etapa de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante lo cual se debe considerar lo que al efecto señala el artículo número 39 de la CP y el número 9 del Código Procesal Penal, Estado de inocencia.

La aplicación del artículo 140 constitucional implica el pago de extremos laborales, o sea, prestaciones de ley, y antes las omisiones legales que se vienen presentando, debemos sumar posibles salarios caídos, costas procesales y daños y perjuicios. Todo a costa del erario público, por no aplicar lo que se establece en la Constitución y la Ley.

La Ley General de Policía, número 7410, señala:

Artículo 88- El despido Justificado. Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:

a) Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según los dispuestos en la presente Ley. Nos preguntamos: ¿Cómo se establece este instituto, sin la realización de un debido proceso?

b) Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Nos preguntamos: ¿cómo se comprueba la comisión de unos de esas causales?

c) Por ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto. Nos preguntamos: ¿Cómo se comprueba sin debido proceso?

Así las cosas, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se observe la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, el Principio de Inocencia, el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, el Principio de Objetividad y la búsqueda de la verdad real de los hechos.

Resulta sumamente peligroso, que se despida a un funcionario por enfrentar una acusación, provoca esta situación un ambiente de inestabilidad e incertidumbre en los oficiales a la hora de realizar cualquier intervención, por cuanto resultaría fácil para quien delinque, y/o para quien se quiera vengar de una actuación policial, simplemente interpone una denuncia penal y el policial quedara desempleado!!!

¿Qué sucede si luego resultare exonerado?

San José, 30 de noviembre del año 2016

Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP

ANEP logra respeto hacia la licencia sindical para los trabajadores de la PCD

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A mediados de marzo de este año, el sindicato y las autoridades de la PCD firmaron un acuerdo para otorgar licencia sindical con goce salarial a los integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Control de Drogas (PCD).

Sin embargo, las reuniones de la Seccional, en la mayoría de ocasiones, se programaban por los trabajos operativos de la PCD, sin que las mismas pudieran ser reprogramadas.

Acta de Conciliación MTSS: ANEP-PCD

Declaración oficial de Patria Justa ante el deceso de Fidel Castro

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El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, de la República de Costa Rica, expresa su más sentidas condolencias al pueblo de la hermana República de Cuba por el sensible fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana; figura relevante de la política latinoamericana y mundial de los últimos casi 60 años. Personaje con un liderazgo insustituible, altamente polémico. Su figura y su convicción revolucionaria sirvieron de inspiración y guía a millones; de millones de cubanos, de latinoamericanos y de otros pueblos luchadores del orbe.

Los ideales nobles que defendió por la justicia social, por la real soberanía de los pueblos, por la convivencia pacífica entre las naciones y más recientemente, alertando sobre los peligros de la Humanidad misma producto de la depredación ecológica y del cambio climático, seguirán como valores eternos y supremos cual guía objetivamente correcta para la lucha social en medio de un mundo caracterizado por al egoísmo, la desigualdad, el desenfreno insolidario y la errática promoción de la guerra como solución de las controversias internacionales. Su inconmensurable legado no será jamás opacado.

San José, Costa Rica, viernes 25 de noviembre de 2018. Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Cesan del cargo a Gerente General de PIMA-CENADA

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Carlos Feoli Escalante quien fungía como Gerente General PIMA-Cenada fue destituido de su cargo el pasado lunes 11 de julio, luego de que la Seccional ANEP-PIMA-Cenada presentara una denuncia contra el funcionario por el uso indebido de recursos públicos.

Así fue confirmado por Roberto Monestel, Presidente de la Seccional PIMA-CENADA quien indicó que ya recibieron un primer contacto “informal” del nuevo Gerente General solicitando una reunión con el sindicato.

“La salida de Carlos Feoli va a cambiar la forma en que se administraba Pima-Cenda. El nuevo Gerente va tener la sapiencia de escuchar a los grupos organizados dentro de la Institución, aparte de que es una persona que conoce la problemática agroalimentaria y tiene experiencia”, dijo Monestel.

Para el Presidente de la Seccional ningún funcionario público está por encima de la Ley y en este caso en específico “Feoli creyó que estaba por encima de la misma utilizando recursos de la institución para su beneficio, cuando nosotros debemos velar por el buen uso de estos recursos”.

La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.

A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.

De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.

Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.

“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.

Posteriormente la Procuraduría de la Ética remitió la denuncia al Ministerio Público para su respectiva investigación.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Roberto Monestel Flores, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional Anep-Pima Cenada 8350-0087.

Viceministra de Transportes debe renunciar

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Nos pronunciamos de manera pública y contundente en el sentido de que Liza Castillo, renuncie a su cargo de Viceministra de Transportes; cargo al que llegó impuesta por el gran empresariado corporativo autobusero,

Ya era un secreto a voces que el Gobierno de la República se había “entregado” al gran empresariado corporativo autobusero con la destitución del antecesor en ese cargo, el señor Urbina; y, ahora, se hace público que la señora Castillo fungía, prácticamente, como secretaria y/o asistente ejecutiva del dicho sector empresarial.

La población usuaria del transporte público modalidad autobús, especialmente la clase trabajadora asalariada y no asalariada que se ve obligada a utilizarlo, sigue en total estado de indefensión y, por el contrario, la llegada de la señora Castillo, profundiza tal indefensión.

Por otra parte, si ahora la nueva dirección política de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) está decidida a proteger al usuario con el nuevo modelo tarifario para el cobro de pasajes de autobús, no se debe ceder al chantaje del “paro” autobusero.

Por el contrario, debe apelar a las organizaciones de la sociedad civil con vocación social para pedir soporte y respaldo a la nueva metodología que podría generar un alto al expolio que sufre, especialmente, el pasajero trabajador, cada día, cuando se sube a un autobús de ciertas empresas de ese gran corporativismo autobusero que han venido, sin escrúpulo alguno, operando con tarifas infladas.

De manera pública dejamos constancia de que le estamos pidiendo una audiencia urgente al Regulador General de la Aresep, Roberto Jiménez Gómez, para tratar esta situación; solicitud que oficializaremos en próximas horas por los canales formales. Para esta situación pediremos el respaldo de organizaciones sindicales colegas como las integrantes del Colectivo Sindical Patria Justa.

El huracán Otto y la Costa Rica del Romboide

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Hace algunos meses comentamos acerca de lo que llamábamos “la Costa Rica del Romboide”. En aquel momento dijimos que lo que algunos consideran “Costa Rica” queda comprendido entre Ciudad Quesada y Pérez Zeledón, y entre San Ramón y Turrialba.

Hoy, mientras el huracán Otto (rara vez se bautiza tan certeramente a un fenómeno atmosférico) atraviesa el país, los medios de comunicación y las redes sociales parecieran confirmar una vez más esta lamentable actitud. Recién hoy parecen haberse enterado de que Talamanca, Coto Brus, Corredores y Golfito son parte del territorio nacional. Lo mismo que La Cruz, Upala, Los Chiles y Sarapiquí, así como el norte de Pococí. Aunque, extrañamente, nadie hizo mención de que son casualmente los cantones con peor índice de desarrollo humano en el país.

Por el contrario, ¿qué hemos tenido? Un medio de comunicación que le da la espalda a la prevención, dándole palestra a politiqueros locales para crear controversia en un momento en que el ojo de “Otto” generaba una calma momentánea que pudiera haber sido preciosa para advertir a la comunidad que faltaba todavía la otra mitad de la tormenta. Un director de medios que no titubeó en poner a uno de sus periodistas a reportar desde el propio corazón del poblado bajo vientos de 150 kilómetros por hora, pero que apenas oyó que el huracán iba para donde él estaba, de pronto le dio por pensar en “no exponer la seguridad personal de sus compañeros” como excusa elegante para ir a esconder el propio pellejo. Y lo peor: una turba irracional que, viendo que en el interior del “romboide” había poca lluvia y ningún viento, se adueñó de las redes sociales para (como de costumbre) tapizarlas de ligerezas, diciendo que todo era una pantomima, una vagabundería y que el país no vivía ninguna emergencia. Claro, porque en su desbocado egoísmo “el país” llega hasta donde a ellos les da la vista. Y volvemos entonces a comprobar que, para que se tome en serio un acontecimiento en Costa Rica, debe suceder dentro del “romboide”.

Si una lección debe quedar de esta tragedia, es que nuestro país no puede darse el lujo de “mutilarse” a sí mismo. Basta un parpadeo, un instante de irresponsabilidad mediática o de politiquería pedestre que desvíe o desacredite el magno esfuerzo de un Gobierno por prevenir catástrofes, para que se pierdan valiosas vidas humanas.

Costa Rica va de Peñas Blancas a Paso Canoas, del río Sixaola al río San Juan, de la Isla del Coco a la Isla Calero. Y del Mar Caribe a los adentros del Océano Pacífico. No nos conformemos con menos. Y sobre todo, no olvidemos que una tragedia en cualquier punto de nuestra nación, es una tragedia para todos.

Tributación alquila edificio a alto costo y no se utiliza al 100%

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Durante mucho tiempo, se ha estado discutiendo sobre el tema del alto déficit fiscal del país, desarrollándose al mismo tiempo una sistemática e injusta campaña de agresión contra los empleados públicos, la cual es auspiciada y financiada por algunos medios de comunicación, especialmente por el Centro Corporativo Periodístico que en estos momentos lanza gritos iracundos, llegando hasta la histeria, porque un banco del estado le eliminó su millonaria pauta publicitaria, además han contado con aliados de la empresa privada y varios diputados en la Asamblea Legislativa. Por medio de estos perversos ataques, se ha tratado de manipular a la ciudadanía, haciéndola creer que los culpables y causantes del deterioro fiscal, somos los funcionarios (as) que trabajamos en el gobierno. En este tergiversado pensamiento, se dejan de lado, los numerosos casos de corrupción en el manejo de los recursos estatales, además, del exorbitante desperdicio en la utilización de los mismos.

Por eso, nos ocasiona gran extrañeza y frustración, de ver que el edificio donde se ubica la Administración Tributaria San José Oeste en Barrio Don Bosco, se encuentre sub-utilizado, pues el quinto y el octavo piso están desocupados y el séptimo parcialmente, siendo dicho inmueble, el más oneroso en el pago del alquiler por parte del Ministerio de Hacienda y no nos asombraría que también lo sea de todo el aparato gubernamental. Sería demasiado iluso pensar que por estar esos pisos desocupados, los propietarios del inmueble, hayan disminuido el costoso precio del alquiler. Por otro lado, es un hecho que al ser trasladados los compañeros de informática al Edificio Sigma, que se ubica cerca del Mall San Pedro, se aumenten considerablemente los gastos por alquileres.,

Adicionalmente en relación con este nuevo alquiler, nos gustaría saber si los dueños de esta propiedad, son los mismos del Mall San Pedro, donde se alquilan otras oficinas públicas y del Outlet Mall, en cuyas instalaciones se encuentra la Administración Tributaria del Este.

También, resulta inconcebible que mientras en el edificio de la Administración Tributaria del Oeste en Barrio Don Bosco, hay bastante espacio que sobra, existan oficinas en esa misma Administración como el Área de Comprobaciones Abreviadas, Recaudación y otras, que trabajan con hacinamiento y en condiciones incómodas y poco favorables para efectuar su labor, además, de que ese ambiente laboral es propicio para la trasmisión de enfermedades. Por lo que creemos que debe realizarse en forma prioritaria y a la mayor brevedad posible, el traslado de ese personal a los pisos desocupados y así evitar que siga trabajando con tantos inconvenientes e incluso, una vez ubicado dicho personal y si aún queda espacio, podría ocuparse con los compañeros ( as ) de otras dependencias, lo anterior con el fin de reducir el enorme pago de alquileres de este Ministerio.