Ante despidos en el MSP que omiten el debido proceso

En primera instancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Seccional ANEP-Fuerza Pública, dejan constancia de nuestro más contundente apoyo para que se establezca una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP); política que debe incluir a todos los niveles de la institución. Estamos convencidos de que esta política es para proteger a los buenos funcionarios y a las buenas funcionarias, así como depurar y fortalecer la institución en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.

No obstante, en esa búsqueda de la excelencia y la depuración se debe observar y respetar la Constitución Política y la Ley, en razón de que somos un país de derecho, un Estado democrático que promulga y garantiza el respeto de los Derechos Humanos.

En los últimos días hemos visto con preocupación la premura con que el Ministerio de Seguridad Pública viene aplicando el despido de algunos de sus funcionarios, mediante el artículo 140, inciso 1 de la Constitución Política, el cual reza:
“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

“Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil”.

Sin embargo, podríamos entrar en un choque de normas, por cuanto encontramos en la misma Constitución Política, en su artículo número 39, el Principio de Inocencia, el cual garantiza el derecho de defensa y reza lo siguiente:

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionada por ley anterior y en virtud de sentencia firma dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa”.

Si bien es cierto algunos de los últimos eventos dan cuenta de funcionarios sospechosos de participar en actividades delictivas, lo cual resulta absolutamente reprochable, es incompatible la función policial, con el narcotráfico y/o el crimen organizado, eso lo entendemos. Sin embargo, es necesario que a estas personas también se les haga el debido proceso, en aras de que se pueda comprobar la responsabilidad que asegure que luego no regresen a la institución por un defecto procesal.

En el párrafo anterior, dejamos patentado que tenemos claridad en la necesidad de buscar la probidad y la excelencia en quienes servimos desde cualquier cuerpo policial. No obstante, hemos detectado al analizar objetivamente la prueba, que algunos funcionarios afectados con la aplicación del artículo 140 de la CP, se deberían presumir inocentes. Esto en razón de que algunos procesos que sirven de base para el despido, son causas de presunto abuso de autoridad, que están inclusive en etapa de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante lo cual se debe considerar lo que al efecto señala el artículo número 39 de la CP y el número 9 del Código Procesal Penal, Estado de inocencia.

La aplicación del artículo 140 constitucional implica el pago de extremos laborales, o sea, prestaciones de ley, y antes las omisiones legales que se vienen presentando, debemos sumar posibles salarios caídos, costas procesales y daños y perjuicios. Todo a costa del erario público, por no aplicar lo que se establece en la Constitución y la Ley.

La Ley General de Policía, número 7410, señala:

Artículo 88- El despido Justificado. Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:

a) Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según los dispuestos en la presente Ley. Nos preguntamos: ¿Cómo se establece este instituto, sin la realización de un debido proceso?

b) Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Nos preguntamos: ¿cómo se comprueba la comisión de unos de esas causales?

c) Por ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto. Nos preguntamos: ¿Cómo se comprueba sin debido proceso?

Así las cosas, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se observe la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, el Principio de Inocencia, el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, el Principio de Objetividad y la búsqueda de la verdad real de los hechos.

Resulta sumamente peligroso, que se despida a un funcionario por enfrentar una acusación, provoca esta situación un ambiente de inestabilidad e incertidumbre en los oficiales a la hora de realizar cualquier intervención, por cuanto resultaría fácil para quien delinque, y/o para quien se quiera vengar de una actuación policial, simplemente interpone una denuncia penal y el policial quedara desempleado!!!

¿Qué sucede si luego resultare exonerado?

San José, 30 de noviembre del año 2016

Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP

ANEP logra respeto hacia la licencia sindical para los trabajadores de la PCD

A mediados de marzo de este año, el sindicato y las autoridades de la PCD firmaron un acuerdo para otorgar licencia sindical con goce salarial a los integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Control de Drogas (PCD).

Sin embargo, las reuniones de la Seccional, en la mayoría de ocasiones, se programaban por los trabajos operativos de la PCD, sin que las mismas pudieran ser reprogramadas.

Acta de Conciliación MTSS: ANEP-PCD

Declaración oficial de Patria Justa ante el deceso de Fidel Castro

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, de la República de Costa Rica, expresa su más sentidas condolencias al pueblo de la hermana República de Cuba por el sensible fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana; figura relevante de la política latinoamericana y mundial de los últimos casi 60 años. Personaje con un liderazgo insustituible, altamente polémico. Su figura y su convicción revolucionaria sirvieron de inspiración y guía a millones; de millones de cubanos, de latinoamericanos y de otros pueblos luchadores del orbe.

Los ideales nobles que defendió por la justicia social, por la real soberanía de los pueblos, por la convivencia pacífica entre las naciones y más recientemente, alertando sobre los peligros de la Humanidad misma producto de la depredación ecológica y del cambio climático, seguirán como valores eternos y supremos cual guía objetivamente correcta para la lucha social en medio de un mundo caracterizado por al egoísmo, la desigualdad, el desenfreno insolidario y la errática promoción de la guerra como solución de las controversias internacionales. Su inconmensurable legado no será jamás opacado.

San José, Costa Rica, viernes 25 de noviembre de 2018. Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Cesan del cargo a Gerente General de PIMA-CENADA

Carlos Feoli Escalante quien fungía como Gerente General PIMA-Cenada fue destituido de su cargo el pasado lunes 11 de julio, luego de que la Seccional ANEP-PIMA-Cenada presentara una denuncia contra el funcionario por el uso indebido de recursos públicos.

Así fue confirmado por Roberto Monestel, Presidente de la Seccional PIMA-CENADA quien indicó que ya recibieron un primer contacto “informal” del nuevo Gerente General solicitando una reunión con el sindicato.

“La salida de Carlos Feoli va a cambiar la forma en que se administraba Pima-Cenda. El nuevo Gerente va tener la sapiencia de escuchar a los grupos organizados dentro de la Institución, aparte de que es una persona que conoce la problemática agroalimentaria y tiene experiencia”, dijo Monestel.

Para el Presidente de la Seccional ningún funcionario público está por encima de la Ley y en este caso en específico “Feoli creyó que estaba por encima de la misma utilizando recursos de la institución para su beneficio, cuando nosotros debemos velar por el buen uso de estos recursos”.

La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.

A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.

De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.

Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.

“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.

Posteriormente la Procuraduría de la Ética remitió la denuncia al Ministerio Público para su respectiva investigación.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Roberto Monestel Flores, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional Anep-Pima Cenada 8350-0087.

Viceministra de Transportes debe renunciar

Nos pronunciamos de manera pública y contundente en el sentido de que Liza Castillo, renuncie a su cargo de Viceministra de Transportes; cargo al que llegó impuesta por el gran empresariado corporativo autobusero,

Ya era un secreto a voces que el Gobierno de la República se había “entregado” al gran empresariado corporativo autobusero con la destitución del antecesor en ese cargo, el señor Urbina; y, ahora, se hace público que la señora Castillo fungía, prácticamente, como secretaria y/o asistente ejecutiva del dicho sector empresarial.

La población usuaria del transporte público modalidad autobús, especialmente la clase trabajadora asalariada y no asalariada que se ve obligada a utilizarlo, sigue en total estado de indefensión y, por el contrario, la llegada de la señora Castillo, profundiza tal indefensión.

Por otra parte, si ahora la nueva dirección política de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) está decidida a proteger al usuario con el nuevo modelo tarifario para el cobro de pasajes de autobús, no se debe ceder al chantaje del “paro” autobusero.

Por el contrario, debe apelar a las organizaciones de la sociedad civil con vocación social para pedir soporte y respaldo a la nueva metodología que podría generar un alto al expolio que sufre, especialmente, el pasajero trabajador, cada día, cuando se sube a un autobús de ciertas empresas de ese gran corporativismo autobusero que han venido, sin escrúpulo alguno, operando con tarifas infladas.

De manera pública dejamos constancia de que le estamos pidiendo una audiencia urgente al Regulador General de la Aresep, Roberto Jiménez Gómez, para tratar esta situación; solicitud que oficializaremos en próximas horas por los canales formales. Para esta situación pediremos el respaldo de organizaciones sindicales colegas como las integrantes del Colectivo Sindical Patria Justa.

El huracán Otto y la Costa Rica del Romboide

Hace algunos meses comentamos acerca de lo que llamábamos “la Costa Rica del Romboide”. En aquel momento dijimos que lo que algunos consideran “Costa Rica” queda comprendido entre Ciudad Quesada y Pérez Zeledón, y entre San Ramón y Turrialba.

Hoy, mientras el huracán Otto (rara vez se bautiza tan certeramente a un fenómeno atmosférico) atraviesa el país, los medios de comunicación y las redes sociales parecieran confirmar una vez más esta lamentable actitud. Recién hoy parecen haberse enterado de que Talamanca, Coto Brus, Corredores y Golfito son parte del territorio nacional. Lo mismo que La Cruz, Upala, Los Chiles y Sarapiquí, así como el norte de Pococí. Aunque, extrañamente, nadie hizo mención de que son casualmente los cantones con peor índice de desarrollo humano en el país.

Por el contrario, ¿qué hemos tenido? Un medio de comunicación que le da la espalda a la prevención, dándole palestra a politiqueros locales para crear controversia en un momento en que el ojo de “Otto” generaba una calma momentánea que pudiera haber sido preciosa para advertir a la comunidad que faltaba todavía la otra mitad de la tormenta. Un director de medios que no titubeó en poner a uno de sus periodistas a reportar desde el propio corazón del poblado bajo vientos de 150 kilómetros por hora, pero que apenas oyó que el huracán iba para donde él estaba, de pronto le dio por pensar en “no exponer la seguridad personal de sus compañeros” como excusa elegante para ir a esconder el propio pellejo. Y lo peor: una turba irracional que, viendo que en el interior del “romboide” había poca lluvia y ningún viento, se adueñó de las redes sociales para (como de costumbre) tapizarlas de ligerezas, diciendo que todo era una pantomima, una vagabundería y que el país no vivía ninguna emergencia. Claro, porque en su desbocado egoísmo “el país” llega hasta donde a ellos les da la vista. Y volvemos entonces a comprobar que, para que se tome en serio un acontecimiento en Costa Rica, debe suceder dentro del “romboide”.

Si una lección debe quedar de esta tragedia, es que nuestro país no puede darse el lujo de “mutilarse” a sí mismo. Basta un parpadeo, un instante de irresponsabilidad mediática o de politiquería pedestre que desvíe o desacredite el magno esfuerzo de un Gobierno por prevenir catástrofes, para que se pierdan valiosas vidas humanas.

Costa Rica va de Peñas Blancas a Paso Canoas, del río Sixaola al río San Juan, de la Isla del Coco a la Isla Calero. Y del Mar Caribe a los adentros del Océano Pacífico. No nos conformemos con menos. Y sobre todo, no olvidemos que una tragedia en cualquier punto de nuestra nación, es una tragedia para todos.

Tributación alquila edificio a alto costo y no se utiliza al 100%

Durante mucho tiempo, se ha estado discutiendo sobre el tema del alto déficit fiscal del país, desarrollándose al mismo tiempo una sistemática e injusta campaña de agresión contra los empleados públicos, la cual es auspiciada y financiada por algunos medios de comunicación, especialmente por el Centro Corporativo Periodístico que en estos momentos lanza gritos iracundos, llegando hasta la histeria, porque un banco del estado le eliminó su millonaria pauta publicitaria, además han contado con aliados de la empresa privada y varios diputados en la Asamblea Legislativa. Por medio de estos perversos ataques, se ha tratado de manipular a la ciudadanía, haciéndola creer que los culpables y causantes del deterioro fiscal, somos los funcionarios (as) que trabajamos en el gobierno. En este tergiversado pensamiento, se dejan de lado, los numerosos casos de corrupción en el manejo de los recursos estatales, además, del exorbitante desperdicio en la utilización de los mismos.

Por eso, nos ocasiona gran extrañeza y frustración, de ver que el edificio donde se ubica la Administración Tributaria San José Oeste en Barrio Don Bosco, se encuentre sub-utilizado, pues el quinto y el octavo piso están desocupados y el séptimo parcialmente, siendo dicho inmueble, el más oneroso en el pago del alquiler por parte del Ministerio de Hacienda y no nos asombraría que también lo sea de todo el aparato gubernamental. Sería demasiado iluso pensar que por estar esos pisos desocupados, los propietarios del inmueble, hayan disminuido el costoso precio del alquiler. Por otro lado, es un hecho que al ser trasladados los compañeros de informática al Edificio Sigma, que se ubica cerca del Mall San Pedro, se aumenten considerablemente los gastos por alquileres.,

Adicionalmente en relación con este nuevo alquiler, nos gustaría saber si los dueños de esta propiedad, son los mismos del Mall San Pedro, donde se alquilan otras oficinas públicas y del Outlet Mall, en cuyas instalaciones se encuentra la Administración Tributaria del Este.

También, resulta inconcebible que mientras en el edificio de la Administración Tributaria del Oeste en Barrio Don Bosco, hay bastante espacio que sobra, existan oficinas en esa misma Administración como el Área de Comprobaciones Abreviadas, Recaudación y otras, que trabajan con hacinamiento y en condiciones incómodas y poco favorables para efectuar su labor, además, de que ese ambiente laboral es propicio para la trasmisión de enfermedades. Por lo que creemos que debe realizarse en forma prioritaria y a la mayor brevedad posible, el traslado de ese personal a los pisos desocupados y así evitar que siga trabajando con tantos inconvenientes e incluso, una vez ubicado dicho personal y si aún queda espacio, podría ocuparse con los compañeros ( as ) de otras dependencias, lo anterior con el fin de reducir el enorme pago de alquileres de este Ministerio.

Parte III: ¿Trump? ¿Clinton?… El mensaje del papa Francisco

Con este concepto terminó el texto de nuestro artículo de la semana pasada. Lo repetimos porque es clave para entender qué clase de momento sociohistórico estamos viviendo… Ni Trump, ni Clinton.

Recordemos que estamos comentando el mensaje del papa Francisco dirigido a los movimientos sociales y populares del planeta, con ocasión del Tercer Encuentro que él tuviera con sus líderes hace pocas semanas.

Notemos, ahora, esta otra magistral orientación papal para la lucha social de pueblos como el nuestro: “No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor, a meros administradores de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis, desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los pueblos que buscan el bien común puede vencer, con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que explotan el miedo y la desesperanza, que venden fórmulas mágicas de odio y crueldad o de un bienestar egoísta y una seguridad ilusoria”… Ni Trump, ni Clinton.

El papa Francisco está llamando a los movimientos populares, en consecuencia, a asumir roles políticos de primer orden en esta sociedad de la desigualdad, de la exclusión y de la corrupción; pero sin encorsetarnos, entendemos nosotros, para convertirnos en furgón de cola de partidos políticos y/o sin procurar que éstos atiendan las necesidades de la lucha social con políticas de institucionalización de la caridad, atenuadoras del despliegue total de la capacidad de bregar por el desarrollo integral de la persona humana.

El papa Francisco va más allá y nos da la tarea de cuestionar la política económica y la misma política que les da sustento a las prácticas del asistencialismo que representa, dice él, “…una política hacia los pobres pero nunca con los pobres,…”.

“Los movimientos populares, lo sé, no son partidos políticos y déjenme decirles que, en gran medida, en eso radica su riqueza, porque expresan una forma distinta, dinámica y vital de participación social en la vida pública”. ¡Esto dice el papa Francisco! y nos alienta en tal sentido: “Pero no tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en Política con mayúscula…”.

El papa Francisco refrenda así, le da la bendición, a un pensamiento que ha venido elaborándose e impulsándose en una diversidad de corrientes sindicales y sociales latinoamericanas (incluidas costarricenses), de que la política, o mejor dicho la Política (así en mayúscula, como él lo pone), hace tiempo dejó de ser monopolio de los partidos políticos (especialmente los de orden politiquero-electoral).

Es este el camino estratégico por el cual viene transitando hace tiempo la corriente sindical en la cual militamos; pretendiendo, por una parte, ir más allá del corporativismo gremial del sindicalismo tradicional, asumiendo una posición Política (así con mayúscula), pero sin caer en el panfletarismo del “comité central, ¡ordene!”. Es un camino altamente riesgoso, como lo dice el papa Francisco, y lo poco que hemos andado por él, en el plano nacional, nos ha sido tremendamente complicado.

Pese a ello estamos proponiéndoles a los y a las colegas sindicalistas afines al pensamiento sociopolítico que venimos profesando que pongamos nuestras miradas en un interesantísimo pensamiento sociopolítico y sindical de orden continental, a nivel de las Américas, que ha venido gestándose mucho antes de la llegada al trono papal del pastor Francisco, pero que conecta con la inspiración y con la guía que él está recomendando para los movimientos sociales, populares y sindicales de nuestra actual realidad.

Estamos hablando de la “Plataforma de Desarrollo de las Américas”, siglas PLADA, un enorme esfuerzo de interpretación política del estado actual de situación de nuestros pueblos, conteniendo un conjunto de propuestas en un todo integral y alternativo “…donde convergen las dimensiones política, económica, social y ambiental, pero donde lo social lo humano y no lo económico, se constituyen en el eje y el centro del desarrollo de nuestras sociedades”… Así se apunta en la presentación del documento oficial de la PLADA indicándose que con esa finalidad, “…los trabajadores y las trabajadoras organizados, junto con el Estado, tienen un papel propio e irreemplazable en la construcción de una sociedad con trabajo decente y con justicia social”.

Nosotros vemos en la PLADA un proyecto sociopolítico para incursionar en la Política (así, con mayúscula), en búsqueda de una Democracia Social, interconectándolo con contenidos sindicales de propuesta alternativa que ya habíamos venido trabajando desde recién pasado el combo ICE. Volveremos la semana próxima con una cuarta parte.

TISA amenaza al canal de Panamá

Dirigentes de organizaciones de consumidores y sindicatos panameños denunciaron que el denominado Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios (TISA), representa una amenaza en la posible privatización de servicios del Canal de Panamá y empresas del Estado con una importante función social.

El secretario general de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, comentó durante un seminario coauspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, de Alemania, que “las conquistas soberanas están en riesgo”, a causa de la negociación del TISA, promovido por las mayores multinacionales del mundo.

“Con el TISA, los servicios de agua, transporte y mantenimiento en el Canal de Panamá ampliado, son susceptibles a ser tercerizados. Por ello, hay que salir de las negociaciones del TISA”, aseguró el dirigente quien promueve un frente de resistencia al acuerdo.

Previamente, el secretario general de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá (UCOC), Iván De La Guardia, denunció que dispone de pruebas sobre planes para la privatización de los servicios de la vía interoceánica. Su argumento parece tomar fuerza con la campaña en contra del TISA,

Acosta adujo que Panamá mantenía “conversaciones secretas” sobre el tema, hasta que Uncurepa pidió al Ministerio de Comercio e Industrias que confirmase el desarrollo de las “negociaciones de 17 anexos”, que la mayoría de la población desconoce.

La viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales, Diana Salazar, respondió que “Panamá inició su participación a partir del segundo semestre del año 2012”, en negociaciones que abarcan, entre otros aspectos, las telecomunicaciones, los servicios financieros, y el transporte marítimo, aéreo y terrestre.

Acosta indicó que las primeras revelaciones de esas conversaciones oficiales fueron conocidas a través de los documentos filtrados por WikiLeaks, en el que más de 40 países fueron instados a “negociar” al margen de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de terminar cediendo la soberanía.

Anastacio Rodríguez, de la Fundación Friedrich Ebert, aseveró que el proyecto del TISA vulnera la capacidad de los Estados, al afectar derechos laborales y promover la contratación de jóvenes sin derechos laborales en procura de un crecimiento económico, pero sin la estabilidad y bienestar que exigen los trabajadores.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Panameña para el Desarrollo Social de la Comunicación Social (Apadicos), Toribio Díaz, manifestó que es necesario informar y advertir a la población sobre la riesgosa comercialización de los servicios públicos y la vulneración de los derechos laborales que se derivan del TISA:

“Es necesario democratizar el tema entre comunicadores nacionales” Añadió que “hay que sacar el tema de la esfera las negociaciones secretas emprendidas por Panamá”, y que han provocado rechazos similares en Alemania y España, acotó.

A su vez, el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, indicó que los defensores del Canal de Panamá tienen que ofrecer una “dura resistencia al TISA”, que perjudica, además, a la agricultura, el empleo, la salud y los recursos hídricos de este país.

Subrayó que el comercio y los servicios representan el 70 por ciento de la economía panameña, y el TISA se enfoca precisamente en ejercer sobre ellos un control que tendría impacto en sectores como el Canal de Panamá y el entorno agroalimentario.

Berrocal llamó a “cerrar filas” contra el TISA, por su contenido desnacionalizador de la economía panameña y su amenaza directa a la Constitución nacional.