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A mediados de marzo de este año, el sindicato y las autoridades de la PCD firmaron un acuerdo para otorgar licencia sindical con goce salarial a los integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Control de Drogas (PCD).
Sin embargo, las reuniones de la Seccional, en la mayoría de ocasiones, se programaban por los trabajos operativos de la PCD, sin que las mismas pudieran ser reprogramadas.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, de la República de Costa Rica, expresa su más sentidas condolencias al pueblo de la hermana República de Cuba por el sensible fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana; figura relevante de la política latinoamericana y mundial de los últimos casi 60 años. Personaje con un liderazgo insustituible, altamente polémico. Su figura y su convicción revolucionaria sirvieron de inspiración y guía a millones; de millones de cubanos, de latinoamericanos y de otros pueblos luchadores del orbe.
Los ideales nobles que defendió por la justicia social, por la real soberanía de los pueblos, por la convivencia pacífica entre las naciones y más recientemente, alertando sobre los peligros de la Humanidad misma producto de la depredación ecológica y del cambio climático, seguirán como valores eternos y supremos cual guía objetivamente correcta para la lucha social en medio de un mundo caracterizado por al egoísmo, la desigualdad, el desenfreno insolidario y la errática promoción de la guerra como solución de las controversias internacionales. Su inconmensurable legado no será jamás opacado.
San José, Costa Rica, viernes 25 de noviembre de 2018. Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Carlos Feoli Escalante quien fungía como Gerente General PIMA-Cenada fue destituido de su cargo el pasado lunes 11 de julio, luego de que la Seccional ANEP-PIMA-Cenada presentara una denuncia contra el funcionario por el uso indebido de recursos públicos.
Así fue confirmado por Roberto Monestel, Presidente de la Seccional PIMA-CENADA quien indicó que ya recibieron un primer contacto “informal” del nuevo Gerente General solicitando una reunión con el sindicato.
“La salida de Carlos Feoli va a cambiar la forma en que se administraba Pima-Cenda. El nuevo Gerente va tener la sapiencia de escuchar a los grupos organizados dentro de la Institución, aparte de que es una persona que conoce la problemática agroalimentaria y tiene experiencia”, dijo Monestel.
Para el Presidente de la Seccional ningún funcionario público está por encima de la Ley y en este caso en específico “Feoli creyó que estaba por encima de la misma utilizando recursos de la institución para su beneficio, cuando nosotros debemos velar por el buen uso de estos recursos”.
La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.
De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.
Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.
“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.
Posteriormente la Procuraduría de la Ética remitió la denuncia al Ministerio Público para su respectiva investigación.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Roberto Monestel Flores, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional Anep-Pima Cenada 8350-0087.
Nos pronunciamos de manera pública y contundente en el sentido de que Liza Castillo, renuncie a su cargo de Viceministra de Transportes; cargo al que llegó impuesta por el gran empresariado corporativo autobusero,
Ya era un secreto a voces que el Gobierno de la República se había “entregado” al gran empresariado corporativo autobusero con la destitución del antecesor en ese cargo, el señor Urbina; y, ahora, se hace público que la señora Castillo fungía, prácticamente, como secretaria y/o asistente ejecutiva del dicho sector empresarial.
La población usuaria del transporte público modalidad autobús, especialmente la clase trabajadora asalariada y no asalariada que se ve obligada a utilizarlo, sigue en total estado de indefensión y, por el contrario, la llegada de la señora Castillo, profundiza tal indefensión.
Por otra parte, si ahora la nueva dirección política de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) está decidida a proteger al usuario con el nuevo modelo tarifario para el cobro de pasajes de autobús, no se debe ceder al chantaje del “paro” autobusero.
Por el contrario, debe apelar a las organizaciones de la sociedad civil con vocación social para pedir soporte y respaldo a la nueva metodología que podría generar un alto al expolio que sufre, especialmente, el pasajero trabajador, cada día, cuando se sube a un autobús de ciertas empresas de ese gran corporativismo autobusero que han venido, sin escrúpulo alguno, operando con tarifas infladas.
De manera pública dejamos constancia de que le estamos pidiendo una audiencia urgente al Regulador General de la Aresep, Roberto Jiménez Gómez, para tratar esta situación; solicitud que oficializaremos en próximas horas por los canales formales. Para esta situación pediremos el respaldo de organizaciones sindicales colegas como las integrantes del Colectivo Sindical Patria Justa.
Hace algunos meses comentamos acerca de lo que llamábamos “la Costa Rica del Romboide”. En aquel momento dijimos que lo que algunos consideran “Costa Rica” queda comprendido entre Ciudad Quesada y Pérez Zeledón, y entre San Ramón y Turrialba.
Hoy, mientras el huracán Otto (rara vez se bautiza tan certeramente a un fenómeno atmosférico) atraviesa el país, los medios de comunicación y las redes sociales parecieran confirmar una vez más esta lamentable actitud. Recién hoy parecen haberse enterado de que Talamanca, Coto Brus, Corredores y Golfito son parte del territorio nacional. Lo mismo que La Cruz, Upala, Los Chiles y Sarapiquí, así como el norte de Pococí. Aunque, extrañamente, nadie hizo mención de que son casualmente los cantones con peor índice de desarrollo humano en el país.
Por el contrario, ¿qué hemos tenido? Un medio de comunicación que le da la espalda a la prevención, dándole palestra a politiqueros locales para crear controversia en un momento en que el ojo de “Otto” generaba una calma momentánea que pudiera haber sido preciosa para advertir a la comunidad que faltaba todavía la otra mitad de la tormenta. Un director de medios que no titubeó en poner a uno de sus periodistas a reportar desde el propio corazón del poblado bajo vientos de 150 kilómetros por hora, pero que apenas oyó que el huracán iba para donde él estaba, de pronto le dio por pensar en “no exponer la seguridad personal de sus compañeros” como excusa elegante para ir a esconder el propio pellejo. Y lo peor: una turba irracional que, viendo que en el interior del “romboide” había poca lluvia y ningún viento, se adueñó de las redes sociales para (como de costumbre) tapizarlas de ligerezas, diciendo que todo era una pantomima, una vagabundería y que el país no vivía ninguna emergencia. Claro, porque en su desbocado egoísmo “el país” llega hasta donde a ellos les da la vista. Y volvemos entonces a comprobar que, para que se tome en serio un acontecimiento en Costa Rica, debe suceder dentro del “romboide”.
Si una lección debe quedar de esta tragedia, es que nuestro país no puede darse el lujo de “mutilarse” a sí mismo. Basta un parpadeo, un instante de irresponsabilidad mediática o de politiquería pedestre que desvíe o desacredite el magno esfuerzo de un Gobierno por prevenir catástrofes, para que se pierdan valiosas vidas humanas.
Costa Rica va de Peñas Blancas a Paso Canoas, del río Sixaola al río San Juan, de la Isla del Coco a la Isla Calero. Y del Mar Caribe a los adentros del Océano Pacífico. No nos conformemos con menos. Y sobre todo, no olvidemos que una tragedia en cualquier punto de nuestra nación, es una tragedia para todos.
Durante mucho tiempo, se ha estado discutiendo sobre el tema del alto déficit fiscal del país, desarrollándose al mismo tiempo una sistemática e injusta campaña de agresión contra los empleados públicos, la cual es auspiciada y financiada por algunos medios de comunicación, especialmente por el Centro Corporativo Periodístico que en estos momentos lanza gritos iracundos, llegando hasta la histeria, porque un banco del estado le eliminó su millonaria pauta publicitaria, además han contado con aliados de la empresa privada y varios diputados en la Asamblea Legislativa. Por medio de estos perversos ataques, se ha tratado de manipular a la ciudadanía, haciéndola creer que los culpables y causantes del deterioro fiscal, somos los funcionarios (as) que trabajamos en el gobierno. En este tergiversado pensamiento, se dejan de lado, los numerosos casos de corrupción en el manejo de los recursos estatales, además, del exorbitante desperdicio en la utilización de los mismos.
Por eso, nos ocasiona gran extrañeza y frustración, de ver que el edificio donde se ubica la Administración Tributaria San José Oeste en Barrio Don Bosco, se encuentre sub-utilizado, pues el quinto y el octavo piso están desocupados y el séptimo parcialmente, siendo dicho inmueble, el más oneroso en el pago del alquiler por parte del Ministerio de Hacienda y no nos asombraría que también lo sea de todo el aparato gubernamental. Sería demasiado iluso pensar que por estar esos pisos desocupados, los propietarios del inmueble, hayan disminuido el costoso precio del alquiler. Por otro lado, es un hecho que al ser trasladados los compañeros de informática al Edificio Sigma, que se ubica cerca del Mall San Pedro, se aumenten considerablemente los gastos por alquileres.,
Adicionalmente en relación con este nuevo alquiler, nos gustaría saber si los dueños de esta propiedad, son los mismos del Mall San Pedro, donde se alquilan otras oficinas públicas y del Outlet Mall, en cuyas instalaciones se encuentra la Administración Tributaria del Este.
También, resulta inconcebible que mientras en el edificio de la Administración Tributaria del Oeste en Barrio Don Bosco, hay bastante espacio que sobra, existan oficinas en esa misma Administración como el Área de Comprobaciones Abreviadas, Recaudación y otras, que trabajan con hacinamiento y en condiciones incómodas y poco favorables para efectuar su labor, además, de que ese ambiente laboral es propicio para la trasmisión de enfermedades. Por lo que creemos que debe realizarse en forma prioritaria y a la mayor brevedad posible, el traslado de ese personal a los pisos desocupados y así evitar que siga trabajando con tantos inconvenientes e incluso, una vez ubicado dicho personal y si aún queda espacio, podría ocuparse con los compañeros ( as ) de otras dependencias, lo anterior con el fin de reducir el enorme pago de alquileres de este Ministerio.
Con este concepto terminó el texto de nuestro artículo de la semana pasada. Lo repetimos porque es clave para entender qué clase de momento sociohistórico estamos viviendo… Ni Trump, ni Clinton.
Recordemos que estamos comentando el mensaje del papa Francisco dirigido a los movimientos sociales y populares del planeta, con ocasión del Tercer Encuentro que él tuviera con sus líderes hace pocas semanas.
Notemos, ahora, esta otra magistral orientación papal para la lucha social de pueblos como el nuestro: “No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor, a meros administradores de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis, desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los pueblos que buscan el bien común puede vencer, con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que explotan el miedo y la desesperanza, que venden fórmulas mágicas de odio y crueldad o de un bienestar egoísta y una seguridad ilusoria”… Ni Trump, ni Clinton.
El papa Francisco está llamando a los movimientos populares, en consecuencia, a asumir roles políticos de primer orden en esta sociedad de la desigualdad, de la exclusión y de la corrupción; pero sin encorsetarnos, entendemos nosotros, para convertirnos en furgón de cola de partidos políticos y/o sin procurar que éstos atiendan las necesidades de la lucha social con políticas de institucionalización de la caridad, atenuadoras del despliegue total de la capacidad de bregar por el desarrollo integral de la persona humana.
El papa Francisco va más allá y nos da la tarea de cuestionar la política económica y la misma política que les da sustento a las prácticas del asistencialismo que representa, dice él, “…una política hacia los pobres pero nunca con los pobres,…”.
“Los movimientos populares, lo sé, no son partidos políticos y déjenme decirles que, en gran medida, en eso radica su riqueza, porque expresan una forma distinta, dinámica y vital de participación social en la vida pública”. ¡Esto dice el papa Francisco! y nos alienta en tal sentido: “Pero no tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en Política con mayúscula…”.
El papa Francisco refrenda así, le da la bendición, a un pensamiento que ha venido elaborándose e impulsándose en una diversidad de corrientes sindicales y sociales latinoamericanas (incluidas costarricenses), de que la política, o mejor dicho la Política (así en mayúscula, como él lo pone), hace tiempo dejó de ser monopolio de los partidos políticos (especialmente los de orden politiquero-electoral).
Es este el camino estratégico por el cual viene transitando hace tiempo la corriente sindical en la cual militamos; pretendiendo, por una parte, ir más allá del corporativismo gremial del sindicalismo tradicional, asumiendo una posición Política (así con mayúscula), pero sin caer en el panfletarismo del “comité central, ¡ordene!”. Es un camino altamente riesgoso, como lo dice el papa Francisco, y lo poco que hemos andado por él, en el plano nacional, nos ha sido tremendamente complicado.
Pese a ello estamos proponiéndoles a los y a las colegas sindicalistas afines al pensamiento sociopolítico que venimos profesando que pongamos nuestras miradas en un interesantísimo pensamiento sociopolítico y sindical de orden continental, a nivel de las Américas, que ha venido gestándose mucho antes de la llegada al trono papal del pastor Francisco, pero que conecta con la inspiración y con la guía que él está recomendando para los movimientos sociales, populares y sindicales de nuestra actual realidad.
Estamos hablando de la “Plataforma de Desarrollo de las Américas”, siglas PLADA, un enorme esfuerzo de interpretación política del estado actual de situación de nuestros pueblos, conteniendo un conjunto de propuestas en un todo integral y alternativo “…donde convergen las dimensiones política, económica, social y ambiental, pero donde lo social lo humano y no lo económico, se constituyen en el eje y el centro del desarrollo de nuestras sociedades”… Así se apunta en la presentación del documento oficial de la PLADA indicándose que con esa finalidad, “…los trabajadores y las trabajadoras organizados, junto con el Estado, tienen un papel propio e irreemplazable en la construcción de una sociedad con trabajo decente y con justicia social”.
Nosotros vemos en la PLADA un proyecto sociopolítico para incursionar en la Política (así, con mayúscula), en búsqueda de una Democracia Social, interconectándolo con contenidos sindicales de propuesta alternativa que ya habíamos venido trabajando desde recién pasado el combo ICE. Volveremos la semana próxima con una cuarta parte.
Dirigentes de organizaciones de consumidores y sindicatos panameños denunciaron que el denominado Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios (TISA), representa una amenaza en la posible privatización de servicios del Canal de Panamá y empresas del Estado con una importante función social.
El secretario general de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, comentó durante un seminario coauspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, de Alemania, que “las conquistas soberanas están en riesgo”, a causa de la negociación del TISA, promovido por las mayores multinacionales del mundo.
“Con el TISA, los servicios de agua, transporte y mantenimiento en el Canal de Panamá ampliado, son susceptibles a ser tercerizados. Por ello, hay que salir de las negociaciones del TISA”, aseguró el dirigente quien promueve un frente de resistencia al acuerdo.
Previamente, el secretario general de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá (UCOC), Iván De La Guardia, denunció que dispone de pruebas sobre planes para la privatización de los servicios de la vía interoceánica. Su argumento parece tomar fuerza con la campaña en contra del TISA,
Acosta adujo que Panamá mantenía “conversaciones secretas” sobre el tema, hasta que Uncurepa pidió al Ministerio de Comercio e Industrias que confirmase el desarrollo de las “negociaciones de 17 anexos”, que la mayoría de la población desconoce.
La viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales, Diana Salazar, respondió que “Panamá inició su participación a partir del segundo semestre del año 2012”, en negociaciones que abarcan, entre otros aspectos, las telecomunicaciones, los servicios financieros, y el transporte marítimo, aéreo y terrestre.
Acosta indicó que las primeras revelaciones de esas conversaciones oficiales fueron conocidas a través de los documentos filtrados por WikiLeaks, en el que más de 40 países fueron instados a “negociar” al margen de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de terminar cediendo la soberanía.
Anastacio Rodríguez, de la Fundación Friedrich Ebert, aseveró que el proyecto del TISA vulnera la capacidad de los Estados, al afectar derechos laborales y promover la contratación de jóvenes sin derechos laborales en procura de un crecimiento económico, pero sin la estabilidad y bienestar que exigen los trabajadores.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Panameña para el Desarrollo Social de la Comunicación Social (Apadicos), Toribio Díaz, manifestó que es necesario informar y advertir a la población sobre la riesgosa comercialización de los servicios públicos y la vulneración de los derechos laborales que se derivan del TISA:
“Es necesario democratizar el tema entre comunicadores nacionales” Añadió que “hay que sacar el tema de la esfera las negociaciones secretas emprendidas por Panamá”, y que han provocado rechazos similares en Alemania y España, acotó.
A su vez, el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, indicó que los defensores del Canal de Panamá tienen que ofrecer una “dura resistencia al TISA”, que perjudica, además, a la agricultura, el empleo, la salud y los recursos hídricos de este país.
Subrayó que el comercio y los servicios representan el 70 por ciento de la economía panameña, y el TISA se enfoca precisamente en ejercer sobre ellos un control que tendría impacto en sectores como el Canal de Panamá y el entorno agroalimentario.
Berrocal llamó a “cerrar filas” contra el TISA, por su contenido desnacionalizador de la economía panameña y su amenaza directa a la Constitución nacional.
Como si ya no fuera suficiente que quedara completamente al desnudo, así reconocido por el propio Gobierno, que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, por medio de las más “creativas” vías de elusión y de evasión tributarias, anda en 8.5 puntos porcentuales de PIB, lo que equivale a 2 billones 550 mil millones de colones (2.550.000.000.000)…
Como si ya no fuera un dato contundente, emitido por la propia Contraloría General de la República (CGR), de que el sistema de exenciones y de exoneraciones de pago de impuestos está llegando a representar 6 puntos porcentuales de PIB: 1 billón 800 mil millones de colones (1.800.000.000.000)…
Como si ya no estuviera constatado, que el Sistema Aduanero Nacional dejó de percibir, producto del TLC con Estados Unidos (y otros de similar naturaleza), 2.5 puntos porcentuales de PIB (podría ser más): 750 mil millones de colones (750.000.000.000)…
Como si ya no fuéramos la vergüenza del mundo, al ser denunciados por el propio Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de que, ¡al año!, está moviéndose y transitando por el país y por el sistema bancario-financiero nacional, producto del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado, la espantosa cantidad de 4 mil 200 millones de dólares, es decir, 2 billones 280 mil 600 millones de colones (2.280.600.000.000.); nada más y nada menos que 8 puntos porcentuales de PIB…;
Ahora resulta que hay una enorme cantidad de plata que estaba “guardada”, lo que ha quedado en evidencia con la promulgación de la “Ley de Eficiencia en la Administración de Recursos Públicos”, comúnmente denominada “Ley de Caja Única”, la cual le pone una especie de ultimátum a una serie de instituciones públicas para que ejecuten, pongan a trabajar, toda esa plata que tenían guardada y que podría equivaler 7.5 puntos porcentuales de PIB: 2 billones 250 mil millones de colones (2.250.000.000.000).
Esta plata “guardada”, según información de prensa del diario La Nación, de fecha martes 12 de julio de 2016), se desglosaría así: a) 810 mil 626 millones de colones (810.626.000.000), contabilizados en moneda local (2.7 puntos PIB); 225 millones de dólares, es decir, 122.175 millones de colones (122.175.000.000), 4 puntos PIB; y, 250 mil millones de colones (250.000.000.000), por concepto de “superávit libre”, 0.83 puntos de PIB.
¡SUMEMOS!: 8.5 puntos PIB por robo de impuestos; más 6 puntos PIB por exenciones-exoneraciones; más 2.5 puntos PIB por fuga impositiva aduanera producto de TLC’s; más 8 puntos PIB producto de dinero narco y sucio; y, ahora, más 7.5 puntos PIB producto de “guardada” (caja única): GRAN TOTAL : ¡32.5 puntos PIB!, que sería la base para actuar sobre y para contener-superar el llevado y traído déficit fiscal.
Si cada punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB), equivale a unos 300 mil millones de colones (300.000.000.000); 32.5 puntos PIB representan 9 billones 750 mil millones de colones (9.750.000.000.000.).
¿Entonces?… ¿cuáles son las verdaderas y reales causas del déficit fiscal?… ¡NO SON LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, por supuesto! ¡Aquí están los datos!
Nos han venido aterrorizando de que “ha llegado el fin de los tiempos” por esto del déficit fiscal. Nos han venido metiéndonos miedo porque “el apocalipsis está cerca” dado que el déficit fiscal llegará a 6 puntos PIB al final de este año 2016; que podría superar el 7 %, el año entrante 2017; y que superaría el 8 % en el 2018…
Con 32.5 puntos porcentuales de PIB, dando vueltas en la calle; con esos 9 billones 750 mil millones de colones que están para ser captados por el Estado, mediando una verdadera TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL… ¿por qué atacar el pago de anualidades, el pago de la dedicación exclusiva, el pago de los diversos tipos de riesgos, el pago de la carrera profesional, el pago de la disponibilidad; ¿por qué impedir que las cesantías superen los 8 años e imponer modelos de evaluación del desempeño para despedir?; ¿por qué congelar salarios, eliminar la negociación colectiva y el pago bisemanal, etc., etc., etc.?…
¡Nada que negociar en materia de Empleo Público!… ¡Nada que ceder entregando derechos laborales conquistados, jurisprudenciados, constitucionalizados!… ¡No cuenten con la ANEP para incrementar la desigualdad, para seguir precarizando el empleo, para aumentar la sobreexplotación laboral ya notable en muchos grupos de servidores públicos, para impulsar salarios a la baja pretendiendo “centroamericanizarnos” al respecto… ¡Arreglen primero eso de los 32.5 puntos PIB y después hablamos… tal vez!
El expediente legislativo No. 19.506, desprendido del nefasto y, prácticamente, moribundo 19.923, debe ser desechado totalmente del debate parlamentario. Por el contrario, es el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (Poder Ejecutivo-sindicatos), el espacio ideal para debatir sobre empleo público y salarios.
No debe el actuar Gobierno de la República enviar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a iniciarse el próximo 1 de agosto, ni ésta ni similares iniciativas. No deben los señores diputados y las señoras diputadas lanzar provocaciones confrontativas abiertas imponiendo la “vía rápida” de aprobación legislativa para proyectos como éstos, de inherente carácter explosivo, social y políticamente hablando.
Finalmente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con base a las definiciones estratégicas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su llamado, ahora con más vehemencia que nunca, a la movilización general mediando la mayor unidad sindical en la acción posible, bajo la consigna de HUELGA GENERAL y apelando a la DEMOCRACIA DE LA CALLE, de toda nuestra membrecía, de toda nuestra dirigencia de base; de todos los gremios y sindicatos que representamos esas miles de conciencias obreras honestas del sector Público; compañeros empleados públicos y compañeras empleadas públicas vilipendiados, estigmatizados, injuriados, difamados, calumniados, exhibidos como delincuentes y mediando la más intensa y perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, jamás vista en la historia del Estado costarricense.
La abrumadora y contundente mayoría laboral del sector Público se desempeña con honestidad y con transparencia, con ética y con decente moral; además, en muchos conglomerados de los servicios públicos las carencias presupuestarias los han deteriorado, precarizando las condiciones de salud ocupacional del desempeño, con recargo de funciones sin paga extra y con usuarios cada vez más insatisfechos y enojados; y, para peores, ahora con salarios prácticamente congelados porque la inflación es “cero” (¿preludio de rebajas salariales en perspectiva?).
Toda esta situación descrita será debatida por las presidencias y por las vicepresidencias de las 115 seccionales de la ANEP, reunidas en el Consejo Consultivo Nacional (CCN), de la agrupación el próximo viernes 29 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
ANEP, por convicción propia y con base en los lineamientos político-estratégicos que al efecto de toda esta problemática ha emitido el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su llamado a la unidad sindical en la acción para enfrentar, con éxito, apelando a LA DEMOCRACIA DE LA CALLE, la más delicada y grave coyuntura sociolaboral de toda la historia del sector Público costarricense.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
