Estamos hartos de las presas… ¿Y el Gobierno?

Lo que expongo a continuación son solo ideas, con el fin de aportar un granito, ante el gran estrés del caos vial que vivimos diariamente los y las costarricenses en las carreteras y aceras del casco central de la provincia de San José, lo peor del caso es que no solo afecta a los conductores, sino a toda la población en general que camina por aceras y cruza carreteras.

Los empresarios autobuseros deben de tener sus propias terminales en San José, como las tienen algunas empresas y no usar las aceras y las vías públicas como parada de buses, para no obstaculizar el libre tránsito.

Por un lado, al construir terminales generaría entradas económicas a las Municipalidades, ya que los señores empresarios tendrían que pagar por una patente comercial, como lo hacen todos los grandes, medianos y pequeños comerciantes en todo el país. Inclusive, sin temor a equivocarme creo que las terminales de Lumaca, Los Caribeños, Tuasa, entre otras empresas, pagan sus respectivos rubros.

Además de lo anterior, se obligaría a estos señores empresarios construir servicios sanitarios en las terminales para los choferes, que buena falta les hace y también para los usuarios, según lo estipula el Ministerio de Salud.

La mejor opción es sacar los autobuses del casco central y que sus terminales estén a una distancia prudencial del centro, fuera del anillo periférico, de ahí la posibilidad de construir el TRANVIA. Claro que los grandes ganadores serían el servicio público de taxi.

Ampliar la Restricción Vehicular de lunes a sábado en toda la Gran Área Metropolitana (GAM). Ejemplo, Cartago, Alajuela, Heredia y San José o bien hacer un estudio que analice cuales son los números de placas que tiene más vehículos en carreteras el día de restricción, para que de esta manera las placas con más vehículos transite en días claves de la semana, que no sea lunes y viernes.

Eliminar o regular ciertos semáforos que provocan mucho congestionamiento por el tiempo que dura la luz o bien sincronizar el tiempo de espera de la luz roja a verde y con ello prever que concuerden los colores de un semáforo a otro, cuando estos se encuentran en una intersección muy cerca una de otra. Ejemplo; el semáforo de La Ladrillera que va en sentido de colima a San José, cuando este se pone en verde e inmediatamente el que sale a la Uruca se pone en rojo ocasionando una verdadera presa en ese sector, estamos hablando de un recorrido de 100 mts y así como este semáforo hay muchos. Lo mejor sería que si el de la Ladrillera se pone en verde el de la Uruca también se ponga en verde así se daría una mejor fluidez vehicular.

Contratar más personal para oficiales de tránsito, estos y estas profesionales debe de estar en puntos estratégicos y no bajo los semáforos, que ya por si solos, regulan el tránsito.

No construir más bulevares y valorar la posibilidad de eliminar aquellos que se construyeron y que al día de hoy, tengan menos afluencia peatonal y que se reactiven como paso vial vehicular. Desde que se implantó este sistema de “embellecimiento “de San José, se incrementó el congestionamiento vial debido al cierre de varias vías en el casco central.

Reacomodar las paradas de taxis a lugares de menos tránsito o bien eliminar las paradas fijas en lugares donde circula mucho vehículo particular por ejemplo como las del Parque Central, Morazán, Nacional, entre otros lugares.

Hacer estudio de carreteras de doble sentido, dependiendo si son anchas o angostas, para que en las calles angostas circulen en un solo sentido.

Creo que al igual que este servidor, todos y todas los y las costarricenses estaríamos anuentes a sacrificarnos con el fin de mejorar la situación vehicular en las calles de este país, todo sea para evitar el stress de las presas, choques y hasta atropellos a los que nos exponemos todos los días, inclusive ahora hasta los sábados y los domingos es imposible transitar y ni que hablar de los transeúntes que en cualquier momento son atropellados por un motociclista irresponsable de esos que toman las aceras como si fuera una carretera más, o el colmo hasta conductores de carros que se prestan para este tipo de conductas que se podría tomar como una fechoría.

Estas alternativas que propongo tal vez no solucionan mucho la lamentable precariedad de circulación vial en las carreteras que tiene Costa Rica, debido a la falta de inversión en infraestructura, por lo menos trato humildemente de aportar algunas ideas, que podrían ser para unas y unos descabelladas pero para otros y otras, no.

Si hay alguien que puede aportar más que ideas, practicando la buena voluntad política, son los señores diputados y las señoras diputadas, nuestros gobernantes y los llamados Gobiernos Locales de nuestra comunidad.

 esquivando todo a nuestro paso, gritos, insultos, postes o árboles que caen sobre la vía, como le sucedió hace poco a un Juez de la Republica, cuando se dirigía en su vehículo de Limón hacia San José para visitar a su hija y esposa, que Dios lo acoja en su Santa Gloria.

Trabajadores de la Orquesta Sinfónica Nacional abarcaron dudas laborales

La actividad se llevó a cabo el pasado martes 8 de octubre de 9 a.m. a 11:30 a.m. el Auditorio donde los trabajadores discutieron sobre las medidas y la controversia con respecto a sus jornadas presenciales y el tiempo de preparación individual.

Asimismo, discutieron sobre el beneficio de la dedicación exclusiva y las superposiciones horarias; y de aquellos trabajadores que han gozado de dicho beneficio desde que iniciaron su relación laboral en la orquesta.

Por su parte, la Seccional ANEP-OSN ha analizado este tema; en cuanto genera incertidumbre en los trabajadores ante la ausencia de una normativa. Además, el sindicato acudió a ante los Tribunales de Trabajo para definir las medidas sobre la ausencia de estas reglas en materia laboral.

Además, en la asamblea se puso a conocimiento una propuesta que solicita a la administración mantener los derechos laborales.

Precandidaturas presidenciales y derechos humanos de segunda generación (Parte 2)

El documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, que ha emitido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresa importantes señalamientos al país en el apartado de “Principales motivos de preocupación y recomendaciones”.

Como indicamos la semana pasada, nuestra intención (¿”cajita blanca”?), es que las personas ciudadanas aspirantes a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2018, sus equipos de asesorías y sus respectivas candidaturas diputadiles, tengan presente este importante informe que viene a ser como un balance de los avances, de los retrocesos, de los desafíos pendientes que tenemos como país en esto de la inclusión social en búsqueda de una Democracia Social.

Tal y como lo apuntamos en la primera parte de este artículo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ya está integrado a la legislación costarricense que debemos observar. Por tanto, es necesaria obligación reparar en esas malas “calificaciones” que estamos obteniendo al poner en práctica y a cumplir rigurosamente los compromisos que asumimos como Estado Parte del PIDECS.

En materia de política fiscal, muy apropiado resulta para el momento sociopolítico actual del país y al encontrarnos inmersos en una intensa discusión nacional, intra y extraparlamentariamente, tomar debida nota de lo que en este informe se dice al respecto.

Veamos: “Aun cuando el Comité toma nota de las explicaciones proporcionadas por la delegación en cuanto que la reforma fiscal tendrá propósitos redistributivos y no sólo de aumentar el recaudo fiscal, le preocupa que ésta no sea suficientes para combatir el creciente índice de desigualdad en el Estado parte”; por tanto, dicho comité “…recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para garantizar que las reformas tributarias que se están realizando sean redistributivas y socialmente justas con el objeto de combatir los crecientes índices de desigualdad, y aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte”.

¡Reparen en esto, por favor!: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está consciente de que la legislación propuesta por el presente Gobierno a la Asamblea Legislativa en este ámbito de la política fiscal, no es suficiente para combatir el creciente índice desigualdad que Costa Rica está teniendo; por tanto, las reformas tributarias necesarias deben ser redistributivas y socialmente justas para, efectivamente…, aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales que supone la obligación del país dada su pertenencia al PIDECS.

Uno interpreta, por tanto, que la prioridad de una reforma fiscal verdaderamente justa en nuestro país es la de la renta, por ejemplo; el establecimiento de la renta mundial, de la renta global o universal; de la ley contra el fraude fiscal en todas sus manifestaciones. ¡Ésta si sería una reforma fiscal que confronte, con eficacia, el crecimiento de la desigualdad y para darle contenido real a los derechos del PIDECS que Costa Rica ya está en la obligación de observar.

Por otra parte, tanto que gusta a nuestra clase gobernante, la tradicional y la que aspira a relevarla, llenarse la boca con eso de participación ciudadana y eso de sociedad civil, noten ustedes el “jalón de orejas” que nos da la ONU al respecto: _+“Interacción con la Sociedad Civil.+ Aun cuando el Comité acoge la creación de una entidad permanente de consulta con la sociedad civil prevista por la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, le preocupa que esta entidad todavía no se encuentre en pleno funcionamiento, y la ausencia de mecanismos efectivos de interacción entre las entidades estatales y las organizaciones de la sociedad civil”. _

Por tanto, se le dice al país lo siguiente: “El Comité recomienda al Estado parte agilice el pleno funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos y de la entidad permanente de consulta con la sociedad civil, a fin de garantizar una coordinación efectiva de las políticas relativas a la realización de los derechos humanos, y una interacción constructiva con las organizaciones de la sociedad civil de forma que se promueva una participación activa, abierta y transparente en la vida pública en el plano nacional y en la preparación de su próximo informe periódico”.

¿Cuál candidato presidencial estaría, de manera pública, dispuesto a firmar un compromiso de este tipo en caso de ganar las elecciones del 2018?

En cuanto a la pobreza y a la desigualdad, es probable que este informe se haya elaborado sin conocerse del resultado del pequeño avance en la lucha contra la pobreza que recientemente el Gobierno dio a conocer y que justo es reconocer como un logro de la presente administración. Sin embargo, el señalamiento que se le hace al país al respecto por parte de este comité de las Naciones Unidas expresa una inobjetable validez y precisión.

Se nos dice lo siguiente: “Pobreza y desigualdad. Preocupa al Comité que las medidas adoptadas para combatir la pobreza no hayan sido lo suficientemente efectivas para disminuir los niveles de pobreza y de pobreza extrema en los últimos años, ni para combatir los crecientes niveles de desigualdad que afectan a los grupos más desfavorecidos y marginados”.

Así las cosas, se le recomienda al país como Estado Parte del PIDECS que: “a) Asegure que la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza establezca metas específicas, sea implementada con un enfoque de derechos humanos y cuente con los recursos suficientes para su implementación y presentando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre los diferentes grupos sociales. b) Adopte medidas efectivas para disminuir significativamente la brecha de desigualdad, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos y marginados tanto en las zonas rurales como urbanas, particularmente de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes”.

¡Es indudable! Este documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la ratificación por parte de Costa Rica del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), debe llamar la atención de todos cuantos estamos desde ya al pendiente del proceso electoral nacional del 2018, aunque no tengamos pretensión alguna ni simpatía en específico.

Se adjunta el documento de las Naciones Unidas que sirvió de fuente para la elaboración de estos artículos.

Naciones Unidas Informe Octubre 2016 by Yariela Novo on Scribd

Pronunciamiento de la Seccional ANEP-Correos de C.R sobre el cumplimiento de la Convención Colectiva

La ley establece que las estipulaciones de la Convención Colectiva o en nuestro caso el Laudo Arbitral entre los trabajadores y trabajadoras de Correos de Costa Rica se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de la Convención, a un par aquellos trabajadores que no sean miembros del sindicato que haya suscrito la Convención.

Igualmente, las estipulaciones de la Convención Colectiva, beneficiarán a todos los trabajadores de la empresa, sean afiliados a uno sindicato o no, aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración.

Dentro de la Convención Colectiva las partes podrán exceptuar de su aplicación al gerente y subgerente, además de la auditora y la subauditora como también a lo que se entiende como trabajadores de confianza.

El ámbito espacial de validez de la Convención Colectiva que se celebre con el sindicato que represente a la mayoría absoluta de los trabajadores regirá en los diversos departamentos o sucursales de la empresa. Es decir, sea trabajadores fijos o por servicios especiales como los call center, mensajería especializadas.

Las partes de la Convención Colectiva cumplirán de buena fe los deberes y obligaciones que de ella dimana para cada uno, en los términos y condiciones en que fueron pactados y los sindicatos serán responsables de su cumplimiento frente a los trabajadores y la empresa.

Por lo que es nuestro deber de informar que la empresa no está cumpliendo con lo establecido en los artículos 42 y 54 que dice:

ARTICULO 42-En aquellos casos de ser despedido un trabajador con responsabilidad patronal, el trabajador deberá ser indemnizado adicionalmente a los derechos que concede el Código de Trabajo, con un porcentaje sobre estos de acuerdo a la siguiente tabla:
a) Un diez por ciento para el trabajador que tenga de uno a cinco años de servicio.
b) Un veinte por ciento para el trabajador que tenga de cinco a diez años de servicio y,
c) Un treinta por ciento para el trabajador que tenga más de diez años de servicio.

ARTÍCULO 54- Correos de Costa Rica, S.A. se obliga a cancelar las prestaciones a sus trabajadores con un límite de DOCE AÑOS en el pago de prestaciones, por cualquiera de las siguientes causas de cese de la relación laboral:
a) Supresión de cargo,
b) Jubilación.
c) Fallecimiento y
d) Despido con responsabilidad patronal.

Por los anteriores conceptos, el trabajador recibirá una indemnización de un mes de salario por cada año de servicio prestado a la institución, con un límite de doce meses de salario. Se calculará este derecho sobre el promedio de los salarios percibidos por el trabajador, durante los últimos seis meses de relación laboral.

Toda indemnización se pagará en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo.

Le estamos dando seguimiento a este tema y hemos encontrados cuatro caso en el que NO le aplicaron el pago automático de estos derechos laborales y de ser necesario daremos conocimiento a las autoridades de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pero por lo pronto a todos los trabajadores que hayan sido despedidos (Y sea menos de un año) revisar que sus liquidaciones fueron bien valoradas para que hagan efectiva este derecho.

Extraoficialmente se nos ha informado que es un problema del sistema informático y que cuando realizan el reclamo se ajusta y se paga.

Nuestra pregunta sería ¿Si a los trabajadores se les indica que existe este problema material y la posibilidad de realizar el reclamo, o se quedan calladitos para robarle al trabajadores este dinero que por Convención Colectiva les pertenece?

Declaración oficial de la ANEP y ANEP-PPME

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME), lamentan que un estimable compañero socio de nuestra organización se vea envuelto en condiciones de presunta comisión de ilícitos que empañan su propio desenvolvimiento laboral, poniendo en grave riesgo la seguridad y estabilidad de su propio empleo con el despido; y hasta enfrentar procesos penales con condenas judiciales de por medio.

La ANEP y la Seccional ANEP-PPME hacen un llamado respetuoso y vehemente para toda su membrecía en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, especialmente a los y a las integrantes de la misma como personas socias de la ANEP, para que en el ejercicio de sus delicadas y estratégicas tareas al servicio del país, siempre tengan presente los valores de la máxima transparencia, la ética sólida, la moral más contundente y en abierta confrontación a todas clase de prácticas indebidas, torcidas y corruptas.

La ANEP, como institución sindical nacional ha venido luchando, conjuntamente con su seccional ANEP-PPME (y, también con la otra relevante e importante seccional ANEP-DGME, la que cubre al personal de la Dirección General de Migración y Extranjería); ha venido luchando, reiteramos, en favor del fortalecimiento institucional, de la reivindicación plena del personal del servicio migratorio costarricense, por su plena profesionalización y por salarios decentes y dignos; cruzada sindical que la entendemos como parte esencial de nuestra labor en pro del bien común, en pro de la institucionalidad, en pro de los derechos laborales, por la inclusión social y en contra de la desigualdad.

La ANEP está consciente de que, aunque a algunos no les guste que lo hablemos así tan contundentemente, hoy en día hay sobreexplotación laboral en Migración y Extranjería, particularmente en el seno de la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Muchos y muchas oficiales de la PPME están hoy en día realizando doble función por un mismo salario y éste está precarizado con alto nivel de endeudamiento personal, por lo general.

Las irresponsables políticas gubernamentales de recorte presupuestario y de satanización del empleo público, tienen al personal migratorio del país en condiciones de gran precariedad salarial y ocupacional, con grave riesgo de sus propias vidas y con riesgos de caer en tentaciones de obtención dinero fácil, que jamás justificaremos, pero que se dan en un preocupante contexto de deterioro integral del entorno sociolaboral de Migración y Extranjería.

ANEP no descansará hasta que el país, el gobierno, la propia Asamblea Legislativa, la prensa nacional y la opinión pública pueden sensibilizarse a plenitud con respecto a estas situaciones, de la urgente necesidad de más personal, más recursos, más tecnología en el servicio migratorio costarricense; mediando para ello la más grande manifestación colectiva del personal migratorio del país jamás realizada hasta el momento. En eso trabajamos.

Combo fiscal: coctel explosivo

El combo fiscal que se está fraguando en el seno de la Asamblea Legislativa, con el impulso imprudente y peligroso desde la misma Casa Presidencial, tiene todos los elementos para convertirse en un coctel socialmente explosivo.

Mezclar el proyecto para aumentar el impuesto sobre las ventas, elevándolo del 13 al 15 %, con un proyecto sobre empleo público que ni en la más milésima parte resuelve el problema del déficit fiscal, imponiéndoles la vía rápida de tramitación parlamentaria, no es más que abrir la vía rápida para la confrontación social abierta con todos los gremios, asociaciones y sindicatos de la práctica totalidad del sector Público.

Las agrupaciones laborales representativas del empleo público expresan ya un acuerdo tácito en la práctica para enfrentar en una especie de unidad sindical en la acción, casi que por generación espontánea y obligadas a actuar en conjunto y al unísono por tal provocación; a fin de propiciar las condiciones para una movilización general del sector público que podría ir desde paros sectoriales y multisectoriales por coordinación de facto, hasta el impulso de la tesis de Huelga General y de Huelga General Indefinida que se vienen anunciando al interior de varias de las corrientes sindicales involucradas en la defensa del empleo público.

Hemos llamado mezcla tóxica a esta perversa vinculación entre las legislaciones contra el empleo público y a favor de subir el impuesto sobre las ventas, puesto que solamente hacen daño social, promueven la exclusión y la desigualdad social y fomentan la característica regresiva del sistema tributario costarricense.

Rebajar salarios en el empleo público, aumentar impuesto de ventas del 13 al 15 % y con la tétrica realidad del salario mínimo en el sector privado, no es más que seguir golpeando a los que menos tienen, la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos, tanto la pública como la privada; misma que paga puntualmente sus impuestos, no tiene responsabilidad alguna por el endeudamiento-país y no es la culpable del déficit fiscal pues no tiene nada que ver, por ejemplo, con relación al gigantesco fraude impositivo.

Mezcla tóxica que ha de generar más envenenamiento social al añadirle el peligroso ingrediente de un proyecto de “regla fiscal” que nadie conoce y que pareciera potenciar el sesgo del recortismo fundamentalista al mejor estilo neoliberal, cuando hay ya una gran cantidad de servicios públicos que no soportan más macheteadas ni tijeretazos presupuestarios en zonas del empleo público necesitadas de más inversión y de más financiamiento pues son imprescindibles para poblaciones vulnerables y/o en escenarios de exclusión social.

Nada que ver este combo fiscal (empleo público, ventas-IVA y regla fiscal) con la necesidad ciudadana de que se apruebe el impuesto a las sociedades anónimas para financiar la alicaída seguridad pública, si de lo que se trata es de corregir una indicación señalada por la Sala Cuarta pues este proyecto ya había recibido aprobación parlamentaria.

Para agravar más está situación en construcción político-palaciega de gran opacidad, hacer ajustes por lo realmente justo que sería en el ámbito del impuesto sobre la renta, ¡ni por la mínima, ni por “mentirillas”, ni para disimular el leñazo para los y las de abajo, se asoma por ningún lado.

¡Que sigan pagando más, tributaria y proporcionalmente hablando, los que menos tienen! Esta pareciera ser la consigna de quienes en el ámbito gubernamental estarían cediendo al chantaje político que está imponiéndoles el parlamentarismo neoliberal.

En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, nuevamente, una vez más, no solamente insistimos en la imprescindible unidad sindical en la acción; sino que reiteramos nuestro llamado a los trabajadores y a las trabajadoras a lanzarse a las calles llegado el crucial momento reiteradamente anunciado y que se ve cada vez más cerca, lamentablemente.