Profesionalización de la Fuerza Pública…

Se construye en la actualidad la nueva sede de la Escuela Nacional de Policía, se dice que este nuevo centro de formación policial permitirá mejorar los niveles de capacitación policial.

La nueva Escuela Nacional de Policía tendrá capacidad para entrenar a 800 policías, esto gracias a la donación de mano de obra de la República de China. Se informó que solamente para su edificación, el acondicionamiento y equipamiento de la sede se hará una inversión de $12 millones y se financiará con una donación de la comunidad europea.

En este centro de formación policial se entrenarán a los diferentes cuerpos policiales del país, las unidades especializadas y será la Escuela Policial más moderna de la región. Eso debería augurar muchas cosas positivas para nuestros cuerpos policiales y para nuestro país.

Se dice que “Una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad. A quien la ejerce se le denomina profesional”. Existe además lo que se conoce como “especialización”, lo cual implica una capacitación y destreza especial para la realización de ciertas actividades.

A partir de este concepto, debemos considerar como efectivamente de índole profesional, el trabajo que ejecutan nuestras compañeras y compañeros de los diferentes Cuerpos Policiales. La función policial requiere de destrezas especiales, se ha señalado como de índole excepcional, reviste la innegable vocación de servicio que debe caracterizar a quien integra cualquiera de las distintas unidades de trabajo.

Pero ¿de qué forma mira la sociedad a los cuerpos policiales? ¿qué tipo de policía se prepara en nuestra Escuela de formación Policial? ¿qué trato reciben nuestros uniformados de sus superiores?

Un sector de la sociedad (sector vulnerable), pareciera querer un policía que le permita irrespetar la ley, que no le llame la atención por alterar el orden público, que no detenga el “delincuente”, si lo detiene que no lo “maltrate”, “porque él no hace nada malo”, quiere una policía que este a su servicio, que sea sumisa, que le permita gritarle, escupirle, amenazarle, gravar sus actuaciones, interferir en ellas y que no se enoje nunca, “porque para eso es policía…”

El otro sector (el político y de clase alta), quiere una policía altamente capacitada, ética, de buen ver, de trato diplomático, que conozca de derecho, de criminología, que tenga buen verbo, una excelente presentación, actitud proactiva y dinámica, que viva en buenos barrios, que asista con su familia al cine, que sea un padre ejemplar, pero que gane uno de los peores salarios del sector público, porque ser policía no es una profesión y porque tenemos déficit fiscal…

En nuestra Escuela de Policía, se prepara a los funcionarios para enfrentar a la criminalidad, se nos inculca el valor de servir a la Patria, se nos brindan herramientas básicas que luego se fortalecen con la práctica; pero no se tiene aún el nivel de una capacitación que sea de formación académica profesional de la función policial. El “Alto Mando” quiere policías valientes, disciplinados, que no piensen en su familia, que no defiendan sus derechos, que sean sumisos, que no sientan hambre, que no les dé frío, que sean similares a un “robot”, que no reacciones a las humillaciones a las que son sometidos algunas veces por ellos mismos.

Evidentemente, estamos años luz de una verdadera profesionalización de la función policial. Pero, el análisis de este artículo muestra una verdadera encrucijada en la cual debe desempañarse la persona (hombre o mujer) que decide ser parte de un Cuerpo Policial en nuestro país.

La profesionalización de la Fuerza Pública requiere de la definición de un modelo de seguridad, al día de hoy este no existe. Para lograr la profesionalización y la dignificación de los cuerpos policiales es necesario que se mejore la comunicación, el trato y el respeto a la hora de comunicarse entre mandos y colaboradores.

¡Extra!, ¡Extra! Precandidaturas presidenciales en promoción

Nos parece que ya están llegando a veinte, o cerca de veinte las personas con interés explícitamente abierto de ser candidatas a la Presidencia de la República, en las votaciones de febrero de 2018; o bien, sobre las cuales ya se realizan gestiones de incidencia en sus ámbitos de cercanía político-vivencial del día a día. Veamos:

Siete en el Partido Liberación Nacional (PLN): Antonio Álvarez Desanti (¿el “ungido” por parte del ido?), José María Figueres Olsen, Rolando González Ulloa, Enrique Rojas Franco, Clinton Cruickshank Smith, Sigifredo Aiza Campos, Roberto Thompson Chacón.

En la Unidad Social Cristiana (PUSC): Rodolfo Piza Escalante y Rafael Ortiz Fábrega. En la otra Unidad, el Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández Gómez.

En el Movimiento Libertario: Otto Guevara Guth y Natalia Díaz Quintana. En el otro libertario, Eliécer Feinzaig Mintz. En las tiendas “cristianas”: Fabricio Alvarado Muñoz y Mario Redondo Poveda.

En el Nueva Generación: Sergio Mena Díaz. Del Frente Amplio no sabemos nada, oficialmente. Pero le estarían hablando a José María Villalta Flores-Estrada y Edgardo Araya Sibaja. Hasta ahora. Y, en el Partido Acción Ciudadana (PAC), ¿Juan Carlos Mendoza García?, ¿Ottón Solís Fallas?… También, hasta ahora.

Nos salen 20 nombres. Casi la mitad con escaño legislativo en el actual parlamento. Podrían faltar más. Mientras se reduce la cantidad de ciudadanos que no quiere saber nada de política, pues 3 de cada 4 no quiere saber nada de ella; mientras uno de cada tres ticos quiere emigrar (largarse del país); mientras 8 de cada 10 considera que el país va por rumbo equivocado; ¡todavía podrían aparecer más precandidaturas presidenciales! ¿No les parece una paradoja?

Más precandidaturas presidenciales pero menos ideas para resolver los angustiantes problemas de la ciudadanía, empezando por el más grave de todos, la desigualdad con sus cuatro derivados fundamentales: a) el desempleo (integralmente concebido, superando el 20%), la precariedad salarial (congelamiento, irrespeto al salario mínimo), y la informalidad llegando al 50%; b) la violencia en todas sus manifestaciones; c) la corrupción pública y privada (con ropaje legal o sin él); y, d) la penetración del narcotráfico en el tejido social, por arriba y por abajo.

Tales manifestaciones se expresan en un escenario que nos presenta cuatro vertientes: a) un endeudamiento-país que carcome la tercera parte del mal llamado presupuesto general de la República; b) un déficit fiscal que podría en el corto plazo tener una solución de corte fondomonetarista; c) un deterioro de importantes servicios públicos esenciales dirigidos a poblaciones pobres y/o vulnerables a la pobreza; y, d) un sistema tributario totalmente injusto cargado, proporcionalmente hablando, sobre las espaldas de quienes están perdiendo la batalla de la inclusión social.

A año y medio, prácticamente, de las elecciones presidenciales de febrero de 2018, podemos afirmar con mucha contundencia en que hemos llegado a punto tal como para afirmar que tenemos dos Costa Rica sumamente perfiladas como para que se distinga una de la otra: la de los incluidos y la de los excluidos; dentro de éstos, los descartables como les denomina el Papa Francisco.

En la Costa Rica de los incluidos, la verdad es que su número es cada vez menor. Son muchas familias que están, desesperadamente, luchando para “no quedar fuera”.

En una vulnerabilidad de pobreza muy fuerte, con alto endeudamiento salarial, ahogamiento por las tarjetas de crédito, con emprendimientos productivos de dudoso futuro.

Es, por tanto, la Costa Rica de los excluidos la que está creciendo. Si ya comprendía a un 21,7% hogares que vive en pobreza, con 374 mil personas viviendo en pobreza extrema, así como con la informalidad en auge (llegando al 50% como planteamos líneas arriba); si ya tiene a medio millón de trabajadores privados a los cuales no se les paga el salario mínimo de ley…; ¿cómo no pensar que es la Costa Rica que crece, la que va a crecer, con miles de empleados públicos amenazados de reducciones salariales irracionales y viviendo ya con salario congelado, pagando una deuda pública de la cual no son responsables; como tampoco lo son del déficit fiscal (que la organización que representamos se ha encargado de demostrarlo hasta la saciedad).

Prácticamente, todos esos 20 nombres están en la Costa Rica de los incluidos, razón de más para preguntarnos cuál será la naturaleza central de sus planteamientos político-programáticos para enfrentar esos angustiantes problemas de la ciudadanía y para el manejo de las manifestaciones de ese escenario de cuatro vertientes.

Somos escépticos, sinceramente. Por eso hemos asumido, con las limitaciones propias de una organización obrera que no posee los gigantescos recursos y medios que sí poseen los que tienen la real hegemonía del control político en la Costa Rica de los incluidos (en realidad, la hegemonía real en las dos Costa Rica); una fuerte oposición a que se precarice la generalidad del empleo público, por un lado; y por otro, a plantear las necesarias transformaciones estructurales en el concepto de salario mínimo que se paga en el sector privado de la economía.

Los detentadores de tal hegemonía política real están decididos, estratégicamente hablando para sus intereses de nuevos negocios y de incremento del proceso de acumulación, en la precarización al máximo de ambos sistemas salariales.

El del empleo público, para acercarlo lo más posible hacia las actividades homólogas, similares y equiparables del empleo privado; y a éste, tratando de que no puede elevarse su cuantía mínima, ni con nuevas fórmulas, ni con ajustes ocupaciones especiales y, mucho menos, estableciendo un nuevo salario mínimo vía ley de la República.

¿Qué podrían decir a todo esto esas veinte personas precandidatas presidenciales? Porque las realidades sociales apuntadas están plenamente documentadas. No son panfleto sindical conteniendo consignas huecas. La corriente sindical que ocupa nuestro quehacer diario ajusta ya tres lustros formulando planteamientos de diverso orden, con aportes intelectuales honestos y desinteresados, formulados con principios en pro del bien común y por la inclusión social. El documento está disponible para cualquiera de esas veinte personas precandidatas presidenciales.

También a esas veinte personas precandidatas presidenciales, les exhortamos a ponerse al día, a revisar, a estudiar que está formulando, nada más y nada menos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su propuesta “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, recientemente presentada en nuestro país; pero que, con cierta pena y congoja estimamos que no va a tener mayor eco que el que pueda lograr al interior de algunas de las partes del presente gobierno y con alcances limitados porque se ha de perder en el entramado burocrático de la política social.

Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la ONU podrían “ahorrarle” a alguna de esas precandidaturas presidenciales mucho trabajo de elaboración si es que buscan dar contenido a sus aspiraciones, en medio de esta promoción de mercado político ya en carrera hacia lograr la mayor venta posible en febrero de 2018.

(***) Aclaración: en realidad son 22 precandidaturas presidenciales a hoy, miércoles 28 de setiembre de 2016. La 21, es la de doña Epsy Campbell Barr, por el Partido Acción Ciudadana (PAC). A ella le pedimos disculpas por haber omitido, totalmente de manera involuntaria, su nombre en nuestro artículo de hoy. Y, la 22 (anunciada hoy mismo, en Diario Extra), es la del señor Óscar López Arias, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Sindicato de Traileros eligió Junta Directiva

El Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP realizó el pasado sábado 21 de mayo en la zona de Grecia, la Asamblea Ordinaria para elegir Junta Directiva con el objetivo de afrontar nuevos retos laborales que se avecinan para los traileros, como el que sostienen actualmente con la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos.
Durante la actividad los traileros eligieron a Marco Murcia como Presidente de la Seccional, quien ya cuenta con experiencia sindical.

La elección de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP se da en medio de la pugna que sostienen con la Dos Pinos solicitando empleo para los traileros costarricenses, ya que la empresa le estaría entregando los fletes a traileros centroamericanos.

Marco Murcia, Presidente del Sindicato Nacional de Traileros Seccional ANEP, indicó que la molestia del gremio es enorme, ya que cumplen con todo los pagos de impuestos y requisitos que solicita el país para transitar con los vehículos como el pago de la revisión técnica vehicular y marchamo, algo que no pagan los traileros centroamericanos.

Precisamente este lunes los traileros esperan la respuesta de la Dos Pinos ante la propuesta presentada por el sindicato, esto luego de la manifestación de nueve horas realizada frete a la cooperativa de leche en el Coyol de Alajuela el pasado lunes 16 de mayo, que derivó en una apertura al diálogo en horas de la noche.

Los traileros indicaron que se sienten discriminados en el transporte de productos de esta cooperativa hacia Centroamérica, ya que se otorga preferencia a traileros extranjeros que les están ejerciendo una ruinosa competencia desleal a los trabajadores costarricenses, llevándolos a la quiebra.

¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, considera que la ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00.

Según estimaciones de ANEP, basado en la deuda pública del Gobierno Central; cada costarricense sea bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, “está debiendo”, en estos momentos, per cápita, ¢3.111.000 colones aproximadamente…Y mañana será más.

Estos datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda solamente contemplan la deuda del Gobierno Central, no se toma en cuenta la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado.

“La ANEP reitera su tesis fundamental de que en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ANEP ajusta ya poco más de dos años analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y coordinador de Patria Justa.

De acuerdo con Vargas, los cambios necesarios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que “se le dé vuelta a la tortilla”, es decir, poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.

La organización sindical rechaza tajantemente de que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado IVA), y renta.

“Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado”, agregó Vargas.

Además, la ANEP considera que el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.

“Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país”, enfatizó Vargas.

El Secretario General de la ANEP indicó que “insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque”.

¡Al fin! Nuevo Manual de Puestos para la Policía Penitenciaria

Recordemos que este proceso dio inició con la lucha que hoy conocemos como “el 20 en la 27”, aquel movimiento de presión que realizamos el lunes 20 de enero del 2014, en la Ruta 27 a la altura del peaje de San Rafael de Alajuela. Uno de los dos objetivos de esta movilización promovida por la ANEP, fue la equiparación de salarios con respecto a la Fuerza Pública, objetivo prácticamente cumplido con la emisión de este nuevo Manual de Puestos.

El otro gran objetivo fue el pago de la disponibilidad, derecho del que hoy disfruta plenamente la Policía Penitenciaria.

¡Ambos logros son de usted obtenidos con la bandera de la ANEP!

Organigrama del Manual de Puestos MJP by EugenioGuerrero on Scribd

MANUAL de PUESTOS Ministerio de Justcia y Paz by EugenioGuerrero on Scribd

Campaña busca una migración digna y ordenada

El Comité Intersindical Regional por la Defensa de los Derechos de las Personas Trabajadores Migrantes lanzó la mañana de este martes la Campaña “Con mis manos” por una migración digna y ordenada, que busca generar un espacio de diálogo y reflexión sobre aspectos socioeconómicos que afectan a las poblaciones migrantes de la región centroamericana.

La campaña que será presentada en seis países centroamericanos, a excepción de Belice, con diversos materiales como afiches, volantes y un spot publicitario cuenta con el apoyo de 32 centrales sindicales de la región.

Jonathan Monge, Coordinador General del Comité Intersindical Regional indicó que la campaña va dirigida a la población en general y busca evidenciar los aportes que las personas trabajadoras migrantes brindan a los países de origen y destino, así como establecer un debate sobre las condiciones en las que estas personas son contratadas por los diversos sectores laborales.

“Con esta campaña también buscamos que se respeten los derechos laborales de estas persona, además de promover dos convenios específicos de la OIT como los son los convenios 97 y 143 para que se permita tener en la región centroamericana una migración ordenada y digna. Nuestro objetivo es que los países centroamericanos se comprometan a mejorar sus legislaciones para dar una mejor atención”, dijo Monge

Según el Diagnóstico elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la Formulación de una Política Pública sobre migración laboral con datos del último censo de Población y Vivienda de 2012, en nuestro país la principal actividad laboral realizada por la población migrante es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 17.92% de mano de obra, seguida del comercio y la industria con un 15,52%, en cuarto lugar la construcción con 10.60%, el servicio doméstico con 10.10% y el Alojamiento y Servicios con 8,32%. Estos datos sólo contemplan a las personas migrantes registradas.

“Estos datos nos confirman que una buena parte de la economía del país se mueve por mano de obra migrante, por lo que no se justifica que se explote e irrespeten los derechos laborales de estas personas por parte de los patronos”, detalló Monge.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que durante el 2010 en la región centroamericana se registraron un aproximado de 3.2 millones de trabajadores migrantes, mientras que en el 2015 esa cifra aumentó a 4,3 millones. Es decir en 5 años la migración laboral aumento en 1.1 millones de personas en Centroamérica, siendo Costa Rica uno de los principales destinos.

Ante este escenario el Comité Intersindical Regional por la Defensa de los Derechos de las Personas Trabajadores Migrantes busca un ordenamiento en la movilización de estas personas en la región.