Nos parece que ya están llegando a veinte, o cerca de veinte las personas con interés explícitamente abierto de ser candidatas a la Presidencia de la República, en las votaciones de febrero de 2018; o bien, sobre las cuales ya se realizan gestiones de incidencia en sus ámbitos de cercanía político-vivencial del día a día. Veamos:
Siete en el Partido Liberación Nacional (PLN): Antonio Álvarez Desanti (¿el “ungido” por parte del ido?), José María Figueres Olsen, Rolando González Ulloa, Enrique Rojas Franco, Clinton Cruickshank Smith, Sigifredo Aiza Campos, Roberto Thompson Chacón.
En la Unidad Social Cristiana (PUSC): Rodolfo Piza Escalante y Rafael Ortiz Fábrega. En la otra Unidad, el Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández Gómez.
En el Movimiento Libertario: Otto Guevara Guth y Natalia Díaz Quintana. En el otro libertario, Eliécer Feinzaig Mintz. En las tiendas “cristianas”: Fabricio Alvarado Muñoz y Mario Redondo Poveda.
En el Nueva Generación: Sergio Mena Díaz. Del Frente Amplio no sabemos nada, oficialmente. Pero le estarían hablando a José María Villalta Flores-Estrada y Edgardo Araya Sibaja. Hasta ahora. Y, en el Partido Acción Ciudadana (PAC), ¿Juan Carlos Mendoza García?, ¿Ottón Solís Fallas?… También, hasta ahora.
Nos salen 20 nombres. Casi la mitad con escaño legislativo en el actual parlamento. Podrían faltar más. Mientras se reduce la cantidad de ciudadanos que no quiere saber nada de política, pues 3 de cada 4 no quiere saber nada de ella; mientras uno de cada tres ticos quiere emigrar (largarse del país); mientras 8 de cada 10 considera que el país va por rumbo equivocado; ¡todavía podrían aparecer más precandidaturas presidenciales! ¿No les parece una paradoja?
Más precandidaturas presidenciales pero menos ideas para resolver los angustiantes problemas de la ciudadanía, empezando por el más grave de todos, la desigualdad con sus cuatro derivados fundamentales: a) el desempleo (integralmente concebido, superando el 20%), la precariedad salarial (congelamiento, irrespeto al salario mínimo), y la informalidad llegando al 50%; b) la violencia en todas sus manifestaciones; c) la corrupción pública y privada (con ropaje legal o sin él); y, d) la penetración del narcotráfico en el tejido social, por arriba y por abajo.
Tales manifestaciones se expresan en un escenario que nos presenta cuatro vertientes: a) un endeudamiento-país que carcome la tercera parte del mal llamado presupuesto general de la República; b) un déficit fiscal que podría en el corto plazo tener una solución de corte fondomonetarista; c) un deterioro de importantes servicios públicos esenciales dirigidos a poblaciones pobres y/o vulnerables a la pobreza; y, d) un sistema tributario totalmente injusto cargado, proporcionalmente hablando, sobre las espaldas de quienes están perdiendo la batalla de la inclusión social.
A año y medio, prácticamente, de las elecciones presidenciales de febrero de 2018, podemos afirmar con mucha contundencia en que hemos llegado a punto tal como para afirmar que tenemos dos Costa Rica sumamente perfiladas como para que se distinga una de la otra: la de los incluidos y la de los excluidos; dentro de éstos, los descartables como les denomina el Papa Francisco.
En la Costa Rica de los incluidos, la verdad es que su número es cada vez menor. Son muchas familias que están, desesperadamente, luchando para “no quedar fuera”.
En una vulnerabilidad de pobreza muy fuerte, con alto endeudamiento salarial, ahogamiento por las tarjetas de crédito, con emprendimientos productivos de dudoso futuro.
Es, por tanto, la Costa Rica de los excluidos la que está creciendo. Si ya comprendía a un 21,7% hogares que vive en pobreza, con 374 mil personas viviendo en pobreza extrema, así como con la informalidad en auge (llegando al 50% como planteamos líneas arriba); si ya tiene a medio millón de trabajadores privados a los cuales no se les paga el salario mínimo de ley…; ¿cómo no pensar que es la Costa Rica que crece, la que va a crecer, con miles de empleados públicos amenazados de reducciones salariales irracionales y viviendo ya con salario congelado, pagando una deuda pública de la cual no son responsables; como tampoco lo son del déficit fiscal (que la organización que representamos se ha encargado de demostrarlo hasta la saciedad).
Prácticamente, todos esos 20 nombres están en la Costa Rica de los incluidos, razón de más para preguntarnos cuál será la naturaleza central de sus planteamientos político-programáticos para enfrentar esos angustiantes problemas de la ciudadanía y para el manejo de las manifestaciones de ese escenario de cuatro vertientes.
Somos escépticos, sinceramente. Por eso hemos asumido, con las limitaciones propias de una organización obrera que no posee los gigantescos recursos y medios que sí poseen los que tienen la real hegemonía del control político en la Costa Rica de los incluidos (en realidad, la hegemonía real en las dos Costa Rica); una fuerte oposición a que se precarice la generalidad del empleo público, por un lado; y por otro, a plantear las necesarias transformaciones estructurales en el concepto de salario mínimo que se paga en el sector privado de la economía.
Los detentadores de tal hegemonía política real están decididos, estratégicamente hablando para sus intereses de nuevos negocios y de incremento del proceso de acumulación, en la precarización al máximo de ambos sistemas salariales.
El del empleo público, para acercarlo lo más posible hacia las actividades homólogas, similares y equiparables del empleo privado; y a éste, tratando de que no puede elevarse su cuantía mínima, ni con nuevas fórmulas, ni con ajustes ocupaciones especiales y, mucho menos, estableciendo un nuevo salario mínimo vía ley de la República.
¿Qué podrían decir a todo esto esas veinte personas precandidatas presidenciales? Porque las realidades sociales apuntadas están plenamente documentadas. No son panfleto sindical conteniendo consignas huecas. La corriente sindical que ocupa nuestro quehacer diario ajusta ya tres lustros formulando planteamientos de diverso orden, con aportes intelectuales honestos y desinteresados, formulados con principios en pro del bien común y por la inclusión social. El documento está disponible para cualquiera de esas veinte personas precandidatas presidenciales.
También a esas veinte personas precandidatas presidenciales, les exhortamos a ponerse al día, a revisar, a estudiar que está formulando, nada más y nada menos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su propuesta “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, recientemente presentada en nuestro país; pero que, con cierta pena y congoja estimamos que no va a tener mayor eco que el que pueda lograr al interior de algunas de las partes del presente gobierno y con alcances limitados porque se ha de perder en el entramado burocrático de la política social.
Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la ONU podrían “ahorrarle” a alguna de esas precandidaturas presidenciales mucho trabajo de elaboración si es que buscan dar contenido a sus aspiraciones, en medio de esta promoción de mercado político ya en carrera hacia lograr la mayor venta posible en febrero de 2018.
(***) Aclaración: en realidad son 22 precandidaturas presidenciales a hoy, miércoles 28 de setiembre de 2016. La 21, es la de doña Epsy Campbell Barr, por el Partido Acción Ciudadana (PAC). A ella le pedimos disculpas por haber omitido, totalmente de manera involuntaria, su nombre en nuestro artículo de hoy. Y, la 22 (anunciada hoy mismo, en Diario Extra), es la del señor Óscar López Arias, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
