Ahora que en la actual Asamblea Legislativa han empezado a amenazar, con mayor concreción, con recortes salariales vía proyectos de ley sobre empleo público a los empleados públicos, al responsabilizárseles injustamente por el déficit fiscal en función de los salarios que devengan al laborar para el Estado; conviene detenernos a reflexionar sobre las remuneraciones salariales de los y de las profesionales en la Administración Pública; pero, especialmente, centrándonos en aquellas personas trabajadoras profesionales del Gobierno Central y sus entes adscritos.
Tengamos presente que en Costa Rica esto del déficit fiscal se mide únicamente considerando la estructura financiera del Estado en un 40%, que es la que pasa anualmente por el control parlamentario, con ocasión de la discusión legislativa sobre el mal llamado presupuesto general de la República que, más bien, es el presupuesto parcial de la República; pues el otro 60% no pasa por el ojo visor de las personas legisladoras.
Por eso es que en esto del robo de impuestos de los sectores profesionales del país y para efectos del presente comentario, nos estamos centrando en las responsabilidades tributarias que sí cumplen quienes están en la planilla del Gobierno Central y sus entes adscritos.
La satanización que se ha venido haciendo en los dos últimos años, mediando esa brutal campaña político-mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, no ha permitido un debate integral y una visibilización correcta de cuál es el aporte tributario a las finanzas públicas, a la colectividad social, al bien común, por parte del profesional asalariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, si lo comparamos con la circunstancia de quienes con igual rango profesional ejercen estas actividades, por fuera, en lo privado, en lo que se conoce como el ejercicio liberal de la profesión.
Prácticamente ha pasado inadvertido un importante y reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) al respecto, destacando sobre la contribución a la sociedad de las actividades profesionales en ejercicio liberal, durante el periodo de los años 2011 al 2015.
El estudio del ente contralor destaca las siguientes actividades profesionales en ejercicio liberal: medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, abogacía, notariado, contabilidad, auditoría, informática y veterinaria.
“Curiosamente”, en esos cuatro años que abarca el estudio de la CGR, el 56% de los y de las profesionales de tales actividades, declararon cero impuestos, declararon no tener utilidades, indicaron que no ganaron un centavo por ejercer cada una de esas profesiones.
¿Se puede imaginar usted, estimado y estimada profesional asalariado del Estado (ya no solamente del Gobierno Central y sus entes adscritos), puntual pagador del impuesto de la renta sobre su salario, porque se lo rebajan de planilla, que eso sea real?
¿Puede usted creer que esos profesionales como usted, que “trabajan en la calle”, ejercieron su profesión casi que “gratuitamente”, como para declarar cero impuestos porque tuvieron cero utilidades en su actividad profesional?
La auditoría que al respecto hizo el ente contralor fue más específica al señalar que hay 10.893 contribuyentes que declararon cero de impuesto de utilidades reiterativamente en los cinco periodos del estudio; 8.681 lo hicieron en cuatro periodos y 9.797 en tres periodos.
En contraste, el ciento por ciento de los y de las profesionales gubernamentales, sí declararon renta pues, como indicamos, se rebaja de planilla. En el Estado, en el Gobierno Central, ningún profesional puede mentir acerca de sus ingresos salariales, no puede esconderlos, disimularlos, evadirlos.
Aquí salta una gran contradicción en el seno de la actividad profesional, contrastando la que se da dentro del Estado, en condición de asalariada, con relación a la que se da en condición de ejercicio liberal de la misma.
La actividad profesional en condición asalariada, amenazada como jamás pudo estarlo de ser precarizada, con la eliminación del pago de la dedicación exclusiva (para citar solamente un ejemplo de ataque neoliberal al salario público), pareciera ir en ruta hacia su empobrecimiento; mientras que la actividad profesional “de la calle”, es la que estaría en condiciones de generar más renta genera precisamente por esas condición de evasión tributaria, vía declaración de cero impuestos; renta que se evade a pesar de que es relativamente baja según el actual carácter de profunda regresividad del sistema tributario costarricense.
Lo que corresponde, por el contrario, es el ataque frontal a la evasión tributaria que se manifiesta en el ejercicio liberal de las indicadas profesiones y otras de similar rango académico. Es un grave e irreparable error la precarización y el abaratamiento del ejercicio profesional en condición asalariada para el Estado y, específicamente, para el Gobierno Central.
El cuento de que lo que se pretende en materia del plus denominado y conocido como dedicación exclusiva es eliminarlo, restringirlo, regularlo pero para los y las profesionales del futuro, nadie se lo cree; puesto que lo que está en el fondo es un contenido ideológico relacionado con las intentonas de precarización del empleo, como parte esencial de nuevos impulsos al angustiante y peligroso proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad, el problema número uno de nuestra sociedad actual.
Por demás, empobreciendo a los y a las profesionales del sector público, actuales y futuros, no se va a resolver, para nada, la naturaleza estructural del déficit fiscal, si es esto, en verdad, la real preocupación de quienes atacan al empleo público desde ciertas curules legislativas.
Además, si consideramos que el ataque neoliberal a los salarios del sector profesional estatal, no comprendemos cómo puede incluirse a los y a las profesionales de las municipalidades, si estas no tienen vela en el entierro de eso del déficit fiscal. Que estén metiendo al sector profesional municipal en el proyecto de rebajar salarios del empleo público, nos confirma que la cuestión es ideológica, en esencia, y que lo del déficit fiscal es la excusa.
La naturaleza estructural del déficit fiscal está relacionada con la permanencia en el tiempo de un sistema tributario diseñado para que paguen más los que menos tienen, proporcionalmente hablando; además, un sistema tributario diseñado para que roben impuestos los que tienen que pagar, aunque sea poco, según esa perversa naturaleza regresiva (ahí está el caso de los 335 importadores que evadieron impuestos de aduanas); un sistema tributario diseñado para que el Estado se endeude al máximo y ganen muchísimo los que le pueden prestar plata para que este funcione.
Por supuesto que en materia del ejercicio liberal de las profesiones mencionadas por el estudio del ente contralor de la República, y otras profesiones de igual rango académico, sí hay gente honesta con relación a sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.
Si este estudio que venimos comentando nos habla de que un 56% de actividades profesionales liberales declaró cero utilidades; interpretamos que el 44% de las mismas habría declarado algo, aunque desconocemos la proporción real y verdadera.
Lo que sí tenemos en mente es que, en esto de tributar por el ejercicio de actividades profesionales liberales, pensamos en ciertos consultorios privados desde donde se ejercen las mismas que no aceptan el pago mediando una tarjeta de crédito y sólo reciben dinero en efectivo a cambio de la consulta que se fue a efectuar o el servicio profesional que se fue a solicitar. ¿Por qué será?…
