Manifiesto Público

La transparencia en la función pública, el acceso a la información, son temas impostergables, así se viene demandando por parte de diversos sectores de la sociedad. Entre los que se destacan grupos activistas, sectores políticos, y también algunos medios de comunicación.

Señor Ministro Mata: yo si sé lo que se siente al recibir una amenaza, le puedo contar lo que se siente al ser amenazado, recibir un paquete con frijoles tiernos, con raíces de veinte centímetros, y con un mensaje dentro con la leyenda; “así los vas a ver”. Esto después de un exitoso operativo de erradicación de plantación de marihuana. No recibí ningún apoyo, o tratamiento especial, continúe trabajando, viajando en transporte público, y sirviendo a mi país.

Dice usted, “si vamos a acusar policías por proteger a sus familias, entonces cerramos las puertas y nos vamos” así se consigna en la nota publicada el día de hoy. Le recuerdo que cientos de funcionarios de a “pie” sufren amenazas y trabajan al máximo riesgo todos los días, ¿les daría usted transporte a sus casas? No lo creo. Por el contrario, conocemos procesos disciplinarios por presunto mal uso de recursos, porque el policía se salió un poco de su sector para hacer alguna diligencia.

Le hemos de recordar que nosotros actuamos en razón de la conformación de una Seccional de ANEP en la Policía de Control de Drogas. ¿Reciben traslado desde sus casas, los funcionarios de la PCD que realizan las investigaciones, y que asisten a juicios después de una investigación? ¿o, les dicen, “si tiene miedo renuncie”?

Señor Solano: no diga que pretendo echar abajo el esfuerzo de la PCD, conozco el trabajo de los compañeros investigadores, lo conozco y lo respeto. Tampoco venga a hacerse la víctima, o, a decir que hago cosas que atentan con la seguridad de los ciudadanos, como se consigna en la nota periodística del día de hoy. La seguridad de los habitantes de este país está en riesgo por la incursión del crimen organizado, por la falta de políticas claras en materia preventiva, por falta de transparencia, y por malas decisiones por parte de algunas personas.

Que hago las cosas diferentes, sí, y eso reclámeselo a mi madre santísima, quien me inculcó el valor de hacer lo correcto, y esa es la motivación de mis actos. La actividad que realizan mis compañeros de la PCD y de los demás cuerpos policiales, es peligrosa, claro que lo sé, por ello amerita que se les brinde trato equitativo, respetuoso, y justo.

¡Qué bueno que citen ustedes (ministro y director de PCD) la familia!; así posiblemente entenderán porqué los compañeros de la PCD interpusieron un proceso ante el tribunal contencioso administrativo, por la implementación de un rol anti-familia (13×6). Así posiblemente entenderá la Administración, porqué cientos de compañeros demandan ser ubicados cerca de su lugar de residencia.

Señor Ministro: usted me invitó una vez a hacer denuncia de aquello que considerara ilegal, lo que para usted es nocivo, para mi es lo correcto. ¡Claro! Todo depende del cristal con que se mire, lo cierto del caso, es que usted defiende a sus jerarcas, yo defiendo la transparencia y a los de la “tropa” a esos que despiden y sancionan por cualquier cosa.

Señores, créanme que les entiendo, posiblemente sea, que Mainor Anchía Angulo, no negocia sus ideales, ni sus principios, y procede conforme a sus convicciones. Si a ustedes les preocupa la seguridad del país, tomen en cuenta algunas de las recomendaciones que hemos hecho, en favor de los policías y de sus familias, y verán como los resultados saltan a la vista.

Sobre el derecho y acceso a la información:

“El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía. Esta tarea, importante para todas las democracias del hemisferio, es particularmente crucial para muchas sociedades de las Américas que, en las últimas décadas, han consolidado sistemas democráticos cada vez más asentados y robustos gracias a la activa participación de sus ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público. Este activismo ciudadano es justamente uno de los ideales que subyacen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana”.

“Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los ciudadanos cuestionan, piden, demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se quejan, critican. Los súbditos, por el contrario, obedecen. Aceptan y callan. Están cómodos en el silencio y no cuestionan”.

“No hace falta decir que las democracias exigen ciudadanos y ciudadanas militantes: el acceso a la información es una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que se espera de los miembros de una sociedad democrática. En sus manos, la información pública sirve para proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado. Es una herramienta que da poder a la sociedad civil y es útil para luchar contra males como la corrupción y el secretismo, que tanto daño hace a la calidad de la democracia en nuestros países”.

Así las cosas, les invito a acatar el fallo de la Sala Constitucional, les propongo, que dejemos de desviar la atención, y que conversemos de cómo hacer mejor las cosas, para bien de nuestros funcionarios, y de nuestro bello país.

La raqueta ferrocarrilera

Le dicen la raqueta porque tiene esa forma. Comienza en Cartago y llega a San José, a la estación de la Costa Rica Northern Railway Company Limited, compañía extranjera que construyo el ferrocarril mediante préstamos que pagamos hasta el último centavo, a la que le concedieron dicho ferrocarril por 99 años. A Minor Keith le 325.000 hectáreas de excelentes tierras a la par de la línea férrea, por haber conseguido los prestamistas que financiaron la obra y dirigid la construcción del tren. Así nació la Compañía Bananera. (Tal vez contemos pormenores de esa historia en otra ocasión).

Hacia el sur, el tren conecta con la estación del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. De ahí atraviesa Barrio Keith y Barrio Cristo Rey, pasa detrás de los Cementerios General y Obrero, enrumba para La Sabana, luego pasa por Pavas, y por San Antonio de Belén y llega a Alajuela. Se devuelve para Heredia, desde donde continúa para Colima de Tibás, pasa por Cinco Esquinas y alcanza de nuevo a la estación de la Northern, donde se cierra la raqueta.

Esta línea férrea recorre la Gran Área Metropolitana, la GAM, donde vive el 60% de la población. Todo el mundo se da cuenta de que el ferrocarril se extiende hacia Paraíso de Cartago y Turrialba, pasa por varios pueblos importantes, hasta llegar a Limón. Hacia el norte, pasa cerca de Atenas, cruza Orotina y otros pueblos y llega a Caldera y Puntarenas. Pero no todo el mundo se da cuenta de que tenemos desde el siglo XIX un ferrocarril interoceánico que jamás se ha utilizado como tal de modo sistemático.

Prácticamente, toda la GAM (que va desde Paraíso hasta San Ramón y de Aserrí a Tibás) es alcanzada por un ferrocarril que no ha sido acondicionado para el transporte masivo de personas. Las consecuencias las sufrimos todos los habitantes de la GAM con las presas interminables, con esa anormalidad de que se tarda más de Tibás a Desamparados que de Alajuela a Puntarenas. Moverse en automóvil es caro y lento. Los autobuses prestan un servicio pésimo, atiborrado, irregular, calamitoso. No es solo el tiempo perdido ni el estrés diario, ni los combustibles quemados, ni los motores en deterioro. Son también los pulmones respirando smog. Se nos obliga a “fumar” humo de gasolina y diésel. Es también el precio fluctuante del petróleo, que se “chupa” una parte importante de nuestras divisas, de lo que le entra al país gracias a las exportaciones. Un ferrocarril de la GAM debe ser eléctrico, con electricidad producida por fuentes renovables para disminuir la contaminación.

La pregunta es inevitable. ¿Por qué ni la Unidad Social Cristiana ni Liberación Nacional, en cualquiera de sus varias administraciones, pusieron la raqueta a funcionar? ¿Por qué no se ha acondicionado un servicio de trenes rápidos para mover diariamente a tanta población? Siendo las distancias tan cortas, un tren que viaje a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, incluyendo las paradas, permitiría viajar de Alajuela a Cartago en unos 45 minutos. En lugar de una respuesta, les voy a decir un secreto a voces. Los empresarios autobuseros acostumbraban (o acostumbran) financiar a los dos partidos mayoritarios de modo simultáneo. Platita para Liberación Nacional, platita para la Unidad Social Cristiana. Con esa maniobra ellos siempre ganaron, y nosotros siempre perdimos. ¿Vivimos en una democracia o en una plutocracia? Democracia: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (frase de Abraham Lincoln). Plutocracia, gobierno de los adinerados (frase del diccionario). Cuando esté atrapado en una presa inacabable, dele las gracias al bipartidismo.

Profesionales: ¿Quiénes roban impuestos?

Ahora que en la actual Asamblea Legislativa han empezado a amenazar, con mayor concreción, con recortes salariales vía proyectos de ley sobre empleo público a los empleados públicos, al responsabilizárseles injustamente por el déficit fiscal en función de los salarios que devengan al laborar para el Estado; conviene detenernos a reflexionar sobre las remuneraciones salariales de los y de las profesionales en la Administración Pública; pero, especialmente, centrándonos en aquellas personas trabajadoras profesionales del Gobierno Central y sus entes adscritos.

Tengamos presente que en Costa Rica esto del déficit fiscal se mide únicamente considerando la estructura financiera del Estado en un 40%, que es la que pasa anualmente por el control parlamentario, con ocasión de la discusión legislativa sobre el mal llamado presupuesto general de la República que, más bien, es el presupuesto parcial de la República; pues el otro 60% no pasa por el ojo visor de las personas legisladoras.

Por eso es que en esto del robo de impuestos de los sectores profesionales del país y para efectos del presente comentario, nos estamos centrando en las responsabilidades tributarias que sí cumplen quienes están en la planilla del Gobierno Central y sus entes adscritos.

La satanización que se ha venido haciendo en los dos últimos años, mediando esa brutal campaña político-mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, no ha permitido un debate integral y una visibilización correcta de cuál es el aporte tributario a las finanzas públicas, a la colectividad social, al bien común, por parte del profesional asalariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, si lo comparamos con la circunstancia de quienes con igual rango profesional ejercen estas actividades, por fuera, en lo privado, en lo que se conoce como el ejercicio liberal de la profesión.

Prácticamente ha pasado inadvertido un importante y reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) al respecto, destacando sobre la contribución a la sociedad de las actividades profesionales en ejercicio liberal, durante el periodo de los años 2011 al 2015.

El estudio del ente contralor destaca las siguientes actividades profesionales en ejercicio liberal: medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, abogacía, notariado, contabilidad, auditoría, informática y veterinaria.

“Curiosamente”, en esos cuatro años que abarca el estudio de la CGR, el 56% de los y de las profesionales de tales actividades, declararon cero impuestos, declararon no tener utilidades, indicaron que no ganaron un centavo por ejercer cada una de esas profesiones.

¿Se puede imaginar usted, estimado y estimada profesional asalariado del Estado (ya no solamente del Gobierno Central y sus entes adscritos), puntual pagador del impuesto de la renta sobre su salario, porque se lo rebajan de planilla, que eso sea real?

¿Puede usted creer que esos profesionales como usted, que “trabajan en la calle”, ejercieron su profesión casi que “gratuitamente”, como para declarar cero impuestos porque tuvieron cero utilidades en su actividad profesional?
La auditoría que al respecto hizo el ente contralor fue más específica al señalar que hay 10.893 contribuyentes que declararon cero de impuesto de utilidades reiterativamente en los cinco periodos del estudio; 8.681 lo hicieron en cuatro periodos y 9.797 en tres periodos.

En contraste, el ciento por ciento de los y de las profesionales gubernamentales, sí declararon renta pues, como indicamos, se rebaja de planilla. En el Estado, en el Gobierno Central, ningún profesional puede mentir acerca de sus ingresos salariales, no puede esconderlos, disimularlos, evadirlos.

Aquí salta una gran contradicción en el seno de la actividad profesional, contrastando la que se da dentro del Estado, en condición de asalariada, con relación a la que se da en condición de ejercicio liberal de la misma.

La actividad profesional en condición asalariada, amenazada como jamás pudo estarlo de ser precarizada, con la eliminación del pago de la dedicación exclusiva (para citar solamente un ejemplo de ataque neoliberal al salario público), pareciera ir en ruta hacia su empobrecimiento; mientras que la actividad profesional “de la calle”, es la que estaría en condiciones de generar más renta genera precisamente por esas condición de evasión tributaria, vía declaración de cero impuestos; renta que se evade a pesar de que es relativamente baja según el actual carácter de profunda regresividad del sistema tributario costarricense.

Lo que corresponde, por el contrario, es el ataque frontal a la evasión tributaria que se manifiesta en el ejercicio liberal de las indicadas profesiones y otras de similar rango académico. Es un grave e irreparable error la precarización y el abaratamiento del ejercicio profesional en condición asalariada para el Estado y, específicamente, para el Gobierno Central.

El cuento de que lo que se pretende en materia del plus denominado y conocido como dedicación exclusiva es eliminarlo, restringirlo, regularlo pero para los y las profesionales del futuro, nadie se lo cree; puesto que lo que está en el fondo es un contenido ideológico relacionado con las intentonas de precarización del empleo, como parte esencial de nuevos impulsos al angustiante y peligroso proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad, el problema número uno de nuestra sociedad actual.

Por demás, empobreciendo a los y a las profesionales del sector público, actuales y futuros, no se va a resolver, para nada, la naturaleza estructural del déficit fiscal, si es esto, en verdad, la real preocupación de quienes atacan al empleo público desde ciertas curules legislativas.

Además, si consideramos que el ataque neoliberal a los salarios del sector profesional estatal, no comprendemos cómo puede incluirse a los y a las profesionales de las municipalidades, si estas no tienen vela en el entierro de eso del déficit fiscal. Que estén metiendo al sector profesional municipal en el proyecto de rebajar salarios del empleo público, nos confirma que la cuestión es ideológica, en esencia, y que lo del déficit fiscal es la excusa.

La naturaleza estructural del déficit fiscal está relacionada con la permanencia en el tiempo de un sistema tributario diseñado para que paguen más los que menos tienen, proporcionalmente hablando; además, un sistema tributario diseñado para que roben impuestos los que tienen que pagar, aunque sea poco, según esa perversa naturaleza regresiva (ahí está el caso de los 335 importadores que evadieron impuestos de aduanas); un sistema tributario diseñado para que el Estado se endeude al máximo y ganen muchísimo los que le pueden prestar plata para que este funcione.

Por supuesto que en materia del ejercicio liberal de las profesiones mencionadas por el estudio del ente contralor de la República, y otras profesiones de igual rango académico, sí hay gente honesta con relación a sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Si este estudio que venimos comentando nos habla de que un 56% de actividades profesionales liberales declaró cero utilidades; interpretamos que el 44% de las mismas habría declarado algo, aunque desconocemos la proporción real y verdadera.
Lo que sí tenemos en mente es que, en esto de tributar por el ejercicio de actividades profesionales liberales, pensamos en ciertos consultorios privados desde donde se ejercen las mismas que no aceptan el pago mediando una tarjeta de crédito y sólo reciben dinero en efectivo a cambio de la consulta que se fue a efectuar o el servicio profesional que se fue a solicitar. ¿Por qué será?…

Seccional ANEP-MEP se reúne con Oficial Mayor del ministerio

Algunos de los temas expuestos durante la reunión fueron el alquiler de edificios y la posibilidad de que el MEP cuente con sus propias instalaciones, el cumplimiento de la Ley 7600 en las edificaciones que ocupan actualmente.

Asimismo, expusieron los escasos suministros higiénicos para los diferentes edificios del MEP y solicitaron los permisos para ubicar buzones de la Seccional en las instalaciones centrales del MEP.

Otro de los aspectos mencionados es la necesidad de que los actuales interinos sean nombrados en propiedad en las plazas que ocupan actualmente.

Kathya Duarte Moreira, miembro de la Seccional ANEP-MEP explicó los avances que dio el Oficial Mayor con respecto a los puntos antes mencionados.

Patria Justa, Centrales Sindicales y SEC se reunieron con Jefatura de Fracción del PLN

El Colectivo Sindical Patria Justa, las Centrales Sindicales CMTC, CUT, Rerum Novarum, la Juanito Mora; y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) se reunieron la mañana de este jueves con la Jefatura de Fracción del Partido Liberación Nacional y el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Densanti, para dar conocer la posición sobre los diversos proyectos de ley que atentan contra el empleo público.

Durante casi dos horas los representantes sindicales junto a los diputados Rolando González, Mauren Clarke, Sandra Piszk y Antonio Álvarez realizaron un debate sobre dichos proyectos de ley, así como las aspiraciones de las organizaciones sindicales.

Albino Vargas Barrantes, coordinador de Patria Justa indicó que fueron muy claros al indicar que el proyecto de Ley N° 19.923 “Ley para racionalizar el gasto público” tiene que ser “archivado y descartado de la discusión parlamentaria”.

Otra de las solicitudes de las organizaciones sindicales representadas en Patria Justa, Centrales Sindicales y SEC, es que se tramiten todos aquellos proyectos de ley para combatir el robo de impuestos, la evasión fiscal, así como la elusión tributaria.

En materia de empleo público tanto Patria Justa, las Centrales Sindicales y el SEC mostraron su disposición para hablar del tema, pero como corresponde, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Nuestras organizaciones sindicales nos estaremos reuniendo en las próximas horas para afinar los planes de salida a las calles y la huelga general que ya convocamos”, finalizó Vargas.

¿Cuál fue el legado político que dejó Óscar Arias Sánchez?

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) expone algunos datos de exclusión social que dejó el arismo y considera que la deuda social debería ser honrada por el Partido Liberación Nacional (PLN); esto tras la declinación a una tercera postulación a la presidencia de la República de Óscar Arias Sánchez.

Estos son algunos de los datos que dejó el arismo al país:

1- Entre el 40-45 % de la Población Económicamente Activa (PEA), en edad de trabajar, está en la informalidad, al margen de la Seguridad Social.

2- Cerca del 33 % de quienes laboran asalariadamente para el sector Privado, ni siquiera reciben el salario mínimo de ley, por demás, sumamente precario.

3- El desempleo, integralmente conceptuado, abierto y encubierto, parcial y precario, está superando el 20 %. Aunque las cifras oficiales lo estén situando en un 10 %.

4- El desempleo juvenil es dolorosamente dramático: por ejemplo, tenemos un 48 % de jóvenes entre los 18 y los 35 años que están buscando empleo, no lo encuentran.

5- La crisis fiscal más grande de la historia económica del país, según la perspectiva neoliberal: casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), como déficit; la tercera parte del presupuesto del Estado central se va, prácticamente, en pago de intereses. La clase trabajadora asalariada del sector Público está pagando las consecuencias al tener su salario congelado

6- Una evasión fiscal y un sistema de robo de impuestos del orden del 8.5 puntos PIB, superando el promedio en la América Latina en tal sentido, que según la CEPAL es del orden del 6.7 %. Nos hereda un sistema tributario profundamente regresivo, pues nunca utilizó su capital político en cambiarlo para el fomento del bien común y de la inclusión social.

7- Los TLC’s neoliberales, como el que se nos impusiera con Estados Unidos, ardorosamente defendido por él, han generado pérdida de tributos al fisco del orden de los 2.5 – 3.5 puntos de Producto Interno Bruto (PIB).

8- La concentración abusiva de la riqueza indica que el 20 % más rico de la población acapara más del 50 % de la riqueza nacional.

9- Gran cantidad de servicios públicos vitales, muchos de ellos dirigidos a atender sectores muy vulnerables de la población, completamente debilitados; con empleo y condiciones de trabajo en estado precario y con salario público congelado; por ejemplo, los servicios públicos policiales.

10- Con el TLC que nos dejó con Estados Unidos, la clase trabajadora sigue sin motocicletas BMW y sin carros Mercedes Benz. Ahora que se fue recordamos lo que pregonó al respecto cuando defendía dicho tratado: “Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”.

Renta: la verdadera discusión tributario-fiscal

Podríamos afirmar que estamos en medio de una discusión sobre la cuestión fiscal-tributaria nunca antes dada en el país. Al menos, por los contenidos de la agenda que al respecto a puesto en la mesa el propio gobierno del presidente Luis Guillermo Solís Rivera; y, por otra parte, lo que ha colocado para el debate los sectores político-partidistas afines a la ideología del capital, especialmente el de corte neoliberal, mediando algunas figuras parlamentarias que actúan como peonada política de este.

Ahora que recibió primer debate el proyecto contra el fraude fiscal, totalmente insuficiente según nuestro criterio para atacar, con contundente eficiencia la magnitud del robo de impuestos en nuestro país, de unos 8,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), aunque representa un avance en la dirección correcta; el paso siguiente en el debate parlamentario debe ser acerca de la naturaleza profundamente regresiva del sistema tributario costarricense, poniendo en concreto sobre la mesa la cuestión del impuesto sobre la renta.

El tema de los pluses salariales como remuneraciones adicionales al salario base en el empleo público, ha sido utilizado por los sectores que hemos mencionado en el párrafo primero de este comentario, como una cortina de humo para impedir que emerja con potencia un debate sumamente necesario y crucial para la sociedad costarricense de hoy y la del futuro inmediato y mediato: es el debate sobre la cuantía de impuesto de renta a pagar según capacidad de ingreso y de acumulación.

Este debate no puede ser más que para transparentar las extraordinarias ganancias, la acumulación excesiva de capital, el apabullante proceso concentrador de la riqueza y, por ende, la práctica entronización de la desigualdad en nuestras relaciones sociales, generado todo ello a partir de la apertura comercial impuesta por la globalización neoliberal y su más “sofisticada” expresión, los TLC de igual corte ideológico; precisamente ahora que otros TLC, los de segunda generación e igualmente neoliberales, se ven venir en contra de nuestro país, como el TISA.

Por otra parte, será una gran cortina de humo para ocultar la necesidad de tal debate, poner a tramitar ya la propuesta gubernamental de transformar el actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo del 13 al 15%, aunque fuera un aumento gradual en tres años.

Como sabemos, este impuesto es el más injusto de todos, pues se aplica inmisericordemente, sin contemplar la capacidad de ingreso de las personas y de las familias; además, es el principal instrumento para la propaganda ideológica de voces político-demagógicas al servicio del robo de impuestos y hasta del dinero sucio del narcotráfico, para manipular a los sectores populares y que estos no reparen en la necesidad del debate tributario de fondo: el de la renta.

Mal hace el actual Gobierno cediendo a esa especie de chantaje político, poniendo en el tapete y al mismo tiempo de la discusión político-parlamentaria, pluses salariales del empleo público, IVA y renta.

En el marco de toda esta discusión, pensamos que las autoridades gubernativas actuales, especialmente las de corte hacendario, deben tener a mano un valioso estudio acera de estos temas tributarios relacionados con el bienestar de nuestras sociedades centroamericanas y, especialmente la costarricense. Igualmente, las diputaciones honestas y sus correspondientes asesorías profesionales, ya sea que concuerden o no estén de acuerdo con el pensamiento sindical nuestro, deben tener como cabecera el siguiente estudio.

En todo caso, a lo mejor y con seguridad ya lo conocen, pero nos pareció necesario mencionarlo por el momento que estamos viviendo y para compartirlo con nuestros ilustres lectores. Veamos:

“Política fiscal:expresión del poder de las élites centroamericanas”, una publicación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con el patrocinio del Center For Latin American & Latino Estudies, de la American University, Washington, D. C., Estados Unidos. Además, el libro que recoge este estudio se debe al apoyo de la embajada de Suecia, en Guatemala; así como por parte de la Christian Aid y la Ford Foundation.

El Icefi, cuya seriedad y profesionalismo, rigurosidad científica y objetividad investigativa se deduce al poder exhibir tales respaldos patrocinadores, persigue este objetivo: “Con una visión integral y de largo plazo, el Icefi promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales en y sobre el área para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Al analizar el caso costarricense de su trabajo (repetimos el título: “Política fiscal :expresión del poder de las élites centroamericanas”, el Icefi titula el capítulo que nos compete de esta forma sugestiva: _“Costa Rica: favorecer a los exportadores, sacrificando la inversión social y el desarrollo democrático”; _dándonos una pista importante que nos ayude a explicarnos las razones por las cuales tenemos hoy en día dos Costa Rica: la de los incluidos y la de los excluidos o en vías de serlo.

La provocación para entrarle al estudio de esta investigación, seriamente, se constata con la lectura de los títulos de los apartados del capítulo costarricense: “Evolución de las finanzas públicas en Costa Rica: 1980-2011”; Política tributaria y gasto público: promoción y consolidación del modelo de apertura y la década perdida de la política tributaria costarricense”; “Marco de análisis del impacto de las élites económicas en la política fiscal costarricense”; “Las nuevas élites económicas de Costa Rica”; “Los beneficios fiscales de las élites tributarias”; y “Conclusiones sobre el papel de las élites económicas en la política fiscal”.

Como ven ustedes, un extraordinario documento sumamente apropiado para la discusión en desarrollo sobre los temas tributarios que vienen estando en la agenda nacional de los últimos meses.

En el último apartado, “Conclusiones sobre el papel de las élites económicas en la política fiscal”, permítannos ustedes transcribirles este emblemático párrafo: “La consecuencia de no resolver de manera adecuada y permanente los desequilibrios fiscales de las últimas décadas ha sido la acumulación de deuda pública interna y el crecimiento de la partida de gasto por intereses. Esto debe sumarse a los beneficios fiscales que existen para las rentas financieras.

De esa cuenta, la política fiscal se ha convertido más bien en un mecanismo de redistribución inversa de la riqueza, trasladando recursos del agregado de la sociedad al grupo de tenedores de la deuda, contribuyendo además con la pérdida de equidad horizontal y vertical del sistema tributario” (página 389 del mencionado libro).

Noten ustedes cómo, en realidad, el corazón del debate tributario actual es por el lado del impuesto sobre la renta y todo lo que ello implica. Que lo de los pluses salariales es una cortina de humo; y que lo del IVA no es más que, por ejemplo, para favorecer la permanencia de los beneficios fiscales que existen para las rentas financieras porque no hay fuerza política capaz de enfrentarse a este poder.

Si esto no es así, cómo explicarse que en los primeros siete meses de este año 2016, los fondos de inversión inmobiliarios destinaron 145 millones de dólares para la compra de nuevos edificios, un monto casi igual a la totalidad de recursos invertidos, en la misma línea, durante todo el 2015. Así lo conocimos por publicación de un periódico de circulación nacional, en su edición del pasado viernes 17 de setiembre de 2016.

¿Cuánto es en colones, 145 millones de dólares? Nada más y nada menos que setenta y ocho mil trescientos millones de colones (78.300.000.000,00). Dice la mencionada información de prensa que toda esa plata se movió, solamente, para la compra de 37 edificios, movidos por las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI); operaciones financieras que quedan registradas en la Superintendencia General de Valores (Sugeval). ¿De cuánto fueron las responsabilidades tributarias de las empresas, de los bufetes, de los socios involucrados en esta multimillonaria transacción, una sola entre tantas de similar naturaleza…?

¡Por Dios Santo! ¿Todavía tienen la desfachatez, el descaro, el cinismo, la crueldad de seguir responsabilizando a las personas que laboran en el sector público, a sus salarios, a la clase trabajadora asalariada, en general, del déficit fiscal? La verdadera discusión tributaria es el tema del impuesto sobre la renta. ¡No es otra!