La macroeconomía bien…, pero la gente, ¿qué?

En lo que podríamos catalogar como un certificado de buena conducta, el economista neoliberal don Jorge Guardia Quirós, de gran renombre y alto respeto en el mundo del capital costarricense, habló “bellezas” acerca del manejo de la política macroeconómica que está ejecutando el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En su columna “En guardia”, que le publica el periódico La Nación, del pasado martes 6 de setiembre de 2016 (página 24A), leemos lo siguiente: “No se visualizan crisis internas ni externas… El PIB crece al 4% real y algo más el año preelectoral; la inflación seguirá baja en el 2017 (difícilmente habrá manifestaciones por el costo de vida); hay crédito suficiente para producir y tranquilizar al empresariado; el régimen cambiario es flexible y el nivel de reservas del Central es el más alto de la historia (se le abulta el pantalón a la altura del trasero por el grosor de la billetera); la economía internacional sopla vientos cálidos (el FMI aún mantiene crecimiento positivo en el 2017); el brexit no resultó ser tan gravoso; la Fed subirá (al suave) las tasas de interés (apaciguando las salidas de capital); y los expertos afirman que el precio del petróleo permanecerá relativamente bajo. (¡Ay carajo!)”.

¡Ay carajo!, también decimos nosotros. Que desde las tiendas del neoliberalismo le tiren piropos al gobierno PAC por el manejo de su política macroeconómica (aunque con esas “ayudaditas” externas), nos brinda un fuerte referente de que, macroeconómicamente hablando, se estarían haciendo mejor las cosas a ese nivel, de lo que en su momento se estuvo ejecutando desde el tradicional bipartidismo gubernamental PLUSC.

Lo que nos llama la atención es que, según el dogma neoliberal, una de las cuestiones centrales de un panorama macroeconómico exitoso incluye el manejo del asunto del déficit fiscal. En el certificado de buena conducta que el señor Guardia Quirós le extendió al gobierno PAC, no se menciona para nada eso del déficit fiscal.

Algo no nos calza al respecto, en medio de nuestro empirismo en estos especializados temas de la macroeconomía que solo deben ser tratados por sus especialistas, según el decir del oficialismo hegemónico.

La duda que aflora, con base en la perspectiva neófita de quienes nos hemos “atrevido” a incursionar en estos temas de macroeconomía, sabiendo solamente que 2 más 2 es 4 (pero que no necesariamente es 4 cuando se cruzan con la política de la hegemonía); es cuánto de cierto ha habido en que tener un 6% de déficit fiscal equivale a un “final de los tiempos” o a la “llegada del Apocalipsis”, tal y como nos lo han querido meter en nuestras mentes en todos estos meses, con los “fórceps” ideológicos de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en el tema del empleo público.

Si para alguien como el señor Guardia Quirós, selecto adherente él de la ideología política del neoliberalismo (con ropaje socialcristiano), macroeconómicamente hablando el gobierno PAC está haciendo bien las cosas; si el déficit fiscal no le mereció consideración para otorgarle a este gobierno tal certificado de buena conducta; entonces, lo de los pluses salariales que también tocó el distinguido y respetado ciudadano economista en la columna que estamos comentando, es un asunto ideológico, tanto como el tema de los impuestos que se están debatiendo en estos momentos.

Y es aquí donde queremos aterrizar: si los indicadores macroeconómicos actuales son del agrado de los neoliberales, al punto de que el déficit fiscal no impide que al gobierno PAC le den un certificado de buena conducta; quien no le da certificado de buena conducta al presente gobierno PAC, son las mayorías populares, obreras y ciudadanas pues, precisamente, el crecimiento económico que está experimentando el país, según los indicadores macroeconómicos que tanto le gustan al Sr. Guardia Quirós, no se están traduciendo en mejor bienestar para la gente; y, por el contrario, indicadores de otra naturaleza, como los de orden social, nos dicen de que la desigualdad no se detiene, para únicamente citar un punto.
La gente no come macroeconomía. Algunos, cada vez más pocos, viven en una glotonería exasperante, avanzando en la concentración de los beneficios del crecimiento económico que los tales indicadores macroeconómicos ensalzados por el Sr. Guardia Quirós, les depara.

Entonces, esos indicadores macroeconómicos deben ser redimensionados para impulsar grandes decisiones de política pública hacia la distribución, en los más diversos órdenes. Está bien lo del primer debate al proyecto de ley contra el fraude fiscal, pero no bastará.

Más allá de lo que esta iniciativa contra el robo de impuestos, ya en operación plena, pueda representar en generar miedo a los grandes ladrones de impuestos (como esos que usan las artimañas denunciadas en “Los papeles de Panamá”), lo realmente medular en todo esto será el desafío de la transformación del impuesto sobre la renta, de renta cedular, a renta global-universal, y hasta mundial.

Aquí sí estará en esencia el verdadero combate de clase en cuanto a la necesaria y justa repartición equitativa de los beneficios del crecimiento económico, que posibilitan esos buenos indicadores macroeconómicos aplaudidos desde las tiendas neoliberales.

¿Tendrá, ahora, el Presidente Solís Rivera el arrojo suficiente como para convocar a toda esa vasta variedad de sectores sociales que le llevó a Zapote y construir el músculo social imprescindible para enfrentar el desafío de la transformación del impuesto sobre la renta? Ojalá que sí y que recordara el acontecimiento del día 5 de mayo de 2014, en el Club Unión, cuando lo más representativo y convocante de la sociedad civil organizada le ofreció una propuesta de trabajo hacia la inclusión social en el gobierno del autoproclamado “cambio”.

El combate a la desigualdad es el desafío estratégico de nuestro tiempo, dentro del país y allende de nuestras fronteras. La transformación del impuesto sobre la renta está llamada a hacer justicia distributiva, como el mismo señor Guardia Quirós lo apuntó en su artículo.

La pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la precariedad del mismo, la pobreza y el congelamiento salarial, el deterioro de los servicios públicos esenciales, la violencia en todas sus manifestaciones y hasta el flagelo del marco, son expresiones de una sociedad que ha renunciado a la integración social; de una sociedad que podría ir en ruta hacia un Estado fallido, como lo están mostrando prestigiosos estudios internos y externos. De una sociedad que pareciera resignarse a ser desigualdad, instaurando el “sálvese quien pueda” como norma reguladora, más bien, desintegradora, de la convivencia en sociedad.

ANEP solicita a Mideplan agilizar aprobación de Reorganización del Ministerio de Justicia

Jorge Ortega, jefe de la Unidad de Reforma Institucional y Carlos Romero, analista de reorganización del Mideplan atendieron a la seccional ANEP- Policía Penitenciaria.

Benjamin Sevilla, representante sindical explicó que el Manual de Clases, entre otros aspectos, busca equiparar las bases salariales con otros cuerpos policiales.

ANEP recuerda el contrato de negocio de Ronald Jiménez con el Ministerio de Hacienda

I Parte
h1. ¿Dos UCCAEP?

Valga la oportunidad para reiterar, de manera contundente, que este columnista no tiene acceso a información tributaria alguna, como de forma malintencionada se ha pretendido argumenta como “punto fundamental” para que no haya el indicado registro de accionistas.

Por Albino Vargas Barrantes. Secretario General ANEP

El asunto de si el país tendrá o no tendrá un registro de accionistas de las sociedades anónimas para que se sepa, tributariamente hablando, quiénes son los beneficiarios de las mismas y cuánta plata están ganando por año fiscal, quedó transformado como el “corazón de oro” de toda la discusión de los últimos tiempos sobre déficit fiscal, sistema tributario, reforma del Estado y similares.

La posibilidad de que Costa Rica abandone la etapa tributariamente “prehistórica”, con el establecimiento del indicado registro de accionistas, tiene histéricos a los sectores corporativo-empresariales de mayor poder económico; pues su rotunda oposición al respecto dejó de tener sentido real, con ocasión de la visita al país del señor José Ángel Gurría Treviño, economista neoliberal de origen mexicano y actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el denominado “club de los países ricos” al cual quieren que Costa Rica se adhiera (¡!).

Tal histerismo quedó muy bien mostrado a partir de las dos posiciones que nos ha estado exhibiendo el más renombrado sindicato empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), por intermedio de su máximo dirigente actual, don Ronald Jiménez Lara.

Recuerde usted que nuestra carta magna, la Constitución de la República de Costa Rica, actualmente vigente y que data del 7 de noviembre de 1949, señala en su artículo 60 que: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Efectivamente, los sindicatos de los patronos se llaman “cámaras” y la unión de éstas o de varias de ellas, crea una especie de central sindical patronal, como lo es la UCCAEP.

Ahora bien, volviendo al tema neurálgico del registro de accionistas parece que el máximo líder de la UCCAEP, colega dirigente sindical pero él del lado patronal y nosotros del lado obrero, pero colegas al fin; fue a Casa Presidencial y delante del señor de la OCDE llegó a un acuerdo con el Presidente Solís para que hubiera registro de accionistas.

Eso fue el pasado 1 de marzo (si no estamos equivocados), y hasta ambos se tomaron una foto, mostrando sonrisas a lo anuncio de pasta dental, apareciendo juntos y horas después, en una conferencia de prensa. Eso sí, la UCCAEP fue muy específica: tal registro de accionistas iría según sus condiciones; no las del bien común y las del interés ciudadano, agregamos nosotros.

Poco después, Diario Extra denunció que el colega dirigente sindical patronal, presidente de la UCCAEP, tiene un contrato millonario por medio del cual el Estado, vía Ministerio de Hacienda, le compra servicios de seguridad informática para custodiar la sensible información tributaria que dicha institución maneja de (suponemos nosotros), toda clase de ciudadanos y personas físicas que pagamos impuestos, así como de cualquier cantidad de empresas de todo tamaño que deben tributar.

El “contratillo” del colega dirigente sindical empresarial con el Estado, por esa custodia de su documentación tributaria, estaría ascendiendo a la suma de ¡3 millones 100 dólares anuales! En colones, mil 674 millones de colones; casi 140 millones de colones al mes. O lo que es lo mismo, 4 millones 650 mil colones por día recibe la empresa de Ronald por custodiar su información tributaria y la nuestra. En tal caso podría usted muy bien preguntarse lo siguiente: ¿quién, que no fuera el Ministerio de Hacienda, podría tener “mejor” acceso a su información tributaria?
Luego de la revelación pública de Diario Extra de que el colega sindicalista de corte empresarial tenía tal “contratillo”, el sindicato patronal que él lidera, la UCCAEP, vuelve a su posición original, es decir, contraria a que haya registro de accionistas.

El periódico La República así lo indicó en su edición del pasado viernes 4 de marzo: UCCAEP aclara que sigue en contra de creación de registro de accionistas. En el mismo sentido, leemos en el Diario Extra del pasado sábado 5 de marzo: UCCAEP vuelve a postura contra impuestos. El antetítulo de esta nota dice: “Informaciones inexactas” serían causa del doble discurso.

Imposible que no nos formulemos la pregunta y/o el cuestionamiento de si en esto del registro de accionistas, el sindicato empresarial más connotado del país, tiene dos posiciones: la que le dijeron al señor de la OCDE y la que tenían antes de la visita del Sr. Gurría y que la retomaron luego de que él se fue.

¿Dos UCCAEP? ¿La de su Presidente, considerando su “contratillo” de custodia de la información tributaria del Estado; ó, la de todo este sindicato empresarial que no quiere registro de accionistas alguno?

Valga la oportunidad para reiterar, de manera contundente, que este columnista no tiene acceso a información tributaria alguna, como de forma malintencionada se ha pretendido argumenta como “punto fundamental” para que no haya el indicado registro de accionistas. Por el contrario, ahora usted, que nos honra leyendo todas las semanas, puede colegir quién si podría tener acceso a este tipo de información…

II PARTE
h1. ¿Dos UCCAEP?

Ahora, con los documentos en mano le compartimos a usted los siguientes datos. Estamos hablando de una contratación directa, entre el Ministerio de Hacienda y la empresa del señor Jiménez Lara, llamada Ideas Gloris S. A.

Por Albino Vargas Barrantes. Secretario General ANEP

Confesamos que “metimos la pata” en nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema. Nos fallaron nuestras matemáticas. El contrato que tiene la empresa del señor Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), don Ronald Jiménez Lara, para custodiar la información tributaria del país, la de las empresas, la de las personas, supera los mil setecientos millones de colones anuales: 1.700.000.000.oo.

Al convertir la cantidad de dólares de tal contrato, según lo denunció el periódico de mayor circulación de Costa Rica, que es el más leído, DIARIO EXTRA, 3 millones 100 mil dólares; equivocadamente dijimos que en colones equivalía a la cantidad de 167 millones 710 mil colones. ¡Qué va! Supera, efectivamente, los mil setecientos millones de colones.

Ahora, con los documentos en mano le compartimos a usted los siguientes datos. Estamos hablando de una contratación directa, entre el Ministerio de Hacienda y la empresa del señor Jiménez Lara, llamada Ideas Gloris S. A. Esa contratación directa se llama “Servicio de un Centro de Procesamiento de Datos y Equipamiento”.

Lo firmaron, por el lado institucional, la señora Dina María Víquez Esquivel, en su calidad de Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda. Por el lado empresarial, don Johnny Xatruch Benavides, a nombre de Ideas Gloris S. A., siendo presidente de la misma don Ronald Jiménez Lara, según leemos en la certificación literal del Registro Nacional a la cual tuvimos acceso.

El contrato mencionado que, repetimos, es para que custodien su información tributaria, la de su empresa, la de todos, se firmó en el presente gobierno, el 20 de mayo del 2015.

La cifra exacta y según el documento de rigor para “efectos fiscales”, es en dólares de 3.188.505.52, o sea, tres millones 188 mil 505 dólares, con 52 centavos. En colones, mil 717 millones, 137 mil 762 colones con 74 céntimos (1.717.137.762.74).
Como habrán notado, nada que ver esta cantidad con la que, equivocadamente, dijimos la semana pasada, ¡era diez veces mayor! En verdad, ¡qué “metida de pata” la nuestra! Disculpas por ello.

¡Así es! La empresa del señor presidente de la UCCAEP se gana con el indicado contrato, 3.312.38 colones por minuto; 198.742.80 colones por hora; 4.769.827.12 colones por día; y, por mes, 143.094.813.56 colones. ¡Nada más y nada menos!
¡Ah! El contrato podría extenderse hasta por tres años. Al final de tal plazo, la empresa del señor presidente de la UCCAEP, podría haber recibido por 5 mil 151 millones de colones (exactamente, 5.151.413.288.22).

Cualquier cantidad de preguntas conviene formular y, con gran respeto, directamente planteadas para el honorable ciudadano Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas. ¿Por qué un contrato de este calibre?; ¿por qué no se invirtió en infraestructura tecnológico-informática del propio Ministerio de Hacienda?; ¿por qué contratación directa?, ¿cuáles fueron los fundamentos para ello?, ¿participaron otras empresas?, ¿quién, desde el Ministerio de Hacienda, llevó la negociación con la empresa de don Ronald?; etc., etc.; etc.
Hemos insistido en este asunto porque no podemos dejar de relacionarlo con la polémica sobre el establecimiento en el país del registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; considerando que el grupo empresarial de los sindicatos patronales que preside don Ronald, la UCCAEP, insiste en que si, finalmente, existirá tal registro, debe estar fuera del Ministerio de Hacienda.

¿Para qué? ¿Para que lo maneje la empresa de don Ronald, con un contrato parecido o superior al que venimos comentando? ¿Para qué lo maneje un consorcio corporativo-empresarial? ¿Para que esté en el Banco Central de Costa Rica pero concesionado, vía contratación directa, a otros grupos empresariales (como el de don Ronald), asociado a la UCCAEP?

Ahora no solamente quedan flotando en el ambiente los dos grandes grupos de interrogantes que acabamos de mencionar y que alimentan nuestras desconfianzas en las verdaderas intenciones del señor Presidente de la UCCAEP con relación al llevado y traído tema del registro de accionistas.

Sino que, viendo cómo la propia UCCAEP se está contradiciendo de lo que su presidente, supuestamente, acordó con el de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, al respecto, prácticamente no quedaría más que “tocar el réquiem” con respecto a posibilidades reales de acuerdos nacionales en materia fiscal-tributaria; dejando espacio abierto para una profundización de la misma con consecuencias insospechadas para la gran mayoría de la población y de las empresas… excepto la de don Ronald que, como le acabamos de informar, tiene en perspectiva ganarse hasta más de 5 mil millones de colones, por guardar, por custodiar, su información tributaria, la de todos, la nuestra propia.

ANEP logra acuerdo y pone fin a paro de labores en AyA de Pérez Zeledón

Cerca de 100 trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) destacados en la sede de Pérez Zeledón levantaron hace pocos minutos el paro de labores que mantenían desde el día de ayer por falta de vehículos para atender averías y servicio a la comunidad, esto luego de alcanzar un acuerdo con la Presidencia Ejecutiva de AyA.

El acuerdo alcanzado con la Seccional ANEP-AyA establece la asignación momentánea de tres vehículos para labores operativas, los cuales son utilizados normalmente para diligencias administrativas. Además, se acordó no ejecutar acciones de represalias contra los trabajadores que participaron del movimiento.

Durante la reunión la Presidenta Ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga, aclaró que la compra de vehículos no se había realizado por la restricción de la Directriz H23, emitida por el Ministerio de Hacienda, sin embargo la misma fue modificada el día de ayer por la Presidencia de la República; por lo que se espera incluir la compra de algunos vehículos para labores operativas en la sede de Pérez Zeledón en el próximo presupuesto.

Edwin Marín Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-AyA indicó que se logró el objetivo en beneficio de la comunidad, ya que con la asignación de estos vehículos y la compra de nuevos el próximo año, se le dará una atención de calidad a los usuarios y las averías.

“Estamos muy satisfechos por el resultado y por la modificación de la Directriz H23 que permitirá la adquisición de equipos y herramientas para las regiones de AyA que así lo requieran”, finalizó Marín.

Sacrificados campesinos

El primer día de mayo fue fiesta en la Catedral Metropolitana de San José. Multicolores camisetas anunciaban la presencia de sindicalistas, los trajes enteros delataban la comitiva del Presidente don Luis Guillermo Solís Rivera y los ornamentos sagrados a los ministros ordenados que se aprestaban a llegar al presbiterio. Todos llevábamos nuestro propio traje para honrar a San José Obrero, patrono universal de las trabajadoras y los trabajadores.

Después de cantos y lecturas, resonaron las palabras del Pastor Arquidiocesano: “Hoy quiero hacer especial mención de los pequeños productores del campo, nuestros sacrificados campesinos”.

¿Por qué sacrificados?, inmediatamente me pregunté.

Mons. José Rafael Quirós, venido de las tierras fértiles de Los Ángeles de Llano Grande en Cartago, algo importante tenía que responder y dijo: “El pequeño productor nacional debe competir con empresas transnacionales en el proceso de siembra, cosecha y comercialización.”

Sus palabras interpelaban por su análisis estructural, e iban a fondo con el modelo de economía de mercado. Y agregó: “el agro costarricense urge de políticas públicas que rescaten al productor nacional. En poco tiempo bajarán los aranceles para la importación de algunos productos agrícolas, fruto de los acuerdos comerciales internacionales establecidos por el país, lo cual aumentará la incertidumbre de los pequeños productores”.

Pero no se quedó con la denuncia, sino que manifestó algunas acciones que la Pastoral Social propiciaba en favor de los pequeños productores agrícolas y recordó que: “Ante el clamor de este sector, como Iglesia estamos respondiendo mediante proyectos de economía solidaria, que están dando su fruto. Agregó Hago mención del apoyo que se les ha dado a los frijoleros, mediante los mercados solidarios desde hace muchos años. También, la Corporación Hortícola Nacional que nace en su momento bajo el alero e impulso de la Iglesia en diálogo con el Gobierno y autoridades implicadas. Se inició y sigue el acompañamiento a los caficultores en Frailes de Desamparados”.

Me dije, de repente lo anterior es una gota de agua que hace distinto al mar.

En la procesión de ofrendas las niñas y los niños con sus trajes típicos identificaban cada provincia y presentaban al celebrante los frutos de la tierra. Eran deliciosas papas, cebollas, zanahorias y suculentas hortalizas del surco generoso, que esperaba otra vez la semilla y las primeras lluvias de mayo.
En las calles los altavoces desgarraban el discurso encendido a ritmo de comparsa. Se abría otro escenario, bañado de sudor, paleta de colores ideológicos, diversidad de demandas y crítica social.

En esa vitrina josefina se dejaba ver una sociedad costarricense cambiante, pero siempre nueva y vieja. Nueva por las demandas en favor de los colectivos LGBTI, el maltrato animal, el Estado laico, la proclama del aborto como “derecho humano” y otras. Vieja porque siempre repite en la conciencia nacional la denuncia por la corrupción de la clase política empresarial, el desalojo de campesinos, la pobreza y las desigualdades sociales.

La radiografía en la Avenida Segunda dejaba ver la radicalización ideológica que dividía en neoliberales y anárquicos a algunos costarricenses. Dos fuerzas peligrosas para la paz social.

Al final cerraba el desfile del primero de mayo la vieja guardia de izquierda y algunos sindicalistas con conciencia de clase. Como fieles devotos en un primero de agosto, caminaban procesionalmente rindiendo tributo desde sus creencias, esta vez hacia la Asamblea Legislativa.

En el recinto parlamentario la atención de algunos medios de comunicación se fijaba en las chancletas de una legisladora o el traje entero de la diputada que quería llamar la atención por el “machismo” reinante en el momento de la elección del nuevo directorio.

Me dolía que esos mismos medios de comunicación no resaltaran las palabras de Monseñor Quirós, que también denunció: “La pobreza y la desigualdad social se han incrementado en las últimas décadas en Costa Rica”. “El 8,2% de la población del país vive en situación de hambre y subalimentación”. “Creció la indigencia de personas que viven en situación de calle y el número de trabajadores del sector informal”. “Debe existir en materia fiscal una justicia equitativa”. “Costa Rica es lugar de paso que ha generado el tráfico de personas”.

Denuncias proféticas que no dejó de calar en la asamblea litúrgica en la Catedral Josefina.

Y en las calles de transeúntes manifestantes se cerró el telón del primero de mayo. En el aire quedó la sensación de fuerzas ocultas y externas que dominan nuestro país, de sacrificados campesinos y de campesinos sacrificados.

Presupuesto 2017 en Seguridad Pública

No hace falta hacer un gran esfuerzo para darse cuenta de que no es oportuno reducir, o mermar, el presupuesto para la atención de la seguridad ciudadana. Las estadísticas evidencian el incremento de la criminalidad en comunidades proclives y vulnerables al narcotráfico, a la drogadicción y al delito, en detrimento de las personas que optan por encerrarse en sus casas.

Evidenciamos en nuestras giras de trabajo, condiciones laborales que ameritan con urgencia inyección de recursos, delegaciones “cuchitriles” que deberían estar clausuradas, y/o en proceso de remodelación, por ejemplo: Upala, Guápiles, Peñas Blancas, Barras del Colorado, Punta Zancudo, Pavas, Unidad de Intervención Policial, Hatillo, la Carpio, dan cuenta de la necesidad de inversión, y para ello, se requiere de presupuesto.

Hace mal el Gobierno, al restarle presupuesto a la seguridad, en tiempos en donde a diario los medios de comunicación nos informan de ajusticiamientos, homicidios por encargo, asaltos con violencia. Es necesario cuestionar ¿Por qué se debilita la atención de la criminalidad en este tiempo? Lo que sí debería hacer el Gobierno, es solicitar a las autoridades, el plan de inversión, una adecuada supervisión y una buena ejecución del presupuesto.

Nos parece que se viene a propiciar una pelea desigual, “burro amarrado, contra tigre suelto”; ya que el crimen organizado no requiere de la aprobación de presupuesto, ellos lo tienen a manos llenas, por ejemplo: el narcotráfico, por más droga que se les decomise, no ve afectada su operación, por cuanto, es sabido que su ilícito negocio, le permite sumas exorbitantes de dinero.

Por el contrario, muchas veces como resultado de los decomisos de drogas, se incrementan los homicidios; por ende, se incrementa la inseguridad en la población, principalmente, en aquellas que ven más de cerca estas escenas de violencia.

Una economía “barata”, que resulta costosa para el país…

Es evidente que recortar presupuesto en la seguridad ciudadana, podría reflejarse negativamente en el corto plazo esto si partimos de que nuestro país, por año, recibe una importante cantidad de turistas, que vienen a favorecer nuestra economía y que podrían buscar nuevas rutas para sus vacaciones, en caso de que no podamos ofrecer una adecuada atención, en materia de seguridad y prevención.

También es claro, que un posible incremento en la criminalidad, vendría a desestimular la inversión extranjera, justamente en momentos en que nuestros jóvenes, están sumergidos en la angustia que les provoca la falta de oportunidades laborales.

Ante este panorama, poco alentador, debemos traer a colación lo que el propio ministro de Seguridad ha señalado, y es el faltante de policías, que bien podrían ser más que los 1.500 que se han citado. En este contexto se hace necesario analizar el panorama que no resulta muy alentador, para el reclutamiento al servicio dentro de la Fuerza Pública.

Según cifras en nuestro poder, San José, que es por mucho la provincia de mayor incidencia delictiva, presenta una baja intención de reclutamiento; por el contrario, Puntarenas, Alajuela y Limón, parecieran las provincias con más reclutamiento, esto si hacemos una relación por habitantes de cada provincia. ¿Qué quiere decir esto?, esas zonas posiblemente presentan mayor desempleo. Esta realidad es la que además debe analizar el Ministerio de Seguridad Pública, a efectos de establecer políticas institucionales que minimicen la deserción.

Los policías desertan en busca de mejores condiciones, mejor salario mejor trato, mejor ambiente y de mejores jornadas de trabajo; que les permitan la posibilidad de socializar y compartir tiempo con su familia. Es posible que una vez ingresados a la Fuerza Pública, muchos luego decidan desertar, al enfrentarse con el problema del desarraigo y la desintegración familiar.

También debemos señalar que no entendemos como en momentos en que el ministro de Seguridad demanda más policías, se presenta una disminución en el presupuesto. La institución “desecha” a personas que desean servir en la abnegada tarea de brindar seguridad ciudadana. En estos días hemos recibido cinco casos, de funcionarios que superaron las pruebas médicas, físicas, psicológicas y los están notificando de un cese de su condición de estudiantes; por registrar alguna lesión, (mordedura de serpiente) algo que consideramos un acto absolutamente discriminatorio y contradictorio.

Uno de estos casos llama más la atención; por cuanto el funcionario superó la prueba física de corres tres kilómetros en un tiempo de 12:45” para una nota de 100%; en otro de los casos, el funcionario sufrió un accidente laboral hace varios años, este a nivel de tibia; no obstante, se cuenta con certificado médico de un ortopedista, que indica que éste no tiene ningún problema para laborar en actividades físicas…

En promedio se pierden cerca de dos mil millones anuales; esto al considerar los costos en los procesos de formación policial, el curso básico policial, más otros cursos que se imparten con fondos públicos; que se pierden ante la deserción policial, y las malas políticas institucionales.

En conclusión, se requiere de presupuesto; es necesario contar con recursos; se debe administrar bien; se debe motivar al personal; se tiene que planificar bien la inversión, analizar los factores que motivan la deserción y detenerla y/o minimizarla. Primordialmente; es urgente cambiar la forma de hacer las cosas.

Están secando más ríos: Abangares, Guacimal, Aranjuez, Aranjuecito, Acapulco y Lagarto

Las primeras lluvias se volvieron nada en la aridez que dejó uno de los veranos más secos que se recuerden, con una disminución del 75% de lluvia.

Esta situación se suma a la injusticia en la repartición de aguas, al tiempo que es efecto de la misma. En el Pacífico Central –al igual que en el resto del país- la mayoría del agua está siendo mal distribuida, desperdiciada y sobre consumida por el riego de la ganadería, piñeras, palma, algodón y otros cultivos de grandes propietarios y transnacionales.

“Las instituciones son inexistentes. Solo corren y existen para defender el estado injusto de la distribución del agua y perseguir a las comunidades que se organizan contra esta situación” aseguran las comunidades y organizaciones agrupadas en la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en Puntarenas.

En los últimos días las ASADAS y vecinos de Malinche, Judas, Chomes, Abangaritos, Abangares Lagarto, Orocú, Cocorocas, Costa de Pájaros Morales que dependen de pozos hechos a la orilla de ríos como Lagarto, Guacimal, Aranjuez y Abangares se han integrado a la Alianza y han dado otro paso al frente en la defensa de los ríos de la zona.

Mientras las comunidades se han unido para defender el patrimonio natural del pueblo costarricense y del planeta entero. El SENARA, MAG y MINAE trabajan bajo la “ilógica” de que el agua que llega al mar es un desperdicio y parten de la obsoleta premisa de que el agua es inagotable, estas instituciones se han convertido en el principal promotor de conflictos socio-ambientales en zonas con proyectos de riego, sin propiciar participación o fiscalización de las comunidades y dando permisos sin suficientes estudios.

Lo sabe Guacimal que detuvo la seca del Río Veracruz y lo saben los vecinos de Aranjuecito y Santa Rosa que vieron secarse nuevamente sus ríos Aranjuecito y Acapulco provocando la muerte de peces en las últimas semanas, mientras el agua había sido desviada para que corriera por potreros y piscinas de los beneficiados de proyectos de SENARA. Todo esto mientras ambas comunidades tienen problemas en el abastecimiento del agua para consumo humano que podrían ser resueltos en parte con esos ríos tal y como plantean sus ASADAS.

A las amenazas que implican los proyectos de riego en las partes altas, se suman la minería y tajos en ríos cercanos a los pozos de cientos de familias. Además se cierne sobre sobre los ríos otra amenaza: las presas o tranques ilegales que desvían el agua a fincas privadas en los últimos diez kilómetros del río, justo cuando el caudal está a punto de llegar a los manglares del que depende la sobrevivencia de comunidades costeras y pescadoras.

Al Río Guacimal en su parte baja lo afecta la extracción excesiva de agua para riego concesionada a haciendas explotadas por la piñera Banacol, sin que existan estudios para garantizar la sostenibilidad ecológica. Por si fuera poco, una nueva empresa llamada Inversiones Pétreas del Guacimal intenta obtener permisos para explotación del cauce del Río Guacimal. Las ASADAS de Judas y Chomes están preocupadas por los efectos adversos que puede traer esta explotación de materiales en sus pozos, amenazando con afectar la calidad del agua de los dos poblados.

El Río Abangares simplemente no llega al mar afectando otros usos como el agrícola o ecológico del río, esto por voluminosos desvíos ilegales en los márgenes de este río. También amenaza la estabilidad socioeconómica de los agricultores de la zona.

Oficialmente solo se reportan dos concesiones otorgadas que tienen permiso de explotar 90 litros de agua por segundo en total, cantidad que puede ser incluso mayor a la observada en una reciente visita de miembros de la Alianza al río, donde se documentó un “desvío ilegal de aproximadamente el 40% del agua hacia una finca privada al margen oeste del río. La misma propiedad ha invadido el área de protección del río (15 metros del cauce principal según la ley forestal), con quema y corta de árboles, observándose la destrucción de árboles adultos como un ejemplar de Guanacaste y uno de Panamá”. Además, los vecinos denuncian la destrucción provocada por la minería y extracciones de materiales legales e ilegales en el río.

En cuanto al Río Lagarto, a pocos kilómetros de ahí tampoco llegaba al mar en días anteriores. Pero la liberación de la presa ilegal en presencia de la fuerza pública y de otras 3 presas más en el trayecto del río, junto con las recientes lluvias caídas en la zona logró recuperar el caudal y vuelve a normalizarse de momento la situación.