Coopeservidores realizará campaña de donación de sangre

La ANEP invita a la población en general a participar de la vigésima primera campaña de donación de sangre que realiza la cooperativa de ahorro y crédito COOPESERVIDORES en conjunto con el Banco Nacional de Sangre, con el objetivo de aumentar las reservas que se requieren en los hospitales nacionales.

La donación se realizará los días jueves 12 y viernes 13 de mayo en el edificio La Casona de COOPESERVIDORES, ubicada en Barrio México, contiguo a la Defensoría de los Habitantes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. ambos días.

Si usted desea donar sangre debe tomar en consideración la siguiente información:

  • Tener un peso mínimo de 50 kilos
  • Evitar el consumo de alimentos grasosos o que pueden cambiar el pigmento de la sangre, la noche anterior a la donación: la zanahoria y la remolacha, tanto el día antes como el mismo día de la donación.
  • Desayunar liviano
  • No podrán donar sangre: mujeres embarazadas, personas enfermas o que lo estuvieron en los últimos 15 días, personas que se realizaron algún tatuaje en el último año o que padecen presión baja.

Los esperamos.

De cómo el egoísmo se convirtió en la máxima virtud

[Por: Rafael Correa Delgado – Presidente de Ecuador]

PUNTO CRISTIANO se complace en brindar una profunda reflexión de alguien acreditado por su obra de gobierno.

Extracto. Tomado de Amerindia, red católica

La ideología neoliberal
En su parte ideológica, el paradigma neoliberal se fundamenta en que el individuo busca su propio interés y satisfacción personal, y que tal comportamiento, en un sistema institucionalizado llamado “mercado libre”, da como resultado el mayor bienestar social.

Este postulado tiene graves deficiencias técnicas, éticas y de objetivos. Solo en un mundo idealizado de información perfecta, ausencia de poder y bienes privados, esto es, con rivalidad en el consumo y capacidad de exclusión, el mercado logra la maximización del bienestar social, es decir, la famosa “mano invisible” de Adam Smith. Obviando estos supuestos extremos e indispensables, los economistas hemos quedado tan solo con el asumido y tal vez deseado resultado final.

El mercado como asignador de recursos se limita a la producción, intercambio y consumo de mercancías, es decir, los bienes susceptibles de tener un precio monetario. Pero incluso en este estrecho ámbito, un caso particular de los bienes existentes, sencillamente se obvia que los precios monetarios no solo expresan la supuesta intensidad de preferencias por un bien, sino también la capacidad de pago de los agentes económicos.

Al destinarse los recursos a sus usos más valiosos guiados por estos precios monetarios, se producen las aberraciones que se observan en nuestros países, donde los escasos recursos frecuentemente se utilizan para generar bienes suntuarios mientras que existen necesidades apremiantes insatisfechas.

En pocas palabras, incluso dentro de la lógica dominante, el mercado con mala distribución del ingreso es simplemente un desastre.

Nueva división internacional del trabajo
La búsqueda de la producción más eficiente de mercancías ha destruido bienes sociales sin un precio explícito, pero incuestionablemente mucho más valiosos e indispensables para el desarrollo, como los bienes ambientales.

Esto es uno de los factores fundamentales que ha provocado una crisis ecológica sin precedentes, como lo denuncia el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si´ (LS 24).

En cuanto a la relación entre países, también ha creado una nueva e injusta división internacional del trabajo. Los países ricos generan conocimiento que privatizan, y muchos países pobres o de renta media generan bienes ambientales de libre acceso. En su reciente encíclica, el Papa recuerda que los países en vías de desarrollo están las más importantes reservas de la biósfera y que con ellas se sigue alimentando el desarrollo de los países más ricos. Compensando esos bienes de alto valor pero sin precio, se podría lograr una redistribución del ingreso mundial sin precedentes.

Pero no se trata tan solo de un problema de justicia, sino también de eficiencia. La ciencia y tecnología no tienen rivalidad en el consumo. En consecuencia, mientras más personas lo utilicen, mejor. Esa es la idea central de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento.

Sin duda, la libre empresa es muy importante para la innovación, pero se requiere una nueva forma de gestionar las propuestas e inventos que genera.

La privatización del conocimiento es ineficiente socialmente hablando, y una vez creado, el conocimiento debería estar disponible para el mayor número de personas. Esto no significa que tiene que confiscarse a los inventores, porque existen otras formas de compensar el conocimiento sin necesidad de privatizarlo.

Desde Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia ha reconocido la licitud de la propiedad privada, pero también sus límites, y el destino universal de los bienes (CA 30). Si debe existir un bien con destino universal, éste es precisamente el conocimiento.

Por el contrario, cuando un bien se vuelve escaso o se destruye a medida que se consume como la mayoría de bienes ambientales es cuando debe restringirse su consumo.

La emergencia ecológica planetaria exige un tratado mundial que declare al menos a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso. Por el contrario, esa misma emergencia planetaria también demanda acuerdos vinculantes para evitar el consumo gratuito de bienes ambientales.

Incluso es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como ya lo ha hecho Ecuador en su nueva Constitución, y crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales.

Nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, para obligar a pagar deudas financieras, pero no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

El trabajo humano
Pero no solo es importante lo que se excluye en el análisis de mercado, es decir, todos los valores de uso sin precios monetarios explícitos, sino también lo que se incluye como una mercancía más: el trabajo humano.

El trabajo no es solo el esfuerzo para la generación de riqueza, sino una forma vital de llenar nuestra existencia, y el salario no es solo un precio: es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad.

El trabajo humano no es una herramienta más de acumulación del capital. Tiene un valor ético, porque no es objeto, es sujeto, no es un medio de producción, es el fin mismo de la producción (LE 8).

No es posible con estas consideraciones hablar de “mercado de trabajo”, sino más bien de sistema laboral.

La larga y triste noche neoliberal incluso dio al capital más derechos que a los seres humanos. Si se quiere denunciar en América Latina ante organismos internacionales un caso de atropello a los derechos humanos, primero se tienen que agotar las instancias judiciales del respectivo país. Sin embargo, cualquier transnacional, sin ningún requisito previo, puede llevar a un Estado soberano a un centro de arbitraje para supuestamente defender sus derechos, gracias a los tratados de protección recíproca de inversiones impuestos en la región.

La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del Socialismo del Siglo XXI. Es lo que nos define, más aún cuando se enfrenta un mundo completamente dominado por el capital. No puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano, expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social, justa repartición del producto y la riqueza sociales.

A diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la propiedad privada para evitar la explotación del capital al trabajo, en el caso de Ecuador, utilizamos instrumentos modernos, y algunos inéditos, para mitigar las tensiones entre capital y trabajo, como es el caso del salario de la dignidad.

Se puede pagar el salario mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo, pero ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno a todos sus trabajadores sin excepción. El salario digno es aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar.

Globalización
Una de las causas de la precarización laboral es la supuesta necesidad de competitividad en un mundo globalizado, que incluye aunque no se limita al libre comercio.

Sin embargo, la creencia de que el libre comercio beneficia siempre y a todos no resiste el menor análisis teórico, empírico o histórico, pero aunque así fuera, el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral, y la explotación laboral, en aras de supuestas competitividades, es sencillamente inmoral.
En el mundo globalizado se impulsa cada vez más la liberación financiera y de mercancías, supuestamente con base en la Teoría de Mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para lograr la eficiencia, pero inconsecuentemente impide la movilidad del conocimiento y criminaliza a la más importante movilidad: la humana.

La verdad es que se trata de una inconsistente globalización neoliberal que no busca crear sociedades planetarias, sino tan solo mercados planetarios; que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores mundiales; y que sin mecanismos de gobernanza adecuados, trae serias complicaciones a los países más pobres y a los pobres de los diferentes países.

Recordando a León XIII y su encíclica Rerum Novarum, pienso en la analogía de la globalización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII y la Revolución Industrial, cuando los obreros morían frente a las máquinas porque trabajaban siete días a la semana, doce, catorce y hasta dieciséis horas diarias. ¿Cómo se pudo frenar tanta explotación? Con la consolidación de Estados nacionales y a través de una acción colectiva que permitió poner límite a estos abusos y distribuir de mejor manera los frutos del progreso técnico.

Esa acción colectiva mundial no existe en la globalización neoliberal y se están produciendo excesos similares con la precarización de la fuerza laboral de los países menos competitivos.

En realidad, es una globalización bajo el imperio del capital – particularmente el financiero-, que tiene como una de sus expresiones más nocivas y antiéticas los llamados paraísos fiscales, donde el capital no tiene rostro ni responsabilidad.
Libertad y justicia en el neoliberalismo.

Con un mercado libre supuestamente se lograrían los grandes anhelos de la humanidad: libertad y justicia. Pero la cultura y sistema de valores neoliberales no pueden sostenerse desde una perspectiva ética.

El neoliberalismo asume la libertad como la no intervención, cuando libertad es la no dominación, para lo cual se necesita precisamente acción colectiva. No puede haber libertad sin elemental justicia. En regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad.

El paradigma neoliberal supone como justo cualquier intercambio voluntario, informado y que deje en mejores condiciones que las iniciales a los agentes involucrados y, en consecuencia, nadie debe interferir en dicho intercambio.
Para graficar lo insostenible de este argumento presentemos un sencillo ejemplo.

Supongamos que una bella joven se pierde en el desierto y está a punto de desfallecer de sed. De pronto se encuentra con un caballero que le propone proveerle de agua, siempre y cuando se acueste con él. Para la joven, dejarse abusar es menos malo que morir, para el caballero, acostarse con ella es mucho más valioso que el agua.

De acuerdo con el fundamentalismo neoliberal, los dos “agentes racionales” y como fue un intercambio voluntario con adecuada información, no cabrían juicios de valor ni necesidad de acción colectiva alguna. Sin embargo, para cualquier persona con algo de ética, esta situación sería sencillamente intolerable, y quien abusó de su posición de fuerza debería ser sancionado por la sociedad, lo cual es precisamente lo que ocurre en cualquier colectividad civilizada.

Dada la asimetría de poder, lo que está proponiendo el supuesto caballero de nuestra historia, se llama sencillamente explotación. Como manifiesta John Kenneth Galbraith, “dado que el poder interviene en forma tan total en una gran parte de la economía, ya no pueden los economistas distinguir entre la ciencia económica y la política, excepto por razones de conveniencia o de una evasión intelectual más deliberada”.

Finalmente, el evangelio del neoliberalismo sencillamente nos dice “buscad el fin de lucro y el resto se os dará por añadidura”. Es decir, con la supuesta mano invisible, el mayor bienestar social para todos es una consecuencia ajena a la intención del individuo, el cual busca su propio beneficio. Sus acciones son morales porque son útiles, contrariando a la moral cristiana de la recta intención.
De esta forma, con el paradigma neoliberal pasamos de un mercado basado en valores, a valores basados en el mercado.

La economía ortodoxa define el bienestar como “la satisfacción de necesidades asumidas como ilimitadas en un mundo de recursos limitados”. Esta barbaridad antropológica llevaría a concluir que no es posible encontrar una persona o una sociedad que pueda decir “somos felices y no necesitamos nada más”.

El supuesto positivismo del pensamiento económico neoliberal impide cuestionar el origen o legitimidad de las necesidades. Es decir, bajo la premisa de la “supremacía del consumidor”, todo lo que éste busca es lo que necesita, sin cuestionar cómo se generaron dichas necesidades, o si se trata de carencias reales o simples deseos, y pone el énfasis en la maximización del consumo y, como corolario, en el crecimiento ilimitado como forma de supuestamente aumentar cada vez más el bienestar.

Sin embargo, cada vez mayores y mejores investigaciones dicen que el Pero, además, el crecimiento económico ilimitado es imposible. El análisis económico tradicional omite los límites de la naturaleza y supone la existencia de recursos naturales infinitos y capacidad ilimitada de asimilación del planeta.

El problema, entonces, no es la necesidad de realizar juicios de valor y de acción colectiva, sino el absurdo de pretender positivismo científico en una simple ideología.

Democracia
Así como un individualismo sin valores fácilmente se convierte en codicia, un Estado sin controles, puede caer en los peligros denunciados por San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus (CA 48), pero la respuesta para ello no es menos Estado, sino más democracia.

La caída del bloque soviético también produjo rápidos procesos de democratización, especialmente en los países de Europa del Este. Actualmente en el mundo, prácticamente todos los países ejercen alguna forma de democracia, con excepción de ciertos regímenes teocráticos o absolutistas.

Lamentablemente, más que democracia, se buscó imponer el modelo democrático hegemónico occidental, modelo tecnocrático, altamente institucionalizado y distanciado del pueblo, y totalmente alejado de la realidad latinoamericana.
Los países en desarrollo tan solo pueden ser considerados en “vía de democratización”, cuyo objetivo debe ser la imitación de aquellas democracias europeas (Correa, 2016).

Por ello, a las democracias de Asia, África y América, frecuentemente se las definen con adjetivos peyorativos. Sin embargo, si la esencia de la democracia es que el pueblo formado e informado sea el soberano, bastaría incorporar como criterio democrático de base el de “apoyo popular al gobierno”, para evidenciar que un país como Bolivia es mucho más democrático que cualquier país de Europa Occidental.
Para una democracia real, la igualdad de oportunidades y la noción de meritocracia también son esenciales. De hecho, es la diferencia entre democracia y aristocracia. Las grandes desigualdades que observamos, también han creado democracias restringidas o abiertamente ficticias, donde pareciera ser que la soberanía radica no en el pueblo, sino en el capital.

Si caben adjetivos, las democracias occidentales debieron llamarse “mercantiles-mediatizadas”.

Democracias mercantiles, porque el dominio de la entelequia del mercado fue tal, que incluso la calidad de la democracia frecuentemente se medía por la cantidad de mercado.

Todo lo que se alejara de la lógica del mercado era llamado “populismo”, el cual a su vez se asociaba con “demagogia” (Correa, 2016b).

Democracias mediatizadas, porque los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso político que los partidos y sistemas electorales (Hobsbawm, 1994).

Han sustituido al Estado de Derecho con el Estado de Opinión. No importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral, y lo que el pueblo, el mandante en toda
democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación.

Y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica – dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales, y su descarado involucramiento en política-, el problema es mucho más serio.
Un debate fundamental es preguntarnos si una sociedad puede ser verdaderamente libre cuando la comunicación social, y particularmente la información, viene de negocios privados, con finalidad de lucro, muchos de ellos sin la más elemental ética, y propiedad de grandes corporaciones o de media docena de familias.

Finalmente, una democracia exige también el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, como una estrategia de los poderes fácticos para inmovilizar el poder político legítimo y verdaderamente democrático, es pretender que solo el Estado atenta contra los derechos humanos, y que la única fuente de corrupción es el poder político.

En realidad, cualquier poder puede atentar a los derechos humanos. Por supuesto el poder político, pero también el poder económico, por ejemplo, las transnacionales farmacéuticas que por su rentabilidad condenan a la muerte a los pobres que no pueden comprar la medicina para salvar sus vidas; los medios de comunicación, que atentan contra los Derechos Humanos de la reputación, intimidad, prestigio de las personas; los poderes extranjeros, que pueden condenar, invadir, bloquear a otros países.

Silencio inconveniente

El Ministerio de Hacienda denunció, mediante un comunicado de prensa, una evasión fiscal en aduanas cuyo importe “podría superar los ¢53.000 millones”. Sin embargo, se reservó los nombres de 335 importadores involucrados en el caso. Según el despacho, la información está resguardada por la ley.

Si se tratara de una sospecha o una investigación preliminar, el argumento sería comprensible, pero los términos del comunicado son contundentes. Si bien la información disponible en gobierno.cr utiliza la expresión “podrían haber dejado de pagar” cuando describe el monto, la duda parece referida a la suma, no al hecho.

El hecho, la evasión, se da por acreditado: “Mediante una serie de investigaciones realizadas a partir de la información disponible en las bases de datos del Ministerio de Hacienda y del Registro Nacional, la Dirección de Gestión de Riesgo de Aduanas, responsable del proceso, detectó una serie de anomalías en las declaraciones de valoración de las mercancías que firma el importador y luego son anexadas por el agente aduanero a la declaración de importación de esas mercancías”.

Más adelante, el texto cita al director general de aduanas, Benito Coghi: “A través de fiscalizaciones del Órgano Nacional de Valoración Aduanera se han realizado procesos determinativos de impuestos dejados de pagar, cuyos montos en un solo caso ascendieron a ¢450 millones para un año fiscal, aproximadamente”.

A tenor del texto, sobre la evasión no cabe duda aunque falte determinar el monto exacto de lo evadido. No hay razón, entonces, para mantener los nombres en secreto. Cometida una irregularidad, hay un evidente interés público en conocer los detalles. Solo la transparencia permite a la ciudadanía valorar la reacción de las autoridades y la correcta aplicación de la ley.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) planteó un recurso de amparo para obligar al Ministerio de Hacienda a revelar los nombres de los evasores. Ojalá tenga éxito y se siente un precedente útil para casos futuros. En el pasado, el propio Ministerio de Hacienda ha dado a conocer informaciones detalladas sobre casos de evasión fiscal y aduanera. Esa práctica no debe ser selectiva.

El tema es particularmente importante en la actualidad. El debate público se centra en la crisis fiscal y su relación con los ingresos y egresos del Estado. El problema de los ingresos se relaciona, por una parte, con la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes y, por otra, con su adecuada recolección. Las informaciones exageradas o imprecisas distorsionan el debate, crean falsas expectativas y nos alejan de la consideración ponderada de un problema cuya seriedad no tiene discusión.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda estimó en ¢180.000 millones la morosidad del impuesto a las personas jurídicas, pero el Registro Nacional le enmendó la plana y calculó el monto en ¢127.000 millones. La Asamblea Legislativa recibió el dato erróneo en medio de la discusión del proyecto de ley redactado para revivir el tributo. Hacienda se opone a que la nueva ley condone las deudas de los morosos. Esa misma posición asumió La Nación en un editorial reciente, pero la decisión de los diputados debe basarse en información fidedigna. Ahora, el Ministerio alega que su dato se basó en una estimación del “potencial de cobro”.

Hacienda también sufrió descrédito cuando responsabilizó al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica por la pérdida de ingresos fiscales. La versión fue rápidamente desmentida, con cifras, por diversos expertos. El propio ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, la consideró “una falacia”.

El Ministerio también suscitó polémica cuando dio a conocer un estudio según el cual la evasión y elusión ascienden a más del 8% del producto interno bruto. La primera objeción, esbozada por el exministro de Hacienda Édgar Ayales, es que “los números son con respecto a una recaudación potencial, y siempre que uno compara con recaudación potencial puede correr el riesgo de sobrestimar esos montos”. Es decir, Hacienda comete el mismo error que en el caso del impuesto a las personas jurídicas, estimado según el “potencial de cobro”. Hay otros motivos para desconfiar del estudio como indicador del rumbo para resolver el problema fiscal, pero sectores interesados, incluida la ANEP, repiten el dato como prueba de que no es necesario controlar el gasto y los privilegios. Basta con combatir la evasión.

Hoy, más que nunca, es de capital importancia alimentar el debate público con información veraz y precisa sobre los problemas tributarios. El país debe cobrar conciencia de la verdadera gravedad e impacto del fraude y, al mismo tiempo, darse cuenta de que no basta con combatirlo para salir adelante. Es necesario mejorar los ingresos y racionalizar los gastos.

Albino sobre Presidente de Uccaep: Reflejaba doble moral

Las reacciones sobre la posibilidad de que Ronald Jiménez no optara por la reelección de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) no se hicieron esperar.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), indicó que los cuestionamientos constantes sobre aparentes contratos multimillonarios reflejaban una doble moral en el discurso de Jiménez.

Además, señaló que el jerarca perdió espacio político para representante al sector empresarial en Costa Rica.

“Un contrato multimillonario que no fue debatido en público, pues en nuestro criterio estaba reflejando una doble moral. Mientras atacaban convenciones colectivas como disparadores del gasto, este tipo de contratos, que no se sabía, se manejaba de manera muy opaca.

Es obvio que él perdió espacio político para seguir conduciendo este importante gremio de los empresarios de Costa Rica”.

Vargas indicó que el país necesita urgentemente la construcción de un gran diálogo social para sacar adelante al país.

“No podemos emitir ninguna opinión en la que se interprete que estamos interfiriendo en los asuntos de Uccaep, como no nos gustaría que interfir en los asuntos internos de la ANEP.

Pero es obvio que en el país urge una coyuntura de mucho diálogo, el principal valor que tiene Costa Rica es mantener la paz, la paz está en riesgo desde el empleo, el salario, la corrupción, el narcotráfico, la violencia en todas sus manifestaciones”, agregó.

Ronald Jiménez dejará su cargo el 18 de mayo, día en que Uccaep elija a su nuevo representante del sector empresarial, el cual personifica al 85 % de la fuerza laboral en Costa Rica.

La macroeconomía bien…, pero la gente, ¿qué?

En lo que podríamos catalogar como un certificado de buena conducta, el economista neoliberal don Jorge Guardia Quirós, de gran renombre y alto respeto en el mundo del capital costarricense, habló “bellezas” acerca del manejo de la política macroeconómica que está ejecutando el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En su columna “En guardia”, que le publica el periódico La Nación, del pasado martes 6 de setiembre de 2016 (página 24A), leemos lo siguiente: “No se visualizan crisis internas ni externas… El PIB crece al 4% real y algo más el año preelectoral; la inflación seguirá baja en el 2017 (difícilmente habrá manifestaciones por el costo de vida); hay crédito suficiente para producir y tranquilizar al empresariado; el régimen cambiario es flexible y el nivel de reservas del Central es el más alto de la historia (se le abulta el pantalón a la altura del trasero por el grosor de la billetera); la economía internacional sopla vientos cálidos (el FMI aún mantiene crecimiento positivo en el 2017); el brexit no resultó ser tan gravoso; la Fed subirá (al suave) las tasas de interés (apaciguando las salidas de capital); y los expertos afirman que el precio del petróleo permanecerá relativamente bajo. (¡Ay carajo!)”.

¡Ay carajo!, también decimos nosotros. Que desde las tiendas del neoliberalismo le tiren piropos al gobierno PAC por el manejo de su política macroeconómica (aunque con esas “ayudaditas” externas), nos brinda un fuerte referente de que, macroeconómicamente hablando, se estarían haciendo mejor las cosas a ese nivel, de lo que en su momento se estuvo ejecutando desde el tradicional bipartidismo gubernamental PLUSC.

Lo que nos llama la atención es que, según el dogma neoliberal, una de las cuestiones centrales de un panorama macroeconómico exitoso incluye el manejo del asunto del déficit fiscal. En el certificado de buena conducta que el señor Guardia Quirós le extendió al gobierno PAC, no se menciona para nada eso del déficit fiscal.

Algo no nos calza al respecto, en medio de nuestro empirismo en estos especializados temas de la macroeconomía que solo deben ser tratados por sus especialistas, según el decir del oficialismo hegemónico.

La duda que aflora, con base en la perspectiva neófita de quienes nos hemos “atrevido” a incursionar en estos temas de macroeconomía, sabiendo solamente que 2 más 2 es 4 (pero que no necesariamente es 4 cuando se cruzan con la política de la hegemonía); es cuánto de cierto ha habido en que tener un 6% de déficit fiscal equivale a un “final de los tiempos” o a la “llegada del Apocalipsis”, tal y como nos lo han querido meter en nuestras mentes en todos estos meses, con los “fórceps” ideológicos de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en el tema del empleo público.

Si para alguien como el señor Guardia Quirós, selecto adherente él de la ideología política del neoliberalismo (con ropaje socialcristiano), macroeconómicamente hablando el gobierno PAC está haciendo bien las cosas; si el déficit fiscal no le mereció consideración para otorgarle a este gobierno tal certificado de buena conducta; entonces, lo de los pluses salariales que también tocó el distinguido y respetado ciudadano economista en la columna que estamos comentando, es un asunto ideológico, tanto como el tema de los impuestos que se están debatiendo en estos momentos.

Y es aquí donde queremos aterrizar: si los indicadores macroeconómicos actuales son del agrado de los neoliberales, al punto de que el déficit fiscal no impide que al gobierno PAC le den un certificado de buena conducta; quien no le da certificado de buena conducta al presente gobierno PAC, son las mayorías populares, obreras y ciudadanas pues, precisamente, el crecimiento económico que está experimentando el país, según los indicadores macroeconómicos que tanto le gustan al Sr. Guardia Quirós, no se están traduciendo en mejor bienestar para la gente; y, por el contrario, indicadores de otra naturaleza, como los de orden social, nos dicen de que la desigualdad no se detiene, para únicamente citar un punto.
La gente no come macroeconomía. Algunos, cada vez más pocos, viven en una glotonería exasperante, avanzando en la concentración de los beneficios del crecimiento económico que los tales indicadores macroeconómicos ensalzados por el Sr. Guardia Quirós, les depara.

Entonces, esos indicadores macroeconómicos deben ser redimensionados para impulsar grandes decisiones de política pública hacia la distribución, en los más diversos órdenes. Está bien lo del primer debate al proyecto de ley contra el fraude fiscal, pero no bastará.

Más allá de lo que esta iniciativa contra el robo de impuestos, ya en operación plena, pueda representar en generar miedo a los grandes ladrones de impuestos (como esos que usan las artimañas denunciadas en “Los papeles de Panamá”), lo realmente medular en todo esto será el desafío de la transformación del impuesto sobre la renta, de renta cedular, a renta global-universal, y hasta mundial.

Aquí sí estará en esencia el verdadero combate de clase en cuanto a la necesaria y justa repartición equitativa de los beneficios del crecimiento económico, que posibilitan esos buenos indicadores macroeconómicos aplaudidos desde las tiendas neoliberales.

¿Tendrá, ahora, el Presidente Solís Rivera el arrojo suficiente como para convocar a toda esa vasta variedad de sectores sociales que le llevó a Zapote y construir el músculo social imprescindible para enfrentar el desafío de la transformación del impuesto sobre la renta? Ojalá que sí y que recordara el acontecimiento del día 5 de mayo de 2014, en el Club Unión, cuando lo más representativo y convocante de la sociedad civil organizada le ofreció una propuesta de trabajo hacia la inclusión social en el gobierno del autoproclamado “cambio”.

El combate a la desigualdad es el desafío estratégico de nuestro tiempo, dentro del país y allende de nuestras fronteras. La transformación del impuesto sobre la renta está llamada a hacer justicia distributiva, como el mismo señor Guardia Quirós lo apuntó en su artículo.

La pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la precariedad del mismo, la pobreza y el congelamiento salarial, el deterioro de los servicios públicos esenciales, la violencia en todas sus manifestaciones y hasta el flagelo del marco, son expresiones de una sociedad que ha renunciado a la integración social; de una sociedad que podría ir en ruta hacia un Estado fallido, como lo están mostrando prestigiosos estudios internos y externos. De una sociedad que pareciera resignarse a ser desigualdad, instaurando el “sálvese quien pueda” como norma reguladora, más bien, desintegradora, de la convivencia en sociedad.

ANEP solicita a Mideplan agilizar aprobación de Reorganización del Ministerio de Justicia

Jorge Ortega, jefe de la Unidad de Reforma Institucional y Carlos Romero, analista de reorganización del Mideplan atendieron a la seccional ANEP- Policía Penitenciaria.

Benjamin Sevilla, representante sindical explicó que el Manual de Clases, entre otros aspectos, busca equiparar las bases salariales con otros cuerpos policiales.

ANEP recuerda el contrato de negocio de Ronald Jiménez con el Ministerio de Hacienda

I Parte
h1. ¿Dos UCCAEP?

Valga la oportunidad para reiterar, de manera contundente, que este columnista no tiene acceso a información tributaria alguna, como de forma malintencionada se ha pretendido argumenta como “punto fundamental” para que no haya el indicado registro de accionistas.

Por Albino Vargas Barrantes. Secretario General ANEP

El asunto de si el país tendrá o no tendrá un registro de accionistas de las sociedades anónimas para que se sepa, tributariamente hablando, quiénes son los beneficiarios de las mismas y cuánta plata están ganando por año fiscal, quedó transformado como el “corazón de oro” de toda la discusión de los últimos tiempos sobre déficit fiscal, sistema tributario, reforma del Estado y similares.

La posibilidad de que Costa Rica abandone la etapa tributariamente “prehistórica”, con el establecimiento del indicado registro de accionistas, tiene histéricos a los sectores corporativo-empresariales de mayor poder económico; pues su rotunda oposición al respecto dejó de tener sentido real, con ocasión de la visita al país del señor José Ángel Gurría Treviño, economista neoliberal de origen mexicano y actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el denominado “club de los países ricos” al cual quieren que Costa Rica se adhiera (¡!).

Tal histerismo quedó muy bien mostrado a partir de las dos posiciones que nos ha estado exhibiendo el más renombrado sindicato empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), por intermedio de su máximo dirigente actual, don Ronald Jiménez Lara.

Recuerde usted que nuestra carta magna, la Constitución de la República de Costa Rica, actualmente vigente y que data del 7 de noviembre de 1949, señala en su artículo 60 que: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Efectivamente, los sindicatos de los patronos se llaman “cámaras” y la unión de éstas o de varias de ellas, crea una especie de central sindical patronal, como lo es la UCCAEP.

Ahora bien, volviendo al tema neurálgico del registro de accionistas parece que el máximo líder de la UCCAEP, colega dirigente sindical pero él del lado patronal y nosotros del lado obrero, pero colegas al fin; fue a Casa Presidencial y delante del señor de la OCDE llegó a un acuerdo con el Presidente Solís para que hubiera registro de accionistas.

Eso fue el pasado 1 de marzo (si no estamos equivocados), y hasta ambos se tomaron una foto, mostrando sonrisas a lo anuncio de pasta dental, apareciendo juntos y horas después, en una conferencia de prensa. Eso sí, la UCCAEP fue muy específica: tal registro de accionistas iría según sus condiciones; no las del bien común y las del interés ciudadano, agregamos nosotros.

Poco después, Diario Extra denunció que el colega dirigente sindical patronal, presidente de la UCCAEP, tiene un contrato millonario por medio del cual el Estado, vía Ministerio de Hacienda, le compra servicios de seguridad informática para custodiar la sensible información tributaria que dicha institución maneja de (suponemos nosotros), toda clase de ciudadanos y personas físicas que pagamos impuestos, así como de cualquier cantidad de empresas de todo tamaño que deben tributar.

El “contratillo” del colega dirigente sindical empresarial con el Estado, por esa custodia de su documentación tributaria, estaría ascendiendo a la suma de ¡3 millones 100 dólares anuales! En colones, mil 674 millones de colones; casi 140 millones de colones al mes. O lo que es lo mismo, 4 millones 650 mil colones por día recibe la empresa de Ronald por custodiar su información tributaria y la nuestra. En tal caso podría usted muy bien preguntarse lo siguiente: ¿quién, que no fuera el Ministerio de Hacienda, podría tener “mejor” acceso a su información tributaria?
Luego de la revelación pública de Diario Extra de que el colega sindicalista de corte empresarial tenía tal “contratillo”, el sindicato patronal que él lidera, la UCCAEP, vuelve a su posición original, es decir, contraria a que haya registro de accionistas.

El periódico La República así lo indicó en su edición del pasado viernes 4 de marzo: UCCAEP aclara que sigue en contra de creación de registro de accionistas. En el mismo sentido, leemos en el Diario Extra del pasado sábado 5 de marzo: UCCAEP vuelve a postura contra impuestos. El antetítulo de esta nota dice: “Informaciones inexactas” serían causa del doble discurso.

Imposible que no nos formulemos la pregunta y/o el cuestionamiento de si en esto del registro de accionistas, el sindicato empresarial más connotado del país, tiene dos posiciones: la que le dijeron al señor de la OCDE y la que tenían antes de la visita del Sr. Gurría y que la retomaron luego de que él se fue.

¿Dos UCCAEP? ¿La de su Presidente, considerando su “contratillo” de custodia de la información tributaria del Estado; ó, la de todo este sindicato empresarial que no quiere registro de accionistas alguno?

Valga la oportunidad para reiterar, de manera contundente, que este columnista no tiene acceso a información tributaria alguna, como de forma malintencionada se ha pretendido argumenta como “punto fundamental” para que no haya el indicado registro de accionistas. Por el contrario, ahora usted, que nos honra leyendo todas las semanas, puede colegir quién si podría tener acceso a este tipo de información…

II PARTE
h1. ¿Dos UCCAEP?

Ahora, con los documentos en mano le compartimos a usted los siguientes datos. Estamos hablando de una contratación directa, entre el Ministerio de Hacienda y la empresa del señor Jiménez Lara, llamada Ideas Gloris S. A.

Por Albino Vargas Barrantes. Secretario General ANEP

Confesamos que “metimos la pata” en nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema. Nos fallaron nuestras matemáticas. El contrato que tiene la empresa del señor Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), don Ronald Jiménez Lara, para custodiar la información tributaria del país, la de las empresas, la de las personas, supera los mil setecientos millones de colones anuales: 1.700.000.000.oo.

Al convertir la cantidad de dólares de tal contrato, según lo denunció el periódico de mayor circulación de Costa Rica, que es el más leído, DIARIO EXTRA, 3 millones 100 mil dólares; equivocadamente dijimos que en colones equivalía a la cantidad de 167 millones 710 mil colones. ¡Qué va! Supera, efectivamente, los mil setecientos millones de colones.

Ahora, con los documentos en mano le compartimos a usted los siguientes datos. Estamos hablando de una contratación directa, entre el Ministerio de Hacienda y la empresa del señor Jiménez Lara, llamada Ideas Gloris S. A. Esa contratación directa se llama “Servicio de un Centro de Procesamiento de Datos y Equipamiento”.

Lo firmaron, por el lado institucional, la señora Dina María Víquez Esquivel, en su calidad de Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda. Por el lado empresarial, don Johnny Xatruch Benavides, a nombre de Ideas Gloris S. A., siendo presidente de la misma don Ronald Jiménez Lara, según leemos en la certificación literal del Registro Nacional a la cual tuvimos acceso.

El contrato mencionado que, repetimos, es para que custodien su información tributaria, la de su empresa, la de todos, se firmó en el presente gobierno, el 20 de mayo del 2015.

La cifra exacta y según el documento de rigor para “efectos fiscales”, es en dólares de 3.188.505.52, o sea, tres millones 188 mil 505 dólares, con 52 centavos. En colones, mil 717 millones, 137 mil 762 colones con 74 céntimos (1.717.137.762.74).
Como habrán notado, nada que ver esta cantidad con la que, equivocadamente, dijimos la semana pasada, ¡era diez veces mayor! En verdad, ¡qué “metida de pata” la nuestra! Disculpas por ello.

¡Así es! La empresa del señor presidente de la UCCAEP se gana con el indicado contrato, 3.312.38 colones por minuto; 198.742.80 colones por hora; 4.769.827.12 colones por día; y, por mes, 143.094.813.56 colones. ¡Nada más y nada menos!
¡Ah! El contrato podría extenderse hasta por tres años. Al final de tal plazo, la empresa del señor presidente de la UCCAEP, podría haber recibido por 5 mil 151 millones de colones (exactamente, 5.151.413.288.22).

Cualquier cantidad de preguntas conviene formular y, con gran respeto, directamente planteadas para el honorable ciudadano Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas. ¿Por qué un contrato de este calibre?; ¿por qué no se invirtió en infraestructura tecnológico-informática del propio Ministerio de Hacienda?; ¿por qué contratación directa?, ¿cuáles fueron los fundamentos para ello?, ¿participaron otras empresas?, ¿quién, desde el Ministerio de Hacienda, llevó la negociación con la empresa de don Ronald?; etc., etc.; etc.
Hemos insistido en este asunto porque no podemos dejar de relacionarlo con la polémica sobre el establecimiento en el país del registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; considerando que el grupo empresarial de los sindicatos patronales que preside don Ronald, la UCCAEP, insiste en que si, finalmente, existirá tal registro, debe estar fuera del Ministerio de Hacienda.

¿Para qué? ¿Para que lo maneje la empresa de don Ronald, con un contrato parecido o superior al que venimos comentando? ¿Para qué lo maneje un consorcio corporativo-empresarial? ¿Para que esté en el Banco Central de Costa Rica pero concesionado, vía contratación directa, a otros grupos empresariales (como el de don Ronald), asociado a la UCCAEP?

Ahora no solamente quedan flotando en el ambiente los dos grandes grupos de interrogantes que acabamos de mencionar y que alimentan nuestras desconfianzas en las verdaderas intenciones del señor Presidente de la UCCAEP con relación al llevado y traído tema del registro de accionistas.

Sino que, viendo cómo la propia UCCAEP se está contradiciendo de lo que su presidente, supuestamente, acordó con el de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, al respecto, prácticamente no quedaría más que “tocar el réquiem” con respecto a posibilidades reales de acuerdos nacionales en materia fiscal-tributaria; dejando espacio abierto para una profundización de la misma con consecuencias insospechadas para la gran mayoría de la población y de las empresas… excepto la de don Ronald que, como le acabamos de informar, tiene en perspectiva ganarse hasta más de 5 mil millones de colones, por guardar, por custodiar, su información tributaria, la de todos, la nuestra propia.