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El Ministerio de Hacienda denunció, mediante un comunicado de prensa, una evasión fiscal en aduanas cuyo importe “podría superar los ¢53.000 millones”. Sin embargo, se reservó los nombres de 335 importadores involucrados en el caso. Según el despacho, la información está resguardada por la ley.

Si se tratara de una sospecha o una investigación preliminar, el argumento sería comprensible, pero los términos del comunicado son contundentes. Si bien la información disponible en gobierno.cr utiliza la expresión “podrían haber dejado de pagar” cuando describe el monto, la duda parece referida a la suma, no al hecho.

El hecho, la evasión, se da por acreditado: “Mediante una serie de investigaciones realizadas a partir de la información disponible en las bases de datos del Ministerio de Hacienda y del Registro Nacional, la Dirección de Gestión de Riesgo de Aduanas, responsable del proceso, detectó una serie de anomalías en las declaraciones de valoración de las mercancías que firma el importador y luego son anexadas por el agente aduanero a la declaración de importación de esas mercancías”.

Más adelante, el texto cita al director general de aduanas, Benito Coghi: “A través de fiscalizaciones del Órgano Nacional de Valoración Aduanera se han realizado procesos determinativos de impuestos dejados de pagar, cuyos montos en un solo caso ascendieron a ¢450 millones para un año fiscal, aproximadamente”.

A tenor del texto, sobre la evasión no cabe duda aunque falte determinar el monto exacto de lo evadido. No hay razón, entonces, para mantener los nombres en secreto. Cometida una irregularidad, hay un evidente interés público en conocer los detalles. Solo la transparencia permite a la ciudadanía valorar la reacción de las autoridades y la correcta aplicación de la ley.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) planteó un recurso de amparo para obligar al Ministerio de Hacienda a revelar los nombres de los evasores. Ojalá tenga éxito y se siente un precedente útil para casos futuros. En el pasado, el propio Ministerio de Hacienda ha dado a conocer informaciones detalladas sobre casos de evasión fiscal y aduanera. Esa práctica no debe ser selectiva.

El tema es particularmente importante en la actualidad. El debate público se centra en la crisis fiscal y su relación con los ingresos y egresos del Estado. El problema de los ingresos se relaciona, por una parte, con la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes y, por otra, con su adecuada recolección. Las informaciones exageradas o imprecisas distorsionan el debate, crean falsas expectativas y nos alejan de la consideración ponderada de un problema cuya seriedad no tiene discusión.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda estimó en ¢180.000 millones la morosidad del impuesto a las personas jurídicas, pero el Registro Nacional le enmendó la plana y calculó el monto en ¢127.000 millones. La Asamblea Legislativa recibió el dato erróneo en medio de la discusión del proyecto de ley redactado para revivir el tributo. Hacienda se opone a que la nueva ley condone las deudas de los morosos. Esa misma posición asumió La Nación en un editorial reciente, pero la decisión de los diputados debe basarse en información fidedigna. Ahora, el Ministerio alega que su dato se basó en una estimación del “potencial de cobro”.

Hacienda también sufrió descrédito cuando responsabilizó al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica por la pérdida de ingresos fiscales. La versión fue rápidamente desmentida, con cifras, por diversos expertos. El propio ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, la consideró “una falacia”.

El Ministerio también suscitó polémica cuando dio a conocer un estudio según el cual la evasión y elusión ascienden a más del 8% del producto interno bruto. La primera objeción, esbozada por el exministro de Hacienda Édgar Ayales, es que “los números son con respecto a una recaudación potencial, y siempre que uno compara con recaudación potencial puede correr el riesgo de sobrestimar esos montos”. Es decir, Hacienda comete el mismo error que en el caso del impuesto a las personas jurídicas, estimado según el “potencial de cobro”. Hay otros motivos para desconfiar del estudio como indicador del rumbo para resolver el problema fiscal, pero sectores interesados, incluida la ANEP, repiten el dato como prueba de que no es necesario controlar el gasto y los privilegios. Basta con combatir la evasión.

Hoy, más que nunca, es de capital importancia alimentar el debate público con información veraz y precisa sobre los problemas tributarios. El país debe cobrar conciencia de la verdadera gravedad e impacto del fraude y, al mismo tiempo, darse cuenta de que no basta con combatirlo para salir adelante. Es necesario mejorar los ingresos y racionalizar los gastos.

En lo que podríamos catalogar como un certificado de buena conducta, el economista neoliberal don Jorge Guardia Quirós, de gran renombre y alto respeto en el mundo del capital costarricense, habló “bellezas” acerca del manejo de la política macroeconómica que está ejecutando el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En su columna “En guardia”, que le publica el periódico La Nación, del pasado martes 6 de setiembre de 2016 (página 24A), leemos lo siguiente: “No se visualizan crisis internas ni externas… El PIB crece al 4% real y algo más el año preelectoral; la inflación seguirá baja en el 2017 (difícilmente habrá manifestaciones por el costo de vida); hay crédito suficiente para producir y tranquilizar al empresariado; el régimen cambiario es flexible y el nivel de reservas del Central es el más alto de la historia (se le abulta el pantalón a la altura del trasero por el grosor de la billetera); la economía internacional sopla vientos cálidos (el FMI aún mantiene crecimiento positivo en el 2017); el brexit no resultó ser tan gravoso; la Fed subirá (al suave) las tasas de interés (apaciguando las salidas de capital); y los expertos afirman que el precio del petróleo permanecerá relativamente bajo. (¡Ay carajo!)”.

¡Ay carajo!, también decimos nosotros. Que desde las tiendas del neoliberalismo le tiren piropos al gobierno PAC por el manejo de su política macroeconómica (aunque con esas “ayudaditas” externas), nos brinda un fuerte referente de que, macroeconómicamente hablando, se estarían haciendo mejor las cosas a ese nivel, de lo que en su momento se estuvo ejecutando desde el tradicional bipartidismo gubernamental PLUSC.

Lo que nos llama la atención es que, según el dogma neoliberal, una de las cuestiones centrales de un panorama macroeconómico exitoso incluye el manejo del asunto del déficit fiscal. En el certificado de buena conducta que el señor Guardia Quirós le extendió al gobierno PAC, no se menciona para nada eso del déficit fiscal.

Algo no nos calza al respecto, en medio de nuestro empirismo en estos especializados temas de la macroeconomía que solo deben ser tratados por sus especialistas, según el decir del oficialismo hegemónico.

La duda que aflora, con base en la perspectiva neófita de quienes nos hemos “atrevido” a incursionar en estos temas de macroeconomía, sabiendo solamente que 2 más 2 es 4 (pero que no necesariamente es 4 cuando se cruzan con la política de la hegemonía); es cuánto de cierto ha habido en que tener un 6% de déficit fiscal equivale a un “final de los tiempos” o a la “llegada del Apocalipsis”, tal y como nos lo han querido meter en nuestras mentes en todos estos meses, con los “fórceps” ideológicos de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en el tema del empleo público.

Si para alguien como el señor Guardia Quirós, selecto adherente él de la ideología política del neoliberalismo (con ropaje socialcristiano), macroeconómicamente hablando el gobierno PAC está haciendo bien las cosas; si el déficit fiscal no le mereció consideración para otorgarle a este gobierno tal certificado de buena conducta; entonces, lo de los pluses salariales que también tocó el distinguido y respetado ciudadano economista en la columna que estamos comentando, es un asunto ideológico, tanto como el tema de los impuestos que se están debatiendo en estos momentos.

Y es aquí donde queremos aterrizar: si los indicadores macroeconómicos actuales son del agrado de los neoliberales, al punto de que el déficit fiscal no impide que al gobierno PAC le den un certificado de buena conducta; quien no le da certificado de buena conducta al presente gobierno PAC, son las mayorías populares, obreras y ciudadanas pues, precisamente, el crecimiento económico que está experimentando el país, según los indicadores macroeconómicos que tanto le gustan al Sr. Guardia Quirós, no se están traduciendo en mejor bienestar para la gente; y, por el contrario, indicadores de otra naturaleza, como los de orden social, nos dicen de que la desigualdad no se detiene, para únicamente citar un punto.
La gente no come macroeconomía. Algunos, cada vez más pocos, viven en una glotonería exasperante, avanzando en la concentración de los beneficios del crecimiento económico que los tales indicadores macroeconómicos ensalzados por el Sr. Guardia Quirós, les depara.

Entonces, esos indicadores macroeconómicos deben ser redimensionados para impulsar grandes decisiones de política pública hacia la distribución, en los más diversos órdenes. Está bien lo del primer debate al proyecto de ley contra el fraude fiscal, pero no bastará.

Más allá de lo que esta iniciativa contra el robo de impuestos, ya en operación plena, pueda representar en generar miedo a los grandes ladrones de impuestos (como esos que usan las artimañas denunciadas en “Los papeles de Panamá”), lo realmente medular en todo esto será el desafío de la transformación del impuesto sobre la renta, de renta cedular, a renta global-universal, y hasta mundial.

Aquí sí estará en esencia el verdadero combate de clase en cuanto a la necesaria y justa repartición equitativa de los beneficios del crecimiento económico, que posibilitan esos buenos indicadores macroeconómicos aplaudidos desde las tiendas neoliberales.

¿Tendrá, ahora, el Presidente Solís Rivera el arrojo suficiente como para convocar a toda esa vasta variedad de sectores sociales que le llevó a Zapote y construir el músculo social imprescindible para enfrentar el desafío de la transformación del impuesto sobre la renta? Ojalá que sí y que recordara el acontecimiento del día 5 de mayo de 2014, en el Club Unión, cuando lo más representativo y convocante de la sociedad civil organizada le ofreció una propuesta de trabajo hacia la inclusión social en el gobierno del autoproclamado “cambio”.

El combate a la desigualdad es el desafío estratégico de nuestro tiempo, dentro del país y allende de nuestras fronteras. La transformación del impuesto sobre la renta está llamada a hacer justicia distributiva, como el mismo señor Guardia Quirós lo apuntó en su artículo.

La pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la precariedad del mismo, la pobreza y el congelamiento salarial, el deterioro de los servicios públicos esenciales, la violencia en todas sus manifestaciones y hasta el flagelo del marco, son expresiones de una sociedad que ha renunciado a la integración social; de una sociedad que podría ir en ruta hacia un Estado fallido, como lo están mostrando prestigiosos estudios internos y externos. De una sociedad que pareciera resignarse a ser desigualdad, instaurando el “sálvese quien pueda” como norma reguladora, más bien, desintegradora, de la convivencia en sociedad.