La ANEP y el Colectivo Sindical Patria Justa solicitaron el 1 de mayo del 2015 devolver dicha fecha a la clase trabajadora. Por lo que un años despues p.m. el Proyecto de Ley “Devolver el primero de mayo a los trabajadores y a las trabajadoras costarricenses” ya se encuentra en la corriente legislativa.
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ANEP celebra fracaso de intentona a favor de la impunidad en robo de impuestos… al menos por ahora
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra el estrepitoso fracaso del alto corporativismo empresarial en su intentona de institucionalizar, de manera definitiva, la impunidad en el robo de impuestos y en materia de fraude fiscal… al menos por ahora porque habrá que esperar lo que pueda venir en el propio plenario legislativo.
Para la ANEP, Uccaep y AmCham han mostrado su verdadero rostro: el bien común no es su prioridad, lo cual es sumamente grave para sus propios intereses corporativos, en momentos en los cuales la desigualdad creciente pone en riesgo el necesario buen clima de negocios que los socios de ambas cámaras ocupan para el bienestar de sus asociados directos y la seguridad de los inversionistas que dicen proteger.
Particularmente, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), quedan duramente descreditadas ante los ojos de una ciudadanía que es pagadora de sus impuestos, como lo es la clase trabajadora asalariada y no asalariada.
“Otros grandes perdedores en materia de transparencia y de credibilidad son los abogados tributaristas Adrián Torrealba, Alan Saborío y Francisco Villalobos. Su proclividad para poner sus conocimientos profesionales en materia tributaria al servicio de la ahora fracasada intentona de institucionalizar la impunidad en materia de robo de impuestos y de fraude fiscal, pone en gran evidencia la necesidad de que se legisle para que quien ha ocupado los máximos puestos político-jerárquicos en Aduanas y en Tributación queden con prohibición expresa de pasarse de acera, al menos por un tiempo decente para que “disimulen”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
Vargas detalló “se supone que tales puestos son estratégicos para una sociedad que pretende poner la promoción del bien común, la inclusión y la equidad sociales como centro de sus políticas; y que luego jerarcas de tal nivel, una vez que dejan esos puestos y pasen de manera inmediata a servir altos intereses corporativos centrados en la promoción del lucro privado y con gran resistencia para honrar sus responsabilidad fiscales para con la sociedad, abre gigantescas interrogantes acerca del carácter que habría tenido en sus respectivos momentos, gestión tributaria que les fueran confiadas antes de que se pasaran de acera”.
Para el representante de la ANEP, bien harían los tres mencionados ciudadanos expertos en indicarle al país cómo se benefició la sociedad cuando ellos ocuparon el más alto puesto de la política pública en materia hacendario-tributaria. Según su comportamiento notorio en la circunstancia actual del trámite parlamentario del actual proyecto de ley en materia de fraude fiscal.
La “furiosa” reacción de los diputados de la alianza opositora que controla el actual directorio legislativo, no indica otra cosa que, efectivamente, estuvieron bien involucrados en la estratagema (Acción hábil y engañosa para conseguir algo), ahora fallida, para legalizar la impunidad en el robo de impuestos, en confabulación con Uccaep, con AmCham y con la asesoría de los ahora cuestionados profesionales tributarios citados. Por más rabietas que hagan, su transparencia, también, ha quedado muy lesionada.
El bloque parlamentario del mal
Las fuerzas políticas ligadas al gran capital neoliberal han tomado el control de la Asamblea Legislativa.
Hay una recomposición política del viejo y detestado “PLUSC” (Unidad y Liberación), que reafirma el camino que hace tiempo optaron en contra del bien común, por renegar de sus principios filosóficos originarios; respectivamente hablando, el Humanismo Cristiano y la Socialdemocracia clásica.
Al “PLUSC” se le ha sumado uno de sus hijos “renegados”: el partido Libertario, el que está acusado de estafas electorales y que es el partido oficial del negocio del porteo en su carácter de actividad de alta concentración corporativa.
El fundamentalismo fiscalista neoliberal dominará toda la dinámica parlamentaria del año legislativo que comenzó este domingo Primero de Mayo.
Por un lado, con la excusa del déficit fiscal de por medio, aparte de reforzar la perversa tesis de que este es un problema de los salarios que devengan las personas empleadas públicas, se pretende atacar a mansalva derechos constitucionales como la Negociación Colectiva, mismos que tienen rango de compromisos internacionales del país.
Ni siquiera la clase trabajadora del sector municipal del país se ha de salvar de esta cruzada extremista contra el sector público, contra su clase trabajadora, contra sus organizaciones.
La ofensiva es ideológica, más allá de varias de las cosas que habría que corregir en materia de Empleo Público que ya están identificadas y que son las excepciones. Es ideológica porque se trata de planteamientos políticos cargados de gran odio contra todo el sistema de políticas públicas a cargo del Estado, en función de lo siguiente:
a) que estas sean suprimidas al máximo;
b) deterioradas lo más profundamente posible con restricciones salvajes de orden presupuestario;
c) impulso privatizador intenso y diverso;
d) fomento de la austeridad a niveles intolerables y desesperantes (“austericidio”);
e) aceleración de los procesos de concentración de riqueza en desarrollo indetenible; y
f) acumulación excesiva de renta en pocas manos a partir de mayores posibilidades de lucro privado con los servicios públicos.
Todas estas circunstancias juntas potencian la explosiva olla de presión que siguen calentándose todos los días dadas situaciones de involución social como las siguientes: informalidad llegando al 50%, prácticamente 20% de desempleo, casi 30% de población obrera en el sector privado que ni siquiera recibe el salario mínimo de ley; y como contraste, 8,5 puntos porcentuales de PIB, producto del robo de impuestos, 6 puntos porcentuales de PIB producto de exenciones y de exoneraciones, 8,1 puntos porcentuales de PIB del dinero sucio circulante en el sistema financiero producto del narco y del crimen organizado.
Sin considerar lo que representan los intereses del pago de la deuda del país.
Los sectores político-ideológicos que ahora estarán al frente del directorio legislativo 2016-2017, vía sus expresiones partidarias: el viejo y detestado “PLUSC” (con su turecas encabezadas por el partido Libertario), son los que incluyen en su seno a y representan los intereses de los beneficiarios del robo de impuestos en todas sus manifestaciones, de las abusivas exenciones y exoneraciones y, quizás, algunos tienen conexiones de negocios con los dineros de dudosa procedencia.
La vieja política de los pactos palaciegos se ha manifestado, una vez más, en toda su dimensión y, como siempre ha sucedido, en contra de los intereses de las mayorías.
Para quienes laboran asalariadamente en el sector Público, especialmente para quienes tienen ingresos salariales medios y bajos (especialmente, los de carácter precario), la hora del desafío ha llegado y luego de intensos dos años de gestión político-sindical de alta incidencia, impidiendo la materialización del ataque que ahora sí está completamente evidente en el horizonte más cercano a nuestras propias vidas y la de nuestras familias.
¡Alistémonos a responder como nunca antes jamás pensamos que tendríamos que hacerlo!
Presupuesto 2017
El actual Gobierno dio a conocer su propuesta-proyecto de presupuesto general de la República, para el ejercicio fiscal del año 2017; presupuesto que, prácticamente, es de 9 billones de colones (9.000.000.000.000). Ese mismo día se inició el trámite legislativo para su necesaria aprobación parlamentaria la cual debe darse, como máximo, el próximo 30 de noviembre. Queremos compartirle varias impresiones que este asunto, tan delicado, nos ha generado.
Empezamos por aclarar que el nombre o el concepto “presupuesto general de la República”, no es real en sentido estricto. Es decir, estamos hablando, en realidad, de un “presupuesto parcial de la República”, el del Gobierno Central únicamente: poderes Legislativo (con Defensoría y Contraloría incluidos); judicial; electoral; y ejecutivo (ministerios, entes adscritos a los mismos); transferencias a las universidades públicas, a otros programas (como Fodesaf, el PANI, otras entidades de bien social); algún dinero para las municipalidades, pensiones con cargo a dicho presupuesto; y, finalmente, a honrar la deuda nacional, tanto interna como externa.
¿Por qué decimos que debe ser llamado “presupuesto parcial de la República”? Porque la Asamblea Legislativa no conoce de los presupuestos anuales de instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, banco del Estado y otras entidades descentralizadas y/o con autonomía constitucional como las municipalidades. Por ejemplo, el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no pasa por el parlamento. Y según los entendidos, solamente el presupuesto anual de esta entidad es del tamaño de todo el Producto Interno Bruto (PIB), de la hermana República de Nicaragua. Considerando esta circunstancia de lo que no pasa por el parlamento, éste solamente conoce, cuestiona y aprueba, anualmente, del 40% del movimiento presupuestario-financiero del Estado. El otro 60% se maneja “solo”, únicamente con la revisión anual que le hace la Contraloría General de la República (CGR).
Sobre ese 40%, es que se han venido dando los debates fiscales de los últimos tiempos, especialmente el tema del déficit fiscal. Desde nuestro modo empírico de abordar estos asuntos delicados, tales debates y tales enfoques son incompletos porque, por ejemplo, se nos aterroriza como sociedad sobre el déficit fiscal pero calculando la relación ingresos-egresos del Estado, con base en ese 40% que es el Gobierno Central.
Imaginemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, hay 10 ingresos pero al calcular el presupuesto familiar solamente se consideran los ingresos de 4 personas. Las otras 6 no son tomadas en cuenta. A lo mejor, si el presupuesto de la República en verdad fuera general, es decir, juntar el 40% que conoce la Asamblea Legislativa más el 60% que no pasa por ella, el déficit fiscal sería de otra naturaleza y no nos tendrían tan ideológicamente acorralados de que si éste llega al 6%, o al 8% del PIB, habrán llegado “los días del juicio final”.
Ahora bien, dejando de lado tal criterio, nos ha dejado estupefactos la información gubernamental oficial de que la tercera parte de lo que se conoce como presupuesto general de la República, de lo que tramitará la Asamblea Legislativa, se va en amortización y en pago de los intereses de la deuda del país.
Es decir, atender lo que se conoce como el servicio de la deuda, implicará erogar 3 billones de colones (3.000.000.000.000), solamente en el año 2017. Es decir, 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), del presupuesto general de la República para el año 2017, no se pueden utilizar más que para quedarle bien a los prestamistas, personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, que nadie sabe quiénes son porque son datos que no se hacen públicos. ¿De cuánto es la deuda del país?…
Tanto dinero público destinado a amortización e intereses de la deuda del país, plantea la urgente necesidad de que la ciudadanía pueda conocer, con todo lujo de detalles, ¿cómo fue que Costa Rica se endeudó tanto, quiénes son los acreedores del país, quiénes con nacionalidad costarricense y quiénes con naturaleza extranjera; qué entidades nacionales e internacionales son acreedoras, qué personas, bufetes las representan; cuáles son los plazos de la deuda; cuánto de ella va al principal (amortización) y cuánto de ella es solamente pago de intereses; qué personas y/o entidades tienen bonos del tesoro costarricense; qué reingeniería financiera puede el país hacer, cuánto margen tiene para ello; que nos espera en 5, en 10, en 15, en 20 años si esto no se corrige; qué relación tiene esta situación de altísimo endeudamiento nacional con la naturaleza actual del sistema tributario costarricense y qué cambios más que inmediatos, profundos, el mismo requiere? Etc., etc. Pareciera ser que se ocupa de una especie de auditoría ciudadana de la deuda del país, para saber cuánto de ella sí es legítima, cuánto de ella podría no serlo; cuánto de ella se puede renegociar, diferir, reconsiderar, anular y/o condonar…
Atender el pago de la deuda integralmente asumido (amortizar algo al principal y/o honrar intereses), y mantener el carácter regresivo del sistema tributario del país, representa una doble dolorosa circunstancia que hará que quienes menos tienen y que son los más en la Costa Rica de hoy, incrementen las penurias socioeconómicas del diario vivir.
Esta doble situación que conspira contra el bien común (deuda prácticamente inmanejable y sistema tributario facilitador de la concentración de la riqueza), es un verdadero crimen social que alimenta la violencia y la exclusión.
En muchos ámbitos de la política pública del Gobierno Central la vivencia de la precariedad se manifiesta dentro de la misma y en el afuera de la misma. Veamos estos dos ejemplos. La precariedad institucional de las cárceles hace que sufra la persona privada de libertad y la que debe dar la seguridad en las mismas. A ambas les afecta esa doble situación conspiradora en contra del bien común. Por otra parte, la precariedad institucional del trabajo preventivo en Salud, afecta a la familia en condición de marginalidad y propensa a las enfermedades virales, como al personal que, precariamente también, debe fumigar esas comunidades y viviendas pobres con escasos recursos a su disposición. Y en ambos casos de prestación de servicios como empleo público, salarialmente hablando, la remuneración también es precaria.
En tal estado de cosas y de cara a la tramitación del presupuesto general de la República para el 2017, no comprendemos cómo se puedan seguir sosteniendo políticas inmisericordes de recortes presupuestarios irresponsables, abusivos e irreflexivos; de aplicar recetas draconianas de austeridad fiscal y presupuestaria en servicios públicos del Gobierno Central que solamente pueden concebir recortes vías despidos masivos; y en servicios públicos ya de por sí precarios pero que están destinados a atender a población vulnerables, en pobreza o en ruta hacia ella, en estados de precariedad económico-social, excluidos o descartables como llama el Papa Francisco a los más humildes de los humiles.
Realmente es muy necesario que en la coyuntura abierta a propósito de la tramitación del presupuesto 2017, tengamos presente que en su más reciente mensaje a la ciudadanía, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), titulado “El bien común como anhelo de nuestra sociedad”, nos señaló lo siguiente: “En los últimos tiempos, un acelerado cambio cultural, debido a dinámicas sociales, políticas, económicas e ideológicas, tanto al interior del país como por influencia internacional, ha ido en detrimento del sentido de solidaridad y de la búsqueda del bien de todos los habitantes de Costa Rica”.
Seccional ANEP-Fuerza Pública apoyó marcha del 1 de mayo
Patria Justa con gran presencia en las calles josefinas para celebrar el 1 de mayo
Desde trabajadores agrícolas de plantaciones piñeras y bananeras de la zona Caribe, trabajadores de afiliados a SITRAPEQUIA, trabajadores migrantes, ICEISTAS, anepistas, integrantes de los sindicatos UPINS, SINAE, SIPROCNP, representantes de zonas indígenas, trabajadores del sector privado y de diversos puntos del país marcharon pacíficamente por las calles capitalinas bajo una sola unión y consigna.
Entrevista Extra TV a Albino Vargas sobre proyecto de fraude fiscal
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), condena, con energía, las perversas pretensiones del alto corporativismo empresarial, de sus renombrados bufetes y de exjerarcas tributario-aduaneros, para facilitar que en nuestro país el robo de impuestos continúe sin control, se profundice y hasta que quede, prácticamente, en total impunidad.
Primero de Mayo es joven y es presente
He tenido la fortuna de crecer con la celebración del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras como práctica personal y política. Y digo fortuna porque esta fecha conmemora hechos históricos de suma relevancia para la democratización de nuestros derechos laborales y humanos.
Memoria de lo acontecido
En 1886, a partir del 1° de mayo miles de trabajadores(as) en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, iniciaron marchas y huelgas, para protestar por las precarias condiciones laborales de las cuales eran objeto. Una de las demandas más significativas procuró la disminución de la jornada de trabajo, plasmada en la máxima: “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”.
Aunque el carácter de las manifestaciones era pacífico, en varias ocasiones hubo disturbios y por ende fueron puestas en marcha fuertes medidas de represión policial. Este clima de alta efervescencia social llevó a un hecho lamentable, conocido como la “Revuelta de Haymarket”. Una bomba estalló generando el caos y la lamentable muerte de manifestantes, policías y civiles. Si bien a la fecha se desconoce quién activó la misma, ocho dirigentes del movimiento obrero, entre los cuales había jóvenes de 22 a 35 años, fueron culpabilizados. Luego de un proceso judicial cargado de irregularidades, uno fue sentenciado a trabajos forzosos, dos a cadena perpetua y cinco a ser ejecutados en la horca. Hoy los conocemos como los Mártires de Chicago.
El aporte social de esta fecha
En aras de reivindicar la gesta de estos pioneros líderes sindicales, durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1889), se tomó el acuerdo de establecer la fecha en cuestión como el Día Internacional de los Trabajadores.
Este domingo se cumplen 130 años desde los hechos históricos de Chicago, no obstante, su vigencia es más que necesaria en nuestra agenda como personas trabajadoras jóvenes en dos sentidos.
Primero, promover y demandar el trabajo decente (TD) como un derecho humano esencial. En especial al tratarse de grupos vulnerabilizados como mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas, agricultores y trabajadores de la economía informal. Según datos de la OIT “las personas jóvenes de América Latina y el Caribe enfrentan tasas de desempleo mucho mayores que las personas adultas. Entre los desempleados, las y los jóvenes representan el 46% del total (10 millones)” y muchos mercados laborales de esta región presentan dinámicas de precariedad, donde los derechos laborales básicos son desconocidos por quienes trabajan.
Así, empleos en igualdad de oportunidades, sin discriminación de ningún tipo, con protección social, en el marco de una normativa construida desde el diálogo social, con libertad sindical, en el sector público y privado, constituyen en conjunto el TD. De esta manera, el empoderamiento de la juventud sobre sus implicaciones y la necesidad de asociación para alcanzar incidencia política es una tarea impostergable.
Segundo, potenciar acciones hacia la justicia social. Sirva esta celebración para tomar la bandera de la lucha por una democracia social inclusiva y solidaria. Los hechos acontecidos establecieron las bases para el mejoramiento de las condiciones laborales. Si bien alrededor del mundo, como en Latinoamérica y el Caribe, se han alcanzado conquistas de gran impacto, aún existen situaciones las cuales deben ser erradicadas como son: el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Igualmente existen otras que ameritan revisión inmediata a saber las condiciones de empleabilidad para jóvenes y la paridad por género.
Por todo lo anterior, como jóvenes y más como agentes de cambio tenemos la responsabilidad social y política de conmemorar la fecha y socializarla con otras personas para 1°. Reconocer las luchas dadas por hombres y mujeres en otras latitudes y de las cuales somos beneficiarios(as) directos(as) 2°. Resguardar las conquistas laborales y promover su universalidad y 3°. Trabajar personal y políticamente, desde nuestra realidad, por cumplir con los principios del TD. Así, estamos contribuyendo de manera tangible con la consolidación de la democratización real de los Derechos Humanos de cada persona, sin referencia a su condición personal, social, cultural ni política.
Fuentes bibliográficas
1° de mayo: Día Internacional de los Trabajadores (s.f).
En OIT Recuperado el 25 de abril de 2016
http://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_180752/lang—es/index.htm
Día Internacional de los Trabajadores (24 abril de 2016).
En Wikipedia. Recuperado el 25 de abril de 2016, de
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Trabajadores
La Historia del 1° de mayo (s.f). En UGT.
Recuperado el 26 de abril de 2016, de
http://web.archive.org/web/20140605072352/http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia1demayo.htm
En aquella época las condiciones de vida de los trabajadores en Europa y los EE.UU. no podían ser peores: la jornada laboral llegaba hasta las 16 horas (para muchos miles de hombres y mujeres la jornada se iniciaba a las 4 de la madrugada y terminaba a las 8 de la noche); el salario era escaso y sólo permitía ir malviviendo mientras había un puesto de trabajo en la Industria. En caso de cierre de la empresa, el destino para las familias obreras era el paro o la emigración. Sus hijos trabajaban desde los 6 años, y las mujeres de noche para completar el salario familiar. La miseria y la explotación eran un lugar común entre las clases trabajadoras, así como la represión policial. No es extraño, por lo tanto, que los obreros intentaran terminar con esta situación a partir de la década de 1880.
(Fundación Francisco Largo Caballero, UGT)
Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948)
ANEP presentó Recurso de Amparo contra Ministerio y jerarca de Hacienda para que revelen los importadores que evaden el fisco
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este martes, un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda y el jerarca de esa cartera Helio Fallas Venegas, con el objetivo de que den a conocer quiénes son los 335 importadores que habrían evadido 53 mil millones de colones al fisco.
La presentación del Recurso de Amparo se da un mes después de que la ANEP solicitará ante el despacho del Ministro de Hacienda los nombres de esos importadores que evaden a Adunas y Tributación Directa por el importe de productos, esto último dado a conocer en el sitio oficial del Gobierno de Costa Rica, bajo el título “Aduanas encuentra evasión que podría superar los ₡53 mil millones”.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que la información solicitada no constituye secreto de estado por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son esos importadores que evadieron al fisco.
“La información solicitada no constituye secreto de estado, por el contrario, en tanto exista una afectación evidente al erario público, y la misma es denunciada en el enlace web oficial del Gobierno, existe un interés, ya que esta situación afecta a todos los habitantes de la nación”, explicó Vargas.
La ANEP, insistentemente, una y otra vez, ha venido planteando que las verdaderas causas del déficit fiscal están relacionadas, entre otros aspectos, con los altísimos niveles de evasión y elusión tributarias, mismos que rondan ya los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), más de 2 billones 500 mil millones de colones (2.500.000.000.000.00).
La presunta evasión de estos 335 importadores es tan solo una pequeña muestra de lo anteriormente apuntado.
Es criterio de la ANEP que la ciudadanía tiene derecho a conocer tal información, especialmente la clase trabajadora, asalariada y no asalariada, puntual pagadora de sus impuestos, como el de ventas al momento mismo de la compra, en la caja registradora; y el de renta salarial, cuando corresponde, se rebaja de planilla puntualmente.
Recurso de Amparo Contra Ministerio de Hacienda y Ministro by EugenioGuerrero on Scribd
Homologación Primera Convencion Colectiva Municipalidad de Cañas
El Ministerio de Trabajo entregó la homologación de la primera Convención Colectiva en la Municipalidad de Cañas.
Homologación de la Convención Colectiva en la Municipalidad de Cañas
