El actual Gobierno dio a conocer su propuesta-proyecto de presupuesto general de la República, para el ejercicio fiscal del año 2017; presupuesto que, prácticamente, es de 9 billones de colones (9.000.000.000.000). Ese mismo día se inició el trámite legislativo para su necesaria aprobación parlamentaria la cual debe darse, como máximo, el próximo 30 de noviembre. Queremos compartirle varias impresiones que este asunto, tan delicado, nos ha generado.
Empezamos por aclarar que el nombre o el concepto “presupuesto general de la República”, no es real en sentido estricto. Es decir, estamos hablando, en realidad, de un “presupuesto parcial de la República”, el del Gobierno Central únicamente: poderes Legislativo (con Defensoría y Contraloría incluidos); judicial; electoral; y ejecutivo (ministerios, entes adscritos a los mismos); transferencias a las universidades públicas, a otros programas (como Fodesaf, el PANI, otras entidades de bien social); algún dinero para las municipalidades, pensiones con cargo a dicho presupuesto; y, finalmente, a honrar la deuda nacional, tanto interna como externa.
¿Por qué decimos que debe ser llamado “presupuesto parcial de la República”? Porque la Asamblea Legislativa no conoce de los presupuestos anuales de instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, banco del Estado y otras entidades descentralizadas y/o con autonomía constitucional como las municipalidades. Por ejemplo, el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no pasa por el parlamento. Y según los entendidos, solamente el presupuesto anual de esta entidad es del tamaño de todo el Producto Interno Bruto (PIB), de la hermana República de Nicaragua. Considerando esta circunstancia de lo que no pasa por el parlamento, éste solamente conoce, cuestiona y aprueba, anualmente, del 40% del movimiento presupuestario-financiero del Estado. El otro 60% se maneja “solo”, únicamente con la revisión anual que le hace la Contraloría General de la República (CGR).
Sobre ese 40%, es que se han venido dando los debates fiscales de los últimos tiempos, especialmente el tema del déficit fiscal. Desde nuestro modo empírico de abordar estos asuntos delicados, tales debates y tales enfoques son incompletos porque, por ejemplo, se nos aterroriza como sociedad sobre el déficit fiscal pero calculando la relación ingresos-egresos del Estado, con base en ese 40% que es el Gobierno Central.
Imaginemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, hay 10 ingresos pero al calcular el presupuesto familiar solamente se consideran los ingresos de 4 personas. Las otras 6 no son tomadas en cuenta. A lo mejor, si el presupuesto de la República en verdad fuera general, es decir, juntar el 40% que conoce la Asamblea Legislativa más el 60% que no pasa por ella, el déficit fiscal sería de otra naturaleza y no nos tendrían tan ideológicamente acorralados de que si éste llega al 6%, o al 8% del PIB, habrán llegado “los días del juicio final”.
Ahora bien, dejando de lado tal criterio, nos ha dejado estupefactos la información gubernamental oficial de que la tercera parte de lo que se conoce como presupuesto general de la República, de lo que tramitará la Asamblea Legislativa, se va en amortización y en pago de los intereses de la deuda del país.
Es decir, atender lo que se conoce como el servicio de la deuda, implicará erogar 3 billones de colones (3.000.000.000.000), solamente en el año 2017. Es decir, 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), del presupuesto general de la República para el año 2017, no se pueden utilizar más que para quedarle bien a los prestamistas, personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, que nadie sabe quiénes son porque son datos que no se hacen públicos. ¿De cuánto es la deuda del país?…
Tanto dinero público destinado a amortización e intereses de la deuda del país, plantea la urgente necesidad de que la ciudadanía pueda conocer, con todo lujo de detalles, ¿cómo fue que Costa Rica se endeudó tanto, quiénes son los acreedores del país, quiénes con nacionalidad costarricense y quiénes con naturaleza extranjera; qué entidades nacionales e internacionales son acreedoras, qué personas, bufetes las representan; cuáles son los plazos de la deuda; cuánto de ella va al principal (amortización) y cuánto de ella es solamente pago de intereses; qué personas y/o entidades tienen bonos del tesoro costarricense; qué reingeniería financiera puede el país hacer, cuánto margen tiene para ello; que nos espera en 5, en 10, en 15, en 20 años si esto no se corrige; qué relación tiene esta situación de altísimo endeudamiento nacional con la naturaleza actual del sistema tributario costarricense y qué cambios más que inmediatos, profundos, el mismo requiere? Etc., etc. Pareciera ser que se ocupa de una especie de auditoría ciudadana de la deuda del país, para saber cuánto de ella sí es legítima, cuánto de ella podría no serlo; cuánto de ella se puede renegociar, diferir, reconsiderar, anular y/o condonar…
Atender el pago de la deuda integralmente asumido (amortizar algo al principal y/o honrar intereses), y mantener el carácter regresivo del sistema tributario del país, representa una doble dolorosa circunstancia que hará que quienes menos tienen y que son los más en la Costa Rica de hoy, incrementen las penurias socioeconómicas del diario vivir.
Esta doble situación que conspira contra el bien común (deuda prácticamente inmanejable y sistema tributario facilitador de la concentración de la riqueza), es un verdadero crimen social que alimenta la violencia y la exclusión.
En muchos ámbitos de la política pública del Gobierno Central la vivencia de la precariedad se manifiesta dentro de la misma y en el afuera de la misma. Veamos estos dos ejemplos. La precariedad institucional de las cárceles hace que sufra la persona privada de libertad y la que debe dar la seguridad en las mismas. A ambas les afecta esa doble situación conspiradora en contra del bien común. Por otra parte, la precariedad institucional del trabajo preventivo en Salud, afecta a la familia en condición de marginalidad y propensa a las enfermedades virales, como al personal que, precariamente también, debe fumigar esas comunidades y viviendas pobres con escasos recursos a su disposición. Y en ambos casos de prestación de servicios como empleo público, salarialmente hablando, la remuneración también es precaria.
En tal estado de cosas y de cara a la tramitación del presupuesto general de la República para el 2017, no comprendemos cómo se puedan seguir sosteniendo políticas inmisericordes de recortes presupuestarios irresponsables, abusivos e irreflexivos; de aplicar recetas draconianas de austeridad fiscal y presupuestaria en servicios públicos del Gobierno Central que solamente pueden concebir recortes vías despidos masivos; y en servicios públicos ya de por sí precarios pero que están destinados a atender a población vulnerables, en pobreza o en ruta hacia ella, en estados de precariedad económico-social, excluidos o descartables como llama el Papa Francisco a los más humildes de los humiles.
Realmente es muy necesario que en la coyuntura abierta a propósito de la tramitación del presupuesto 2017, tengamos presente que en su más reciente mensaje a la ciudadanía, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), titulado “El bien común como anhelo de nuestra sociedad”, nos señaló lo siguiente: “En los últimos tiempos, un acelerado cambio cultural, debido a dinámicas sociales, políticas, económicas e ideológicas, tanto al interior del país como por influencia internacional, ha ido en detrimento del sentido de solidaridad y de la búsqueda del bien de todos los habitantes de Costa Rica”.
