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Fue en el presente Gobierno del presidente Solís Rivera donde, por primera vez, una administración tributaria reconoce, oficialmente, la magnitud del fraude fiscal-tributario-impositivo en Costa Rica: 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). Sin mezquindad de por medio, es un avance que reconocemos hacia la Transformación Tributaria Estructural por la que venimos abogando hace ya bastante tiempo.

Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) ha denunciado que en este tema del robo de impuestos hay enormes problemas en el ámbito de lo que técnica y eufemísticamente denominan las autoridades hacendarias del país como “grandes contribuyentes”. En el caso costarricense, son consorcios corporativo-empresariales que mueven sumas de dineros más allá de los 40 mil millones de colones anuales.

Para no pagar impuestos estos gigantes de la empresa privada alegan algo así como “ganancias cero” para huir de sus responsabilidades tributarias. Entendemos que el presente Gobierno quiere empezar a cambiar eso y ha mandado algunos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa en tal sentido, a fin de hacer más difícil el robo de impuestos y el fraude tributario en casos como este de los “grandes contribuyentes”. Eso está bien.

También entendemos que el Partido Liberación Nacional (PLN) es el principal opositor a esas nuevas legislaciones para el fraude de impuestos que para nosotros es un crimen social. Eso está mal.

El fenómeno del robo de impuestos a nivel global constituye una preocupación estratégica de los movimientos sociales planetarios, incluido el sindical.

En el caso costarricense, esos “grandes contribuyentes” deberían ser identificados, pues no es nada raro que algunas (o todas) sean empresas con ligámenes, con vínculos, que sean sucursales o franquicias de corporaciones multinacionales (estadounidenses, por ejemplo).

“Un sistema aún roto” es el título en idioma español del más reciente informe sobre el sistema tributario mundial, publicado por una coalición social en la materia formada por la Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos (ISP). En Costa Rica, nos sentimos involucrados y motivados por este esfuerzo, dado que somos la principal entidad sindical referente de la ISP en nuestro país.

La Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos están instando al G20 para que apoye más reformas del sistema tributario mundial, en las que participen todos los países en pie de igualdad.

Estas reformas deberían abordar eficazmente las prácticas fiscales perniciosas, como el desvío de beneficios y la utilización de los paraísos fiscales por parte de las empresas, y debería poner fin a la espiral descendente de los impuestos de sociedades en general.

Como sabemos el G20 es un foro del capital para la toma de las más grandes decisiones económico-ideológicas de la política internacional; foro que incluye a los 7 países más industrializados: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido Francia, Italia y Canadá; junto a Rusia y a la Unión Europea (UE), conceptuada como bloque económico. Once países completan el G20: China, Argentina, Brasil, México, Australia, Turquía, Indonesia, Corea del Sur, India, Sudáfrica y España.

Este informe, “Un sistema aún roto”, afirma de manera contundente que los países del G20 están entre los que más pierden por el fraude fiscal a gran escala, pero los países pobres son los más afectados en términos relativos
En términos generales, se estima que las multinacionales estadounidenses, con objeto de reducir sus obligaciones fiscales, desviaron en 2012 entre 500.000 y 700.000 millones de USD.

Surge actualmente en el seno de la sociedad costarricense un debate ideológico por la fuerte necesidad que tiene el Estado de sancionar los delitos, por la aplicación racional de las penas y por lograr los fines que se persigue con ella; de igual manera, la responsabilidad que recae sobre el país de darle solución al serio problema del hacinamiento carcelario. Estos factores y el temor del pueblo ante el incremento desmedido de la criminalidad, es lo que enriquece la disparidad de criterios.

El dilema presente nos refiere a una polarización de planteamientos, volviendo a una vieja discusión entre el “garantismo penal” y el “populismo punitivo”. Este último, se identifica plenamente con el derecho y el dolor de las víctimas, sostiene como postulados las altas penas, “cero tolerancia” y “mano dura” contra los delincuentes.

El populismo punitivo es utilizado en el discurso de algunos actores políticos como estrategia electoral, se aprovechan del temor que el pueblo siente hacia la inseguridad y dicen precisamente lo que la gente quiere escuchar para ganar aceptación, aunque estén lejos de resolver el problema. De igual manera, goza de la simpatía de ciertos medios de comunicación que necesitan vender sus productos “informativos”.

Por otra parte, el “garantismo” penal parece responder al Estado de Derecho, es de aceptación en el seno de los teóricos en materia penal ( no de todos) y defiende el uso limitado del Derecho penal, es decir, que la intervención punitiva sea racional, justa y proporcional.

Se le critica al “garantismo” ser muy permisivo, darle relevancia al derecho de los delincuentes y convertirse en una herramienta casi abolicionista de las leyes.

Más allá de ser partidario de una o de otra posición, considero prudente buscar un equilibrio en el que se pueda defender la inherente dignidad de todas las personas; es necesario pensar en alternativas penales que sean diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado y que no son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la pena privativa de libertad, ésta no ha conseguido los fines de reinserción propuestos, no se ha logrado con ella una adecuada prevención especial ni general, es decir, se están llevando más personas a la cárcel y la criminalidad sigue en aumento. De manera que, estamos en una encrucijada que demanda la búsqueda de nuevas alternativas y el trabajo en conjunto de diferentes actores de la sociedad.

La construcción de más y mejores espacios carcelarios nos lleva a pensar en una alternativa inmediata pero, esta opción no soluciona el problema de hacinamiento, por el contrario, si no se hace acompañar de una buena política social, si no se modernizan las bases legales y si no se legisla al respecto, seguiríamos llenando esos espacios. No obstante, es una posibilidad responsable, aunque reitero, no eficaz.

El hacinamiento carcelario es un problema serio, que afecta negativamente a las personas privadas de libertad y sus familias, al cuerpo de seguridad, al equipo técnico y profesional, y al grupo social al que pertenecen. Por eso, se debe pensar en alternativas que sean compatibles con el tipo y gravedad del delito, con la personalidad y los antecedentes del delincuente, sin que esto signifique, olvidar la protección de la sociedad.

En otras palabras, de acuerdo con el carácter universal de los Derechos Humanos y el grandioso Principio de Igualdad, toda decisión que se tome respecto del tema carcelario, debería considerar la necesidad de rehabilitar al delincuente, darle protección a la sociedad y defender también, los intereses de las víctimas.

Por otra parte y no menos importante, es poder incluir en el debate, el tema de los derechos humanos de los policías penitenciarios. Estos hombres y mujeres que ocupan los puestos de la eterna exclusión y que literalmente son escudos humanos en las cárceles. Humildes y sencillos servidores que arriesgan sus vidas por la seguridad de este país y a quienes se les retribuye con un salario que raya entre el mínimo y lo miserable.

No olvidemos a aquellos que trabajan entre muros y barrotes por nuestra seguridad, ellos también cuentan…

Primero fue la señora Contralora General de la República, doña Martha Acosta Zúñiga; y, luego el señor Fiscal General de la República, don Jorge Chavarría Guzmán. Hacen ambos un llamado a la ciudadanía para que con ocasión de las próximas elecciones municipales previstas para febrero de 2016, nos preocupemos de tener gran cuidado de no darle voto a personas candidatas ligadas, de una forma u otra, con el narcotráfico y con el crimen organizado. Especial énfasis se hace para los casos de los municipios limonenses, los de la provincia de San José y los ubicados en las zonas fronterizas. Se trata de un acertado llamamiento que aplaudimos y felicitamos.

Considerando la institucionalidad que ambas personas representan, las bases para formular un llamado de tal calibre deben ser sólidas. Deben estar en posesión de información sensible, quizás no comprobable, pero indicativa de que no estamos lejos de ver corporaciones municipales penetradas y controladas por el dinero sucio y sangriento del narcotráfico, tal y como sucede ya en muchos municipios centroamericanos y mexicanos.

Desde la trinchera sindical en que desarrollamos nuestro accionar cotidiano de lucha social, este asunto de la penetración del narcotráfico en nuestra sociedad ha venido a ocupar una preocupación más. Nos duele mucho la constatación de este funesto acontecimiento, especialmente en los ámbitos sociales de “los y las de abajo”; tanto en los casos de caída en la adicción, como en los casos de inserción delictiva con sicariato incluido.

Pensamos que indagar y compartir al narco debe ser un esfuerzo nacional y articulado en varias dimensiones. Dentro de éstas, la fiscal-tributaria es fundamental. Desde el pasado 16 de octubre de 2015, en formato de comunicado de prensa, dimos a conocer nuestras primeras posiciones al respecto.

Motivados ahora por el llamado de la señora Contralora General y el del señor Fiscal General, estimamos conveniente reiterar nuestro pensamiento.

Costa Rica ocupa de la más grande unión jamás realizada de todas sus fuerzas cívicas sanas para combatir la penetración del narcotráfico y del crimen organizado que el mismo supone; diseñando una estrategia integral, multisectorial y multifactorial, para indagarle y combatirle; tanto “por arriba” como “por abajo”.

Parecería que como sociedad todavía “estamos a tiempo”; sin embargo, considerando el entrampamiento político que vive el país pensamos que podríamos ya estar en ruta hacia un “Estado fallido”, debido al control territorial, político-partidario, financiero bancario que el crimen organizado estaría ya en condiciones de asumir en porciones importantes de la vida social y política nacional.

En esta ocasión queremos hacer énfasis en el aspecto financiero-bancario, pues el impresionante flujo de dinero sucio en nuestra sociedad, merece la más grande drasticidad de combate por parte de la política-fiscal tributaria del país, tanto a nivel legislativo como administrativo.

Para algunas entidades corporativo-empresariales internacionales, Costa Rica está inundada de dinero sucio. Según las mismas, cada hora (60 minutos), en el circuito financiero-bancario y económico de nuestra economía, podrían estar circulando unos 600 millones de dólares; lo que equivale a unos ¡14 mil millones de colones cada 24 horas!

Se puede estar de acuerdo o no con tales datos; sin embargo, en lo que sí hay consenso es que la cantidad de dinero sucio en Costa Rica es astronómica e impresionante; dinero sucio que no solamente es el que circula producto de todas las formas de evasión fiscal y de robo de impuestos, sino también de esas enormes cantidades de transacciones por narcotráfico y crimen organizado; o bien, lo que resulta más lógico suponer, una vinculación cotidiana de lo uno con lo otro.

Acertadamente se está promoviendo el proyecto de “ley de extensión de dominio” cuyo objetivo general es perseguir los bienes materiales mal habidos por dineros del crimen organizado (lo cual es completamente correcto); pero, muy “convenientemente” se está dejando de lado la persecución de los bienes también mal habidos por evasión fiscal; como si este delito no fuese parte de lo que existe al respecto en materia de crimen organizado y de lavado de dinero.

Pensamos que el crimen organizado está metido en esto de la gigantesca evasión fiscal-tributaria que se da en el país y, por tanto, en el indicado proyecto de ley se debería legislar al respecto, fuertemente.

Es más, se debe introducir en la “ley de extensión de dominio”, un impuesto a todas las transacciones financiero-bancarias que se realizan en el sistema bancario costarricense y en sus entidades conexas; de forma tal que, por ejemplo, toda operación superior a los 10 mil dólares estadounidenses se le ponga un tributo, un “peaje”, de cierta cantidad porcentual (por definir), para destinarlos a los servicios públicos que se encargan del combate al narcotráfico y al crimen organizado, a una real estrategia integral de prevención del delito y a atender a la población joven del país multidimensionalmente para ganársela a la droga y al narco. Dado el impresionante flujo de dinero sucio que al día se da en Costa Rica, cualquier porcentaje por mínimo que sea, representará gigantescas sumas en las arcas públicas.

Este impuesto especial a todas las transacciones financiero-bancarias, conocido en los países de la Unión Europea (UE), como la Tasa Tobin, representaría un extraordinario dispositivo de política pública para aportar, con solidez, a una estrategia integral y multifactorial de indagatoria, combate y hasta erradicación del dinero sucio en nuestra sociedad; mismo que, repetimos, es producto de todas las formas de evasión tributaria y de robo de impuestos y del “matrimonio” perverso de ello con el ingreso de las impresionantes cantidades de plata corrompida producto del tráfico ilícito internacional de estupefacientes y del lavado de dinero que el mismo presupone.