Trabajadores del AyA en Puriscal se van a paro de labores

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes cerca de 35 trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) destacados en la zona de Puriscal han iniciado un paro de labores indefinido, debido a las pésimas condiciones del plantel del AyA en Puriscal, así como la falta de herramientas para desempeñar sus labores lo que afecta directamente a la comunidad.

Así lo manifestó Edwin Marín, Presidente de la seccional ANEP-AyA, quien indicó que las condiciones insalubres en las que se encuentran entre 30 a 40 trabajadores realizando sus labores viola todas las normas de seguridad e higiene.

“Ellos (trabajadores) están ubicados en una bodega, no cuentan con un plantel con todas las condiciones como si lo tiene otros funcionarios operativos en diversas zonas del país. Además están faltando muchas herramientas para poder realizar trabajos en vía pública, ya que la administración no les facilita la herramienta, siendo la comunidad de Puriscal la más afectada en este último aspecto”, dijo Marín.

En este momento existe mucha indignación por parte de los trabajadores, ya que según explicó Marín no se ha aplicado por parte de la Administración del AyA en Puriscal ni una sola de las disposiciones presentes en un estudio técnico que realizó la Dirección de Salud Ocupacional en noviembre del 2014, indicando las necesidad de mejorar las instalaciones de los trabajadores operativos.

Ante esta situación la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ya ha solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en busca de una negociación con la administración del AyA en Puriscal.

Debido al paro de labores actualmente se encuentran suspendidos todos los servicios operativos del AyA en Puriscal. Se espera que vecinos de la comunidad se sumen al movimiento en protesta a la mala gestión administrativa del AyA de la zona.

Seccional ANEP-Municipalidad San Rafael de Heredia organizó debate con candidatos a Alcaldía

Los debates desde nuestra perspectiva se convierten en un medio por el cual varias personas que aspiran por un fin común, como lo es ganar el proceso electoral para asumir en función del Cantón el puesto de la alcaldía municipal, pueda de manera constructiva, respetuosa y sana referirse sus planes de gobierno.

Además, se convierte en una oportunidad para los ciudadanos y las ciudadanas del cantón de conocer los proyectos de trabajo de cada uno de los candidatos y las candidatas por los diferentes partidos políticos, y de este modo, poder emitir un voto informado en las próximas elecciones del 07 de febrero.

Temas para desarrollo del debate:

1. El tema limitaciones en Zonas de Protección: abastecimiento, racionalidad y medidas de contingencia de los recursos naturales en relación a un desarrollo cantonal sostenible.

2. El tema de infraestructura: Red vial, mantenimiento y nuevos proyectos a nivel institucional y cantonal.

3. El tema de la administración financiera: crecimiento financiero de la municipalidad, proyectos para recaudación y mecanismos de control contra la evasión de impuestos, entre otros.

4. El tema social y seguridad ciudadana: programas y proyectos inclusivos y participación ciudadana,

5. El tema del fortalecimiento municipal: mejora la producción (permisos y trámites), motivación y condiciones laborales (salud ocupacional), entre otros.

Preguntas para el Debate de Candidatos a la Alcaldía de San Rafael de Heredia.
1.- San Rafael es un cantón ambientalista, que ha alcanzado primeros lugares en ambiente a nivel nacional en el ranking de la contraloría, sin embargo el tener una gran proporción del cantón como zonas de protección y el cuidar el recurso hídrico, ha limitado la finanzas municipales en la captación de ingresos que el municipio requiere.
¿Cómo integrarían ustedes el tema ambiental, zonas de protección, recurso hídrico, con un desarrollo sostenible que no afecte los ingresos municipales en su gestión y le permita al municipio incrementar los recursos para invertir en las comunidades?
2.- El Cantón de San Rafael tiene una extensión de 48 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 50 mil habitantes, que cada día demandan más obras en infraestructura y servicios comunales por parte del municipio.
¿Qué proyectos tienen ustedes como prioritarios en materia de infraestructura, red vial cantonal y servicios comunales entre otros, como propuestas para los contribuyentes que pagan oportunamente sus tributos municipales?

3.- Aparte de la infraestructura, hoy en día las comunidades exigen más participación de la Municipalidad en temas sociales y de seguridad ciudadana, que promuevan el desarrollo integral de los habitantes del cantón.
¿Cuál sería la propuesta de ustedes para mejorar la seguridad ciudadana en el cantón y promover programas inclusivos que fomenten la participación ciudadana de los vecinos del cantón?
4.- Esta Municipalidad como institución ha ido creciendo en su organización y dinámica de trabajo, lo que le ha permitido estar en los primeros lugares a nivel nacional e incluso obtener un primer lugar en el año 2012 en el ranking de la Contraloría.

¿Cómo fortalecerían ustedes la Municipalidad como Institución en temas como mejoras a su estructura organizativa, atención al contribuyente (tramites y permisos) y motivación y condiciones laborales de sus funcionarios?

La evasión fiscal, un crimen contra la humanidad

Fue en el presente Gobierno del presidente Solís Rivera donde, por primera vez, una administración tributaria reconoce, oficialmente, la magnitud del fraude fiscal-tributario-impositivo en Costa Rica: 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). Sin mezquindad de por medio, es un avance que reconocemos hacia la Transformación Tributaria Estructural por la que venimos abogando hace ya bastante tiempo.

Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) ha denunciado que en este tema del robo de impuestos hay enormes problemas en el ámbito de lo que técnica y eufemísticamente denominan las autoridades hacendarias del país como “grandes contribuyentes”. En el caso costarricense, son consorcios corporativo-empresariales que mueven sumas de dineros más allá de los 40 mil millones de colones anuales.

Para no pagar impuestos estos gigantes de la empresa privada alegan algo así como “ganancias cero” para huir de sus responsabilidades tributarias. Entendemos que el presente Gobierno quiere empezar a cambiar eso y ha mandado algunos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa en tal sentido, a fin de hacer más difícil el robo de impuestos y el fraude tributario en casos como este de los “grandes contribuyentes”. Eso está bien.

También entendemos que el Partido Liberación Nacional (PLN) es el principal opositor a esas nuevas legislaciones para el fraude de impuestos que para nosotros es un crimen social. Eso está mal.

El fenómeno del robo de impuestos a nivel global constituye una preocupación estratégica de los movimientos sociales planetarios, incluido el sindical.

En el caso costarricense, esos “grandes contribuyentes” deberían ser identificados, pues no es nada raro que algunas (o todas) sean empresas con ligámenes, con vínculos, que sean sucursales o franquicias de corporaciones multinacionales (estadounidenses, por ejemplo).

“Un sistema aún roto” es el título en idioma español del más reciente informe sobre el sistema tributario mundial, publicado por una coalición social en la materia formada por la Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos (ISP). En Costa Rica, nos sentimos involucrados y motivados por este esfuerzo, dado que somos la principal entidad sindical referente de la ISP en nuestro país.

La Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos están instando al G20 para que apoye más reformas del sistema tributario mundial, en las que participen todos los países en pie de igualdad.

Estas reformas deberían abordar eficazmente las prácticas fiscales perniciosas, como el desvío de beneficios y la utilización de los paraísos fiscales por parte de las empresas, y debería poner fin a la espiral descendente de los impuestos de sociedades en general.

Como sabemos el G20 es un foro del capital para la toma de las más grandes decisiones económico-ideológicas de la política internacional; foro que incluye a los 7 países más industrializados: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido Francia, Italia y Canadá; junto a Rusia y a la Unión Europea (UE), conceptuada como bloque económico. Once países completan el G20: China, Argentina, Brasil, México, Australia, Turquía, Indonesia, Corea del Sur, India, Sudáfrica y España.

Este informe, “Un sistema aún roto”, afirma de manera contundente que los países del G20 están entre los que más pierden por el fraude fiscal a gran escala, pero los países pobres son los más afectados en términos relativos
En términos generales, se estima que las multinacionales estadounidenses, con objeto de reducir sus obligaciones fiscales, desviaron en 2012 entre 500.000 y 700.000 millones de USD.

Solicitamos el fortalecimiento de los cuerpos policiales y el derecho a un régimen especial de pensión

A continuación las propuestas presentadas ante la la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Fortalecimiento de los Cuerpos Policiales CO-UDO-FP-11-607-2015

Régimen de pensión justo CO-UDO-FP-11-608-2015

El robo de impuestos es donde encontramos la esencia del problema del déficit fiscal

Luego de varios meses de inmisericorde ataque en contra de los empleados públicos, en contra de sus salarios y, en general, en contra del propio Sector Público y su esencia, sale a flote una de las principales razones del déficit fiscal que tanto preocupa a los plutócratas de la hegemonía política dominante y su corte de amanuenses de todo tipo: el robo de impuestos de las grandes empresas, de los emporios corporativos, eufemísticamente llamadosgrandes contribuyentes.

“Para justicias… el tiempo”. Llevamos mucho tiempo planteando, como parte de los ejes fundamentales de nuestra lucha en el seno de la corriente sindical que representamos, que la gravedad del problema del déficit fiscal del país no puede atribuírsele al salario de los empleados públicos, integralmente contemplados considerando sus pluses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), primero; y luego el Colectivo Sindical Patria Justa, hemos levantado esta bandera “contra viento y marea”.

Hemos insistido y lo seguiremos haciendo de que una de las partes fundamentales de este problema, es la evasión y el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él.

Este crimen contra toda la sociedad que es el robo de impuestos, como la evasión y la elusión tributario-fiscales, está en 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB): unos dos billones doscientos mil millones de colones al año: 2.200.000.000.000.00.

Enhorabuena que sea la propia Contraloría General de la República (CGR), la entidad que plantee que las grandes empresas y consorcios megacorporativos están dentro del grupo ladrón de impuestos.

Reiteradamente también lo hemos venido señalando: no es la clase trabajadora, ni la asalariada ni la de la informalidad la que roba impuestos: el de renta le es deducido, puntualmente del salario cuando corresponde aplicarse; el de ventas, al momento mismo de la compra.

La sociedad merece saber el nombre de cada una de esas grandes empresas que roban impuestos. La sociedad merece saber el nombre de sus propietarios, representantes, gerentes y abogados-bufetes que les representa.

Luego de haber sido exhibido, cual linchamiento mediático, los salarios de miles de empleados públicos, exponiendo el nombre completo de quienes los reciben; la ciudadanía debe saber los nombres de esos grandes contribuyentes que evaden tributos con ropaje legal.

¿Habrá dentro del conjunto de esos grandes contribuyentes algún consorcio mediático-corporativo al servicio de la plutocracia del real poder, y que han sido promotores de la brutal campaña de agresión mediática y de terrorismo ideológico en contra de los empleados públicos?…

Por otra parte, es lógicamente razonable pensar que estos megaconsorcios empresariales ladrones de impuestos deben tener fuertes vínculos políticos con las expresiones partidarias tradicionales que han venido gobernando para el beneficio de la hegemonía dominante de la plutocracia, controladora del real poder en nuestra sociedad.

No puede haber tolerancia contra el robo de impuestos en magnitudes corporativo-empresariales involucradas en la denuncia de la Contraloría: empresas de 40 mil millones de colones en activos y/o rentas anuales, o más.

Se ofende la inteligencia, se hace burla grotesca de la noble conciencia obrera de la clase trabajadora pagadora puntual de sus impuestos cuando estas magnitudes corporativas alegan ganancias “cero” al final de cada período fiscal.

La más grande rigurosidad legal se impone y debe haber durísima drasticidad en los cambios jurídicos actualmente en trámite parlamentario, con la mayor inflexibilidad y desnudando a los parlamentarios que le hagan el juego, o que están al servicio de esos grandes contribuyentes.

El dilema de las cárceles en Costa Rica

Surge actualmente en el seno de la sociedad costarricense un debate ideológico por la fuerte necesidad que tiene el Estado de sancionar los delitos, por la aplicación racional de las penas y por lograr los fines que se persigue con ella; de igual manera, la responsabilidad que recae sobre el país de darle solución al serio problema del hacinamiento carcelario. Estos factores y el temor del pueblo ante el incremento desmedido de la criminalidad, es lo que enriquece la disparidad de criterios.

El dilema presente nos refiere a una polarización de planteamientos, volviendo a una vieja discusión entre el “garantismo penal” y el “populismo punitivo”. Este último, se identifica plenamente con el derecho y el dolor de las víctimas, sostiene como postulados las altas penas, “cero tolerancia” y “mano dura” contra los delincuentes.

El populismo punitivo es utilizado en el discurso de algunos actores políticos como estrategia electoral, se aprovechan del temor que el pueblo siente hacia la inseguridad y dicen precisamente lo que la gente quiere escuchar para ganar aceptación, aunque estén lejos de resolver el problema. De igual manera, goza de la simpatía de ciertos medios de comunicación que necesitan vender sus productos “informativos”.

Por otra parte, el “garantismo” penal parece responder al Estado de Derecho, es de aceptación en el seno de los teóricos en materia penal ( no de todos) y defiende el uso limitado del Derecho penal, es decir, que la intervención punitiva sea racional, justa y proporcional.

Se le critica al “garantismo” ser muy permisivo, darle relevancia al derecho de los delincuentes y convertirse en una herramienta casi abolicionista de las leyes.

Más allá de ser partidario de una o de otra posición, considero prudente buscar un equilibrio en el que se pueda defender la inherente dignidad de todas las personas; es necesario pensar en alternativas penales que sean diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado y que no son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la pena privativa de libertad, ésta no ha conseguido los fines de reinserción propuestos, no se ha logrado con ella una adecuada prevención especial ni general, es decir, se están llevando más personas a la cárcel y la criminalidad sigue en aumento. De manera que, estamos en una encrucijada que demanda la búsqueda de nuevas alternativas y el trabajo en conjunto de diferentes actores de la sociedad.

La construcción de más y mejores espacios carcelarios nos lleva a pensar en una alternativa inmediata pero, esta opción no soluciona el problema de hacinamiento, por el contrario, si no se hace acompañar de una buena política social, si no se modernizan las bases legales y si no se legisla al respecto, seguiríamos llenando esos espacios. No obstante, es una posibilidad responsable, aunque reitero, no eficaz.

El hacinamiento carcelario es un problema serio, que afecta negativamente a las personas privadas de libertad y sus familias, al cuerpo de seguridad, al equipo técnico y profesional, y al grupo social al que pertenecen. Por eso, se debe pensar en alternativas que sean compatibles con el tipo y gravedad del delito, con la personalidad y los antecedentes del delincuente, sin que esto signifique, olvidar la protección de la sociedad.

En otras palabras, de acuerdo con el carácter universal de los Derechos Humanos y el grandioso Principio de Igualdad, toda decisión que se tome respecto del tema carcelario, debería considerar la necesidad de rehabilitar al delincuente, darle protección a la sociedad y defender también, los intereses de las víctimas.

Por otra parte y no menos importante, es poder incluir en el debate, el tema de los derechos humanos de los policías penitenciarios. Estos hombres y mujeres que ocupan los puestos de la eterna exclusión y que literalmente son escudos humanos en las cárceles. Humildes y sencillos servidores que arriesgan sus vidas por la seguridad de este país y a quienes se les retribuye con un salario que raya entre el mínimo y lo miserable.

No olvidemos a aquellos que trabajan entre muros y barrotes por nuestra seguridad, ellos también cuentan…