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Otra de las molestias es que cuentan con indumentaria adecuada para realizar fumigaciones, ni reciben viáticos para trasladarse a diversas zonas del país.

En una entrevista para un medio de comunicación colectiva radiofónico que escuchamos esta mañana de jueves 26 de marzo de 2015, el diputado Juan Luis Jiménez Succar, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó la infeliz, discriminatoria, xenofóbica y racista frase de que “es como poner a un indio a repartir chicha”, para calificar las recientes destituciones de embajadores que el actual Gobierno ha realizado por comentarios públicos de éstos en temas controversiales, todo lo cual es de amplio conocimiento público.

Entendemos que el citado legislador quiso dar a entender que en su propio y personal criterio, las designaciones diplomáticas efectuadas por la presente administración gubernativa del país han sido “desacertadas”; criterio éste que en esta organización no compartimos, valga la aclaración.

En todo caso, el interés central de nuestro reclamo público es para exigirle al diputado Jiménez Succar que, de manera pública, le pida disculpas a los pueblos indígenas costarricenses por su racista y xenofóbico comentario; lleno de carga negativa y de alta intencionalidad despectiva y denigrante para los y las compatriotas costarricenses quienes, a mucha honra, pueden exhibir su condición sociocultural y étnica de ser pueblos indígenas de nuestro país, poseedores de una inteligencia individual y colectiva extraordinaria; pero víctimas de una historia de siglos de exclusión social, de desigualdad, de relegamiento y objeto de burlas sistemáticas, de denigraciones repugnantes y de descalificaciones étnicas que merecen la más enérgica condena, como en este caso debe ser condenada la expresión del citado legislador, de hondo contenido racista.

Si bien es cierto los días sábados y domingos son para muchas personas trabajadoras días de merecido descanso, en algunas ocasiones se torna necesario asistir a actos, eventos, reuniones de índole político-laboral que deben ser comprendidas como deberes y no como sacrificios por los cuales se deba rendir admiración.

El punto en cuestión versa sobre la responsabilidad que se adquiere como persona política. La política como bien manifestado en reiteradas ocasiones no se circunscribe a lo electoral; la política es todo lo que hacemos y cuanto decidimos y por eso es que decidir participar de actividades en días de reposo es un deber, pero no al estilo del sacrificio. El decidir madrugar y ser partícipes en espacios de discusión y acción representa un compromiso ideológico, de clase y personal, es decir, un compromiso político.

Lastimosamente para muchos compañeros y compañeras el asunto no es claro o lo que es aún más problemático no está interiorizado. Por ejemplo, el pasado sábado 21 de marzo, hubo alusiones en varias ocasiones al hecho del gran sacrificio que se hizo por parte de quienes asistimos, ya que muchas personas no tenían que trabajar. Otra persona manifestó que la Asamblea debió hacer sido programada para un día entresemana para contar con los permisos. Ambos casos exponen esa no interiorización de la participación como compromiso político.

En el día a día ocurren otras situaciones que también ilustran lo anterior. Si no se nos gestiona permiso, no se participa; si no se gestiona permiso, no se solicita al promotor o promotora; si no se gestiona permiso, no se buscan alternativas como sacar el día de vacaciones u otra que pueda funcionar. Lo anterior en el caso de coincidir la actividad en día laboral.

Más aún, si ésta se programa para el día “libre” se hacen los desentendidos y las desentendidas y deciden inventar excusas o simplemente no asistir sin ninguna consideración hacia el compromiso político adquirido, como persona trabajadora afiliada. El caso más grave es cuando se cuenta con el permiso debidamente tramitado y se irrespeta al no presentarse del todo o el famoso asistir “para hacer acto de presencia” y estar ojeando cada dos minutos el reloj, o incluso presionando para obtener el comprobante de asistencia y salir literalmente “corriendo”.

El afán de esta reflexión no es lapidario, en absoluto. Su propósito persigue más bien una exhortación a realizar un autoexamen sobre nuestras propias acciones. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras sabremos cómo anda nuestro compromiso político como anepistas y más que mirar quien hace o no hace, es nuestro deber motivar con nuestro ejemplo cotidiano. Decía el gran José Martí que “Hacer es la mejor manera de decir” y en este sentido es que tenemos la responsabilidad ética de participar activamente cuando tengamos permiso, pero sobretodo la responsabilidad ideológica y de clase trabajadora para cuando se nos convoque en un día libre de nuestra jornada laboral.

Finalmente, se debe como siempre recordar que no podemos generalizar y en ocasiones personas afiliadas aunque desearan no pueden participar en sus días libres. En muchos de estos casos, se trata de compañeras mujeres que, en este sistema patriarcal, siguen llevando la carga del hogar y de los hijos en un elevado porcentaje y quienes no tienen opciones de cuido a su alcance. Existirán otros casos que deberán ser estudiados en su particularidad, como el caso del sector privado altamente represivo. Empero estas excepciones, el sentido de nuestro compromiso político constituye una fortaleza de lucha diaria como trabajadores y trabajadoras que somos.

Ha llegado a nuestras manos un folleto síntesis emitido por el Poder Judicial en el cual se rinde cuentas sobre la Administración de Justicia del pasado año 2014 y como es lógico suponer, dada nuestra militancia sindical en materia de Derechos Laborales, nos llamó muchísimo la atención que en la jurisdicción de Trabajo, de los Tribunales de Trabajo, se indican cifras como las siguientes: 30.832 casos que entraron a esos despachos en el indicado año; para que haya un circulante final de 38.073 y 5.003 en la fase de ejecución.

Ahora bien, lo que alarma es que, prácticamente, se nos está diciendo que hay un promedio de 30 mil nuevos casos por año entrando a tramitación judicial por desacuerdos obrero-patronales.

Y este impactante dato lo ligamos a otro de mucha sensibilidad obrera y que, lamentablemente, no recibió un amplio despliegue mediático: de cada diez personas trabajadoras que tienen la suerte de contar con un empleo formal y con un salario fijo, solamente a 4 de ellas se les respeta, plenamente, los derechos laborales fundamentales que consagra nuestro Código de Trabajo; o, a la inversa: a 6 de cada 10 personas con relación obrero-patronal clásica se les violenta, al menos, uno de esos derechos. Estos son datos del proyecto Estado de la Nación, investigación anual que goza de mucha credibilidad y prestigio en el país.

Por otra parte es bien sabido que los juicios laborales en nuestro país, y por una serie de razones que no vienen al caso comentar, tardan mucho tiempo en resolverse, generando así grave daño moral, psicológico y económico a la persona trabajadora (y a su propia familia) que fue víctima de un abuso patronal inescrupuloso.

Casos dramáticos en tal sentido debe haber muchos. Se nos comentó recientemente, a modo de ejemplo, sobre la situación sociofamiliar producto del despido de una trabajadora embarazada, despido que es de naturaleza ilegal, pero que se ejecuta, a la cual podría llegarle debida sentencia reparadora cuando su bebé ya sea una personita de 5 años de nacida.

Así se nos ejemplificó, muy impactada, la distinguida señora magistrada presidenta del Poder Judicial, doña Zarela Villanueva Monge, con motivo de una reciente audiencia en su despacho sobre estas temáticas de los procesos laborales en sede judicial.

La Reforma Procesal Laboral (RPL), que tanto hemos defendido por mucho tiempo, cuya decisión final está en manos de los magistrados constitucionales, vendría a ser de gran beneficio para todo mundo en situaciones de esta naturaleza.

Primero, habría una gran economía presupuestaria y de gestión procesal para los juzgados de trabajo, pues la RPL le da un gran potenciamiento a la conciliación obrero-patronal en sede administrativa. Segundo, la retardación en la impartición de justicia, los largos períodos de espera para recibir el fallo, lo que se conoce como mora judicial, se reducirían drásticamente. Tercero: la persona trabajadora puede ser receptora de justicia más rápido, pues la vía administrativa para conciliar se lo permite. Cuarto: la parte patronal también gana, pues se ahorraría mucha plata en honorarios de abogados dado que la vía de la conciliación le “abarata” el despido.

Quiera Dios que la señora magistrada constitucional y sus seis colegas varones de la Sala IV tengan presente que el nuevo sistema legal para impartir justicia en lo laboral, tiene en la Reforma Procesal Laboral (RPL) un “ganar-ganar” para todas las partes interventoras en las relaciones laborales, especialmente las dos esenciales: la obrera y la patronal; el trabajo y el capital.

El acoso a Venezuela reverdece, en el marco de un prolongado proceso de golpe continuo que ya tiene casi 14 años y donde destaca el papel estelar que juegan los medios de comunicación hegemónicos, con su libreto cartelizado de mentiras y manipulaciones, repetido en diferentes idiomas.

Hoy la derecha trata de imponer el imaginario que Venezuela es una dictadura y que, por ende, debe ser expulsada del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Es consciente que no lograrán lo que se proponen, pero su estrategia es la de crear ese imaginario. El 26 de febrero, el diario venezolano El Nacional anunciaba que los parlamentarios derechistas argentinos Roberto Pradines, Mario Negri, Patricia Bullrich y Sergio Bergman todos miembros de la Comisión del Mercosur, expresaron que la detención del alcalde Antonio Ledesma, “afecta la democracia en el país”, y en consecuencia solicitarán la activación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático

Y pedían la presencia en Venezuela de una Comisión del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), con el objeto suspender su participación en el bloque regional. A este coro se sumaron algunos parlamentarios de la derecha uruguaya.

Cabe recordar que el Protocolo de Ushuaia establece como único supuesto para su aplicación la ruptura del orden democrático en alguno de países del Mercosur, y prevé que, una vez agotada la instancia de consultas de los Estados entre sí y con el Estado afectado y en caso de que éstas resulten infructuosas, podrá acordarse la aplicación de medidas sancionatorias.

Pero tanto el período de consultas como las eventuales sanciones deben ser decididas por los presidentes, por consenso (no por vociferantes legisladores, minoritarios en los parlamentos de sus países).

Es más, no existe en Venezuela la ruptura del orden democrático y la gran mayoría de los países latinoamericanos y caribeños han expresado muestras de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Las instituciones democráticas venezolanas, es decir todos sus poderes públicos se encuentran legitimados y en pleno ejercicio de sus funciones, en especial la Asamblea Nacional.

Por otra parte, el Observatorio de la Democracia del Parlasur, desde su creación en 2008, ha limitado su actuación al seguimiento de los procesos electorales en los países del Mercosur y los estados asociados. Involucrar al observatorio en procesos que impliquen la evaluación (o supervisión) política lo convertiría en un instrumento de injerencia y abriría una senda peligrosa para la integración que se caracteriza por lograr la unidad de la diversidad.

El reglamento del observatorio establece que tendrá un Consejo de Representantes (con tres parlamentarios por país), y coordinado por el presidente del Parlasur. Actualmente, la Presidencia del Parlasur la ejerce Venezuela. Pero cualquier decisión obre eventuales sanciones depende de la voluntad consensuada de los presidentes, no de la vociferación de algunos parlamentarios con intentenciones desestablizadoras y atentatorias contra la integración.

Las razones

Toda esta ofensiva tiene su razón: la derecha nunca estuvo tan débil en nuestra región y demostración de ello es que pierde sucesivamente elecciones en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador. Ha sido desalojada de gobiernos que creían su propiedad. Y siguen sin entender las transformaciones sociales, la recuperación del rol del estado, la activa participación en los procesos integradores, su independencia de los dictados de Washington.

Es clara la debilidad de las derechas: sus iconos están en crisis institucional y de legitimidad. Chile con las consecuencias de la privatización; México, como ejemplo de cómo un TLC disuelve el Estado; Colombia con la legitimación paramilitar; Perú que termina ofreciendo su territorio como base naval estadounidense…

Estas derechas no se resigna a que sean gobiernos populares los que rescaten a sus pueblos de los desastres producidos por las dictaduras cívico-militares y los gobiernos neoliberales.

No solo han venido de fracaso en fracaso los gobiernos neoliberales, sino que manifiestan una patética incapacidad de formular propuestas alternativas, dedicándose a sabotear los procesos de estos países, desestabilizar los gobiernos, apostar al caos e, incluso, servir –como excelsos cipayos- a los propósitos e intereses antinacionales de la banca trasnacional, de las empresas trasnacionales, la geopolítica estadounidense en la región.

Emir Sader señala que las derechas argentina y brasileña tienen enormes similitudes, porque ambas se han reorganizado alrededor de los dos más importantes gobiernos populares que han tenido esos países en el siglo XX: los de Perón y de Getulio Vargas. Por ello son derechas elitistas, oligárquicas, racistas, antinacionales. Es la derecha la que intentó tumbar a Vargas en 1954 y lo llevó al suicidio. Es la que tumbó a Perón en 1955 y llevó Argentina a iniciar el ciclo de las acciones militares gorilas en la región.

Es la derecha la que dio finalmente el golpe en Brasil en 1964 e instauró la más larga dictadura militar en la región. Es la misma derecha que intentó hacer lo mismo en 1966 en Argentina, pero vio frustrado su golpe. Tuvo que volver a la carga en 1976, para cerrar el círculo de terror de las dictaduras en el Cono Sur, añade Sader.

Hablan del peligro de caos económico, de corrupción, de respeto a los derechos humanos, aquellos que han sido cómplices y copartícipes de desapariciones, torturas, asesinatos y la mayor corrupción en las historia de los países, especialmente en los procesos de privatización de los bienes y empresas públicos. Amenazan con golpes: duros, blancos, mediáticos.

Ya no necesitan tanques ni fuerzas armadas. Usan su nuevo armamento, el terror mediático cartelizado regional e internacional.

Las seccionales de los municipios de Flores, San Rafael y Santo Domingo, ubicadas en la provincia de Heredia, lograron un importantes reajusta salarial en beneficio de las y los trabajadores.

En el caso de la Municipalidad de Flores la seccional ANEP logró un reajuste salarial del 4% y según su presidenta Jane Disch la negociación se dio en un excelente ambiente ya que hubo mucha anuencia por parte de la administración.

“El reajuste se dio porque implementamos una propuesta, la cual fue analizada en una reunión con el Alcalde para que fuese presentada al Concejo Municipal y luego se enviará a hacendarios para su aprobación. Según me indicó la presidenta del Concejo, nuestra propuesta fue fundamental para que se diera la aprobación de un 4% de reajuste salarial”, manifestó Disch.

La Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Flores indicó que el próximo objetivo es la negociación de la Convención Colectiva, la cual va muy avanzada en su elaboración, por lo que la estarían presentando en dos meses.

Por su parte, la Seccional de la Municipalidad de San Rafael logró un reajuste salarial del 3,5%, así como el reconocimiento del Salario Escolar a partir del año 2016.

“El proceso de reajusta salarial nace a gracias a una negociación pasada, donde logramos restablecer el derecho al salario escolar con un aporte patronal y otro obrero. A raíz de esas negociaciones se decretó el salario escolar con proporción de 60-40, el primero como aporte de la Municipalidad y el resto de los trabajadores. Por esto llegamos a un acuerdo con el Concejo Municipal para que se nos aumentara la mitad de la reserva estimulada de un 3.5%”, detalló Paola Lara, Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de San Rafael de Heredia.

Según Lara, el próximo objetivo de la Seccional es la negociación de la Convención Colectiva con el Alcalde y el Concejo Municipal.

En el caso de la seccional de ANEP en la Municipalidad de Santo Domingo, esta logró un importante reajuste salarial del 6% representando un importante ingreso para los trabajadores.

“Fue un recordatorio del acuerdo que había quedado en firme el año pasado, para del porcentaje tomar una parte para que se complementara y se terminara de llegar al reajusta salarial. Primero se llamó a la Comisión de Hacienda y Presupuestos donde se peleó un poco”, dijo Susana Valerio Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Domingo.

Al igual que en las Seccionales ANEP en San Rafael y Flores, el próximo objetivo en Santo Domingo será la negociación e implementación de la Convención Colectiva de Trabajo.

Las tres presidentas de las seccionales concordaron al manifestar que el apoyo de la ANEP y del Promotor, Deiby Porras, fueron fundamentales para lograr los reajustes salariales y el reconocimiento del salario escolar.