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Uruguay ingresó al Trade in Services Agreement (TISA) sin que exista una discusión nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo de libre comercio de servicios. Una medida que demuestra las grandes debilidades del gobierno de José Mujica en lo que refiere a su política de inserción internacional y a la transparencia de sus acciones. Teniendo en cuenta el modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos anteriores sobre el TISA (2).

En febrero del 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia: “Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 países que participan en las negociaciones TISA: Australia; Canadá; Chile; Taipei Chino; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Hong Kong (China); Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Nueva Zelanda; Noruega; México; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Corea del Sur; Suiza; Turquía; los Estados Unidos; y Uruguay.”(3)

Uruguay fue aceptado – luego de que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde para que así lo hiciera – y participó de las negociaciones a partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen el futuro de todos los uruguayos.

La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 02/05/2014 cuando la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que Uruguay había solicitado ingresar el TISA en setiembre de 2013 y que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestaba que “La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante”. Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país “comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y que “respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une” a ellas.”(4)

Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que sí Uruguay es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.

El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso elogioso e impreciso que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.

El gobierno uruguayo ingreso al TISA inmediatamente después de ser aceptado lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y acepó el contenido de dichos acuerdos que siguen siendo secretos.

Los principales referentes del Frente Amplio en el senado sobre asuntos internacionales consultados en aquel momento – Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Alberto Couriel – desconocían el tema y el asesor de la presidencia del FA en política exterior – José Bayardi – afirmó que no sé había discutido en la coalición.

Si fue sorprendente que el gobierno uruguayo hubiera solicitado participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA, y es notorio que todos aquellos que tomaron conocimiento del tema no hicieron lo necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.

Debe destacarse que sí bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió: “Rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional, ya que la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados” (5). La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) (6). Por su parte la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes (7).

Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para integrarse a un acuerdo multilateral que limita fuertemente las potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El gobierno de Tabaré Vázquez asumirá y continuará con esta política? Sí así lo hiciera ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o continuaran con el secreto de estado?

En la siguientes rondas de negociaciones, la próxima es en abril, Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.

Otra de las molestias es que cuentan con indumentaria adecuada para realizar fumigaciones, ni reciben viáticos para trasladarse a diversas zonas del país.

En una entrevista para un medio de comunicación colectiva radiofónico que escuchamos esta mañana de jueves 26 de marzo de 2015, el diputado Juan Luis Jiménez Succar, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó la infeliz, discriminatoria, xenofóbica y racista frase de que “es como poner a un indio a repartir chicha”, para calificar las recientes destituciones de embajadores que el actual Gobierno ha realizado por comentarios públicos de éstos en temas controversiales, todo lo cual es de amplio conocimiento público.

Entendemos que el citado legislador quiso dar a entender que en su propio y personal criterio, las designaciones diplomáticas efectuadas por la presente administración gubernativa del país han sido “desacertadas”; criterio éste que en esta organización no compartimos, valga la aclaración.

En todo caso, el interés central de nuestro reclamo público es para exigirle al diputado Jiménez Succar que, de manera pública, le pida disculpas a los pueblos indígenas costarricenses por su racista y xenofóbico comentario; lleno de carga negativa y de alta intencionalidad despectiva y denigrante para los y las compatriotas costarricenses quienes, a mucha honra, pueden exhibir su condición sociocultural y étnica de ser pueblos indígenas de nuestro país, poseedores de una inteligencia individual y colectiva extraordinaria; pero víctimas de una historia de siglos de exclusión social, de desigualdad, de relegamiento y objeto de burlas sistemáticas, de denigraciones repugnantes y de descalificaciones étnicas que merecen la más enérgica condena, como en este caso debe ser condenada la expresión del citado legislador, de hondo contenido racista.

Si bien es cierto los días sábados y domingos son para muchas personas trabajadoras días de merecido descanso, en algunas ocasiones se torna necesario asistir a actos, eventos, reuniones de índole político-laboral que deben ser comprendidas como deberes y no como sacrificios por los cuales se deba rendir admiración.

El punto en cuestión versa sobre la responsabilidad que se adquiere como persona política. La política como bien manifestado en reiteradas ocasiones no se circunscribe a lo electoral; la política es todo lo que hacemos y cuanto decidimos y por eso es que decidir participar de actividades en días de reposo es un deber, pero no al estilo del sacrificio. El decidir madrugar y ser partícipes en espacios de discusión y acción representa un compromiso ideológico, de clase y personal, es decir, un compromiso político.

Lastimosamente para muchos compañeros y compañeras el asunto no es claro o lo que es aún más problemático no está interiorizado. Por ejemplo, el pasado sábado 21 de marzo, hubo alusiones en varias ocasiones al hecho del gran sacrificio que se hizo por parte de quienes asistimos, ya que muchas personas no tenían que trabajar. Otra persona manifestó que la Asamblea debió hacer sido programada para un día entresemana para contar con los permisos. Ambos casos exponen esa no interiorización de la participación como compromiso político.

En el día a día ocurren otras situaciones que también ilustran lo anterior. Si no se nos gestiona permiso, no se participa; si no se gestiona permiso, no se solicita al promotor o promotora; si no se gestiona permiso, no se buscan alternativas como sacar el día de vacaciones u otra que pueda funcionar. Lo anterior en el caso de coincidir la actividad en día laboral.

Más aún, si ésta se programa para el día “libre” se hacen los desentendidos y las desentendidas y deciden inventar excusas o simplemente no asistir sin ninguna consideración hacia el compromiso político adquirido, como persona trabajadora afiliada. El caso más grave es cuando se cuenta con el permiso debidamente tramitado y se irrespeta al no presentarse del todo o el famoso asistir “para hacer acto de presencia” y estar ojeando cada dos minutos el reloj, o incluso presionando para obtener el comprobante de asistencia y salir literalmente “corriendo”.

El afán de esta reflexión no es lapidario, en absoluto. Su propósito persigue más bien una exhortación a realizar un autoexamen sobre nuestras propias acciones. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras sabremos cómo anda nuestro compromiso político como anepistas y más que mirar quien hace o no hace, es nuestro deber motivar con nuestro ejemplo cotidiano. Decía el gran José Martí que “Hacer es la mejor manera de decir” y en este sentido es que tenemos la responsabilidad ética de participar activamente cuando tengamos permiso, pero sobretodo la responsabilidad ideológica y de clase trabajadora para cuando se nos convoque en un día libre de nuestra jornada laboral.

Finalmente, se debe como siempre recordar que no podemos generalizar y en ocasiones personas afiliadas aunque desearan no pueden participar en sus días libres. En muchos de estos casos, se trata de compañeras mujeres que, en este sistema patriarcal, siguen llevando la carga del hogar y de los hijos en un elevado porcentaje y quienes no tienen opciones de cuido a su alcance. Existirán otros casos que deberán ser estudiados en su particularidad, como el caso del sector privado altamente represivo. Empero estas excepciones, el sentido de nuestro compromiso político constituye una fortaleza de lucha diaria como trabajadores y trabajadoras que somos.

Ha llegado a nuestras manos un folleto síntesis emitido por el Poder Judicial en el cual se rinde cuentas sobre la Administración de Justicia del pasado año 2014 y como es lógico suponer, dada nuestra militancia sindical en materia de Derechos Laborales, nos llamó muchísimo la atención que en la jurisdicción de Trabajo, de los Tribunales de Trabajo, se indican cifras como las siguientes: 30.832 casos que entraron a esos despachos en el indicado año; para que haya un circulante final de 38.073 y 5.003 en la fase de ejecución.

Ahora bien, lo que alarma es que, prácticamente, se nos está diciendo que hay un promedio de 30 mil nuevos casos por año entrando a tramitación judicial por desacuerdos obrero-patronales.

Y este impactante dato lo ligamos a otro de mucha sensibilidad obrera y que, lamentablemente, no recibió un amplio despliegue mediático: de cada diez personas trabajadoras que tienen la suerte de contar con un empleo formal y con un salario fijo, solamente a 4 de ellas se les respeta, plenamente, los derechos laborales fundamentales que consagra nuestro Código de Trabajo; o, a la inversa: a 6 de cada 10 personas con relación obrero-patronal clásica se les violenta, al menos, uno de esos derechos. Estos son datos del proyecto Estado de la Nación, investigación anual que goza de mucha credibilidad y prestigio en el país.

Por otra parte es bien sabido que los juicios laborales en nuestro país, y por una serie de razones que no vienen al caso comentar, tardan mucho tiempo en resolverse, generando así grave daño moral, psicológico y económico a la persona trabajadora (y a su propia familia) que fue víctima de un abuso patronal inescrupuloso.

Casos dramáticos en tal sentido debe haber muchos. Se nos comentó recientemente, a modo de ejemplo, sobre la situación sociofamiliar producto del despido de una trabajadora embarazada, despido que es de naturaleza ilegal, pero que se ejecuta, a la cual podría llegarle debida sentencia reparadora cuando su bebé ya sea una personita de 5 años de nacida.

Así se nos ejemplificó, muy impactada, la distinguida señora magistrada presidenta del Poder Judicial, doña Zarela Villanueva Monge, con motivo de una reciente audiencia en su despacho sobre estas temáticas de los procesos laborales en sede judicial.

La Reforma Procesal Laboral (RPL), que tanto hemos defendido por mucho tiempo, cuya decisión final está en manos de los magistrados constitucionales, vendría a ser de gran beneficio para todo mundo en situaciones de esta naturaleza.

Primero, habría una gran economía presupuestaria y de gestión procesal para los juzgados de trabajo, pues la RPL le da un gran potenciamiento a la conciliación obrero-patronal en sede administrativa. Segundo, la retardación en la impartición de justicia, los largos períodos de espera para recibir el fallo, lo que se conoce como mora judicial, se reducirían drásticamente. Tercero: la persona trabajadora puede ser receptora de justicia más rápido, pues la vía administrativa para conciliar se lo permite. Cuarto: la parte patronal también gana, pues se ahorraría mucha plata en honorarios de abogados dado que la vía de la conciliación le “abarata” el despido.

Quiera Dios que la señora magistrada constitucional y sus seis colegas varones de la Sala IV tengan presente que el nuevo sistema legal para impartir justicia en lo laboral, tiene en la Reforma Procesal Laboral (RPL) un “ganar-ganar” para todas las partes interventoras en las relaciones laborales, especialmente las dos esenciales: la obrera y la patronal; el trabajo y el capital.