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Compartimos los links para observar los reportajes.
Parte 1: http://www.teletica.com/Noticias/83886-Energia-una-discusion-impostergable-Parte-I.note.aspx
Parte 2: http://www.teletica.com/Noticias/83887-Energia-una-discusion-impostergable-Parte-II.note.aspx
Parte 3: http://www.teletica.com/Noticias/83888-Energia-una-discusion-impostergable-Parte-III.note.aspx
El pasado viernes 6 de marzo la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, realizó la reinauguración de las cabinas propiedad de la organización ubicadas en la hermosa Playa de Manual Antonio, las cuales son de uso exclusivo de las personas afiliadas al sindicato.
La reinauguración de las cabinas se hizo en un emotivo acto, en medio de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva, que a la vez contó con la participación del personal de la ANEP.
La reapertura de las cabinas fue dedicada a Marta Guido Serrano, Administradora de la ANEP y a Roy Mora Mora, encargado de la Remodelación por el esfuerzo, dedicación y sacrificio en este proyecto de la ANEP para sus afiliados.
Nos parece de gran importancia hacer pública la visita a nuestro país del ciudadano británico Alistair Smith, a nombre Banana Link, una cooperativa sin fines de lucro basada en Norwich, Inglaterra, Reino Unido, que trabaja por un comercio justo y sostenible de bananos y de piñas.
Su propósito central es crear conciencia de las pobres condiciones de vida y trabajo que enfrentan los trabajadores en las plantaciones y pequeños productores en América Latina, África y el Caribe; promoviendo entre los consumidores europeos y los dueños de grandes supermercados de países de la Unión Europea (UE), que solamente se consuma y se vendan estas frutas tropicales si proceden de países productores que respetan plenamente los derechos laborales y que creen en los principios de una producción limpia, ecológica y socialmente sostenible.
Para el período 2014-2016, Banana Link se propuso como objetivos fundamentales estos cuatro: 1) Prácticas laborales justas y éticas, basadas en los salarios dignos, la distribución equitativa a lo largo de toda la cadena de producción y el acceso de los pequeños productores al mercado competitivo. 2) Dignidad en el trabajo y respeto por los derechos laborales y sindicales. 3) Unos sistemas de producción sostenible que reduzca la dependencia de sustancias peligrosas y minimice los problemas en la salud y el impacto en los recursos medioambientales, en los trabajadores y sus comunidades.4) El diálogo constructivo entre los actores económicos y no económicos, que acelere una transición justa hacia una economía mundial sostenible del banano y la piña.
Al visitar Costa Rica, Banana Link, a través de su personero entrara en contacto con diversas fuentes y entidades a fin de tomar nota de lo que el país hará en función de esos cuatro objetivos apuntados.
A nivel de organizaciones obrero-laborales que aglutinan a trabajadores y trabajadoras de la producción nacional de banano y de piña; el reporte que dará el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), de gran presencia organizativa en la zona atlántica del país, será de gran importancia; aparte de que el SITRAP tiene ya bastante tiempo de relaciones formales y solidarias con Banana Link.
El informe que dará el señor Alistair Smith, como vemos, será de extraordinaria relevancia. Su organización Banana Link, a su vez, forma parte de un conglomerado más grande y extendido por toda la UE que tiene propósitos similares. Hablamos de EUROBAN, una red de organizaciones que trabajan en mutua colaboración para garantizar unas industrias de frutas tropicales socialmente justas, económicamente viables y ambientalmente sanas.
Entendemos que dentro de EUROBAN y con enlace directo en Banana Link, se integran entidades civiles europeas que velan por todos estos aspectos de lo que se conoce como comercio justo, como Peuples Solidaires (Pueblos Solidarios), de Francia; BanaFair, de Alemania; Nazemi, de la República Checa, entre otras.
Como se notará, muchas personas, entidades y organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (UE), velan por las características de producción del banano costarricense y de la piña tica.
Es muy conveniente que el propio Gobierno de la República (específicamente, sus ministerios de la Presidencia, de Trabajo y Seguridad Social y de Comercio Exterior); así como los sindicatos empresariales (cámaras), aglutinantes de los productores de estas frutas tropicales (tanto los nacionales como los de estructura multinacional); y la misma Defensoría de los Habitantes, tomen nota de este tipo de visitas y de lo valioso que resultan sus informes para la comunidad de consumidores de la UE, tanto como para el aseguramiento de un colocación segura de la producción nacional en el ramo en esos estratégicos supermercados del viejo continente.
Con igual relevancia, la alta magistratura de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que tiene en manos el futuro de la Reforma Procesal Laboral (RPL), debe comprender que esta legislación es bien conocida por todas estas entidades que monitorean para la UE cómo es que Costa Rica produce su banano y su piña de exportación y en qué condiciones sociolaborales, especialmente, lo hace.
La RPL posibilitará que el banano tico, por ejemplo, se coloque en condiciones más seguras, de mayor bienvenida y de máxima acogida en el mercado británico dentro del cual el banano es la fruta más rentable que se vende en los supermercados del Reino Unido. Así es que se debe tomar muy consideración la visita al país del representante de BANANA LINK.
Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemoramos la lucha de las mujeres por alcanzar el disfrute de Derechos en igualdad de condiciones. Lo que aparentemente comenzó, con la lucha de las trabajadoras de una fábrica textil, en Estados Unidos y que murieron en sus puestos de trabajo, en defensa de sus derechos y reivindicando mejoras en sus condiciones de trabajo y que lo pagaron con su vida. Hasta hoy, más de 100 años después, las mujeres tenemos un largo recorrido de logros, pero, persisten diferencias, desigualdades y crímenes contra nosotras que todavía siguen impunes, como el femicidio, la violencia, la mutilación del clítoris, la trata de personas, la prostitución infantil, etc..
Hoy en Costa Rica, aún teniendo algunas leyes, que favorecen la aplicación de medidas de igualdad, lo cierto es, que la discriminación persiste con una profunda raíz cultural, arraigada en lo más recóndito de nuestra sociedad, y seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría.
Caminar hacia una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa y justa, supone de forma inequívoca, avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos e ir a una mayor igualdad en el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, empleo.
La igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres tienen como condición, nuestra autonomía en la vida privada y pública. Lo que supone generar un marco político que logre la igualdad de condiciones, entre mujeres y hombres, para la participación en cada uno de los ámbitos y para ello es necesario que sean compartidas las tareas reproductivas y de cuido, que se garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se avance y se culmine con la legalización y regularización la fecundación in vitro y se logre una convivencia sin ningún tipo violencia, mejorando la visión y abordaje de esta, de forma integral, generando los recursos y servicios adecuados para la prevención de la violencia y la atención a las víctimas, y ejecución de la justicia pronta, así como adecuando la penalización de los delitos de violencia contra las mujeres.
Sin lugar a dudas, para llegar a un mayor nivel de igualdad, es necesaria la autonomía económica y por tanto, el pleno empleo de las mujeres, que es, hoy por hoy, uno de los mayores déficits en nuestro país, pues la tasa desempleo de las mujeres supera el 10% y la tasa de ocupación es aproximadamente la mitad que la de los hombres, a pesar de que las mujeres están mejor formadas, ya que, un 39.8% de las mujeres tiene secundaria completa frente a un 29% de los hombres. Es altamente preocupante que las mujeres alcancen hasta un 34.5% de la población sin ingresos. Resaltar que el 18.3% de las mujeres jóvenes ya son madres. Así como la desregulación de las trabajadoras y el alto nivel de informalidad, en la que se encuentran muchas mujeres, podríamos decir, que la informalidad también tiene rostro de mujer.
Tampoco podremos hablar de igualdad en tanto que las mujeres no participemos en los procesos de la toma de decisiones, y en este aspecto, a pesar de contar con una ley de paridad, que debe garantizar la participación de las mujeres en las estructuras políticas, sociales y sindicales, lo que es cierto, es que la mayoría, a pesar de estar en los órganos de dirección, la toma de decisiones y al más alto nivel nacional, va en descenso, por ejemplo, a pesar del paulatino incremento de las mujeres en la Asamblea Legislativa, en el último proceso electoral las diputadas electas han descendido un 5%.
En los derechos laborales, tenemos que reconocer que el pasado año, la labor realizada por las organizaciones sindicales y con el acompañamiento de otras organizaciones, dio el reconocimiento y el acceso a derechos a muchas mujeres como la Protección Social, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva entre otros, con la ratificación del Convenio 189 de la OIT, en el que reconoce el Trabajo Doméstico y por tanto reconoce los derechos de muchas trabajadoras y que además en nuestro país, tiene un componente importante, como es, la migración. La ratificación de este convenio tiene tanta importancia, porque las reconoce como trabajadoras y por tanto, regula la relación laboral de estas y sus patronos, poniendo de manifiesto la necesidad de reglamentar la jornada, el salario, las condiciones de trabajo, de forma que no se cometan abusos contra estas trabajadoras en un entorno que les hace más vulnerables, pero todavía queda mucho que hacer como es, entre otras cosas su sindicalización.
Ahora bien, todavía queda trabajo que hacer, avanzar en el reconocimiento de los derechos sindicales y laborales de las trabajadoras, garantizar un puesto de trabajo seguro, en el que no se vaya a sufrir violencia, acoso o incluso la muerte, se hace necesario, abordar de forma integral la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, asegurando una buena formación en salud ocupacional y poniendo en marcha los mecanismos que faciliten y aseguren la seguridad de estas y la erradicación de esta lacra.
En un día como hoy, no se puede obviar, la necesidad de acometer medidas que favorezcan un salario igual, por un trabajo de igual valor. La brecha salarial sigue siendo una discriminación que persiste en nuestro país, establecida entre un 30 y un 20% en función de las categorías profesionales y el nivel de estudios.
Desarrollar políticas que favorezca la conciliación de la vida laboral y personal de forma que las mujeres no tenga la carga de la doble o triple jornada.
Desde las organizaciones sindicales convocantes queremos hacer un llamado al conjunto del Movimiento Sindical para que practiquemos y pongamos en marcha acciones, que garanticen los derechos de las mujeres y podamos seguir avanzado en la defensa de los derechos de mujeres y especialmente de las mujeres trabajadoras, logrando ciudadanas con plenos derechos. La incorporación de las mujeres en todas las estructuras de las Organizaciones Sindicales, se hace necesario, en la medida, que debemos llevar a la Negociación Colectiva las expectativas, necesidades, realidades y demandas de las mujeres y sus diversidades.
Por otro lado, las Organizaciones Sindicales deben ser el reflejo de la sociedad y por tanto en ella se ha de dar la plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones, por ello, debemos acometer también cambios en las estructuras sindicales que consoliden los avances que en otros ámbitos se están dando.
Lo que buscamos, lo que plateamos y por lo que luchamos, es, por una sociedad justa, inclusiva, respetuosa; donde mujeres y hombres, en todas sus diversidades, compartan oportunidades y disfruten de los derechos en igualdad.
Agradecemos a todas y cada una de las mujeres que a lo largo de la Historia dedicaron su tiempo, esfuerzo y conocimiento para avanzar en esta lucha y a las que hoy, desde su lugar de trabajo y desde el anonimato contribuyen para que las mujeres podamos lograr más niveles de igualdad y de libertad.
RESPETO A LOS DERECHOS DE TODAS LAS MUJERES
MUJERES UNIDAS Y SINDICALIZADAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES.
A nombre de la coalición sindical PATRIA JUSTA, de la cual es digno integrante el Sindicato de Trabajadores de Japdeva, Portuarios y Afines (SINTRAJAP), tenemos que censurar las deplorables y desafortunadas declaraciones del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con ocasión de la protesta que protagonizaron integrantes de dicha agrupación laboral, este domingo 8 de marzo, durante la visita del mandatario a los terrenos en los cuales se impondrá el monopolio privado de explotación lucrativa de los muelles de Limón y de Moín, los más importantes del país.
Cuando el mandatario expresa frases contra los trabajadores y las trabajadoras en manifestación en las cuales, por ejemplo, se deja decir que: “Si se quedan ahí será para tomarse unas vacaciones de pocas horas, pero nada va a cambiar”, está implícita una perversa connotación denigrante en contra del personal trabajador de Japdeva y, por ende, de la propia población trabajadora limonense;“olvidando” que él también fue participante en muchas manifestaciones de calle. Creemos que debe disculparse por ello.
Muchos años de agresión mediática en contra de Japdeva por su carácter de empresa pública de propiedad nacional; en contra de su personal por tener una Convención Colectiva de Trabajo de orden constitucional; en contra de SINTRAJAP por haber asumido una posición patriótica y nacionalista, en favor de la soberanía nacional de los puertos costarricenses; llevan al Presidente Solís a alimentar la perversa especie de que este conglomerado laboral es de “vagos que están de vacaciones cuando protestan”.
No quisiéramos pensar que por tratarse del pueblo trabajador de Japdeva el que estuviera protestando, parte fundamental del pueblo limonense, en la mente presidencial hubiese algún otro pensamiento discriminatorio.
Considerando la propia experiencia de la privatización monopólica de los muelles del Pacífico, especialmente el de Caldera, podemos decir que solamente incrementó las ganancias corporativas del empresariado extranjero que lo controla: exterminaron la organización sindical, se precarizaron los empleos que quedaron, se tercerizó mucha de su actividad abaratando la mano de obra involucrada; y pese a que fue abolida la negociación colectiva con el falaz argumento de que la actividad portuaria pública era muy “costosa” para la tal “competitividad”, el pueblo trabajador del país no ha visto ninguna rebaja en productos alimenticios de consumo básico y generalizado (arroz, galletas, pan, macarrones y similares), cuya materia prima de elaboración (básicamente, granos), ingresa por dicha terminal marítima.
Es cuestión de revisar los indicadores sociales de Puntarenas luego de privatizado con carácter monopólico los muelles del INCOP, para constatar la naturaleza legítima de la lucha de SINTRAJAP en contra de otra corporación portuaria monopólica, en este caso en los muelles del Atlántico.
Está más que demostrado que la entronización del monopolio privado en la actividad portuaria de los muelles de Moín y de Limón, encarecerá enormemente la importación y la exportación de productos, resultando gravemente afectado la inmensa mayoría de la población, especialmente la clase trabajadora en todas sus expresiones; esa misma que hoy vive la desigualdad, que sufre la concentración indetenible de la riqueza, la precariedad salarial y el desempleo, así como el altísimo costo de la vida.
SINTRAJAP ha sido contundentemente claro en que su lucha actual es para que Japdeva tenga las mismas condiciones que se le están dando al consorcio transnacional holandés, a fin de competir en el mismo sentido en que lo hace el ICE y el INS, por ejemplo.
Paradójicamente, tenemos el “extraño” caso de un sindicato altamente representativo de una empresa pública pidiendo, luchando y exigiendo que a ésta la dejen competir al más puro estilo de la prédica neoliberal al respecto.
Por demás, estamos completamente convencidos de que tanto en el caso de los muelles de Puntarenas, en su momento; como en el caso de los del Atlántico hoy en día, la hegemonía política dominante que ha controlado la políticas públicas estratégicas en los últimos gobiernos del bipartidismo clásico, le torcieron el brazo jurídico a la institucionalidad republicana, a fin de que contrariando gravemente lo que la actual Constitución Política establece, estos muelles fueran entregados al monopolio privado extranjero sin pasar por la Asamblea Legislativa. En tal sentido, no estamos obligados a reconocer una legitimidad legal para este asalto al patrimonio público.
Hacemos un llamado a la población trabajadora de SINTRAJAP a unirse a los próximos eventos programados para que JAPDEVA permanezca en el tiempo. Igualmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de Limón para que sumen esfuerzos cívicos y defiendan, igualmente, a JAPDEVA que llegó a convertirse a lo largo de los años en algo así como el “Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Limón”. De nuestra parte, PATRIA JUSTA: coalición sindical latinoamericanista, reitera su apoyo a la lucha de SINTRAJAP.
Finalmente, hacemos un llamado a la más grande conjunción de esfuerzos sociales de todo tipo para fortalecer la posición de SINTRAJAP a favor de la institucionalidad pública y en contra de la extracción de recursos patrimoniales a favor de intereses corporativos transnacionales cuyos socios individuales, probablemente, ni siquiera saben ubicar a Costa Rica en el mapamundi.
“Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendieran”. El gran patriota costarricense don Joaquín García Monge, al pie del Monumento Nacional así nos lo advirtió hacia casi un siglo.
Luego de largos meses de espera y ante reiterada lucha de la ANEP en este asunto, la cartera Ministerial de Justicia y Gracia entregó, en horas de la tarde del pasado viernes 6 de marzo de 2014, a la ANEP y a su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, la propuesta “Informe Técnico Modificación al Manuel de Clases de la Policía Penitenciaria y Equiparación Salarial”.
Según lo convenido con la señora ministra del ramo, la Licda. Cristina Ramírez Chavarría, a su vez, la contrapropuesta sindical deberá entregarse en su despacho, a más tardar el próximo viernes 13 de marzo para lo cual, los y las integrantes de la Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria entran en sesión permanente y en la sede de la ANEP desde este lunes día 9, con la finalidad de analizar el documento ministerial y elaborar la contrapropuesta de esta organización.
De entrada, sin análisis de fondo, el conflicto se ve venir: mientras al puesto más bajo de la propuesta ministerial, “Vigilante Penitenciario”, se pretende otorgarle un incremento a su base salarial de 17.050.oo; al máximo puesto de un centro penal, denominado Jefe de Seguridad Penitenciaria, se le pretende subir su respectiva base, en 447.400.oo colones.
Más concretamente, “el policía de abajo”, “el no rayado”, pasaría de una base de 281.200 colones mensuales, a una de 298.250 colones mensuales; el incremento es, como se indicó, de 17.050 colones.
Por el contrario, la respectiva jefatura, “el policía de arriba”, “el rayado”, pasaría de una base salarial actual de 308.050 colones por mes, a una de 755.450 mensuales: 447.400 colones de aumento, a la base, por mes.
En consecuencia, en una misma cárcel tendríamos un incremento de las distancias salariales que nada conveniente será para el clima institucional y para las futuras relaciones personal subalterno-jerarquías de seguridad, afectando la seguridad estratégica carcelaria.
Si bien es cierto la justa remuneración salarial es más que necesaria, tanto para “el policía de arriba”, como para “el policía de abajo”; la promoción de la justicia salarial en el seno de la Policía Penitenciaria debe ser integral, debe ser con equidad racional y debe fortalecer a quienes más han sufrido con la pérdida del poder adquisitivo de su salario y que, por lo general, tienen que realizar las tareas más duras, difíciles e incómodas. Si no que lo diga un policía fortinero de toda una vida…
Es por ello que la ANEP, como sindicato responsable y que en el caso de la Policía Penitenciaria acumula más de 30 años de continua lucha por su plena reivindicación, preparará su contrapropuesta de cara al pretendido nuevo manual de puestos para este cuerpo policial, con gran seriedad y con gran profesionalismo; pero, a la vez, haciendo énfasis en la peligrosa perspectiva que es desatender, política e institucionalmente hablando, la deteriorada situación salarial de quienes en las cárceles y a nivel de la seguridad penitenciaria, ganan los más precarios salarios y haciendo las tareas más incómodas y difíciles.
Es bueno recordar a la opinión pública que fue en agosto de 2007 cuando arrancó la lucha de la ANEP para la reivindicación gremial y profesional plena de los principales cuerpos policiales del Poder Ejecutivo: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Migración y Extranjería y Policía de Tránsito; proceso integral y compartido que tendría su primer acuerdo en tal sentido, en el mes de diciembre de 2009, firmado en la propia Casa Presidencial. A partir de tal circunstancia, los caminos reivindicativos en los cuatro casos mencionados, han transcurrido paralelamente, con sus particulares características y con sus alcances específicos, sin que todo el caminar haya plenamente terminado.
En el caso que ahora nos ocupa, y preocupa, la Policía Penitenciaria, ANEP tuvo que realizar una gran acción de calle, con gran participación de sus integrantes, el día lunes 20 de enero de 2014, con gran movilización en la ruta nacional 27, a la altura de San Rafael de Alajuela, lográndose días después un acuerdo en torno a esto del manual de puestos, con el gobierno de la hoy expresidenta Laura Chinchilla Miranda.
El actual, del presidente Luis Guillermo Solís Rivera, le dio continuidad a ese diálogo y a ese acuerdo, concretándose el pasado mes de noviembre de 2014, nuevos compromisos como este del nuevo Manual de Puestos.
Admitimos que en este punto y al menos con la entrega de tal documento el pasado viernes 6 de marzo, la presente administración cumple el acuerdo con la ANEP; sin embargo, la propuesta de reajuste para el Vigilante Penitenciario, que representa poco más del 90 % de todo el personal componente de la Policía Penitenciaria, es insostenible y fuente de alta tensión laboral aunque se esté “materializando” la homologación con Fuerza Pública, pero en un escenario restrictivo salarialmente hablando a nivel de bases policiales en el puesto de más baja ubicación.
La ANEP espera que luego de la entrega de la contrapropuesta sindical por parte de su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, se abra un proceso de diálogo de renovado espíritu constructivo para abrir un sendero más claro de justicia salarial integral en el seno de este importante grupo de servidores públicos de la seguridad costarricense.
La ANEP también sigue creyendo que con el espíritu, con la responsabilidad y con la seriedad que desarrolló la protesta del lunes 20 de enero de 2014, de ser necesario, animará nuevas acciones similares según lo determinen las circunstancias; pero eso sí y como suele caracterizar a los movimientos de calle promovidos por la ANEP, ni el aventurerismo, ni la demagogia, ni el oportunismo, ni el espontaneísmo, ni el protagonismo delirante buscando tener “oxígeno” sindical, inspirará nuestro accionar en el plano social en este asunto del nuevo manual de puestos de la Policía Penitenciaria. Ante todo, la responsabilidad.
Alimentos Jack’s informó la semana anterior que trasladaría el 50% de sus operaciones a otros países en un plazo de 5 años.
La compañía de comidas rápidas Burger King dio a conocer el fin de semana que cerrarían 4 locales por poco rendimiento en sus ventas.
A esto se suman otros restaurantes, hoteles y empresas dedicadas a la manufactura, transporte y comercio que en total dejaron a 737 personas sin empleo en entre enero y febrero de este año.
El pasado mes de enero la cadena de comidas rápidas Wendys cerró sus 10 restaurantes en el país dejando a 110 personas sin empleo.
Las razones de ocasionan ello para los sectores son diversas y totalmente adversas. Mientras los empresarios insisten en los altos costos de electricidad y materia prima, los sindicatos señalan que algunos quieren crear una crisis.
Por su parte el Ministerio de Trabajo asegura que entre enero y febrero, se crearon 7 292 puestos de empleo, por lo que niegan rotundamente una crisis. Según Víctor Morales jerarca de dicha entidad, con la Alianza para el Empleo mantienen un diálogo con el sector empresarial para buscar propuestas de generación de ofertas laborales.
Y que efectúan otras iniciativas como la feria de empleo bilingüe de CINDE donde se ofrecieron alrededor de 4500 plazas.
Dos de las más importantes agrupaciones sociopolíticas y laborales del planeta, la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), nos han transmitido una muy buena noticia: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sobrevivido a uno de los ataques del capital más furiosos de toda su historia: el cuestionamiento del derecho de huelga que le asiste a la clase trabajadora mundial; derecho que es parte esencial de los Derechos Humanos fundamentales aunque se violente por todas partes y todos los días.
El derecho de huelga para la clase trabajadora tiene rango de ley internacional, incluido dentro del Convenio No. 87, “Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical”, así adoptado el 9 de julio de 1948, por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en San Francisco, California, Estados Unidos.
Aunque en Costa Rica este asunto pasó desapercibido e incluso, autocríticamente se debe reconocer, para los propios sindicatos nacionales; el ataque de la patronal global contra el derecho de huelga pretendía fortalecer el proceso de involución de los derechos laborales que se manifiesta en muchos países; situación ésta que tiene como principales características las draconianas medidas de austeridad, el incesante incremento de los empleos precarios y la creciente tendencia a la criminalización de la protesta social; tal y como lo señalan la CSI y la ISP, mismas que monitorean a diario las luchas por la justicia social en todo el orbe.
La ofensiva contra el derecho de huelga en el seno de la OIT tenía ya casi 3 años de desarrollo y una victoria patronal habría significado, prácticamente, la desaparición de esta entidad.
Aunque muchos que militamos en el sindicalismo deseáramos “otra” OIT en el sentido de que tuviera mayor poder coercitivo en contra de los gobiernos y de los estados violadores de los derechos humanos de contenido laboral; realmente es importante que siga funcionando y velando, a su estilo, por los temas laborales y por enfrentar, de alguna manera, los intentos del capital más criminal por imponer un camino esclavo para el trabajo que la globalización neoliberal pretende para las masas obreras del planeta.
En Costa Rica debemos celebrar que en el seno de la OIT se haya reafirmado el derecho de huelga, visto a la luz del marco de la Reforma Procesal Laboral (RPL); misma que lo desarrolla, lo garantiza y lo regula en el ámbito de los servicios públicos esenciales, posibilitando en este caso una vinculación armónica entre los intereses de la ciudadanía usuaria de los mismos con los de las personas trabajadoras asalariadas que los prestan.
Como sabemos, la OIT es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable del empleo y los derechos en el trabajo. Ha venido sirviendo como punto de referencia esencial respecto a la legislación internacional sobre temas laborales desde su fundación en 1919.
Ya en 1927 la OIT reconocía explícitamente la existencia del derecho a la huelga, vinculándolo directamente a la libertad sindical; un reconocimiento que no había sido cuestionado por los empleadores durante más de 60 años. Así nos lo explica la CSI.
Fue en 1992 cuando representantes de la patronal en el seno de la OIT empezaron su ofensiva intentando eliminar décadas de su jurisprudencia, aduciendo, por primera vez, que el convenio núm. 87 no implica que los trabajadores y que las trabajadoras tengan derecho alguno a hacer huelga. Antes de esa fecha, los empleadores habían indicado que el derecho a la huelga debería ser limitado y estar sujeto a ciertas condiciones.
En los últimos tres años el ataque patronal al respecto se intensificó, tratando de descalificar pronunciamientos reiterados de la jurisprudencia OIT, en el sentido de que el derecho de huelga tiene naturaleza de derecho internacional universalmente reconocido, especialmente al incluirse en el mencionado convenio.
La patronal quería así atacar la esencia de la legitimidad de dos de las más importantes instancias de la OIT: su Comité de Libertad Sindical (CLS) y su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR).
En nuestro país, el derecho de huelga para la clase trabajadora está en la propia carta magna, en nuestra Constitución Política, en su artículo 61.
Debemos reconocer y agradecer la lucha militante en tal sentido de estas entidades sindicales globales, la ISP y la CSI que combaten en estos duros escenarios actuales de lucha frontal entre el capital y el trabajo en el marco de la globalización neoliberal.
El secretario general del Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, declaró a LA PRENSA LIBRE que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) está en lucha franca contra la institucionalidad y trata de ver cómo hace para que no les cobren impuestos.
“… La Uccaep está en una santa cruzada contra la institucionalidad pública de Costa Rica que tiene que ver con el bien común y la inclusividad social, como está en una santa cruzada contra el desarrollo de los derechos laborales”, expresó a El Decano de la Prensa Nacional.
Una serie de despidos en las empresas, salida del país de otras y situaciones distintas que solo tienden a hacer crecer el desempleo en nuestro país, pareciera una labor orquestada para hacer desestabilizar el Gobierno Solís Rivera.
La conversación con el Secretario de la ANEP fue en ese sentido y estas sus declaraciones completas:
¿Cree usted que haya confabulación para desestabilizar el Gobierno?
-A mí me parece que la gritería empresarial por pérdida de empleos tiene ocultos propósitos. No sé si conspirativos contra el Gobierno, pero sí tiene ocultos propósitos.
Por ejemplo, creo que los empresarios, por lo menos la Uccaep se resiste a la transparencia en el cobro de impuestos, y es usual que la actividad empresarial, el cobro de impuestos o no se pague del todo o no se pague como debe ser, y ahora que están apretando clavijas desde la cartera de Hacienda, probablemente a algunos no les gusta que queden exhibidos o no les guste meterse en cintura en materia tributaria”.
¿Usted me habló de que tiene tres pareceres, cuál es el segundo?
-La segunda razón que me hace entender a mí que hay propósitos ocultos, es porque la Uccaep siempre levantó las banderas de los tratados de libre comercio, siempre dijo que los tratados de libre comercio estaban asociados a empleo, entonces no se explica cómo, si tenemos tantos tratados de libre comercio, incluso los dos con la Unión Europea y Estados Unidos, vengan ahora a decir que hay desempleo. Este segundo factor me hace dudar a mí de la transparencia al decir que se van de Costa Rica y que se pierden empleos por decisiones de este Gobierno.
¿Y la tercera?
-El tercer elemento que tengo en mente, es que de alguna manera la Uccaep no representa los intereses de las pequeñas y medianas empresas, y yo entiendo que uno de los desafíos que tiene Costa Rica, es el de relanzar las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales de consolidarse podrían representar seria competencia a algunos pulpos empresariales de carácter monopólico o cuasimonopólico, entonces si yo concentro determinada actividad productiva y la tengo casi al 100% en control del mercado, a mí no me sirve que el gobierno se ponga a hacerme competidores que desde los micro hasta los medianos, puedan poner en duda mi actividad empresarial. Este podría ser un tercer factor de una especie de chantaje tácito.
En un extracto del Informe del Estado de la Nación, 2014, capítulo 3, páginas 163-165 dice: “…el Programa Estado de la Nación y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) unieron esfuerzos para realizar un ejercicio de naturaleza exploratoria, con el propósito de contribuir a ordenar y visibilizar la discusión sobre este tema, así como identificar líneas de investigación que podrían abordarse en el futuro. En este primer acercamiento se busca responder a la pregunta: ¿Es Costa Rica un país caro? (…) Los únicos rubros en los que los costos relativos en el país están por debajo del promedio latinoamericano son los servicios telefónicos (-64%), la electricidad (-36%), el azúcar (-10%) y el agua (-9%)”.
Así que entonces, por qué cree usted se da esa insistencia de desinformar a la población diciendo que la electricidad en Costa Rica es muy cara, y se van para países que la tienen más cara aún? ¿No será una lucha contra las garantías sociales y laborales de las que gozamos todos los trabajadores en Costa Rica?
-La actual dirigencia de la Unión de Cámaras quisiera que no existiera Código de Trabajo, que no existan convenciones colectivas, y quisiera que servicios públicos estratégicos, como la electricidad, se dieran desde el sector privado.
Entonces la Uccaep está en una santa cruzada contra la institucionalidad pública de Costa Rica que tiene que ver con el bien común y la inclusividad social, como está en una santa cruzada contra el desarrollo de los derechos laborales.
Ellos ayudaron en el Estado de la Nación…, ¿qué le dice eso?
-Es más, me atrevo a acusarlos de que tienen una doble moral, porque por un lado, usted me dice que estuvieron participando en el Informe Estado de la Nación donde se reconocen los precios bajos de los servicios públicos en comparación con otras sociedades, y por otro, aplaudieron en la sede mundial de la OIT, porque no se opusieron, aplaudieron lo que se llama la política de trabajo decente que incluye la reforma procesal laboral, vea usted que barbaridad…
Así pues, está la concepción que se tiene de la realidad económico-política nacional desde la ANEP, el sindicato más grande de Costa Rica, que además lucha desde sus trincheras tanto por el empleado público como el privado.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
