Razones por las cuales nos oponemos al recorte presupuestario

Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Nos apersonamos ante esta sede parlamentaria con motivo de la discusión legislativa acerca del trámite de ley de lo que será el presupuesto “general de la República” para el ejercicio fiscal 2015; con la motivación básica de dejar constancia de la más rotunda oposición de nuestra parte, por la serie de recortes presupuestarios que en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea Legislativa, por mayoría de sus integrantes, se han aplicado a dicho proyecto presupuestario; decisiones que adversamos y que de seguido, en términos muy generales, fundamentamos en las siguientes consideraciones.

Antes de ello, deben saber sus dignas autoridades legislativas que quienes nos apersonamos hoy aquí, en manifestación, procedemos de varios sectores institucionales de diversos ministerios del Estado, de sus programas estructurales, así como de entidades adscritas a los mismos; de representantes de diversos servicios a cargo del Poder Judicial; de organizaciones sindicales de representación en otros entes del aparato del Estado, en especial las integrantes de “PATRIA JUSTA”; de ciudadanos y de ciudadanas de sensibilidad patriótica procedentes una variedad de pertenencias organizativas, quienes abrigan gran preocupación e intensa indignidad por la situación en comentario.

Tenemos la convicción central y fundamental de que tales recortes expresan, en términos generales, irresponsabilidad y carecen de sopesada reflexión y análisis objetivo sobre sus eventuales y directos impactos. Además, se imponen bajo una estrategia de “shock”, típica de los ajustes estructurales “fondomonetaristas” de la década de los años ochenta del siglo pasado.

A la vez, esconden tenebrosos intereses en contra del pueblo costarricense; específicamente, eliminar toda forma de intervención del Estado a favor de las grandes mayorías, evitando que se pueda recuperar su rol social equilibrador. Se trata, en el fondo y en consecuencia, de abrir espacio sin límites a los negocios privados con los servicios públicos.

Nuestra conclusión central es que tales recortes, en términos generales, al presupuesto de los ministerios para el 2015, muestran cuatro características esenciales.

PRIMERO: Agravan la afectación a diversos servicios públicos que se prestan desde los ministerios y sus programas y entidades adscritas; servicios que ya de por sí venían sufriendo grave deterioro y precariedad producto de restricciones presupuestarias severas en años anteriores.

SEGUNDO: Tales servicios están destinados a atender necesidades básicas de grupos de costarricenses muy desfavorecidos, económica y socialmente hablando. Los recortes, por tanto, profundizarán la dolorosa y peligrosa desigualdad en nuestro país.

TERCERO: En términos generales, estos servicios públicos son prestados por personas trabajadoras asalariadas del sector público central, cuyos regímenes salariales están en los niveles bajo y medio, así que no se ostentan lo que denominan algunos como “salarios de lujo”.

CUARTO: Por más recortes que se apliquen, incluso llegando a cierres técnicos ministeriales (como el caso de Cultura), no resolverán el grave problema del déficit. Al contrario, esos recortes, si se consolidan, agravarán más la situación social del país y de sus sectores más golpeados por el proceso concentrador de riqueza.

En consecuencia, desde nuestra perspectiva sociosindical y cívico-patriótica, lo que se impone es una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, para lo cual desde hace bastante tiempo nos venimos preparando, enfrentando el desafío de proponer alternativas a la “terapia tipo shock fondomonetarista” en esto del control del déficit fiscal que, reconocemos, es un asunto de enorme gravedad.

Tal alternativa está expresada en nuestra propuesta “HACIA UNA REFORMA FISCAL PARA EL DESARROLLO Y LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO”; con la esperanza de que sea mediante el diálogo, la negociación transparente y efectiva, la generación de acuerdos y su cumplimiento verificable, la más idónea y prudente vía para salir del atolladero en que, como sociedad, nos encontramos en esto del déficit. Sin embargo, si en esto del déficit se sigue pensando que está cerca “el fin de los tiempos”, proponemos que trabajemos un proyecto de CONTINGENCIA FISCAL, con contenido progresivo y mientras llega una solución fiscal-tributaria integral, emulando lo que se tramitó en la gestión parlamentaria 2002-2006.

Lamentamos que tenga demasiado ruido una especie de “gritería histérica” en relación a los probables porcentajes de déficit fiscal en el presupuesto “general de la República” para el 2015; desarrollándose una malsana campaña de ataque al empleo público, generalizándose el mismo ante la ciudadanía para que ésta no pueda aquilatar y justipreciar, en igual dimensión y proporción, una serie de aspectos inherentes al asunto del déficit fiscal que deberían considerarse, más allá del tema de las remuneraciones salariales de quienes laboran para el sector Público. Veamos:

LA DEUDA DEL PAÍS. En el presupuesto en trámite, se contempla 1 billón, 700 mil millones de colones (1.700.000.000.000.00), para compromisos de deuda del país, en el 2015. ¿A quién le debemos?; ¿cuánto en total? ¿Quién gana con el pago de intereses? ¿Cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento en las últimas administraciones gubernativas? ¿Con cuánto nos endeudamos en cada uno de esos gobiernos?… Solamente este pago de deuda para el 2015, es casi un 6 % de Producto Interno Bruto (PIB). Entonces, el déficit es por la deuda; no por los salarios, ni por la inversión para la operatividad de los ministerios.

EXENCIONES Y EXONERACIONES. La propia Contraloría General de la República (CGR), las ha cuantificado en un 5.8 % de PIB. Es decir, prácticamente, otro 6 % de PIB: 1.740.000.000.000.00 colones.

EVASIÓN TRIBUTARIA Y ELUSIÓN FISCAL. El propio Ministerio de Hacienda las calcula en un 7.75 % de PIB. Es decir, prácticamente, un 8 % de PIB. Casi 2.400.000.000.000.00 (¡Dos billones cuatrocientos mil millones de colones!).

FICIT FISCAL. Ante la “gritería histérica” de que el “apocalipsis fiscal” está cerca dado que en el 2015, el déficit estará en un 6 – 7 de PIB, ¿por qué no definir con cuánta cifra podemos vivir y con cuánta cifra no? Así determinaríamos abordajes racionales y objetivos para manejarlo.

LOS RESPONSABLES DELFICIT. Es igualmente imperioso (como en lo de la deuda), determinar la responsabilidad de los gobiernos inmediatamente anteriores al actual, en la generación del déficit que alimenta la actual “histérica gritería” por su “elevada” cifra. Pareciera que “no se pueden tirar piedras teniendo techo de vidrio”. ¡No sacrifiquen al pueblo por este asunto del déficit, motivados por trifulcas politiqueras inter-partidos o intra-partidos!

PRESUPUESTOGENERAL DE LA REPÚBLICA”. Se puede establecer otra contabilidad de las finanzas estructurales del Estado, considerando la totalidad del aparato que lo compone. Los especialistas admiten que en este parlamento solamente se debate acerca del 40 % de la estructura financiera global-integral del Estado. El otro 60 % pasa por otro lado, específicamente, por la Contraloría General de la República (CGR). Por eso es que ponemos entre comillas, la frase “general de la República”.

EMPLEOBLICO. En lo que respecta a la corriente sindical que representamos, básicamente conformada en la coalición sindical “PATRIA JUSTA”, hemos propuesto al Gobierno una serie de planteamientos al respecto. Deben los sectores líderes de la cruzada fundamentalista contra el empleo público, tanto los que se ven como los que están ocultos, definir qué es lo que quieren en materia de empleo público, toda vez que con las generalizaciones abusivas y la satanización indiscriminada que están ejecutando, solamente atizarán la hoguera de la confrontación social abierta.

Finalmente, tengan presente lo siguiente:

RECORTES: QUIEBRA DE EMPRESAS Y DESEMPLEO. Los recortes aprobados en comisión, de materializarse, afectarán a muchas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en el sistema de compras del Estado, su razón fundamental para existir. No puede negarse, por fundamentalismos extremistas en esto del déficit fiscal, que no pocos empleos asalariados del sector privado, precisamente dependen de esta parte del sector público, para el sostenimiento de cientos y cientos de familias. Los recortes aprobados en comisión generarán quiebras de empresas y, por tanto, incrementarán el flagelo del desempleo; amén de una serie de demandas por rompimiento contractual unilateral en materia de alquileres, de servicios de limpieza, de vigilancia y otros.

RECORTES: SUS AFECTADOSPAGAN IMPUESTOS. Las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas, que están ligadas a cada uno de los recortes presupuestarios que se están imponiendo, pagan, puntualmente, los dos impuestos fundamentales del sistema tributario costarricense; por cierto que ambos, en situación de alta regresividad que los hace totalmente injustos. El de renta, si corresponde, es rebajado de planilla. El de ventas, al momento mismo de la compra.

RECORTES: DÉFICIT SEGUIRÁ-MÁS CONFLICTO SOCIAL. Estos recortes, por más drásticos que sean, no resolverán el problema del déficit fiscal. Por el contrario, potenciarán más el conflicto social. Por un lado, a lo interno de los ministerios por la inestabilidad laboral y salarial en perspectiva (eliminación de partidas para anualidades, dedicación exclusiva y otras; rebajas salariales no descartables, cero recursos, ambiente laboral precarizado en grado sumo, etc.). Por otro, las demandas de la población receptora de muchos de esos servicios públicos ministeriales, que los recibirán en condiciones más deterioradas, auguran una mayor conflictividad usuario-laboral.

RECORTES: MÁS DESIGUALDAD. Los recortes aprobados y eventualmente por consolidarse, incrementarán el pernicioso tránsito que lleva este país por los injustos caminos de la desigualdad creciente y sistemática, fortaleciendo su contracara: la concentración abusiva de la riqueza.

Por tanto, exhortamos con gran vehemencia, que con ocasión de la fase próxima de la tramitación parlamentaria del presupuesto “general de la República”, en el propio plenario legislativo, sean revertidos todos y cada de los recortes irreflexivamente aprobados, con una gran carga ideológica y con un contenido de campaña infame contra el empleo público.

A la vez, debe propiciarse un gran diálogo nacional para tratar este grave problema, “a la costarricense”, vía diálogo, entre los principales actores políticos, sociales, productivos y del Gobierno, en el marco de reformar el vetusto sistema tributario costarricense, de alto contenido regresivo; correcciones estratégicas que han sido “pedidas” al país, por organismos financieros internacionales, como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a su nefasto expediente histórico al respecto de ajustes estructurales tipo “shock”; así como el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Expresamos nuestro sincero reconocimiento a los señores diputados y a las señoras diputadas que desde diversas fracciones parlamentarias representadas en la actual Asamblea Legislativa, han estado adversando estos recortes presupuestarios “aventureros”. En lo especial, destacamos a la totalidad de la bancada diputadil del Partido Frente Amplio; así como a varios legisladores de los partidos PAC y PUSC.

Respetuosamente,

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Con el respaldo de la coalición sindical “PATRIA JUSTA” (FIT-ICE, SINAE, SITRAPEQUIA y UPINS).

Sobre el uso de equipo policial por parte del departamento de prensa del MSP

La situación que se planteó sobre el uso de la Jacket que le fue entregada a la periodista del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Joselyn Alfaro, no tiene nada que ver con una “persecución” contra la señorita Alfaro, tal y como lo afirmó el encargado de prensa del MSP, Calos Hidalgo Flores, en un medio de comunicación; mucho menos tiene relación con su paso por un medio televisivo, respetamos esa faceta de la señorita Alfaro.

Parte de nuestro trabajo sindical es velar por el buen uso de los recursos públicos y los bienes del Estado y que por eso hemos insistido una y otra vez sobre los manejos que se hacen de los mismos en la Fuerza Pública, así como el irrespeto a las normas jurídicas previamente establecidas. Situaciones que incluso han sido señaladas por la propia Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad Pública.

Respecto a la aclaración a la opinión pública, firmada por el señor Hidalgo Flores, indicamos:

Ya que cita usted el artículo 69 del Código de Trabajo, le aclaramos que estamos de acuerdo en que les suministren equipo a todas los y las compañeras que laboran en la oficina a su cargo, eso es un derecho y lo tenemos claro, lo que no se comparte es que sea de equipo policial.

Si bien el departamento de prensa, se presenta a cubrir algunas situaciones relevantes, lo hacen después de atendido y controlado el evento, no es cierto que deban o puedan estar en operativos con la Fuerza Pública, entonces toda la prensa podría estar sin restricción. (No olvide que tengo experiencia policial).

Como usted menciona el Código de Trabajo, procedo a citar lo que al efecto establece el Código Penal, Titulo XIII artículo 317 bis: 1) Sera sancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien sin ser autoridad policial, utilice uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerpos de policía del país, del cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del Ministerio Público.

Además de lo anterior, es importante aclarar, que nuestra intervención se motiva en múltiples quejas, por parte de compañeras y compañeros policías, afiliados a nuestra organización.; que carecen de este y de otros equipos. Por ejemplo, muchos deben laborar seis días con un solo uniforme, y que lastima que no se aplique correctamente en esos casos el artículo 69 inciso d) del Código de Trabajo, que cita su persona.

Aunque nos muerdan hasta el codo ANEP seguirá extendiendo su mano solidaria

ANEP extendió su mano solidaria que nos fue mordida hasta el codo… Nuestra vocación humanista y solidaria seguirá como siempre ha sido. Seguiremos extendiendo esa mano solidaria y, probablemente, nos volverá a ser mordida hasta el codo. Es parte de nuestra filosofía. El caso que relatamos, no hará que cambiemos este pensamiento de principio.

El señor Roy Castillo López estuvo laborando para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en condición de interinato. Se afilió a la ANEP y nos pidió que le acreditáramos como Delegado Sindical para promover nuestra causa en dicha entidad.Estuvo actuando en tal sentido, básicamente en la gestión gubernativa anterior a la presente.

Al vencimiento de su interinato, no logró que lo colocaran en una terna para tener propiedad en el puesto. Él alegó que fue que le “cobraron” el haber adoptado la causa de la ANEP como Delegado Sindical en el MTSS. La ANEP le dio, al respecto, su respaldo incondicional.

Al quedarse sin empleo y en la fase final de su carrera como abogado, tocó la puerta de la ANEP. Buscó refugio en la ANEP, no solamente para que le lleváramos, judicialmente, su caso; sino para que le “ayudáramos” a conseguir otro puesto en la Administración Pública (obviamente imposible); y, finalmente, para tener algunos recursos de sobrevivencia mientras obtenía otro empleo, con base en un fondo solidario que la ANEP tiene para ayudas en estos casos.

La ANEP, solidariamente, le cumplió en lo siguiente. Hay dos causas abiertas en los tribunales en su favor que la ANEP le lleva desde nuestra Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ). 1) Expedientes número 13-8350-1027-CA, ante el tribunal contencioso-administrativo. 2) La otra causa, es la número 13-2960-1178-LA-4, de orden laboral y en el juzgado de trabajo, por Prácticas Laborales Desleales, contra el Estado-MTSS.

Seguiremos representándole en ambos procesos judiciales, al menos hasta que él lo quiera. La ética, el profesionalismo y nuestra filosofía humanista y solidaria así nos lo impone. Igual tratamiento que en todos los muchos procesos que se llevan, a nivel jurídico, en la ANEP.

En cuanto a la ayuda solidaria, el señor Castillo López recibió una asignación económica de 150 mil colones, no reembolsables, durante seis meses continuos; amén de un reconocimiento económico diario para su movilización y alimentación.

El señor Castillo López nos dijo estar “conmovido” por la respuesta solidaria de la ANEP para con su caso y, él mismo, dado que se estaba haciendo abogado, tomó la iniciativa de ofrecernos su ayuda. ANEP, de buena fe, pensó que esta ayuda de él era de agradecimiento al soporte que le estábamos dando luego de quedar desempleado. Sin embargo, algunas solicitudes de cooperación se le giraron electrónicamente y él las utilizó para fundamentar su demanda de que tuvo con ANEP una “relación laboral” en un proceso ulterior que planteó luego de que no logró que la ANEP, lo contratara como abogado de planta como, irrespetuosamente, nos lo exigió.

A propósito de su carrera de abogado, la ANEP le prestó, a solicitud de él mismo, 350 mil colones para el papeleo final de su graduación como abogado, cuando todo hacía creer que él actuaba de buena fe para con ANEP. Esta plata todavía no la ha pagado.

Al irse enojado de la ANEP porque, finalmente, no se le contrató como abogado de planta, nos “exigió” que debíamos “cancelarle” la suma de 1.531.637.47. Algo inaceptable para la organización, no solamente porque jamás hubo una relación laboral formal con él, sino porque sus exigencias monetarias eran desproporcionadas e irracionales, amén de ingratas para toda la solidaridad que se le dio.

Respetuosos de la ley, preferimos que nos demandara y acatar lo que los tribunales resolverían; resolución que, en lo monetario, fue la mitad de la plata pretendida por él. Nosotros teníamos que proteger los dineros de nuestra membrecía y así lo hicimos.

Finalmente, el tribunal de menor cuantía le da la razón y es un fallo inapelable. La ANEP no lo comparte pero lo respeta. Los jueces no accedieron a la totalidad de su pretensión argumentando él que era abogado de la ANEP. En los meses que estuvo en ANEP no lo era, así que asumimos que habría mentido ante dicho tribunal y revisada la sentencia, veremos si el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica tiene algo que decir al respecto.

Veremos, también, si le devuelve a la ANEP, los 350 mil colones de préstamo que se le hizo para que pudiera terminar el papeleo de su graduación.

No pretendemos la devolución de los 900 mil colones de ayuda solidaria, porque es eso: ayuda solidaria según nuestra filosofía social y humanista.

Todo esto se le dijo al periodista de La Nación, el señor Diego Bosque G., según declaraciones que él le pidió a la ANEP y que se expresaron por medio del compañero Rafael Ángel Mora Solano, integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP y Asesor Político de la Secretaría General de la agrupación. Como se puede entender y como es lógico suponer, ya conocemos a La Nación y su posición ideológica antisindical.

Por eso al periodista mencionado, solamente consignó lo que le “interesó”, pretendiendo descalificar nuestra histórica autoridad moral en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora. En todo caso, la experiencia de la ANEP en su relación con La Nación, indica de nuestro conocimiento sobre esa “peculiaridad” ética para con informaciones referidas a la ANEP.

En este caso, donde la mala fe queda constando, la autoridad moral de la ANEP queda incólume. Como seguramente en La Nación sienten que su autoridad moral en su campo mediático, en nada ha disminuido pese al litigio tributario en que están inmersos, por un presunto impago de responsabilidades impositivas que son en corresponderle al Grupo Nación y que el Estado les está demandando honrar.

Todo lo indicado con relación al mencionado señor Castillo López, está documentado para quien quiera constatar lo actuado por ANEP con relación a él y, repetimos, de buena fe.

Esta circunstancia no hará cambiar a la ANEP en cuanto a su actitud profundamente solidaria y humanista. Seguiremos extendiendo nuestra mano solidaria a pesar de que nos muerdan hasta el codo. Es un problema de principios.

Declaración oficial de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Sesión No. 1999, ordinaria, del viernes 17 de octubre de 2014.
ACUERDO FIRME

Albino Vargas Barrantes
Wálter Quesada Fernández
Rafael Ángel Mora Solano
Máinor Anchía Angulo
Esteban Quesada Chacón
Lydia Lacayo Mena
Ligia Azofeifa Calderón
Rosa Rivera Bejarano
Cristina Fernández Borge
Lucrecia Alvarado Badilla
Margot Ortiz Monge
Mélida James Johnson

Sindicato del Poder Judicial y de Criminalística del OIJ se unen a la marcha del 20 de octubre

A continuación compartimos la convocatoria realizada por ambas organizaciones, para que las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial, se unan a la marcha contra el recorte presupuestario:

Sitrajud y ANIC, en su constante lucha por condiciones dignas para la clase trabajadora del Poder Judicial, se declaran en contra de las políticas regresivas que platea el gobierno para resolver el problema fiscal que atraviesa el país.

Los responsables del déficit fiscal no somos quienes laboramos en el sector público y exigimos que sean los verdaderos responsables quienes asuman la carga.

Nos oponemos firmemente que el Gobierno pretenda resolver el problema fiscal sometiendo a mayores sacrificios a la clase trabajadora y nos solidarizamos con la lucha que da el sector público del país por condiciones dignas de trabajo.

Por estas razones convocamos a la población judicial a que se nos una a la manifestación sindical del día lunes 20 de octubre, a las 10:00 a.m., del Parque Central a la Asamblea Legislativa.

Para la ANEP es un verdadero orgullo que ambas organizaciones nos acompañen en la lucha contra la malintencionada campaña que ciertos sectores del país han direccionado contra el empleado público.

Periodista del Ministerio de Seguridad dice le regalaron chaqueta de la policía

16 de octubre de 2014
Joselyn Alfaro
Periodista
Ministerio de Seguridad Pública
Estimada señorita

El pasado 16 de julio de 2014 publicó usted en su cuenta de Twitter @JoselynAlfaro la fotografía que se adjunta a esta carta pública, donde sale usted con una Jacket oficial de la policía, celebrando un mes de sus funciones en la Fuerza Pública y donde usted afirma que dicha chaqueta es un regalo que le hicieron a su persona.

Sabrá usted que todo el avituallamiento de la Fuerza Pública es de uso estrictamente oficial, que tanto uniformes, chalecos, armas, escudos, insignias y Jacket, como la que usted usa en la citada fotografía, no los pueden usar civiles, ni tampoco el personal administrativo del Ministerio de Seguridad.

El Decreto Ejecutivo Nº 37188-SP, Reglamento de Uso de Uniformes y Distintivos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, Articulo 39 habla de la jacket del Personal de la Fuerza Pública, sumado a que en la orden de compra directa Nº 2012CD-000152-090003 se menciona compra de Jackets policiales, compra que se deriva del presupuesto 090-03 de Seguridad Ciudadana. Entiéndase para uso policial, lo cual no es su caso.

Nos preocupa muchísimo que alguna autoridad institucional se de la libertad de regalar material y equipo que le pertenece al Estado, sobretodo en momentos donde hay tantos problemas presupuestarios.

Sabrá usted que desde ANEP venimos emitiendo una serie de denuncias respecto al manejo de las inversiones que realiza el Ministerio de Seguridad, y una de ellas tiene que ver específicamente con las prendas como la que usted utiliza en la fotografía. Hemos preguntado a las autoridades ministeriales sobre el estado de las mismas, y sobre el paradero de unas 4000 chaquetas, que deberían estar a resguardo pero que, parece, no están en bodegas (El saldo es cero).

Por todo esto entenderá usted señorita Alfaro que necesitamos preguntarle si en realidad recibió usted esa Jackets como un regalo personal, y si de ser así ¿quién fue la autoridad que le dio dicho regalo? Si más bien dicha chaqueta se le dio a usted como parte del equipo necesario para realizar su labor periodística en el Ministerio de Seguridad, le agradeceríamos, en pos de la transparencia, nos facilite el formulario con fecha del 16 de julio, o anterior, donde se le hace entrega a usted de ese equipo, con las firmas respectivas que lo validen.

De antemano le agradecemos su disposición a aclarar este asunto.

Todo listo para marcha contra el recorte presupuestario

Algunos de los recortes:

*Transferencia Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor *
167,650,000.00 CRC millones de colones

*Transferencia Comisión Nacional de Emergencias *
444,667,258.00 CRC millones de colones

Transferencia Instituto Costarricense sobre Drogas 104,942,839.00 CRC millones de colones

*Transferencia CNP * 100,000,000.00 CRC millones de colones

*Transferencia para proyectos programa desarrollo tecnológico agropecuario, y el programa para la competitividad del mediano y pequeño productor, *
797,871,036.00 CRC millones de colones

*Materiales y productos minerales y asfálticas(MOPT) *
600,000,000.00 CRC millones de colones

*Transferencias a Juntas de Educación * 5,879,927.086 CRC millones de colones

*Transferencia Fundacion Omar Dengo * 5,276,592,381.00 CRC millones de colones

*Transferencias a Juntas Administrativas * 4,665,646,425.00 CRC millones de colones

*Tranferencia a IAFA *
39,100,000.00 CRC millones de colones

Transferencia a INEC
110,000,000.00 CRC millones de colones

Transferencia a FONABE 1,402,420,806.00 CRC millones de colones

¿Por qué ganó Evo?

La aplastante victoria de Evo Morales tiene una explicación muy sencilla: ganó porque su gobierno ha sido, sin duda alguna, el mejor de la convulsionada historia de Bolivia.

“Mejor” quiere decir, por supuesto, que hizo realidad la gran promesa, tantas veces incumplida, de toda democracia: garantizar el bienestar material y espiritual de las grandes mayorías nacionales, de esa heterogénea masa plebeya oprimida, explotada y humillada por siglos. No se exagera un ápice si se dice que Evo es el parteaguas de la historia boliviana: hay una Bolivia antes de su gobierno y otra, distinta y mejor, a partir de su llegada al Palacio Quemado.

Esta nueva Bolivia, cristalizada en el Estado Plurinacional, enterró definitivamente a la otra: colonial, racista, elitista que nada ni nadie podrá resucitar.

Un error frecuente es atribuir esta verdadera proeza histórica a la buena fortuna económica que se habría derramado sobre Bolivia a partir de los “vientos de cola” de la economía mundial, ignorando que poco después del ascenso de Evo al gobierno aquella entraría en un ciclo recesivo del cual todavía hoy no ha salido.

Sin duda que su gobierno ha hecho un acertado manejo de la política económica, pero lo que a nuestro juicio es esencial para explicar su extraordinario liderazgo ha sido el hecho de que con Evo se desencadena una verdadera revolución política y social cuyo signo más sobresaliente es la instauración, por primera vez en la historia boliviana, de un gobierno de los movimientos sociales. El MAS no es un partido en sentido estricto sino una gran coalición de de organizaciones populares de diverso tipo que a lo largo de estos años se fue ampliando hasta incorporar a su hegemonía a sectores “clasemedieros” que en el pasado se habían opuesto fervorosamente al líder cocalero. Por eso no sorprende que en el proceso revolucionario boliviano (recordar que la revolución siempre es un proceso, jamás un acto) se hayan puesto de manifiesto numerosas contradicciones que Álvaro García Linera, el compañero de fórmula de Evo, las interpretara como las tensiones creativas propias de toda revolución. Ninguna está exenta de contradicciones, como todo lo que vive; pero lo que distingue la gestión de Evo fue el hecho de que las fue resolviendo correctamente, fortaleciendo al bloque popular y reafirmando su predominio en el ámbito del estado.

Un presidente que cuando se equivocó, por ejemplo durante el “gasolinazo” de Diciembre del 2010, admitió su error y tras escuchar la voz de las organizaciones populares anuló el aumento de los combustibles decretado pocos días antes. Esa infrecuente sensibilidad para oír la voz del pueblo y responder en consecuencia es lo que explica que Evo haya conseguido lo que Lula y Dilma no lograron: transformar su mayoría electoral en hegemonía política, esto es, en capacidad para forjar un nuevo bloque histórico y construir alianzas cada vez más amplias pero siempre bajo la dirección del pueblo organizado en los movimientos sociales.

Obviamente que lo anterior no podría haberse sustentado tan sólo en la habilidad política de Evo o en la fascinación de un relato que exaltase la epopeya de los pueblos originarios. Sin un adecuado anclaje en la vida material todo aquello se habría desvanecido sin dejar rastros. Pero se combinó con muy significativos logros económicos que le aportaron las condiciones necesarias para construir la hegemonía política que ayer hizo posible su arrolladora victoria. El PIB pasó de 9.525 millones de dólares en 2005 a 30.381 en 2013, y el PIB per Cápita saltó de 1.010 a 2.757 dólares entre esos mismos años. La clave de este crecimiento, ¡y de esta distribución!, sin precedentes en la historia boliviana se encuentra en la nacionalización de los hidrocarburos.

Si en el pasado el reparto de la renta gasífera y petrolera dejaba en manos de las transnacionales el 82% de lo producido mientras que el Estado captaba apenas el 18% restante, con Evo esa relación se invirtió y ahora la parte del león queda en manos del fisco. No sorprende por lo tanto que un país que tenía déficits crónicos en las cuentas fiscales haya terminado el año 2013 con 14.430 millones de dólares en reservas internacionales (contra los 1.714 millones que disponía en 2005). Para calibrar el significado de esta cifra basta decir que las mismas equivalen al 47% del PIB, de lejos el porcentaje más alto de América Latina. En línea con todo lo anterior la extrema pobreza bajó del 39% en el 2005 al 18% en 2013, y existe la meta de erradicarla por completo para el año 2025.

Con el resultado de ayer Evo continuará en el Palacio Quemado hasta el 2020, momento en que su proyecto refundacional habrá pasado el punto de no retorno. Queda por ver si retiene la mayoría de los dos tercios en el Congreso, lo que haría posible aprobar una reforma constitucional que le abriría la posibilidad de una re-elección indefinida. Ante esto no faltarán quienes pongan el grito en el cielo acusando al presidente boliviano de dictador o de pretender perpetuarse en el poder. Voces hipócritas y falsamente democráticas que jamás manifestaron esa preocupación por los 16 años de gestión de Helmut Kohl en Alemania, o los 14 del lobista de las transnacionales españolas, Felipe González. Lo que en Europa es una virtud, prueba inapelable de previsibilidad o estabilidad política, en el caso de Bolivia se convierte en un vicio intolerable que desnuda la supuesta esencia despótica del proyecto del MAS. Nada nuevo: hay una moral para los europeos y otra para los indios. Así de simple. ​

Aclaración pública por nota periodística

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se refiere a las manifestaciones periodísticas aparecidas en el medio electrónico “El Meridiano” (http://www.meridianosur.co.cr/le-cayo-albino-vargas-a-alcaldesa-de-aserri/), días atrás con relación al proceso para la fijación salarial por costo de vida, valedera para el segundo semestre del presente año 2014, para ser aplicada al honorable personal trabajador asalariado de la Municipalidad de Aserrí. Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1) En ningún momento el Secretario General de ANEP “le cayó” a la señora alcaldesa de Aserrí, doña Marcela Marín Mora, como lo expresa la nota en comentario. La ANEP y su Seccional ANEP-Municipalidad de Aserrí fueron citados por la indicada jerarca para tratar el tema del aumento por costo de vida indicado y así cumplir lo estipulado en el artículo 47 de la Convención Colectiva de Trabajo, actualmente vigente en la institución; artículo que dice así: “La municipalidad seguirá con la política salarial establecida con el sindicato de revisar cada año un reajuste salarial de acuerdo con el proceso inflacionario y perdida adquisitiva del salario. Cuando se decreten los reajustes salariales para el sector público de parte del Poder Ejecutivo. Dicha negociación salarial, se efectuara los primeros días del mes de agosto de cada año”.

2) No son declaraciones propias de la ANEP el que se haya dicho que “le ha quedado muy grande la alcaldía” a doña Marcela Marín Mora. Desde el punto de vista de ANEP nosotros no podemos cuestionar la labor de cualquier funcionario, sin importar el rango que ostente, sin tener un fundamento sustentable. Por otro lado, ANEP hace un llamado a cada funcionario y a cada funcionaria a para que trabaje en equipo de manera eficiente, con el fin de proteger a la institución y los servicios públicos de entes privatizadores.

3) La ANEP no convocó en ningún momento a paro de labores el pasado 11 de septiembre, como lo dice la nota periodística. Esto jamás sucedió, ni por el tema de horarios ni por el tema de aumento salarial. Todo se solucionó a base del franco diálogo y la negociación como lo creemos firmemente en ANEP

4) La señora alcaldesa Marín Mora y la ANEP, a través de su Seccional ANEP-Municipalidad de Aserrí, han manejado una relación laboral y negociadora propia y adecuadas, en las que han habido diferencias y cercanías de criterios que han producido acuerdos importantes en diferentes temáticas. De manera que la ANEP felicita a la señora alcaldesa de la Municipalidad de Aserrí, la señora Marcela Marín Mora, por su actitud de diálogo y de transparencia para con nuestro sindicato; así como por su observancia en cuanto al cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo, en el artículo 57; y, finalmente, por cumplir el acuerdo de llevar al concejo municipal la propuesta salarial que ya fue aprobada.

Valga indicar que a nivel del sector municipal de la ANEP, las declaraciones periodísticas oficiales de la organización, que se pueden considerar como las legítimas voceras de nuestra institución sindical, son las que emita la persona en la Presidencia de una seccional municipal, el funcionario responsable-promotor de la ANEP para la misma, en su condición de personero de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la agrupación; y/o, el propio Secretario General de la misma, o el Secretario General Adjunto; o bien, algún otro personero-dirigente de la agrupación a quien se le encomendó el seguimiento de un determinado proceso socio-laboral.

Por tal razón, este sindicato censura toda acción de paralelismo que se dé por un uso impropio de la sigla ANEP para dar declaraciones a la prensa que no sean la propia autoridad máxima de una seccional, o bien, los otros personeros citados. Caso contrario, la persona que abusa de la sigla ANEP, sin autoridad para utilizarla, se hará responsable de ello.

Defensoría da la razón a la ANEP respecto al 10% de los saloneros

La Defensoría de los Habitantes, mediante Oficio N° 09233-2014-DHR, dio la razón a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional ANEP-Saloneros , respecto a los abusos que sufren miles de saloneros y meseros, a quienes sus empleadores no les reconocen el 10% correspondiente a propinas.

Por lo anterior, la Defensoría de los Habitantes recomienda al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), llevar a cabo las acciones administrativas necesarias para aprobar de inmediato la Propuesta de Reglamento a la Ley para proteger el empleo de los saloneros y meseros.

La recomendación de la Defensoría nace, luego de que Álvaro Valverde, Promotor de ANEP, presentará una denuncia ante dicho organismo, ya que los “pisoteos” a los derechos laborales de saloneros y meseros son constantes.

“Pese a que la Propuesta de Reglamento a la Ley para proteger el empleo de los saloneros y meseros fue lanzado a consulta popular, el pasado 6 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta, este no ha avanzado y se ha estancado, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Departamento de Leyes y Decretos. Esto mientras continúa aumentando los abusos e infracciones laborales contra los saloneros y meseros. Por esto decidimos elevar el caso a la Defensoría”, explicó Valverde.

Otra de las recomendaciones realizadas por la Defensoría de los Habitantes hacia el MTSS, indica que: “deben realizarse las acciones administrativas necesarias para crear un plan de trabajo con el fin de inspeccionar de oficio distintos centros de trabajo tales como Restaurantes y Hoteles para verificar el cumplimento de las disposiciones normativas laborales y el cumplimiento de las Leyes 4946 y N° 9116.

Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la ley anteriormente señalada, el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido”, indica el informe.

Por su parte, desde ANEP y su seccional ANEP-Saloneros, instamos a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como a los representantes de hoteles y restaurantes; a conformar un foro que nos permita llevar a buen puerto el tema del 10% para los saloneros y meseros.

A continuación compartimos la recomendación que realiza a Defensoría de los Habitantes al MTSS.

LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
RECOMIENDA:
Al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Sr. Víctor Morales Mora,

Primero: Llevar a cabo las acciones administrativas necesarias para aprobar de inmediato la Propuesta de Reglamento a la Ley para proteger el empleo de los saloneros y meseros.

Al Sr. Rodrigo Acuña Montero, Director Nacional de Inspección:

Segundo: Realizar las acciones administrativas necesarias para crear un plan de trabajo con el fin de inspeccionar de oficio distintos centros de trabajo tales como Restaurantes y Hoteles para verificar el cumplimento de las disposiciones normativas laborales y el cumplimiento de las Leyes 4946 y N° 9116.

Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la ley anteriormente señalada, el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES a partir del día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la siguiente información:

b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas
c.- Funcionario encargado de su ejecución.
A la persona interesada se le aconseja estar atenta a la emisión definitiva del Reglamento a las Leyes 4946 y N° 9116.

En relación con este informe final cabe el recurso de reconsideración que deberá ser interpuesto dentro de los OCHO DIAS HABILES posteriores a la notificación.