La Caja y el sindicalismo corporativo

Mediando un gasto de casi 5 millones de colones en campos pagados, los máximos representantes corporativistas de dos gremios laborales con funcionamiento al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), expresaron su furia irracional (para decir lo menos), ante el planteamiento que formulara el destacado ciudadano de gran respeto y prestigio, don Roberto Mora Salazar, conocido como “El Cobrador de la Caja”, de que esta debe ser intervenida por el Gobierno ante la perpetuación perniciosa en su interior y pese a las sucesivas administraciones, de un círculo de poder político con ropaje tecnocrático y con cargos intercambiables entre sí según las coyunturas de esos “cambios” de Gobierno.

Hablamos de un selecto grupo de jerarcas a los cuales, de un modo u otro, les competen grandes responsabilidades por la situación actual de deterioro en diversos ámbitos que presenta la institución más querida del pueblo costarricense, la CCSS. La Fiscalía General de la República tiene en proceso de valoración fuertes y delicadas denuncias contra este grupo por presuntas ilegalidades de varia naturaleza.

Don Roberto, “El Cobrador de la Caja”, tiene ya 13 años de una cruzada solitaria pero de gran contenido e impacto cívico, dejando en evidencia a toda clase de patronos y de empresas inescrupulosas que evaden sus responsabilidades de aporte a la Seguridad Social; misión político-humanitaria que ha logrado llevar a las arcas de la Caja unos 30 mil millones de colones de deudas empresariales-corporativas con la institución.

La labor de “El Cobrador de la Caja”, es completamente ad honórem, no media paga alguna, no pertenece él a la Caja y su quehacer es motivado por el profundo amor que le tiene a la institución. Él ejerce lo que todas las personas deberíamos hacer con patriotismo, disciplina y seriedad: una auditoría ciudadana.

La noble misión de “El Cobrador de la Caja” que se interpuso para sí mismo pero a favor de toda la comunidad asegurada del país, no solamente ha dejado en evidencia importantes debilidades del sistema de cobro patronal de la institución.

Además, y sin quererlo, desnudó una especie de inoperancia sindical, rayana en la complicidad, que debió haber asumido con carácter estratégico la tarea que él se impuso como suya; labor de gran impacto y prestigio que le han dado una autoridad moral enorme, reconocida y temida, en el ambiente político y empresarial del país.

En su planteamiento, “El Cobrador de la Caja” recibió el respaldo activo de las organizaciones Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), así como de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); dos sindicatos que han venido, en un ejercicio autocrítico, propositivo y positivo, reconociendo la gran tarea histórica que le compete al movimiento laboral institucional de aportar a la no menos gigante operación cívico-patriota de salvar a la Caja, para beneficio de la actual y de la futura generación.

La gritería del gremialismo sindical corporativista a raíz del planteamiento de intervención para la Caja, muestra, precisamente, la imperiosa necesidad de que emerja, con potencia, otro sindicalismo en la institución que concatene su lógico y natural quehacer de protección obrera, con las aspiraciones de la población asegurada para recibir oportuna y eficaz atención lo más rápidamente posible; amén de incorporar como tarea estratégica de ese otro sindicalismo, el combate activo y militante contra la corrupción, lejos del galimatías demagógico de ese sindicalismo corporativista de profunda raigambre gremial que quiere que nada cambie.

Más allá de la corrupción: el Estado necesario y la urgencia de recuperar la Caja

Dejando mitos a un lado, es indiscutible que durante décadas Costa Rica fue uno de los países más exitosos en promover el desarrollo humano y crear una amplia clase media. Lo hizo, en gran medida, gracias a un Estado que contribuyó a crear empleo formal y salarios crecientes; promocionó cooperativas; y desarrolló uno de los sistemas de seguridad social más originales y ambiciosos del mundo en desarrollo. La historia de Costa Rica muestra algo casi obvio: para lograr economías más vibrantes y sociedades más equitativas, el Estado no es el problema sino una parte fundamental de la solución. Es el único capaz de ofrecer bienes para todas las personas, y de hacer frente a élites económicas cada vez más poderosas e influyentes. Nos consta que el Presidente Solís coincide con estas ideas.

¿Por qué entonces en su retrato del Estado secuestrado el Presidente nos describe una maraña de irregularidades –ciertamente sobrecogedoras – pero omite referirse al papel que una parte de la élite económica y que las políticas indiscriminadas de desregulación han tenido en debilitarlo? ¿Tiene sentido criticar al Estado sin a la vez subrayar cuánto lo necesitamos? Al no situar la lucha contra la corrupción en el marco de un proyecto político e ideológico, el discurso del Presidente nos deja sin brújula para reconstruir un Estado fuerte, menos vulnerable a su secuestro y más efectivo como aliado en la resolución de nuestros problemas.

Estamos de acuerdo en que la corrupción tiene altísimos costos y que la debilidad del Estado impide el desarrollo. Sin embargo, criticar a todas las instituciones públicas como ineptas e ineficientes no ayuda demasiado. Aunque es entendible que el Presidente necesite ganar tiempo mientras diseña la agenda de reformas, esta estrategia arriesga enemistar a la población con el Estado como tal. Se abona así el “apague y vámonos” neoliberal, sin fomentar la lealtad y la voz de los ciudadanos con lo público.

Si lo que se requiere es aportar soluciones concretas que pasen por mejorar lo que ya se hace bien; sancionar a las personas con nombre y apellido causantes de la corrupción; luchar contra el uso privado de los fondos públicos y acercar al Estado a la ciudadanía, no se nos ocurre mejor lugar donde empezar que en la Caja Costarricense del Seguro Social. Durante setenta años, la Caja ha gestionado uno de los sistemas de salud más equitativos y exitosos del mundo en desarrollo y pensiones envidiables, manteniendo simultáneamente un saludable superávit. Maneja, además, un presupuesto equivalente superior al 10% del producto interno bruto (una cantidad mayor que todo el gasto público de Nicaragua) y da empleo a casi 50 mil funcionarios/as.

Sin reformas en la Caja poco mejorará en el país… por lo que sorprende enormemente que en el discurso del Presidente la Caja fuera un “no tema”. Solo le dedicó medio párrafo para referirse a la necesidad de hacer frente a la deuda del Estado. Mientras tanto y como contraste, a la mañana siguiente por millonésima vez en la última década, la Caja es “el” tema del editorial de La Nación y miles de ciudadanos claman por la mejora en los servicios.

¿Cómo va a hacer frente esta administración a los retos sustantivos que enfrentan los servicios de salud y la administración de las pensiones? ¿Cómo piensa en este área fundamental fortalecer las capacidades del Estado? ¿Es consciente el Presidente de que la inacción sólo va a contribuir a expandir las opciones privadas de salud y consolidar los problemas de gestión en los hospitales públicos? ¿Sabe que cada día que pasa sin tomar cartas en el asunto es un día que fortalece los poderes fácticos que se benefician privadamente de los fondos públicos? Si el gobierno del PAC no tiene nada que decir al respecto, ¿a merced de quiénes queda esta agenda?

Avanzar en la agenda sustantiva de la Caja requiere efectivamente hacer frente al uso privado de los bienes colectivos. Pero no atacando a toda la institución sino elaborando una estrategia inteligente para castigar a aquellos que la han utilizado para enriquecerse, renovando integrantes de su Junta Directiva y dando espacio y confianza a quienes cotidianamente trabajan por el interés general—que todavía son muchos.

Para ello, habría que empezar por tomar las riendas de la institución, separando del cargo a las gerencias y directores/as cuestionados/as y apoyando a un equipo de personas que estén fuera de la maraña de intereses particulares. Además, se requiere recuperar la confianza ciudadana en la salud pública, implementando medidas que mejoren la eficiencia del servicio. Este no es solo un asunto técnico, sino de concertación de voluntades en una tarea colectiva. Corregir “arriba”, en la cabeza, y corregir “abajo” en las listas de espera y en las filas de madrugada son medidas que fortalecen a lo público mientras dicen “no” al avance de la medicina individual y privada. De esa forma, se castiga las irregularidades e ilegalidades sí, pero a la vez se fortalece desde ya el Estado necesario.

Consulado Móvil Nicaragüense este fin de semana

AVISO IMPORTANTE PARA LOS Y LAS NICARAGÜENSES

Sábado 6 y domingo 7 de setiembre del 2014, la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica COSIBACR, y el Sindicato Industrial de TRabajadores Agrícolas, Ganaderos, Anexos Heredia SITAGAH, en el marco del Comité Intersindical de Costa Rica, “por la Defensa de los Derechos de los y las Migrantes”, junto con el Consulado General de Nicaragua, estarán llevando el CONSULADO MOVIL, en el Salón Polideportivo y Multiuso, de la Clínica de Puerto Viejo, Sarapiquí, 100 metros al este. Los trámites que se estarán realizando son:

1. Pasaporte Ordinario y Provisional para mayores y menores de edad
2. Inscripción de nacimiento en Nicaragua, hijos de nicaragüenses nacidos en Costa Rica.
3. Record y partidas de nacimiento debidamente apostillados para tramites de residencia
4. Carné Consular y Certificación Consular

Junto a las organizaciones del Comité Intersindical CMTC, CSJMP, CTRN, estaremos brindando información sobre trámites migratorios, asesoría laboral y otros. Aquí atenderemos a todas las nacionalidades.

Los requisitos para poder acceder a los servicios consulares están al final de la nota en un documento adjunto.

NO DEBES TENER MIEDO, ACERCATE Y OBTIENE LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS; RECUERDA QUE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ES LA MEJOR OPCION PARA CONOCER Y DEFENDER TUS DERECHOS

Asamblea Policía Penitenciaria el 19 de setiembre

Quienes estén “por dentro” deben inscribirse para tramitarles permiso.

Quienes estén en descanso, se les financiará, ida y vuelta, el traslado desde su domicilio.

Llame a los compañeros Gerardo Cascante Vargas, al teléfono No. 8981-4598; o a Gerardo Cascante Amador, al 8694-4376. Igualmente, al compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, al 8839-7171.

Entre los y las asistentes se rifarán dos fines de semana, con un aporte económico de apoyo, para vacacionar en las cabinas remodeladas en la propiedad de la ANEP, en Manuel Antonio, Quepos, ubicadas a la par del Parque Nacional Manuel Antonio y a 100 metros de la playa, considerada ésta dentro de las diez más lindas del planeta.

ANEP cursará invitación oficial para que en dicha asamblea se apersone algún jerarca con legitimidad y credibilidad, a fin de que explique qué está pasando con el pago en sede administrativa de las deudas por disponibilidad. Un logro de ANEP pero que no ha sido efectivamente honrado por la institución.

ANEP aclara: Nada se está negociando con ANEP

Los rumores van y vienen sobre el cambio de roles de servicio en la Policía Penitenciaria. Fuentes fidedignas nos indican que quitarán el “7×7” y que lo harían, de manera abrupta, sorpresiva. Hasta la circular tendrían redactada ya. Además, se nos indica se están “estudiando” cambios en el reglamento de la Policía Penitenciaria. Del Manual de Puestos, no se sabe nada. En este delicado asunto, ANEP no pactará nada.

ANEP no se someterá a la “Estrategia del Miedo” que se pretende instaurar en el Sistema Penitenciario Nacional con el “cambio”.

ANEP continuará haciendo llamados, una y otra vez, para la preservación de la institucionalidad penitenciaria que empieza a ser “lesionada” por la concepción de Seguridad que viene implantando el señor Bertozzi (a quien le gusta que le llamen “Comisionado”). Reiteramos que en cuanto ser humano, como persona, la ANEP le respeta.

Nuestra crítica a su nombramiento es porque consideramos que no es congruente con la concepción penitenciaria del encierro carcelario, a tenor con los valiosos estudios y recomendaciones del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), entidad adscrita al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, paradójicamente, con sede en Costa Rica.

Además, la situación de crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional, planteada a la opinión pública nacional por la ANEP en mayo de 2013, lo cual fue reconocido por importantes instancias del sistema político-institucional del país; exige un abordaje integral que, ahora, pareciera que está muy lejos de alcanzarse.

De hecho, ANEP tiene informes de roces en desarrollo entre la parte técnica y la concepción de Seguridad que maneja el Sr. Bertozzi. Por ejemplo, se nos indica de una seria desavenencia en cuanto a cómo se debe tratar el proceso de visita de las personas familiares y amistades de la población privada de libertad; toda vez que, al parecer, “ningunearán” el papel de Trabajo Social en este proceso, para que este proceso se asuma solamente bajo la cuestión de Seguridad.

Además, el Sr. Bertozzi ha indicado, de manera reiterada, que él solamente le rinde cuentas a la señora Ministra, la señora Cristina Ramírez Chavarría; obviando la autoridad depositada, por ejemplo, en el señor Viceministro de la cartera, don Carlos Alberto Rodríguez Pérez, quien también estaría en proceso de “ninguneamiento”.

Por cierto, la ANEP felicita al señor Viceministro Rodríguez Pérez, pues según nota en prensa de Diario Extra del pasado sábado 30 de agosto, comunicó su decisión de rescindir el contrato de alquiler de un edificio de lujo ubicado detrás del Mall San Pedro, lo cual hacía que el Ministerio de Justicia y Paz gastara 10 millones de colones mensuales por alquiler. Una buena decisión que reconocemos como oportuna y acertada. Se esperaría más decisiones en este ámbito.

Por cierto que dicho jerarca se comprometió con la ANEP a responder cada uno de los puntos del planteamiento integral de la ANEP, a favor del personal de la Policía Penitenciaria, que le entregáramos a él y a su superior, la Ministra Ramírez Chavarría, a primera hora del pasado 9 de mayo, el primer día hábil de ambos a la cabeza del Ministerio de Justicia y Paz.

Recordemos que el planteamiento de la ANEP se denomina “Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”. Tal compromiso de respuesta venció el día 31 del mes que acaba de terminar.

Lo que no sabemos es si, finalmente, si él dará respuesta al planteamiento de la ANEP; si la dará, si será consistente y no un “plato de babas”; además, si tal respuesta contará con peso político pues, difícilmente, sin la “bendición” del Sr. Bertozzi nada podría ser “sustentable”. Recordemos que la propia Ministra Ramírez Chavarría le ha empoderado a él para que controle toda la gestión penitenciaria.

ANEP indica que ya no trabaja en el despacho ministerial, el señor Javier Rodríguez, quien fungió como asesor-consultor de la señora Ministra Ramírez Chavarría, pagado con fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese señor renunció luego de los cuestionamientos de la ANEP, según nota de emplazamiento que le formuláramos, al respecto, a la citada jerarca. Por cierto, ella respondió a la ANEP con evasivas sobre la fuente de los salarios pagados a ese consultor. ANEP tiene informes de que hay más gente pagada de esta irregular forma, trabajando en el despacho ministerial. ANEP se lista para otro emplazamiento público en tal sentido. Además, comentaremos, públicamente y en fecha próxima, sobre la cuestión de fondo de la ejecución presupuestaria de dicho empréstito.

ANEP: Su organización sindical. La organización sindical más prestigiosa y de mayor credibilidad en Costa Rica.

ANEP: 56 años de lucha obrero-social, a favor de la clase trabajadora y de las más nobles causas cívicas del pueblo costarricense. No nacimos ayer y mucho menos como “proyecto de alcoba”.

ANEP: Somos una institución independiente que lucha por los Derechos Humanos y, específicamente, los de orden laboral.

ANEP: Somos una entidad laboral plenamente identificable, localizable, responsable y transparente. Declaramos, responsablemente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), toda la planilla de nuestro personal asalariado; el cual además está cubierto con la póliza de Riesgos del Trabajo en el Instituto Nacional de Seguros (INS).Pagamos puntualmente los impuestos que por ley y por convicción nos compete honrar. No somos evasores ni tampoco un ente fantasmal.

Acoso insostenible en el PANACI

Manifiesto Conjunto dirigido a autoridades de Gobierno

Nosotros, la ANEP que representa a los trabajadores y a las trabajadoras del Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), junto a cinco organizaciones de personas con discapacidad: Fundación Helen Keller, Asociación Pro Patronato Nacional de Ciegos (PROPANACI), Cooperativa Autogestionaria de Personas Activas con Discapacidad (Coopeapad), Asociación Deportiva para Ciegos (APEDEC), Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Visual(APADIVI) y la Comisión Coordinadora de Ciegos de Costa Rica que nos agrupa, hemos convenido firmar el presente manifiesto y enviarlo a las autoridades gubernamentales y a la Asamblea Legislativa, agradeciendo a la prensa nacional que nos permita llegar con nuestra mensaje a la opinión pública.

1. Importancia del Patronato Nacional de Ciegos:

El Patronato Nacional de Ciegos es una institución pública que desarrolla una importante labor en el área de la discapacidad visual. Representa para las personas que firmamos este manifiesto y nuestras organizaciones, la franca y determinada oportunidad para que el Estado administre e incremente acciones específicas a esta población tan diversa, incluyendo aquellas personas que requieren apoyos más intensos.

Por lo tanto, con este manifiesto hacemos uso de nuestro derecho a participar contribuyendo con la solución a la crisis en que la junta directiva actual del PANACI ha sumido a esta institución; misma que está llamada a la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional

2. Logros:

En el pasado esta institución ha sido un pilar importante en el logro de las siguientes oportunidades para las personas con discapacidad visual:

• Cajeros parlantes: En coordinación con el Banco Popular se trajo a Costa Rica el primer cajero parlante en 1997.
• Semáforos sonoros: Se logró que el MOPT trajera al país los primeros 10 semáforos sonoros que se ubicaron en la ciudad de San José, en el año 2008
• Billetes y monedas adaptados: En el año 2010, Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica en contar con billetes de diferente tamaño, con marcas táctiles y con colores contrastantes para ser diferenciados por personas de baja visión.
• Dispositivo para diferenciar billetes: La coordinación con el Banco Central de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y el BAC San José, posibilitó que en el año 2013 se creara el dispositivo.
• Perros guía: Los primeros perros guía ingresaron al país en abril de 1998, gracias a un convenio con la Escuela Leader Dogs for the blind, ubicada en Michigan, EEUU.
• Adaptación pasaporte: Gracias a un recurso de amparo interpuesto por una persona con discapacidad visual se logró que la cédula tenga las siglas TSE en braille, lo que le permite a la persona ciega, diferenciarla de otros documentos. En esa misma línea se asesoró a la Dirección General de Migración y Extranjería, en el 2011, para que el pasaporte se pudiera diferenciar.
• Laboratorio adaptado: En el año 2000 se inauguró el primer laboratorio de cómputo adaptado para personas ciegas del país denominado Centro Tecnológico Emilia Piedra Miranda. Más tarde se apoyó al Instituto Helen Keller para que el INA instalara un laboratorio en sus instalaciones.
• Café internet adaptado: Cuando se inauguró en 1997, fue el primero en Centroamérica y el quinto en Latinoamérica.
• Tienda de Tiflotecnología (tecnología adaptada para personas ciegas y de baja visión), a disposición de la población costarricense.
• Teatro Sonoro: En 2010, por primera vez en Costa Rica, el Teatro Cuatro Vientos incursionó en el teatro sonoro con la obra “Miss Chepa Top Model”. Los asistentes con los ojos tapados disfrutaron del desarrollo de los otros sentidos y lo más importante en la obra, participó una actriz ciega. La obra tuvo tal éxito que se montó una segunda obra en 2011, denominada “Estelar” y se contrató una segunda persona con discapacidad visual.
• POETA: Es una iniciativa de la Fundación para las Américas, organización sin fines de lucro y cooperante de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin brindar capacitaciones en alta tecnología y ejecutar actividades para la inclusión sociolaboral. Durante los años 2010, 2011 y parte del 2012, el PANACI fue un Centro POETA capacitando especialmente a jóvenes.

3. Lucha de poder:

La lucha de poder que la actual junta directiva ha protagonizado con los empleados de la institución, la mantienen paralizada. Los servicios que antes teníamos ya no los tenemos, como la libertad de reunirnos en la sede de la institución y la posibilidad de adquirir bastones, relojes parlantes, regletas para escritura del braille y, en fin, todos aquellos artículos tiflotécnicos de tecnología avanzada que nos permiten lograr nuestro desarrollo. Hemos sido testigos de que cuando llegamos al Patronato ya no podemos casi abordar a los funcionarios quienes se muestran temerosos, e indican que han estado sometidos a diferentes tipos de acoso.

Durante casi nueve meses, por acuerdo de la Junta Directiva, tampoco pudimos recibir capacitaciones en la sede del Patronato. La junta directiva, prácticamente, ha secuestrado a la institución y ha procedido como ha querido; incluso tomando acuerdos cuya legalidad podría ser discutible, esto a vista y paciencia del gobierno anterior y del gobierno actual, a pesar de que ante los respectivos consejos de Gobierno hemos denunciado las irregularidades sin obtener una respuesta satisfactoria.

4. Recursos insuficientes

Reconocemos que el principal problema que tiene la institución son los recursos insuficientes asignados para lograr sus fines. Con un presupuesto anual de 161.319.000 millones de colones no es posible atender las necesidades de 251.464 personas que según el censo del 2011, presentan discapacidad visual. Si hiciéramos una simple operación matemática, podríamos concluir que es imposible satisfacer con alrededor de 642 colones anuales las necesidades de cada persona que presenta discapacidad visual dentro de las fronteras de esta gran nación.

No estamos hablando de asistencialismo. ¡Todo lo contrario! Lo cierto es que las niñas, los niños, las mujeres y los hombres con discapacidad visual residentes en nuestro país siguen encontrando barreras para participar en sus comunidades en igualdad de condiciones con otros y se siguen vulnerando sus derechos humanos. De allí que no es de extrañar que la población se indisponga con la institución porque interpreta que no funciona. Desconocen que con la limitación de recursos con que se cuenta y con solamente 10 funcionarios no es posible llegar a toda la población; más aún, con mayor dificultad a la ubicada geográficamente en las zonas más alejadas del país.

5. Autonomía del Patronato

Nos preocupa que ahora ante esta crisis, el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) es tan “autónomo”, al punto que pareciera que ninguna autoridad gubernamental tuviera la suficiente potestad para intervenir, a pesar de que hemos tocado muchas puertas con el fin de que se asuman responsabilidades ante la situación: Ministerio de Trabajo, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Salud, Consejo de Gobierno, la Sala Constitucional y hasta el Ministerio Público. La situación sigue cada día agravándose más, pues la junta directiva ante la no intervención de las autoridades tiene total libertad y cada día toma más fuerza.

6. Asistencialismo Inaceptable

Basta de que las autoridades de Gobierno asuman la ceguera como si la discapacidad visual es de pobrecitos que deben conformarse con lo que el Estado les da. Los Ministerios que se ven representados dentro de la junta directiva del PANACI no han puesto en marcha la constatación de nuestras denuncias, ni tan siquiera han dudado, menos puesto en marcha investigaciones por nosotros solicitadas. Siguen manteniendo sus mismos representantes.

Por otra parte, las dos personas con discapacidad visual directivos, deberían estar defendiendo nuestros derechos ante estas instituciones y dirigiendo hacia la inclusión y no discriminación y rompiendo con el paradigma médico; sin embargo, los hechos nos dicen lo contrario.

En el caso de la CCSS, nombraron un nuevo representante y luego en la misma semana retrocedieron con la reinstalación. Si por lo menos dudaran y comprobaran estos hechos nuestra institución, a la cual respetamos, podría fortalecerse y seguir adelante asegurando con medidas y acciones concretas el ejercicio de nuestros Derechos Humanos, que es al final de cuentas lo que solicitamos las personas con discapacidad visual.

San José, domingo 31 de agosto de 2014.

TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones

Agnes Rousseaux
CETRI
Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores, sometidos a las fuertes presiones de los lobbies, se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.

Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).

“Calmar la frustración de las empresas”

Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.

“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)

Prohibir toda intervención de los Estados

”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.

Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.

Bloquear las privatizaciones

Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.

Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..

Negociaciones secretas

Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.

No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría… ¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!

Los lobbies industriales han sido consultados, pero los ciudadanos no

Wikileaks acaba de aclarar un poco la opacidad que reina en estas negociaciones, divulgando el anexo del acuerdo relacionado con los servicios financieros. De acuerdo con ese documento, especialmente redactado por los EE.UU. y Europa, las propuestas han sido clasificadas como confidenciales durante “cinco años a partir de la entrada en vigor del ACS o si no se ha llegado a ningún acuerdo cinco años después del cierre de las negociaciones”, el documento establece que su divulgación no está autorizada y que el texto debe ser “guardado en una construcción, una habitación o un contenedor cerrado y asegurado”.

Es evidente que los lobbies de la industria y los servicios tienen mucho más acceso a las informaciones que los ciudadanos y sus representantes: la Global Service Coalition ha enviado sus delegados a Ginebra con ocasión de las negociaciones de abril de 2014. Y se felicita en un comunicado de haber podido confirmar su apoyo sin reticencias al proceso y haber compartido sus puntos de vista con los negociadores.

Un acuerdo con muchas expectativas para las empresas

Lo menos que puede decirse es que las multinacionales de los países involucrados se hallan muy motivadas por las expectativas del acuerdo: “Las caídas del TISA podrían ser enormes para las empresas del sector servicios, explica la Cámara de Comercio de los EE.UU., está convencido de que las actuales negociaciones son “una oportunidad única para demoler los obstáculos al comercio internacional”. “Este palpitante nuevo acuerdo tiene el potencial de inflar el crecimiento económico y la creación de empleos en los EE.UU. y en el exterior”, señala la Cámara de Comercio. Un acuerdo tan “palpitante” que podría duplicar las exportaciones de servicios de los EE.UU. con una ganancia de 869.000 millones de dólares y 3 millones de empleos (8). Pero esta es la teoría. ¡Se esperan siempre centenares de miles de empleos que la apertura a la competencia posibilitaría a diferentes sectores de la Unión Europea!

¿Qué es lo reclaman las empresas y sus representantes? Los países que firmen el acuerdo deberán en primer término eliminar las regulaciones consideradas barreras comerciales “Si reconocemos la necesidad de algunas regulaciones (para la seguridad nacional, la protección de los datos…) deberían establecerse límites y parámetros para su aplicación”, afirma el lobby estadounidense de las industrias de servicios. Su bestia negra: la distorsión de la competencia entre el sector público y privado. “La competencia desleal por parte de las empresas subvencionadas o mantenidas por el Estado, de las empresas públicas o controladas por los Estados constituyen un obstáculo cada vez más importante para la provisión de los servicios por parte de las empresas estadounidenses en muchos mercados”. Se trata de proteger al sector privado “contra los comportamientos anticompetitivos de las empresas publicas”, alega igualmente la Cámara de Comercio de los EE.UU.

El lobby estadounidense del sector desea abolir toda preferencia nacional, obligaciones de localización o las cuotas de empleados locales. Y liberalizar mucho más los sectores de los medios y de la diversión “Ningún país debería estar autorizado a introducir nuevas restricciones o excepciones que deroguen o debiliten los compromisos existentes del AGCS”, sugiere (9). Los representantes de las empresas solicitan que el acuerdo incluya un mecanismo de regulación de los diferendos. Es decir, el establecimiento de tribunales de arbitraje privados para solucionar los litigios, en el marco de una jurisdicción extranacional, donde los intereses privados son ley (10). Suiza, en la última ronda de negociaciones, ha redactado una propuesta en tal sentido.

Congeladas las regulaciones financieras

El acuerdo también incluye los servicios financieros. Y podría provocar importantes consecuencias sobre el sector. A pesar de la crisis bancaria, los promotores del TISA tratar de eliminar aún más las reglamentaciones de los mercados mundiales de servicios financieros”, analiza Wikileaks. El anexo referente a los servicios financieros permanece aún en secreto “es una propuesta que solo puede gustar a los banqueros”, denuncia el abogado Lori Wallach de la ONG estadounidense Public Citizen: el principio del statu quo mencionado en este anexo impediría, por ejemplo, establecer nuevas reglamentaciones financieras, consideradas necesarias por los gobiernos, dado que constituirían restricciones a las empresas involucradas. Resultado: el acuerdo congelaría las regulaciones financieras en el estado actual, algo totalmente insuficiente para prevenir nuevas crisis bancarias, estima el abogado. De donde se deduce el riesgo de inestabilidad financiera en los años futuros.

También se ve en este anexo la firme voluntad de los EE.UU. de lograr la liberalización de los flujos de datos. Es decir, permitir sin trabas el intercambio de datos personales y financieros entre países. Una amenaza para las libertades fundamentales, porque muchos de los países que participan en estas negociaciones, en lo referente a protección de datos, son mucho menos exigentes que Europa. El lobby internacional de servicios desea lograr una disposición que obligue a las autoridades públicas a justificar todas las medidas que podrían restringir la transferencia de datos entre países (11).

¿Un acuerdo extensivo a todo el planeta?

“Lo que resulta terriblemente inquietante, es que el ACS está siendo negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más inclinados a la liberalización, que no esconden su voluntad de arrastrar en este acuerdo, una vez concluido, al resto del mundo”, explica Rosa Pavanelli. Los negociadores tratan de que este acuerdo sea compatible con el marco de la OMC. O en el idioma de la Comisión europea: “Velar porque la estructura del acuerdo permita una futura multilateralización”. Un modo de permitir a los 50 países signatarios presionar sobre los demás miembros de la OMC para que acepten estas reglas (12). Como para debilitar la posición de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– excluidos, por el momento, de las negociaciones o de países africanos completamente ignorados.

Se ha formado un comité “Stop TISA” y se ha lanzado un pedido. Una carta firmada por 340 organizaciones no gubernamentales en la que expresan su oposición a estas negociaciones y se envió en 2013 a los ministros de Comercio. En vista de los desafíos democráticos, económicos y políticos, así como la opacidad de estas negociaciones, las movilizaciones podrían aumentar en los meses próximos.

Notas

1) Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados-Unidos, Hong Kong, Islandia, Israël, Japon, Liechtenstein, Mexico, Noruega, Nueva-Zélanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perú, Suiza, Taïwan, Turquia, más los 28 paises de la Union Europea.

2) “El TISA se está negociando fuera del marco de la OMC sobre la base del artículo V del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) Sobre esa base diferentes países pueden bajo ciertas condiciones ampliar entre ellos la liberalización del comercio de servicios, más allá de lo que establece la OMC, sin que esta liberalización preferencial sea sometida a la cláusula de nación más favorecida del AGCS”, Fuente: Secretaría de Estado de Economía, Suiza.

3) Correo del Comisario Europeo de Comercio, 10 de setiembre de 2013

4) «It was agreed that commitments on national treatment would in principle be applied on a horizontal basis to all services sectors and modes of supply, i.e. the understanding on national treatment would be closer to the GATT model. Exemptions to this horizontal application would have to be listed in the countries’ national schedule of commitments. Participants in the negotiations might also agree that commitments would in principle reflect actual practice (the « standstill clause ») and that future elimination of discriminatory measures would be automatically locked in (the so-called « ratchet clause ») unless an exemption were listed. » Memo de la Comisión europea Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in services, 15 de febrero de 2013

5) Ver la cronología de las negociaciones en los sitios de los ministerios suizo y australiano.

6) Ver la oferta de Suiza publicada en el sitio del ministerio de Economía (SECO) el de Noruega y el de Islandia.

7) Ver el texto votado y el detalle de la votación. El Consejo había otorgado mandato a la comisión europea en marzo de 2013 para negociar en nombre de la UE.

8) “Eliminating barriers to trade in services could boost U.S. services exports by as much as $860 billion—up from 2012’s record $632 billion—to as much as $1.4 trillion, according to the Peterson Institute. Such a dramatic increase could create as many as three million American jobs. »

9) Fuente: Comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados-Unidos.

10) Ver sobre este tema nuestro artículo sobre las negociaciones del Acuerdo Comercial Transatlántico TAFTA/ttip

11) « However, the agreement should include a commitment that when an act, policy or practice of a relevant authority seeks to restrain cross-border data transfers or processing, that authority must demonstrate that the restriction is not an unnecessary restraint of trade or investment in light of alternative means by which to achieve the objective of protecting the identity of the customer, security of the data or the performance of prudential oversight. », Comentarios de la Coalición de industrias de servicios (CSI) por pedido de la Oficina de Representantes comerciales sobre el acuerdo TISA, 26 de febrero de 2013

12) Especialmente los 129 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que han asumido compromisos en función del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios ( AGCS),

Fuente: http://www.cetri.be/spip.php?article3616&lang=fr

Seccional Municipalidad de Oreamuno festejó el día nacional del Régimen Municipal

Los integrantes de la Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno festejaron, este viernes 29 de agosto en la finca del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), ubicada en Cachí de Cartago, el día nacional del Régimen Municipal en una actividad llena de compañerismo.

La actividad que se extendió durante todo el día, también fue aprovechada para presentar el informe de labores de la Seccional, así como la juramentación e incorporación de un nuevo miembro a la Junta Directiva, se trata de Cristina Marrero que fungirá como Fiscal.

Cinthia Madriz Barquero, Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno se mostró complacida por la incorporación de Marrero, e indicó que la Seccional va creciendo poco a poco.

“Ya contamos con 34 miembros en la Seccional, esto nos permite luchar por nuestros objetivos, los cuales se centran en la negociación de una Convención Colectiva y mejoras de infraestructura en el Plantel Municipal, entre otras”, dijo Madriz.

La actividad también contó con la presencia de Esteban Quesada Chacón, Promotor de la ANEP; Ronald Barrantes Moya, Directivo Nacional de ANEP y Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP. Este último brindó palabras de aliento a los miembros de la Seccional.

“Aprovechamos para dar un mensaje de fondo en torno a la situación laboral actual y otros temas nacionales de la agenda de la ANEP. Fue una linda iniciativa que merece felicitación y agradecer el apoyo financiero brindado desde la Secretaría de Finanzas y de Administración, así como de la Unidad de Economía, Finanzas y Administración (UEFA)”, finalizó Vargas.

«Cobrador de la Caja» responde a campo pagado

Título del campo pagado:
“NO MÁS INJERENCIA POLÍTICA RESPETO A LA AUTONOMÍA DE LA CCSS”

En primer lugar, respeto los criterios externados por cualquier ciudadano de nuestro país, aunque no lo comparta, ya que ello justamente es el poder vivir en una “democracia” como la que estamos acostumbrados en nuestra querida Costa Rica y, heredada por nuestros sabios antepasados, aunque hoy en día, los gobiernos anteriores, (bipartidismo), la han dejado muy deteriorada.

“El grupúsculo que promueve semejante despropósito está pasando por un momento de delirum tremens, pretende que se violente la autonomía de gobierno que esta noble institución tiene consagrada en el artículo 73 Constitucional desde 1943”.

En cuanto a este comentario, les contesto a los señores Solano Alfaro y Chavarría Vega, que no se trata de un grupillo minúsculo el que ha promovido o solicitado al Poder Ejecutivo la intervención de nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, se trata de un ciudadano con nombre y apellido Roberto Mora Salazar y, de manera amable me secundaron personeros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

Me siento con los atestados suficientes y con la autoridad moral, para solicitar esta petición al señor Presidente de la República, porque soy Costarricense y, porque he cosechado los suficientes méritos a través de largos 13 años de luchar incansablemente por los intereses legítimos de nuestra Seguridad Social, sin paga alguna.

Hemos solicitado, la intervención inmediata de la CCSS para sacar toda la podredumbre que se encuentra en ella, ya que existen innumerables personeros que son realmente honestos y trabajadores, sin embargo, esos grupos de corruptos ha logrado tal poder, que no les permiten a sus subalternos ni siquiera mirarlos a los ojos, porque instauraron el horror y temor diciendo que por la mínima les abren un proceso administrativo y, por consiguiente el despido.

Esa intervención solicitada, es y será de primera línea, con gente honesta, de buenos principios, con excelentes atestados y totalmente ajena a la Institución porque, no queremos salir de guatemala para guatepeor, como dice nuestro adagio popular.

Entiendo perfectamente sus posiciones Dr Solano y Señor Chavarría, se deja ver de manera clara su afectación si se logra esta intervención. Es inconfundible Doctor Edwin Solano, que lo que Usted y su grupo protegen es la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, N° 6836, promulgadas por el Ex Presidente Luis Alberto Monge Álvarez, ya que si la Caja es intervenida, Usted sobre todo como Presidente de la Unión Médica Nacional, se quedará sin ese puesto. Las cosas cambiarían para Usted en su título personal, considerablemente.

Artículo 1.- Créase una escala de salarios con once categorías, representadas por niveles de grados que van del G-1 al G-11. Cada nivel o grado tendrá un salario base, un salario de contratación que incluye los sobresueldos, y un incremento anual de un 5.5 % sobre el salario base, los cuales formarán los salarios intermedios o pasos hasta un máximo de treinta anualidades.

Así las cosas, el señor Luis Chavarría, Secretario de UNDECA, posiblemente se verá de igual forma afectado, porque quedará en evidencia ante los ciudadanos de este país y de los asociados a este sindicato, su complacencia ante los actos corruptos que se dan en nuestra Institución y nunca son denunciados para exigir cambios positivos en la Institución.

Les pregunto a los dos distinguidos ciudadanos:

¿Por qué desde sus importantes y remuneradas posiciones, no han intercedido para que el gobierno cumpla con lo que indica el artículo 177 de nuestra Constitución Política, que entre otras dice:

Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia en las rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.

Les aseguro, una cosa es hablar y, otra es actuar, no traten ahora de figurar como salvadores (de mentirillas) de NUESTRA Caja y, muchos menos hacer incurrir en gastos millonarios de ₡2.526.810.00 para pagar al periódico la Nación el CAMPO PAGADO de las cuotas de sus asociados para beneficio propio, les aseguro eso no es decente.

ANEP es escuchada en foro sobre Reforma Fiscal

En el foro el Secretario General de la ANEP tocó temas sensibles como: la maltrecha política de empleo público en Costa Rica, la mala recaudación de impuestos hacia la clase más adinerada, así como la necesidad de implementar una reforma tributaria a la brevedad para evitar un quiebre técnico del Estado costarricense.