Habrá bochinche si no hay buen aumento

Habrá una prueba de fuego para el presidente Luis Guillermo Solís, la negociación salarial del sector público, que arrancaría esta semana.

El déficit fiscal no es una excusa válida para oponerse a un buen aumento, dijo Albino Vargas, secretario de uno de los sindicatos más poderosos del país, en una entrevista exclusiva con LA REPÚBLICA.

Las expectativas de los sindicalistas son altas, sobre todo si se considera que el PAC criticó durante años la afectación en la gente pobre, a raíz de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
De entrada los sindicatos exigen el doble del aumento máximo del 2%, que les dieron a los trabajadores del sector privado, que ganan más de ¢300 mil.

¿Es el déficit fiscal una excusa para decretar alzas leves en los salarios?
Nosotros discrepamos radicalmente de que se quiera hacer una relación entre esos dos temas.

No podemos discutir las remuneraciones en el sector público vinculándolas con el tema casi satánico del déficit fiscal.

Me parece que eso distorsiona y enrarece cualquier discusión.

El déficit no se va a resolver quitándoles a los empleados la disponibilidad o dedicación exclusiva.

¿Está la posibilidad de huelga si el incremento no cumple las expectativas?
Por supuesto, recordemos que hace seis meses apenas nos dieron un 0,43%.

No sé si para este semestre habrá bochinche, pero sí es claro que nunca renunciaremos a este instrumento como medida de presión.

¿Qué expectativa tiene la ANEP de esta primera negociación para el sector público?
La expectativa es que el expediente de los decretazos salariales se cierre de una vez por todas.

También tenemos la esperanza de que se construya una política salarial, para los siguientes cuatro años evitar bochinches por temas salariales.

Al sector privado le dieron un 2,23% de incremento, ¿cuánto esperan ustedes para el sector público?
Nosotros creemos que el punto de partida es un 4,14% que es la inflación del primer semestre.

¿Debe el sector público recibir un mismo porcentaje de aumento?
No, porque hay una división importante entre los mismos empleados del sector público.

Hay un grupo de trabajadores, que tienen salarios de lujo de más de ¢5 millones, mientras que otros tienen sueldos precarios que no alcanzan para nada.

Al médico que gana ¢18 millones al mes, no le va a importar si le dan un 0,43% o un 5% de aumento, mientras que a un policía sí le va a afectar.

¿Son los salarios el principal disparador del gasto como han indicado economistas, medios de comunicación y la oposición?

Los responsables del déficit son otras situaciones como las exoneraciones y la evasión.

Imagine que tan solo los impuestos que no se cobran representan un 6% del PIB.
Ese mismo porcentaje se podría obtener al calcular las exoneraciones que están vigentes.

¿Cree usted que el Gobierno se plantea esos dos temas de manera seria?
Ha sido tímido.

Hasta el momento trata de ser cuidadoso y no buscarse problemas; sin embargo, si no les entra a ambos aspectos Costa Rica no va a progresar.

¿Cuáles elementos debe incluir la política salarial?

El Gobierno debe tener la valentía de enfrentar al gremio de los médicos para aprobar una ley que desenganche los salarios bases de ese grupo, con el de los funcionarios públicos.

También tenemos que hablar de la calidad y productividad en el servicio público, a través de procesos que midan la eficacia para definir salarios.

Es mejor para la Defensoría que doña Ofelia renuncie

Ante los diversos cuestionamientos suscitados en los últimos días contra la Defensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, planteamos que lo mejor es que en tal circunstancia, que doña Ofelia renuncie porque siendo la Defensoría una de las pocas entidades de nuestra institucionalidad que todavía tiene prestigio ante la ciudadanía, someterla a un proceso de cuestionamiento por la controversia en que ya está sometida su máxima autoridad, es mejor que ésta renuncie.

Leyendo las declaraciones en los diversos medios de comunicación, se notará que las evidencias son muy fuertes y que las declaraciones de doña Ofelia incrementan las sospechas de realidad en lo denunciado.

Cuando se discutió en el parlamento su designación, por vez primera, hicimos pública nuestra oposición, junto a otras entidades sociales de diverso orden y varios ciudadanos y varias ciudadanas que, en ese momento, le asociaban muy fuertemente a ella con los hermanos Arias Sánchez y lo que ellos venían representando, en un escenario de alta confrontación social y de gran polarización en el marco del proceso del TLC con los Estados Unidos y luego del “fraudurendum” del 7 de octubre de 2007.

Conforme fueron transcurriendo los primeros cuatro años de gestión de doña Ofelia nuestra opinión varió al punto de que, en el marco de su reelección, públicamente admitimos que nos habíamos equivocado al habernos opuesto a su nominación primera, pues los resultados positivos en materia de defensa de derechos de la población habitante estaban a la vista.

Particularmente, diversas gestiones de ANEP ante la Defensoría de los Habitantes de la República fueron muy bien tratadas. Es más, doña Ofelia logró su reelección con una “lujosa” votación parlamentaria.

En el arranque de su segunda gestión, ya la ANEP le había tocado dos veces la puerta: con ocasión del conflicto sociolaboral en la Municipalidad de San José, a raíz del repudiado y cuestionado contrato privatizador con la empresa PASA en el servicio de limpieza urbana y de recolección de basura, lo que generó una huelga de un día sumamente fuerte; y, a la vez, ligado con ello, la muerte de un ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral y de presunta ilegalidad contractual por parte de esta empresa y con la “venia” de algunas jefaturas de la propia municipalidad. La Defensoría está tramitando positivamente ambas situaciones denunciadas por la ANEP ante ella.

Más recientemente y ya al final de la misma, en la huelga de una semana de la Municipalidad de Santa Ana, hemos tenido una intervención oportuna de la Defensoría, que se da luego de una llamada telefónica nuestra a doña Ofelia.

Ahora bien, como es bien conocido, la ANEP ha convertido en una de sus principales banderas de su lucha, el tema tributario, la evasión de impuestos y abogamos por una “revolución tributaria”, por una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas); y dentro de esta concepción, nosotros hemos venido diciendo que el robo de impuestos en todas sus formas debe ser concebido como un crimen contra toda la sociedad. Por ello pensamos que es tal la controversia de doña Ofelia en este asunto de denuncia pública, que ella debe renunciar.

Hoy domingo nos enteramos de que el distinguido ciudadano don Roberto Mora, “el cobrador de la Caja”, persona que con una extraordinaria valentía viene denunciando a los evasores de la Caja, nos informa de que las tres sociedades empresariales de doña Ofelia objeto de investigación, no están inscritas en la Caja por lo que habrían evadido su responsabilidad patronal para con la misma. Igualmente, la ANEP ha estado dando su aporte en la defensa de la Caja, con propuesta alternativa y rompiendo tabúes que hasta enemigos nos ha traído.

Nosotros debemos reconocer, como apuntamos, que siempre doña Ofelia siempre le abrió a la ANEP sus puertas, en los momentos delicados en los que las tocamos para temas y luchas de nuestra agenda reivindicativo-laboral de carácter sindical y de la agenda que tenemos en el plano sociopolítico, según nuestra visión de país. Le estamos muy agradecido por ello y por ésta vía dejamos constancia pública.

Postura de la Seccional ANEP-FONABE

• El FONABE tiene problemas estructurales serios que no permiten realizar una labor más eficiente. La institución se encuentra centralizada en San José, con una cobertura a nivel nacional, hasta el año pasado contábamos con 50 funcionarios y funcionarias, hoy día somos 66 para atender una población meta de 197.401 becados, y un presupuesto de ¢46.626.551.000,00 solo para el subsidio de becas. Existe una Directriz Presidencial que nos limita crecer en plazas y los gastos que requerimos para cumplir con la ejecución del programa.

• Se le solicito al MEP personal para reforzar el área Administrativa y Financiera y el mismo índico que no contaban con plazas disponibles. Sin embargo a partir del 01/07/14 nos cedieron a 2 funcionarios, un Técnico y un Profesional Licenciado.

• Si bien es cierto que contamos con el esfuerzo, dedicación y trabajo de los Comités de Becas de todo el país, los mismos están recargados con toda la población que atienden.

• Se debe de considerar que cada año aumentan la cantidad y el presupuesto de becas, a pesar de que se ha fortalecido el programa de becas encargado de la asignación y seguimiento de becas con 16 funcionarios, la parte Administrativa Financiera que es la que se encarga de todos los pagos Administrativos y de Becas se mantiene con la misma capacidad instalada, a pesar de esto se ha coordinado lo necesario para dar prioridad al pago oportuno de las becas otorgadas y que no tengan problemas con las cuentas.

• En el Informe sobre la Eficacia del programa que administra el Fondo Nacional de Becas, de la CGR DFOE-IF-15-2012, se le dijo al MEP que debían de ejercer su rol del rector político y brindar el respectivo direccionamiento y apoyo que requiere a FONABE, situación que a la fecha no ha tenido resultados.

• A pesar de que la Administración ha realizado esfuerzos importantes para atender a los usuarios, elaborando un Sistema de Gestión de Calidad, Cargas de Trabajo, Clima Organizacional y demás, es necesario fortalecer el programa de becas.

• En cuanto al tema de los requisitos, el FONABE administra y ejecuta fondos públicos, destinados a una población de escasos recursos económicos y el pago debe apegarse a la normativa vigente, que nos asegure que los fondos son correctamente otorgados a la población meta. Si con los requisitos que se solicitan se filtran estudiantes que no cumplen con las condiciones de pobreza y pobreza extrema, el riesgo de filtraciones aumentaría si prescindiéramos de estos.

• Los y las funcionarios(as) del FONABE somos un grupo identificados con el que hacer de la Institución, con su misión y visión, pero aclaramos que no somos quienes tomamos las decisiones. Para esto existe una Junta Directiva y un Director Ejecutivo. Por ley, la Junta Directiva es presidida por un representante del MEP, quien conoce el actuar institucional.

• Ante los comentarios de que todo está bien, queremos aclarar que esta posición no es compartida por la Seccional ANEP-FONABE, ya que se deben realizar mejoras en la ejecución del programa de becas y la satisfacción al usuario que permita una cobertura efectiva de las becas y el beneficio llegue a la población estudiantil más necesitada del país.

Como Sindicato, proponemos:

• Descentralizar las oficinas del FONABE, por medio de una regionalización sistemática, con oficinas en las 27 Direcciones Regionales Educativas del MEP, para tal fin se requiere de voluntad política y una coordinación estrecha con el MEP y FONABE.
• Lo ideal es que se pueda fortalecer con funcionarios propios, el servicio de Call Center, recepción y digitalización de expedientes de becas para una adecuada atención de los usuarios. Mientras esto se logra es necesario fortalecer la supervisión y fiscalización de la empresa contratada para brindar estos servicios y tomar las medidas correspondientes para que esta empresa brinde una atención con calidad, eficiente y eficaz.

• Asimismo se requiere de políticas institucionales claras y definidas a largo plazo, que permita brindar continuidad a las estrategias y acciones institucionales, independientemente del gobierno de turno e intereses políticos.
La Seccional ANEP-FONABE, tiene la mayor disponibilidad para apoyar al FONABE en pro de brindar el servicio que los usuarios se merecen, pero se requiere de apertura, diálogo y acercamiento por parte de la administración para realizar un trabajo en conjunto.

Crece agitación en la Policía Penitenciara por traslados abusivos

Esta semana se incrementó el número de policías penitenciarios víctimas del estilo arbitrario y autoritario de gestión del nuevo Director de la Policía Penitenciaria, el Lic. Pablo Bertozzi Calvo, el “Comisionado Bertozzi”, como gusta que le llamen: Informes llegados a la ANEP indican que unos 80 oficiales de la seguridad penitenciaria fueron movidos, abruptamente, sin poder objetar en lo más mínimo tan abusivas decisiones; particularmente, en los centros del denominado circuito de La Reforma

Aparte del irrespeto a la dignidad humana y laboral del policía penitenciario que sufre este tipo de decisiones prepotentes, el accionar del Sr. Bertozzi “aporta” para la profundización de lo que ya es reconocido como la situación de crisis que afecta al Sistema Penitenciario Nacional; tesis reiterada de la ANEP ante la opinión pública nacional y planteada por esta organización, por vez primera, durante la pasada gestión gubernativa.

Primero: Los movimientos abruptos de policías, que se hacen de la noche a la mañana, ponen en riesgo la aplicación de protocolos de seguridad en los casos de privados de libertad de alta peligrosidad como los ligados al crimen organizado del narcotráfico; puesto que, de un pronto a otro, los oficiales de la Policía Penitenciaria que ya han sido capacitados para ello, son sustituidos por otros que en no pocos casos no solamente no tienen conocimiento pleno de esos protocolos, sino que carecen de la debida experiencia de relacionamiento con este tipo de individuos que presentan conexiones criminales externas de alto riesgo.

Segundo: Los movimientos abruptos de policías, al “estilo Bertozzi”, debilitan los climas de contención en los diferentes ámbitos carcelarios, toda vez que al mover a un policía penitenciario con amplia experiencia en el relacionamiento con los privados de libertad ubicados en su entorno laboral cotidiano, se afectan los manejos adecuados de control de comportamientos impropios y de situaciones de estrés convivencial en el encierro carcelario; precisamente porque ese policía penitenciario de experiencia ha sido capacitado y tiene conocimiento de quién es quién en el liderato del pabellón y/o de la celda; cómo se mueven los hilos de poder a lo interno, especialmente en las horas no hábiles y fines de semana; y, cómo se ha aprendido a detectar las señales diversas de alteraciones en perspectiva de esa convivencia de alta sensibilidad explosiva, realizando oportunas acciones de prevención. Un policía penitenciario experimentado ante estos escenarios es garantía de prevención de motines, por ejemplo, producto de años de ubicación en ese mismo escenario de encierro.

Ni lo uno ni lo otro parece importarle al Sr. Bertozzi, más interesado en el establecimiento de una especie de clima de miedo que la ANEP ha decidido combatir fuertemente.

La ANEP continuará llamando a la calle a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria y estamos en preparación de eventos sucesivos e “in crescendo” al respecto. Además, entregaremos en próximas horas un emplazamiento directo al propio Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con fundamentos criminológicos de peso para sustentar la inconveniencia de que el señor Bertozzi esté dirigiendo la Policía Penitenciaria.

Lo reiteramos: El Sistema Penitenciario Nacional vive una profunda crisis; el estilo de gestión del Sr. Bertozzi y su desconocimiento de la dinámica penitenciaria, que no es policial, lo que hace es profundizar esa crisis.

Hace mal el Gobierno lavándose las manos con los combustibles

Ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Si el problema es cómo llenar el “hueco fiscal” al disminuir la excesiva carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, especialmente la gasolina y el diesel, porque el Gobierno se “quedaría” sin plata; entonces que se “agarre el torno por los cuernos” y se proceda a medidas fuertes que aunque enojen a sectores poderosos de la hegemonía dominante, el pueblo trabajador y productor agobiado por esta situación, apoyaría valientes decisiones presidenciales y ejecutivas de la actual administración.

Si “no se tiene el control”, entonces, que se tomen medidas fuertes para tenerlo. Veamos algunas:

UNO: Opción Venezuela. El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Jorge Arreaza, vino a la toma de posesión del Presidente Solís y dejó la puerta abierta para una cooperación bilateral en materia de energía. Además, dejemos atrás los “dinosáuricos” prejuicios ideológicos y reactivemos el proceso nacional correspondiente para que Costa Rica ingrese a Petrocaribe. Según conocimos en su momento, el país podría tener que pagar la factura petrolera en mejores condiciones de hasta un 50 % a cancelar en un plazo de 20 años. En la administración Arias Sánchez, la ANEP planteó, por vez, primera esta opción.

DOS: Al día se da en el país una gigantesca cantidad de operaciones financiero-bancarias. El último dato que se tiene, generado por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) es del año 2012, cuando se registraron 1 millón 700 mil operaciones con movimientos de 10 mil dólares o más. Es decir, cada 24 horas, hay unas 4.357 operaciones financiero-bancarias de, al menos, 10 mil dólares o más. Solamente los sectores altos tienen esas cantidades de dinero; y, además, para nadie es un secreto que hay dinero sucio de por medio en estas operaciones.

Es decir, en ese año 2012, los bancos públicos y privados costarricenses, movieron ¡17 mil millones de dólares! y si todas esas operaciones fueron de una suma única: 10 mil dólares, entonces, en colones, hablamos de ¡8 billones 500 mil millones de colones!

Si a cada una de esos 1 millón 700 mil movimientos bancario-financiero anuales se les cobrara una tasa especial de un 1 % por una especie de “peaje” entre banco y banco (por ejemplo), el fisco recibiría, nada más y nada menos que, 85 mil millones de colones al año; cantidad enorme que aliviaría, en demasía, la carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, bajándolos sensiblemente. Este tipo de tributo es lo que ya se está impulsando en el seno de la Unión Europea (UE): el impuesto “Robin Hood”, o Tasa Tobin.

TRES: Cambiar la ley de la Aresep. Formular cambios en su ley de tal forma que, por un lado, el esquema de mercado absoluto de sesgo neoliberal deje de impregnar sus decisiones; por otro, para redefinir su proceso interno de toma de decisiones que, necesariamente obligue a considerar la opinión de la Presidencia de la República a la hora de fijaciones tarifarias que van en contra del común a fin de que las mismas se liguen la política social de reducción de la desigualdad. Además, revisar su sistema de cobro de cánones para aliviar la carga que pesa sobre muchas de las definiciones tarifarias que la Aresep impone, evitando que sirvan para financiar los abusivos salarios de su cúpula político-tecnocrática.

¡Sí hay opciones para bajar el precio de los combustibles! El domingo 6 de abril el pueblo trabajador eligió a don Luis Guillermo Solís Rivera, como Presidente de la República; no se eligió a la Aresep ni a los entes reguladores. Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deben actuar al unísono en tal sentido.

ANEP se reunió con expertos de la OCDE

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió el pasado miércoles en la sede del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), con expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organización que se encuentra en nuestro país analizando el tratamiento de la gobernanza pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que el interés primordial de nuestra organización y, que inspiró gestionar nuestra presencia en esta reunión, es el tema laboral; esto con base en los compromisos que tiene el país pendiente con la Organización Internacional de Trabajo, que no ha honrado en los últimos gobiernos.

“Creemos que dentro de los elementos que debe valorar la OCDE en el caso costarricenses, es el tema laboral, este tiene que ser uno de esos aspectos o de los más importantes; ya que se desprenden aspectos como: libertades sindicales, negociación colectiva, justicia laboral pronta y cumplida; así como, respeto pleno a los salarios mínimos y, otros tópicos que se deben posicionar en aras de los mismos postulados de la OIT de trabajo decente”, manifestó Vargas.

Posterior de dejar plasmado ante los representantes de la ODEC el tema laboral, el escenario planteado por parte de los expertos de esta organización, fue el empleo público, el cual, también es de un alto interés de nuestra organización, por lo que fue aprovechado por el Secretario General de la ANEP para mostrar desde el plano sindical que, “en Costa Rica existe un gran caos salarial en la administración pública”.

“A esto se suma una serie de elementos que hacen del empleo público en Costa Rica un verdadero caos, como: existencia de empleados públicos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría, que el sistema de Servicio Civil no abarca toda la administración pública, existe una perversión inicial desde la misma entrada en vigencia de la Constitución Política de 1949, además, hay gremios corporativos de muchísimo poder”.

“Otros de los problemas existentes: es que el sistema de evaluación de desempeño esta viejo; en muchos casos el buen servidor público sucumbe ante la ausencia de políticas de estímulo para destacarlo de la mediocridad, no hay evaluaciones de la productividad en términos generales, además en materia de gobernabilidad quien sea presidente tiene muchas dificultades; debido a que hay ámbitos que pareciera funcionan al margen de la decisión política del gobierno electo”, manifestó Vargas ante los expertos de la OCDE.

El Secretario General de la ANEP advirtió a los expertos de la OCDE, indicado que cambiar todo eso lleva mucho tiempo, y no está en el corto plazo, y más bien OCDE debería pensar que en Costa Rica correspondería realizar, por ejemplo: experiencias piloto, escenarios sectoriales; para introducir nuevas modalidades en la relación entre empleo público, gobernabilidad y ciudadanía.

Precisamente, en materia de empleo público, desde ANEP hemos postulado rescatar los principios de la negociación colectiva para todo el sector público, reformar el sistema del Servicio Civil para evaluación de desempeño de otro carácter; que sea más riguroso, así como, la participación de la ciudadanía en sectores de servicio público y política pública, además,la existencia de sistemas salariales perniciosos que deben de ser cambiados.

Otras de las propuestas país para mejorar la política de empleo público generadas desde ANEP, se enfoca en extender la cobertura de los servicios públicos municipales, potenciado al gobierno local que es el más cercano a la gente, así como, la transformación tributaria nacional por la que hemos venido abogando y la Reforma Procesal Laboral.

Continuamos impulsando ferias de información para trabajadores migrantes

El pasado domingo 29 de junio del 2014, se realizó una feria informativa en el parque La Merced, sitio de visita de muchos trabajadores y trabajadoras migrantes, principalmente que se desempeñan en labores domésticas, y que habitan en el mismo sitio donde ejercen su labor.

En dicha feria de información participaron la Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), La Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional Trabajadores Migrantes, Además la feria contó con la participación de entidades gubernamentales costarricenses como: La Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La feria fue aprovechada por las organizaciones para brindar información a más de 250 trabajadoras domésticas que frecuentan el parque, de ellas se orientó directamente a unas 50.

Cabe destacar que la ANEP y su Seccional Trabajadores Migrantes, se encuentran constantemente realizando ferias de información y capacitación en el Parque la Merced y en Guararí de Heredia, por lo que si usted es un trabajador migrante y desea conocer de sus derechos laborales y aumentar sus conocimientos labores lo invitamos para que se acerque a este tipo de actividades.

Se viene el reajuste salarial para el sector Público

De cara a la segunda (de las dieciséis) fijaciones salariales que se deberán hacer a lo largo del cuatrienio de la gestión gubernativa del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, estamos frente al desafío del reajuste por costo de vida para quienes asalariadamente se desempeñan como clase trabajadora del sector Público (la primera de 8 en el caso de este sector).

Cualquiera que sea la cifra que finalmente se defina en este caso, regirá desde el pasado 1 de julio, de manera retroactiva. Por tanto, no hay “prisa” lo que permitiría una buena discusión con el Gobierno de la República y dar más espacio para un buen acuerdo.

Desde la perspectiva de la ANEP, deseamos destacar lo siguiente:

La precariedad salarial también está presente en el sector Público. Hablamos, por ejemplo, de las personas trabajadoras que se desempeñan como guardas de las instalaciones educativas del MEP (escuelas y colegios), los guardaparques del Minae, el personal de cocina de las cárceles, las cocineras y las técnicas de los CEN-CINAI, el personal oficinista de los ministerios, choferes y misceláneos de los mismos; así como también los y las policías de Fuerza Pública, Sistema Penitenciario, Migración y Tránsito. Todos estos puestos tienen los salarios base más bajos de la escala de sueldos del Gobierno Central (Servicio Civil).

Como si esto no fuese ya una “desgracia”, este tipo de puestos es el que se usa como “testigo” para definir el aumento por costo de vida en los salarios base del personal de las ciencias médicas del país, el “enganche”; lo cual hace que el impacto presupuestario de un reajuste de 4.14 % en los puestos policiales no sea el mismo que el impacto presupuestario de 4.14 % en los salarios base de los médicos.

Este punto ha sido la “excusa” de los últimos gobiernos para continuar con escuálidos reajustes semestrales por costo de vida para los puestos de Gobierno Central como los que hemos mencionado.

Se hace necesario, en este caso, una gran definición política tanto del propio gobierno del Presidente Solís Rivera, como de la actual Asamblea Legislativa, aprobando la reforma a la Ley de Incentivos Médicos para evitar, por ejemplo, que 1.000 colones de aumento a un policía penitenciario se convierta en 4 mil o más de aumento a un médico general.

Incluso esta circunstancia es más patética porque el 4.14 %, que es lo que mínimamente corresponde por reajuste de costo de vida valedero para el segundo semestre del presente año 2014, no tiene el mismo impacto en un policía de la Fuerza Pública que luego de 20 años de servicios apenas llega a los 500 mil colones de salario; en contraposición a un caso similar médico que puedan rondar los 12, los 15 y hasta los 18 millones de colones mensuales.

El “enganche” salarial médico y otras circunstancias análogas (como el régimen salarial de la Aresep y de la Sutel), nos indican de que en el seno del propio Estado ya está marcada una fuerte diferenciación de clase según los salarios percibidos: “los de abajo” (la inmensa mayoría), vs. “los de arriba” (la minoría), que perciben remuneraciones salariales “estratosféricas” y a quienes poco importa que le den un 4.14 % o menos.

Por otra parte, la relación perversa que se ha venido imponiendo en los últimos gobiernos y de cara a la opinión pública, entre las remuneraciones salariales de los empleados públicos y el déficit fiscal, debe ser desterrada de este tipo de discusiones sobre reajustes por costo de vida para quienes laboran en el Estado costarricense.

ANEP lleva ya bastante tiempo hablando de las reales causas del déficit fiscal y, a la vez, formulando propuestas para enfrentarlo y no aceptamos que la culpa del mismo la carguen quienes trabajan para la Administración Pública. Es ridículo seguir insistiendo, porque no se sustenta más, que los pluses por Dedicación Exclusiva y/o por Prohibición, por ejemplo, vayan a “resolver”, eliminándolos, el problema del déficit fiscal.

Este será un tema central para debatir con el presente gobierno a propósito de la fijación salarial del sector Público ya “encima”.

Por tanto, la situación, vista responsablemente, no esta sencilla como “golpear” la mesa y exigir el 4.14 % ¡y punto!, sin analizar con seriedad que “los de abajo” van a ser afectados por el impacto presupuestario de un 4.14 % en los salarios de “los de arriba”. De alguna manera, esto habrá que corregirlo.

A esto es lo que hay que “entrarle” como uno de los elementos esenciales si, en verdad, se quisiera construir una política salarial para el cuatrienio 2014 – 2018, y no estar en la respuesta “cajonera” de la inmediatez de la fijación salarial semestral en el caso del sector Público.

Acuerdo pone fin a la huelga en la Municipalidad de Santa Ana

Pocos minutos después de las 10 de la noche de este martes 1 de julio de 2014, el Concejo de Santa Ana aprobó el necesario acuerdo, y en firme en el mismo acto, que posibilitó dar por terminada la huelga del personal de la Municipalidad de Santa Ana, la cual había iniciado el pasado miércoles 25 de junio anterior y que estaba ya por entrar en su octavo día; impresionantemente contando con el mismo ímpetu y respaldo abrumador de un porcentaje superior al 95 % de todo su personal, mismo que se dio cuando arrancó.

Dicho acuerdo abre, oficialmente, una negociación tripartita (Concejo-alcaldía-ANEP), sobre las causas que originaron el conflicto (la elevación del 2 % al 4 % del porcentaje de la anualidad); este jueves 3 de julio, a las 9 de la mañana y en las instalaciones de la municipalidad.

En dos meses debe quedar resuelto el problema, antes de la aprobación del presupuesto ordinario del 2015.

El acuerdo indicado, además, consignó que no habrá represalias de ningún tipo para los y las huelguistas, ni siquiera rebajo salarial.

Desde las 5 de la mañana de hoy miércoles 2 de junio se reanudaron todos los servicios, destacándose el compromiso de los trabajadores de campo de limpiar el cantón, antes del próximo sábado, con toda celeridad y eficiencia, para que éste conserve el galardón de “Bandera Azul” por su responsabilidad ambiental y ecológica.

Es de destacar la gran flexibilidad y razonabilidad de la posición obrera en todo este conflicto huelguístico; no solamente porque las pretensiones reivindicativas laborales originales fueron reducidas en un 50 %, sino porque hubo dos acuerdos preliminares que, gracias a la buena fe del personal en huelga, se pudieron construir.

El segundo de ellos fue la base del que tomó el Concejo de Santa Ana y que, como indicamos ya, permitió resolver la huelga.

El acuerdo indicado tuvo los necesarios 4 votos de 5 para adquirir plena legitimidad y validez jurídica.

Un cambio radical de posición de las dos personas regidoras propietarias del local Partido del Sol, la señora María Elena Lobo Cabezas y el señor Gerardo Anchía Azofeifa, posibilitó el fin de la huelga intermediando el acuerdo en mención.

Desde un principio, los dos regidores del Partido Liberación Nacional (PLN), don José Ramón Sobaja Montero y don Ángelo González Sánchez, estuvieron a favor del diálogo y de la negociación con mecanismo idóneo, “a lo costarricense”, para resolver los conflictos sociolaborales como el que ha afectado a la Municipalidad de Santa Ana. La ANEP les agradece, sinceramente, esta responsable posición.

El intransigente regidor del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Vargas Chavarría, destacado por sus virulentas posiciones antiobreras y totalitaristas, abandonó intempestivamente la sesión, escenificando una especie de “rabieta”, al haberse quedado solo con sus irracionales conductas en contra del diálogo y de la negociación. La representación del Partido del Sol “le zafó la tabla”, al definirse esta colectividad política, finalmente, por el diálogo y por la negociación.

Este proceso que, repetimos, inicia mañana jueves 3 de julio, seguirá contando con la presencia activa y mediadora, totalmente oportuna y necesaria, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Igualmente, se contará con la presencia facilitante de la Iglesia Católica, en la representación de la Vicaría Episcopal de Pastoral Social de la Arquidiócesis de San José; así como de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Finalmente, la ANEP desea dejar explícita constancia de su reconocimiento y agradecimiento a una serie de personas que tuvieron que ver para el éxito de este movimiento laboral.

Como suele suceder, muy probablemente y de manera totalmente involuntaria, olvidemos algún nombre, solicitando excusas previas pues no hay nada de mala fe en ello.

A los valientes, dignos y admirables trabajadores de campo de la Municipalidad de Santa Ana. Fueron ellos los que le “impusieron” a la ANEP ir a huelga. Igualmente, a la abrumadora mayoría del personal administrativo de la institución que sumado al movimiento, consolidó una sólida fuerza obrera que al final del sétimo día de huelga, estaba tan consolidada como en su mismo arranque.

A la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Ana; especialmente a la ya histórica líder sindical de esta entidad, compañera Lydia Lacayo Mena, presidenta de dicho organismo sindical e integrante de la actual Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP. Igualmente, al compañero vicepresidente de esta seccional, Fernando Zamora Castro, así como al resto de los compañeros y de las compañeras que integran tal directiva sindical.

A nuestro compañero de acompañamiento político-directo en el diario quehacer de la Secretaría General de la ANEP, Rafael Ángel Mora Solano, Directivo Nacional de la organización; figura de enorme valía en esta circunstancia en el diseño de la estrategia que nos permitió sacar avante el movimiento.

A nuestro compañero de causa en el diario quehacer de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la agrupación, don Germán Hernández Mora, responsable de la atención de la Municipalidad de Santa Ana y quien fue un motivador fundamental para mantener la cohesión grupal del grupo huelguista.

A nuestros compañeros profesionales periodísticos, Randall y Eugenio, de la Unidad de Información y Comunicación (UIC), de la ANEP, quienes lograron desarrollar una eficiente labor de proyección mediática del conflicto.

Al personal de la Unidad de Economía, Finanzas y Administración (UEFA), de la agrupación, por la gran disposición de hacer eficiente el apoyo financiero-logístico para dar soporte material a esta dura lucha social.

A nuestro compañero abogado, integrante de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), don Andrés Jiménez Vega, quien de manera ágil y celera atendió nuestros requerimientos de intervención jurídica inmediata ante la decisión patronal de atacar el movimiento por la vía legal.

A otros compañeros y a otras compañeras, dirigentes y personal técnico de la organización en sus diferentes unidades operativas, quienes por una u otra razón, también dieron su aporte en el desarrollo de esta justa lucha.

Al MSc. Harold Villegas Román, Viceministro del Área Laboral de la cartera de Trabajo y Seguridad Social(MTSS), por su eficiente papel mediador-conciliador para la construcción de los dos acuerdos preliminares, mostrando una gran paciencia y tolerancia.

Al presbítero Marco Tulio Molina Artavia, Vicario Episcopal de Pastoral Social de la Arquidiócesis de San José de la Iglesia Católica, por su acompañamiento veedor y comprensivo de la necesidad de resolución de este serio conflicto sociolaboral.

A la Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República; quien, sin pensarlo dos veces, atendió la solicitud de ANEP de acompañamiento y éste se dio en las horas últimas y cruciales para buscar la salida negociada; entidad representada por la Licda. Angélica Solera Steller.

Al ciudadano Lic. Adurís Esquivel Jiménez, Expresidente del Concejo de Santa Ana, quien supo en el momento oportuno explicar la verdad de los acuerdos tomados en su momento, en buena lid y apegados a la legalidad, en el año 2009, cuando se inició este“vía crucis” de elevar en 2 % el porcentaje de la anualidad salarial en la Municipalidad de Santa Ana.

Al señor alcalde de la Municipalidad de Santa Ana, don Gerardo Oviedo Espinoza, quien mostró una posición sensible al proceso de conflicto en momentos cruciales del mismo.

A la prensa democrática que haciendo honor pleno del significado democrático que significa el Derecho Humano Fundamental de la Libertad de Expresión, le permitió a la ANEP explicar a la opinión pública nacional y comunal, las causas del movimiento, así como la divulgación de su evolución.

Y, por supuesto, en el caso de quienes somos creyentes, le agradecemos a Dios, Nuestro Señor, El Grande, El Todopoderoso, Cristo Jesús, por habernos facilitado encontrar una salida negociada que al final del camino ha de ser de gran justicia obrera para un personal que como el de la Municipalidad de Santa Ana tiene a esta entidad en los primeros lugares del sector municipal del país.

Gobierno atinó fijación salarial para el sector privado

Expresamos nuestra satisfacción por lo que creemos es la correcta decisión tomada por el Gobierno de incrementar el salario mínimo para la clase trabajadora del sector Privado, alejándose de la raquítica y empobrecedora propuesta empresarial del 1.33 %.

Al votar con los sindicatos en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), incrementos mayores, el Gobierno acoge nuestro clamor de que una de las vías correctas para combatir la desigualdad (problema nacional número uno del país según la visión de muchas opiniones expertas y la nuestra también), es establecer otra política salarial que incremente el poder adquisitivo del salario lo que, a la vez, puede dar un aporte para incrementar la actividad productiva para el mercado interno y, a la vez, fomentar empleo.

Falta mucho camino por recorrer, especialmente, en cuanto a la fiscalización gubernamental de estricta aplicación del salario mínimo. Pero por ahora, hay que reconocer que el Gobierno atinó en su primera fijación salarial del período 2014-2018 y, en cierto modo, al menos en esta circunstancia, pasó lo que calificamos como su inicial “prueba de fuego” en esto de los reajustes salariales por costo de vida, pese a las dudas que tuvimos, inicialmente, al respecto.