4 mil millones sin cobrar en la Municipalidad de Liberia

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia, con el respaldo de la ANEP central, informamos a las trabajadoras y los trabajadores de nuestra institución, así como a la opinión pública liberiana y nacional; las cinco razones por las cuales este miércoles 28 de agosto de 2013, no trabajadores y estaremos en paro laboral, demandando una gestión municipal eficiente y con decoro, como nos la merecemos los liberianos y las liberianas.

PRIMERO: Que este cantón guanacasteco está catalogado como de alto desarrollo económico, caracterizado en los últimos años por un exponencial crecimiento inmobiliario industrial y empresarial. Por tanto, es inaudito e imperdonable que el pendiente de cobro de esta municipalidad sea superior a los cuatro mil millones de colones, sin que las autoridades municipales hagan nada para implementar un plan de emergencia para la recuperación de tan astronómica suma. Tal como lo denunciara la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia y que fuera publicado en la edición del pasado jueves 22 de agosto de 2013, en el popular Diario Extra, el periódico de mayor circulación en Costa Rica.

SEGUNDO: Que ante la equivocada decisión política de este gobierno local al no actualizar una plataforma sobre revaloración de propiedades que fueron declaradas en su momento con sumas ridículas, se ha provocado que los grandes empresarios y terratenientes no paguen proporcionalmente sus impuestos, cayendo la carga impositiva municipal sobre los pequeños y medianos patentados que sí tributan.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, esta municipalidad ha realizado una serie de recortes presupuestarios en áreas estratégicas de gran sensibilidad social, como recolección de basura, caminos, calles y maquinaria; tal como fuera denunciado, también y en su oportunidad, por la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia, ante la Contraloría General de la República (CGR).

CUARTO: Que son reiterados los incumplimientos con respecto a derechos laborales y sociales consolidados vía Convención Colectiva de Trabajo (CCT); tales como como dotación de uniformes. Por el contrario, presupuestan recursos para cumplir con un convenio viciado y cuestionado con el Ministerio de Seguridad Pública para compra de motocicletas, cuando en esta entidad abundan recursos económicos.

QUINTO: Que hubo varios nombramientos de personal cuestionados realizados por el alcalde anterior, sin que la administración actual haya iniciado un proceso de investigación al respecto.

Con nuestro movimiento,
llamaremos la atención de la ciudadanía liberiana.

Con nuestro movimiento,
denunciaremos una cara de la gran injusticia social que afecta a Liberia: los “grandotes” no tributan lo que deben y los políticos locales se lo permiten.

Con nuestro movimiento,
Defenderemos el Estado de Derecho que rige a Costa Rica, especialmente en lo laboral.

Con nuestro movimiento,
aportamos a la Gran Manifestación Municipal Nacional que la ANEP tiene en preparación, ante tanto ataque que recibe la clase trabajadora municipalista del país.

UNIDAD, ORGANIZACIÓN, SOLIDARIDAD Y LUCHA
Nos darán la victoria

Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia

Sala IV falla en contra del personal de la Municipalidad de San José

Por 4 votos contra 3, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la señora Contralora General de la República (CGR), Licda. Martha Acosta Zúñiga, quien cuestionó que en la Municipalidad de San José, su personal tuviera derecho a la cesantía sin tope de años, tantos como se hubiese laborado para la misma.

A favor de la Contralora General, votaron los magistrados Fernando Cruz C., Fernando Castillo V., Paul Rueda L. y Aracelly Pacheco S. Por la tesis laboral, se inclinaron sus homólogos Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta Lobo y José Paulino Hernández Gutiérrez.

La sentencia No. 11087, de las 15:30 horas del 21 de agosto de 2013, establece en su parte dispositiva lo siguiente: “Por mayoría se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional las frases ‘sin límite de tiempo’ y ‘sin límite de años’ contenidas en los artículos 27 y 28 de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de San José”.

Por los contenidos de dicho fallo, la Sala IV acepta para los trabajadores y para las trabajadoras de la Municipalidad de San José, un tope de 20 años.

Desde la perspectiva laboral defendida por la ANEP en estos casos, el fallo de la Sala IV, al ser tan dividido tiene una legitimidad endeble; no obstante, deja ver que las tesis neoliberales en materia de Derecho Laboral, siguen siendo hegemónicas en su seno; y, por tanto, la reversión de derechos, nuevamente, se certifica desde el más alto tribunal de la República.

Esta línea de la Sala IV en materia de cesantía puede abrir paso al cuestionamiento en su propia sede de otros sistemas de cesantía en los cuales el tope de años ya está sin límite:

El sistema solidarista, particularmente el que está en el sector Público que se alimenta de fondos públicos y a los que se aplicaría esa famosa “proporcionalidad” y “razonabilidad” de que habla la Sala Constitucional.

El pago de cesantía por reestructuraciones institucionales, bajo el sistema de Servicio Civil.

La liquidación anual de la relación laboral en muchas empresas privadas pero con recontratación para el año siguiente y así de manera sucesiva.

La misma Ley de Protección al Trabajador (LPT), que tiene una ruptura que aunque es parcial, no tiene límite, es sin tope (el 3%).

Por ello debemos rechazar, de manera contundente, que sistemas de reconocimiento de cesantía sin tope, como el que ha estado vigente en la Municipalidad de San José, sea un “privilegio”.

Vistas así las cosas, la ANEP condena, de la manera más vehemente, este nuevo ataque desde la sede constitucional contra los derechos laborales largamente conquistados por décadas de lucha obrera y social; amén de ignorar la esencia de la normativa jurídica que el país debe observar en el campo del Derecho Laboral, dada su pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta situación ha de engrosar el expediente costarricense que tal entidad global le tiene abierto al país, por su reiterado comportamiento violador de esta legislación.

La indignación cunde en el seno de la familia laboral de la Municipalidad de San José, que reaccionará con fuerza al respecto y ante la sede de la propia Sala IV. Esto se verá en próximos días.

Además, se fortalece la percepción de que todos los derechos laborales en el ámbito municipal están bajo ataque, de múltiples formas y que, por tanto, la necesidad de una Gran Manifestación Nacional Municipal, en fecha próxima, a lo largo y a lo ancho del país, es sumamente necesaria.

¿Cómo replantear radicalmente el sistema político y económico?

La nueva izquierda latinoamericana es muy distinta de la izquierda de los años 60 y 70 del siglo XX, una izquierda ideológica y, de lucha de clases que hace 40-50 años aspiraba a “transformar el mundo no a interpretarlo”. Hoy, su lucha es por “los recursos energéticos −petróleo, gas, agua−, la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad”.

El uso de referéndum y las protestas con violencia lo hacen posible. La nueva izquierda se “nutre de la experiencia del Frente País Solidario y los ‘piqueteros’ (Argentina), del Frente Amplio y los movimientos populares (Uruguay), de los movimientos de base (Venezuela), el Movimiento de los Sin Tierra y la insurrección de las clases medias urbanas (Brasil), del Movimiento Antiglobalización (países desarrollados), los Indignados (España), las organizaciones indígenas (Bolivia), y, los grupos de acción estudiantil (México), la Primavera Árabe, de las ONG, las redes sociales”.

Pero también, se nutre de 25 años de crecimiento económico claramente inferior a las épocas del 50 al 80, del descenso de indicadores sociales resultado de más de 100 acuerdos firmados y condicionados con el FMI-BM entre 1980-2012, que presionaron a reducir el gasto público en los presupuestos sociales de educación, salud, vivienda, ambiente y, empleo. Los resultados macroeconómicos –esto lo saben muy bien las Juntas Directivas de los Bancos Centrales− han sido desastrosos para las economías latinoamericanas, que vieron aumentar la pobreza extrema y la desigualdad. Las políticas macroeconómicas del FMI, BM y los PAE, dejaron como resultado un estancamiento de la pobreza: Costa Rica 22%, Colombia 60%, Venezuela 46%, México 54%, Bolivia 59%, Chile 21%, Brasil 22% y, El Salvador 45%. Según CEPAL, “más de 174 millones de personas en situación de pobreza” y según la OEA − no hay acuerdo entre las cifras de CEPAL y la OEA− “300 millones de personas en situación de pobreza” y se estiman 73 millones de habitantes latinoamericanos que viven en la indigencia o pobreza extrema, siendo Colombia, Brasil, Chile, Guatemala y Honduras, los países más desiguales de la región. Frente a esas realidades, la nueva izquierda latinoamericana tiene diferencias significativas en la solución de los problemas. Están los que proponen un radicalismo retórico y combativo contra el capitalismo global de mercado competitivo: Nicolás Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Fidel y Raúl Castro (Cuba); una izquierda de moderados reformistas: Dilma Rousseff (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), José Mujica (Uruguay) y Daniel Ortega (Nicaragua); y una izquierda pragmática: Michelle Bachelet (Chile), Ollanta Humala (Perú), Oscar Arias Sánchez y, Johnny Araya Monge (Costa Rica).

Entonces, ¿cómo crear una sociedad enteramente nueva en la Costa Rica del Siglo XXI, con niveles de pobreza de mínimo un dígito (5%) no un 22%, y sin desigualdad social? Solamente por tres objetivos estratégicos globales: a) Nueva Ley y Reglamento de Educación Pública y Privada, que reforme la educación desde la escuela a la universidad, para ajustarla a la sociedad del conocimiento. b) Ley de Solidaridad Tributaria Progresiva enfocada en la renta y las tasas de ganancias. c) Ley de Empleo Público con enfoque basado en competencias, para nivelar incentivos y, beneficios en el sector público.

Tres objetivos que deben ser consensuados por los directorios de los distintos movimientos sindicales, en alianza con ONG y el movimiento estudiantil universitario, el Gobierno, las universidades públicas y privadas y, las cámaras empresariales. Solamente un acuerdo nacional con visión-país enfocado en tres objetivos estratégicos citados y que integre todos los actores de la sociedad civil, será la mejor forma para replantear radicalmente el sistema político y económico, y crear las bases de una sociedad enteramente nueva en la Costa Rica del Siglo XXI. Caso contrario, seguiremos como vamos: rumbo a ser una economía quebrada similar a los PIGS de la Unión Europea…

Cruzada fundamentalista del Ministro de Hacienda contra el Salario

El distinguido señor Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, está desarrollando una especie de cruzada fundamentalista en la promoción de un nuevo paquete fiscal, hablando contra los salarios que ganan los empleados públicos y las empleadas públicas del país; prácticamente, centrando en ello la responsabilidad única por el déficit fiscal que, según entendidos, podría llegar al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), al terminar el presente año 2013.

Desde la ANEP, una vez más, rechazamos ese criterio del indicado jerarca, considerándolo una provocación a la confrontación social y, a la vez, una especie de cortina de humo sobre las verdaderas causas del déficit, dentro de las cuales resaltan: a) las múltiples formas de evasión y elusión tributarias; b) la naturaleza perversa de un sistema tributario altamente regresivo; y, c) un sistema de exoneraciones y de exenciones con múltiples disposiciones abusivas.

Calificar el sistema salarial del sector Público como una “locura” y que su crecimiento es “terrible”, revela una perversa intencionalidad que llama al conflicto; pues aparte de formular una generalización injusta y abusiva; oculta esa gama de salarios de la altísima tecnocracia político-financiera que sí son una “locura”, como el caso del salario mensual del Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), más alto que el del propio presidente gringo.

La clase trabajadora asalariada del sector Público (al igual que su homóloga del sector Privado), no evade ni roba impuestos. Si al tenerse cierto nivel salarial se debe tributar por concepto de renta, el rebajo de planilla es inevitable e inmediato; y, si se trata del impuesto sobre las ventas (el más injusto de todos los impuestos), se paga en el mismo acto de la compra de un bien o servicio, en la pulpería, en el supermercado, etc.

Evidentemente, la mejor forma de enfrentar esta agresión a la dignidad laboral de la abrumadora mayoría del personal asalariado del sector Público (que no está en el ámbito de esa tecnocracia política), es… la Democracia de la Calle. Tal parece que para ahí vamos…

Vendedores de lotería logran importantes acuerdos

Les compartimos el acuerdo logrado en la noche de este jueves 23 de agosto de 2013, mismo que permitió levantar el movimiento de huelga que durante cuatro días, sostuvieron los vendedores y las vendedoras de lotería, quienes confiaron en nuestra querida organización para el desarrollo de este movimiento.

Celebramos el hecho de que se dio la unión entre la Seccional ANEP – Vendedores de Lotería con la Seccional ANEPJPS. Es un asunto de gran complejidad, que marca una especie de “parte-aguas” en las relaciones del gremio de las personas vendedores de lotería con la Junta de Protección Social (JPS).

Este proceso permitió calibrar la profundidad de las intentonas de privatización de toda el negocio estatal de la venta de la lotería oficial de bien social, a través de un contrato en proceso de firma que permitiría transformar a este más que centenaria institución, misma que ha sido declarada como Benemérita, en una especie de “call center”.

La ANEP ve este acuerdo como el inicio de un proceso frontal de defensa institucional y hace un vehemente llamado a todo el personal de la JPS, así como a los y las integrantes del gremio de personas vendedoras de la lotería, para que nos unamos y articulamos una estrategia al respecto, para tan gigante desafío, tal y como quedó demostrado con las denuncias que en el cuarto día de huelga hicimos ante la prensa nacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Principales acuerdos:

1- La JPS propondrá al Poder Ejecutivo, en un plazo de 15 días, la derogación del decreto que permitía se jugaran todos los enteros de lotería, aún aquellos que no habían salido de la Junta.

2- La JPS promete no aumentar de precio la lotería en el corto plazo.

3- Una pronta eliminación del sorteo diario que se da al mediodía, en la modalidad de “Nuevos Tiempos”.

4- Estudio de impacto financiero para poder aumentar la comisión de los vendedores a más del 12%.

5- Análisis del estudio actuarial, con participación de la ANEP, de la edad de pensión para los vendedores de lotería.

6- Devolución del 100% del material que no se pueda vender por parte de los vendedores.

Algo pasó con el Gordito de Medio Año

Gerencia General recibió un documento confidencial enviado por la Auditoría Interna de la Institución. Milton Vargas recibió un sobre cerrado, conteniendo un documento confidencial relacionado con el sorteo del Gordito de Medio Año.

¿Cuándo existen informes confidenciales en las Instituciones Públicas?

¿Por qué la Auditoría Interna dice que es confidencial lo que pasó con el Gordito de Medio Año?

Mano negra en la Rueda de la Fortuna

Parte de una serie importante de denuncias que se están presentando en este momento por temas relacionados a la Junta de Protección Social.

El exempleado del área de informática y tecnologías de la JPS ya está siendo investigado a fondo por la entidad y parece se le va a abrir un proceso legal penal. La manipulación del proceso electrónico que escogía a las personas que participan en el programa de premios se realizó en reiteradas ocasiones semana tras semana.

Esto indica la fragilidad de los controles y de los sistemas que tiene la JPS en relación a los procesos electrónicos de los juegos y concursos que realiza, y como esto se puede prestar para negocios tan oscuros como el lavado de dinero.

Esta investigación nunca hubiera salido a la luz pública si la ANEP no denuncia lo sucedido.

Además, estamos pidiendo investigación relacionada con los datos que parcialmente nos han llegado de que la JPS ha perdido en 27 días solamente 417 millones de colones con el tema de los nuevos tiempos y la lotería electrónica, mientras que la compañía privada transnacional GTech si está teniendo muchas ganancias con este proceso que se privatizó.

El valioso aporte del sindicalismo

Con los dramáticos cambios a finales del siglo XIX, que trae la Revolución Industrial y un proletariado con paupérrimas condiciones de vida y trabajo, emerge el sindicalismo, que desafió el garrote patronal y el escenario productivo basado en la explotación e insalubridad en el entorno laboral.

No importan las innumerables críticas, problemas y contradicciones por las que atraviesan grandes, medianos y pequeños sindicatos, especialmente los que han sobrevivido en el sector público, la realidad es que gracias a ellos y sus predecesores nacionales e internacionales, es que se logra crear una sociedad con rostro humano en el trabajo.

Si no fuera por los sindicatos, ¿qué otro grupo hubiera luchado por la reducción de la jornada laboral, salario mínimo, prohibición del trabajo infantil, licencia por maternidad, indemnizaciones por despidos, periodo de toma de alimentos, días de descanso y normativas de salud y seguridad en el trabajo?

Seamos realistas, en la sociedad en la que vivimos, con grandes desafíos sociales y económicos en la que cada vez más se amplía la brecha entre ricos y pobres y se acentúa la ineptitud de los gobiernos en brindar alternativas capaces de conciliar diversos sectores productivos que reclaman justicia, protección, regulación y desregulación, han sido las organizaciones sindicales las que han dado la lucha por conseguir y mantener los beneficios que aportan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Si bien es cierto que algunos sindicatos pocos han cambiado sus objetivos esenciales de lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores, sustituyéndolos por otros ajenos a los de su naturaleza histórica, también muchos se han transformado, o mejor dicho, ampliado su conflagración hacia otros temas que afectan en forma indirecta a sus miembros como la transparencia en los procesos de licitación y contratación de obras públicas, reforma fiscal, modernización de servicios públicos y apertura de mercados.

Lo importante de esta transformación lenta, pero real es que todavía no se han desvinculado de la agenda de clase, ni se han subordinado a líneas partidistas y de gobierno, porque si alguna vez lo hicieran, estarían perdidos en un profuso, proscrito y anacrónico juego que provocaría su incredibilidad y hasta su extinción.

Así como hemos dicho que no podemos satanizar las alianzas del Gobierno con el sector privado, tampoco podemos confinar el valioso aporte de los sindicatos en la búsqueda del equilibrio y la justicia social en la fuerza trabajadora. Creemos que la mayoría de los sindicatos siguen movidos por la genuina y mística razón de la lucha por los derechos de la clase trabajadora y cuando observamos que toman acciones, marchan, protestan, acusan, debaten, demandan e intervienen en asuntos que pueden afectar el equilibrio social del país, lo hacen generalmente en forma atinada.

LA PRENSA LIBRE, así como ha renovado sus páginas y secciones, renueva a su vez el compromiso de divulgar los aportes que diferentes sectores y organizaciones realizan en nuestra sociedad, destacándose entre ellos el sindicalismo, de quienes esperamos que puedan garantizar a sus representados una contienda trasparente, audaz, fuerte y solidaria para afrontar los graves desafíos que nos acechan.

La lotería impresa es nuestro mayor sustento

Muchos están cerca de pensionarse, otros muchos recién han ingresado, otro tanto esta en el intermedio; pero algo es seguro, todos queremos y amamos a la Junta.

Como es de conocimiento de todos los funcionarios y de todas las funcionarias, existe cierta preocupación y temor a nuestra estabilidad laboral debido a los últimos acontecimientos que vienen sucediendo desde hace algunos meses.

En todos los departamentos de la institución se trabaja con la lotería impresa, desde que nace el producto en el departamento de Imprenta, pasa por Loterías, por Tesorería y llega al vendedor de Lotería para que este lo entregue al usuario.

Sin embargo, muchos de nosotros, trabajadores y trabajadoras de mandos medios hacia abajo nos preguntamos: ¿Qué sucedería si desaparece la lotería impresa?… Pues les comentamos que el 80% del personal de la institución no sería necesario. Departamentos como Recursos Humanos, Auditoría, Mercadeo, Acción Social no tendrían personal a cargo como hasta ahora, por lo que no todos serán necesarios; y sin contar los 1600 vendedores de lotería que se quedarían sin producto y, por ende, sin trabajo.

Pero, ¿por qué podría suceder esto si no actuamos ahora? No se trata de infundir temores, pero el rumbo al que se está llevando el barco de la Junta no pronostica nada bueno y eso nos lo dice la experiencia de años de estar en esta querida institución. Veamos.

Precio: Si bien es cierto el costo de vida sube constantemente, tenemos el inconveniente de que la lotería impresa no es un artículo de primera necesidad. Su costo ya no es accesible para las personas de escasos recursos, actualmente su valor es para la clase media y alta y para cierto perfil de personas jugadoras. El pensamiento del señor gerente de vender caro aunque sea poco, es lo que ha mantenido las ventas, pero ¿hasta cuándo?

Premios: Tenemos una diferencia entre los premios de los sorteos de los martes (números bajos), en los cuales invierto cuatro mil colones y gano sesenta mil colones por entero; mientras que los sorteos convencionales de los viernes, invierto los mismos cuatro mil colones y gano ciento veinte mil colones por entero. ¡Qué contradicción! (sigue…)

Destrucción y devolución de enteros: En los últimos meses se han incrementado estos dos elementos, fomentando así que los premios queden en la institución y desmotivando al consumidor como ha ocurrido con los premios más relevantes. Aunque se insista que la lotería es juego de azar, por lógica no es lo mismo un consumidor con un entero que la institución con miles de enteros para jugar.

En el Departamento de Imprenta se invirtieron, aproximadamente, dos millones de dólares con la compra de maquinaria nueva. Por un lado, podemos pensar que es para fortalecer la lotería impresa; sin embargo, se está dando una competencia desleal entre la misma institución con sus productos, dando más espacio y mejores condiciones a la lotería electrónica, de la cual con esta lotería se beneficiarían pocos funcionarios.

¿Cómo podemos colaborar con nuestro granito de arena?

La Junta de Protección Social (JPS) es una institución benemérita conocida por nuestros padres, abuelos, bisabuelos y más antepasados. Ahora nos toca a nosotros mantener este legado de años de historia.

Por más que se nos diga y se nos trate de convencer de que los actuales procedimientos, planes de premios, bajas en las rentabilidades, formas de atacar las loterías ilegales, estadísticas y muchos pretextos más, podemos decir en base a nuestros años de experiencia en las loterías, que no se están tomando las mejores decisiones para favorecer la lotería impresa. Propuestas hay muchas, pero también oídos sordos a esas propuestas.

Los invistamos a meditar, reflexionar y lo más importante tomar acciones antes de que llegue a desaparecer la lotería impresa.

Saloneros buscan apoyo en Defensoría y en Casa Presidencial

El 10% de la factura que se nos cobra en bares, sodas y restaurantes es para los saloneros y saloneras que nos atienden. ¿Se ha puesto usted a pensar si realmente ese dinero llega a los bolsillos de estos trabajadores?

La realidad nos dice que no. Los patronos y dueños de estos negocios, por ley, son simplemente receptores de ese dinero, que se cobra en las facturas, pero les es prohibido tocar ni un sólo colón del mismo. Por supuesto esta prohibición les importa un bledo, y el 10% se utiliza para pagar proveedores, inmobiliario, platos y vasos rotos. Se reparte entre todo el personal, incluido el guarda de seguridad, y muchísimas veces sólo se reparte una parte de ese 10%, o como nos narró una trabajadora, sólo les dan el derecho de cobrar los fines de semana, el resto del dinero a la bolsa del jefe.

Este problema va acompañado de otras tantas complicaciones más, como lo que viven las saloneras, discriminadas por su condiciones de mujeres a ser las encargadas del aseo, también el no pago de horas extras, o la cotización de menos cantidad de salario en la CCSS. También los empresarios, escudados en el ingreso que implica la propina, muchas veces no pagan el salario mínimo, violentando las normas básicas de la convivencia laboral de nuestro país.

Es por esto que la seccional ANEP – Saloneros está en la búsqueda de apoyos para hacer las modificaciones legales pertinentes para que se respete de manera real su derecho a la propina. Ya han tocado la puerta de la Defensoría de los Habitantes y de Casa Presidencial. En el primer caso la misma doña Ofelia Taitelbaum les recibió en su despacho y ordenó toda una serie de acciones que incluyen un estudio de inconstitucionalidad de la ley aprobada en diciembre, que fue promovida por ANEP, pero que ahora entendemos contenía artículos que del todo no solucionaban el tema.

La primer acción prometida por la Defensoría es un llamado al Ministerio de Trabajo, que no ha accionado en ningún momento a favor de los trabajadores y trabajadoras de este gremio, sino más bien siempre apoyando al empresariado. Tanto así que el propio Ministerio contestó que no podía hacer nada por este tema, ya que la propina no es salario y que eso era suficiente justificación para su inacción.

En Casa Presidencial se les indicó que tienen varias vías para tratar de resolver este tema, como el de canalizar los ingresos por el 10% mediante el Banco Popular, y ciertas medidas de control a los patronos que estarían anunciando en una proxima reunión.

En Costa Rica hay más de 100 mil saloneros y saloneras. Ellos y ellas merecen de una vez por todas se les respete su derecho a un trabajo digno y a unos ingresos justos, con el pago de la totalidad del 10% que generan con su servicio.