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POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

¿Cómo se explica la actitud de manipulación y mentira de los monopolios mediáticos en América Latina?, se pregunta el especialista español en ciencias de la comunicación Ignacio Ramonet, al referirse sobre el fenómeno de lo que muchos analistas han calificado como “la canalla mediática”.

Su respuesta es contundente: los que él denomina “latifundios mediáticos” privados en Latinoamérica porque concentran canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y revistas, han declarado una guerra a muerte a los gobiernos progresistas de la región debido a que en su lucha por pagar la deuda social mediante un Estado redistributivo, pretenden desconcentrar el poder de la palabra impulsando una información pluralista que afecta sus intereses corporativos.

Lo paradójico, explica, es que por buscar ampliar la oferta informativa a través de fortalecimiento de canales públicos, los grandes dueños de los monopolios mediáticos que quieren seguir conservando su privilegio, no solo distorsionan la realidad sino que aducen que dichos gobiernos están atentando contra la libertad de prensa. Por el contrario, recalca Ramonet, de lo que se trata es que haya más libertad de expresión mediante la pluralidad y diversidad de expresión.

Este destacado científico social, doctor en Semiología e Historia de la Cultura, con una amplia experiencia tanto periodística como docente, y uno de los analistas más agudos internacionalmente sobre el fenómeno de las comunicaciones, director actualmente de la edición en español de Le Monde Diplomatique, estuvo en Bogotá y Medellín entre el 13 y el 16 de noviembre cumpliendo una serie de compromisos académicos.

En la Universidad Piloto de Bogotá presidió un dinámico conversatorio, especie de rueda de prensa, en el que participó el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net.

COMPORTAMIENTO DESCARADO Y CARICATURAL

Al estar empeñados los gobiernos de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Venezuela en democratizar el acceso a los medios de comunicación a través de una legislación que permita diversificar la oferta informativa, impulsando y fortaleciendo los canales de radio y televisión públicos y comunitarios, están tocando en forma directa los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación que por años han tenido posición dominante.

Ello explica en buena medida, señala Ramonet, la guerra mediática descarada que han desatado los empresarios de los medios privados contra mandatarios progresistas como Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, para traer a colación los casos más recurrentes.

En la actualidad, explica, “los medios de comunicación se utilizan como arma de combate y su propósito es el de defender sus intereses de casta. Ya no actúan como medios sino como auténticos partidos políticos. Si antaño se exigía la reforma agraria porque la tierra era un elemento de poder, ahora se hace necesario una reforma a la concentración de los medios, los denominados latifundios mediáticos”, por cuanto que de “la calidad de la información depende la calidad de la democracia. No puede haber opinión pública si no hay medios de masas”, afirmó el científico social.

Calificó de “descarado y caricatural” el comportamiento de los “latifundios mediáticos” en la región que, por defender sus oligopólicos intereses corporativos, vienen desplegando una intensa campaña para desestabilizar los gobiernos que no les son afines a sus conveniencias lucrativas.

Señaló al Grupo Clarín de Argentina que concentra innumerables canales de televisión abierta y por cable, estaciones radiales y posee el diario del mismo nombre que se edita en Buenos Aires, de estar detrás de la organización e impulso de la manifestación del pasado 8 de noviembre que se publicitó bajo la denominación del 8N contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

La impudicia llegó a tanto, agregó Ramonet, que la CNN en español, “en un caso de intromisión de una cadena internacional pocas veces visto en un debate nacional como el argentino, hacía llamados a la insurrección publicitando el 8N”. Y todo lo presentan como si fuera información, en una actitud caricatural de periodismo, recalcó.

Lo mismo ha ocurrido, dijo, con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, país en que los grandes medios han estado tradicionalmente en manos de banqueros corruptos que estafaron a millones de ciudadanos o de grupos económicos reducidos, los cuales han pretendido seguir ostentando la propiedad de los mismos. Como se resisten a perder el control de la información, han montado toda una matriz mediática para hacer aparecer al mandatario ecuatoriano como autócrata, contrario a la libertad de prensa y reacio a la crítica.

Afortunadamente, agregó, “poco a poco los ciudadanos van tomando conciencia y empiezan a mostrar gran desconfianza de la manipulación mediática. Temen encontrarse en un estado de inseguridad informativa”.

SE CREYERON DUEÑOS DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO

Tras visitar durante los últimos seis meses países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela y ahora Colombia para informarse en detalle sobre la legislación y funcionamientos de los medios de comunicación en estas naciones latinoamericanas, Ramonet explica que en todas ellas se adoptó la pauta norteamericana en el sentido de que los medios fueran manejados por el sector privado a través de concesión de espacios del espectro radioeléctrico que, como se sabe, es de propiedad de los Estados.

Por lo general, recuerda, las licencias para operar canales de televisión y las emisoras de radio fueron entregadas a familias prominentes del establecimiento o a determinados grupos empresariales por favoritismo político o por conveniencias económicas. Dichas licencias se otorgaban para que esos medios fueran explotados durante 15 o 20 años. Lo que ocurre, dice Ramonet, es que los favorecidos se consideraron “dueños de los espacios por siempre jamás”.

DE MEDIOS DE INFORMACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

Al tiempo que la canalla mediática en América Latina defiende a rabiar sus intereses corporativos mediante estrategias de desprestigio contra los gobiernos progresistas, hasta tal punto que logró dar un golpe de Estado como el de Venezuela en abril de 2002 cuando fue derrocado por 48 horas el presidente Hugo Chávez, simultáneamente se ha convertido en partido político, explica Ramonet.

En efecto, afirma, “ante el derrumbe de los partidos corruptos de derecha que ya no tienen apoyo popular, en varios países latinoamericanos los grandes medios que están en manos del establecimiento, han asumido el rol de oposición y desestabilización política”, lo cual se observa no solo en Venezuela sino en Honduras y Paraguay en donde contribuyeron a tumbar a los presidentes José Manuel Zelaya en junio de 2009 y Fernando Lugo en 2012, respectivamente, así como en Ecuador cuando trataron de derribar del poder a Rafael Correa en septiembre de 2010; y actualmente en Argentina, en que el Grupo Clarín y el ultraconservador diario La Nación buscan torpedear por todos los flancos a la mandataria Fernández de Kirchner.

DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS ESTÁ EN LA DIVERSIDAD

No obstante la guerra mediática contra los líderes de izquierda y progresistas de la región, Ramonet resalta que paulatinamente varios países latinoamericanos están implementando legislaciones que permitan la pluralidad de la información, lo que como es obvio, va a posibilitar diversidad de miradas y voces sobre la realidad.

En ese sentido, hace un comparativo con lo que ocurre en Europa, en donde los Estados desarrollan canales de comunicación pública, cuyo trabajo responsable y profesional han posicionado a emisoras como la BBC de Londres, RTVE de España, Deutsche Welle de Alemania, la RAI de Italia, Radio Francia, entre otras, al tiempo que el sector privado explota como negocio sus propios medios.

No sería justo, afirma Ramonet, que el Estado solo manejara la totalidad de los medios de comunicación, por el contrario, lo es necesario y lo importante es la diversidad. “Hay que defender la pluralidad informativa pero infortunadamente en América Latina se oponen los privados porque tiene concentrado todo el pastel comunicacional y publicitario”. De allí, colige, es imperativo desarrollar los canales públicos y el sector comunitario, dándoles espacios radioléctricos y brindándoles financiación.

Sin embargo, reitera que es precisamente la búsqueda de pluralidad informativa por parte de varios mandatarios latinoamericanos lo que ha creado irritación en los monopolios mediáticos que están viendo perder su exclusividad, y por esta razón la han emprendido contra los gobiernos que están tocando directamente sus plutocráticos intereses.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL IMPULSO DE MEDIOS ALTERNATIVOS

Como bien lo señala en su último libro “La explosión del periodismo”, Ramonet recalca que Internet ha puesto en jaque a los medios tradicionales, pero al mismo tiempo, está impulsando la generación de medios alternativos y comunitarios.

“Las nuevas tecnologías han transformado la comunicación y han permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, hasta tal punto, agrega, que “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”.

Destaca experiencias comunicacionales como la radio La Colifata de Argentina que emite desde un sanatorio psiquiátrico y sobre la cual Ramonet tuvo conocimiento gracias a la información que le suministró el cantautor francés de origen español Manu Chau.

Como lo señala en la presentación de su web (www.lacolifata.org/) esta estación radial “es una ONG que brinda servicios en salud mental utilizando los medios de comunicación para la creación de ‘espacios en salud’, además, desarrolla actividades en el área de investigación. Es comúnmente conocida como LT 22 Radio ‘La Colifata’, la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda de Buenos Aires. Es la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico”.

MODELO TRADICIONAL DE MEDIOS ESTÁ EN CRISIS

Las posibilidades que ofrecen no solo el Internet sino la computadora, el celular, el iPad, las cámaras digitales, etc., para procesar información han producido la crisis de los medios tradicionales, sostiene el director de la versión española de Le Monde Diplomatique.

Por ello no duda en aseverar que “la democratización de la información es relativamente posible” gracias a estas tecnologías que han permitido la irrupción de medios alternativos, pero así mismo es evidente que “el modelo tradicional de los medios está en crisis, y eso que la revolución en Internet apenas está empezando”.

Ramonet explica que esta crisis se refleja en tres aspectos: la mayor parte de los medios de prensa escrita están perdiendo dinero; o están ganando menos; o están en quiebra. Puso como ejemplo el hecho de que en Estados Unidos más de 120 periódicos en los últimos años han cerrado y 35 mil periodistas han perdido su trabajo. O el caso de El País de España adquirido recientemente por el fondo financiero Liberty que acaba de despedir a 129 trabajadores. Es más, se atrevió a afirmar que “nadie puede asegurar que la CNN pueda llegar al final del próximo año”.

Frente a este panorama desolador dijo que la alternativa son los medios independientes que por sus innovadores esquemas funcionales están posibilitando hacer buen periodismo. Trajo a colación el caso de la web norteamericana de noticias on line Politico.com, especializada en noticias sobre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos.

“Su modelo económico se basa en la gratuidad, pero este diario on line a lanzado a principios de 2011 una web de pago: Político Pro con una suscripción anual que cuesta 1.495 dólares”.

EUROPA O LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Finalmente se refirió a la realidad sociopolítica de Europa y dijo que lo que se está presenciando en la actualidad es la destrucción del estado de bienestar, en buena medida responsabilidad de la socialdemocracia que perdió su esencia ideológica y se convirtió en social-liberalismo. Los casos paradigmáticos dijo Ramonet, son los de José Luis Rodríguez Zapatero en España; George Papandreou en Grecia; y José Sócrates en Portugal que siendo líderes de partidos que se decían socialistas terminaron defraudando a sus electores porque impulsaron paquetazos neoliberales en contra de las condiciones de vida de los habitantes de estos países.

En buena hora, comenta, han aparecido sectores de izquierda como Syriza en Grecia, el Partido de Izquierda que lidera Jean-Luc Mélenchon en Francia, o unos frentes amplios de agrupaciones progresistas que se inspiran en los procesos políticos que se vienen dando en América Latina, en el sentido de revertir el modelo neoliberal para que el Estado recobre su papel de proteger a los más débiles.

Bogotá, noviembre 12 de 2012.

San José 11 de diciembre 2012
SANEP-033-2012

Señores
Dirección de Denuncias
Contraloría General de la República

Estimados Señores:
En mi condición de Presidente de la Seccional ANEP-IDA y de Secretario General Adjunto de la esa misma organización, me apersono a solicitar se investigue a la Junta Directiva del IDA, al Presidente Ejecutivo de la misma institución señor Rolando González Ulloa y a la Licenciada Meybel Chevez Ruiz, ésta última asesora legal de la Presidencia Ejecutiva; por emitir criterio y aprobar la declaratoria de elegible del señor José Alberto Serrano Pennicott, cédula 7-085-663, el cual ya había sido adjudicado por la institución desde el año 1991 en la parcela 287 del asentamiento NEGUEV, según consta en el artículo 24 de la sesión 52-91 del 8 de julio de 1991.

El señor Serrano Pennicott no solo obtuvo una parcela, sino que también se le adjudico un lote en el Asentamiento Campo Dos, tal y como consta en el acuerdo N° 3 del acta de Junta Directiva del IDA, sesión 80-91 del 28 de octubre de 1991, con el folio real 7-2767-000, el cual vendió una vez que vencieron las limitaciones

El artículo 67 es claro en que “El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del Instituto”, condición que nunca respeto el aquí cuestionado ciudadano al vender la parcela 287 que le había adjudicado el IDA.

El argumento de la Junta Directiva para volver a calificar al señor Serrano Pennicott es que “si bien esta parcela está inscrita a su nombre nunca le perteneció… el verdadero dueño de esta parcela es el padre de éste, de nombre José Angel Serrano Chacón, pero en vista que él no calificaba como beneficiario, optó por inscribirla a nombre de su hijo”.

Los argumentos esgrimidos por la Junta Directiva para aprobar la calificación de este ciudadano tiene dos errores capitales, el primero que reconoce que pusieron la propiedad a nombre del Hijo porque el papá no calificaba, lo que muestra que existe un favorecimiento hacia ese señor y el segundo que reconoce que la propiedad estuvo a nombre del hijo, que fue vendida y a pesar de eso lo declaran nuevamente elegible.

El portillo que abre la Junta Directiva en esta materia es muy peligroso, el mensaje que manda es que mientras usted no haya sido el dueño material de un terreno puede ser beneficiado nuevamente, así se desprende del argumento que indica que: “la parcela 287 si bien fue inscrita a favor de José Alberto Serrano Pennicott, materialmente nunca le perteneció”.

El artículo 64 de la Ley 2825, establece que: “no se adjudicará más de una parcela a cada beneficiario, dentro de los límites y condiciones fijados por esta ley”.

Desde nuestro punto de vista este caso constituye una violación grave a la Ley 2825 y hasta podría configurar un tráfico de influencias, en razón que el beneficiado es sobrino de un dirigente campesino de nombre Misael Pennicott, el cual desarrolla su actividad en la zona atlántica de nuestro país.

Un aspecto que llama la atención en este caso es que existe un criterio negativo de la Oficina Subregional y de la Dirección Regional, los cuales recomiendan a la Junta Directiva: “ordenar el desalojo administrativo de José Alberto Serrano Pennicott cédula 7-0085-0663 y Marlene Ledezma Avila cédula 7-0106-0946”.

Aún y cuando existe la recomendación anterior, la Junta Directiva se aparta del criterio de la Dirección Regional y de la Oficina Subregional y “declara con lugar el recurso de revocatoria contra la denegatoria de elegible presentado por el señor José Alberto Serrano Pennicott”.

Para finalizar queremos transcribir textualmente una de las razones de descalificación que contemplan los artículos 41,51 y 55 del Reglamento para la Selección y Asignación de solicitantes de Tierra, específicamente el que indica que: Comprobación de que alguno de los miembros del núcleo familiar solicitante ha vendido mejoras o abandonado un predio del Instituto, sin razones Justificadas.

Las notificaciones me las pueden enviar al correo: walterquesada@anep.or.cr o al fax 2257-88-59.

Walter Quesada Fernández
Presidente
Seccional ANEP-INDER

DICTÁMEN JURÍDICO – RC2- 20012.

Para: Albino Vargas Barrantes, Secretario Gral. de ANEP.
De: Bufete Román, Castillo & Asoc. Abogados Penalistas.
Asunto: Dictamen jurídico sobre el derecho a la información y el deber de confidencialidad.
Fecha: 04 de diciembre de 2012.
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El límite del derecho a la información – de las personas físicas y jurídicas – es el correlativo derecho a la intimidad y a la privacidad, respectivamente, los cuales únicamente ceden frente a la libertad de información, siempre y cuando se trate de una figura pública y se refiera a actos públicos de esta figura, o, que esté involucrado el manejo de fondos o patrimonio del erario (público).

Los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía, deben mostrar mayor tolerancia a la crítica, lo cual implica de hecho una protección de la privacidad y de la reputación diferente que la que se otorga a un particular. Es necesario que la ciudadanía pueda tener un control completo y eficaz de la forma en que se conducen los asuntos públicos.

– Sentado este pacífico principio rector, en punto, veamos:

Primero:
La ley Nº 18.331. “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ACCIÓN DE “HABEAS DATA”, en lo que interesa dispone:

“Artículo 1º. Derecho humano.- El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 48 de la Constitución de la República”.

“Artículo 2º. Ámbito subjetivo.- El derecho a la protección de los datos personales se aplicará por extensión a las personas jurídicas, en cuanto corresponda”..
Los datos no pueden tener finalidades violatorias de derechos humanos o contrarias a las leyes o a la moral pública.

Artículo 7º. Principio de veracidad.- Los datos personales que se recogieren a los efectos de su tratamiento deberán ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos en relación con la finalidad para la cual se hubieren obtenido. La recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos, abusivos, extorsivos o en forma contraria a las disposiciones a la presente ley.

“Artículo 8º. Principio de finalidad.- Los datos objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.

“Artículo 9º. Principio del previo consentimiento informado.- El tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse”.

DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

“Artículo 18. Datos sensibles.- Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Éstos sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular”.

“Los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, civiles o administrativas sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas,…”

Hasta aquí tenemos una garantía de protección al fuero personal y, mediante una ley especial, con sustento constitucional- se explica por sí sola, en consecuencia, no ocupa mayor comentario.

Segundo: (Sede Penal). Por su parte, el Código Penal en su artículo 153, penaliza la “Difamación de una persona jurídica ” y consiste en propalar hechos ( o informes que contienen hechos), relativos a una persona jurídica o a sus personeros –por ejemplo: una asociación sindical- “que puedan dañar gravemente la confianza del público o el crédito de que gozan”…

Este artículo está íntimamente relacionado con el artículo 202 del Código Penal, en el cual se sanciona seriamente a aquella persona “que hallándose legítimamente en posesión de una correspondencia, de papeles o grabaciones no destinadas a la publicidad, las hiciere públicas sin la debida autorización aunque le hubieren sido dirigidas”.(Es Igualmente sancionado si causa perjuicio, ó, si tuviere carácter privado – como en el caso sub- exámine, de una asociación sindical que se rige por los principios de derecho privado y convenios internacionales especiales OIT.).

Estos 2 artículos tienen su necesaria relación con el artículo 19, incisos a), y b), del Código de Procedimientos Penales: (delitos contra el honor y la propaganda desleal). Pero especialmente, con los artículos 145, 146, 147 y 152, todos del Código Penal, en los cuales se sanciona y conforme los cuales se puede condenar penal y, civilmente al pago de daños y perjuicios por la comisión de los delitos de injurias, calumnias y difamación, amén del delito de publicación de ofensas y difamación de persona jurídica, mediante el instrumento idóneo el cual podría ser un informe técnico, jurídico o económico- que señala hechos concretos-, cuyo fin único es el uso privado de una organización regida por el derecho privado, documento que podría encontrase en la fase preliminar de investigación, o bien, en la fase de análisis, estudio o dictaminación para su aprobación final; o bien, que la organización decide mantener discretamente por razones que competen al libre ejercicio de su derecho a la confidencialidad de sus datos. También podría cometerse dichos delitos si se divulga o propalan el o los informes finales ya aprobados, o los acuerdo firme relacionados, si no cuentan con la debida autorización previa, expresa y por escrito, del órgano respectivo que la aprobó, pues en su caso, estaríamos en presencia de una violación flagrante a la privacidad del contenido y a la voluntad expresada por la asamblea general, dueña y soberana de la organización (ANEP) y representativa –por delegación- de la base asociativa.
-Los citados delitos pueden ser cometidos por autoría directa o mediata (es decir, a través de otras personas, lo que se conoce como autoría intelectual).

Valga indicar que el concepto propalar significa divulgar, difundir, esparcir. El dolo del tipo penal de la propalación abarca no solo el dolo directo (el resultado que se quiere), sino el dolo eventual (sea, que el resultado puede ir más allá del querido inicialmente). Por eso es tan grave y resulta un delito de peligro – lo cual justifica las limitaciones al acceso a la información, en una razonable acción preventiva-.

Igualmente conviene señalar que, la persona jurídica es sujeto de derecho, es destinatario de todos los derechos jurídicos del ordenamiento, y es centro de imputación y de consecuencias del derecho penal. Como tal puede ser que se trate de una persona jurídica en sentido físico (un ser humano), o bien, de una persona jurídica, sea colectiva o asociativa, también llamada moral ficticia, etc.. Los personeros son representantes de las organizaciones de que se trate y, la especialidad del artículo 153 op.cit, requiere que la manifestación ofensiva se dirigida contra los personeros, sea por razón, o con motivo del ejercicio de sus cargos.

Dicho delito o tipo penal exige tan solo la posibilidad de que se dañe gravemente el bien jurídico tutelado, no que ello suceda efectivamente, consecuentemente, se trata de un delito de peligro como hemos indicado up supra. En el caso de una organización tiene derecho a que se le proteja su honor, su buen nombre, su credibilidad, su posicionamiento en el consciente colectivo, cuya construcción es lenta y difícil, pero, su desmoronamiento puede ser relativamente fácil por sensible y morboso.

Esto justamente, es el motivo que agravaría el eventual uso abusivo y maledicente de la información privada de una organización, y de lo reprochable y punible que resulta la violación al deber de probidad, de sana discrecionalidad, pero especialmente, el principio de confidencialidad, que faculta a la organización a hacer un uso restrictivo de la información, por ser una organización de derecho privado y que debe rendirle cuentas del buen recaudo de la información, de sus acuerdos, de informes y estrategias a la Asamblea General, por eso, el interés individual de un equis asociado o asociada cede ante el interés colectivo del máximo órgano, cuyo garante del uso confidencial razonable de la información es la Junta Directiva y la Secretaria General de la organización social. Por ello, que tiene resguardo administrativo pudiendo denegarse por simple disposición administrativa razonada, o, por acuerdo de Junta. Tiene defensa en sede constitucional y penal, por vía amparo ante la Sala IV, y, denuncia penal ante el ministerio público, respectivamente.

Atentamente; Lic. Víctor Castillo Solís.
Laura Osorio Castro.
Secretaría Ejecutiva – Bufete Román, Castillo & Asoc.-