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Solicitamos la solidaridad internacional para presentar denuncia contra Gobierno

Publicada el 11/10/2012 | por | Dejar un comentario

Llamado urgente a la comunidad sindical internacional
Llamado a los movimientos sociales globales y de Derechos Humanos
A nuestros hermanos y a nuestras hermanas de clase trabajadora;

especialmente a las siguientes entidades sindicales:

CSI: Confederación Sindical Internacional
CSA: Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas
CES: Confederación Europea de Sindicatos
FSM: Federación Sindical Mundial
FSM: Federación Sindical Mundial Región Mesoamericana
AFL-CIO: American Federation Of Labor-Congress Of Industrial Organizations (USA)

Desde Costa Rica, en la América Central, apelamos a vuestra y siempre oportuna solidaridad para que se denuncie ante la comunidad laboral, mundial y continental, la ofensiva antisindical que ya se gesta en Costa Rica, desde el mismo seno del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda; quien le mintió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de que Costa Rica aprobaría cambios en su legislación laboral para posibilitar mayor justicia laboral y adecuación de la legislación obrera costarricense a los principios emanados por tal organización, bajo el concepto de TRABAJO DECENTE.

Sorpresiva e inesperadamente, la Presidenta Chinchilla ha vetado, hace unas 48 horas, la nueva legislación obrera conocida como “REFORMA PROCESAL LABORAL”, ó Código Procesal Laboral, que es una reformulación estructural y profunda de la máxima ley laboral del país, el Código de Trabajo, emitido hace 69 años, en 1943.

Con los votos de la fracción parlamentaria gobiernista (que es la mayoritaria dentro del actual congreso legislativo costarricense), la Asamblea Legislativa del país aprobó, abrumadoramente, el pasado 13 de setiembre de 2012, la “REFORMA PROCESAL LABORAL”; tal y como la misma Presidenta Chinchilla, durante su visita a la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, en junio anterior, se había comprometido ante el mismísimo señor Juan Somavía, en ese momento Director General de la OIT.

El veto de la Presidenta Chinchilla pone en evidencia que la mandataria costarricense le mintió a la OIT. La mandataria Chinchilla le entregó al señor Somavía, en sus propias manos, el documento-protocolo del propio Gobierno de Costa Rica, haciendo constar el acuerdo nacional tripartito, unánime, adoptado en el seno del Consejo Superior de Trabajo (CST), de adhesión a la política global del TRABAJO DOCENTE ,y con una referencia explícita en tal documento de la aprobación legislativo-parlamentaria de la “REFORMA PROCESAL LABORAL”. Por tanto, repetimos, el veto presidencial deshonró al país y dejó en evidencia la mentira presidencial ante la mismísima OIT.

Denunciamos al mundo que el veto de la Presidenta Chinchilla a la “REFORMA PROCESAL LABORAL”, responde a intereses inconfesables, ultraconservadores, asociados a la actividad empresarial privada de la producción piñera y bananera costarricense; en contubernio con la fracción más recalcitrante y antidemocrática de lo que en Costa Rica se conoce como “solidarismo”.

El veto presidencial responde a un pre-lanzamiento de una campaña antisindical contra el Movimiento Sindical Costarricense; especialmente en contra de aquellas agrupaciones del mismo que por su seriedad y compromiso social han generado un importante posicionamiento civil. Las razones para el veto presidencial son una cortina de humo que esconde la verdadera naturaleza reaccionaria de posiciones de poder en el seno Gobierno dela Presidenta Chinchilla que ella comparte.

Apelamos a la solidaridad sindical, civil y social de la comunidad mundial. Ayúdennos a divulgar la naturaleza perversa antidemocrática que prepara una ofensiva en contra del Movimiento Sindical Costarricense; violentándose normas de convivencia democrática que según se pregona al mundo, en Costa Rica se observan rigurosamente. Por favor escriba a :

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Laura Chinchilla Miranda: despachopresidenta@casapres.go.cr

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, Carlos Ricardo Benavides Jiménez: crbenavides@presidencia.go.cr

MINISTRO DE COMUNICACIÓN, Francisco Chacón González: francisco.chacon@presidencia.go.cr

MINISTRA DE TRABAJO (saliente), Sandra Piszk Feinzilber: sandra.piszk@gmail.com

MINISTRO DE TRABAJO (entrante), Olman Segura Bonilla: osegurabonilla@ina.ac.cr

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO, Víctor Emilio Granados Calvo: kzuniga@asamblea.go.cr

PRESIDENTE FRACCIÓN PARLAMENTARIA GOBIERNISTA, Luis Gerado Villanueva Monge: lvillanueva@asamblea.go.cr

con copia a

info@anep.or.cr
gilbumana@hotmail.com

Acuerdo político para una nueva Convención Colectiva en Heredia

Publicada el 10/10/2012 | por | Dejar un comentario

Nosotros, licenciado José Manuel Ulate Avendaño, MBA, en calidad de alcalde de la Municipalidad de Heredia; y Albino Vargas Barrantes, en calidad de Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); organización sindical ésta que también queda en este acto representada por los licenciados Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la misma; y Heinier Gibson Díaz Cabezas, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Heredia; todos juntos manifestamos:

Primero: Que procurando el mayor bienestar de las empleadas y de los empleados de la Municipalidad de Heredia, se hace necesario convenir una nueva Convención Colectiva de Trabajo.

Segundo: Que al día de hoy, lunes 8 de octubre de 2012, según manifiesta el licenciado José Manuel Ulate Avendaño, MBA, en su calidad de alcalde municipal, se encuentra denunciada la anterior Convención Colectiva de Trabajo.

Tercero: Que ambas partes, sea la patronal: Municipalidad de Heredia; y la laboral, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos dispuestos y firmamos el presente acuerdo político para comenzar a negociar una nueva Convención Colectiva de Trabajo.

Cuarto: Que sobre las negociaciones se decide desestimar el 1% del presupuesto general de la Municipalidad de Heredia que en las convenciones colectivas de trabajo se dedicaba a la facilitación de opciones de vivienda a las y los empleados municipales de Heredia.

Quinto: Que por parte de la ANEP se establece el compromiso de entregar a la Municipalidad de Heredia, en un plazo de 15 días naturales vencidos a la fecha del presente documento, la propuesta de nueva Convención Colectiva de Trabajo, así como la metodología de negociación de tal instrumento.

Se firma ésta en la ciudad de Heredia, a las 16:30 horas del 8 de octubre de 2012.

Lic. José Manuel Ulate Avendaño, MBA
Alcalde Municipal de Heredia

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Lic. Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP

Lic. Heinier Gibson Díaz Cabezas
Presidente Junta Directiva
Municipalidad de Heredia

Formadas comisiones de trabajo laboral en Salud

Publicada el 10/10/2012 | por | Dejar un comentario

Honorables señoras
Dra. Daysi Corrales Díaz, Ministra
Dra. Sandra Cordero Young, Directora General de Salud
Dra. Gabriela Castro Páez, Directora General de Nutrición y Desarrollo Infantil
MINISTERIO DE SALUD

Estimadas señoras:

Reciban un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En la reunión sostenida con la señora ministra Corrales y con la señora Gabriela Castro Páez, el pasado día lunes 1 de octubre, se acordó que la conformación de las comisiones de la Junta Relaciones Laborales, de Salud Ocupacional, de Acoso Socio-Laboral, de revisión de asuntos relacionados con los CEN-CINAI, y la que ha de revisar lo del Viatico Fijo. Por esta razón le hacemos llegar los nombres de las personas trabajadoras asalariadas del Ministerio de Salud, quienes en su condición de dirigentes de base de la ANEP, integrarán las mismas:

Comisión Junta Relaciones Laborales Entidad / Departamento
1-Propietario Jorge Campos Alfaro Área Peninsular Chorotega
2-Suplente Rosibel Rodríguez Zúñiga CEN-CINAI de Palmares

Comisión de Salud Ocupacional
1-Propietario Mélida James Johnson CEN de Matina
2-Suplente Carlos Cordero Rodríguez Área de Salud de Guácimo

Comisión de Acoso Socio Laboral
1-Propitario Nuria Madrigal Sojo Región Central Norte
2-Suplente Lorena Sanabria Mata Área de Oreamuno Paraíso

Comisión de CEN-CINAI
1-Vivian González Vargas Área de Salud de Turrialba
2-Gabriela Obando Sojo
3-Nadia Jiménez Carmona CEN- Almendros Barranca Puntarenas

Comisión del Viático Fijo
1-Sonia María Rodríguez Rojas CEN-CINAI San Ramón
2-Jorge Campos Alfaro Área de Salud Región Chorotega
3-Alexis Miranda Ramírez Área de Salud Guácimo

Comisión de Vectores
1-Carlos Cordero Rodríguez Área de Salud de Guácimo
2-Orlando Morera Jiménez Área Rectora de Salud-Vectores

Desde ya les agradecemos la valiosa atención que al respecto se nos brinde, así como la gestión de coordinación que corresponda para los efectos de permisos-facilidades de participación en el desarrollo del trabajo de las mismas.

La Presidenta y su Ministra de Trabajo mintieron descaradamente

Publicada el 10/10/2012 | por | 4 comentarios

Presidente Chinchilla y Ministra Piszk mintieron, descaradamente, asegurando que esta ley se firmaría en próximos días.

La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda y su Ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Sandra Pizsk Feinzilber, se desenmascararon totalmente y quedaron como unas soberanas mentirosas. Ambas, en momentos distintos pero en las últimas horas tuvieron sendas conversaciones verbales (la primera en físico y la segunda por teléfono), con el MSc. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP y Asesor Político de la Junta Directiva Nacional de esta organización; para asegurarle que el Gobierno de la República firmaría, dándole el “ejecútese” de rigor a lo que habría sido la histórica ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), también conocida como “Código Procesal Laboral”, lo cual haría en un acto público la semana entrante a la presente. Como es de todos conocido, el MSc. Mauricio Castro Méndez, es uno de los principales formuladores, gestores, redactores y promotores de esta trascendental ley que estaba destinada a ser conocida como el “segundo” Código de Trabajo.

Al ser este distinguido profesional en Derecho Laboral un interlocutor en la materia de tanto calibre, la mentira de las señoras Chinchilla y Piszk adquiere dimensiones sumamente graves que las desacreditan completamente ante un sindicalismo que en todo momento ha tratado de actuar con gran responsabilidad en una tema tan delicado como éste, a lo largo de muchos años de gestación, como ha sido demostrado hasta la saciedad. Aún así, esta soberana mentira podría ser “tolerada”, pues es usual la mentira en los gobiernos.

Pero sigamos profundizando en la gravedad de la mentira de las señoras Chinchilla y Piszk: La señora Presidenta le mintió al mismísimo Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la propia sede de la misma, en Ginebra, Suiza; cuando en junio pasado le entregó de su propia mano el compromiso del Gobierno de Costa Rica de la operatividad práctica de la Reforma Procesal Laboral, por medio del convenio tripartito de Trabajo Decente, adoptado en el seno del Consejo Superior de Trabajo (CST). No recordamos una ausencia de pudor ético en un gobernante costarricense ante un organismo internacional como ésta que ha protagonizado la gobernante costarricense.

Las “razones” del veto del Gobierno, de la mentira son bastante cuestionables. Ya habrá tiempo de contradecir, con sólidas argumentaciones jurídico-técnicas, la insostenibilidad de los argumentos espurios del Poder Ejecutivo para vetar esta trascendental ley. Hay motivos de fondo, ocultos de cuya existencia sospechamos con sólidas bases, habida cuenta de que muchos actos de la presente administración gubernamental de la Presidenta Chinchilla se han tejido en la sombra convirtiéndose en escándalos al, finalmente, salir a la luz pública.

Es este mismo Gobierno quien legitima la vía de la confrontación abierta. Su doble moral, la facilidad con que deshonra compromisos adquiridos, sin importar ya el nivel internacional de los mismos, no permite la generación de, ni siquiera, mínimas confianzas al sentarse a cualquier mesa que abra. Con el veto a la Reforma Procesal Laboral se han encargado de pulverizar la poca credibilidad que les quedaba de que su prédica en el Diálogo Social era real; se han encargado de dinamitar los pocos puentes que les comunicaba con la sociedad civil. Se aíslan peligrosamente y sigan avanzando por la perniciosa senda del descrédito, de la desconfianza y de minar su ya débil legitimidad.

Nuevamente, emerge con potencia, con la legitimidad que en sí misma lleva: La Democracia de la Calle. Es el único mecanismo que le queda al pueblo trabajador, más que harto de un gobierno que hace aguas por todo lado.

Conforme pasen las horas y avancen los próximos días y semanas, quedarán totalmente clarificadas los distintos escenarios de confrontación que se darán en las calles costarricenses.

Fallece el compañero José Merino del Río

Publicada el 08/10/2012 | por | Dejar un comentario

Imposible que no se nos venga a la mente el tan correcto poema de Bertold Brecht, que hiciera famoso en nuestra América Latina el cantautor cubano Silvio Rodríguez, como preludio de su “Sueño con Serpientes”:

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles.

Hoy se nos ha ido de la tierra uno de los imprescindibles de nuestra lucha social. Un ser humano con el que compartimos batallas y disputas, con quien muchas veces estuvimos en desacuerdo, pero las más compartimos ideas y sueños.

Hoy ha fallecido José Merino del Río, y deja un vacío que todos y todas, en unidad, intentaremos llenar por el bien de nuestra amada Costa Rica.
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Con profundo dolor, con consternación y con una gran tristeza, comunicamos que el distinguido ciudadano, hombre de bien, luchador social insigne y, especialmente, un gran amigo de nuestra querida organización, ANEP, ha fallecido: don JOSÉ MERINO DEL RÍO.

Aunque habíamos sido enterados de su enfermedad, pensamos que nuestra querida Patria todavía podía seguir recibiendo más de su intenso y oportuno pensamiento sociopolítico, mucho del cual nos sirvió durante todos estos años de resistencia a la implantación total en Costa Rica del perverso modelo neoliberal; de forma tal que sus ideas aportaron muchísimo a darle contenido a nuestras acciones de lucha social en la calle y en otros ámbitos.

Son muchos los recuerdos de acciones compartidas, especialmente en las dos ocasiones en que él fue diputado de la República; y, muy especialmente, tuvimos un amigo cercano en esos duros años luego de la caída del Muro de Berlín, cuando la derecha oligárquica y neoliberal proclamó la “muerte de las ideologías”. Le quedamos eternamente agradecidos, lamentando para siempre no habérselo demostrado en su real dimensión y como en justicia lo merecía.

En la ANEP tuvimos el honor de recibirle en diversas oportunidades y en varios espacios institucionales de la organización a lo largo de mucho tiempo y siempre tuvo palabras y gestos de reconocimiento, de respeto y valorización del trabajo que hemos hecho todos estos años a favor de la clase trabajadora y del pueblo costarricense; comprendiendo a cabalidad él nuestra tesis de independencia con respecto a los partidos políticos.

Sinceramente, los y las anepistas, estamos de duelo y embargados por la tristeza ante una pérdida irreparable para la causa de la justicia social, de la inclusión social, de la real Democracia y de la unidad de nuestros queridos pueblos latinoamericanos, pues don José Merino del Río, fue también un latinoamericanista consecuente. La ANEP envía un abrazo solidario a su respetable familia, especialmente a su señora esposa, Patria Mora Castellanos. Paz a sus restos.

Rogamos a todos y a todas estar pendientes de los detalles de su funeral para que vayamos a despedirle. Él (al igual que otro recientemente fallecido amigo de la ANEP), don William Gómez Vargas, de Diario Extra, era de “los imprescindibles” de que habló el dramaturgo alemán Bertold Brecht.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
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Compartimos el último artículo escrito por el compañero Merino.

Política nauseabunda y multimillonaria
6 de setiembre de 2012

Mientras el TSE mira para otro lado y no interviene en la precampaña que desde hace tiempo se inició en el PLN, el país continúa descomponiéndose bajo el gobierno liberacionista.

Basta echarle una mirada al proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, para darse cuenta por dónde transitamos y para quién gobierna esta desastrosa Administración.

Mientras se reduce drásticamente la inversión en Vivienda, Salud, Educación, Cultura y Obras Púbicas, aumenta en más de un 200% el presupuesto para al Ministerio de la Presidencia y un 74% el presupuesto de la Casa Presidencial.

¿Qué les parece? El ministro de Hacienda asegura que los presupuestos de Educación y de Salud aumentarán por otras vías y con otros recursos, pero mientras en el Presupuesto Nacional que es la principal herramienta de política económica del Gobierno, son de momento junto a los otros ministerios señalados la Cenecienta del proyecto.

Lo escandaloso es que mientras tanto, entre Casa Presidencial y Ministerio de la Presidencia se receten un aumento inaceptable desde cualquier punto de vista. Esta nueva afrenta al país sólo puede obedecer a que el Gobierno quiere subir a toda costa su “popularidad” con las políticas clientelares tradicionales y con gastos de asesorías y publicidad. Además pretende ingresar ya con todo a la campaña electoral para ver de qué manera favorece al PLN.

Mientras tanto calienta una precampaña electoral donde se están gastando decenas de miles de millones, cuya procedencia no se conoce y tampoco los precandidatos están obligados a rendir cuentas a nadie. Cuando se pide la intervención del TSE, éste contesta que no tiene ninguna atribución legal para hacerlo y de esa manera se lleva a cabo una precampaña donde todo vale, algunos vendiendo su imagen como santulones que nunca han roto un plato y otros tratando de llamar la atención con una publicidad tan obscena como la que se vive en la “alta política” del país. Y detrás el dinero, que es el que de verdad manda.

Los precandidatos actúan con toda la cara de barro como si ellos no tuvieran nada que ver con este y con los anteriores gobiernos liberacionistas, y esperan que una buena parte del electorado se lo termine creyendo, después del respectivo lavado de cerebro en las batidoras de la infamia, de la mentira y de la hipocresía que empiezan a funcionar a toda máquina.

Todo esto causa naúseas, pero eso a nadie le importa y menos a estas cúpulas del PLN, cuya razón de existir es lograr el poder a toda costa.

Hay esperanza de que la sociedad avanzada y decente de Costa Rica reaccione, se dé cuenta de las catástrofes que nos amenazan, además de las naturales, y surjan las voluntades políticas en capacidad de actuar y de unir resistencias en busca de una alternativa para impedir que esta gente consume un nuevo asalto a las instituciones del país.
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José Merino del Río nació en Burgos, España, 12 de septiembre de 1949. Es un politólogo, periodista y político costarricense de izquierda, presidente fundador del Partido Frente Amplio, por el cual ha sido diputado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Estudió Ciencias Políticas, así como Periodismo y Economía en la Academia de Ciencias Sociales de Moscú, Rusia; tiene una maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Ha ejercido la docencia: profesor de Lengua y Literatura en el Colegio La Salle y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la citada universidad.

Ha sido asesor parlamentario, jefe de redacción de la revista Trabajo, director del semanario Libertad, asesor del programa de Fomento Económico de la Unión Europea, consultor de la presidencia de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y del Programa PNUD – Estado de la Nación, director ejecutivo de la Fundación Manuel Mora Valverde.

Antes de formar el Frente Amplio, fue miembro del Comité Central y de la Comisión Política de Vanguardia Popular, del Partido del Pueblo Civilista, miembro del Comité Político de la Coalición Pueblo Unido, de Fuerza Democrática y miembro del Consejo de Defensa de la Institucionalidad.

Merino del Río fue elegido diputado por primera vez para el periodo legislativo 1998 – 2002 por el partido Fuerza Democrática1 y después, en las elecciones de 2006 ganó nuevamente un escaño, esta ve como representante del Frente Amplio.

Participó como representante de su partido en los pasados congresos de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y del Foro de São Paulo del 2007.
Muere el día 08 de Octubre del 2012 al no soportar una segunda intervención en una operación médica.

Cuenta con varios libros publicados, entre ellos: Manuel Mora y la democracia, La sociedad globalitaria: Una mirada a la cleptocracia neoliberal, Costa Rica, desafíos a la gobernabilidad democrática y La reforma del Estado y la política social.

Felicitaciones al Pueblo de Venezuela

Publicada el 08/10/2012 | por | Dejar un comentario

Saludos respetuosos. Con enorme felicidad, con profunda emoción, con sincerísimo entusiasmo y con una gran esperanza en un futuro mejor, de que “Otro mundo es posible”; celebramos la victoria del pueblo de Venezuela, con la reelección del Dr. Hugo Rafael Chávez Frías, para el período presidencial 2013 – 2019; dándose un ejemplo de transparencia electoral, en unas elecciones totalmente limpias, así reconocido por todo el mundo y con una participación ciudadana de casi el 81%.

Esta elección era crucial para todos los pueblos de nuestra querida América Latina, en lucha contra el neoliberalismo extremista del capital financiero, en contra de la exclusión y de la desigualdad social; en fin, una victoria que casi nos provoca lágrimas; porque el Presidente Chávez ha sido calumniado, injuriado, difamado como nunca antes ocurría por nuestra región, pese a la sinceridad de su pensamiento y de su acción política en beneficio de los más débiles de Venezuela. La emoción que sentimos fue muy similar a aquella que en nuestros años juveniles, sentimos un 4 de setiembre de 1970, a nuestros 14 años, cuando en la hermana república latinoamericana de Chile, su pueblo elegía al Dr. Salvador Allende Gossens, derrocado tres años después, el 11 de setiembre de 1973.

Se han silenciado las voces mediáticas de la mentira, de la bajeza, de la antiética que, sin disimulo en unos casos y en otros solapados, hicieron campaña contra la Revolución Bolivariana y su líder histórico, Hugo Chávez.

Desde nuestra humilde posición, enviamos una fervorosa felicitación al pueblo de toda Venezuela, por esta extraordinaria muestra de civismo, de alegría democrática, de transparencia incuestionable de sus elecciones, hoy ya absolutamente incuestionables.

UH AH.. ¡CHÁVEZ NO SE VA!

Condenamos la matanza de indígenas guatemaltecos

Publicada el 08/10/2012 | por ANEP | Dejar un comentario

Honorables señores y señoras Fundación Rigoberta Menchú Tum
Honorables señores y señoras Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI)
Honorables compañeros y compañeras del Frente Nacional de Lucha (FNL)
GUATEMALA

Desde Costa Rica, las organizaciones sindicales-sociales que representamos, dejamos constancia de la más enérgica condena por la acción criminal que efectivos del ejército de Guatemala cometieron contra ciudadanos indígenas de las comunidades mayas de Totonicapán, quienes acudían a uno de los mecanismos más legítimos de las democracias: la manifestación de calle en forma pacífica.

Genera mucho dolor que estas acciones se repitan en una Guatemala cuyo pasado de tragedia, de dolor, de exclusion y de muerte, ha asolado a la mayoría de su pueblo, pueblo indígena, el gigante pueblo Maya, baluarte de la formación universal.

El Gobierno del exmilitar (¡qué curioso!), don Otto Pérez Molina, debe actuar con toda energía, sin miramientos, con contudencia y rapidez para sancionar a los asesinos con toda la fuerza de la ley; para acudir en auxilio de las familias de a quienes se les quitó la vida a sangre y fuego; y atender las legítimas demandas por una mejor calidad de vida de las comunidades en lucha, al punto de que seis indígenas ofrendaron sus propias vidas para que todo su pueblo tuviera algo de bienestar. Nos solidarizamos con el dolor del pueblo indígena maya de Guatemala en esta tragedia y, repetimos, condenamos con energía este crimen político.

San José de Costa Rica
Sábado 6 de octubre de 2012

¡LA LEY DEL GARROTE!

Comunicado del Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales

No cabe la menor duda que en Guatemala, las únicas voces y voluntades que tienen el espacio abierto son las de los poderosos de siempre. Para el Pueblo, para las organizaciones sociales, o cualquiera que ose disentir de las imposiciones del Gobierno, solo hay garrote, gases y balas.

Ayer 4 de octubre inició con una manifestación pacífica en relación con tres temas cruciales en la vida del país. No se trataba de grupitos de inconformes, se trataba de varias organizaciones convocadas alrededor de los 48 Cantones de Totonicapán, instancia que aglutina a las autoridades ancestrales y que gozan del poder real y el reconocimiento legítimo de la población a la que representan. Son instancias que son legítimamente respaldadas no por decenas, ni cientos sino por miles de habitantes mediante procesos de consultas, consensos y tomas de decisiones verdaderamente democráticas.

Los tres temas:

Oposición por los altos cobros en la energía eléctrica.

Tema que no es nuevo entre las demandas del pueblo pero que sigue vigente precisamente porque tanto los Gobiernos anteriores como el actual han prestado oídos sordos ante las múltiples quejas provenientes de la población por los abusos de las empresas concesionarias de la distribución de este servicio. Son abusos que ya llegaron a los límites de tolerancia y paciencia de parte de los usuarios. De allí que se decide recurrir a la manifestación.

Oposición por las pretendidas reformas en materia de Educación.

Es bueno señalar que esto es mucho más que sólo aumentar a 5 años la carrera de magisterio. El Gobierno y el MINEDUC han querido ocultar los otros aspectos de estas reformas que se vinculan de manera directa con políticas de privatización solapada, lesión a los derechos laborales del magisterio, alteración al Decreto 1485.

A lo cual, también por supuesto se suma el hecho que las reformas específicamente vinculadas a la carrera docente carecen de sustento, no implican mejoras en la calidad educativa y que por el contrario generan caos y confusión en materia de presupuestos, jurisdicción entre ministerios, universidades y leyes laborales así como en la misma Constitución.

Adicionalmente y no menos importante, sobre todo para los Pueblos Indígenas, estas reformas apuntan aceleradamente hacia la desaparición de lo logrado en materia de educación bilingüe intercultural. Con estas reformas, desaparecería la educación bilingüe, cercenando así aún más los derechos de los pueblos a una educación bilingüe y culturalmente pertinente.

Debido a que estas reformas se imponen pese a la oposición expresada por la comunidad educativa y que los aportes presentados ante el Gobierno por parte de múltiples actores involucrados y afectados, este es un tema que ha tenido que llevarse de nuevo a las calles y carreteras. No hubo apertura al diálogo ni se fue escuchado. Se tuvo que recurrir de nuevo a la manifestación.

Oposición a las pretendidas Reformas Constitucionales presentadas por el Ejecutivo.

En su legítimo derecho, la población busca alertar a la ciudadanía sobre unas reformas a la Carta Magna que de llevarse a cabo, sólo beneficiarían un sector minoritario, a los grandes poderes económicos y lesionaría los derechos políticos y sociales de las grandes mayorías. Como suele suceder, en este sentido, sólo se publica lo que el sector poderoso quiere que se conozca de manera engañosa. Por esta razón, las organizaciones convocantes de la manifestación llevan este tema también buscando que la gente no se preste a respaldar estas reformas, haciendo un llamado también a los alcaldes para que no se dejen manipular o presionar bajo la promesa/amenaza vinculada al situado constitucional en materia de presupuesto a las municipalidades. Se puede por esta vía, perder el bosque por un arbolito en el presupuesto.

Ante la urgencia nacional de atender estos temas que han sido sistemáticamente ignorados, se desarrolla la manifestación. Pero es reprimida.

No hay tal confusión de hechos, los hechos están tan claros como el día:

HUBO UNA MANIFESTACIÓN PACÍFICA Y UNA REPRESIÓN VIOLENTA.

El actuar del supuesto guardia privado (si es que lo hubo y si acaso así hubiese sido el hecho, cosa que ponemos seriamente en duda), también se enmarca dentro de la impunidad prevaleciente y tolerada por las mismas fuerzas de seguridad del Estado que permite de manera sistemática así como en el mismo lugar de los hechos, este tipo de crímenes.

En este país, que un guardia privado se sienta con el derecho inmune de abrir fuego contra población civil desarmada (en presencia de fuerzas de seguridad), es tan condenable como el hecho que las mismas fuerzas de seguridad repriman con gases y abran fuego contra manifestantes. Ni una cosa ni la otra son aceptables bajo ningún punto de vista ni son ninguna justificación. No se puede aceptar que se justifique el asesinato. Las palabras del Ministro de Gobernación en relación a que las fuerzas de la PNC y del ejército no llevaban armamento son totalmente falsas como lo demuestra la imagen inserta que fue tomada de la edición de hoy Prensa Libre.

El Resultado

Como respuesta a las legítimas demandas de la población, viene la represión.
Condenamos enérgicamente el ASESINATO de 6 personas, las heridas graves a los manifestantes durante la represión ocurrida ayer en Quetzaltenango, y demandamos al gobierno, el pronto juicio y castigo a los responsables. Entre esos responsables están efectivos del ejército y sus jefes, efectivos de la PNC y sus jefes, fuerzas paramilitares que operan con total impunidad y por supuesto, el llamado guardia privado del camión. Todos ellos deberían estar presos.

Nos solidarizamos con las familias de los fallecidos: Santos Hernández Menchú, José Eusebio Puac Baquiax, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax, Jesús Francisco Puac Ordóñez, y Rafael Nicolás Batz, así como con los heridos y sus familias e instamos a la población a no cejar en sus justas luchas y demandas.

¡A mayor represión, mayor organización!

¡La Lucha Sigue!

Pensamientos de un policía responsable

Publicada el 08/10/2012 | por | Dejar un comentario

Dedico parte de mi tiempo a analizar las diferentes situaciones que aquejan a nuestro bello país. Leo, escucho y veo noticias, opiniones variadas, y pienso que la desigualdad, las diferentes formas de exclusión, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, el debilitamiento del poder salarial de adquisición en la clase trabajadora, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los modos de corrupción, en instituciones públicas; las grandes diferencias y exclusiones sociales dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, el crimen “asociado”, el crimen “moderno”. En detrimento de la salud y de la seguridad.

Y pienso que en Seguridad Pública es claro que “cuando el que manda pierde la vergüenza, el que es mandado pierde el respeto”. De esta manera debemos aceptar que hay corrupción en las policías, algo muy preocupante; pero… ¿quién se propondrá hacer los cambios necesarios? Desde mi perspectiva nada debería justificar la corrupción, menos en los encargados de velar por la seguridad de las personas; además la Patria y la ciudadanía merecen no sólo una policía mejor preparada, también más honrada, por eso es imperativo señalar que el nivel de corrosión es de magnitudes desconocidas; él “sistema” funciona como “agente inflamable”, te “absorbe o excluye”, y resulta difícil saber quiénes están de este extremo y quiénes del otro.

Cuando vemos cómo se retarda un manual de puestos que favorece al trabajador de menor ingreso, “rasos”, pero los de arriba sacaron “su” manual, con muy buenos ingresos, además de “acomodar” a muchos (as) amigos. Señores, diría alguien por ahí: sugiero que se “investigue a ver si se trató de abuso de confianza”, los del “piso e´ tierra” conocemos de prácticas que restan credibilidad; elementos y fundamentos… los hay.

Definitivamente nos preocupan estas cosas. Por eso decimos: ¿a quién le favorece policías mal pagadas, desmotivadas y sin recursos? De seguro no es a la ciudadanía decente, no se tendrá un servicio de mayor calidad, a menos que se modifiquen algunas cosas, y los y las policías salgan a servir motivados, alegres y con un estado emocional acorde a la importante labor que desempeñan, creyendo en el “sistema”; pero aunque muchos por temor no lo exterioricen, a lo interno y en nuestra organización sabemos que la sensación de la mayoría es de desconfianza. Sin embargo, recientemente se dijo que los números en criminalidad se ¡redujeron! De ser así, definitivamente es loable la labor de los y las oficiales de las diferentes policías.

Siguiendo con la problemática, existe un tema que debería preocupar. Nos referimos a la salud mental del policía que en alto número ha perdido su hogar, por el desarraigo familiar, entre otras causas; aunado al nivel de endeudamiento que incrementa la angustia y aumenta la vulnerabilidad, siendo tentados a formar parte de “organizaciones” delictivas. Sumemos procesos por colisiones, algunos merecidos, otros no tanto. La mayoría de unidades están al margen de la ley, sin marchamo, sin revisión técnica, en malas condiciones y esto no se valora a la hora de establecer una suspensión, que aumenta la problemática salarial del trabajador. Ese es el producto final que luego usted recibe: un oficial frustrado, desmotivado, mal humorado; luego miramos abusos de autoridad, oficiales detenidos, hogares disfuncionales, el número de hogares “destruidos” en la Fuerza Pública es altísimo.

Existe personal “enfermo” y nadie lo nota. Bien se dice “mente sana, cuerpo sano”. Sabemos que, lamentablemente, existen malos funcionarios, pero tampoco existe diferencia entre hacer o no hacer. Si trabajas dieciséis (16) horas nada pasa, pero si sales una hora antes, aun con permiso, la administración te inicia un proceso; los “_intereses”_ son ajenos al valor de servir. Estas cosas están pasando.

¡Cómo no decirlo! Podría ser que con quien esté uno trabajando, llegue (o ya es), un delincuente “disfrazado” de policía. Y si no se actúa hoy, en un par de años Dios nos libre. Esto tiene que cambiar, por eso desde la convergencia democrática y sindical, sin menoscabo de nuestras obligaciones, aunque miren de “reojo” nuestras manifestaciones, apelamos al deber cívico y al derecho constitucional, inclusive. Nos debemos a la ciudadanía, por esto manifestamos nuestra verdad… sobre esta problemática de salud y seguridad.

¿Cuál es el miedo? Igual, vivir sin ideales, es como si nunca hubieras vivido. Alguna gente dentro de nuestra querida Fuerza Pública tergiversa o desconoce el aporte sindical. Por eso recuerdo que Moisés fue el primer “sindicalista”, él se enfrentó al faraón, liberando a un pueblo oprimido. Aportamos al desarrollo social, a la democracia del país, defendemos la justicia y el sentimiento de pertenencia; está intacta nuestra moral, a pesar de las adversidades, responsablemente manifestamos pensamiento, en procura de generar reflexión y el cambio que el país merece… Albert Einstein dijo algo para siempre: _“El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, si no por las que se sientan a ver lo que pasa”_…; si mañana dejare de servir desde esta función podré mirar de frente a mis compañeros (as) y conciudadanos, con la satisfacción del deber cumplido…

Directora del INS vende servicios al Estado

Publicada el 04/10/2012 | por | Dejar un comentario

San José, 27 de setiembre de 2012.

Honorable señora
Licda. Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General de la República
Licda. Ileana González Chaverri, Fiscalizadora
Contraloría General de la República (CGR)
Su despacho

Estimadas señoras:

Con el mayor respeto, les hacemos llegar el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Aunado a nuestras denuncias anteriores, mediante oficios S.G.11-13-0542-12, y la S.G.11-13-0547-12, queremos que ese órgano contralor también valore lo siguiente:

1)- Que de nuestras investigaciones en cuanto en que otras juntas directivas de empresas privadas podrían aparecer en forma conjunta, tanto el señor Guillermo Constenla Umaña, como la señora Eugenia Chaves Hidalgo, Presidente Ejecutivo del INS y Directora del INS, respectivamente; hemos encontrado que la señora Eugenia Chaves Hidalgo y su esposo, el señor José Fabio Pérez Merino, (esposo de doña Eugenia), son parte de la junta directiva de la Empresa EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.

2)- Que la empresa EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S. A. le vende servicios y productos a diferentes instituciones del Estado, según se determina de las listas de compras de las instituciones del Estado que tiene la Contraloría General de la República y las cuales estamos adjuntando. Aquí nos parece que podría estarse incurriendo en una posible irregularidad de acuerdo a la normativa que ya hemos mencionado, y que reiteramos para este caso.

3)- Que ni la señora Eugenia Chaves Hidalgo, ni su esposo, el señor José Fabio Pérez Merino, tienen levantamiento de impedimento para vender a instituciones del Estado que otorga la misma Contraloría General de la República. Lo anterior, lo fundamentamos según oficio No.09101 de fecha 6 de setiembre de 2012 que nos envía la Contraloría y el cual adjuntamos.

Que el actuar de la funcionaria pública Eugenia Chaves Hidalgo, integrante de Junta Directiva del INS, podría violentar lo establecido en el artículo 18 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, así como en lo que respecta al artículo No. 37 del reglamento de dicha ley; asimismo, podría violentar lo establecido en el decreto No. 33146-MP, emitido en el año 2006, durante la administración del Dr. Oscar Arias Sánchez, en sus artículos No. 1 inciso f)- y No. 2 inciso a)-, que a continuación transcribimos:

“Artículo 1º—Principios. Los que ejerzan cargos de la función pública deberán comportarse de acuerdo con los siguientes principios:
a) …..;
b) …..;
.
.
f) Honradez: Deberán declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con sus deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de interés en una forma adecuada para proteger el interés público;…”

“Artículo 2º— Procedimientos. Con el fin de asegurar la vigencia de los principios enunciados en el artículo anterior, quienes sean designados en funciones ejecutivas y ejerzan cargos dentro del gobierno de la República deberán:
a) Declarar previamente, y por escrito, ante la autoridad competente, cualquier conflicto de interés por razones familiares, afectivas, laborales, profesionales, comerciales o empresariales, que pueda afectarles al tomar o participar en decisiones propias de su cargo; …”

4)- Que es fundamental traer a colación y para mejor entendimiento de los alcances del artículo No. 18 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el informe dirigido por la Procuraduría General de la República a solicitud de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con relación al expediente No. 11-000926-0007-CO, de fecha 25 de Marzo del 2011, en donde la Procuradora Ana Lorena Brenes Esquivel, dentro de su argumentación puntualiza lo siguiente:

“III. EL ARTICULO 18 LCCEIFP ES CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN

El numeral 18 de la Ley contra la Corrupción establece un régimen de incompatibilidades entre los altos cargos públicos – incluyendo los miembros de juntas directivas de las instituciones públicas – y determinadas actividades privadas.

_El alcance del artículo 18 ha sido examinado por este Órgano Asesor en su Opinión Jurídica OJ-006-2007 de 29 de enero de 2007: _

_“Como puede advertirse, las disposiciones citadas tienen la vocación de evitar cualquier conflicto de intereses que puedan enfrentar los funcionarios en el ejercicio de su cargo. En efecto, tal como dispone el reglamento de cita, la incompatibilidad se entiende como la “prohibición para el ejercicio del cargo, con el fin de salvaguardar los principios éticos que regentan el ejercicio de la función pública, evitar los conflictos de intereses y que el interés particular afecte la realización de los fines públicos a que está destinada la actividad de la Administración Pública”(inciso 23 del artículo 1º). _

_En este contexto, el legislador ha considerado como una de las herramientas tendientes a fomentar la probidad en la función pública ~~mediante la prevención de conflictos de intereses~~ el disponer que aquellas personas que ocupan los altos cargos enumerados en el artículo 18 arriba transcrito, no desempeñen simultáneamente cargos en juntas directivas de empresas privadas, ni figuren registralmente como sus representantes o apoderados, ni participen en su capital accionario, desde luego, únicamente en caso de que se configure puntualmente alguno de los supuestos contemplados, a saber: _

_a) cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas _
_b) cuando, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con instituciones o empresas públicas._

_Para el caso del primer supuesto mencionado, se trata de empresas comerciales que presten servicios a instituciones públicas justamente en ejercicio de su libertad de comercio, ya sea mediante un negocio adjudicado después de tramitarse un procedimiento de licitación, o aún cuando los servicios hayan sido contratados en forma directa o por medio de cualquier otro tipo de procedimiento de contratación administrativa. _

Por su parte, la segunda hipótesis cabe ilustrarla mediante el típico ejemplo de la actividad bancaria, en donde en el mercado coexisten y compiten tanto entidades bancarias públicas como privadas, de ahí que la norma sanamente pretende impedir que un directivo de algún banco público a su vez se desempeñe como representante, directivo o participe en el capital accionario de la banca privada, toda vez que, como es evidente, ello lo colocaría con toda claridad en una situación incompatible, dado el conflicto de intereses que significaría servir a ambas entidades que están en franca competencia dentro del mercado, ante lo cual no podría guardar la debida lealtad empresarial hacia ambas entidades a la vez.

La incompatibilidad mencionada en el párrafo anterior surgirá en cualquier hipótesis similar, es decir, cuando a nivel de mercado se produzca una situación de competencia entre una entidad pública y otra privada, respecto de la cual el funcionario se encuentre en la situación prevista por la norma en cuestión.

Así las cosas, y puntualmente en relación con la inquietud planteada, ciertamente quien ocupe un cargo de diputado no puede ejercer simultáneamente la función de representante legal ni ser propietario –en virtud de la titularidad del capital accionario- de una empresa privada que preste servicios a cualquier institución pública, como lo es el Instituto Nacional de Aprendizaje.

Ante dicha situación, la normativa arriba citada establece con toda claridad cuál es el procedimiento a seguir para esos casos, sea acreditar ante la Contraloría General de la República la renuncia al cargo que ocupan en la empresa privada y la correspondiente inscripción registral de su separación, o bien el traspaso del respectivo capital accionario.”

El texto antes indicado y tomado del informe supra citado, es base para contradecir totalmente las aseveraciones del Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros que ha dado en medios de comunicación, como los externados al Diario Extra los días jueves 20 y viernes 21 de setiembre del año en curso, el cual publicó sendas noticias sobre el tema que nos ocupa en esta denuncia.

Evidentemente, el señor Guillermo Cónstenla trata de evadir y confundir a la opinión pública diciendo que todo se debe a una confusión por una “o” de más en el texto del artículo 37 del reglamento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que según él es una copia textual del artículo No. 18 de dicha ley, cosa que no es asi, pues basta leer el artículo 37 mencionado para entender que se trata de una normativa que le da funcionalidad y aplicabilidad al artículo No. 18 de la ley (estamos adjuntando noticias de Diario Extra en referencia a nuestra denuncia y el pronunciamiento completo de la Procuraduría con respecto a la constitucionalidad del artículo No. 18 de la LCCEIFP ).

PETITORIA

Con fundamento en lo expuesto, solicitamos nuevamente se adjunte este oficio y lo aquí planteado para que sea parte de la investigación administrativa por parte de esta Contraloría General de la República, a fin de determinar si los hechos aquí denunciados resultan ajustados a derecho y si además se ajustan a los principios y normas éticas contenidas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento, y cualquier otra norma de Ley que se violente.

*PRUEBA: *

1- Copia de Certificación Literal del Registro Nacional de la Razón Social: Equipos de Salud Ocupacional Sociedad Anónima.
2- Copia de oficio No. 09101 de la Contraloría General de la República.
3- Copia de compras realizadas por Instituciones y Empresas Públicas durante el año 2012 a la Empresa Equipos de Salud Ocupacional Sociedad Anónima, datos bajados de la página de la Contraloría General de la República.
4- Copia de pronunciamiento de la Procuraduría General de la República en relación con el expediente de Sala Constitucional No. 11-000926-0007-CO.
5- Noticias de Diario Extra de los días 20 y 21 de setiembre de 2012.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Rafael Ángel Mora Solano
Asesor Político
Secretaría General ANEP

Están vacilando con el Manual de Puestos

Publicada el 04/10/2012 | por | 1 comentario

San José, martes 25 de setiembre del 2012.

Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública
Lic. Francisco Marín Monge, Viceministro de la Presidencia para sectores sociales
Sus despachos

Honorables y respetados señores

La presente misiva es para, en primer término, saludarles con respeto, de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Una vez más, como reiteradamente lo venimos haciendo hasta ya bastante tiempo, deseamos plantear ante vuestras ilustres autoridades político-ministeriales, la gran preocupación que tenemos con relación al tema del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; de lo cual hemos dejado constancia de ello en diversos espacios (televisión, periódicos, etc.) a los cuales hemos acudido y a través de los cuales hemos informado tanto al personal de base del Ministerio de Seguridad Pública, como a los respectivos jerarcas de ese ministerio, así como a la propia Casa Presidencial, y a la ciudadanía, en general.

En reiteradas ocasiones hemos enviado cartas, así como hemos asistido a constantes reuniones en Casa Presidencial solicitando información del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; así como buscando colaborar para ver de qué manera se hace realidad el mismo lo más rápidamente posible.

Sin embargo, a la fecha no hemos recibido más que un poco de palabrerías por parte de Casa Presidencial y de la propia cartera de Seguridad Pública que, incluso, se contradicen de forma bastante ridícula. Por ejemplo, en una reunión en Casa Presidencial, el señor Viceministro de Seguridad Pública, don Celso Gamboa Sánchez (a quien respetamos mucho), manifestó que “el MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA ya está terminado”, lo cual nos sorprendió; y, además agregó que “la señora Xiomara Rojas de SITECO lo sabe y ella participa constantemente en reuniones sobre el tema del Manual”, lo que nos sorprendió aún más.

La ridiculez estriba en que la propia Casa Presidencial, supuestamente, había solicitado información a las jerarquías ministeriales y con lo que dijo don Celso, ellos quedaron, como se dice popularmente, “detrás del palo”, y de alguna forma quedaron expuestos ante a representación de la ANEP casi que como “mentirosos”; pues se evidenció la falta de control político que existe desde Casa Presidencial para con Seguridad Pública, así como se hizo evidente la falta de respeto desde el Ministerio de Seguridad para con ellos, la Casa Presidencial.

Lo anterior lo planteamos debido a que, después, don Celso se retiró de la reunión y acto seguido ingresó la persona que en ese momento era la Directora de Recursos Humanos, doña Floribeth Castillo Canales, y manifestó que el MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA para nada estaba terminado y que el mismo estaba un poco lejos de finalizarse; ¿entonces cómo es el asunto?

Ahora bien, existen muchas expectativas dentro del personal de base acerca del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA y para nadie es un secreto que el punto máximo de interés es el tema salarial, el cual actualmente es bastante bajo y que comparado con los mandos medios y altos existe una diferencia abismal, lo que ha venido calando profundo, de manera negativa, en el sentir de las personas del personal de base de la Fuerza Pública.

Este no es un tema del cual se puede estar “vacilando”. Es un tema que para nosotros como organización responsable que somos, es muy serio y al cual siempre le hemos dado el manejo adecuado; sin embargo, da pena pensar que para las autoridades del Gobierno y del ministerio no sea así, o al menos esa es la impresión que han creado.

Hace unos días atrás empezamos a recibir llamadas de afiliados de diferentes partes del país que nos informaban acerca de la visita que estarían realizando, en conjunto, el Director de la Escuela de Policía, señor Erick Lacayo Rojas, junto con la señora Xiomara Rojas Sánchez, de SITECO; visitas en las que ambos estarían manifestando que andaban juntos trabajando el tema MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA y que “SITECO era quien lo estaba impulsando”.

Esto nos da para creer más firmemente en nuestra tesis de que, al parecer, a las autoridades ministeriales y de Gobierno, les incomoda el accionar decente, ético, responsable, beligerante, propositivo, de constante lucha en pro de los derechos de los trabajadores y de las trabajadores (derechos que, por cierto, son constantemente violentados en este ministerio), etc., que practica nuestra organización sindical; debido a que es conocido por todos y por todas que es la ANEP, la institución laboral que desde hace varios años viene dando la lucha en pro del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA.

Es bueno recordar que esta lucha llegó al mismísimo nivel de la Presidencia de la República al término de la gestión gubernativa anterior y continuó en esta en el mismo nivel. Es bueno recordar que esta lucha forma parte un proceso integral de reivindicación ante la sociedad de lo que significa ser servidor público en materia de Seguridad Ciudadana y en sus distintos cuerpos policiales, dentro de los cuales, el de la Fuerza Pública es el más numeroso.

Igualmente, se nos motiva, también, para reflexionar acerca de qué intereses puedan existir al excluir a la ANEP de tal proceso; o bien, cuál es la razón de que no contemos con el “beneplácito” institucional, con el “visto bueno” jerárquico, dado que es bien sabida por el país la independencia político-partidista de la ANEP y no nos interesa quedar bien con “patroncito”, aunque sí con las legítimas bases laborales quienes son, a fin de cuentas, lo que vale cuando la lucha sindical es genuina, no calculadora; cuando la lucha sindical es legítima, no espuria; cuando la lucha sindical es de verdad, no de mentirillas; cuando la lucha sindical es para la gente, no por encima de la gente.

Solamente bajo este prisma, podemos comprender cómo ha habido una perversa resistencia institucional en la Fuerza Pública, tratando de impedir a toda costa el ejercicio de los derechos constitucionales y legales en materia de Libertad Sindical, que son en asistirle al compañero oficial de la Fuerza Pública, don Máinor Anchía Angulo; actual integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP y pese a que ya tiene un año de haber sido electo democráticamente, a la fecha no ha podido asumir sus funciones de representación sindical de los derechos de las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP en la Fuerza Pública y a todo su personal, en general.

Denunciamos que en ello han mediado maniobras inconfesables pues pareciera que la incorporación plena de este servidor a la labor sindical de la ANEP resulta “amenazante” para un statu quo acostumbrado a la componenda y al servilismo sindical. Igualmente, debemos denunciar la diversidad de obstáculos que impiden el desarrollo organizacional de la ANEP en la Fuerza Pública, pues tenemos grandes dificultades para organización de filiales, capacitación, seminarios, talleres y otros eventos de formación sindical con perspectiva cívica valorando la especificidad estratégica del servicio de la Fuerza Pública en la búsqueda de la estabilidad democrática.

Por todo lo anterior, solicitamos con el debido respeto que como autoridades legítimas se merecen; pero, a la vez exigirles, con vehemencia, como representantes de los trabajadores y de las trabajadoras del Ministerio de Seguridad Pública, la totalidad de la información acerca del estado real y actual del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; así como demandamos una contundente a la legítima interrogante de por qué no se ha implementado a la fecha.

¿Acaso el deliberado y malintencionado retraso en la implementación del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA tiene que ver con que a algunas jerarquías no les sirve que se implemente el mismo; a raíz de la competitividad amenazante que se generaría para los puestos de medios y altos mandos que, actualmente, son ocupados por un selecto grupo?

Para muchos es conocido que existen muchas personas que están como rasos y poseen títulos de profesionales (incluso con grado de licenciatura), en carreras afines con las funciones policiales y con los años que estipula la ley para ostentar los mandos superiores: ó, ¿acaso es que ya está concluido y no hay presupuesto económico para su implementación?

Igualmente, es altamente notorio que los bajos salarios que se paga al personal de base de la Fuerza Pública, es un enorme obstáculo para llenar todas las plazas vacantes que existen, como bien ha sido dado a conocer, mediáticamente hablando.

Finalmente, al amparo del artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos a vuestras ilustres autoridades las respuestas de rigor.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Luis Diego Alfaro Méndez
Sociólogo-Responsable ANEP-MSP
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)