Noticias

La Democracia

Publicada el 14/08/2012 | por

Se afirma que vivimos en una democracia porque cada cuatro años votamos ordenadamente por los candidatos a los que decidimos apoyar. Hay un abstencionismo crónico que ha llegado a alcanzar algo màs del treinta por ciento en las elecciones para presidente y diputados. Generalmente el proceso transcurre en calma; y aunque con cierta frecuencia se denuncia fraudes con las papeletas, con las urnas y otras, ninguna elección ha sido anulada por ese motivo.

Pero observamos que desde hace muchos años, progresivamente, cada equipo presidencial, cada grupo de diputados trabaja peor que el precedente: la improvisación, la corrupción, la irresponsabilidad, la impunidad de muchos gobernantes campean descaradamente a vista y paciencia de los ciudadanos, sin que éstos puedan actuar contra ellos. En las llamadas democracias ha terminado por predominar la práctica de que los gobernantes, después de hacerse elegir por la mayoría del cuerpo electoral, se dedican a satisfacer los intereses de los poderosos y a medrar con ello. Y entonces pensamos ¿tiene que ser así la democracia? ¿cuál democracia es ésta, en la que el pueblo se dice soberano pero es impotente? Y con cada gobierno que pasa se repite la frustración de los votantes; y en los sectores populares y medios se incuba peligrosamente la idea de que la democracia no sirve; que lo mejor sería que viniera un ‘hombre fuerte’ a poner remedio a los males que nos afligen.

Esa idea de que debe mandar una sola persona o un pequeño grupo parece no necesitar demostración: se presenta como una verdad evidente por sí; y por eso penetra fácilmente en las capas medias y bajas y ha terminado por constituirse en uno de los bastiones del sistema de democracia representativa: el pueblo vota y la élite manda. Gobernar es difícil, se necesita experiencia y una preparación especial y el pueblo no las tiene Pero ¿es esto compatible con una auténtica democracia? Y si no es compatible ¿no sería mejor olvidarse de mejorar la ineficiente democracia y optar de una vez por un régimen autoritario? En otras palabras ¿no sería mejor la ‘dictadura en democracia’?

Hace cinco años, con ocasión de la lucha contra el TLC, escribí lo siguiente:

“…El llamado TLC (Cafta-DR) fue firmado en Washington por todos los Estados-parte el 5 de agosto de 2004; y recibió aprobación legislativa en El Salvador el 17 de diciembre del mismo año; en Honduras y Guatemala el 3 y el 10 de marzo de 2005, respectivamente; y en Nicaragua el 11 de octubre del mismo año.

Es decir, a poco más de un año de su firma, todas las asambleas legislativas de Centroamérica (salvo Costa Rica) habían aprobado el TLC, un convenio internacional de alrededor de dos mil quinientas páginas de arrevesada prosa, que a los expertos les suele tomar largo tiempo y grandísimo esfuerzo descifrar. A los que lo estudiamos y que hemos podido aprender acerca de las dificultades que presenta un anaálisis suficiente de dicho documento, nos parece evidente que, aprobado en tiempos tan cortos, en aquellos países el tratado lo fue sin haber sido comprendido e incluso sin haber sido leído por la mayoría de los diputados, y obviamente sin que los respectivos pueblos tuvieran oportunidad de saber qué estaba pasando. Es decir, se montó una patraña para cubrir las apariencias institucionales y republicanas, sin que nadie (salvo quizás algunos funcionarios fuertemente inclinados a favor de la parte contraria) tuviera una idea siquiera aproximada de las implicaciones del compromiso adquirido.

Sobre esto, que no es otra cosa que una feroz bofetada a la dignidad y a los más elementales derechos de los centroamericanos, nada dijeron ni dirán los paladines de la democracia en Costa Rica y en los Estados Unidos. Al contrtario, esos paladines estaban dispuestos a que las cosas ocurrieran igual también aquí. Entonces hay que preguntar ¿Qué significan para estos señores las palabras democracia, constitución y soberanía popular con las que llenan sus discursos?…”

Eso que sentíamos en el 2007 es lo que sentimos en el 2012: puede ser ley de la República un texto que los diputados votaron sin leer, obedeciendo órdenes de las cúpulas políticas o de sus amos extranjeros, en daño del pueblo soberano y a sus espaldas ¿es esto democracia?

En esta lección me propongo examinar este tipo de cosas.

El resto del documento lo puede acceder a continuación en documentos relacionados.

Posición oficial sobre proyecto exoneración impuesto municipal a tierras de uso agrícola

Publicada el 14/08/2012 | por | Dejar un comentario

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con una fuerte presencia de organización sindical entre la clase trabajadora asalariada del sector municipal costarricense, hemos venido dándole un serio seguimiento al debate legislativo y a la polémica subsecuente, en torno a la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.070 “Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”; iniciativa ésta que ha venido enfrentado y polarizando posiciones entre el sector agropecuario nacional y la institucionalidad política del régimen municipal.

La ANEP, dentro de los conceptos de su visión de país, aboga por profundas políticas públicas para reafirmar una Seguridad y una Soberanía Alimentarias costarricenses, (así en mayúsculas), en momentos en los cuales el cambio climático, la sequía en Estados Unidos, la política errática de este país en cuanto a la fabricación de etanol con maíz (solamente para citar tres factores); imponen un cambio estratégico profundo para que, como país, produzcamos nuestros propios alimentos básicos; de tal suerte que, al mismo nivel estratégico, es imperioso que la política pública se vuelque hacia los pequeños y los medianos productores agrícolas nacionales, dentro de la cual exonerarles de ciertos impuestos es una iniciativa correcta. Pero…

El indicado expediente legislativo 18.070, para la exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles, de un 80% a los terrenos dedicados al uso agrícola, carece de una determinación drástica, técnico-metodológica apropiada, de tal suerte que no se desvirtúe las sanas intenciones de quienes, desde distintas posiciones político-ideológicas, dicen que están de acuerdo en el apoyo a la pequeña y mediana producción agrícola nacional.

Es decir, debe establecerse en tal legislación, indicaciones precisas y contundentes que permitan establecer qué es pequeña y qué es mediana producción agrícola como para ser apoyada con una exención tributaria del calibre de la pretendida en tal iniciativa de ley.

Los grandes consorcios de producción agropecuaria, especialmente los de signo trasnacionales; la gran propiedad latifundista; las grandes extensiones de, por ejemplo, producción piñera, bananera, melonera, cafetalera, azucarera, no deben ser incluidas para consideración de la exoneración impositiva pretendida; resultando imprescindible introducir las modificaciones necesarias al indicado proyecto en tal sentido.

La ANEP tiene pleno orgullo y se siente sumamente honrada de sus relaciones con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas Nacionales (Upanacional), entidad más que legitimada en su campo. Con ella y eliminando prejuicios históricos, hemos compartido y estamos compartiendo visiones de país como la propuesta “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta CRISOL); las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; y, más recientemente, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”.

Igualmente en este último proceso, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, al conocer de la extraordinaria importancia para el sector agropecuario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), al darse la adhesión de ésta a ese proceso; la ANEP ha ensanchado y se ha enriquecido en su quehacer sindical, ampliando su sensibilidad y la comprensión de las enormes dificultades de miles y miles de compatriotas que se desenvuelven en el sector agropecuario nacional y que se expresan, con toda propiedad, a través de entidades tan legítimas como UPANACIONAL y UPIAV.

La ANEP ha tenido la oportunidad de escuchar los atinados criterios encontrados al efecto. UPANACIONAL y UPIAV honraron a la ANEP aceptando una invitación de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, visitando nuestra propia sede, y sosteniendo un productivo diálogo sobre el tema por espacio de unas tres horas. Por otra parte, recientemente, la ANEP fue invitada por parte de la Federación de Organizaciones Municipales de Alajuela (FEDOMA), y en la sede de la Municipalidad de Poás, se sostuvo un importante diálogo con las máximas autoridades políticas de las alcaldías integrantes de FEDOMA. Importantísima y calificada información nos fue proporcionada al efecto.

De la misma manera y tal como indicamos al principio de esta comunicado, diversas seccionales de la ANEP ubicadas en municipalidades de naturaleza rural, están pegando el “grito al cielo” y alertando muy seria y documentadamente a la organización, en cuanto a que así como está redactado el expediente legislativo 18.070 no debe ser aprobado, porque la gran propiedad latifundista y la de corte transnacional se ha “colado” para evadir sus responsabilidades tributarias en materia del impuesto a los bienes inmuebles.

Responsablemente, después de escuchar y valorar las diferentes argumentaciones, especialmente las que provienen de las bases seccionales municipales de la ANEP, solicitamos, públicamente y por esta vía, a la honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica que se haga justicia tanto con los medianos y pequeños productores agropecuarios (esos que se representan, por ejemplo, en entidades del sector de tanto prestigio como UPANACIONAL y UPIAV).

Igualmente, pedimos que también se haga justicia con el régimen municipal, especialmente con aquellas municipalidades insertas en zonas rurales y agrícolas del país, para evitar su desfinanciamiento, su pérdida de impacto e incidencia e incluso, para evitar reducciones dolorosas de personal, despidos, en estos duros momentos nacionales de concentración de riqueza, no de distribución de la misma.

Además, deben incluirse en el proyecto varias propuestas que las alcaldías municipales han presentado, en el marco de toda esta discusión, a fin de potenciar más la acción municipal en beneficio de las comunidades, de suerte tal que aun quedando en la eventual ley una diferenciación clarísima para la exclusión de la producción latifundista de recibir la exoneración polémica; esas municipalidades compensen lo que representa la exoneración para la pequeña y la mediana propiedad de real vocación agropecuaria en cuanto al uso del suelo. Por ejemplo, las propuestas comprendidas en una agenda compartida entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).

Qué reclamar al capitalismo neoliberal en crisis

Publicada el 13/08/2012 | por

La crisis del neoliberalismo ha alcanzado el corazón de los países centrales que se arrogaban el derecho de conducir no solo los procesos económico-financieros sino también el propio curso de la historia humana. Es la crisis de la ideología política del estado mínimo y de las privatizaciones de los bienes públicos, pero también del modo de producción capitalista exacerbado en extremo por una concentración de poder como nunca antes se había visto en la historia. Estimamos que esta crisis tiene carácter sistémico y terminal.

El genio del capitalismo siempre ha encontrado salidas para su propósito de acumulación ilimitada. Para eso ha usado todos los medios, inclusive la guerra. Ganaba destruyendo y ganaba reconstruyendo. La crisis de 1929 se resolvió no por la vía de la economía sino por la vía de la Segunda Guerra Mundial. Ese recurso parece ahora impracticable, pues las guerras son tan destructivas que podrían exterminar la vida humana y gran parte de la biosfera. Pero no estamos seguros de que, en su insania, el capitalismo no use este medio.

Esta vez surgen dos límites insuperables, lo que justifica decir que el capitalismo está concluyendo su papel histórico. El primero es el mundo lleno, es decir que el capitalismo ha ocupado todos los espacios para su expansión a nivel planetario. El otro, verdaderamente insuperable son los límites del planeta Tierra. Sus bienes y servicios son limitados y muchos no renovables. En la última generación quemamos más recursos energéticos que en todas las generaciones anteriores, nos asegura el analista italiano Luigi Soja. ¿Qué haremos cuando estos alcancen un punto crítico o simplemente se agoten? La escasez de agua potable puede poner a la humanidad frente a la destrucción de millones de vidas.

Las regulaciones y los controles propuestos hasta ahora han sido simplemente ignorados. La Comisión de la Naciones Unidas para la Crisis Financiera y Monetaria Internacional, cuyo coordinador era el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz (llamada Comisión Stiglitz) realizó un gran esfuerzo desde enero de 2009 para presentar reformas intrasistémicas de cuño keynesiano.

En ella se proponía una reforma de los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial) y de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Se preveía la creación de un Consejo de Coordinación Económica global del mismo nivel que el Consejo de Seguridad, la constitución de un sistema de reservas globales para contrapesar la hegemonía del dólar como moneda de referencia, la institución de una fiscalización internacional, la abolición de los paraísos fiscales y del secreto bancario y, por último, una reforma de las agencias de certificación. Todo fue rechazado. La ONU aceptó solamente la constitución permanente de un Grupo de Expertos de Prevención de las Crisis, al que nadie da importancia, porque lo que realmente cuenta son las bolsas y la especulación financiera.

Esta constatación decepcionante nos convence de que la lógica de este sistema hegemónico puede hacer que el planeta no sea ya amigable para nosotros, y llevarnos a catástrofes socio-ecológicas muy graves, hasta el punto de amenazar nuestra civilización y la especie humana. Lo cierto es que este tipo de capitalismo, que en la Río+20 se revistió de verde con el objetivo de poner precio a todos los bienes y servicios naturales y comunes de la humanidad, no tiene condiciones a medio ni a largo plazo para garantizar su hegemonía. Otra forma de habitar el planeta Tierra y de utilizar sus bienes y servicios deberá surgir.

El gran desafío es cómo procesar la transición rumbo a un mundo postcapitalista liberal, entendido como un sistema social que esté orientado por el Bien Común de la Humanidad y de la Tierra, que sustente toda la vida y que exprese una relación nueva de pertenencia y de sinergia con la naturaleza y con la Tierra.

Es necesario producir, pero respetando el alcance y los límites de cada ecosistema, no meramente para acumular sino para atender, de forma suficiente y decente, las demandas humanas. Es importante también cuidar de todas las formas de vida y buscar el equilibrio social, sin dejar de pensar en las futuras generaciones que tienen derecho a una Tierra preservada y habitable.

No cabe en este espacio lanzar alternativas en curso. Nos atenemos a lo que es posible intrasistémicamente, ya que no hay como salir de él a corto plazo.

Asistimos al hecho de que América Latina y Brasil, en la división internacional del trabajo, están condenados a exportar lo que se extrae de sus minas y commodities, bienes naturales como alimentos, granos y carnes. Para hacer frente a este tipo de imposición deberíamos seguir los pasos ya sugeridos por varios analistas, especialmente por un gran amigo de Brasil, François Houtart, en su reciente libro con otros colaboradores: Un paradigma poscapitalista: el Bien Común de la Humanidad (Panamá 2012).

En primer lugar, dentro del sistema luchar por normas ecológicas y regulaciones internacionales que cuiden lo más posible los bienes y servicios naturales importados de nuestros países; que traten de su utilización de forma socialmente responsable y ecológicamente correcta. La soya es para alimentar primero a la gente, y solo después a los animales.

En segundo lugar, cuidar nuestra autonomía, rechazando el neocolonialismo de los países del Centro que nos mantienen, como antaño, en la Periferia, subalternos, agregados y meros suplentes de lo que les falta en bienes naturales. Antes, debemos cuidar de incorporar tecnologías que den valor añadido a nuestros productos, crear innovaciones tecnológicas y orientar la economía, primero, hacia el mercado interno y, luego, al externo.

En tercer lugar, exigir a los países importadores que contaminen lo menos posible sus ambientes y que contribuyan financieramente al cuidado y a la regeneración ecológica de los ecosistemas de donde importan los bienes naturales, especialmente de la región amazónica y del cerrado.

Se trata de reformas y todavía no de revoluciones. Pero ayudan a crear las bases para proponer un paradigma distinto que no sea la prolongación del actual, perverso y decadente.

Sopa para cárceles costó ¢63 millones por desorden

Publicada el 13/08/2012 | por | 1 comentario

Pasta de tomate, fajitas de maíz tostadas y mucho queso rallado: esta es la lista de ingredientes de una sopa azteca para las cárceles del país, que costó ¢63 millones a Adaptación Social, según la seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional.

El presupuesto de alimentación de este año para las cárceles es de ¢7.200 millones. Los funcionarios aseguran que el menú para ellos es el mismo que se sirve a los privados de libertad.

El sindicato reclamó por ese gasto pues asegura que, aunque presos y funcionarios se deleitaron con ella, no estaba incluida en el presupuesto.

La agrupación afirmó que la sopa fue la salida que usaron los encargados de la alimentación para evitar que se botase una gran cantidad de pasta de tomate que estaba a punto de caducar.

Según su reclamo, el vencimiento de ese y otros productos se debe a un desorden con las compras de alimentos en la entidad.

Además, aseguró que, después de todo, la pasta de tomate sí se venció y que, por ello, la institución tuvo que realizar una nueva compra para reponer el producto y preparar comida.

No obstante, autoridades del Ministerio de Justicia refutaron que se haya realizado una segunda adquisición.

Eugenio Polanco, viceministro de esa cartera y director de Adaptación Social, arguyó además que nunca se cocinó dicha sopa. “Con costos estamos para darles alimentación básica a los privados de libertad. No sé de dónde saca la información el sindicato”, dijo Polanco.

El funcionario reconoció que sí había una cantidad de pasta de tomate a punto perecer.

“En enero se pidió que se consumiera porque debía ser preferiblemente antes de su fecha; se vencía como entre marzo y abril”, dijo el viceministro.

Según Polanco, luego de ser aprovechada en diferentes platillos, quedaron 960 kilos que sí se vencieron; pero alegó desconocer cuál era el costo.

Mientras, el gremio asegura que el desperdicio fue de 1.200 paquetes de cuatro kilos cada uno.

De acuerdo con sus datos, cada kilo tiene un costo de ¢3.090.

Controversia. A su vez, Martha Eugenia González, vicepresidenta de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), afirmó que cuando los encargados de la alimentación se dieron cuenta de que la mezcla de tomate caducaría, ordenaron gastarla en la sopa.

“Se vence la pasta, y entonces resulta que deben comprar otra vez porque ya habían comprado las tortillas y el queso”, manifestó la funcionaria.

Según el informe de ese grupo, el gasto fue: ¢50,3 millones en queso, ¢915.000 en tortillas y ¢11,8 millones en la nueva compra de pasta de tomate.

Manuel Fernández, director administrativo de Adaptación Social, sostuvo que no hubo segunda compra, sino que, tras un análisis técnico, al producto se le dio un periodo de gracia.

Alegó que tampoco era obligatorio cocinar sopa azteca.

Fernández añadió que la gran cantidad de pasta de tomate se adquirió a finales del año pasado con el fin de que alcanzara para los primeros meses de este año.

Polanco, por su parte, justificó esa decisión en que el Ministerio de Hacienda entrega el presupuesto en tramos. “Entonces, lo que se hace es comprar un poco más en el último trimestre para cubrir”, argumentó.

Alertas. Los miembros del sindicato sostuvieron que hay otros productos que expiraron.

El 5 de julio, Freddy Zúñiga, funcionario del área de nutrición, realizó un análisis en el que, dijo, halló que la mantequilla y el ponche de frutas en la cárcel La Reforma también expiraron.

Según Zúñiga, como las compras se realizan en las mismas fechas, los productos de otros centros también están vencidos.

¿Por qué trasladar dependencias del MINAE al INBIO?

Publicada el 13/08/2012 | por

Licenciado
René Castro Salazar
Ministro
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte.

Nuestra organización se ha enterado por diferentes medios de comunicación de la iniciativa promovida por el despacho ministerial a su digno cargo, en cuanto a trasladar una serie de unidades productivas a un edificio común, buscando una reducción de gastos operativos y una mejor gestión institucional.

Preocupa a nuestra organización que el edificio propuesto para hacer el traslado de unidades muy importantes de ese Ministerio sean las instalaciones que actualmente ocupa el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), el cual se encuentra ubicado en la provincia de Heredia.

Y es que unidades tan importantes como lo son las relacionadas con el Viceministerio de Agua y Mares, como lo es la Dirección de Agua (la cual atiende una importante cantidad de usuarios por día y que siempre ha estado brindando sus servicios en San José), pareciera no ser la mejor opción que sean trasladadas a una provincia; máxime si tomamos en cuenta lo que establece el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Reglamento de Organización de la Dirección de Agua que dispone que la oficina central de esta dirección deberá estar en San José como capital del país. A las dos unidades institucionales indicadas, se adicionarían ~~según se nos ha indicado~~, el propio Instituto Meteorológico Nacional (IMN), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Pensamos que lo mejor es obtener de su parte una versión oficial antes de emitir criterios definitivos. Al respecto, sí parece prudente que se considere lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los estudios que fundamentan un traslado de dependencias del MINAE a la sede del INBIO?

2. ¿Por qué el INBIO?

3. ¿Cuánto dinero “economizaría” el MINAE?

4. ¿Cuánto hay que pagarle al INBIO por concepto de alquiler u otros?

5. ¿Qué contiene, integralmente hablando, un eventual contrato con el INBIO?

6. ¿Cuáles son las dependencias del MINAE que, definitivamente, se han de instalar en la sede del INBIO?

7. ¿Cómo se ha previsto el traslado del personal trabajador asalariado de cada entidad sujeta a cambiar de sede?

8. ¿Se les dará transporte colectivo institucional?; ¿se les dará el dinero, contante y sonante, por un desembolso adicional para el pasaje de autobús cotidiano al aumentar las distancias del desplazamiento?

9. ¿Se ha previsto algún riesgo de tipo jurídico en cuanto a que algunas de las entidades a trasladarse, por ser de naturaleza “nacional”, tengan su sede en otra ciudad que no es la capital de la República?

10. ¿Cómo se hará con la población usuaria de las diferentes dependencias para que se enteren de tales traslados?

11. ¿Cuáles serán las facilidades de desplazamientos de la población usuaria de los servicios de las dependencias a trasladarse?

12. ¿Se ha considerado las dificultades de tránsito, de tiempo, de costos de transporte para estas poblaciones usuarias?

13. Cualesquiera otra información adicional que permita tener una mayor comprensión de lo que estamos planteando.

Como verá usted, señor Ministro Castro, son bastantes las interrogantes que han surgido al respecto y que es sumamente importante que sean respondidas en el menor plazo posible. En todo caso, oficialmente y por esta vía, nos urge ser atendidos por su digna autoridad al respecto.

Quedando en espera de su importante respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Exigimos el manual de puestos en Migración y Extranjería

Publicada el 10/08/2012 | por

Informamos y ponemos en conocimiento a nuestros afiliados y afiliadas de la Policía de Migración y Extranjería, que después de 4 años, para tener listo el manual de clase de puestos y nuevas bases salariales, es una barbaridad que no haya salido a un este documento, imprescindible para las mejoras salariales de los trabajadores y trabajadoras.

El día 6 de agosto se dio una reunión de convocatoria con el señor Viceministro de Hacienda y cuál fue la sorpresa, que las jefaturas de dicha institución no sabían porque se les convocó, no tenían siquiera conocimiento del proceso de la elaboración del Manual de Puestos.

Los funcionarios que laboran para migración, representados por la Seccional de la ANEP, estamos cansados de tanta burla, y mientras tanto, seguimos poniendo en riesgo nuestras vidas en la calle, ganado un sueldo de hambre, por esta razón hay que prepararse para un movimiento en los últimos días nos mas espera y nos mas mentiras.

Exigimos mejoras en la Municipalidad de Puriscal

Publicada el 07/08/2012 | por | Dejar un comentario

Señor
Manuel Espinoza Campos
Alcalde
Municipalidad de Puriscal

Estimado señor:

Reciba el saludo cordial de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a la vez exponemos lo siguiente:

Primero: Atendiendo la solicitud de la ANEP el día 24 de julio del presente año, se llevó a cabo reunión con su persona y con la señora Vice Alcaldesa de la Municipalidad a su cargo, así como los miembros de la Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Puriscal y la compañera Iris Cervantes Paniagua, responsable de atender a las personas afiliadas en la indicada municipalidad.

Segundo: En dicha reunión se trataron temas y se tomaron acuerdos para atender, entre otros, los siguientes:

a) Compra de armas para los Oficiales de Seguridad.
b) Mejoras en la planta física del plantel municipal.
c) Actualización al Reglamento de Viáticos.
d) Compra y entrega de uniformes para los oficiales de seguridad y los trabajadores operativos.
e) Solicitud de colaboración por parte de la Dirección General de Servicio Civil, a fin de analizar posible reclasificación a las clases de puestos que ocupan los Oficiales de Seguridad en la Municipalidad de Puriscal.

Tercero: En cuanto a los puntos a), c) y d); al día de hoy no tenemos conocimiento de las gestiones que ha realizado la Administración en atención de los mismos.

Cuarto: Referente al punto b), extraoficialmente se nos ha indicado que la profesional municipal responsable, ha indicado que no se pueden realizar mejoras en el lugar donde se encuentra el plantel por cuanto ahí existe una naciente de agua. Al respecto le solicitamos se busque las opciones factibles a fin de proporcionar a los trabajadores que se ubican en el plantel, loas condiciones apropiadas para su estancia en dicho lugar, o que se analicen otras posibilidades que ayuden a dar solución al problema.

Quinto: Los miembros de la Seccional ha hecho entrega, ante la Alcaldía, del Reglamento actual con el objetivo que se le hagan las correcciones pertinentes y se cumpla con los trámites correspondientes para su aplicación.

Sexto: Con respecto al punto e), los trabajadores y los compañeros de la Seccional, han recopilado la información necesaria y la han entregado en la Alcaldía, a fin de contar con el expediente que se llevará a la Dirección General de Servicio Civil, para el asesoramiento respectivo en aras de hacer justicia a los oficiales de seguridad.

De manera respetuosa le solicitamos se nos informe las gestiones que, como máxima autoridad administrativa, ha llevado a cabo en cumplimiento a lo acordado en la indicada reunión.

Problemas de la Lotería Electrónica

Publicada el 07/08/2012 | por | Dejar un comentario

Licenciada
Ofelia Taitelbaum Yoselewicz
Defensora
Defensoría de los Habitantes de la República

Estimada señora Defensora:

Quien suscribe Albino Vargas Barrantes, portador de la cédula de identidad número 1-457-390, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y en representación nuestras seccionales, la Seccional de Vendedores de Lotería y la Seccional de la Junta de Protección Social y con base a lo que establecen los artículos números 12 y 13 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, procedemos a presentar formal solicitud de intervención de esa defensoría en la situación que a continuación detallamos:

En sesión de Junta Directiva de la Junta de Protección Social del 12 de octubre de 2010 (acta Nº 34) nombra dicha Junta Directiva la Comisión que elabora el Cartel de Licitación de la lotería electrónica.

Esta comisión fue la que en su momento llevo las recomendaciones a la Junta Directiva para que se tomaran los acuerdos necesarios, para que fuera designado la empresa CONSORCIO G-TECH, como adjudicataria de la licitación en cuestión.

El martes 8 de marzo del 2011 (acta nº9) se aprueba el Cartel de Licitación Pública “_DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA LOTERÍA ELECTRÓNICA EN LÍNEA Y TIEMPO REAL_” La Junta Directiva concesiona (Licitación Nº2011 LN-000002-PROV) a la empresa Consorcio GTECH – BOLT GAMING, mediante esta Licitación Pública en sesión de Junta Directiva del 9 de agosto de 2011, Acta No. 28. Este contrato ya fue refrendado por la Contraloría General de la República.

De la Proveeduría de JPS, indicaron a la Contraloría General de la República que la justificación de estudios técnicos entre los que enumeran la masificación, procurar la generación de mayores recursos para los diferentes programas sociales, contrarrestar los juegos ilegales con una oferta alternativa de productos para nuestros clientes; aducen también que la lotería electrónica internacional nunca ha sido explotada a través de microcomputadoras en cambio son terminales de venta especializadas de venta de lotería electrónica, sin embargo cabe recalcar que cuando la JPS incursiono en esta modalidad para el año 2007, fueron los servidores de la misma y los equipos de los canales de distribución (con Microcomputadoras) los que han llevado hasta el día de hoy a ser un negocio exitoso, esto se demuestra en el Informe de Labores del 2010 – 2011 ( VEASE PRESENTANCION DE LABORES 2008 – 2010 en la página de internet de la JPS) que indica lo siguiente:

“_Los productos de Lotería Electrónica están experimentando un crecimiento importante en ventas. Es decir, la tasa de crecimiento acumulada desde enero hasta junio del 2011, (en comparación a las ventas acumuladas desde enero a junio del 2010) ha crecido en más de un 49%, dato que demuestra el excelente desempeño de las ventas de los productos electrónicos en el presente año._”

Dado todo lo anterior y debido a la adjudicación de estos productos a la empresa internacional G-TECH, la misma sería la encargada de administrar y expandir masivamente las loterías electrónicas de la Junta de Protección Social; incluyendo en un futuro provisorio, las loterías pre impresas llámese CHANCES – LOTERIA NACIONAL.

Todo este actuar por parte de la Junta lesiona y vulnera la actividad laboral de los vendedores de lotería electrónica, y es que la Ley 8718 en su transitorio I, indica lo siguiente:

1. LA LEY 8718 INDICA: TRANSITORIO I.- Los vendedores de lotería que a la fecha de publicarse la presente Ley disfruten de un porcentaje de descuento de un doce por ciento (12%) por la distribución de los productos de la Junta de Protección Social, en adelante seguirán recibiendo, como mínimo, ese porcentaje como un derecho adquirido. Los demás casos serán regulados según lo indicado en la presente Ley.

No obstante lo anterior, a la empresa G-TECH se le da en el contrato un 12.79% la comisión, es decir a GTECH no solo se le mejora la comisión por venta en comparación con los vendedores nacionales, sino que además se lleva una parte importante de los fondos públicos que se recolectan por esta actividad.

Los contratos sostenidos con los diferentes canales de distribución de lotería electrónica (es decir los vendedores de lotería electrónica) que actualmente están vigentes según nota enviada el 20 de abril del 2012 a la Contraloría General de la República, indica que para el mes de mayo se dará por concluidos todos los contratos, cosa que a la fecha no ha sido notificada a los interesados; así mismo en el contrato y las negociaciones entre la Junta de Protección Social y la Transnacional G-TECH, hace alusiones de que la comisión a cancelar a los puntos de venta cuando estén bajo la administración de G-TECH, sería de un 5% hasta un 8%; mientras que la comisión de los contratos suscritos entre la JUNTA y los vendedores actuales es de un 12% como lo estipula la ley.

En nuestro criterio la JPS, le está facilitando el negocio a esta transnacional en forma ilegal porque violenta su propia ley de creación y hasta pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, transnacional que dicho sea de paso es una empresa Norteamericana – Italiana que hasta el momento no tiene ningún ligamen o arraigo con este país excepto por una inscripción ante el registro público de una empresa denominada CONSORCIO GTECH-BOLD GAMING. Pone entonces con este contrato la Junta de Protección Social en un grave estado de indefensión a los vendedores de lotería y estaría dejando así a más de 215 familias y subsecuentes sin el derecho al trabajo, engrosando las listas de los desempleados del país y en el peor de los casos siendo esas familias una carga más para el país; hay que recordar que muchos discapacitados (ciegos, minusválidos entre otros) dependen exclusivamente de la venta de loterías pues ese es su trabajo.

Los fondos que maneja la JPS, son fondos públicos y tienen que ser administrados por este ente, en el menor término que se tenga, como hasta ahora ha estado funcionando y según lo establece la ley; es decir los ingresos que recibe la Junta por la venta de los productos tienen que estar en las arcas del estado y no en manos de “_otros_”. Pero resulta que si se lee el contrato firmado entre la Junta y GTECH, encontramos que esto queda abierto, entendemos que podría superar hasta 8 días, para que esta empresa entregue los fondos públicos que se recolectan por medio de la venta de lotería electrónica, violentando con ello lo que establece la ley No. 8718, que indica que los vendedores tienen de plazo 24 horas para depositar los dineros de la venta; es decir podríamos estar en frente de un gran “_jineteo_” de dinero público.

Por otro lado es importante recordar lo que dice la ley de loterías en su artículo No. 2:

“_ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva_”.

De este artículo nos parece de primordial importancia resaltar, que según el mismo, la administración de las loterías corresponde en forma exclusiva a la Junta de Protección Social; y es que la Junta de Protección Social de San José es la institución de bien social más antigua de Costa Rica y su fin es contribuir con el fortalecimiento del sistema de bienestar, seguridad social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población que se beneficia del producto de sus actividades, es decir, de la administración de todas las loterías que existen en el territorio nacional. Por lo anterior, es contundente deducir que este fin social tan importante no puede ser trasladado a una transnacional como GTECH, cuyo único fin es el lucro.

Es importante recordar el fallo de la Contraloría General de la República de fecha 10 de setiembre de 1998 que indica lo siguiente:

“_CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las quince horas con treinta minutos del diez de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.————
Recursos de objeción interpuestos por DELTA IMPORTADORA Y EXPORTADORA, S.A., en representación de GTECH Latin American Corporation, ASESORES INTERNACIONALES EN JUEGOS IGC, S.A. y por GBM DE COSTA RICA, S.A., en contra del cartel modificado de la LICITACION PUBLICA Nº095-98, promovida por la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION Y OPERACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION DE LOTERIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA EN TIEMPO REAL, CON INVERSIÓN PROPIA.—
.———————————————-
II.- POR CUANTO: En tiempo y forma, la FIRMA ASESORES INTERNACIONALES EN JUEGOS IGC, S.A. interpuso recurso de objeción al cartel modificado de la presente licitación, basado en lo siguiente: 1) La naturaleza de la Lotería Electrónica: En la lotería electrónica, el equivalente de los billetes tradicionales son los registros electrónicos en la memoria de la computadora central. En su criterio, quien administre los equipos, administra los billetes, aunque los sorteos los haga la Junta, por lo que un aspecto esencial de la Lotería quedaría bajo el control del adjudicatario a quien, de acuerdo con la licitación, le corresponde la “responsabilidad total…por la administración y operación de todas las fases del sistema de proceso de información, incluyendo el equipo, software y los servicios ofrecidos en la oferta, y que otro elemento técnico o de recursos humanos que se requiera para el satisfactorio funcionamiento.” Alega que, conforme al pronunciamiento de la Procuraduría General de la República NºC-057-97 del 17 de abril de 1997, el Procurador General de la República estableció que la Administración de la lotería debe corresponder en forma directa y total a la Junta, de modo que no cabría una contratación como la que se propone, en que una parte esencial del sistema queda en manos del operador. Aduce que lo único compatible sería un arriendo de los equipos, software y el suministro de servicios de capacitación, pero no lo que se propone en cartel. 2) El cartel encubre una forma ilícita: En criterio de la objetante, la figura empleada por la Junta transgrede el pronunciamiento citado de la Procuraduría General, el cual transcribe parcialmente, por cuanto convierte al adjudicatario en “cogestor empresarial”, que corre con todos los riesgos, ya que hará todas las inversiones, y cuyo pago de “servicios” es un porcentaje de los ingresos brutos, que podrían comprometer, incluso, la utilidad de la propia Junta. Por consiguiente, en su criterio, la Junta sólo podría solicitar el arriendo de los equipos, con suministro de servicios de capacitación para operar con su propio personal los equipos de software, como alega que ocurre en países con normas legales similares a las de Costa Rica, pero no mediando una participación en los ingresos que convierta al adjudicatario en cogestor empresarial, asumiendo los riesgos (y en su caso, la ganancia) que por ley corresponde asumir a la Junta. Al adjudicatario, en su opinión, sólo debería corresponderle suministrar bienes y servicios como un elemento más del costo de la operación, cuya gestión le corresponde íntegramente a la Junta_.”

Como se desprende de la lectura anterior, ya en el año 1998 habían querido meter a esta transnacional a administrar los juegos de la lotería que le corresponde a la Junta de Protección Social administrar.

Un último, un tema que es más que prioritario tratar, tiene que ver con el riesgo para la salud pública que conlleva el contrato con esta transnacional, y es que en la actualidad no hay más de 190 puestos que venden lotería electrónica, y a la empresa GTECH, se le están autorizando más de 1000 puestos (entendemos que serían como 1400 puestos); esto sin lugar a dudas traerá una promoción excesiva de los juegos de azar, pues además esta empresa invertirá una gran cantidad de dinero (aproximadamente más de $2 millones de dólares) en la promoción de los juegos, conllevando esto un aumento de los problemas por ludopatía (adicción a los juegos de azar) que afectaría en forma impactante a nuestra sociedad. Aquí tendríamos que confrontar este contrato con lo que establece la reciente ley que aborda el problema de la ludopatía.

Por lo anterior, solicitamos en forma respetuosa pero vehemente una urgente intervención de la Defensoría de los Habitantes en este asunto que estamos denunciando, por considerar que hay una serie de graves afectaciones no solo para los trabajadores vendedores de lotería, sino para toda la población en general. Además estamos adjuntando alguna documentación importante para su análisis en esta denuncia.

Paro laboral en la Municipalidad de Oreamuno

Publicada el 06/08/2012 | por | Dejar un comentario

Desde las 6 de la mañana de este lunes 6 de octubre de 2012, un importante grupo de trabajadores de campo de la Municipalidad de Oreamuno, provincia de Cartago, decidieron paralizar sus labores de aseo y limpieza comunal, ante la reiterada intransigencia de las autoridades políticas de la Alcaldía de Oreamuno que en los últimos seis años se niegan a acudir a la mesa del diálogo y de la negociación, para establecer una negociación colectiva de trabajo, con base en una propuesta formulada por la ANEP en su momento. Incluso, la intervención reiterada del MInisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hasta la fecha ha resultado infructuosa para superar la errática posición contra la negociación de las indicadas autoridades políticas de Oreamuno.

La petición de la ANEP para una nueva acción interventora de dicha cartera ministerial a raíz del indicado paro laboral de esta fecha, se ejecutó de manera oportuna y hubo una conversación telefónica entre el Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comprometiéndose este jerarca a visitar la oficina de la señora alcaldesa para conversar sobre todo esta problemática, el lunes próximo, 13 de agosto. A la vez, por solicitud del indicado jerarca se apersonó a la sede de la Municipalidad de Oreamuno, el Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Relaciones de Trabajo del MTSS. Por esta acción que podría abrir en serio una oportunidad a la negociación, los trabajadores en huelga volverán a sus trabajos dando así un compás de espera hasta el lunes 13.

Dentro de las situaciones que molestan a los trabajadores está de por medio un cierre técnico del plantel municipal, habida cuenta de las condiciones deterioradas que representa para la salud de los trabajadores de campo en huelga. Por ello es que urge el diálogo y la negociación que la ANEP está solicitando.

Alza en el agua: La desprestigiada Aresep, ¡otra vez!, golpea al pueblo trabajador

Publicada el 01/08/2012 | por | Dejar un comentario

Nuevamente ha quedado en evidencia el papel que en contra de los bolsillos del pueblo trabajador viene asumiendo, sistemáticamente, la hoy muy desprestigiada y poco creíble Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); esta vez, con ocasión del aumento que está aprobando en las tarifas del agua y de los alcantarillados sanitarios.

Ha sido la propia Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la señora Jessenia Calderón, quien se encargó de poner en la picota esta nueva acción de la Aresep en contra de la gente, del pueblo trabajador: El aumento en la tarifa del agua será altamente perjudicial para los hogares y grandemente favorable para las empresas, el comercio y el propio Gobierno. Tan valiente acción de la indicada jerarca merece un aplauso y un respaldo popular.

La errática decisión de la Aresep en este caso de las tarifas del agua, muestra a las claras que el rumbo general del país sigue siendo el de la concentración abusiva de la riqueza; y, como corolario, el fortalecimiento de un injusto proceso de empobrecimiento que afecta a las mayorías trabajadoras, tanto las que cuentan con empleo informal como las que se desenvuelven en el ámbito del cuentapropismo.

Aresep debe ser sometida a una profunda “intervención quirúrgica”. El pueblo no cree en ella. Si bien sabemos que la abrumadora mayoría de su personal muestra un gran profesionalismo, le hegemonía política en su interior no está del lado de los que menos tienen en este país.

Sus audiencias son ya asuntos de forma, insustanciales, donde, por lo general, las personas usuarias de los servicios públicos cuyas tarifas regula, están totalmente indefensas ante una orientación ideológica que ha desprestigiado, totalmente y de cara al pueblo, a esta entidad; misma que, en buena lid, debería dedicarse a aportar, desde su ámbito de trabajo, para que el país volviera a la senda del bien común. Todo lo contrario: Aresep impulsa el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Pese a todo el escepticismo de la efectividad de acciones jurídicas en este tipo de situaciones, la ANEP está analizando ya cuál podría ser el mejor recurso legal para enfrentar la pérfida decisión de la Aresep, perjudicando con la abusiva alza en la tarifa del agua a quienes menos tienen. Concretada esta aspiración nuestra, la daremos a conocer por esta vía.