Categoría: Noticias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra el Director de Tránsito, Germán Marín tras las sanciones que se le han impuesto a los dueños de autobuses o microbuses que movilicen personas a puntos de concentración por la huelga.

Para el departamento de asesoría jurídica de la ANEP, la amenaza que lanzó el director de tránsito en un medio de comunicación nacional es una clara violación a los derechos constitucionales de los trabajadores expresados en el artículo 61 de la Constitución Política, así como el artículo 396 del Código de Trabajo y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde el pasado 10 de setiembre, las organizaciones sindicales declararon una huelga nacional indefinida para protestar contra el expediente legislativo 20.580, debido al panorama han tenido que movilizar a personas de todas las zonas del país hacia la Asamblea Legislativa, Casa Presidencial y a otros puntos de concentración.

Sin embargo, la declaración amenazante del Director de Tránsito a los conductores de transporte público provocó que desde el pasado 18 de setiembre del 2018, los choferes de los autobuses que prestaban el servicio a las organizaciones sindicales se negaran a brindarlo, dificultando el transporte de las personas manifestantes como se había venido realizando días atrás.

“Estas declaraciones realizadas desde la Dirección de la Policía de Tránsito a nuestro criterio han tenido como finalidad causar un entorpecimiento al ejercicio del movimiento de huelga, que están realizando las organizaciones sindicales, tratando de debilitar el movimiento y violentando las normas nacionales e internacionales que le prohíben a los Estados, entorpecer el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la huelga. La utilización de los mecanismos de amenazas y sanciones a las personas que participan o colaboran con el movimiento, es una clara violación a la libertad sindical, que podría constituir una infracción a las leyes laborales y prácticas laborales desleales.”, indica el documento.

Otro de los aspectos que se destacan en el recurso es que se violenta el principio de igualdad, establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, debido a que en elecciones presidenciales y municipales se presta el servicio de transporte de personas para diversas actividades sin que se aplique sanción alguna. “Se está limitando el libre ejercicio de un derecho fundamental, abusando del poder de Dirección de la policía de Tránsito”.

“En vista de lo anteriormente expuesto, solicitamos a su autoridad, declarar con lugar el presente recurso de amparo, por la clara intención del señor Germán Marín de limitar el derecho constitucional de los trabajadores de irse a huelga, sin justificación administrativa ni judicial alguna, lo que demuestra el uso abusivo del poder que ostenta como Director General de la Policía de Tránsito, para mitigar, constreñir y restringir el derecho constitucional a la huelga que tienen los trabajadores costarricenses”, indica el recurso.

• Sector productivo nacional molesto por exoneraciones a exportadores, importadores y zonas francas en proyecto fiscal

Debido a la situación actual con el proyecto del Combo Fiscal, las organizaciones campesinas representadas por la Cámara Costarricense de Productores hacen un llamado al gobierno a no hacerle más daño al sector productivo nacional y la intransigencia de no escuchar las demandas de los productores que ya no aguantan más impuestos.

“Nosotros defendemos ahora y siempre el sector productivo nacional. Otros sectores negociaron la exoneración de las exportaciones y las zonas francas, a costa de grabar la producción nacional que genera unos 600.000 empleos. Nuestro sector agropecuario no acepta el 1% que se le quiere imponer al agro, ni gravar a la canasta básica”, indicó José Oviedo, miembro de la Cámara y Presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense.

De acuerdo con el proyecto fiscal en su artículo 8, sobre exenciones establece que “están exentos del pago de este impuesto: 1. Las exportaciones de bienes, así como las operaciones relacionadas con estas; la introducción de bienes en depósitos aduaneros o su colocación al amparo de regímenes aduaneros y la reimportación de bienes nacionales que ocurren dentro de los tres años siguientes a su importación”.

Asimismo, el texto excluye de impuestos la compra de bienes y la prestación de los servicios que sean destinados a ser utilizados para la producción de bienes y servicios destinados a la exportación. Además, no se incluyen los servicios prestados por contribuyentes de este impuesto cuando se utilicen fuera del ámbito territorial del impuesto.

“El gobierno lo que pretende con los impuestos a la canasta básica y la trazabilidad es poner al agricultor a ser recaudador de impuestos. Aproximadamente 250 mil agricultores deben declarar mes a mes y no saben si le van a comprar el producto, cuando ya pagaron los impuestos; esto podría provocar pérdidas económicas”, comentó Luis Corea Martínez, presidente de arroceros de Guanacaste.

“Nos sentimos burlados”
El grupo de productores agropecuarios manifestaron sentirse burlados por el presidente Carlos Alvarado, debido a que durante campaña política firmó un acuerdo con los sectores para fortalecer el agro. Sin embargo, dichos compromisos de campaña solamente quedaron en el papel.

“Nos sentimos burlados, traicionados. En el documento uno de los puntos consistía en realizar los ajustes necesarios a la normativa de registros de agro insumos con el fin de abrir el mercado a la competencia y reducir los costos de los agro insumos que encarecen la producción nacional respecto de nuestros demás socios comerciales. Actualmente, con el plan fiscal más bien nos quieren perjudicar”, agregó José Oviedo.

Los productores esperan que el Gobierno de la mano al agro para salir del estancamiento en el que se encuentra y que se retire el proyecto 20.580.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó al Departamento de Inspección Judicial realizar una investigación en contra de algunos jueces y la magistrada Julia Varela, luego de los hechos denunciados por Diario Extra, con relación a un chat de WhatsApp y supuestos correos electrónicos.

La denuncia de la ANEP se da luego del análisis de varios procesos de calificación de la huelga tramitados y de la publicación en las páginas de Diario Extra.

“Se ha observado que las resoluciones y manera de resolver son prácticamente la misma, al punto de que las resoluciones en algunos casos se repiten, es un –copy paste-en algunos casos, lo cual nos ha llamado poderosamente la atención”, manifestó Rafael Mora, encargado de la Unidad Jurídica de la ANEP.

Mora indicó que los jueces que están conociendo estos procesos de calificación, en su gran mayoría son interinos y estarían recibiendo lineamientos por parte de la magistrada Julia Varela.

“Con la noticia que se dio a conocer hoy nos percatamos que la magistrada ha estado consultando cómo van los procesos, y dándole línea a los jueces interinos de como agilizar la tramitación, lo cual confirma nuestra sospecha de que existen lineamientos, y de cierta forma se estaría violentando el principio de la independencia del juez”, aseveró Mora.

En la denuncia la ANEP solicita al Departamento de Inspección Judicial dar parte a la Corte Suprema de Justicia para que siente las responsabilidades pertinentes, así como se investigue si efectivamente se está incurriendo en tráfico de influencias y amedrentamiento de los jueces en su condición de internos.

Otro de los aspectos solicitados por la ANEP es que se investigue desde cuando están nombrados en los Juzgados de Trabajo del I y II Circuito Judicial de San José los jueces encargados de los fallos de ilegalidad.

Luego de que la señora Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, presentara ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario “de la República” para el ejercicio fiscal del año 2019, dos primeras conclusiones fundamentales extraemos luego de las informaciones de prensa al respecto:

Aclaramos que entrecomillamos la frase “de la República” pues lo que conoce y tramita el parlamento es solamente el 40 % de toda la estructura financiero-presupuestaria del Estado; dado que el 60 % restante lo aprueba la Contraloría General de la República (CGR).

Veamos cuáles son esas dos conclusiones fundamentales:

PRIMERA: LOS SALARIOS DEL EMPLEO PÚBLICO NO SON LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT FISCAL. Ajustamos varios años ya, muchos meses y semanas insistiendo en este planteamiento. Los datos duros del proyecto de presupuesto 2019, ¡por fin!, nos dan la razón. Los salarios devengados por los y las policías, no son los responsables del déficit fiscal; ni tampoco el de las maestras y los educadores; ni tampoco el salario del personal judicial; ni tampoco el salario del personal misceláneo, operativo, administrativo, técnico y profesional del Estado central (ministerios y entes adscritos a los mismos, por ejemplo); ni tampoco el salario del personal de los CEN-CINAI ni el salario del personal de los programas sociales a liquidarse en el corto plazo mediante el combo fiscal (por ejemplo, PANI, IMAS, Asignaciones Familiares, IAFA, Inciensa, Dinadeco, Fonabe, Conape, Comedores Escolares y otros)…. Y mucho menos, los salarios municipales.

SEGUNDA: LA DEUDA Y EL PAGO DE INTERESES DE LA MISMA ES LA RAZÓN FUNDAMENTAL DEL DÉFICIT FISCAL. Los datos duros de este proyecto de presupuesto 2019 no dan lugar para fundamentar otra razón como la causa del déficit fiscal: a) 41 % de dicho presupuesto en para tal fin (deuda y pago de intereses); b) dicha deuda y su pago de intereses creció entre 2017 y 2018, en un 52,6 % (pasando de 3 billones de colones a 4.5 billones de colones); c) el 17,5 % de crecimiento entre el presupuesto 2018 y el 2019, precisamente no tiene otra explicación más que esa: deuda e intereses. Los salarios de todos los grupos laborales indicados están ya congelados y van hacia la baja y sus respectivas anualidades van en camino de la extinción total.

Así las cosas, lamentablemente, el estrangulamiento y la asfixia económico-financiera de que ya está siendo víctima el pueblo trabajador y sus familias, nos conducen (parece inevitable) a una conflagración social de insospechadas consecuencias, de lo cual la convocatoria para la Huelga General Indefinida es un anticipo de un doloroso estallido social, muy similar al sufrido por otros pueblos de hermanas naciones de América Latina.

Estallido social provocado por la clase política hegemónicamente dominante y sus principales colectividades partidarias de la actualidad: el tripartidismo PLUSC-PAC. Prefieren la priorización absoluta del pago de la deuda y de sus intereses, vía imposición autoritaria, aunque para ello haya que violar la Constitución Política (como ya lo hicieron); en vez de darle espacio al diálogo nacional político-social y multisectorial en el cual se plantee el desafío de una transformación tributaria estructural que pueda hacerle frente al déficit fiscal con real justicia y constatable equidad.

La impresión fundamental que nos queda es que es el estallido popular y la confrontación social abierta lo que desea promover la parte económico-política hegemónica de dicha clase dominante. Pareciera que ha llegado a su fin la Segunda República…

San José, sábado 1 de setiembre de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General,
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador, Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia realizar estudios técnicos en materia de Salud Ocupacional, a efectos de determinar la conveniencia de los nuevos roles que se implementaría en el OIJ y la Sección de Cárceles.

La gestión fue realizada por Mainor Anchía, Directivo Nacional de la ANEP, luego de conocer que en el OIJ se podría implementar el rol conocido como 2×2×2 (dos días de día en jornada de 12 horas, dos días de noche en jornada de 12 horas y dos días libres), tanto en la Sección de Cárceles del OIJ, así como en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial; en tal sentido, nuestra organización sindical, conoce la jurisprudencia que determina que la jornada laboral de los funcionarios policiales podrá ser de hasta doce horas diarias, con un descanso de una hora y media.

Dicha solicitud ya fue trasladada por el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia al Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza para su debida atención.

Mainor Anchía sobre solicitud

ANEP solicita estudios de Salud Ocupacional en roles del OIJ y la Sección de Cárceles by EugenioGuerrero on Scribd

El combo fiscal (20.580), no elimina las causas estructurales del déficit fiscal. Está demostrado que este paquete de impuestos y recortes, generará menos actividad económica impactando negativamente el desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión. El costo de vida se encarecerá por los nuevos impuestos al consumo, la regla fiscal desmantela los programas sociales y se ejecuta una reforma de austeridad laboral y salarial arbitraria y sin sustento técnico.

En lugar de aplicar políticas que recuperen la enorme cantidad de impuestos que se defraudan y que reduzcan la carga sobre los más pobres, lo que impulsa la alianza política legislativa a favor de sectores económicos poderosos y reaccionarios, es el ataque al poder de compra del pueblo y la prestación de servicios sociales que brinda el Estado costarricense.

Las organizaciones sindicales y sociales, siendo responsables con Costa Rica, elaboraron y presentaron la propuesta de “Reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica”.

Se trata de un conjunto integral de 39 propuestas, de las cuales 10 refuerzan el impuesto sobre la Renta, único tributo ligeramente progresivo con altísimos niveles de defraudación fiscal (equivalente al 95% del déficit fiscal). Además, se incluyen 14 medidas de lucha frontal contra el fraude fiscal y corrupción, donde se incorpora una propuesta para mejorar el cobro de impuestos en las aduanas (ausente en el combo fiscal) y otras tantas propuestas de reactivación económica y contención inmediata.

Esta propuesta integral podría recaudar hasta 4,2 % del PIB en nuevos ingresos. Supera en 2 veces y media la recaudación del combo fiscal, sin necesidad de más impuestos al consumo, a la canasta básica y sin desmantelar los servicios. Dicha propuesta garantiza una inclusión social y equitativa distribución de la riqueza.

Resolver el déficit fiscal no es un tema de mayorías parlamentarias automáticas, ni de tecnócratas de escritorio. Está demostrado con la oposición al perverso combo fiscal y la exigencia de inclusión de nuevos sectores sociales al debate fiscal nacional. El movimiento sindical, en unidad consolidada y en conjunto con los y las trabajadoras, ha definido un plan nacional para confrontar esta arremetida, el cual se dará a conocer paulatinamente, a medida que se desarrolle el movimiento.

A partir del 10 de setiembre de 2018 se inicia una lucha patriótica, en defensa de la clase trabajadora, la calidad de vida de miles de costarricenses y a la soberanía nacional.

Llamamos a las familias costarricenses, al sector trabajador, al estudiantil, agropecuario, solidarista, cooperativista, Iglesia Católica y legisladores a que se comprometan activamente con este movimiento patriótico.

¡El déficit se resuelve con justicia, equidad y diálogo social!
Movimiento Unitario Sindical Costarricense.

San José, 30 agosto 2018.

Última modificación: 30 de agosto de 2018 a las 10:07

Propuesta Tecnica Final Aju… by on Scribd