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Acuerdo Bilateral entre la Unión Nacional de Vendedores de Lotería (Unavelot) y laAsociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Seccional ANEP-JPS

Considerando:

Primero: Que las aspiraciones por una Costa Rica más justa, más inclusiva, más solidaria, con la menor desigualdad posible y con las posibilidades más firmes de movilidad social, son ideales comunes tanto para la Unavelot como para la ANEP y su Seccional ANEP-JPS.

Segundo: Que a lo largo de la historia republicana nacional, costarricenses ilustres, hombres y mujeres, lucharon, de múltiples formas y desde diversas visiones, por heredarnos una Patria solidaria y justa, inspirada en la búsqueda y promoción del bien común para el bienestar de las mayorías populares.

Tercero: Que una de esas herencias institucionales sublimes que recibimos, fue la Junta de Protección Social (JPS), entidad benemérita en la lucha contra la injusticia, la desigualdad y la exclusión sociales.

Cuarto: Que tanto las personas trabajadoras que brindan sus servicios laborales a la JPS, en condición asalariada; como aquellas personas que se dedican a la venta de lotería, se constituyen ambos en segmentos del amplio concepto de clase trabajadora, por lo cual la gama de intereses, aspiraciones, sueños y esperanzas es altamente convergente como para aunar esfuerzos en pro de un ideal común: la defensa de la institucionalidad de la JPS.

Quinto: Que siendo la JPS una herencia institucional republicana profundamente arraigada en el alma del ser costarricense, resulta de imperiosa necesidad velar porque siempre conserve su filosofía humanista de aportar a los sectores sociales más desvalidos de nuestra colectividad; de tal suerte que la promoción del mero lucro y una lógica mercantil de acumulación, nunca conspiren contra ni acaben con esa filosofía humanista que ha exhibido en su yalegendaria trayectoria de más de 150 años, rumbo a su bicentenario.

Sexto: Que en un escenario nacional y global-internacional como el actual, que se ha vuelto promotorde la exclusión y de la desigualdad; entidades como la JPS se vuelven más que necesarias, tornándose imprescindibles, a fin de impedir que quienes menos tienen incrementen sus sufrimientos; de tal suerte que es urgente que la JPS conserve por siempre su institucionalidad republicana promotora del bien común.

Sétimo: Que en tal sentido, las organizaciones sindicales suscribientes de este documento, adversamos toda forma de acción político-gerencial que pretenda quitarle el carácter de entidad social a la JPS; oponiéndonos, rotundamente, a cualesquiera forma de privatización, en todo ó en parte, de su estructura de funcionamiento, dedicada, como sabemos, a ayudar a la sobrevivencia de compatriotas en alto riesgo social y en severas condiciones de desventaja económica.

Por tanto:

I. En tal marco de condiciones, Unavelot, ANEP y su Seccional ANEP-JPS acuerdan mancomunar esfuerzos en los más diversos órdenes para actuar, en coordinación unitaria y como bloque laboral, ante las autoridades político-institucionales y jerárquico-gerenciales y administrativas; en todas aquellas circunstancias en que se interpreten que decisiones o pretensiones de políticas oficiales, pongan en riesgo la institucionalidad pública de la JPS, abriendo paso así a todas formas de privatización que propicien la generación de lucro privado por medio de la lógica mercantil egoísta, con los productos que la JPS genera para coadyuvar en las necesidades de sobrevivencia de los grupos sociales más vulnerables receptores de sus importantes aportes.

II. Paralelamente, los dos grupos laborales dejan constancia de su vocación de apoyo, soporte, acompañamiento y lucha compartida, cuando se trate de preservar, dignificar, ampliar condiciones de empleo y de trabajo justas y dignas para sus correspondientes integrantes; de tal suerte que las más preciadas normas del concepto del Trabajo Decente, según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como toda la normativa jurídica y jurisprudencial que informa el Estado de Derecho costarricense en el plano laboral, sea accesible para ambas colectividades laborales en aras de su dignificación plena, conjunta y particular.

III. Este acuerdo tendrá una duración de seis meses contados a partir de la fecha indicada abajo, prorrogándose de manera automática por plazos semestrales; excepto si un mes antes del vencimiento del período de que se trate, una de las partes exprese a la otra su aspiración de renunciarlo del todo, o, de adecuarlo a las circunstancias del momento para la prolongación de su vigencia.

En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.

Por Unavelot

Felipe Díaz Miranda
Presidente

Miriam Desanti García
Vicepresidenta

Cristian Rafael Solano Solano
Secretario

Por ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ronald Barrantes Moya
Directivo Nacional

Daniel Prendas Marín
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-JPS

Guatemala, 21 de Julio del 2011

El Frente llora a sus muertos

Dos dolorosos hechos de sangre enlutan al FNL

Ayer fue un día lleno de dolor y cólera. Dos dolorosos hechos de sangre enlutan a toda la militancia del FNL y al pueblo en general. Dos militantes, destacadas por su trayectoria de lucha al lado del pueblo, pagaron con sus vidas el precio de su osadía y consagraron, así, su compromiso.

Lesbia Elías Xurup, de 33 años de edad, fue salvajemente asesinada el día 21 a machetazos, en su casa de la Comunidad de La Selva, Santo Domingo, Suchitepéquez. Era miembro de las Comunidades en Resistencia contra Unión FENOSA. Ella deja cinco niños en la orfandad, entre los 3 y los 12 años de edad. Los asesinos llegaron directamente a su casa y, no conformes con darle muerte, le cercenaron una de sus manos.

Igualmente ayer, entre las 2 y 3 p.m., la compañera María Santos Mejía, de 36 años de edad, fue asesinada a balazos en la cabeza, por criminales que se conducían en una moto. La compañera era la Secretaria de Actas del Sindicato de Maquilas Independientes, miembro del FNL. Deja en orfandad a 4 hijos, entre las edades de 14 y 11 años y un bebe de 4 meses. Era miembro del FNL de la Colonia La Brigada, Zona 7 de Mixco, Departamento de Guatemala.

Estos dos hechos de sangre, que condenamos de la manera más enérgica, llenan de cólera y dolor al FNL, pues no es viable que se de continuidad a la matanza de dirigentes populares.

¡Demandamos se investiguen estos hechos de sangre
con la misma prontitud con la que se investigan otros casos!

Justicia pronta y cumplida para todos y todas
¡La Lucha Sigue!

“Yo creo, yo todavía no tengo pruebas, ni creo que las voy a tener de que Albino es un corrupto. De hecho les decía que yo lo respeto mucho, lo he considerado mi amigo y compañero durante mucho tiempo; pero no sé como interpretarán ustedes el hecho de que una persona, sea Albino o cualquier otro pretenda mantenerse más años de los 20 en el poder, en una organización.”

Lamentablemente, la Tendencia de Albino Vargas realiza una irresponsable campaña de manipulación de estas declaraciones, difundiendo videos y volantes que omiten la segunda parte de las declaraciones, con el fin de eliminar el verdadero sentido de estas palabras. Como dice la sabiduría popular “Una Verdad a medias, es una mentira completa”.

Manipular la información diciendo sólo una parte de la verdad, es una ofensa a los y las afiliadas del sindicato. Hacemos un llamado a la dirigencia política de la Tendencia Trabajo para que ofrezca una disculpa pública a todas y todos los afiliados, por esta manipulación ofensiva.

Cuando en el otro grupo manipulan así la información es porque en el fondo no quieren hacerle frente a un debate sano. Esto demuestra que nuestro movimiento se hace sentir cada día con mayor peso. Mantenemos en firme nuestro compromiso por un sindicato que garantice una verdadera transparencia, un sindicato en donde los afiliados tengan total acceso a la información.

Tendencia Rescate

¡Rescatemos ANEP con democracia y transparencia!

San José, 12 de julio de 2011.

Señores

Francisco Marín Monge
Vice Ministro de la Presidencia

José Luis Araya Alpízar
Vice Ministro de Hacienda

Gobierno de la República de Costa Rica

Estimados señores Vice Ministros:

La Junta Directiva, de nuestra Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, con mucho entusiasmo y alegría, hizo correr un volante entre las y los agentes de seguridad de este cuerpo policial, donde se destaca entre otros elementos, que el “Gobierno acepta dar los 700 millones de colones para pagar la deuda salarial que se tiene con la Policía Penitenciaria”… “¡¡¡Los 700 millones ya están seguros¡¡¡ Todos y todas ganamos: 1) Se ganó el pago de la deuda para quienes trabajamos en la Policía Penitenciaria… Nos corresponde ahora lograr la norma legal que lo autoriza, vía parlamento”…

Todo lo anterior, en razón del acuerdo que sus autoridades firmaran el pasado viernes 1 de julio del 2011, con nuestro Secretario General, señor Albino Vargas Barrantes y otros respetables representantes de los distintos cuerpos policiales participantes.

Al igual que la Directiva de nuestra Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, nos regocijamos, aplaudimos y nos llenamos de alegría, que al fin el Gobierno, según lo anunciado en el volante de comentario, haga formal reconocimiento a la deuda y del pago de la misma. Me llena de alegría por dos motivos: En primer lugar porque se hace justicia y reconocimiento, merecido, para con este Cuerpo Policial. En segundo lugar, porque aunque fui excluido de las últimas tres negociaciones, fui junto con el compañero Albino Vargas Barrantes y la Junta Directiva de nuestra Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, uno de los precursores y motivadores para sacar adelante la valoración salarial que dio inicio a la deuda salarial hoy reclamada, participando en casi todas las reuniones que se realizaron con las distintas autoridades.

Ahora bien, según el Dictamen C-20-2010 del 25 de enero de 2010, emitido por la Procuraduría General de la República, referido al caso de la deuda salarial que tratamos, la materia de presupuesto público, tiene reserva de ley, y nos remite en la página 19 del documento a los artículos 176 y 180 de la Constitución Política.

En lo que nos interesa, el artículo 180 Constitucional señala “El Presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de la acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.

Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior…”

De lo anterior, a no ser que haya mejor criterio, podemos desprender que la materia presupuestaria no sólo tiene reserva de ley, si no que además, la Constitución Política le atribuye, potestad exclusiva al Poder Ejecutivo, en este caso a la Señora Laura Chinchilla Miranda Presidenta de la República y al señor Fernando Herrero, Ministro de Hacienda, para la presentación de iniciativas de ley que tiendan a modificar, aumentar o crear gastos a cargo del Estado.

Conforme a lo dicho e indicado en las normas supra citadas y el acuerdo firmado por sus autoridades el pasado 1 de julio, consideramos que para que se haga efectivo el reconocimiento de la deuda de los 700 millones de colones, le corresponderá al Poder Ejecutivo, sea a la señora Presidenta de la República y al Señor Ministro de Hacienda, razonar, motivar y presentar a la corriente legislativa, para su debate y aprobación el proyecto de ley que haga efectivo el reconocimiento y pago de la deuda que tanto se merecen las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria.

Es por ello que solicitamos de forma respetuosa pero vehemente, se nos indique en qué fecha, se estará presentando por parte del Poder Ejecutivo, el respectivo proyecto de ley, en razón de asegurarle a nuestros estimables representados, el pago de la deuda, ahora reconocida, de los 700 millones de colones. A sabiendas que una vez presentado el proyecto nos corresponderá, a nosotros, movilizarnos a la Asamblea Legislativa para asegurar su trámite y votación afirmativa.

No omito indicar que la anterior solicitud se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución Política, por lo que espero respuesta en el plazo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Agradeciendo su atención , respetuosamente

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc. Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc. Señor Fernando Herrero, Ministro de Hacienda.
cc. Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
cc. Señores y señoras, Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Advirtió el Diputado Villalta que el anuncio de la Presidenta Chinchilla sobre la entrega de ¢85 mil millones, para aliviar el déficit de la institución en el año 2011, es engañoso, pues lejos de cancelar las deudas con la CCSS, lo que hace es adelantar la entrega de recursos correspondientes a próximos años.

“Es apenas un paliativo que no alcanza para cubrir siquiera el déficit proyectado de este año, que asciende a más de ¢92 mil millones”, agregó.

La deuda del Estado (gobierno e instituciones autónomas) con la Caja, según las estimaciones independientes, asciende a ¢821 mil millones, mientras las de las empresas privadas llega a ¢160 mil millones, sin que el gobierno anuncie medidas para procurar su cancelación, indicó el legislador frenteamplista.

El Diputado Villalta señaló que en el Frente Amplio no se considera correcto afirmar que la crisis de la institución este ocurriendo debido solo al crecimiento de la planilla o al costo de ésta.

Se han creado hospitales como los de Alajuela y Heredia o el de la Mujer, que requerían aumento de personal. En otros casos como en la Dirección de Pensiones si se abultó el personal por razones políticas más que por necesidades técnicas o profesionales. “Hay que hacer el balance adecuado”, dijo.

Señaló que la población demanda personal de salud de alta calidad, atención oportuna y acabar con las grandes listas de espera, mejores medicamentos, y más y mejores hospitales y en general instalaciones para atender los problemas de la salud como los EBAIS. “Para todo esto se necesitan recursos y por eso para salvar la Caja el primer paso es la cancelación de las deudas con esa institución”, insistió el Diputado Villalta.

Finalmente dijo que “el Frente Amplio llama a reanudar el diálogo entre los Sindicatos y la Caja, con el fin de llegar a acuerdos que beneficien a la Caja como institución, al personal y sobre todo a la población que requiere atención”.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, invitó a toda la afiliación de este sindicato a que el próximo viernes 22 de julio asistan a la Asamblea General Nacional Extraordinaria, para analizar las actuaciones realizadas con respecto al proyecto turístico “El Tití”. No obstante, el Secretario General manifestó públicamente su negativa a interponer sus oficios para garantizar la participación de toda la afiliación y ha guardado silencio ante la posición de algunos jerarcas que se han negado a respetar el derecho de sindicalización que le asiste a la membrecía de la organización.

En la Municipalidad de San José (MSJ), una de las instituciones con mayor afiliación de la ANEP, el Alcalde Johnny Araya Monge mediante oficio ALCALDÍA 4808-2011 deniega conceder permiso a todos los afiliados y afiliadas de la Municipalidad de San José, para que participen en la Asamblea General Extraordinaria, violentando lo establecido en la Convención Colectiva y la normativa jurídica referente al derecho de sindicalización.

Ante la postura comunicada por el Alcalde,* la seccional de ANEP en la MSJ solicitó al Secretario General de la ANEP interponer un recurso de revocatoria contra el oficio citado, negándose este a atender tal petición y rechazando de plano la solitud de la afiliación*, por lo cual el recurso de revocatoria tuvo que ser firmado por el Secretario Adjunto Edgar Morales.

Llama la atención que en la afiliación de la MSJ es donde han surgido mayores críticas al accionar de la ANEP en temas como el manejo del proyecto Titi y ha sido la membrecía de esa institución quien ha demandado de forma vehemente que se rindan cuentas y se sienten las responsabilidades jurídicas y políticas del caso.

La actitud de señor Albino Vargas ante situaciones como la presentada en la MSJ genera dudas sobre el verdadero interés que tiene en garantizar una amplia participación en la Asamblea Extraordinaria. Incluso sospechamos de una clara intención de limitar la participación de la afiliación de la ANEP en la MSJ e intentar silenciar una voz crítica que ha cuestionado el rumbo actual de la organización.

Para quienes integramos la Tendencia RESCATE nos resulta lamentable que algunos jerarcas, irrespetando el derecho humano a sindicalizarse, reconocido en la Constitución Política y en Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, denieguen la licencia sindical respectiva y que el secretario General guarde silencio o se niegue a luchar por defender ese derecho.

Queremos hacer un llamado a toda la afiliación para que no desistan en la defensa del ejercicio pleno de su derecho de sindicalización, participen de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el próximo viernes 22 de julio y exijan la rendición de cuentas claras sobre la actuación de la dirección política del sindicato en temas de tanta trascendencia política y financiera como el “Proyecto de Economía Social El Tití”.

TENDENCIA RESCATE
¡Rescatemos ANEP con Democracia y Transparencia!