Categoría: Noticias

San José, 08 de Abril del 2011.

Señores y Señoras Diputadas
Comisión Permanente de Asuntos Sociales
Asamblea Legislativa
Presente

Estimados Señores.
Estimadas Señoras.

Reciban un cordial saludo de parte de esta organización sindical y de su representación en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).

Por este medio nos permitimos plantear una serie de considerandos, así como una solicitud directa como organización sindical que vela, defiende y lucha por las reivindicaciones de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras.

CONSIDERANDO:

1- Que en La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, se está discutiendo el Anteproyecto de Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad.

2- Que en el texto sustitutivo del Anteproyecto de Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad en sus artículos 36 y 56 señalan:

Artículo 36: “_Todos los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y el personal del Patronato Nacional de Rehabilitación y del Programa de Convivencia Familiar del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, pasan a ser parte del Instituto_”.

Articulo 56: Se reforma el artículo 1 de la Ley No. 5347, Ley de Creación del Consejo nacional de rehabilitación y educación especial, de 3 de septiembre de 1973. El texto dirá: “articulo 1.
Créase el Instituto Nacional de Discapacidad, de ahora en adelante Inadis, como un órgano con personería jurídica instrumental y desconcentración máxima del Ministerio de Salud, encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y educación especial, en coordinación con los órganos e instituciones de la Administración Pública. Además, es el órgano responsable de la planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios dirigidos a la población con discapacidad, en todos los sectores del país. El Inadis tendrá la estructura administrativa que se defina vía reglamento.”

Siendo que dichos artículos inciden en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

3- Que en agosto del 2009 los funcionarios y funcionarias del CNREE manifestamos una rotunda oposición al anteproyecto denominado “_Ley del Instituto Nacional de Discapacidad_”, tanto en su forma, como en su fondo principalmente, tal cual se le comunicó a las autoridades del CNREE en su momento.

4- Que Evidentemente, tal y como lo planteado en el anteproyecto de ley, la aprobación del mismo constituiría una reestructuración del CNREE, al cambiar el nombre de la institución y trasladar el Programa de Convivencia Familiar del Consejo Nacional de Rehabilitación al Instituto de Autonomía Personal.

Según disposiciones del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda (Autoridad Presupuestaria); así como la jurisprudencia de los tribunales laborales, se ha definido que los procesos de reestructuración deben de ser ejecutados con absoluta objetividad, transparencia y seriedad. Además deben de llevarse a cabo mediante procesos transparentes, con la obligada participación de las personas trabajadoras; se debe respetar el debido proceso a las personas afectadas, a quienes se les debe comunicar oportunamente y se les debe brindar el derecho de defensa. De igual manera, según estas disposiciones debe procurarse un espacio de consulta y discusión que permita la participación activa en el proceso, de todos los actores sociales interesados, entre los que se incluyen las personas trabajadoras.

Por su parte, en el mismo sentido, la Ley 7668 _“Ley Marco de Transformación Institucional_”, establece que los procesos de reestructuración deben llevarse a cabo bajo los principios de publicidad y transparencia; y que la administración pública debe garantizar a través de la obligada consulta, la participación de las personas trabajadoras en el proceso.

5- Que como organización sindical hemos apoyado y seguiremos apoyando todos los esfuerzos, iniciativas y proyectos de modernización, que agilicen procedimientos y amplíen las funciones asignadas al CNREE en su calidad de ente rector. Nuestro compromiso con lo anterior lo mantendremos toda vez que se respete el derecho a la consulta y se incorporen los aportes de las personas consultadas, principalmente de las personas con discapacidad y del personal de la institución, bajo los principios de transparencia y el bien común.

POR TANTO:

La Seccional ANEP-CNREE solicita a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales que, en cumplimiento de la Ley 7668 “_Ley de Marco de Transformación Institucional_” el Anteproyecto de Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad, sea sometido a consulta de esta organización sindical, en representación de los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial afiliados y afiliadas a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención y respuesta a lo solicitado, se suscriben

Carmen María Chacón Mora
Presidenta Seccional ANEP-CNREE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Hazel Pérez Madrigal
Vicepresidenta Seccional ANEP-CNREE

Roger Ortega Ortega
Secretaria de Divulgación y Actas

SECCIONAL DE ANEP
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

POR JUSTICIA Y PAZ
Comunicado de prensa Nº 1:

El día 7 de abril de 2011 un medio de comunicación escrito de circulación nacional informó sobre hechos acontecidos en el Centro de Atención Institucional San Rafael de la Dirección General de Adaptación Social.

La Junta Directiva de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional por este medio, de manera muy respetuosa, insta a los medios de comunicación a revalidar su compromiso de búsqueda de la verdad, indagando sobre las versiones de los diversos actores que de un mismo hecho pueden emerger, con el fin de posibilitar la creación de conocimiento informado y de crítica constructiva sobre una determinada cuestión. Y en este asunto del Sistema Penitenciario Nacional y del Centro Institucional San Rafael, el personal tenemos mucho que advertir y no se nos han preguntado.

1) El personal del Sistema Penitenciario Nacional y su Seccional de la ANEP, no justifica actos que atenten contra la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas por parte de NINGUNA persona miembro del personal del Sistema Penitenciario Costarricense, independientemente de su posición jerárquica.

2) Pero para analizar un hecho con justicia, es necesario contextuarlo y explicar que existen condiciones, caldo de cultivo, para que se produzca.

3) Se han venido produciendo situaciones que demuestran un avanzado deterioro a nivel intencional, cuyo síntoma ha sido las constantes denuncias de actos de supuesta corrupción en diferentes Programas de atención a la población y de jerarquías institucionales. Estas, como patrón ya no solo del Sistema Penitenciario sino de la Institucionalidad del Estado, han gozado de impunidad, pues o no se les investiga, o se les investiga administrativamente y no “encuentra acto irregular” o simplemente se prolonga la investigación durante años hasta que se queda en el olvido.

4) Igualmente esperamos a que las autoridades judiciales concluyan las investigaciones en San Rafael, aplicando el principio constitucional de que “_nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario_”, pues somos conocedores como personal penitenciario del daño que sufren las personas que se ven señaladas, sus familias, amistades, compañeras y compañeros de trabajo y de cómo con este manejo de la noticia, se va minando la credibilidad en las instituciones del Estado.

5) El personal penitenciario y la ANEP hemos venido alertando a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección General de Adaptación Social y al país, del riesgo que para la Institucionalidad del país y la seguridad ciudadana y humana, significa el abandono que durante décadas se ha sometido al Sistema Penitenciario Nacional y prueba de ello han sido las investigaciones que la Defensoría ha realizado en el Buen Pastor, Reforma, y otros centros, que han dado como resultado informes integrales que evidencian el estado de violación consuetudinaria que prevalece en el Sistema Penitenciario.

6) Existen pruebas documentales que dan cuenta de la existencia de serias situaciones y condiciones de vida al interior del Sistema Penitenciario que conspiran contra el desempeño efectivo del quehacer penitenciario.

7) De esta acción de sistemática denuncia hemos participado personal del Sistema Penitenciario, personas privadas de libertad, órganos de control Defensoría de los Habitantes, Contraloría de la República; Sala IV , Jueces y Juezas Ejecutoras de la Pena, Defensa Pública entre otras del Poder Judicial y autoridades de control del Ministerio de Hacienda y medios de comunicación masiva.

8) Hemos exigido en reiteradas ocasiones, asumiendo nuestro deber de control y la exigida propuesta de soluciones como único personal experto en la materia penitenciaria, someter al Sistema Penitenciario Costarricense al escrutinio nacional, a lo que el señor Ministro y la Dirección General de Adaptación Social se han negado sistemáticamente.

9) El Ministro de Justicia y Paz antes de asumir esta administración, le solicitó al Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) actuar conjuntamente para solucionar los serios y graves problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional.

10) La ANEP realizó, de manera inmediata, un llamado a la reflexión en mayo del 2010 al personal del Sistema Penitenciario en donde se determinó que los principales problemas detectados en el sistema penitenciario apunta a:

– Ausencia de políticas integrales penitenciarias (criminológicas, de Derechos Humanos, de género, de justicia penal).

– Hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente.

– Deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: de salud, de educación, de trabajo, de relación con entorno social-familiar y comunidad y de seguridad humana; así como para responder a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad: personas con discapacidad, migratorias, exclusión, género, condición etaria, delincuencia organizada.

– Insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción.

– Limitado equipamiento, escasez y deterioro de materiales e instrumentos de trabajo para el personal y para la población privada de libertad.

– Excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo.

– Ausencia de redes de coordinación externas institucionales, estatales, empresa privada, ONG’s y otras.

En junio del 2010 se le remite al Ministro París oficio S.G. 09-11-0814-10 en donde se le brindan las recomendaciones que se consideraban en ese momento pertinentes. No obstante el señor Ministro declina tomarlas en consideración, desechando los aportes que el personal le estaba brindando y remite a la ANEP, es decir a su personal penitenciario, a que presente su documento a un organismo internacional.

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario se ha mantenido alerta sobre las actuaciones de la actual administración que continúa sin rendir cuentas, entre otros asuntos, sobre el supuesto Plan de Emergencia, el Préstamo del BID, que nos preocupa y por eso nos hemos ocupado de solicitar el Plan que lo sustenta, pues no queremos se convierta en una carretera a Caldera más, en la que todos y todas las costarricense terminamos pagando la ineptitud y posiblemente corrupción.

Le exigimos a la Administración Penitenciaria informe al país sobre los estudios técnicos que sustentan las construcciones que ha venido inaugurando, pues de eso ya tenemos experiencia pues hemos visto como se inauguran prisiones; se amplían otras; se gasta en mantenimiento y nunca se da abasto. Las cárceles nuevas se llenan; los espacios recientes se abarrotan, se les varían su supuesta misión en muy poco tiempo y nunca es suficiente lo destinado al mantenimiento de las prisiones, siempre se encuentran en un proceso de deterioro constante y acelerado, ejemplo de esto es San Rafael

La Defensoría de los Habitantes ha brindado recientemente dos informes a los que las autoridades penitenciarias, de salud, educación, trabajo, cultura, etc., tienen que dar respuesta.

No queremos más improvisación y ocurrencias delirantes. Hemos exigido idoneidad (académica y de conocimiento de la materia penitenciaria) en las personas que ocupan puestos en la Administración Penitenciaria, pues han demostrado año tras año su incompetencia para planificar estratégicamente: se subejecutan miles de millones y no se tiene claro objetivos estratégicos de desarrollo humano e institucional y mucho menos sus indicadores de evaluación.

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario respalda de manera fehaciente al personal del Centro Institucional San Rafael, pues sabemos de su ética, entrega y mística laboral de la gran mayoría.

Estaremos atentos como representantes del personal, de que no quede impune NINGÚN miembro del personal incluyendo a las autoridades superiores que haya cometido delito por acción u omisión en la investigación que están llevando a cabo las autoridades judiciales.

San José, viernes 15 de abril de 2011.

Rigoberto Gutiérrez Bravo
Presidente

Marta González Madriz
Vicepresidenta

Junta Directiva
Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

SECCIONAL ANEP-CNREE

COMUNICADO SOBRE
Consulta del ANTEPROYECTO AUTONOMÍA PERSONAL

Estimados compañeros y compañeras

En los últimos días la Junta Directiva de nuestra seccional ha trabajado en el tema de la consulta del Anteproyecto de Ley de Autonomía Personal. Como resultado de ese trabajo se elaboró un documento (ver archivo adjunto) el cual fue entregado a la Comisión de Asuntos Sociales el pasado viernes 8 de abril durante la consulta realizada a las Organizaciones de Personas con Discapacidad.

Documento en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

Tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP), saludamos, con mucho entusiasmo y emoción esta alentadora noticia que nos da cuenta de la conformación del FRENTE CÍVICO GUANACASTECO, constituido con una agenda lucha que compartimos en todos sus extremos. En verdad, vuestra conformación es una poderosísima señal de esperanza de cuánta reserva moral, ética, de honor, queda todavía en los sectores más conscientes de nuestra idiosincracia costarricense y de cómo es posible que las articulaciones de carácter cívico, como ésta, abran nuevos caminos de profundización democrática.

Estamos haciendo por esta vía, y también lo haremos por otras, una vehemente exhortación y un gran llamado para que todos nuestros compañeros y todas nuestras compañeras sindicalistas de la región guanacasteca, no solamente expresen su respaldo al FRENTE CÍVICO GUANACASTECO, sino que, con humildad se acercan a él, pidan ingreso y si se los dan, ayuden a su fortalecimiento, consolidación y desarrollo.

Además, pese a las estrecheces financiero-económicas que, como es bien sabido, aquejan todo este tipo de movimientos, en la medida de nuestras posibilidades ofrecemos nuestro granito de arena si a bien lo tienen.

¡Muchos éxitos!. Gracias por alegrarnos nuestro día con esta linda noticia.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

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Las Fuerzas vivas de Guanacaste, integradas por grupos políticos emergentes, movimientos sociales, asociaciones de desarrollo, grupos ambientalistas, comunidades que defienden su derecho al agua, comunidades costeras, reunidos el sábado 2 de abril del 2011, en el Palacio Municipal de la Municipalidad de Liberia, acordamos la integración de un gran Frente Regional, que articule una agenda de lucha por nuestra identidad, por recuperar nuestros recursos, por ello proponemos:

1. La aprobación inmediata por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, del Proyecto de Ley de territorios costeros comunitarios, que beneficiará a 54 comunidades de Guanacaste, Puntarenas y Limón.

2. Derogatoria inmediata del Decreto del Poder Ejecutivo dirigido por Oscar Arias, que le arrebata más de 600 millones de colones a las municipalidades de Liberia y Carrillo del pago del canon de los grandes hoteleros de Papagayo.

3. La recuperación de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Cabuyal que pretende ser apropiada por la familia de políticos Román Ocampo, de la Diputada del partido Liberación nacional María Ocampo.

4. Exigir el pago inmediato de la Transnacional CEMEX de los 10 mil millones de colones que le debe a la municipalidad de Abangares, ya que no quiere pagar impuestos.

5. Exigir al gobierno de Costa Rica, que respete la voluntad del pueblo de Sardinal de no entregar su agua para Mega Proyectos turísticos que se han construido sin planificación alguna. No al saqueo del agua de Sardinal.

6. Guanacaste denuncia que históricamente los recursos estratégicos que le pertenecen a su pueblo, han sido saqueados y a pesar de nuestra riqueza somos la región más pobre del país. Exigimos la creación de una Mesa de Diálogo Nacional, que construya un pacto de unidad para revisar el concepto de anexión sin condiciones, otorgada en 1824. Que devuelva un porcentaje de los recursos que produce la región por medio de la creación de una institución descentralizada, participativa y democrática, que dinamice nuestro desarrollo y potencia la autogestión de las comunidades.

7. Exigimos la reintegración inmediata de los territorios peninsulares de Paquera, Cobano y lepanto, que le han sido arrebatados a nuestra provincia.

8. Constituimos al Frente Cívico Guanacasteco con una agenda Regional, que será la base del diálogo nacional propuesto.

El Pueblo Guanacasteco, sus fuerzas Vivas se manifestarán el 25 de julio, por lo tanto este evento será un gran cabildo abierto del pueblo y espacio para abrir la Mesa Nacional de dialogo con la agenda que las Fuerzas vivas pondremos en la mesa. Si las autoridades de gobierno, no se aceptan sentarse a dialogar el 25 de julio con el FRENTE CIVICO GUANACASTECO, pues no habrá celebración este día y las autoridades de gobierno central no serán recibidas en Nicoya.

Palacio Municipal de Liberia, 02 de abril del 2011.

Frente Cívico Guanacasteco

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), próxima a cumplir 53 años de existencia, es una institución sindical del sistema democrático costarricense. La ANEP tiene como misión fundamental la protección, el fomento y el desarrollo de los derechos laborales y económicos, sociales y reivindicativos de todas las personas de la clase trabajadora que le honran con su membresía y abogando por sus intereses, en general.

Además, la ANEP, tal y como le consta a la ciudadanía, es una organización que ha construido su propia visión de país en aras de que Costa Rica se vuelva más solidaria, más inclusiva, más justa y más democrática, lo cual le permite a la organización generar posiciones críticas y propuestas alternativas, convencida como está la agrupación de que nuestra sociedad y sus gobernantes deben volver a la promoción del bien común como eje central de toda política pública.

La ANEP, desde hace muchos años, posee un terreno de alto valor turístico y comercial, ubicado en playas de Manuel Antonio, Quepos, cantón de Aguirre de la provincia de Puntarenas; y, considerando que las vacaciones son parte de la salud ocupacional de las trabajadoras y de los trabajadores, se diseñó e impulsó un proyecto de desarrollo turístico bajo los criterios de Economía Social con dos propósitos fundamentales: 1) Brindar a la membresía de la organización la opción de un turismo social en condiciones cómodas y dignas en una zona a la que, básicamente, solo tiene acceso el turismo extranjero por ser sumamente costosa. 2) Generar para la organización recursos financieros de fuentes alternativas que den cierta autosuficiencia, y darle así mayor sostenibilidad al desarrollo de la lucha sindical y social de la ANEP y de los movimientos diversos que coordinan con la misma su accionar.

Tal proyecto, aprobado en varias asambleas generales de la organización y para el cual se requirió financiamiento bancario (el cual, por cierto, tiene un respaldo de casi 30 veces el valor de la operación); enfrentó una serie de contratiempos técnicos que están siendo evaluados por una comisión de afiliados designada específicamente para el efecto; así dispuesto por la Asamblea Extraordinaria que se dedicó, el pasado 29 de enero, a analizar el asunto. Se espera para finales de abril las conclusiones pertinentes que lleven a la toma de decisiones en los ámbitos que corresponda.

No hay duda de que, por ejemplo, la crisis económica-financiera internacional de los años recientes (cuyos efectos están todavía presentes en nuestro país), generó una fuerte contracción del mercado turístico que tuvo su incidencia en el proyecto de la ANEP; fenómeno éste que afectó, igualmente, a otros proyectos similares de clásica iniciativa privada.

La ANEP, institución sindical de la democracia costarricense, tiene un sólido patrimonio que asegura la reestructuración de su proyecto de desarrollo turístico para beneficio de su membresía y de toda la clase trabajadora que confía en nuestro accionar. Igualmente, está completamente asegurada la atención de todos los compromisos derivados de la concepción inicial del proyecto. Además, las alternativas que se puedan generar, sujetas a aprobación de futuras asambleas generales, tienen viabilidades más que seguras.

Finalmente, la ANEP organización matriz, que en su interior es en sí misma un crisol de posiciones político-filosóficas que se defienden con apasionamiento, seguirá siendo un bastión en la inacabable lucha por la justicia social, por la inclusión social, por la reivindicación plena de la clase trabajadora, por el mismo desarrollo y profundización de nuestra democracia, por el bien común.

San José, martes 5 de abril de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

La cuarta consulta de constitucionalidad fue presentada por diputados y diputadas de las fracciones del Frente Amplio (FA), Acción Ciudadana (PAC) y Accesibilidad sin Exclusión (PASE), y la Sala Constitucional les dio la razón también en relación con la ausencia de regulaciones en cuestiones migratorias, sanitarias y aduanales.

Estableció también la magistratura constitucional que, además, se violentaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad por las atribuciones encomendadas al Centro Interinstitucional de Atracaderos y Marinas Turísticas (CIMAT) y a las corporaciones municipales, que son de carácter exclusivo de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

El Diputado José María Villalta considera que esta sentencia constituye “un entierro definitivo de esta iniciativa, de nefastas consecuencias ambientales y económicas, promovida por intereses puramente mercantiles, sin conciencia social”.

Explicó el Diputado Villalta “que las tres consultas anteriores, siempre impulsadas con respaldo del Frente Amplio, se fundamentaron en graves errores de procedimiento y en asuntos de contenido, pero ahora se hizo un análisis únicamente por el fondo, dando la razón, la mayoria de la Sala Constitucional, a quienes, han venido denunciando, una y otra vez, la violación del derecho al ambiente y los derechos fundamentales”.

Resaltó el legislador del Frente Amplio que, de acuerdo con la sentencia, el principio de progresividad de los derechos humanos, especialmente en materia ambiental, se ve lesionado por no incluir en la prohición de construir marinas donde existan reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales, reservas marinas y áreas marinas de manejo.