Libertarios, ¿apoyan a los morosos de la CCSS?

Según explicó el Diputado José María Villalta este proyecto “busca combatir una de las principales causas del creciente deterioro de los servicios de salud que presta la CCSS: la vergonzosa y millonaria deuda que tanto el Estado costarricense como patronos inescrupulosos mantienen con dicha institución”.

Informó el Diputado Villalta que esta iniciativa fue presentada en la legislatura anterior por el Frente Amplio, a través de José Merino del Río, y denunció el bloqueo libertario, que en su opinión busca proteger a quienes evaden sus compromisos con la CCSS y procuran la destrucción de la seguridad social, al considerar que representa_ “un excesivo costo para el patrono y no, como en realidad es, una inversión social”._

El legislador frenteamplista manifestó que los libertarios están en contra de extender las obligaciones, “a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia”, siendo un texto que se apoya en el criterio de la CCSS, que en su momento expresó “que la redacción propuesta por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera contribuye al control de la evasión y la morosidad de la CCSS”.

Dio a conocer también el Diputado Villalta el criterio de la Contraloría General de la República sobre este particular, en apoyo de la reforma: “…Estima este órgano contralor que la iniciativa legislativa de comentario es oportuna y conveniente, ya que llena una vacío en esta materia en relación con los subcontratistas”.

En aras de fortalecer la lucha contra la morosidad patronal, el proyecto reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS para mejorar la aplicación del mecanismo de control cruzado que impide a patronos morosos contratar con el Estado, tramitar licencias u obtener beneficios como exoneraciones de impuestos. “Estamos hablando de miles de millones de colones”, dijo, ya que la evasión patronal sólo del sector privado, según los Estados Financieros de la CCSS, a julio de 2010, alcanza la suma de ¢178.335.538.584 colones.

EE.UU.: Democracy Now! un medio que no se deje influir por el Estado

Sábado 20 de noviembre de 2010/ Visión Siete Internacional/

En sus quince años de existencia, “Democracy Now!” ha logrado ser emitida por 900 emisoras en todo el mundo como un servicio de noticias internacionales “que no se deja influenciar por el Estado, las empresas, o por los fabricantes de armas cuando se trata de coberturas de guerras, por ejemplo; es decir, actuamos fuera de cualquier interés corporativo. Necesitamos medios que no informen para el poder, sino sobre el poder”, dice Goodman, para quien Barack Obama debe responder ante sus electores por ciertas promesas que, ahora, llegando a las próximas elecciones, quedaron incumplidas.

Fuente: Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina.

Democracy Now! se transmite, en español, por Radio ANEP Ciudadana en internet.

Alcalde de Heredia le huye al debate

El actual alcalde de la Municipalidad de Heredia, el señor José Manuel Ulate Avendaño, del Partido Liberación Nacional (PLN), le huye al debate con sus contrincantes para las elecciones municipales del próximo 5 de diciembre de 2010.

El señor Ulate Avendaño rechazó una invitación que, en primer término de manera verbal y luego por escrito, se le formuló a nombre de la ANEP y de la Junta Directiva de la Sección ANEP-Municipalidad de Heredia. Un escueto recado telefónico secretarial, a última hora, indicó de su ausencia a tal debate.

Este intercambio de ideas, promovido con gran responsabilidad y seriedad, para el fomento de la cultura cívica y con base en el gran respeto que merece la comunidad herediana de su cantón central, se realizará, según lo planeado, el próximo martes 23 de noviembre, a las 7 de la noche, en la Sala Magna del Liceo Nocturno Alfredo González Flores.

Ya confirmaron su participación, don Frank Alonso Mendoza Hernández, del Partido Acción Ciudadana (PAC); don Raúl Escalante Soto, de Restauración Herediana; así como la señora María Auxiliadora Alfaro Chacón, de Alianza Herediana.

A ambos distinguidos ciudadanos, así como a la distinguida ciudadana, aspirantes a la alcaldía de Heredia, ANEP les agradece su madurez política, la elegancia de aceptar debatir de cara al pueblo; así como la comprensión cabal de que la rendición de cuentas es un principio democrático fundamental hoy en día.

La posición del alcalde herediano, José Manuel Ulate Avendaño, contrasta con la de su copartidario y colega de San José, don Jhonny Araya Monge, quien sí se hizo presente a una actividad similar atendiendo convocatoria de la ANEP y de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.

La cultura política del señor Araya Monge y su capacidad argumentativa le habilitó para debatir, en un marco de gran respeto y de tolerancia, con sus contrincantes de los otros partidos, en un debate de mucha altura y contenido, que tuvo lugar el pasado viernes 12 de noviembre.

Hacemos un llamado respetuoso a la prensa nacional y herediana, especialmente; así como a todas las fuerzas vivas y sociedad ciudadana del cantón central de la provincia florense, para que se hagan presentes en esta provechosa, educativa y necesaria actividad cívica.

Con especial énfasis, hacemos un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras, personas ciudadanas heredianas, para que se han presente en la actividad mencionada.

Finalmente, la ANEP censura, fuertemente, la ausencia del señor alcalde Ulate Avendaño, sin ninguna explicación posible, a este relevante actividad de democracia cívica. Esto podría ser indicativo de una serie de debilidades de gestión que le se han venido imputando y que están llevando a muchas personas electoras del cantón central de Heredia a considerar otras opciones, según informes fehacientes y múltiples recabados por la ANEP.

San José, sábado 21 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Taxistas luchan por su propia supervivencia

La Seccional ANEP-Taxistas hace público un vehemente llamado hacia la unidad de todos los gremios organizados que agrupan a las personas trabajadoras del transporte público modalidad taxi; con la finalidad de enfrentar, en mejores condiciones, el desafío que para su propia supervivencia representa la incontrolada actividad de la piratería ilegal en esta actividad.

La Seccional ANEP-Taxistas estima que el objetivo único radica en esa necesidad común de construir una alianza que multiplique las fuerzas y así reducir el enorme impacto negativo de la causa principal que lleva al gremio hacia un profundo deterioro financiero de la actividad de taxistas formales que actúan dentro de la legalidad.

La Seccional ANEP-Taxistas cree que la más amplia unidad de los diferentes grupos de taxistas, hará más fuerte el clamor por el incumplimiento de contrato por parte de las autoridades del Gobierno, dado su débil control y tolerancia de la competencia desleal en todas sus formas, representado por la piratería. Tal tolerancia gubernamental ha generado, incluso, la proliferación de piratas hasta llegar a una propia competencia entre ellos mismos, fomento de su propia división; pero, a l a vez, se está actuando en el detrimento de la imagen del taxista (choferes-concesionarios).

La Seccional ANEP Taxistas ve como imperioso superar la desunión del taxista, parando el desarrollo de luchas aisladas a nivel de grupos y por sectores; además de que hace más crónica la problemática de la desfinanciación, dificultando cumplir con el cambio de unidades y cumplir con los deberes que impone la legislación vigente para esta actividad que, reiteramos, se ejecuta dentro de la legalidad normativa que la rige.

La Seccional ANEP-Taxistas, finalmente, deja expresa su voluntad de apoyar todas aquellas luchas e iniciativas conjuntas que decida el gremio en espacios de coordinación de su necesaria unidad, para defender sus propios intereses profesionales, laborales, económicos y familiares; y, por supuesto, los de las personas usuarias de los servicios legales de taxis, razón fundamental de ser de los taxistas de verdad: concesionarios y choferes.

San José, miércoles 17 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Rigoberto Aguilar Solís
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Taxistas

Frente Amplio pide la destitución de representante de Costa Rica ante el BCIE

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, pidió a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda destituir al Lic. Jorge Walter Bolaños Rojas del cargo de Director representante del Gobierno de Costa Rica ante la Junta Directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El parlamentario hizo esa petición debido a que el Lic. Bolaños se encuentra moroso con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica desde 1996, año en el que, según confirmó esa institución, dejó de pagar la cuota de afiliación y por lo tanto se encuentra en condición de “suspendido”. Así también aparece en el sitio electrónico de esa entidad, en la dirección: http://www.cpcecr.com/suspendidos.php

Según el diputado del Frente Amplio, al ejercer actualmente el cargo de Director en el BCIE, el Lic. Bolaños está incumpliendo los incisos a) y b) del Artículo 15 de la Ley N° 7105_ “Modificaciones a la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y Sociales (N° 4505)”,_ los cuales establecen que “solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán: a) Ejercer la profesión en los campos de competencia de las Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector privado. b) Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los cuales se requieran conocimientos en materias propias de las Ciencias Económicas.”

“Como es de su conocimiento –dice el diputado Villalta a la Presidenta- el Frente Amplio está trabajando en la Asamblea Legislativa por llevar transparencia a, y democratizar, el ejercicio de la función pública. En este sentido nos parece inconveniente que la persona que representa los intereses de Costa Rica en el BCIE no esté a derecho con una obligación profesional básica, y que además este incumplimiento no se trate de un mero accidente o de una omisión coyuntural, sino que sea sostenido en el tiempo (por 14 años).”

Villalta también sugiere a la mandataria “reemplazarlo por una economista o un economista de los 26.000 que se encuentran afiliados y tienen su situación a derecho con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica.”

El Lic. Bolaños también fue Ministro de Hacienda de la administración Pacheco (2000-2004) y Tesorero del Partido Liberación Nacional durante la última campaña electoral.

Dictaminado proyecto para fortalecer la Universidad Técnica Nacional

Esta iniciativa de ley, que fortalece la Universidad Técnica Nacional, fue presentada por el Frente Amplio y se discute bajo el Expediente 17.722.

“Este proyecto se inscribe en nuestra lucha por democratizar los servicios de radio y televisión, que en nuestro país cada vez más se están concentrando peligrosamente en pocas manos”, aseguró el Diputado José María Villalta.

Aclaró el legislador frenteamplista que “Esta concesión no puede afectar las de otras universidades públicas o el SINART y tiene que darse recuperando frecuencias que están inutilizadas o mal asignadas a entes privados.”

Conflicto Nicaragua-Costa Rica: Posición del Movimiento Ecologista

A la opinión pública nacional e internacional

En relación a la destrucción perpetrada por el dragado del Río San Juan y la invasión de tropas en Isla Calero, de Costa Rica

Los abajo firmantes, miembros del movimiento ecologista y ambientalista costarricense manifiestan:

Si bien:

1. Hemos criticado fuertemente las actividades contaminantes como la minería a cielo abierto en Crucitas y la expansión piñera incontrolada y sus consecuencias sobre los cuerpos de agua nacionales e internacionales. El dragado tiene que hacer reflexionar al país puesto que esa sedimentación en gran parte proviene de suelo costarricense gracias a dichas prácticas en nuestro territorio.

2. Previamente advertimos al Estado Costarricense acerca de la alta fragilidad ambiental de la cuenca, el litoral Caribe y su biodiversidad; y sobre los peligros y consecuencias que el dragado del río San Juan podría traer sobre ellas.

3. Nos pronunciamos insatisfechos por las explicaciones que el canciller René Castro ofreció a la Asamblea Legislativa respecto al tema.

4. Reconocimos la necesidad de los trabajos de dragado en el río San Juan, estos deben ser realizados luego de la presentación y aprobación de un EIA binacional que proteja la rica zona y cumpla la normativa internacional que ambos países suscribieron.

5. La presidenta de la República en un acto de completa ignorancia declaró la guerra a los grupos ambientalistas nacionales hace varios días.

Considerando que:

1- Los intereses de la Patria están por encima de diferencias.

2. Reconocemos el Tratado de Límites Cañas-Jerez entre Costa Rica y Nicaragua, suscrito en 1859 y laudos posteriores, donde se establece tanto la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan, como la soberanía costarricense sobre Isla Calero.

3. Alzamos la voz por las comunidades fronterizas y su necesidad de ser prioritariamente atendidas por ambos gobiernos.

*4. * Costa Rica y Nicaragua han ratificado diversos convenios internacionales donde se comprometen a proteger la cuenca del río San Juan, tales como:

  • – La Convención sobre el Derecho de Usos No Navegables de Cursos de Agua Internacionales de 1997
  • – El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de 1996
  • – La Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992
  • – La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972
  • – Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992
  • – Convención RAMSAR

5. Los impactos sobre la biodiversidad y el bosque de la zona han resultado peores a lo advertido, dado el pésimo manejo que se le ha dado a los residuos dragados y la tala ilegal que se ha dado en Isla Calero.

6. Existe presencia militar no autorizada en territorio costarricense desde hace muchos días que se niega abandonarlo, a pesar la recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

7. El embajador nicaragüense ante la OEA, hizo referencia a la problemática ambiental como justificación de los desastres desatados.

8. La problemática ambiental no puede ni debe ser pretexto ni justifican la invasión de tropas foráneas a otra nación.

9. Entendemos que el actual conflicto tiene un origen de cálculo político oportunista, donde los pueblos costarricenses y nicaragüenses han resultado víctimas de ataques xenófobos.

Por lo tanto:

1- Manifestamos nuestro repudio a la destrucción, perpetrada por el ejército nicaragüense sobre territorio costarricense, en clara violación a los convenios supra-citados.

2- Exigimos al gobierno de Costa Rica que gestione las demandas internacionales pertinentes por daño ambiental en Isla Calero.

3- Consideramos importante el retiro del ejército nicaraguense de Isla Calero para que pueda iniciarse un proceso de diálogo que se convierta en herramienta para el mejoramiento de vida de las comunidades que habitan la zona.

4- Hacemos un llamado a los pueblos costarricenses y nicaragüenses a abandonar la apología del odio xenófobo ante conflictos de índole político.

5- Hacemos un llamado a ambos gobiernos para que se inicie un diálogo, no solamente en términos político fronterizos, sino también en pro de las comunidades fronterizas que sufren muchísima pobreza, para que junto con los demás sectores de nuestras sociedades, brindemos oportunidades de desarrollo sustentables para nuestras hermanas y hermanos.

6- Hacemos un llamado al pueblo costarricense a pronunciarse en los mismos términos.

7- Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que de manera proactiva, divulguen a tiempo las advertencias que como sector ecologista y ambientalista lancemos a las autoridades con respecto a este y otros temas de importancia para Costa Rica, como lo hemos hecho anteriormente.

Costa Rica, 14 de noviembre de 2010

Federación Costarricense para la conservación del ambiente (FECON)
Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)
Confraternidad Guanacasteca
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Asociación Ecologísta de Trabajo Alternativo Comunitario (AETACO)
Comunidades ecologistas La Ceiba (Coecoceiba-AT)

Eva Carzo Vargas
Eli Roque Salas

(Invitamos a todas las organizaciones ambientales de Costa Rica a suscribir este comunicado)

Frente Amplio presenta proyecto para quitar tope al pago de la Cesantía

Un proyecto para quitar el tope de ocho años para pagar el derecho de cesantía a personas trabajadoras que sean despedidas con responsabilidad patronal, presentado por el Frente Amplio, quedó formalizado en la corriente legislativa al ser publicado en el diario oficial “La Gaceta”, el 11 de noviembre.

El proyecto, con el Expediente 17.897 y titulado “Eliminación del Tope de la Cesantía” fue presentado por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, el pasado 20 de octubre, y tiene como propósito reformar el inciso 4) del artículo 29 del Código de Trabajo, Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas.

“Se propone la eliminación del tope de la cesantía a pagar porque se trata de una limitación irrazonable, injustificada, discriminatoria e injusta, en perjuicio del derecho de indemnización tutelado en los artículos 41 y 63 de la Constitución Política”, argumentó el legislador.

El auxilio de cesantía es la indemnización que quienes emplean a personas trabajadoras deben cancelar cuando estas son despedidas sin justa causa. Es el instrumento previsto en la legislación laboral costarricense para resarcir a las y los trabajadores que sufren una ruptura injustificada del contrato de trabajo, es decir, la terminación unilateral de dicho contrato, sin que la persona trabajadora haya incumplido sus obligaciones o haya incurrido en una falta que le sea atribuible, agregó.

“Esta terminación abrupta del contrato laboral le ocasiona un daño grave a las y los trabajadores, ya que les priva de su salario. Les impide seguir percibiendo su principal fuente de ingresos, indispensable para su subsistencia y la de sus familias”, explicó Villalta.

Además, el parlamentario hizo ver que la finalización del contrato de trabajo sin justa causa por decisión unilateral de la parte patronal es posible porque en nuestro país está vigente un régimen de libre despido.

“Quienes emplean a personas trabajadoras tienen libertad para despedirlas aunque se encuentren cumpliendo eficientemente con sus obligaciones. Esta situación coloca a quienes laboran por un salario en una posición de franca y evidente desigualdad frente al empleador”, dijo Villalta.

“El interés del Frente Amplio es devolver toda su fuerza al derecho al pago completo de la cesantía y llevar un poco de justicia al mercado laboral”
, concluyó.

Aprobada la prohibición de minería metálica a cielo abierto

09 noviembre 2010. Por fin, después de años de arduas negociaciones, se logró votar hoy en segundo debate, de forma unánime, la ley que busca prohibir el otorgamiento de permisos y concesiones para exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional, así como el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la actividad minera, (expediente 15.948), el cual fue impulsado por el Frente Amplio, cerrando de una vez por todas el “portillo” legal para el desarrollo de estas prácticas insostenibles en Costa Rica.

José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio, señaló que “no se prohíbe la minería subterránea, pero se libera al país de la forma de minería más devastadora que existe: la minería metálica a cielo abierto, la que por las condiciones geológicas del país más está amenazando nuestras fuentes de agua, nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Es claro que esto no es suficiente. Pero en comparación con el escenario actual resulta innegable que se trata de un progreso”.

Villalta Florez-Estrada considera que “si la concesión de la compañía minera en Crucitas se cae en los tribunales contencioso-administrativos o el Gobierno la revoca, la transnacional minera no podrá obtener una nueva concesión ni revivir la anulada. Tampoco podrá pedir una prórroga del plazo. En última instancia, esta reforma le cierra las puertas a decenas de concesiones mineras que están en trámite, en la zona Norte y en el resto del país. Hoy estos trámites están frenados por el decreto de moratoria, pero, como pasó al inicio del Gobierno de los Arias, dicha moratoria puede eliminarse fácilmente con otro decretazo nocturno”.

“Como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, el gobierno debe ser consecuente y aprovechar este momento para derogar el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas”, señaló el diputado Villalta.

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Nota del 5 de noviembre de 2010 sobre Votación en el Primer Debate Legislativo

Después de difíciles negociaciones, se logró votar hoy en primer debate, de forma unánime, el proyecto para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas en minería (expediente 15.948), el cual fue impulsado por el Frente Amplio.

José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio, espera “que nunca más se repita el desastre de Crucitas. Que sea un tributo a las y los ayunantes. Su esfuerzo no ha sido en vano”.

En el proyecto se logra proteger y apoyar a los mineros artesanales y coligalleros, estableciendo una reserva de la actividad minera subterránea para que sea única y exclusivamente para minería artesanal de las comunidades locales.

Villalta Florez-Estrada considera que “de esta forma, se le cierran las puertas a las trasnacionales mineras y se resuelve un problema social con justicia y equidad, sentando las bases para su reconversión a actividades verdaderamente sustentables”.

“El gobierno debe ser consecuente y aprovechar este momento para derogar el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas”, señaló el diputado Villalta.

IDA vendió finca de casi 7 hectáreas a la Corporación Del Monte S.A. en ¢10.302 colones

Ver acuerdo de la Junta Directiva del IDA en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
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La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), presidida por Gerardo Vargas Rojas –actual presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)-, vendió una finca de propiedad estatal de poco menos de 7 hectáreas, en 10 mil 302 colones con cincuenta centavos, a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S. A., en el año 2006, a pesar de que la comunidad de Berverly, Matama, Cantón Central de Limón, solicitó el terreno al IDA desde el año 2003, con el propósito de desarrollar un conjunto de obras comunales. (Ver copia de la escritura de traspaso adjunta).

A raíz de descubrir la venta realizada por el IDA a la Corporación Del Monte S.A., la Asociación de Desarrollo Integral de Beverly, compuesta por unas 400 personas, decidió tomar posesión de la finca mientras continuó con sus gestiones para revertir la entrega realizada a la compañía bananera, petición que incluyeron en una carta enviada a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla el 2 de noviembre recién pasado.

No obstante, la reacción del Gobierno fue desalojar a las familias y detener a unas 20 personas que participaron en la toma de esta tierra. La Asociación de Desarrollo Integral de Beverly está compuesta por un alto número de mujeres jefas de hogar y de niñas y niños quienes necesitan el terreno para trasladar viviendas que corren grave riesgo de inundación y para construir obras comunales como una guardería, un salón multiuso e instalaciones para la práctica del deporte por las y los jóvenes de la comunidad.

“Esta venta de un terreno público realizada por el IDA, en tan solo diez mil colones, es una verdadera vergüenza y una burla de los derechos de la población que solo puede entenderse por el contubernio entre la poderosa transnacional bananera y la Junta Directiva del IDA de ese momento”, expresó el diputado Villalta. Por ello, el diputado del Frente Amplio dio a conocer que ha presentado un Recurso de Amparo contra el respectivo acuerdo de la Junta Directiva del IDA.

Villalta también instó a la Presidenta Chinchilla a “ponerse firmemente del lado de la dignidad y los derechos del pueblo costarricense, y de poner fin a transacciones como esta, que solo pueden calificarse como un abuso de poder con patrimonio que es del pueblo costarricense”.