Señores Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social.
ASUNTO: OPOSICIÓN ROTUNDA A QUE EL BANCOMUNDIALADMINISTRERESERVASDELREGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJACOSTARRICENSEDELSEGUROSOCIAL (CCSS)
Junta Directiva de la institución aseguradora debe destituir a Gerente de Pensiones
Estimados señores:
La reunión que se diera el pasado 24 de agosto de 2010, entre el Comité de Inversiones de la CCSS, encabezado por el Gerente de Pensiones, don Miguel Pacheco ,con el señor Sudhir Rajkamur, Director de Fondos de Pensiones de la Tesorería del Banco Mundial, es un atropello a los mecanismos establecidos en la institución y a las regulaciones que en este tipo de asuntos están dispuestas por el poder Ejecutivo desde la cartera de Hacienda y el mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR); pero sobre todo un irrespeto del Gerente de Pensiones a la máxima jerarquía institucional, así como a la Junta Directiva de la CCSS, instalada en fecha reciente.
Tales acciones no deben dejarse pasar por alto y el Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.
Las justificaciones a sus actuaciones caen por su propio peso y la Junta Directiva de la CCSS debería destituir al gerente e intervenir esa Gerencia de Pensiones, en salvaguarda de los intereses de la población cotizante del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).
La baja rentabilidad que se expresa en el orden de un 3 % anual, tiene correspondencia con un desacato a los acuerdos a que se llegó en el año 2005, entre las autoridades institucionales de ese entonces y las organizaciones sociales. Destacamos los aportes de las organizaciones sindicales como las nuestras, que aportamos importantes ideas en procura de un manejo sano de los recursos y de la sostenibilidad financiera del régimen de IVM.
Dar parte o la totalidad de nuestras reservas para la jubilación de la clase trabajadora, depositando los dineros que aportan a un organismo internacional, como el Banco Mundial, es algo así como empeñar “las joyas de la abuela”.
Este país aún no se recupera de las inversiones que hace unos años hicieran los “pseudoadministradores” de la cosa pública en bonos en el exterior, con fondos del extinto Banco Anglo Costarricense (BAC), lo que significó ruina y pérdida para tantos costarricense. ¿Acaso no se aprende de tales experiencias?
Consideramos que la actuación del Gerente de Pensiones, producto de su propia iniciativa y/o por encargo de algún alto funcionario, entra en contradicción con la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe las inversiones en el exterior. Además, se trata de acciones que le restan seriedad a la gestión del hasta ahora Gerente de Pensiones, quien, desde nuestra perspectiva, no cuenta ya con la confianza necesaria para seguir desempeñando tan importante cargo. La Junta Directiva de la CCSS está ante un problema de competencias y de autoridad.
Por otra parte, es nuestra particular consideración que la inversión en deuda interna debe ser para impulsar el desarrollo nacional (en construcción de carreteras, para citar solo un ejemplo); sobre todo teniendo a la vista la gravedad de los problemas que vienen mostrando las famosas concesiones, impulsadas por la extinta Administración Arias Sánchez.
No puede ni debe permitir la Junta Directiva de la Caja, el más mínimo riesgo en cuanto a la administración de los fondos del sistema de pensiones de IVM se refiere. Como bien sabemos, éste es producto de la previsión visionaria que se ha logrado a lo largo de varias décadas y que es garantía que exhibe nuestro país, en el campo de la Seguridad Social.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Martha Elena Rodríguez González Secretaria General Adjunta UNDECA
Las organizaciones que representamos, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), celebramos, jubilosamente, el histórico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que restituyó en sus puestos a la legítima junta directiva del sindicato de Japdeva, Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear.
Este fallo, que ha emitido el más alto tribunal de la República, la Sala IV, pone en la picota al señor Marco Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, así como a su colega de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes. Ambos, atendiendo instrucciones de los señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; urdieron la maniobra política en contra de la dirección legítima de Sintrajap, que constituyó un verdadero Golpe de Estado sindical.
Ambos deben renunciar a sus cargos. Ya no solamente porque quedó en evidencia la brutal ilegalidad de tal acto antisindical, sino porque empiezan ahora a ser visibles los entretelones del turbio proceso de concesión que se quiere imponer para la privatización de los muelles de Limón y de Moín. De ello que hasta en la misma Asamblea Legislativa se decidió la conformación de una comisión investigadora al respecto, incluso con el apoyo, obligado por las circunstancias, de la fracción parlamentaria oficialista.
La reinstalación constitucional en sus puestos de la legítima directiva de Sintrajap tiene efectos cuya envergadura apenas empezamos a procesar.
La renegociación de la actual Convención Colectiva de Trabajo, efectuada con la dirección sindical golpista, queda sin ninguna validez, por su misma naturaleza espuria.
Esto quiere decir que se cae, totalmente, la “_oferta_” de compra de conciencias de la población trabajadora de Japdeva, que hemos llamado como la mordida más grande de la historia republicana nacional, el soborno, de los 137 millones de dólares, 80 mil millones de colones, algo totalmente imposible de aceptar bajo ninguna circunstancia.
Lastimosamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) queda en entredicho. Es de lamentar esta realidad, especialmente para organizaciones como las que representamos, que creemos en la relevancia de su papel en una sociedad con marcado crecimiento de la desigualdad.
Primero porque contra toda lógica, contra todo principio, contra toda la normativa internacional en materia de Libertad Sindical que, por su misma naturaleza ese ministerio maneja con toda propiedad, procedieron a inscribir a la dirección sindical golpista, dándole legitimidad a un proceso completamente espurio desde su propia gestación.
Aquí es dable esperar, al menos, una autocrítica del jerarca del Departamento de Organizaciones Sociales, Lic. José Joaquín Orozco Salazar, pues nadie mejor documentado que él para saber del ilegal, arbitrario y totalitario proceso de destitución de la hora reconocida constitucionalmente, como la dirección legítima del sindicato Sintrajap. Este funcionario actuó como un verdadero sicario político en la maniobra anti-Sintrajap.
Otros dos notables funcionarios de carrera en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los licenciados Eugenio Solano Calderón y Alfonso Solórzano Rojas, deben explicaciones públicas al respecto y, al menos, hacerse una autocrítica de cara al Movimiento Sindical Costarricense. Nadie mejor que ellos dos, por su ya larga trayectoria institucional sabían, desde un principio, la naturaleza aberrante del golpismo sindical en contra de Sintrajap.
Igualmente y ya en el ámbito penal, también el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Álvaro González Alfaro, debe rendir cuentas de su ilegal proceder porque él permitió la intromisión política de la Casa Presidencial que generó la aberración jurídica que hoy la Sala IV dejó en evidencia.
Jamás debe entregarse la soberanía jurídica de la cartera de Trabajo y Seguridad para poner y quitar dirigencias sindicales; mucho menos para colocar “_dirigentes_” afines a los gobiernos de turno, queriéndose acabar con la autonomía y la independencia de los sindicatos honestos.
Esperamos que, en este nuevo marco de condiciones, se agilice el proceso de tramitación de la acusación penal que presentamos en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en torno al ofrecimiento del soborno de los 80 mil millones de colones; acusación contra los señores Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Álvaro González Alfaro, Marco Antonio Vargas Díaz y Francisco Jiménez Reyes.
En tal caso nuestros planteamientos acusatorios están, básicamente, centrados en presuntas violaciones a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El licenciado Giovanny Hernández Mora, dirigente de ASDEICE, elaboró, con gran rigurosidad jurídica, este demanda penal.
Felicitamos, con toda vehemencia, las aportaciones teórica-jurídicas que dieron base a este histórico fallo. En especial, las que estuvieron a cargo del hoy diputado don José María Villalta Florez-Estrada, quien como asesor del ahora legislador don José Merino del Río y actuando a nombre de este despacho, acudió al tribunal constitucional en defensa del Estado de Derecho.
Igualmente, nos sentimos orgullosos del aporte, en igual nivel, que desde la ANEP hicimos para esta causa, en la persona del Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la organización.
Es también gran motivo de satisfacción el papel que tanto la ANEP como la CSJMP jugamos en esta coyuntura, actuando más allá del nivel jurídico, en diversos escenarios sociopolíticos, resaltando la histórica toma pacífica del despacho de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.
También es de honrar la voluntad inquebrantable de la legítima dirección sindical de Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear. Jamás se rindieron y demostraron que la defensa de principios en el Movimiento Sindical y a favor del bienestar popular, sigue siendo una causa absoluta e imprescindiblemente válida.
San José, jueves 26 de agosto de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Presidente Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
La Sala Constitucional (Sala IV) en un voto de mayoría, ordenó restituir a la legítima Junta Directiva Sindical de SINTRAJAP en Japdeva, encabezada por Ronaldo Blear Blear.
La sentencia 14192-2010 anula todos los acuerdos adoptados en las espúreas “asambleas” de los días 8,15 y 29 de enero.
En esas “asambleas” se nombró una junta directiva impuesta por los Arias y encabezada por Douglas Brenes, en donde entre otros temas “se acordó” conceder los puertos de Limón y Moín a empresas transnacionales.
El recurso de amparo fue interpuesto por José María Villalta y José Merino Del Río, en contra de las acciones ilegales e ilegítimas del Gobierno de los hermanos Arias, el Ministro de Trabajo y el que en este Gobierno de Laura Chinchilla ocupa el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes.
Incluso ANEP y SINTRAJAP interpusieron también una demanda legal en contra de Oscar Arias y los jerarcas de esas instituciones, demanda que está en los juzgados pendiente de resoluciones, así como otro Recurso de Amparo.
Recordemos que incluso la LEGITIMA Junta Directiva de SINTRAJAP realizó un magna Asamblea en la cual la mayoría de trabajadores y trabajadoras de Japdeva respaldaban la gestión de su sindicato. Esta Asamblea, a pesar de haber cumplido todo el procedimiento legal no fué reconocida por el Ministro de Trabajo anterior en una clara acción antisindical. TODA LA INFORMACION, VIDEOS Y DOCUMENTACIONSOBRESINTRAJAP puedes accesarla AQUI
VIVA LA CLASETRABAJADORA DE LOSPUERTOS DE LIMON!
VIVA LA LEGITIMAJUNTADIRECTIVA DE SINTRAJAP!
VIVA LA CLASETRABAJADORA COSTARRICENSE!!!!!
25 de agosto de 2010 8:00 P.M.
_____________________ POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ANULAN los acuerdos adoptados en la asamblea general ordinaria realizada, por el SINTRAJAP, el ocho, quince y veintinueve de enero de dos mil diez, así como la designación de la nueva Junta Directiva.
Se ordena reinstalar a la Junta Directiva anterior. Se condena al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) a pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de la vía civil.
Se advierte al recurrido que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Notifíquese a Douglas Brenes Hernández en calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) o a quien en su lugar ocupe el cargo EN FORMAPERSONAL. Comuníquese al Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El Magistrado Mora rechaza de plano el recurso y ante el empate de la decisión, conoce el fondo del asunto y declara con lugar por infracción al Debido Proceso.
Los Magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez y Hernández Gutiérrez salvan el voto y declaran sin lugar el recurso.
Las organizaciones que representamos, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), lanzamos un llamado de alerta general a la clase trabajadora asalariada con empleo formal, tanto del sector Privado como del sector Público, para que se movilice en contra del proyecto de ley No. 17.597, titulado “Ley de fortalecimiento del fondo de capitalización laboral como instrumento de protección contra el desempleo”; proyecto que prohibirá el retiro cada cinco años de los dineros acumulados en lo que se denomina el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), creado al amparo de la Ley de Protección al Trabajador (LPT).
Cuando se aprobó la LPT, se determinó que la cesantía, que era de 8,33, se transformaría, al menos parcialmente, en un derecho adquirido, lográndose tres acuerdos al respecto.
El primero estableció que la cesantía se disminuyera de 8,33 a 5,33, pero se creó el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), con el 3% que se le quitó a la cesantía, de forma tal que el trabajador o la trabajadora nunca recibiera menos que lo que le hubiera correspondido con la ley anterior.
El segundo acuerdo que se logró, lo que planteó precisamente, era que ese 3 % se pudiera retirar cuando la relación laboral termina por cualquier causa, o cada cinco años, en lo que viene a representar, más o menos, un aguinaldo quinquenal.
Y el tercer acuerdo es que el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) anualmente traslada la mitad de los depósitos hechos en el año (es decir, el equivalente al 1,5 %) al Fondo de Pensión Complementaria Obligatoria, que como sabemos se recibe al final de la vida laboral.
El restante 50 %, más los intereses, permanecen en el FCL y conforman lo que se recibe al terminar la relación laboral, ó, cada cinco años si el trabajador lo quiere.
Como la voracidad del sector financiero es infinita, lo que el proyecto 17.597 busca es que, de forma directa, ese 50 % (el Fondo de Capitalización Laboral), pase, desde el primer día en que se aporta, al Fondo de Pensión Complementaria. Esto implica que:
1. La persona trabajadora va a recibir menos del 8.33 % de cesantía.
2. La persona trabajadora ya no podrá retirar los fondos cada 5 años.
3. Los intereses del FCL serán mucho menores.
4. Los operadores financieros administrarán por más tiempo los fondos de los trabajadores y de las trabajadoras, pues se disminuirá el Fondo de Capitalización laboral (FCL) y aumentará el Fondo de Pensión Complementaria (FPC).
Esto es muy grave, pues no solamente se rompe los acuerdos que posibilitaron la aprobación de la LPT; sino que, más grave todavía, implica congelar el acceso de los recursos de los trabajadores por más tiempo; e implica mayores ganancias para las operadoras de pensión, sobre cuyos movimientos la clase trabajadora integrante de las mismas, no tiene ningún control ni puede demandar rendición de cuentas alguna.
Hacemos el más vehemente llamado a todo el movimiento sindical organizado, a todas las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras en condición de personas asalariadas, para que se dispongan, por las más diversas formas y empleando todas las vías posibles, a movilizarse para impedir la aprobación del proyecto de ley que impedirá el retiro quinquenal de los Fondos de Capitalización Laboral (FCL); retención con la cual el capital financiero seguirá en su carrera orgiástica de acumulación de riqueza desenfrenada, sin que la clase trabajadora asalariada, ni sus organizaciones representativas, puedan tener ni la más mínima supervisión; ni mucho menos, que la gente del trabajo tenga acceso a parte de esa riqueza financiera generada con su esfuerzo laboral.
Este proyecto de eliminación del retiro cada cinco años del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), es una especie de expropiación del capital acumulado por los trabajadores y por las trabajadoras; expropiación a sus espaldas y a las espaldas de sus organizaciones; por tanto, exige la movilización laboral para lo cual lanzamos la presente alerta.
San José, martes 24 de agosto de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Presidente CSJMP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
Quienes favorecieron la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, afirmaron que no habría ninguna reforma del Código de Trabajo y que no se afectarían los seguros solidarios, brindados por el Instituto Nacional de Seguros.
Contrario a aquellas palabras, ahora el Presidente Ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley, por la entrada en vigencia de la obligación del TLC de abrir a la competencia los seguros de riesgos de trabajo y obligatorio de automóviles, a partir del 1 de Enero del año 2011.
De acuerdo con el Diputado del Frente Amplio, José María Villalta, “se reforma todo el Capítulo de Riesgos del Trabajo del Código de Trabajo, adaptando las normas de este seguro solidario para que sea “rentable” para las trasnacionales”.
El Diputado Villalta considera que se elimina la prestación del seguro al costo. “Hoy el artículo 205 del Código de Trabajo dice claramente que este seguro no es lucrativo, no deja ganancia, cualquier excedente que tenga el INS por su administración tendrá que destinarse a fortalecer la reserva del seguro o reinvertirse en beneficio de las y los trabajadores. El proyecto de ley permite que las empresas operadoras de seguros tengan ganancias de hasta un 15%, rompiendo el principio de solidaridad y servicio al costo”, declaró.
“El Gobierno le mintió al pueblo de Costa Rica cuando dijo que el Código de Trabajo no se iba a tocar con la aprobación del TLC. Mintieron cuando dijeron que el seguro de riesgos del trabajo seguiría rigiéndose bajo los mismo principios de solidaridad y universalidad”, advirtió el diputado Villalta.
“Desde 2004 don Germán Serrano Pinto denunció la probable derogatoria del Artículo 205 del Código de Trabajo, con tal de que fueran apetecibles para el sector privado; salta a la vista la insensibilidad y codicia de la administración de los hermanos Arias, pues sabían de esta situación y no movieron ni un dedo para salvar los seguros solidarios”, comentó finalmente el Diputado del Frente Amplio.
(Candidato de Papeleta # 1 no pudo sacar tiempo para este trabajo)
Mensaje del Representante Papeleta Nº2
Mensaje del Representante Papeleta Nº3
La Asamblea General de Fin de período se realizará el viernes 20 de agosto, en lugar por definir, y ya cuenta con tres papeletas debidamente inscritas de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de ANEP y las disposiciones de la Comisión Electoral.
Las siguientes son las diposiciones adoptadas en la Sesión de la Junta Directiva Nacional de nuestro Sindicato y que son vinvulantes para las tres papeletas inscritas.
1. Acuerdos Junta Directiva Nacional, Sesión Nº 1889 del viernes 30 de julio de 2010.
Acuerdo Nº 4
Primero: toda propaganda debe de ir con sello de la ANEP con original en tinta azul.
Segundo: se estima un total de 3000 volantes por boleta inscrita, si se llega a aumentar se aplicará por igual a todas las papeletas participantes.
Tercero: en relación al padrón se tomarán como afiliados que puedan ejercer su derecho al voto los que estén afiliados al viernes 13 de agosto de 2010.
Cuarto: se instruye para que desde la Secretaría General se asigne a una persona de la Asesoría Jurídica que nos de acompañamiento en cada una de las reuniones que se tienen a partir de esta fecha al día en que se realice la asamblea, principalmente con el tema del Código de Ética que deberán firmar las personas que quieran participar.
Quinto: Quienes integran el Comité Coordinador representante de la ANEP hasta la Asamblea, y que tengan día sindical asignado, sí, van a participar en alguna papeleta, se recomienda que renuncien a esa licencia para que queden en igualdad de condiciones de competencia con relación a otras candidaturas, y de cara a la mencionada asamblea.
Sexto: conformar un equipo de seguridad, se designa al compañero Héctor Prado como encargado de buscar un grupo de 10 personas para estos efectos el día de la Asamblea.
Séptimo: se acepta el ofrecimiento de la compañera Inés Delgado sobre su interés de incorporarse y formar parte de la Comisión.
________________________________________
Las pepeletas inscritas están constituidas de la siguiente forma:
________________________ Papeleta 1
Presidencia: Héctor Cerdas Zamora Publicaciones
Vicepresidencia: Gerardo Ramírez Zamora Seguridad e Higiene
Secretaría de Organización: Mauricio López Alfaro Aseo de Vías
Así lo denuncia Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, al recopilar toda la documentación referente a las enormes deudas que tiene el gobierno, las instituciones públicas los patronos privados y el Instituto Nacional de Seguros con la Caja.
Las siguientes cifras están debidamente documentadas en la mayoría de casos con información oficial de la CCSS, al mes de diciembre del año 2009, y son parte de estas deudas:
171 mil millones le debe el gobierno a la CCSS por el no pago de los asegurados por el Estado, Régimen no Contributivo de Pensiones y el Seguro de Salud.
150 mil millones se debe desde hace años por el traspaso del personal del Ministerio de la Salud a la Caja, según el convenio con el gobierno que nunca hizo efectivo.
97 mil millones han dejado de pagar los patronos privados por el pago de las cuotas obligatorias al Seguro Social; dentro de ellos equipos de fútbol de primera y segunda división, empresas transnacionales de trabajadores bananeros, textiles de exportación, de seguridad, vigilancia, etc.
10 mil millones por atención de enfermedades, riesgos del trabajo y accidentes de tránsito que el Instituto Nacional de Seguros no pagó.
986 millones que la Embajada de Estados Unidos no ha cancelado por obligación del artículo 78 de la Ley de Proyección al Trabajador.
300 mil millones del aporte de un 15% de las utilidades de instituciones públicas, bancarias, RECOPE, Racsa, ICE, que obliga a pagar el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
Toda esa deuda a cuenta presente, sería mucho mayor, pues esta cifra de los ¢701.000 millones es con corte a diciembre del 2009, por lo que podríamos estimar que la deuda sea superior si le sumamos los ocho meses del año que llevamos, sin que existan negociaciones o acciones para llegar a un arreglo de pago y recuperar estos dineros.
Mientras esta grave situación sucede a vista, paciencia y complacencia de las autoridades superiores, la Dirección Financiera Contable, el Departamento de Cobros de la CCSS, la Presidenta Laura Chinchilla y el Ministerio de Hacienda, omiten cumplir con los postulados del derecho a la salud y más aún con las promesas de su campaña electoral.
Esta actitud irresponsable dificulta significativamente fortalecer y mejorar la atención al paciente sometido a largas listas de espera de citas, exámenes, falta de equipo, recurso humano, etc.
Pero los trabajadores (as) también pagan las consecuencias con el reiterado atraso en el pago de tiempo extraordinario, recargo de trabajo por no sustitución, pago de salario al personal interino y otras necesidades más, al agotarse los presupuestos en los centros de trabajo.
También hemos tenido algunas denuncias por el aparente atraso en el pago de las incapacidades o subsidios a los asegurados.
Por esta grave situación, UNDECA está valorando un movimiento de paro y manifestación pública en la primera semana del mes de la patria para obligar a cancelar y recuperar estas gigantescas deudas, esperando también contar con el apoyo de los asegurados y usuarios (as).
No es cierto que producto de cualquier movimiento huelguístico en la Imprenta Nacional, se generen atrasos con la confección del material electoral pues, como se ha visto en el pasado, los trabajadores y las trabajadoras siempre han dado su mejor esfuerzo para cumplir con los plazos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); incluso, cuando ha habido algún movimiento en pro de mejoras de este personal trabajador, se han redoblado esfuerzos para poner al día la producción y se ha salido de éste y otros compromisos en el tiempo requerido.
Las papeletas electorales nunca han estado en riesgo en la Imprenta Nacional por ninguna circunstancia. Es más, inclusive, siempre se ha entregado dicho material hasta con 15 días de anticipación de la fecha prevista de entrega, lo cual demuestra la seriedad y la eficiencia de esta institución y sus trabajadores y sus trabajadoras a lo largo del tiempo, donde nunca se ha perdido ni siquiera una sola papeleta, garantizando la transparencia del proceso en dicha institución.
La seguridad jurídica y física que brinda la Imprenta Nacional, como Imprenta Oficial del Estado costarricense, es insustituible por otra de carácter privado. Una imprenta privada no podría dar esa certeza jurídica, puesto que durante el proceso de confección del material electoral, la Imprenta Nacional es “absorbida” por el TSE el cual realiza todos los controles de seguridad, vigilancia y supervisión durante el tiempo que dicho material se encuentre en la imprenta oficial del Estado, Nada ni nadie se mueve sin autorización del TSE. Su propio personal se somete a esos rigurosos procedimientos de seguridad. Difícilmente, es prácticamente imposible que en una imprenta privada, se esté en disposición de alterar y/o de detener su giro comercial cotidiano (con reducción de potenciales ganancias incluidas), para someterse a tal proceso de seguridad.
En el anterior proceso electoral, los trabajadores y las trabajadoras de la Imprenta Nacional tuvieron que ir a un movimiento en aras de que se respetara lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo; proceso que marcó el inicio de negociaciones con las autoridades del gobierno anterior, aceptándose, posteriormente, suspender todo movimiento en aras del proceso electoral. Esto llevó al surgimiento, luego de las elecciones, de una huelga de nueve días a finales de la administración anterior e inicio del actual Gobierno, para finiquitar la misma; es decir, el movimiento huelguístico se dio en mayo, mes en el cual, como todos sabemos, el TSE no confecciona papeletas.
Por último, nos parece temerario afirmar que en el venidero proceso electoral municipal, el colectivo laboral de la Imprenta Nacional harán huelga, pues se parte de un supuesto que no vislumbramos nosotros, como organización laboral representativa. Por el contrario, como representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, sentimos que se busca aprovecharse de esta circunstancia para buscar privatizar la confección del material electoral, lo que nos parece un chantaje del más barato. No existen razones ni hechos comprobados para acusar a la Imprenta Nacional ni a su personal de “retrasos” o riesgos que nunca han ocurrido en el pasado y que nos atrevemos a afirmar, categóricamente, no ocurrirá en el futuro, dado el alto grado de conciencia cívica del grupo de trabajadores y de trabajadoras de la Imprenta Nacional que tenemos el privilegio de representar.
San José, lunes 16 de agosto de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
Guillermo Murillo Castillo Responsable ANEP- Imprenta Nacional Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)
Lugar: Sindicato ANIC (OIJ): Avenida 2da. De la Universidad Federada, 100 E. y 50 N. Frente parqueo El Redil. Teléfono 2223 8316 – Casa 46 C-Inmediaciones de la Asamblea Legislativa
Desde ya agradecemos la valiosa presencia de la prensa nacional.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
