El Sistema Penitenciario Nacional está en crisis

San José, 14 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0814-10
¡¡¡URGENTE!!!

Licenciado
Hernando París Rodríguez
Ministro
Ministerio de Justicia y Paz
Su despacho

Asunto: EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTÁ EN CRISIS

Estimado señor Ministro:

Con el mayor de nuestros respetos, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Dándole seguimiento a las conversaciones sostenidas con su digna autoridad, pocos antes del 8 de mayo anterior, nos dirigimos respetuosamente para concretarle el planteamiento que nos solicitara, a fin de contribuir a atender, en esta nueva administración gubernamental, las deplorables condiciones en que se encuentra el Sistema Penitenciario Nacional, el cual, según nuestra perspectiva, está en crisis.

Nuestra propuesta parte de una amplia consulta a los trabajadores y a las trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional, así como del análisis de denuncias de este personal y de personas privadas de libertad, interpuestas ante los órganos de control (Defensoría de los Habitantes de la República, Contraloría General de la República); jurisdiccionales (Sala IV); o de parte de las autoridades de control del Ministerio de Hacienda, y de los medios de comunicación masiva.

Los problemas principales encontrados que aquejan la gestión penitenciaria están relacionados con:

• Ausencia de políticas integrales penitenciarias (criminológicas, de Derechos Humanos, de género, de justicia penal).

• Hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente.

• Deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: de salud, de educación, de trabajo, de relación con entorno social-familiar y comunidad y de seguridad humana; así como para responder a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad: personas con discapacidad, migratorias, exclusión, género, condición etaria, delincuencia organizada.

• Insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción.

• Limitado equipamiento, escasez y deterioro de materiales e instrumentos de trabajo para el personal y para la población privada de libertad.

• Excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo.

• Ausencia de redes de coordinación externas institucionales, estatales, empresa privada, ONG’s y otras.

Las manifestaciones de esos problemas reflejan que el Sistema Penitenciario Nacional en los últimos decenios ha sido rebasado por el aumento en el número de personas y las tasas de encierro; limitaciones crónicas en el financiamiento, planificación y dotación de infraestructura; recursos materiales y equipo humano; ausencia de contrapesos y salvaguardas que garanticen que la acción institucional ocurra dentro del marco y los objetivos que la sociedad le ha fijado; el deterioro de la capacidad interna de la organización; así como de los incentivos sociales y organizativos que permitan y provoquen el cambio que imponen los nuevos desafíos criminológicos y garantizar la seguridad de todas las personas y la convivencia democrática.

El Estado costarricense tiene la ineludible obligación de forjar, conjuntamente, una política integral que trascienda lo que hasta el momento han privilegiado los órganos de representación política: acciones incomunicadas que incluyen la aprobación de nueva legislación penal especial, la penalización de nuevas conductas, el aumento de las penas, el fortalecimiento policial, en menor medida el apoyo al quehacer judicial, y una casi nula atención prestada al sistema penitenciario.

Habiendo constatado la existencia de esas serias situaciones y condiciones que conspiran para un desempeño efectivo del quehacer penitenciario, consideramos que los problemas apuntan, en general, a tres dimensiones de la gestión pública penitenciaria, a saber:

• El marco conceptual, filosófico y jurídico/normativo, político y programático del quehacer penitenciario.

• La organización del trabajo, las condiciones laborales y la planificación operativa; así como el funcionamiento de redes de cooperación o articulación al exterior del sistema

• La gestión de gobierno y la gobernabilidad de la gestión unida a la visión estratégica del presupuesto.

Estamos convencidos de que atenderlas requiere de operaciones multinstitucionales, la creación de redes de cooperación público/privadas, así como de espacios organizacionales de diálogo que faciliten encontrar respuestas.

La actuación institucional aislada o reducida a niveles jerárquicos que se muestran inoperantes, impide el cabal cumplimiento de sus fines, por ello, son indispensables acciones que agrupen diversos esfuerzos en la materia.

Con el propósito de atender esas dimensiones y coadyuvar a asegurar que la organización/institución penitenciaria reencauce su trabajo dentro de un marco socialmente deseable de seguridad ciudadana, evitar situaciones latentes de alto riesgo social para el personal y para las personas privadas de libertad, así como una escalada del ciclo de violencia; nuestra propuesta inicial se concreta en tres acciones de ejecución inmediata, simultánea y complementaria y que pueden alcanzan su concreción antes de finalizar el año 2010, a saber:

•Primera: Abrir un espacio de reflexión y acción mediante la realización de un Congreso Nacional Penitenciario que permita debatir el contenido real de los compromisos penitenciarios que hasta el momento poco han trascendido su carácter retórico; así como asegurar que la gestión pública penitenciaria pueda mejorar la coordinación entre organizaciones formalmente independientes pero funcionalmente interdependientes, y adaptar sus propuestas de atención a la escala y complejidad de los problemas y situación actuales y demandas de la sociedad costarricense.

•Segunda: Impulsar la concreción de la Convención Colectiva de Trabajo que vendría a regular los principales aspectos de la relación laboral del personal penitenciario, y con ello el redescubrimiento de una racionalidad burocrática en el Ministerio de Justicia y Paz.

•Tercera: Proponer una agenda de acciones de carácter apremiante para atenuar necesidades urgentes y así evitar riesgos sociales de mayor envergadura en lo inmediato. Al final de la presente, detallamos cómo concebimos la operacionalización de esta propuesta.

Hemos perfilado las bases organizacionales y temáticas del Congreso Nacional Penitenciario que se propone, un cronograma conjunto de acciones que culmine con la firma de la Convención Colectiva; y una enumeración de siete planes urgentes mismos que están a cargo de un equipo designado por esta Secretaría General de la ANEP, quienes se encuentran en la mayor disposición de iniciar la coordinación con su despacho, para lo cual le estamos pidiendo, formalmente y por esta vía, una nueva audiencia con tres propósitos:

a) Entregarle una copia del documento que sustenta nuestro pensamiento sobre el tema aquí expuesto en términos generales;

b) presentarle el equipo gestor de este proceso integral y las personas trabajadoras penitenciarias responsables a cargo de cada una de las tres acciones de ejecución simultánea;

c) definir con su autoridad presidencial, si usted está de acuerdo, algunas acciones operativas para impulsar de inmediato.

La ANEP ha mantenido un constante monitoreo de la situación penitenciaria y una comunicación permanente con las altas autoridades, alertándolas de su grave situación, sin que a la fecha, la respuesta obtenida haya sido satisfactoria. A pesar de ello, nos alienta en esta ocasión su solicitud expresa y con el mejor de los ánimos vemos la apertura conjunta de este espacio propositivo de acción en el sistema penitenciario costarricense. Nos parece oportuno, prudente y necesario el diálogo franco, respetuoso y abierto.

El Sistema Penitenciario Nacional ocupa de un proceso de profunda reestructuración participativa, dentro del cual aspectos de corto y mediano plazo se combinen con decisiones estratégicas a largo plazo. La ANEP responde y participa propositivamente a ello.

Es criterio oficial de la ANEP, compartido por un elevado número del personal institucional de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis, así de contundente lo afirmamos.

Ello nos lleva a que se considere que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), oficialmente y por esta vía, en atención a la tercera línea de acción inmediata, simultánea y complementaria arriba citada, que proponemos como medida urgente la conformación de una comisión interventora, integrada en forma amplia y consensuada con el señor Ministro de Justicia y Paz y la ANEP, en la que participen ciudadanos de reconocida honorabilidad y capacidad profesional, instituciones de control estatal y personal de la Dirección General de Adaptación Social de reconocida trayectoria y compromiso con el Sistema Penitenciario Nacional; cuya legitimación puede venir ya sea de un decreto ejecutivo emitido al efecto, o con la emisión de una directriz ejecutiva salida de la Presidencia de la República.

A esta comisión se le concederán las facultades y atribuciones para realizar las gestiones a continuación enunciadas, considerando estos tres apartados:

PRIMERO

1. Revisar, corregir y actualizar los procesos y procedimientos administrativos aplicables a la gestión institucional, al menos en:

Planificación: del qué, cuándo y para qué, quiénes participan.

Presupuestación: sobre la base de la planificación, su aprobación, quiénes elaboran el presupuesto institucional, mecanismos de control de ejecución.

Compras: trámites de compras, control de manejo de bodega, control de uso en cuanto a los fines establecidos.

Ejecución: evaluar las fallas y determinar nuevos procedimientos para la ejecución plena del presupuesto.

Personal: mapeo de personal en las diversas funciones requeridas, reasignación en función de las acciones establecidas, determinación de las nuevas necesidades de recursos humanos; uniformidad de criterios y todas aquellas instancias procesos y procedimientos necesarios y suficientes de acuerdo a las normativas legales vigentes (institucional, nacional e internacionalmente); facilitando la participación en la construcción de políticas alternativas a nivel penitenciario, en condiciones físico ambientales y psicológicas adecuadas.

2. Revisar, corregir y actualizar los procesos y procedimientos técnicos aplicables a la gestión institucional: Instituto Nacional de Criminología, Departamento Técnico, Cómputo de Penas, Departamento de Investigación y Estadística, Coordinaciones de Programas y todas aquellas instancias, procesos y procedimientos necesarios y suficientes de acuerdo a las normativas legales vigentes (institucional, nacional e internacionalmente).

3. Establecer las prioridades de intervención inmediata en los cuatro programas de atención a la población penitenciaria: Institucional, Semi-institucional, Comunidad y Penal Juvenil.

4. Trasladar según corresponda los informes que se generen en el transcurso de la intervención sobre una perspectiva de mal uso del personal, como de los recursos técnicos y administrativos. Lo anterior incluye una auditoría de los procedimientos actualmente establecidos para el manejo de los fondos que ingresan a la Dirección General de Adaptación Social, a través del Patronato de Construcciones.

5. Proyectar y proponer la nueva organización que habría de darse en la Dirección General de Adaptación Social, incluyendo la redacción de un anteproyecto de Estatuto Orgánico, según la ley 4711.

6. Rendir un informe técnico de todas las conclusiones y recomendaciones que como resultado de la intervención se produzcan. Dicho informe será presentado ante la Presidencia de la República e igualmente se presentará en un acto público para el conocimiento de la ciudadanía en general. Se deberá garantizar el derecho al honor de las personas que resultaran con posibles procesos investigativos.

7. Para el debido cumplimiento de los objetivos enumerados, la comisión interventora nombrada tendrá plena libertad de nombrar y auxiliarse de cuantos expertos, peritos o técnicos estime necesarios, sean éstos nacionales o internacionales.

8. El Ministerio de Justicia y Paz garantizará la gestión y asignación de recursos financieros que resulte necesaria para el desempeño de las funciones y atribuciones de la comisión interventora.

9. La comisión interventora nombrada durará en sus funciones un máximo de seis meses, prorrogables si fuese necesario.

SEGUNDO

10. En ningún caso se adoptarán represalias en contra de las personas funcionarias que participan en el movimiento de recuperación de la institucionalidad del Sistema Penitenciario Nacional. Igualmente, no se realizarán despidos, rotaciones o cualquier otra medida que pueda ser asumida como sanciones disciplinarias en contra del personal que se pronuncie en relación a este movimiento; quedando sin valor y efecto aquellos procedimientos que a la presente fecha hayan sido ordenados por estos mismos asuntos.

TERCERO

11. El Ministerio de Justicia y Paz se compromete en hacer suyo el informe técnico que al efecto deberá remitir la comisión especial interventora nombrada, obligándose a tomar las medidas correctivas que en el mismo se sugieran a favor del fortalecimiento de la Dirección General de Adaptación Social, del Sistema Penitenciario Nacional.

Señor Ministro: Le reiteramos el máximo de nuestros respetos y quedamos a su orden para una próxima, necesaria y urgente audiencia en su despacho.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP


cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Jorge Rodríguez Bogle, Director General, Dirección General de Adaptación Social.
cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General, Contraloría General de la República.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Lic. Luis Gerardo Fallas Acosta, Defensor Adjunto, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Delegados y delegas sindicales de la ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.
cc.. Personal Profesional, Técnico, Administrativo, de Servicio, Policial, Sistema Penitenciario Nacional.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

JAPDEVA: Gobierno impone inmoral Convención Colectiva

Sindicalistas portuarios gringos constatan “in situ” violaciones a la Libertad Sindical en SINTRAJAP en su visita al país.

1. Expresamos nuestra más enérgica condena por el inmoral acto de “homologación” de la nueva Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA, efectuado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el día de ayer, 1 de junio de 2010.

2. Culmina así una cadena de violaciones jurídicas a los principios constitucionales, legales y del Derecho Internacional en materia de Libertad y de Autonomía Sindicales, jamás vistas en la historia costarricense; acciones antijurídicas de tal calibre que tiene ya y que profundizará luego, repercusiones para el país; no solamente en el marco de la próxima conferencia mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino que, potencialmente, para el comercio costarricense en puertos extranjeros.

3. Las buenas relaciones que como Movimiento Sindical se deben mantener con la cartera de Trabajo y Seguridad Social, no son óbice para indicar a varios de sus altos jerarcas tradicionales que cedieron al enorme poderío económico ejercido por los asuntos de negocios promovidos por los hermanos Arias Sánchez, en materia de concesión-privatización de los puertos de Limón y de Moín. Violentaron vilmente las leyes sindicales nacionales e internacionales y ellos lo saben muy bien porque “en privado” nos han indicado que “tenían que hacerlo”.

4. Nos olfateamos que en próximas horas se impondrá una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Convención Colectiva de Trabajo llena de odiosos privilegios; acción de inconstitucionalidad que irá en la misma línea de otros cuestionamientos en el seno de la Sala IV contra otras convenciones del Sector Público, ordenando este altísimo tribunal la eliminación total y o la reducción parcial de muchas cláusulas que fueron consideradas “abusivas”.

5. El caso de la nueva convención de JAPDEVA es exactamente el mismo y no tendría que fallarse de otra manera, a no ser que el mismo poder que doblegó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, doblegue también a los altos jueces constitucionales de la República. Sin embargo, debemos confiar en la majestad de la independencia del Poder Judicial y su tribunal constitucional.

6. Los odiosos privilegios de la nueva convención de JAPDEVA obligarán a todo el pueblo a sacar de sus exprimidos bolsillos la espantosa cantidad de 80 mil millones de colones (137 millones de dólares) en dos partes: 37 millones de dólares de las vacías arcas fiscales que dejaron los hermanos Arias; y, los otros 100 millones de dólares con el alza de las tarifas portuarias ante la necesidad del inversionista de recuperar rápidamente la plata que debe pagar por hacerse con la concesión de los muelles limonenses.

7. Exhortamos a las fracciones parlamentarias y a los señores diputados y señoras diputadas decentes del actual parlamento, a reaccionar fuertemente contra este “asalto” organizado a las finanzas públicas y a los bolsillos del pueblo, que representa la legalización del pago de la mordida, del soborno, de los 80 mil millones de colones para 1400 personas trabajadoras de JAPDEVA, vía la homologación de la nueva convención colectiva, firmada con la directiva sindical golpista de SINTRAJAP que desplazó a la legítima encabezada por el señor Ronaldo Blear Blear.

8. Además, es vergonzosa e indignamente, es una ofensa brutal contra toda la clase trabajadora asalariada, la cláusula que permitirá que 500 personas trabajadoras de JAPDEVA tengan el odioso privilegio de pensionarse a los 50 años de edad.

9. Por otra parte informamos de la visita al país de una delegación sindical sindical muellera de los Estados Unidos de América, que vino a constatar “in situ”, las graves violaciones de las leyes laborales nacionales e internacionales en el caso del golpe de Estado dado a la dirección legítima de SINTRAJAP, así como a comprobar el corrupto caso de la mordida de los 137 millones de dólares.

10. Se trata de personeros de la International Longshore & Warehouse Union (Coast Longshore Division), ligados a la gigantesca central sindical estadounidense, la American Federation of Labor-Congress Of Industrial Organizations (AFL-CIO).

11. Ya visitaron Limón y se reunieron con la dirección sindical legítima de SINTRAJAP, así como otros líderes sociales honestos limonenses. Además, se reunieron con ANEP y fueron documentados al máximo de toda esta situación. Tuvieron reunión con la embajada de los Estados Unidos de América y se estarán entrevistando en las próximas horas con personalidades políticas y hasta gubernamentales de la actual administración, según tenemos entendido.

12. Presentarán luego un informe a las autoridades sindicales estadounidenses de las instancias mencionadas, lo que podría generar decisiones relacionadas con el comercio internacional de Costa Rica en los puertos estadounidenses, entre otras acciones extrafronteras nacionales.

13. Finalmente, la homologación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA, llena de odiosos privilegios, complicará todavía más la posición del Gobierno de Costa Rica ante la próxima conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalada para próximos días.

14. La distinguida Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), doña Sandra Piszk Feinzilber, enfrentará un durísimo panorama del que difícilmente podría salir bien parada como representante de un país considerado mentiroso en cuanto a la honra de los compromisos que asume y como violador reiterado de la Libertad Sindical según las normativas de tal entidad mundial.

San José, 2 de junio de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Frente Amplio exige destitución de Stagno

Como es sabido Bruno Stagno, con la complicidad del expresidente Oscar Arias, se autonombró embajador en la ONU siendo canciller y cuando sólo le faltaban tres días a la Administración Arias.

Estamos ante un conflicto de intereses, que configuraría según el artículo 4 de la ley mencionada un claro acto de corrupción política. Bruno Stagno debería ser destituido inmediatamente de su cargo, sin responsabilidad patronal, e independientemente de lo que en su momento puedan agregar los tribunales nacionales y la Procuraduría de la Etica.

La Presidenta de la República, Laura Chinchilla, tiene la responsabilidad política y el imperativo ético de destituir inmediatamente a Stagno. ¿Qué credibilidad moral puede tener Costa Rica en la ONU con un representante que prácticamente tomó por asalto el cargo?
Es también una vergüenza que el anterior representante del país ante la ONU, Jorge Urbina, fuera nombrado embajador ante una embajada fantasma. Otro caso evidente de corrupción.

Estamos viendo de nuevo como se reparte el botín. Correligionarios, amiguetes, pegabanderas, libertarios, pseudocristianos… todos abalanzándose sobre la piñata de ministerios, juntas directivas, embajadas, etcétera, a punta de compadrazgos y sin méritos profesionales y éticos que les acrediten para ocupar esos cargos.

Con la misma convicción e indignación con que se detuvo el aumentazo diputadil, hay que seguir exigiendo decencia en la función pública y limpieza a fondo de la gangrena de la corrupción.

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Frente Amplio
Primero de junio de 2010

Faltante de leche en CEN-CINAI es un duro golpe a la propuesta de Red de Cuido

La denuncia que aparece hoy, martes 1 de junio de 2010, en importantes medios de prensa escrita, acerca de un grave faltante de leche para la población beneficiaria de los CEN-CINAI, es un duro golpe a la propuesta de la Red de Cuido que tan ardorosamente le ha ofrecido al país la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda; si consideramos la “olímpica” salida de la señora Ministra de Salud, la doctora María Luisa Ávila Agüero, de que tal problema se debe a que “no hay forma de hacer previsiones”.

Nos preguntamos: ¿en quién, entonces, podrá confiar la máxima autoridad ejecutiva del país, la señora Presidenta, para implementar su programa de Redes de Cuido, si el mismo tendría su base estratégica en los CEN-CINAI y si la máxima jerarca de éstos afirma de que “no hay forma de hacer previsiones”.

Se ofende la inteligencia ciudadana al afirmarse de que el grave faltante de leche en los Centros de Educación y Nutrición (CEN), como en los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI), se debe a “los tiempos de la Administración Pública” y a “barreras burocráticas”; cuando bien se sabe que, prácticamente, hay un único gran proveedor nacional de leche, la Dos Pinos; y que, por otro lado, una buena planificación de compras permite, si se hace bajo una dirección política eficiente, formas de hacer previsiones.

Como la máxima autoridad política nacional de los CEN-CINAI, la Ministra Ávila deja mucho que desear con su burda explicación de que “no hay forma de hacer previsiones”. Sería mucho más sano, por un lado, reconocer autocríticamente que sí se podían hacer previsiones adecuadas y se falló en ello; por otro, ordenar una amplia explicación transparente y contundente a sus colaboradoras más estrechas, especialmente a la “zarina” del programa, la funcionaria Sonia Camacho.

Bien haría la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, en tener mucho cuidado en cuanto a que su atinada y necesaria idea de las Redes de Cuido, no nazca muerta porque “no hay forma de hacer previsiones”.

Finalmente, valga para la propia ANEP (que no es sindicato faldero de la señora Ministra Ávila), una autocrítica pública porque ya estábamos enterados de este problema, a través de una importante cantidad de llamadas telefónicas que se recibieron en los últimos días. Es evidente que nos faltó agilidad y eficiencia en formular la denuncia pública del caso.

San José, 1 de junio de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Comunicado sobre el desalojo de Sintrajap

Limón, 26 de mayo del 2010

A todas y todos los trabajadores de JAPDEVA afiliados a SINTRAJAP, al pueblo limonense y costarricense en general

COMUNICADOBLICO

El día de hoy a eso de las 05:00 horas (5 a.m.) un contingente de unos 60 policías cerraron las calles aledañas al edificio de SINTRAJAP y en un nuevo acto de ilegalidad y provocación rompieron los portones de hierro, las puertas de vidrio del edificio, arrancaron todos los afiches y material educativo e informativo de las paredes y como en las más nefastas dictaduras ingresaron, violentando la autonomía de SINTRAJAP, la Libertad Sindical y el debido proceso, irrespetando nuevamente los más altos valores cívicos del pueblo costarricense como lo son el respeto a la institucionalidad, la legalidad, la paz y la democracia.

Es importante aclarar que contra esta medida ejecutada hoy por la policía y la GAO, con órdenes superiores, existen un recurso de amparo acogido por la Sala Constitucional, un proceso en trámite de Contencioso Administrativo, un recurso de apelación y revisión ante el Ministro de Seguridad, además de otros tres recursos acogidos por la Sala y otras demandas presentadas ante los tribunales, sin que ninguna de estas hasta hoy hayan sido resueltas, por lo menos dentro del conocimiento nuestro. Además en el caso concreto de esta acción de desahucio Administrativo, hay que decir que no emana de ninguna orden judicial, el mismo fue ordenado sin fundamento por la hoy ex Ministra de Seguridad Jeanina Del Vecchio, mediante una resolución administrativa sin sustento legal, ni en los hechos, emitida el día tres de marzo, turbiamente 9 horas antes de que alguien le solicitara su intervención en el edificio de SINTRAJAP. Este atropello de la policía deja muy claro la violación del debido proceso, y el carácter político y no legal de esta acción ejecutada hoy brutalmente por la fuerza pública y los actos de corrupción que hemos venido denunciando permanentemente.

El acto cometido hoy, es lo más parecido que hemos visto a un acto delincuencial, porque si todo está en orden porque no lo hicieron de forma normal, en horas de oficina y con una notificación como corresponde. Evidentemente no hay transparencia en lo que hacen y por eso tienen que usurpar nuestras instalaciones con violencia y como ladrones en horas de la madrugada, una muestra más de su miedo ante el repudio cada vez más creciente de los trabajadores y la comunidad Limonense ante todos los abusos, atropellos y entrega que han cometido en contra de los trabajadores, JAPDEVA, el pueblo de Limón y Costa Rica.

Hoy alzamos nuestra voz con dignidad, para denunciar un atropello más en contra de la ley, la autonomía, la institucionalidad y la democracia. Un nuevo acto espurio promovido desde Casa Presidencial para arrebatarnos los puertos que son de todos los costarricenses y entregárselos a empresas privadas transnacionales para que se enriquezcan más, a costilla del país, el pueblo limonense y los trabajadores.

Hacemos un nuevo llamado a todos y todas, organizaciones sociales, trabajadores y ciudadanía en general para que despertemos y hagamos conciencia de que estamos perdiendo Costa Rica y los nuevos filibusteros nos atacan con armas mediáticas muy bien manipuladas y con la fuerza bruta y desproporcionada, aprovechándose de los aparatos del estado; que evitan que nos unamos para luchar. Debemos continuar pronunciándonos, organizándonos y luchando para detener todas las arbitrariedades que se están cometiendo en contra del pueblo costarricense.

SÍ AL FORTALECIMIENTO DE JAPDEVA Y AL DESARROLLO DE LIMÓN, NO A LA CONCESIÓN-PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS COSTARRICENSES

Lic. RONALDO BLEAR BLEAR
SECRETARIO GENERAL

LIROYREZREZ
SECRETARIO DE PRENSA

El fracasado aumentazo salarial Diputadil

Hasta la colega organización sindicalista del empresariado, la UCCAEP, tuvo que pronunciarse.

La Presidenta se quedó sin espacio para sostener el aventurerismo político de los diputados gobiernistas (la coalición “Li-Li”).

Diputada Viviana Martín Salazar perdió credibilidad y quedó debilitada como interlocutora política.

Asamblea Legislativa golpeada severamente, deberá “reconciliarse” con el pueblo.

1. Ha ocurrido, sin duda alguna, un acontecimiento histórico. El pueblo habló y el aumento no se dio. Desde hacía mucho tiempo un tema de tanta incidencia directa en la vida de la población costarricense no había concitado tanto consenso; así como las condiciones para el desarrollo de protestas y movilizaciones sociales de mayor envergadura que ya estaban en preparación.

2. La pretensión abusiva de la coalición parlamentaria gubernamental, “_Li-Li_” (Liberación-Libertarios), de aumentarse, abusivamente, sus salarios como congresistas, se convirtió en un gigantesco error político pocas veces visto en la historia reciente del país y cuyas consecuencias, visibles y latentes, están por verse.

3. La señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, no tenía más espacio político para seguir sosteniendo lo que desde un inicio contó con el aval del Gobierno de la República por ella encabezado, a través de su vocero estrella: el Ministro de la Presidencia, señor Marco Vargas Díaz.

4. No tuvo más remedio que expresar su intención de vetar la detestada ley salarial diputadil ya aprobada en primer debate, desmarcándose así de lo que podría ser un golpe irreparable para su propia credibilidad y legitimidad. Si bien correcta, la salida ética para justificar el veto que el pueblo y sus organizaciones más consecuentes pedían a gritos desde un inicio, fue la fórmula elegante que se encontró para intentar reparar un fatal desaguisado que dañaría, no más empezando, toda su gestión gubernativa.

5. En la coalición parlamentaria gobiernista, la alianza “_Li-Li_”, el daño pareciera sumamente grave. La jefa de la misma, la diputada Viviana Martín Salazar perdió credibilidad, se deterioró su legitimidad como interlocutora política y evidenció carencia de liderazgo y de solidez argumental para defender la ya fracasada ley del aumentazo salarial diputadil.

6. La gallarda posición de autocrítica y de reconocimiento del error cometido que mostró el legislador don Guillermo Zúñiga Chaves, aunado a su ampliamente reconocido criterio en materia de finanzas públicas y cuestión tributaria, no hizo más que evidenciar las carencias políticas de la diputada Martín Salazar, cuyas conexiones de negocios y de apoyos políticos extraparlamentarios y extragubernamentales, habrá que auscultar.

7. En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos sumamente complacidos de haber captado desde un inicio la envergadura del problema en desarrollo, de haber interpretado el sentir popular y de haber manifestado desde un inicio nuestra posición crítica y pública al respecto, con toda transparencia y sin cálculo político alguno; respaldando desde el comienzo, firmemente, la iniciativa de autoconvocatoria ciudadana a la manifestación pública, en la calle, certificando que el concepto político de la “_Democracia de la Calle_”, tiene hoy más que nunca absoluta legitimidad.

8. El potencial del pueblo en movilización mostró cuán fuerte es y, en verdad, habían ya madurado las condiciones de promover eventos de este tipo de mayor envergadura y extensión, como se tenía previsto anunciar para fechas próximas; sin que obviemos análisis autocríticos sobre estrategias organizativas de mayor efectividad e impacto para situaciones como éstas.

9.
Es válido resaltar que el indetenible “_in crescendo_” de la ola de indignación popular fue de tal calibre que hasta la máxima organización sindicalista empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), se vio obligada a emitir un pronunciamiento crítico acerca de la situación en comentario, cuando ya el desenlace era previsible. Celebramos que, aunque fuese de último minuto, tuvieran que desmarcarse del asunto que, de seguro, siempre contó con su aval político, al menos, en privado.

10. Hay que honrar porque honrar honra. La fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezada por el señor diputado don Juan Carlos Mendoza García, ha jugado un extraordinario papel que se debe reconocer y felicitar. De igual calibre es la actuación del señor diputado del Partido Frente Amplio (PFA), don José María Villalta Florez-Estrada, verdadero oxígeno político para una institución vital para la democracia, pero tan venida a menos, como lo es la Asamblea Legislativa.

11. La fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), reaccionó a tiempo y se salvó por la mínima de tal debacle política. Entendieron el clamor que desde las organizaciones del pueblo se les hizo y eso se les reconoce. También resaltamos las rectificaciones de legisladores como doña Gloria Bejarano Almada, don Luis Fishman Zonziski y don José Roberto Rodríguez Quesada, ambos del PUSC; así como don Víctor Hugo Víquez Chaverri, de la fracción parlamentaria oficialista.

12. Igualmente resaltamos el caso del ya citado don Guillermo Zúñiga Chaves, cuyas preocupaciones sobre las injusticias tributarias que pesan sobre la gente, las consideramos honestas pues su paso por la cartera de Hacienda así lo evidenció, aunque la ausencia de espacio político le impidió impulsar los necesarios y desesperados cambios que ocupa la ciudadanía para mayores políticas públicas de verdadero impacto social.

13. Pese a las actuaciones diputadiles honrosas y leales con el sentir popular, es real que la Asamblea Legislativa sufrió un durísimo golpe a su credibilidad, a su legitimidad, al intentar imponer, ya no solamente por la forma, sino por el fondo, un autoaumento salarial de tal calibre e impacto al punto de que, como indicamos al principio, convirtieron el asunto en un punto de convergencia de consenso nacional pocas veces visto en los últimos tiempos políticos.

14. Es nuestro criterio que de ahora en adelante, el parlamento estará más que vigilado por una ciudadanía indignada pero muy fortalecida al comprobar la potencia política de su clamor ante la cosa pública; y, por lo tanto, deberá promover, con total transparencia y en contacto directo con las organizaciones sociales más representativas de esa ciudadanía, iniciativas de ley en pro del bien común y a tenor con la filosofía humanista de nuestra Constitución Política.

15. Los proyectos de ley que se tramitan a golpe de tambor, por la vía rápida, a espaldas de la gente, quedan ya con una desconfianza de origen que le indican a la gente los intereses egoístas que esconden para aumentar las riquezas de quienes ya de por sí la tienen en demasía y altamente concentrada.

16. ANEP agradece a aquellos medios de comunicación colectiva, tanto los tradicionales (impresos, radiales, televisivos), como los alternativos y electrónicos, a sus experimentados profesionales periodísticos, las posibilidades de que nuestro pensamiento y nuestras acciones en esta histórica coyuntura pudiesen llegar a una inmensa cantidad de ciudadanía que, por lo general, encuentra muchos escollos en acceder al pensamiento de las organizaciones que actuamos en defensa de una concepción de país inclusivo y solidario.

17. Para el pueblo y para sus organizaciones más consecuentes, la ruta correcta es el fortalecimiento de su articulación para su organización efectiva y movilización constante; de su unidad en la diversidad; de apuntalar los proyectos de país alternativos que están más que vigentes; así como de conjuntar esfuerzos con aquellas agrupaciones político-partidistas y personalidades notables dispuestas a actuar con base en los intereses de la gente, tal y como se mostró en esta coyuntura.

18. ANEP, con su pertenencia directa a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), aspira a fortalecer su senda de vinculación ciudadana bajo la inspiración ética del concepto de “_Sindicato Rebelde_” y bajo la orientación para la acción de su concepción de “_Sindicalismo Ciudadano_”.

San José, jueves 27 de mayo de 2007.

FORO: «Proyecto de Ley de Empleo Público»

EL PROYECTO DE LEY DELSALARIO ÚNICO”

Convocatoria urgente

La Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), con el patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert (FES), invitan a las diversas representaciones sindicales, gremiales y profesionales del sector Público al evento de análisis integral del proyecto ya conocido popularmente como la “Ley del Salario Único”; proyecto que desde la perspectiva neoliberal de la concepción de país, es llamado por MIDEPLAN, como la “Ley General de la Relación Pública de Servicio”.

Este evento se llevará a cabo el día viernes 21 de mayo de 2010, a partir de las 8:30 a.m., en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR), en Calle 20, San José. El cupo es limitado.

El evento consiste en cuatro momentos:

· I. Contextualización político-ideológica en que este proyecto está siendo formulado.

· II. Análisis desde la perspectiva jurídica a partir de lo que son las condiciones actuales de empleo y de salario en la Administración Pública, conquistadas durante el desarrollo de lo que se conoce como la “Segunda República”.

· III. Tercero: ¿Qué hacemos?

·IV. Cuarto: ¿Conclusiones.

Para inscribirse se requiere:

1. Nombre y dos apellidos:
2. Institución de procedencia:
3. Sindicato/gremio/seccional de pertenencia:
4. Teléfono de fácil localización:
5. Dirección electrónica si la tiene:

Corresponderá a cada organización/gremio/seccional acreditar a personas trabajadoras dirigentes de base que no cuenten con correo electrónico y cuya presencia consideren relevante para el proceso de lucha que se ha de desarrollar.

Enviar inscripción a. centralsocialjuanitomora@hotmail.com.
Con copia a: marialaura@anep.or.cr

Firmas responsables de esta convocatoria

Albino Vargas Barrantes
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Luis Ángel Serrano Estrada
Secretario General, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP)
Vicepresidente, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

2010-05-10

ANEP respalda convocatoria del 24

Conferencia de prensa. ANEPtv

Circula ya por las redes sociales de internet, una autoconvocatoria ciudadana para una manifestación de repudio contra las intenciones de una gran mayoría de diputados y de diputadas de la Asamblea Legislativa que acaba de iniciar funciones, de aumentarse, de manera abusiva, sus salarios.

La indignación popular es generalizada y tal intención desprecia profundamente el pensamiento de la gente, gran parte de la cual vive en medio de grandes congojas económicas producto de los bajos salarios.

Desde ya, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), cuyas respectivas representaciones ostentamos, saludamos esa iniciativa ciudadana, ayudaremos a la misma en lo que nos corresponde, sin ningún afán protagónico y de una manera completamente transparente. Hacemos así honor a nuestro primer pronunciamiento oficial al respecto, en contra de esta idea legislativa, emitido el pasado día miércoles 12 de mayo de 2010.

Creemos que la pretensión de un aumento salarial diputadil como el que se está impulsando en el parlamento, no debe pasar por las siguientes razones:

Primera: La iniciativa en discusión proyecta, repite, refuerza, el pernicioso “efecto Constenla”: la decisión de la alta cúpula gerencial del Instituto Nacional de Seguros (INS), de incrementar el salario de su Presidente Ejecutivo, de 4 a 8 millones de colones, prácticamente, constituyendo una duplicación más que ofensiva para la gente. Doña Laura Chinchilla, Presidenta de la República, dejó a don Guillermo Constenla Umaña a la cabeza de tal entidad y ahora él disfruta de tan sustentoso ingreso salarial.

Segunda: Es una iniciativa que golpeará, sensiblemente, la credibilidad y la transparencia del nuevo parlamento que entró en funciones el pasado Primero de Mayo, por tramitarse de manera completamente inoportuna y a riesgo de tener el detestable precedente de que la primera ley de esta nueva Asamblea Legislativa, sea para el beneficio directo, para el bolsillo de sus integrantes.

Tercera: Creemos que muchas de los diputados y de las diputadas actuales no necesitan de tal incremento, pues tienen actividades empresariales extras, son personas de negocios o ligadas a ellos, por tanto, no están perdiendo plata.

Cuarta: Creemos que otros señores diputados y otras señoras diputadas, con actividades laborales y/o profesionales antes de ocupar curules legislativas, tenían salarios menores que los que están establecidos para las mismas, de manera que, más bien, están obteniendo un mayor ingreso salarial mensual.

Quinta: El “efecto Constenla” parece que ya salió de la Asamblea Legislativa y ha penetrado la Defensoría de los Habitantes de la República, en la cual ya se plantearon incrementos salariales de hasta un 33 %. No dudamos de que la gente que labora en tal entidad tiene una altísima calidad profesional y realizan una labor de enorme relevancia para la democracia. Sin embargo, su jerarca máxima, la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, muestra una enorme insensibilidad con relación al grueso de la realidad salarial de la clase trabajadora, en importantes segmentos del sector Público y, especialmente, con la generalidad de quienes trabajan para el sector Privado. Doña Ofelia pensó en sí misma, en “su” gente, pero no en el grueso de la población habitante que es asalariada.

Sexta: Quienes defienden el aumento salarial legislativo, debieron ser más sensibles, tener más olfato político, contener sus apetencias salariales desmedidas y entrarle duro, de lleno, al tema del Salario Mínimo, considerando iniciativas que al respecto ya están en la corriente parlamentaria. Hay que repetirlo una y mil veces porque científicamente demostrado está: 600 mil personas trabajadoras asalariadas del sector Privado ni siquiera ganan el salario mínimo de ley, ya de por sí muy bajo y sin posibilidad alguna de defenderse de tan altos niveles de explotación.

De manera que felicitamos esa autoconvocatoria ciudadana para una manifestación el lunes 24 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, frente a la Asamblea Legislativa, en contra del abusivo aumento salarial diputadil. Haremos todos nuestros máximos esfuerzos para aportar a este evento.

Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente a las colegas del Movimiento Sindical Costarricense para que nos unamos a esta cruzada ciudadana.

San José, domingo 16 de mayo de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
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CONGRESO SECUESTRADO POR AUMENTO SALARIAL

DESGLOSE DEL SUELDO QUE BUSCAN LOS DIPUTADOS

Monto: ¢2 millones
Rubro: Índice de equiparación remunerativa
onto: ¢1 millón
Rubro: Salario Base
Monto: ¢800 mil
Rubro: Gastos de representación
Monto: ¢500 mil
Rubro: Exclusividad

Total: ¢4,3 millones*

Salario Actual: ¢2,6 millones

Así, los “padres de la patria” pasarían de ganar ¢2,6 millones a ¢4,3 millones mensuales, cifra que ascendería a ¢6,1 millones cuando les toque entregar la curul, el 30 de abril de 2014, producto del 5% de aumento semestral.

Salario Actual: ¢2,6 millones Monto Propuesto ¢4,3 millones*

  • Se incrementará un 10% anual.

Si el aumento es de un 10% anual (por año calendario y no por año de gestión de la diputación) el aumento al final sería de ¢6.295.630,00 . Si es por año de gestión como diputado y 5% semestral sería de ¢6,1 millones.

Ver cuadro en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

Sobre situación de allanamiento en el TEC

Los hechos ocurridos en la mañana de hoy jueves obedecen a una investigación preliminar para determinar una eventual apertura de causas. Lo anterior responde a denuncias presentadas ante el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública del II Circuito Judicial de San José en contra de varios funcionarios de la Institución.

Una de estas denuncias fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Cartago, por el señor Isidro Alvarez Salazar, auditor interno del TEC y las demás presentadas por una persona que no se identificó amparada en el secreto profesional; estas últimas son derivadas de informes de Auditoría Interna, de los cuales algunos son de carácter confidencial.

Es importante aclarar que no existe ninguna acusación formal ni orden de detención contra funcionarios del TEC y la FundaTEC, sino que se trata de una investigación preliminar.

La mayoría de estos casos ya han sido investigados y resueltos por las instancias internas pertinentes, incluso llevándose a la Asamblea Institucional Representativa (AIR), instancia máxima de nuestra Institución.

Los hechos denunciados están vinculados con el TEC, FundaTEC y la relación TEC-FundaTEC. Son 12 casos, de los cuales siete corresponden al TEC, tres a la FundaTEC y dos a la relación entre ambos.

Todos los casos ya han sido debidamente atendidos. Es importante mencionar que de los siete casos del TEC, los 7 ya están resueltos. De los tres casos de la FundaTEC, dos están resueltos y uno en proceso. De los casos de la relación TEC-FundaTEC, uno está resuelto y otro en proceso de investigación.

Es importante reiterar que la Institución se encuentra en la mejor disposición de brindar la información necesaria. Se lamenta el enorme despliegue de funcionarios judiciales, siendo el TEC una institución pública de respeto y tradición en la rendición de cuentas a la sociedad y los efectos que esta situación tenga sobre la imagen de la educación universitaria estatal en momentos críticos del proceso de negociación del Fondo Estatal de la Educación Superior (FEES).

TUASA despide choferes por sindicalizarse

ESTIMADO USUARIO DE TUASA:

Nosotros somos un grupo de choferes de TUASA que fuimos despedidos por afiliarnos a la ANEP y por formar una seccional de la ANEP. Ahora le pedimos a usted su apoyo, su solidaridad, su respaldo. La empresa TUASA no aceptó que planteáramos el asunto de nuestras condiciones de empleo. Hay un informe del Ministerio de Trabajo que formuló un gran número de recomendaciones para mejorar el servicio que se le da a usted, y para mejorar la calidad del empleo a que tenemos derecho como empleados de TUASA.

Por favor, llame a este número 2442 6900 y pida que nos reinstalen en nuestro puesto de trabajo. Respalde nuestro deseo de dialogar con la empresa, de que nos devuelvan el empleo y de que TUASA hable claramente con usted, como usuario, sobre la calidad del servicio que a usted se le brinda.

Vamos a darle a la empresa un compás de espera para ver si dialoga con nosotros. Si usted nos apoya, es posible que ese diálogo se abra y que podamos plantear en la mesa el asunto de las condiciones en que a usted se le brinda este servicio.

Gracias por su solidaridad.

Atentamente: Choferes despedidos por afiliarse a la ANEP en busca de proteger sus derechos laborales y por defender la calidad del servicio para el usuario de TUASA.

Junta Directiva Seccional ANEP-TUASA