Después de la presentación, por parte del Frente Amplio, de varias propuestas de redacción para salvar la reforma constitucional sobre el agua, finalmente se ha logrado casi un consenso en la Asamblea Legislativa, comentó el Diputado José María Villalta Florez-Estrada.
“Para nosotros lo importante es que la Constitución tiene que proteger el agua y decir, como mínimo: 1) Que el agua es un bien público, de uso colectivo, que no puede privatizarse; y 2) Que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental. No una mercancía”, agregó el legislador del Frente Amplio.
“Además, hemos promovido que expresamente se incluya que el abastecimiento de agua a las poblaciones será siempre la primera prioridad. Que esta prioridad prevalecerá sobre cualquier otro uso del agua. Para nunca más tener comunidades con sed mientras se llevan el agua para regar canchas de golf”, dijo el Diputado Villalta.
Para el diputado frenteamplista es una feliz coincidencia que el mismo día que la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró como derecho humano el acceso al agua y al saneamiento, la Asamblea Legislativa en Costa Rica alcance casi un consenso sobre una reforma constitucional con similar propósito.
José María Villalta saludó la participación en esta coyuntura de las organizaciones ecologistas y ambientalistas, y en general el papel positivo de la presión popular, que ha permitido evitar el entierro de esta reforma por ocho años más, así como la voluntad de las fracciones legislativas que han permitido, en principio, salvarla tras un acuerdo que evita la privatización del agua.
La decisión de la administración Chinchilla de respaldar el decretazo de Oscar Arias, que declaró de interés público la explotación minera en Crucitas, es una traición a la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que rechaza rotundamente este proyecto depredador y leonino.
Si vergonzosa ha sido la posición de una mayoría de magistrados de la Sala IV que le dió luz verde a Industrias Infinito, a pesar de las abrumadoras evidencias sobre las carencias científicas, técnicas y legales de los permisos ambientales otorgados a la transnacional canadiense, más vergonzosa resulta la rendición del Poder Ejecutivo, que tenía en sus manos la posibilidad de restituir un mínimo de decencia en la política nacional, anulando un decreto del expresidente Arias a todas luces inmoral y entreguista.
Las razones esgrimidas por el Poder Ejecutivo, por medio del mal llamado “vicepresidente del ambiente”, Alfio Piva, parecen redactadas no en Zapote sino en las oficinas de la transnacional minera. Aducir que el país estaría ante una indemnización astronómica, de cerca de dos mil millones de dólares, si rescinde el contra minero, es un acto desvergonzado de un gobierno que niega a ejercer la soberanía, y que acepta sin pelear y a priori el chantaje de estas empresas transnacionales: “o les permitimos robarse nuestros recursos con la complicidad de funcionarios corruptos, o nos llevan a los tribunales extraterritoriales creados por el TLC”.
No le importó al gobierno de Chinchilla el clamor popular contra la mina en Crucitas, ni tampoco los daños irreversibles que causaría este tipo de extracción aurífera al ambiente, además de otras características leoninas de la concesión, donde la transnacional extranjera se lleva la crema y nata del negocio, dejando en el país unas migajas y una herencia devastadora.
Se equivoca el gobierno si piensa que los hechos están consumados. El pueblo debe reaccionar y continuar con la protesta.
Desde el Frente Amplio condenamos la posición adoptada por el gobierno, y reiteramos nuestra disposición de continuar en la lucha, junto a todos los sectores con conciencia patriótica y ambientalista del país. Seguiremos diciendo no a la minería de oro a cielo abierto en Crucitas. No nos rendimos, tenemos la verdad de nuestro lado, y a la mayoría del pueblo que rechaza este proyecto indigno.
Comité Ejecutivo Nacional Partido Frente Amplio Comunicado de prensa, 27 de Julio de 2010
Embajada de la República de Cuba Comité Costarricense de Solidaridad con Cuba Asociación de Cubanos Residentes en Costa Rica, Antonio Maceo
INVITAN
24 de Julio, 2 p.m. en el Centro Cultural de México (de la Subarú Los Yoses 300 Sur)
Celebración de FIESTANACIONALDEL 26 DE JULIO Día de la Rebeldía Nacional, Asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes
ACTOPOLITICO – CULTURAL Baile al son cubano Juegos de mesa Exposición de libros y discos Canto lírico y guitarras con grandes músicos Comidas cubanas y nacionales, bebidas y más
La Fundación Friedrich Evert realizó un diálogo sobre este importante Proyecto de Ley, el cual se realizó en San José.
A este encuentro llegaron representantes de la Central Social Juanito Mora Porras y la Rerum Novarum, entre otras organizaciones y personalidades. Video de ANEPtv sobre este encuentro.
El artículo 57 de la Constitución Política señala: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine.”
El citado derecho también ha sido reconocido en diversos instrumentos de derechos humanos vigentes en nuestro país como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley Nº 4229-A del 11 de diciembre de 1968, que en su artículo 7, inciso a), dispone que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren: _“una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: (…) ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto”. _
Sin embargo, hasta la fecha, este mandato constitucional, reiterado en tratado de derechos humanos, no se cumple en Costa Rica. En pleno siglo XXI, el precepto contenido en el numeral 57 de la Carta Magna existe únicamente en el papel, pues lo salarios mínimos no permiten una existencia digna para las personas trabajadoras y sus familias.
De hecho, la valoración necesaria para garantizar que los salarios existentes procuren bienestar y existencia digna a quienes lo reciben, ni siquiera se realiza. Cada seis meses, quién ejerce la presidencia de la República y su Ministro de Trabajo, firman el respectivo decreto de salarios mínimos, el cual es un “machote” donde el aumento salarial, en el mejor de los casos, solo tiene relación con el crecimiento de la inflación. Aún en este caso, es común que los datos globales de dicho indicador estén por debajo del aumento real en el costo de vida semestral que enfrentan las personas que viven con un salario mínimo.
Documento completo en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha.
Está circulando en el seno del Sistema Penitenciario Nacional la versión de que dada la situación de riesgo de derrumbe que se está presentando en la infraestructura del centro de internamiento para mujeres, la cárcel de El Buen Pastor, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados; se estaría disponiendo en próximos días del traslado de, sino todas las actuales 600 privadas de libertad de, al menos, 200 de ellas, a las instalaciones del actual Complejo Juvenil Zurquí, ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia.
Esta posible decisión de las máximas autoridades penitenciarias del país, encabezadas por el Ministro de Justicia y Paz, Hernando París Rodríguez, ya está desatando una fuerte controversia al interior de la institución penitenciaria por razones como las siguientes:
El desalojo de las personas menores de edad internadas en el Complejo Juvenil Zurquí, representaría una severa involución en los avances que el país ha logrado al respecto; dado que el proceso de atención que con estos y con estas jóvenes se realiza, obedece a una planificación estratégica de varios años, dentro de la cual el conjunto de las condiciones físicas de las instalaciones de tal centro, forma parte integral de su preparación para una inclusión social positiva.
En tal sentido, tal centro no es un simple espacio de encierro, sino que está conceptuado para que la interacción intramuros permita generar las condiciones integrales de desarrollo de estas personas en formación; condiciones de las cuales carecieron en su crecimiento inicial y que les llevaron a la infracción legal.
El traslado pensado, que no sólo contempla a las personas menores de edad privadas de libertad, sino además a toda aquella población que presenta una sanción alternativa, misma que recibe atención en dichas instalaciones y que proceden de todo el territorio nacional, a un centro como El Buen Pastor (con ratas incluidas); es una situación de altísimo riesgo y significaría un menosprecio total a una labor que, dentro del conjunto de la cuestión penitenciaria costarricense, es lo único que el país puede exhibir en el plano nacional e internacional, como un logro en tal campo.
Como sabemos, está en desarrollo una crisis del Sistema Penitenciario Nacional y este asunto representaría un nuevo episodio de la misma, en ruta a su profundización. Como de costumbre, la solución en la institución penitenciaria es desvestir a un santo para vestir a otro; y, no es la primera vez que el Programa Penal Juvenil es el que debe sacrificarse y ser desplazado de todas las condiciones óptimas para una atención especializada e integral. Tampoco es casual que esto se dé en los gobiernos en que Liberación Nacional está en el poder.
Nuestras fuentes denunciantes indicaron a la ANEP, que hay molestia por cuanto la principal persona impulsadora de tan descabellada idea es, presuntamente, la actual directora de El Buen Pastor, Licda. Marielos Chaves; la cual, curiosamente, reside en las cercanías del Complejo Juvenil Zurquí. En tal sentido, se manifiesta ya un profundo rechazo a que, por una aparente cuestión personal, se atrofie irreparablemente, un esfuerzo colectivo de muchos años, el cual a partir del compromiso de las funcionarias y de los funcionarios del Programa Penal Juvenil, y con gran tesón de su parte, así como de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado la captación de recursos externos para el éxito hasta ahora obtenido en el abordaje de la problemática de la población penal juvenil.
Además, este traslado afectaría la actividad espiritual de la comunidad más aledaña al Complejo Juvenil Zurquí, la cual se vería afectada dado que la capilla católica ubicada en su seno que, históricamente, le ha brindado servicios religiosos, al estar ahí ubicada una población adulta privada de libertad serían suprimidos, pues los vecinos ya no podrían ingresar a esas instalaciones carcelarias por razones obvias.
Finalmente, se cuestiona que tal idea ni siquiera se ha discutido con las fuerzas vivas de la citada comunidad herediana, la cual tiene una profunda convivencia armónica con base en los principios rectores y la filosofía de abordaje aplicada a la población menor de edad ubicada o atendida en ese centro juvenil; lo que contrasta con los grandes vacíos de política pública que presenta el abordaje de la política penitenciaria con relación a la población adulta privada de libertad, mujeres y hombres; uno de los factores que, precisamente, más dramatiza la crisis que vive en estos momentos el Sistema Penitenciario Nacional.
La ANEP alerta a la comunidad potencialmente afectada, para que se le brinden las explicaciones oficiales y se discuta con la misma la propiedad de una transformación abrupta tan radical de su entorno carcelario.
Además, la ANEP le exige, respetuosamente, al señor Ministro París una reunión urgente con todo el personal del Complejo Juvenil Zurquí, pues él debe conocer la naturaleza del proceso que ahí se desarrolla y para que tenga información de primera mano; dado que no son pocas las situaciones en que la estructura jerárquica penitenciaria tradicional toma decisiones altamente contraproducentes que, precisamente, han generado la crisis en desarrollo.
San José, sábado 17 de julio de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
Aprovechando la participación del Secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mervikos, en el III Encuentro de América en Caracas, Venezuela, el 22, 23 y 24 de julio, y el interés de visitar otros países, se programá un encuentro para el día 27 de julio de 2010, en el edificio central de UNDECA, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tendremos la participación de representaciones del Movimiento Sindical Costarricense y conversaremos sobre el acontecer político-económico nacional e internacional y la situación de los derechos laborales y las organizaciones sindicales.
Luis Chavarría Vega Secretario General de UNDECA Coordinador FSM Centroamérica
Está circulando en el seno del Sistema Penitenciario Nacional la versión de que dada la situación de riesgo de derrumbe que se está presentando en la infraestructura del centro de internamiento para mujeres, la cárcel de El Buen Pastor, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados; se estaría disponiendo en próximos días del traslado de, sino todas las actuales 600 privadas de libertad de, al menos, 200 de ellas, a las instalaciones del actual Complejo Juvenil Zurquí, ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia.
Esta posible decisión de las máximas autoridades penitenciarias del país, encabezadas por el Ministro de Justicia y Paz, Hernando París Rodríguez, ya está desatando una fuerte controversia al interior de la institución penitenciaria por razones como las siguientes:
El desalojo de las personas menores de edad internadas en el Complejo Juvenil Zurquí, representaría una severa involución en los avances que el país ha logrado al respecto; dado que el proceso de atención que con estos y con estas jóvenes se realiza, obedece a una planificación estratégica de varios años, dentro de la cual el conjunto de las condiciones físicas de las instalaciones de tal centro, forma parte integral de su preparación para una inclusión social positiva.
En tal sentido, tal centro no es un simple espacio de encierro, sino que está conceptuado para que la interacción intramuros permita generar las condiciones integrales de desarrollo de estas personas en formación; condiciones de las cuales carecieron en su crecimiento inicial y que les llevaron a la infracción legal.
El traslado pensado, que no sólo contempla a las personas menores de edad privadas de libertad, sino además a toda aquella población que presenta una sanción alternativa, misma que recibe atención en dichas instalaciones y que proceden de todo el territorio nacional, a un centro como El Buen Pastor (con ratas incluidas); es una situación de altísimo riesgo y significaría un menosprecio total a una labor que, dentro del conjunto de la cuestión penitenciaria costarricense, es lo único que el país puede exhibir en el plano nacional e internacional, como un logro en tal campo.
Como sabemos, está en desarrollo una crisis del Sistema Penitenciario Nacional y este asunto representaría un nuevo episodio de la misma, en ruta a su profundización. Como de costumbre, la solución en la institución penitenciaria es desvestir a un santo para vestir a otro; y, no es la primera vez que el Programa Penal Juvenil es el que debe sacrificarse y ser desplazado de todas las condiciones óptimas para una atención especializada e integral. Tampoco es casual que esto se dé en los gobiernos en que Liberación Nacional está en el poder.
Nuestras fuentes denunciantes indicaron a la ANEP, que hay molestia por cuanto la principal persona impulsadora de tan descabellada idea es, presuntamente, la actual directora de El Buen Pastor, Licda. Marielos Chaves; la cual, curiosamente, reside en las cercanías del Complejo Juvenil Zurquí. En tal sentido, se manifiesta ya un profundo rechazo a que, por una aparente cuestión personal, se atrofie irreparablemente, un esfuerzo colectivo de muchos años, el cual a partir del compromiso de las funcionarias y de los funcionarios del Programa Penal Juvenil, y con gran tesón de su parte, así como de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado la captación de recursos externos para el éxito hasta ahora obtenido en el abordaje de la problemática de la población penal juvenil.
Además, este traslado afectaría la actividad espiritual de la comunidad más aledaña al Complejo Juvenil Zurquí, la cual se vería afectada dado que la capilla católica ubicada en su seno que, históricamente, le ha brindado servicios religiosos, al estar ahí ubicada una población adulta privada de libertad serían suprimidos, pues los vecinos ya no podrían ingresar a esas instalaciones carcelarias por razones obvias.
Finalmente, se cuestiona que tal idea ni siquiera se ha discutido con las fuerzas vivas de la citada comunidad herediana, la cual tiene una profunda convivencia armónica con base en los principios rectores y la filosofía de abordaje aplicada a la población menor de edad ubicada o atendida en ese centro juvenil; lo que contrasta con los grandes vacíos de política pública que presenta el abordaje de la política penitenciaria con relación a la población adulta privada de libertad, mujeres y hombres; uno de los factores que, precisamente, más dramatiza la crisis que vive en estos momentos el Sistema Penitenciario Nacional.
La ANEP alerta a la comunidad potencialmente afectada, para que se le brinden las explicaciones oficiales y se discuta con la misma la propiedad de una transformación abrupta tan radical de su entorno carcelario.
Además, la ANEP le exige, respetuosamente, al señor Ministro París una reunión urgente con todo el personal del Complejo Juvenil Zurquí, pues él debe conocer la naturaleza del proceso que ahí se desarrolla y para que tenga información de primera mano; dado que no son pocas las situaciones en que la estructura jerárquica penitenciaria tradicional toma decisiones altamente contraproducentes que, precisamente, han generado la crisis en desarrollo.
San José, sábado 17 de julio de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
La Academia Infantil les hace llegar la información de sus cursos de teatro para niñas y niños.
Les recordamos que nuestra asociación ha establecido un convenio donde sus afiliados pueden tener un descuento especial por inscribir a sus hijos e hijas en los cursos que imparte la Academia de Teatro Giratablas, el cual estamos en la mejor disposición de continuar en éste segundo período del año.
Tenemos muchas actividades que compartir en ésta segunda parte del año además, como la “3ra Gran Feria Anaranjada” actividad familiar de una mañana artística y en septiembre arranca la temporada de la Compañía Infantil Giratablas titulada “CAtásTroFe” , que hace una reflexión sobre la conservación del ambiente y la trata a los animales, escrita por niños y niñas dirigida a toda la familia.
Academia Infantil de Teatro Giratablas “Transformando el escenario para la diversión, la participación y la estimulación artística”
El teatro en la educación integral de los niños y niñas desarrolla sus habilidades comunicativas y expresivas favoreciendo la convivencia, además potencia su capacidad física para un saludable crecimiento.
Horarios:
“Estimulación del Arte Escénico” dirigido a edades de 3 a 6 años – Sábados de 9:30a.m. a 11:00 a.m. – Profesora Melissa Alfaro.
“Principiantes en Actuación” de 7 a 12 años – Sábados de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. – Profesora Alice García.
Consulte los beneficios que puede obtener su hijo/a participando en clases de teatro, llámenos al 22536001.
Pregunte por nuestros Paquetes Familiares.
Horario de Atención: de lunes a viernes de 1:30 p.m. a 7:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
La ciudadanía logró que ingresara a la corriente legislativa mediante iniciativa popular el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Este se encuentra en la Comisión de Ambiente bajo el número de expediente 17742. Tras más de 2 años de organización se lograron presentar más de 170 mil firmas, sus firmantes creen en la urgencia de que nuestro país cuente con un marco jurídico vigente que proteja un recurso tan vital para ser el humano como lo es el agua.
La Alianza Nacional para la Defensa del Agua rinde cuentas ante la población que dio su firma para gestionar el proyecto de ley, mismo que hoy se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Los diputados tendrán a partir de ahora 2 años para votar el proyecto, así lo establece la normativa una vez que ingresa a la Asamblea por iniciativa popular. Los legisladores discutirán la iniciativa en sesiones ordinarias al menos que el Poder Ejecutivo priorice el tema y lo coloque en agenda legislativa durante sesiones extraordinarias.
La iniciativa de ley pretende actualizar y unificar legislaciones dispersas en materia de regulación del recurso hídrico. La Ley de Aguas de Costa Rica data del año 1942, por si fuera poco además de la desactualización existen más de 100 normas dispersas, las cuales dejan grandes vacíos.
“Para nosotros es un logro que se haya colocado de nuevo la discusión del proyecto en el plenario legislativo, solo que en esta oportunidad la redacción fue más minuciosa, el estudio promovió la participación y el consenso, ahora apelamos a los legisladores en demanda de miles de costarricenses que exigen una regulación y protección del recurso hídrico” destacó Gabriela Cuadrado abogada del programa de gestión integrada del recurso hídrico de CEDARENA.
De aprobarse el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico se garantizaría con claridad el acceso al agua como un derecho humano, la ciudadanía participaría en la gestión del recurso y toda la población tendría el derecho de recibir agua potable como un servicio público. Al mismo tiempo el país se vería comprometido a implementar un enfoque de sostenibilidad que integre el desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas. Lo que se traduce en una gestión integrada, sostenible y equitativa del recurso hídrico.
Fotografías de ciudadanos y ciudadanas que firmaron durante el proceso de recolección para hacer posible que el proyecto ingresará a la Asamblea Legislativa mediante iniciativa popular.
Elementos destacables se llevarán a la mesa con el Gobierno:
· Situación de las personas trabajadoras en condición de interinas
· La cuestión tributaria · La “nueva” medición de la pobreza · Revisión del porcentaje de las anualidades · Los procesos pendientes de revaloraciones extraordinarias para los cuerpos policiales
Ha iniciado ya el segundo semestre del presente año 2010 y la clase trabajadora asalariada del Estado espera la pronta fijación de reajuste para sus respectivos salarios, valedero para tal período; pero sin movilización, no hay mayores expectativas dado que nada halagador se vislumbra para sus bolsillos.
Si por la víspera se saca el día y a juzgar por lo que resultó ser la primera fijación de la administración de la Presidenta Chinchilla, en el caso del sector Privado, al personal asalariado de la Administración Pública, muy probablemente, le espera una suerte similar.
En tal condición y ante la “nueva” conformación de la Comisión de Negociación Salarial para el Sector Público, tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), no llevan a la eventual mesa de discusión una cifra porcentual determinada.
La discusión, aparte del porcentaje, tiene otros elementos relevantes que las organizaciones que representamos pondrán en la mesa, si es que hay alguna posibilidad de una discusión franca, realmente efectiva y que valide la apuesta por el diálogo y la negociación de cara al nuevo gobierno. Veamos:
DECRECIMIENTOSALARIAL. Datos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), aparecidos en una publicación financiera especializada, dan cuenta de que los salarios bajos y medios del mercado, en términos generales, han tenido muy poco crecimiento desde 1987 a la fecha y que deberían recuperarse en períodos de crecimiento. Aunque en estos años la economía aumentó en un 30 %, los salarios más bajos crecieron tan solo un 3 %.
Hablamos aquí de que esta es una de las explicaciones más contundentes del sostenido proceso de concentración de la riqueza que experimenta la sociedad costarricense y, por ende, del crecimiento de la desigualdad social, de la inseguridad ciudadana y, por tanto, de la violencia social que se está generalizando.
Esto nos obliga a insistir en un cambio estratégico en cuanto a la metodología de la fijación salarial, contemplando la evolución tanto de la inflación vencida como la de la inflación proyectada.
Igualmente será necesario definir parámetros de seguimiento para mantener los avances de percentil de mercado en el caso del sector profesional bajo la égida del sistema de Servicio Civil, así como avanzar más en el caso del sector laboral conocido como “no profesional” (personal técnico, administrativo, operativo, asistencial y otro).
TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA. Sin duda alguna, para el caso del sector Público asalariado, sus remuneraciones están asociadas a la disponibilidad de recursos fiscales lo que, indudablemente conduce a plantear, una vez más, la naturaleza injustamente regresiva del sistema tributario costarricense; situación ésta que hay que cambiar para darle sostenibilidad estratégica, también, a programas sociales de altísimo impacto para amplios sectores de nuestra población.
La imperiosa necesidad de resolver la injusta y discriminatoria situación de personas trabajadoras del sector Público en condición de interinas es realmente urgente. El tema se discutió con el gobierno anterior pero no se concretó nada. Cerca de 4 mil trabajadores y trabajadoras bajo el Régimen de Servicio Civil permanecen en tal cruel situación, altamente amenazante. Esta cifra no incluye ni al sector Educación ni a otras dependencias descentralizadas, lo que aumenta el problema.
MEDICIÓN DE POBREZA. Por lo general, la clase trabajadora asalariada siente una enorme distancia entre la realidad de sus bolsillos y las cifras oficiales de costo de la vida. Se anuncia que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), procederá a una “actualización de los parámetros para una medición actualizada de la pobreza”; sin embargo, el método de medición de la misma (conocido como “método de ingreso”), no variará.
Entonces, ¿qué beneficios le traerá a la población trabajadora asalariada la nueva Encuesta Nacional de Hogares que se efectuará próximamente. Si ya no se hablará de “canasta básica alimentaria”, ¿qué lo sustituirá? Este asunto lo queremos debatir con ocasión del proceso que estamos comentando.
SALARIOSCUERPOSPOLICIALES. Los acuerdos salariales en los cuerpos policiales logrados al final de la administración gubernamental anterior están cumplidos “a medias”. Los grandes segmentos laborales de la Fuerza Pública, de la Policía de Tránsito, de la Policía Profesional de Migración y Extranjería y de la Policía Penitenciaria, están con enorme molestia por la retardación de sus reajustes salariales extraordinarios acordados. Esta situación de agitación laboral, que ya está en desarrollo, también se llevará a la mesa de discusión salarial del sector Público.
PORCENTAJE DE ANUALIDAD. Finalmente y en especial para los puestos cubiertos o determinados por la estructura del Régimen de Servicio Civil, será necesario retomar el punto del monto porcentual de la anualidad, de la antigüedad en el cargo.
San José, martes 7 de julio de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Presidente CSJMP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
