Categoría: Noticias

San José, 18 de marzo de 2010.
S.G. 07-09-0475-10
¡¡¡URGENTE!!!

Honorables señoras y señores
Daniel Jackson Priman
Juan Bautista Arce Chaves
Ima Morales Hernández
Abenilda Espinoza Mora
Juan José Delgado Zúñiga
José Luis Salas Zúñiga
Ricardo Sancho Chavarría
Integrantes de la Junta Directiva
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su despacho

Estimados señores y estimadas señoras:

De la manera más atenta y respetuosa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les hace llegar un cordial saludo.

Con base en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, acudimos con todo respeto ante vuestras autoridades para solicitarles se nos suministre información pormenorizada y detallada de todo el proceso que en vuestras manos ha sido depositado, con relación a las apelaciones derivadas del Estudio Integral de Puestos; considerando que este tema lejos de considerarse “cerrado” o “agotado”, más bien, incrementa una poderosa sensación de inconformidad por la forma en que ha venido siendo manejado a raíz de una serie de circunstancias que para efectos del objetivo que persigue la presente, por ahora dejaremos para próxima ocasión su puntualización.

Así las cosas, la información que pedimos por esta vía y para lo cual nos asiste la base legal, ética, moral y política para solicitarla, es la siguiente:

1. ¿Cuántas apelaciones han sido sometidas a vuestro conocimiento?
2. ¿Cuántas se han resuelto satisfactoriamente para las personas recurrentes?
3. ¿Cuántas no se han resuelto satisfactoriamente para las personas recurrentes?
4. ¿A qué ámbitos de la división institucional (área, sección, departamento, unidad, región), pertenecen los casos de apelaciones rechazadas?
5. ¿A qué ámbitos de la división institucional (área, sección, departamento, unidad, región), pertenecen los casos de apelaciones aceptadas?
6. ¿Cómo ha sido la movilidad de puesto en el caso de las apelaciones aceptadas?
7. ¿Cuáles son los elementos determinantes que fundamentan el rechazo de una apelación?
8. ¿Cuáles son los elementos determinantes que fundamentan la aceptación de una apelación?
9. ¿Cómo se ha desenvuelto el proceso de análisis que merece cada caso de apelación presentado?
10. ¿Cuántos casos de apelaciones aceptadas determinan la procedencia de pago del concepto de Dedicación Exclusiva?
11. ¿Cuántos casos de apelaciones aceptadas determinan la improcedencia de pago del concepto de Dedicación Exclusiva?
12. ¿Cómo se determina, en caso de apelaciones aceptadas, que sí procede o que no procede reconocimiento de Dedicación Exclusiva?
13. De los casos en que sí procede el pago de Dedicación Exclusiva, ¿cuántos están ya aprobados para pagarse y cuántos no?
14. ¿A qué áreas secciones, departamentos, unidades pertenecen los casos de apelaciones aceptadas con Dedicación Exclusiva o los casos de apelaciones aceptadas pero sin reconocimiento de Dedicación Exclusiva?

También solicitamos y agradecemos cualquier otra información complementaria que ayude a disipar la especie ampliamente asentada en la atmósfera institucional de que en todo este proceso no se habría dado la transparencia suficiente y que, por el contrario, podrían haberse presentado situaciones donde la subjetividad, el amiguismo, el compadrazgo, las afinidades personales e incluso hasta diversas formas de clientelismo político, son las que han determinado el destino final de las clasificaciones del nuevo Manual de Puestos.

Como es bien conocido tal proceso se derivó de una histórica lucha social en la que todas las personas trabajadoras de la institución, en aquellos no menos históricos momentos, tuvieron un protagonismo colectivo sin precedentes en toda la trayectoria de vida de A y A, a fin de dignificar su papel en la sociedad al servicio de tan estratégica institución, vital para la vida y vital para la democracia.

No descartamos que en próximos días presentemos un adendum a la presente solicitud, aunque desde ya agradecemos la disposición ágil que se disponga para responder a la presente.

Una vez más les reiteramos nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo, A y A.
cc.: Lic. Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General y Gerente General, a.í., A y A.
cc.: Lic. Max Gutiérrez López, Director General de Capital Humano, A y a.
cc.: Licda. Yolanda Salas Hernández, Subdirectora General de Capital Humano, A y A.
cc.: Lic. Alcides Vargas Pacheco, Auditor General de A y A.
cc.: Trabajadores y trabajadoras de A y A.
cc.: Juntas directivas de las seccionales de ANEP en A y A.
cc.: Delegados y delegas sindicales de ANEP en A y A.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.. Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.
cc.: Sr. Carlos Monterrey López, Responsable ANEP-A y A, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Archivo.

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San José, 18 de marzo de 2010.
S.G. 07-09-0476-10
¡¡¡URGENTE!!!

Licenciado
Alcides Vargas Pacheco
Auditor General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su despacho

Estimado señor:

De la manera más atenta y respetuosa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le hace llegar un cordial saludo.

Con base en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, acudimos con todo respeto ante vuestra autoridad para lo siguiente:

1. Si es cierto que en su despacho ha sido entregada una denuncia en contra de la licenciada Yolanda Salas Hernández, Subdirectora General de Capital Humano, por un presunto tráfico de influencias en materia de nombramiento de algún personal que podría tener alguna relación de parentesco con dicha funcionaria.

2. Si efectivamente su digna autoridad ha recibido una denuncia en tal sentido, en parecido sentido y/ó en otro sentido, oficialmente y por esta vía la ANEP le solicita una copia, indicándole nos diga cómo podemos retirarla.

3. Si efectivamente tal denuncia existiese, y sin que a la organización que nos honramos en representar nos conste, qué hay de cierto en que los expedientes personales a los cuales se estaría aludiendo en la presunta denuncia, habrían desaparecido de la sección para la cual se desempeña la citada servidora.

4. Si efectivamente tal denuncia existiese y en ella se alude a varios expedientes personales y si los mismos no se habrían desaparecido, la ANEP le pide por esta vía acceso a una copia de tales expedientes personales a los cuales haría alusión la presunta denuncia.

5. Si efectivamente tal denuncia existiese, si en la misma habría indicación de un caso en el que habría una persona funcionaria sobrina de la citada servidora, concretamente un caballero, el cual habría sido favorecido con un ascenso dentro del nuevo Manual de Puestos en “tiempo meteórico”, es decir que un lapso corto habría pasado de una ubicación laboral equis a otra superior con, por supuesto, sensible mejora salarial y ascenso profesional.

6. Si efectivamente tal denuncia existiese, si en la misma se indica que podría haberse dado una alteración documental en cuanto a la aceptación de parentesco sanguíneo entre la citada servidora y el presunto servidor, ya sea para negarlo inicialmente y/ó para admitirlo cuando tal parentesco habría quedado en evidencia.

Le agradeceríamos procediera usted con una pronta, eficiente y transparente respuesta, toda vez que a la ANEP le ha sido depositada la confianza como para plantear de manera oficial la consulta antes expuesta; misma que debe considerarse no solamente a la luz de las responsabilidades inherentes a una función auditora, sino porque en todo el proceso derivado del estudio integral de puestos en A y A, son tantas las quejas y críticas que hacen presuponer que la transparencia no habría sido, al menos en determinados momentos, la norma de imperio a la hora de hacer justicia laboral y profesional con toda objetividad y rigurosidad técnica.

Nuevamente le agradecemos la especial consideración y rápida respuesta a la presente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Honorables señores y señoras, Junta Directiva de A y A.
cc.: Lic. Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo, A y A.
cc.: Lic. Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General y Gerente General, a.í., A y A.
cc.: Lic. Max Gutiérrez López, Director General de Capital Humano, A y a.
cc.: Licda. Yolanda Salas Hernández, Subdirectora General de Capital Humanos, A y A.
cc.: Trabajadores y trabajadoras de A y A.
cc.: Juntas directivas de las seccionales de ANEP en A y A.
cc.: Delegados y delegas sindicales de ANEP en A y A.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc. Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.
cc.: Sr. Carlos Monterrey López, Responsable ANEP-A y A, Unidad de Desarrollo Organizacional
(UDO), de la ANEP.
cc.: Archivo.

En el recurso de amparo se pide anular los acuerdos adoptados por la Asamblea General de SINTRAJAP en las sesiones celebradas los días 15 y 29 de enero sobre la destitución de la Junta Directiva, y se ordene al Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA restituir a los amparados en el ejercicio de sus derechos constitucionales”.

En el legajo los demandantes explican que la Junta Directiva de SINTRAJAP fue electa por un período de dos años, a partir del 16 de enero de 2009; que la Asamblea General efectuada el día 15 de enero de 2010, tenía una agenda que no contemplaba la revocatoria del nombramiento de los directivos, ni la apertura de algún procedimiento disciplinario o la imputación de algún cargo.

En las condiciones descritas, consideran Merino y Villalta, que la decisión adoptada en perjuicio de Blear y compañeros, fue sorpresiva y sin permitirles el derecho legítimo a la defensa. “Las personas afectadas por estas actuaciones no tuvieron la oportunidad de conocer los cargos que se les imputaban hasta cuando ya se había consumado la imposición de una sanción”, dicen.

“Ni en la asamblea celebrada el 15 de enero ni en la del 29 de ese mismo mes se presentó informe alguno con los resultados de una investigación, donde constara la realización de una audiencia para escuchar a las personas afectadas ni la oportunidad de presentar, con un tiempo razonable de antelación, alegatos y pruebas de descargo, de previo a la decisión de su destitución. Ninguno de estos preceptos elementales del debido proceso constitucional fue respetado en este caso”, agrega el documento.

Merino y Villalta consideran que se han violentado, en el caso de Ronaldo Blear y los directivos de SINTRAJAP, los derechos constitucionales al debido proceso, que supone cumplir con exigencias mínimas, al menos, otorgando audiencia al posible afectado y brindarle un plazo razonable para que pueda ejercer su derecho de defensa y ofrecer las pruebas de descargo que considere pertinentes.

COMUNICADO DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

Atenas, 18 de marzo de 2010

A: Organización de Naciones Unidas
Comisión Europea
Medios de comunicación internacionales

La Federación Sindical Mundial condena la campaña política y mediática contra Cuba y la reciente resolución del Parlamento Europeo, en torno al lamentable fallecimiento de un recluso cubano, tras efectuar huelga de hambre.

El imperialismo y sus aliados utilizan todos los medios a su alcance para tergiversar los hechos, desacreditar a la Revolución Cubana y justificar e intensificar las acciones subversivas para revertir el orden constitucional que los cubanos han decidido soberanamente.

Ninguna potencia extranjera, ni institución europea, tiene el derecho de atentar contra la soberanía y autodeterminación de otros pueblos. Los Estados Unidos y la Unión Europea no tienen ninguna autoridad moral para condenar a Cuba.

La Federación Sindical Mundial expresa su solidaridad con el pueblo, los trabajadores y la Revolución Cubana.

Demandamos el fin del bloqueo económico, financiero y comercial de los EUA que viola los derechos humanos del pueblo cubano y exigimos se respete el derecho de Cuba y de su pueblo a decidir su destino y su modelo económico, político y social.

EL SECRETARIADO

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COMUNICADO DE LA CTC DE CUBA
A ORGANIZACIONES SINDICALES INTERNACIONALES

Una vez más se ataca a Cuba, ahora desde el Parlamento Europeo utilizando como pretexto el fallecimiento de un recluso común quien por su propia voluntad a pesar de las recomendaciones y actuaciones médicas dejó de ingerir alimentos.

Como respuesta a dicho pronunciamiento del Parlamento Europeo le adjuntamos la Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular con el objetivo de que conozcan su contenido y nuestra verdad.

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA
DECLARACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
11 de marzo de 2010

Después de una campaña concertada por poderosas empresas mediáticas, fundamentalmente de Europa, que han atacado ferozmente a Cuba, el Parlamento Europeo acaba de aprobar, luego de un sucio debate, una resolución de condena contra nuestro país que manipula sentimientos, tergiversa hechos, esgrime mentiras y oculta realidades.

El pretexto utilizado ha sido la muerte de un recluso, sancionado primero por delito común y luego manipulado por intereses norteamericanos y la contrarrevolución interna, quien por voluntad propia se negó a ingerir alimentos a pesar de las advertencias y la intervención de los especialistas médicos cubanos.

Este hecho lamentable no puede ser utilizado para condenar a Cuba aduciendo que pudo haber evitado una muerte. Si en un campo nuestro país no tiene que defenderse con palabras, pues la realidad es irrefutable, es en el de la lucha por la vida de los seres humanos, ya sean nacidos en Cuba o en otros países. Un solo ejemplo es la presencia de los médicos cubanos en Haití, desde once años antes del terremoto de enero último, silenciada por la prensa hegemónica.

Detrás de esa condena hay un profundo cinismo. Cuántas vidas de niños se han perdido en las naciones pobres por la decisión de los países ricos, representados en el Parlamento Europeo, de no cumplir sus compromisos de ayuda al desarrollo. Todos sabían que era una sentencia de muerte masiva, pero optaron por preservar los niveles de derroche y ostentación de un consumismo a la larga suicida.

Ofende a los cubanos también ese intento de darnos lecciones, en momentos en que en Europa se reprimen a inmigrantes y desempleados, mientras aquí el pueblo libremente, en reuniones de vecinos propone a sus candidatos para las elecciones municipales, libremente y sin intermediarios.

No tienen moral aquellos que participaron o permitieron el contrabando aéreo de detenidos, el establecimiento de cárceles ilegales y la práctica de torturas, para evaluar a un pueblo agredido y brutalmente bloqueado.

Condena tan discriminatoria y selectiva, solo puede explicarla el fracaso de una política incapaz de poner de rodillas a un pueblo heroico. Ni la Ley Helms Burton, ni la Posición Común europea, surgidas en el mismo año, en las mismas circunstancias y con iguales propósitos, ambas lesivas a nuestra soberanía y dignidad nacionales, tienen el más mínimo futuro, pues los cubanos rechazamos la imposición, la intolerancia y la presión como norma en las relaciones internacionales.

Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba
CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA

Ciudad de La Habana, 16 de marzo del 2010.

Año 52 de la Revolución.

San José, Miércoles 17 de marzo del 2010.

Comunidad Internacional

Comunidad Nacional

Prensa Nacional e Internacional

Sírvase este comunicado para informar la posición del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, acerca de la postura renuente del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y del Poder Ejecutivo de convocar el proyecto de reforma 17342 a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el actual gobierno de la república ha cerrado cualquier puerta para una negociación dentro del espacio de incidencia que es el plenario legislativo, lo cual significa una prueba clara de la voluntad inexistente por modificar la Ley 8039, cuyo contenido es excesivo y va más allá de los convenios internacionales suscritos en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

A través de un oficio dirigido al Presidente de nuestro movimiento el día 15 de febrero del 2010, el ministro del COMEX rechaza apoyar el proyecto de reforma 17342, al considerar que este contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el país, en términos de derechos de autor y derechos conexos. Asimismo, el ministro reitera que estas obligaciones fueron ratificadas en el TLC entre Centroamérica y EU, por lo tanto, las reformas hechas en el 2008 a la Ley de Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual – Ley 8039- son justificadas desde el discurso de la máxima autoridad del COMEX.

Sin embargo, esta versión de Marco Vinicio Ruiz es profundamente refutable y no explora el carácter integral de los hechos alrededor del ámbito del fotocopiado y la educación, ya que las reformas estipuladas, dentro del marco de la agenda de implementación del TLC, fueron excesivas, trascendiendo más allá de las obligaciones internacionales, entre ellas el TLC, debido a que el contenido de estas legislaciones internacionales en ningún momento obligan a nuestro país a interponer paralelamente medidas penales y pecuniaras para sancionar la reproducción parcial o total de obras no autorizadas, tal y como está ahora contenido en los numerales 54 y 58 de la Ley 8039. De igual manera, resulta discordante que para sancionar actos cuya afectación es patrimonial, como los contemplados en las leyes de Propiedad Intelectual, se recurra a sanciones penales de cárcel, cuando lo justo es ser coherente con el tipo de perjuicio eventual, estableciendo medidas pecuniarias racionales.

En tanto, cabría cuestionarle a quienes redactaron las reformas a la legislación, el porqué incorporaron penas tan severas para actividades como el fotocopiado, la cual se encuentra penada con sanciones económicas que pueden superar hasta los 500 salarios base, al igual que se agregaron penas de hasta 5 años de cárcel, lo cual cancela la posibilidad de incorporar el criterio de ejecución condicional de la pena.

De este modo, le comunicamos al señor ministro y al gobierno de la República que faltan a la coherencia cuando sostienen que las reformas a la Ley 8039 fueron simplemente la ratificación de los convenios internacionales, pues queda claro que nuestro país no estaba obligado a insertar la variante de la cárcel como medida punitiva en este caso. Cuando en el oficio del COMEX se menciona el carácter prístino de la protección a los derechos de autor y de Propiedad Intelectual, resulta necesario recordar que existen otros derechos de mayor jerarquía y que su grado de cobertura es de carácter social, como por ejemplo, el derecho a la educación y al trabajo, los cuales se encuentran claramente amenazados, a raíz de la citada legislación.

En ningún momento, el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar promueve la piratería ni tampoco los actos de dolo en contra de los creadores de obras no autorizadas, por el contrario, denunciamos contundentemente las acciones de los usuarios dirigidas a la reventa de obra no autorizadas. El objetivo central del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar consiste en promover una agenda de excepciones que dentro del marco de la ley, permita proteger a los proveedores que potencian un servicio, cuyo valor de uso por parte del usuario corresponde a fines académicos e ilustrativos de enseñanza. Por lo tanto, no es suficiente con proteger simplemente al usuario, cuando la relación del fotocopiado es de carácter integral, en donde participan empresarios honestos que procuran un beneficio para poder sostener económicamente la actividad, siendo esto último penado de acuerdo con los artículos 54 y 58.

Asimismo, las estadísticas a nivel mundial no mienten, pues datos de la OMPI revelan que en países de América Latina, como por ejemplo Brasil, más del 99% de la población que estudia se educa por medio de fotocopias, por consiguiente, se legitima el nombre del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, cuyo mensaje comunica que fotocopiar es una necesidad para sostener la educación costarricense, sin que ello signifique justificar la piratería, la cual podría interpretarse como específicamente enfocada en el artículo 59 de la ley, que persigue actos de reventa, distribución y almacenamiento de textos no autorizados.

La solución propuesta por nuestro movimiento se basa en promover una protección que cubra a los proveedores del fotocopiado que brindan un servicio a los centros educativos, cuyos estudiantes dependen de ese material para estudiar. Por otra parte, resulta injustificable que en el 2008 se haya reformado el artículo 70 en aras de eliminar el principio de lesividad, que refería a aquellos actos de perjuicio insignificante (menores a medio salarios base), los cuales anteriormente se exoneraban de responsabilidades penales. Al suprimirse este principio de exclusión, se ha dado vía libre para que los titulares de los derechos de autor puedan perseguir cualquier acto, por más insignificante que sea, considerado perjudicial hacia sus intereses, como por ejemplo, esta reforma ha dado pie para que la Cámara Costarricense del Libro amenace y persiga a los centros de fotocopiado.

Esta eventualidad desmiente al ministro del COMEX en el sentido de que no era necesario eliminar el principio de lesividad a la hora de asumir los compromisos internacionales en propiedad intelectual, así como tampoco el señor Ruiz es capaz de aclarar las razones para interponer medidas cautelares exageradas, que podrían significar el cierre de negocios de fotocopiado, el decomiso de equipos y material, con tan solo que la demanda haya sido acogida, sin siquiera citar a una audiencia previa entre las partes y estableciendo tiempos sumamente breves – 3 días- para la ejecución de las medidas.

En suma, desde el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar remarcamos la necesidad de incluir excepciones más integrales para los artículos 54 y 58, al mismo tiempo que es imperativo proteger las actividades de difusión sin fines de lucro, cuyo contenido se exponen en el aparato punitivo de los numerales 51 y 52. Por esta razón, nuestro movimiento rechaza los argumentos del COMEX, al mismo tiempo, comunicamos una postura crítica hacia la actitud hostil del gobierno con respecto la reforma de la ley, así también como es poco saludable querer cerrar cualquier vía de negociación dentro de la Asamblea Legislativa, que reviste de incidencia total para el resultado definitivo de la controversia.

Finalmente, como movimiento apoyamos la ejecución de medidas de presión en el seno legislativo para lograr que el proyecto sea convocado desde el Poder Ejecutivo, asimismo, respaldamos las acciones que se llevarán a cabo desde la ciudadanía que integra el movimiento, cuya finalidad es que a través de la protesta pacífica se logre la reforma a la Ley 8039. El pronunciamiento de nuestra agrupación concluye exhortando a la señora Presidente electa Laura Chinchilla a que recupere la necesidad de dialogar desde el poder, rompiendo con las actitudes prepotentes y autoritarias, tales como la expuesta por el señor ministro del COMEX en el comunicado que dirige al Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

Atentamente:

Josué Aguirre Thomas.
Presidente del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

Ademar Azofeifa Murillo.
Secretario del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

A TODA LA COMUNIDAD LABORAL DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL (JPS)

A nuestra estimable membresía

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS y la ANEP, con respeto para todos y para todas y ante el inminente proceso de “reorganización”

Estimados compañeros:
Estimadas compañeras:

El pasado miércoles 24 de febrero de 2010, la honorable Gerencia General de la JPS, junto con varios altos personeros de la institución, recibió a la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS, así como a la Secretaría General de la organización.

Básicamente el tema central tratado fue el asunto del desarrollo del próximo proceso de “reorganización administrativa” que se aproxima en la institución y que, desde una perspectiva laboral que se presenta como lógica, está causando gran preocupación entre la población laboral institucional pues, como fuimos claros en la citada reunión, la experiencia histórica de la ANEP es que estos procesos se asocian con el temor a los despidos.

La conclusión principal que la ANEP y su seccional ANEP-JPS extrae de ese primer encuentro con la máxima jerarquía institucional de la JPS, es que nadie está seguro en su puesto.

La ANEP, como defensora del significado de los servicios públicos para la democracia y, por ende, para el pueblo que es quien, finalmente, es el principal receptor de tales servicios; no puede oponerse a todos aquellos esfuerzos que eleven la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía; que mejoren la eficiencia institucional, que eleven la calidad de la atención que brindamos a la gente; y, por supuesto, que garanticen la total transparencia de la gestión, en un ambiente que combine el máximo crecimiento institucional con la máxima dignidad laboral.

La ANEP y su Seccional ANEP-JPS tiene una primera misión en este proceso, derivada de la naturaleza legal de su accionar: Nosotros estamos obligados a desplegar todos los esfuerzos posibles, en todos los escenarios, para que ni una sola persona trabajadora asociada, afiliada a la ANEP en la JPS, pierda su empleo a raíz del proceso por venir.

Defendemos la Constitución y su precepto del derecho constitucional al Trabajo. Defendemos la Constitución y su precepto constitucional de la Convención Colectiva de Trabajo. Defendemos la Constitución y su precepto de la Libertad Sindical y el derecho que nos asiste como clase trabajadora asalariada de defender nuestro empleo y, por ende, el sustento de nuestras familias.

La ANEP solicitó un planteamiento oficial a la Gerencia General institucional en el sentido de que se nos comunique, como organización sindical representativa de la JPS, del inicio de tal proceso, haciéndonos una “invitación” para participar del mismo.

Nos encontramos analizando tal situación y hasta que recibamos ese planteamiento oficial, habrá una respuesta oficial de parte de la ANEP al respecto, sobre si resulta conveniente o no resulta conveniente que nos involucremos en un proceso que podría generar despidos. Ya tuvimos una primera sesión de análisis, desde el ámbito legal, con el Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP; sesión que efectuamos el pasado sábado 27 de febrero de 2010.

La ANEP y su Seccional ANEP-JPS formulamos el más vehemente llamado a la unidad de toda nuestra querida membresía anepista en la institución; a la unidad laboral en general; al despliegue de nuestro mayor esfuerzo en pro de la gente a la cual servimos.

Los compañeros y las compañeras que nos honran con su pertenencia a la ANEP como afiliados y como afiliadas, que siempre han permanecido ligados a la organización, que creen en ella pese a sus errores, pueden estar seguros de que su defensa laboral está en las mejores manos. La ANEP como institución laboral de reconocida presencia en el acontecer nacional, tiene canales abiertos ya con las nuevas autoridades gubernamentales que entrarán a regir el próximo 8 de mayo.

Particularmente en este tema del empleo público, la ANEP y la señora Presidenta Electa, la licenciada Laura Chinchilla Miranda, se han cursado cartas al respecto sobre este delicado tema de la estabilidad laboral en el sector Público. Pueden estar seguros nuestros socios y nuestras socias en la JPS que ese canal de altísimo nivel político, sería invocado por la ANEP si fuese necesario ante situaciones de, en verdad, muestren verdaderas injusticias en el caso, que nunca esperamos que llegue, de una persona afiliada a la ANEP en la JPS.

Por favor, mantengámonos pendientes y alistémonos para la defensa de nuestro empleo, dispuestos a utilizar todas las herramientas de la lucha cívica y sindical que están a disposición en momentos tan delicados como el que se avecina.

San José, viernes 5 de marzo de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Ronald Barrantes Moya
Directivo Nacional ANEP
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-JPS