__________________________________________________________
Hace 25 años la autonomía sindical no recibía un ataque tan brutal desde la intervención de la ANEP en 1984.
El gobierno venidero cargará con las serias consecuencias.
Ocupados todo el día de ayer, lunes 22 de febrero, en el abordaje y análisis inicial de la grave situación presentada con ocasión del Golpe de Estado dado por la administración gubernamental delos hermanos Arias Sánchez; amén de una grave “falla técnica” en la provisión del servicio de internet que regularmente y de manera obligada, nos da la empresa privada (servicio que a este momento no ha sido restaurado); la ANEP, a las 15 horas de este martes 23 de febrero de 2010, emite su posición oficial ante tan gravísima situación en contra de la autonomía y de la libertad sindicales; con el derrocamiento, vía directriz política presidencial, de una dirección sindical que, electa en forma democrática, tenía que terminar su legítimo mandato hasta enero de 2011.
Condenamos, enérgicamente y con toda vehemencia, el Golpe de Estado en contra la directiva sindical de SINTRAJAP, a la cual se le cobra su honesta y firme oposición en contra de la privatización, vía concesión, de los estratégicos muelles de Limón y de Moín, ubicados en la vertiente atlántica costarricense y por los cuales transcurre el 80 % del comercio internacional del país.
El Golpe de Estado sindical en contra de SINTRAJAP se ejecuta para, en forma desesperada, darle un viso de legalidad a la pretensión de “repartir” entre las 1.400 personas trabajadoras de Japdeva, la inmensa cantidad de 137 millones de dólares que, en colones, representa la astronómica cantidad de, aproximadamente, 80 mil millones de colones, a razón de unos 60 millones de colones per cápita; más el monto por cesantía de ley en cada caso y el ofrecimiento de una “pensión juvenil” a los 50 años de edad.
Para legalizar ese soborno, esta mordida, es necesario formular un “adendum” a la actual Convención Colectiva de Trabajo de Japdeva de forma tal que, aprovechando que tal instrumento del Derecho Colectiva de Trabajo por disposición constitucional tiene fuerza de ley entre partes; quede así con legitimidad el otorgamiento de la famosa “indemnización” o “compensación” de los 137 millones de dólares; enorme cantidad de dinero que, a final de cuentas, terminará siendo pagada por el pueblo costarricense.
Precisamente por negarse a firmar esta regalía de semejante impacto económico en contra de la gente, del pueblo; y, además, por lo inmoral y antiético que es darle dinero a empleados públicos a cambio de que acepten privatizar la entidad para la cual laboran, es la razón central de peso para el Golpe de Estado perpetrado desde el mismísimo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en contra de una dirección sindical que, desde una posición de total legitimidad política y jurídica, venía manifestando una loable rebeldía en contra de tal corruptela.
Presuntamente, la carrera loca del gobierno de los hermanos Arias Sánchez para privatizar los muelles de Moín y de Limón en las postrimerías de su polémica gestión, tendría que ver con las gigantes cantidades de dinero que podrían estar en juego por concepto de eventuales comisiones que una concesión de tal calibre llevaría aparejadas.
Si se ha llegado a los límites de la legalidad, traspasándola con todo descaro y cinismo y sin el más mínimo pudor; si se está en disposición de poner, para “repartir”, la sideral cantidad de 137 millones de dólares; es porque la envergadura del negocio portuario es tan inmensa, tan gigantesca, tan colosal, que, conociendo de antecedentes de similar catadura dados en otras latitudes, las comisiones eventuales tendrían cifras de tanta magnitud como para arriesgar la misma existencia del Estado de Derecho en esta materia, la Libertad Sindical; y, a la vez, pisotear la misma naturaleza de las condiciones legales obligantes que la normativa internacional tiene formuladas al respecto y que Costa Rica debe respetar.
Tan virulento ataque antisindical salido de las entrañas de un gobierno, no se había visto desde 1984, cuando en aquella época la ANEP sufrió una furiosa embestida política, llevándose al punto de la asfixia financiera, precisamente por tener una junta directiva rebelde a la administración ejecutiva de turno. Un histórico pronunciamiento de carácter constitucional, certificó la validez estratégica de la autonomía de los sindicatos frente al Estado, por ejemplo. La ANEP sigue vigente.
Las consecuencias de este ilegal acto de la Administración Arias Sánchez son de diversa índole. Esta agresión contra la democracia y contra la institucionalidad jurídica de los sindicatos se ventilará en varios escenarios y, por supuesto, el internacional.
En este ámbito, aumentará la potencia, la credibilidad y el impacto de las quejas sindicales en foros como la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE); así como los mecanismos abiertos por el capítulo laboral del TLC con los Estados Unidos de América. Será la futura administración de doña Laura Chinchilla Miranda, ahora Presidenta Electa, la que ha de cargar con tan pesado fardo.
San José, martes 23 de febrero de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
