La violencia antisindical no baja la guardia en Colombia, se mantuvo en pleno vigor en este 2009. A trece días de terminar el año, los registros de la ENS dan cuentan de 37 sindicalistas asesinados, cifra que resulta muy preocupante, aunque supone una reducción con respecto a los dos años anteriores (39 en 2007 y 49 en el 2008).
Pero también este año los y las sindicalistas fueron objeto de múltiples amenazas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, hostigamientos, torturas, allanamientos ilegales y desapariciones. Además se registraron 7 atentados de muerte, que afortunadamente no lograron su objetivo.
Es de anotar que algunos de estos registros pueden aumentar cuando se consoliden todos los datos del país, algo que regularmente ocurre a finales de enero. Y con respecto a las amenazas, un caso reciente y alarmante se presentó la semana pasada en el municipio de Anserma, departamento de Caldas, donde 18 educadores, miembros del sindicato Educal, fueron intimidados y extorsionados por personas que se presentaron como de las “Águilas Negras”.
En la lista de homicidios figuran 16 dirigentes sindicales, es decir, el 43,3% del total, lo que demuestra que la violencia se ha concentrado en atacar el liderazgo y la cabeza del movimiento sindical. Este es un porcentaje que sobrepasa el dato histórico, que señala que, en promedio, el 25,8% de los asesinados son dirigentes sindicales.
Entre los asesinados se encuentran 34 hombres y 3 mujeres, una de ellas fue la odontóloga Vilma Cárcamo Blanco, dirigente sindical de ANTHOC, quien junto con otros dirigentes lideraba las jornadas de protesta en Magangué, Bolívar, para reclamar el pago de salarios atrasados y presionar la negociación del pliego de peticiones de trabajadores y trabajadoras del sector de la salud.
El último caso de homicidio se registró el 27 de noviembre en Saravena, Arauca, en la persona de Alberto Jaimes Pabón, miembro de Fensuagro, sindicato que fue el más afectado por la violencia este año: 6 de sus miembros fueron asesinados. Le siguió Asedar con 3, y Anthoc y Ademacor con 2.
Por regiones, el sindicalismo más golpeado fue, de lejos, el del departamento de Arauca, con 8 casos de homicidio; seguido de Santander con 4, Córdoba con 3 y Bolívar y Risaralda con de a 2.
Una retrospectiva histórica da cuenta de que en los últimos 24 años la violencia antisindical ha cobrado en Colombia la vida de 2.719 personas, se han registrado 4.400 amenazas, se han generado más de 1.600 desplazamientos, más de 600 detenciones arbitrarias, 280 hostigamientos, ha habido atentado contra la vida de los y las sindicalistas en por lo menos 238 ocasiones, 190 desapariciones, 162 secuestros, 79 casos de tortura, 47 allanamientos ilegales y ha segado la vida de por lo menos tres familiares de sindicalistas en represalia por el activismo de los trabajadores.
El caso de Anserma
Según Rubio Osorio González, vicepresidente del sindicato de educadores de Caldas, Educal, un serio problema se presentó en el colegio agropecuario Jerónimo Tejelo del municipio de Anserma, donde la totalidad de sus educadores, 18, recibieron amenazas escritas por parte de un grupo que dijo ser de las “Águilas Negras”, y que conminó a cada uno a pagar un millón de pesos, porque de lo contrario atentarían contra ellos.
En días anteriores el rector de este plantel, Hugo Valencia, había sido abordado al parecer por el mismo grupo, y poco faltó para que perdiera su vida. Lo mismo ocurrió con otras dos educadoras que se tuvieron que desplazar al municipio de Neira; con Eduard Cano, activista del sindicato de maestros en Anserma e integrante de la Alianza Social Indígena, quien tuvo que huir de la población; y con el educador Javier Mauricio López Arias, del colegio La Milagrosa del vecino municipio de Viterbo, también desplazado por amenazas.
Osorio González afirmó que un hecho que agrava la situación de los docentes es la respuesta que les dio el fiscal que tuvo conocimiento el caso, quien se negó a recibir la denuncia individual de cada uno de los amenazados, por considerar que no era algo relacionado con sus actividades sindicales y docentes sino un caso de delincuencia común, toda vez que, según este fiscal, el paramilitarismo en la región se acabó y las llamadas “Águilas Negras” no existen. Al respecto él dirigente de Educal señaló: “Eso es de dudar, porque sabemos que en la zona del occidente de Caldas hay muchos educadores que están siendo extorsionados por grupos al margen de la ley, pero que no denuncian por temor”.
Ante la gravedad de estos hechos los 18 educadores amenazados en Anserma solicitaron reubicación en otros colegios de Caldas, y la respuesta que obtuvieron de la Secretaría de Educación del Departamento es que no hay plazas disponibles para tales reubicaciones.
Por otra parte, el señor Osorio González denunció que esta semana el DAS retiró los esquemas de seguridad que tenían los dirigentes sindicales de Educal en Caldas.
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Trabajo decente, Vida digna
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