Ante esta situación y desde una perspectiva laboral, diez gigantescos desafíos (por mencionar una agenda mínima de carácter sindical), nos muestran el sendero de lucha que tenemos por delante, apelando para ello a la organización y a la movilización en el marco del concepto sociopolítico de Democracia de la Calle.
Reiteramos la validez de la propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, varias de las cuales resaltamos en este pronunciamiento sindical.
Resulta impostergable obligar a que nuestros gobernantes a que cambien ese pernicioso rumbo de favorecimiento hacia los reducidos grupos de poder económico que muestran una abusiva concentración de la riqueza, así como una desproporcionada influencia política en pro de sus intereses egoístas.
1- La transformación tributaria estructural.
Se requiere un cambio estratégico hacia un sistema impositivo de carácter progresivo que, al menos inicialmente, desacelere el veloz proceso de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad y de la exclusión sociales. Resulta un verdadero crimen que, proporcionalmente hablando, sean las grandes mayorías, particularmente las asalariadas, las que sostengan la mayor dimensión de la carga tributaria actualmente vigente el país, misma que es de profundo sesgo regresivo. Entre otros cambios profundos, se requiere que los grupos económicos (en especial los del sector financiero privado), ganadores del crecimiento económico y que han venido controlando la política en los últimos gobiernos, empiecen a devolver algo de las enormes fortunas acumuladas y de las grandes rentas que obscena y lujuriosamente ostentan. Lo que ha venido sucediendo en las últimas administraciones con el control de la política económica en manos del “cártel de los banqueros privados”, indica cuál es la envergadura de este primer desafío. Por otra parte, muchos, pero muchos puestos laborales del sector Público, la política salarial en el mismo, así como la preservación de importantes programas sociales, dependen de tal transformación tributaria estructural.
2- Un nuevo salario mínimo con pleno respeto.
Siempre fue un grito al cielo desde las gargantas sindicales. Hoy tiene “carta de ciudadanía” y la legitimidad del dato es más que oficial: a una de cada tres personas asalariadas, no se le paga el salario mínimo de ley. Sobreexplotación criminal de la fuerza de trabajo que refleja, con absoluta claridad, la naturaleza del proceso de concentración de riqueza que se manifiesta en el país en la actualidad. Una pequeña luz nos queda en este largo túnel oscuro de la desigualdad y de la exclusión sociales: una propuesta sindical planteada desde nuestras organizaciones, fue aceptada en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), para que luego de una década de vigencia, exista otra fórmula de cálculo del salario mínimo, con sentido redistributivo eficaz, o, al menos, de mayor dignidad.
3- Fortalecimiento de la inspección de trabajo.
Aunque esa nueva fórmula pudiera estar lista para la primera fijación salarial del 2010 (y ya con nuevo gobierno instalado en el Poder Ejecutivo), mantener el debilitamiento de la labor de inspección laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en nada ayudará a aliviar la mencionada situación de sobreexplotación salarial indicada. He aquí un punto de estratégica reivindicación laboral que muestra la profundidad que tiene este segundo desafío: Se necesita de una agresiva política pública de la labor de inspección de trabajo y, por ende, es preciso fortalecer no solamente en este delicado ámbito, sino en otros conexos, el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
4- Recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos.
La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial y cuando ésta es de carácter restrictivo profundiza –entre otros factores negativos-, la contracción del mercado interno, el cual es altamente necesario para superar, con fuerza y solidez, la denominada “crisis”. Hay que ajustar los salarios a la variación de los precios de los artículos y de los servicios de una canasta básica de consumo basada en el concepto del “buen vivir”, para lo cual se requiere, por ejemplo, que los ajustes salariales dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así garantizaremos que el costo inflacionario se reparta de manera equitativa entre los sectores productivo y laboral.
5- Por la defensa del Código de Trabajo y contra la flexibilización laboral.
Debemos cerrarle el paso a las nefastas propuestas de la cúpula empresarial neoliberal para revertir, vía legislación, trascendentales conquistas históricas de la clase trabajadora costarricense que todavía están vigentes, según están comprendidas en nuestro Código de Trabajo. Es antiético e inmoral invocar el asunto de la “crisis” para involucionar el Derecho Laboral costarricense, sacrificando a quienes no tienen la menor responsabilidad por la imposición de un modelo económico generador de tal “crisis” y que es anticristiano y deshumanizado.
6- Un sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente.
Frente a las iniciativas que proponen la disminución de costos de producción vía disminución de derechos laborales, ya sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral, disminuciones de jornada y reducciones de salarios), urge una política pública agresiva para establecer un sistema de “premios y castigos”, que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente; con cumplimiento de estándares fundamentales, minimizando los despidos por causas económicas y, a la vez, desincentivando la competencia desleal, laboral y ambiental. Hay que establecer un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de Economía Social, mediante una serie de transferencias condicionadas para mantener y promover el empleo y el trabajo decente.
7- Estabilidad laboral en el sector Público: límites al interinato.
La crisis financiero-económica que se mantiene en desarrollo, pese a las manipulaciones mediáticas de que, un día sí y otro también, dicen que se está “superando”, obliga a la defensa del empleo como uno de los mecanismos más eficaces para atenuar su impacto demoledor en contra de quienes son más débiles frente a esa crisis y sobre la cual no tienen la más mínima responsabilidad. En tal sentido y en el caso de la Administración Pública, urge el nombramiento en propiedad de una elevada cantidad de personas trabajadoras asalariadas mantenidas en condición de interinato por prolongados períodos de tiempo, años incluso. Esas largas permanencias son más que indicativos suficientes de idoneidad laboral efectivamente demostrada en los cargos interinos que se han venido ocupando. Esperamos que una propuesta que ya hemos formulado en tal sentido y que está en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, se convierta en un acuerdo Gobierno-sindicatos antes de que termine la actual administración.
8- Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas.
Ante el altísimo endeudamiento y la creciente morosidad, es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas para: a) reestructurar sus deudas; b) recuperación de su autoestima; y c) capacitación en torno al consumo responsable y a una adecuada gestión presupuestaria familiar. Adicionalmente, hay que fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10 %.
9- Libertad Sindical y compromisos internacionales pendientes.
El nuevo Gobierno, no más entrando a realizar su gestión, tendrá que dar la cara ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la tomadura de pelo y la burla política que le hizo la administración Arias Sánchez en cuanto a poner al día a Costa Rica con legislación laboral pendiente, dada la pertenencia del país a tal institución global que regula las relaciones laborales a nivel planetario. Por ejemplo, la actual fracción legislativa oficialista, por indicación expresa de la Casa Presidencial, bloqueó (empleando varias formas de filibusterismo parlamentario), la aprobación del proyecto de ley 13.475, parte esencial de esos compromisos internacionales en materia laboral reiteradamente deshonrados por parte los últimos gobiernos, incluido el actual, para el descrédito de nuestro país. Esto tiene un costo político externo bastante delicado y, además, está posibilitando el avance de nuestra denuncia al respecto, interpuesta desde mediados del 2009, en el seno del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE). Otros compromisos pendientes, como la Reforma Procesal Laboral y la aprobación de los convenios de la OIT, números 151 y 154, en materia de Negociación Colectiva, agravan la situación de rendición de cuentas internacional para el nuevo gobierno.
10- Nuevos escenarios para la Democracia de la Calle.
La nefasta senda de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad social, así como sus principales derivados: la violencia, la inseguridad y la corrupción; ameritan modificaciones estructurales para el surgimiento de políticas públicas de signo realmente distributivo. Sin embargo, tales cambios, necesarios para una revitalización de nuestra alicaída institucionalidad democrática, solamente serán posibles a través de sistemáticas y sostenidas movilizaciones ciudadanas que, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, generen las condiciones de fortaleza imprescindibles para abrir espacio a tales cambios. Éstos, además, se requieren para la construcción de esa nueva hegemonía política que ha de reinstaurar la búsqueda y promoción del bien común como el motivo central de toda acción gubernativa. Apostamos en tal dirección y brindaremos nuestros mayores esfuerzos por el relanzamiento del potencial democrático de la movilización ciudadana, dentro de la cual, la acción sindical es vital. Además, la unidad de todas las fuerzas sociocívicas, mediando la reconstrución de una articulación con sentido estratégico, es imperativo esencial para una democracia realmente renovada y cualitativamente transformada.
San José, domingo 3 de enero de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
