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San José, 2 de noviembre de 2009.
S.G. 09-11-0232-09

Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su despacho

Estimado señor:

En primer término, reciba su digna autoridad el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con base en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos a usted la siguiente información:

Fuentes confiables que nos merecen respeto y que por razones completamente comprensibles desean permanecer en el anonimato, han acudido ante esta organización sindical para denunciar que la institución a su digno cargo le habría venido “_prestando_” choferes a la diputada Maureen Ballestero Vargas, para que le conduzcan su vehículo en actividades propias de su función legisladora y en otras que no necesariamente se podrían catalogar como “_oficiales_”.

Según se nos ha indicado los presuntos hechos se habrían venido dando desde que la indicada diputada llegó a la Asamblea Legislativa y que en tal lapso, al menos tres personas servidoras de A y A le habrían venido dando tal servicio.

Incluso se nos ha aportado los nombres de tales servidores que, supuestamente, habrían sido “_comisionados_” para tal fin: señores Víctor Ávila Morales, Salvador Arias Solano y Álvaro Jiménez Vargas, aunque estamos en la fase de verificación de los mismos en cuanto servidores de A y A. Por tanto, preguntamos si estas tres personas están en la nómina oficial de personas trabajadoras de A y A; en cuál servicio, dependencia, unidad y/o departamento se desempeñan; y cuál es la autoridad jerárquica más inmediata de cada una de estas personas.

Vistas así las cosas y dado que, a primera vista, estaríamos de frente a una situación irregular que, incluso, podría ser ilegal, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, solicitamos a usted, en su condición de máximo jerarca institucional, nos informe lo siguiente:

Preguntamos si, efectivamente, AyA le “prestó“ choferes a la diputada Maureen Ballestero Vargas, para que le manejaran su vehículo.

Preguntamos si, efectivamente ello fue así, si los indicados choferes de AyA son los nombres que acabamos de citar líneas arriba.

Preguntamos que, si efectivamente se dio tal préstamo de choferes, cuál es el convenio interinstitucional y la normativa que le podría dar sustento, pues nos parece irregular tal nivel de “_cooperación_” entre dos poderes del Estado distintos entre sí en tal tipo de situaciones.

Preguntamos cómo se tramitó, analizó, decidió, la eventual solicitud de “_préstamo_” de choferes, entre el despacho de la mencionada legisladora y A y A: ¿hay registro escrito de petición al respecto y registro de la eventual emisión del documento institucional al respecto, aceptando esa petición?

Preguntamos cuál es el nivel de incidencia de esta situación de “_préstamo_” de choferes, si efectivamente se dio, de las jefaturas de A y A en los ámbitos de Recursos Humanos y de Servicios Generales.

Preguntamos si efectivamente tal circunstancia de préstamo de choferes se dio, en los tres casos mencionados, ¿por cuánto tiempo en cada caso fechas?; ¿cuál es el monto del salario devengado en cada caso, durante tales tiempos de “_préstamo_”?; y, si en algún momento, en alguno de los tres casos de “_préstamo_”, ó en todos, hubo pago de tiempo extraordinario (horas extra) y los montos erogados en cada circunstancia.

Preguntamos si en estos momentos continúa una situación de “_préstamo_” de choferes, y si es así, cuál servidor está designado para ello.

Preguntamos si en cada caso de “_préstamo_” de choferes, la autoridad del momento residía en la diputada Ballestero Vargas, en esa honorable Presidencia Ejecutiva, en la Jefatura de Recursos Humanos de A y A ó en la Jefatura de Servicios Generales de A y A; es decir, cuál autoridad comprobaba, por ejemplo, la observancia de las reglas de asistencia, el cumplimiento de horarios laborales, orden de trabajar tiempo extra, cuantificación del mismo y otros controles de la cotidianeidad laboral entre una persona trabajadora jerarca y una persona trabajadora inmediatamente subordinada a ésta.

Desde ya le estamos agradeciendo que nos brinde cualquier otra información relacionada con esta situación, pues consideramos tener legítimo interés en este asunto y, particularmente, como es de notorio conocimiento público. Además, estamos ante una circunstancia que, presuntamente, podría ser ilegal, y que como usted bien sabe, involucra a una distinguida diputada que en una situación más o menos análoga, ha admitido públicamente su incorrecto proceder.

Le reiteramos desde ya nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Honorables señores y señoras, diputados y diputadas, fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa.
cc.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Sra. Diputada Maureen Ballestero Vargas, Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.
cc.: Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Honorable Junta Directiva, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).
cc.: Junta directivas, Seccionales ANEP-A y A.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras.
cc.: Movimiento sindical, social y popular costarricenses.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.
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Carta a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa

San José, 2 de noviembre de 2009.
S.G. 09-11-0231-09

Licenciado
Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo
Asamblea Legislativa
Su despacho

Estimado señor:

En primer término, reciba su digna autoridad el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con base en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos a usted la siguiente información:

Con relación al presente período constitucional legislativo (8 de mayo de 2006 a la fecha), deseamos obtener información acerca de si la señora diputada Maureen Ballestero Vargas ha utilizado vehículos con placa oficial de la Asamblea Legislativa para sus gestiones en cuanto tal y/o no necesariamente oficiales.

Si fuese así, es decir, si la indicada legisladora ha utilizado vehículos oficiales de la Asamblea Legislativa, cuál es la tramitación normal que se ha observado al respecto, cuáles han sido esas ocasiones (fechas) y cuáles son los nombres de los choferes oficiales del parlamento que, eventualmente, han conducido esos vehículos oficiales.

Preguntamos acerca de si la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene algún convenio firmado con otra entidad pública, de otros poderes del Estado, para utilizar vehículos y/choferes pagados por esas otras entidades, para que le conduzcan a una persona legisladora de la República; en este caso en específico, a la legisladora Ballestero Vargas.

Preguntamos si su despacho tenía noción, sabía, que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), le “_prestaba_”, “_presta_”, choferes a la diputada Ballestero Vargas para que le manejaran a ella vehículos que la trasladasen a sus actividades.

Si su despacho sabía de la situación indicada, hubo alguna gestión de su parte para determinar si ello obedecía a algún convenio, si tiene base legal alguna, etc. Si usted realizó gestiones al respecto, ¿cuáles fueron esas gestiones?, ¿qué resultados arrojaron?, ¿qué acciones tomó para corregir lo que había que corregir si tal práctica se estaba dando en contra de la ley y/o de otros procedimientos?…

Desde ya le estamos agradeciendo que nos brinde cualquier otra información relacionada con esta situación, pues consideramos tener legítimo interés en este asunto para determinar el papel de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa en una circunstancia que, presuntamente, podría ser ilegal; y que como usted bien sabe, involucra a una distinguida diputada que en una situación más o menos análoga, ha admitido públicamente su incorrecto proceder.

Le reiteramos desde ya nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Honorables señores y señoras, diputados y diputadas, fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa.
cc.: Sra. Diputada Maureen Ballestero Vargas, Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.
cc.: Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras.
cc.: Movimiento sindical, social y popular costarricenses.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

San José, Martes 27 de Octubre del 2009.

Comunidad Internacional

Comunidad Nacional

Señores (as) Diputados (as)
Asamblea Legislativa
Costa Rica

Estimados (as) Señores (as):

Sírvase este medio, para comunicar la posición oficial del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, organización integrada por estudiantes universitarios de la UNA – Poder Estudiantil Popular (primera organización en pronunciarse públicamente sobre el tema de las fotocopias) – , la UCR, estudiantes de secundaria, empresarios de fotocopiado de Heredia y de San Pedro y sectores afines, en torno al contenido de ciertos artículos de la Ley 8039 – Ley de Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual – , los cuales desde nuestra perspectiva ponen en riesgo la estabilidad de las empresas dedicadas al fotocopiado, y por consiguiente, también amenazan la sostenibilidad de la educación en el corto, mediano y largo plazo.

El discurso de los numerales 54 y 58 (prohibición de reproducir y modificar obras no autorizadas) representan una clara señal de represión hacia todas aquellas actividades de fijado o reproducción de obras no autorizadas, en donde se involucren relaciones comerciales destinadas al lucro, tal y como, se ilustra en el diario vivir del conjunto de pequeñas y medianas empresas dedicadas al fotocopiado, en condición de negocios privados. Ante esta situación, las excepciones incorporadas a ambos artículos resultan insuficientes para salvaguardar los servicios que las fotocopiadoras prestan a los centros educativos, por cuanto la protección apenas cubre fines académicos e ilustrativos de enseñanza, los cuales corresponden meramente al usuario, dejando excluidos a los proveedores de dicho servicio, quienes son empresarios que en última instancia procuran el lucro y el beneficio para sostener su actividad comercial y generar el sustento de las familias dependientes del negocio.

Para nadie es un secreto que la inmensa mayoría del estudiantado costarricense y la población educada del tercer mundo en general, dependen de las fotocopias en aras de desarrollarse dentro de los procesos educativos, ya que en el país el libro se ha convertido en un artículo de oferta escasa, cuyo precio lo hace cada vez menos accesibles para la mayor parte de las familias del país. Si la Cámara Costarricense del Libro acusa a las fotocopiadoras y a los estudiantes de delincuentes y violadores de derechos de autor, dentro del Movimiento Fotocopiando para Estudiar reivindicamos el papel afirmativo de ambos sectores en el desarrollo académico de nuestra nación, cuestionando el carácter oligopólico y usurero que ha asumido el mercado del libro en manos de los principales grupos editoriales y los representantes de las casas extranjeras en Costa Rica.

De este modo, no se justifican las amenazas que la Cámara Costarricense del Libro ha proferido en contra de los sectores vinculados con el fotocopiado, al mismo tiempo que le solicitamos a los máximos poderes de la República que detengan la cacería de brujas que los empresarios del libro han anunciado contra las fotocopiadoras, reformando la Ley 8039 y estableciendo protecciones explícitas que salvaguarden a los servicios de fotocopiado que atienden las necesidades educativas en el país.

Cabe destacar, que los artículos 51 y 52 (prohibición a la difusión y puesta en conocimiento público de obras no autorizadas) debe ser modificados, por medio de la incorporación de una salvaguardia que proteja las difusiones, las adaptaciones y la puesta en conocimiento público de obras, cuando estas no se realicen con fines de lucro, lo cual protegería a los estudiantes de teatro, música, a las actividades de esparcimiento comunal, entre otros, con respecto a las severas medidas que traen consigo ambos numerales de la legislación.

Además, la reforma debe centrarse también hacia la eliminación de todas las penas carcelarias presentes en los artículos comentados de la ley, por cuanto fotocopiar no es un delito ni tampoco el acceso universal a la cultura representan prácticas delictivas. La finalidad del Movimiento Fotocopiando para Estudiar consiste en velar por los derechos inalienables del trabajo, la educación, la cultura, entre otros, lo cual no significa que en algún momento se promueva la piratería o el menoscabo en contra de los autores de libros, debido a que las leyes desproporcionadas de Propiedad Intelectual suelen beneficiar fundamentalmente a los grupos comerciales intermediarios, quienes en el fondo usufructúan de la obra de los escritores, músicos, entre otros artistas.

Por lo tanto, desde el Movimiento Fotocopiando para Estudiar se emprendido una campaña informativa y de recolección de firmas a nivel nacional, que constituye un proceso continuado y de extensión hacia los distintos rincones de Costa Rica. En ese sentido, la entrega de este cúmulo de firmas sugiere apenas un primer paso, es decir, no será la última visita del movimiento a las máximas instancias de poder institucional, en aras de comunicarle a la población costarricense que el derecho a educarse por medio de fotocopias no será socavado por la abusiva Ley 8039, ni tampoco serán delincuentes los estudiantes, ni los académicos, ni los copistas, ni ningún otro ciudadano que sueñe con promover el desarrollo de Costa Rica, a partir del acceso y la sostenibilidad de la educación.

En suma, desde el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar solicitamos el cumplimiento de los siguientes puntos:

1. El elevamiento del Proyecto 17342 (Reforma a la Ley 8039 – Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual-) al Primer lugar de la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues actualmente se encuentra en el 131.

2. El anexo inmediato de todas las hojas de firmas entregadas por el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar dentro del Proyecto 17342 (Reforma a la Ley 8039 – Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual-), con el fin de que sean tomadas en cuenta a la hora de la discusión y definición interna sobre este proyecto.

3. La reforma de la Ley 8039, con base en las sugerencias presentadas en dentro del Proyecto 17342, en un plazo corto y cumplido, que no supere el final del 2009.

Atentamente

“Por trabajo, estudio y acceso a la cultura”

Movimiento Fotocopiando para Estudiar

Para contactar:

Josué Aguirre T.
Presidente del Movimiento Fotocopiando para Estudiar.
Tel: 89905938

Expresamos nuestra más enérgica condena por este abominable crimen, el del compañero luchador social guatemalteco, Víctor Gálvez.

Queridos hermanos del Frente Nacional de Lucha, reciban nuestra solidaridad, nuestra muestra de dolor y solidaridad por tan terrible acontecimiento.

Saludos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

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Guatemala, 24 de Octubre del 2009

Consternados, furiosos y en lucha

Asesinaron al Compañero Víctor Gálvez

Hoy, en horas de la tarde, fue muerto a tiros nuestro compañero y hermano Víctor Gálvez, dirigente del FRENA en Malacatán, quien se había colocado al frente de la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en el Departamento de San Marcos, por la creación de una sólida Empresa Municipal de Energía en su propio Municipio y por la expulsión de Unión FENOSA del suelo patrio.

Víctor cometió, pues, un único “pecado”: el de sumar su tiempo y sus esfuerzos a las legítimas causas de su pueblo. Su firme convicción católica lo llevó a vivir los Evangelios, es decir, a comprometerse a favor de la equidad, de la paz, de la soberanía y en pro de la construcción de una Guatemala justa, digna y humana.

Que Dios le otorgue el descanso eterno y a nosotros nos lo niegue, hasta que no hayamos sabido recoger, para Guatemala, la cosecha que Víctor ha sembrado con su muerte.

Las fuerzas oscuras que ordenaron y llevaron a cabo el asesinato deben saber que, con ello, contribuyen a reafirmarnos en nuestra convicción de luchar, con toda firmeza, para que Unión FENOSA se vaya del país. La sangre joven y mártir que fue vertida abona el campo fértil de la lucha. Su sacrificio no será en vano.

Tanto así que anunciamos que el próximo Martes 27 las organizaciones que formamos parte del FNL iremos una vez más a las calles. Rendiremos nuestro homenaje a Víctor de la mejor manera: siguiendo su ejemplo como luchador infatigable.

Iremos a las calles a lo largo y ancho del país para exigir al Estado que escuche la voz que brota desde el pueblo y que demanda:

1.- La nacionalización de la energía y la consecuente expulsión de Unión FENOSA. Esta empresa no solamente roba, comete abusos, sino que envía a sus empleados a sabotear las instalaciones eléctricas como quedó demostrado hace apenas ayer mismo.

2.- El rechazo al proyecto ProReforma, por cuanto se trata de una propuesta para reformar la constitución cortada a la medida de la codicia sin límite de minorías poderosas que buscan, con ello, perpetuar la injusticia y perpetrar la inequidad.

3.- La asignación de un presupuesto suficiente que garantice la adecuada prestación de servicios públicos.

4.- La respuesta positiva a las demandas de las organizaciones campesinas e indígenas.

En el pasado mes de Julio hicimos entrega, tanto al Ejecutivo como al Congreso de la República, de un documento que contiene estos y otros temas que requieren urgente atención. Hasta la fecha, no hemos recibido una respuesta seria por parte de ninguna de esas dos instancias estatales. Seguiremos en la lucha a favor de los derechos e intereses del pueblo, hasta que se nos escuche y responda.

Iremos a las calles en homenaje a Víctor Gálvez y, además, en reclamo de que su muerte sea prontamente esclarecida. Exigimos la inmediata intervención de la CICIG a efectos de que se identifiquen los autores materiales e intelectuales de su asesinato y, además, que caiga sobre cada uno de ellos todo el peso de la ley.

Este próximo Martes 27 estaremos en lucha, cada uno y cada una en su puesto, honrando la sangre de Víctor y de todos quienes, con su sacrificio, han escalado el pedestal que los convierte en Héroes y Mártires. La impunidad debe cesar. El luto, el dolor, la violencia que desatan contra el pueblo debe cesar.

¡Ya basta de los abusos de las empresas! ¡Alto a los asesinatos y sabotajes!

¡Demandamos que el Gobierno actúe en este caso tan pronto como actúa, cuando se trata de perseguir a campesinos y líderes!

¡LA LUCHA SIGUE!

Tanto la ANEP como la CSJMP sentimos enorme satisfacción por haber exigido la renuncia de la citada jerarca, en la noche misma del señalado día en que cinco compatriotas perdieron sus vidas, a raíz de la negligencia mortal del despacho ministerial a cargo de la señora González Carvajal.

El Presidente Oscar Arias cometió un grave error político al preferir respaldar, hasta el final, a su hoy exministra del MOPT, desoyendo así un gigantesco clamor proveniente desde las más diversas posiciones político-partidistas y sociales, que exigían, sin mayores dilaciones, la renuncia de la señora González Carvajal, ante las denuncias sobre las evidencias de que la caída del puente era cuestión de tiempo y que su despacho menospreció en todo momento.

Ahora, sin mayor dilación, esperamos que la diputada Mauren Ballestero presente su renuncia al cargo de diputada, ante las contundentes evidencias que dejaron al desnudo su total desprecio por la nueva normativa electoral y su descarado uso de recursos públicos para promover la opción electoral a la que pertenece.

San José, 26 de octubre de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Manifestamos nuestra solidaridad con las familias dolientes y nos unimos al sentimiento de indignación nacional que ya se está manifestando ante esta negligencia mortal expresada desde la mayor instancia política y ejecutiva del ministerio involucrado: el MOPT.

Doña Karla González Carvajal no tiene más salida ética, moral y política ante la tragedia del puente sobre el Río Grande de Tárcoles que renunciar de manera inmediata. Las víctimas inocentes de tal nivel de negligencia política merecen justicia en tal sentido. Es más, el propio Presidente Arias debe destituirla y/o solicitarle su renuncia.

Ha quedado comprobado que las autoridades municipales de los cantones de Orotina y de Turrubares actuaron de manera responsable, de manera preventiva, alertando sobre el peligro inminente del citado puente. Es más, hasta varios diputados oficialistas actuaron en tal sentido con, al parecer, suficiente antelación.

La jerarca del MOPT respaldada por un selecto grupo de grandes empresarios del negocio de la infraestructura vial en varios ámbitos, ha mostrado una gran agilidad ejecutiva en cuanto a gestión gerencial que involucra jugosísimas ganancias de enormes emprendimientos privados en tal sentido. Parece que las necesidades viales comunales y vecinales de localidades rurales y urbanas nunca tuvieron prioridad en su gestión, quizás, porque en ello no es de esperar que rueden los millones de colones y de dólares.

Consideramos, además, que el Ministerio Público, por iniciativa propia, debe abrir el expediente del caso para individualizar las responsabilidades penales de rigor, según el ordenamiento jurídico en la materia; por ejemplo, lo que se indica en el artículo 254 (desastre por culpa) del actual Código Penal. La ANEP estará enviando en próximas horas una petición en tal sentido al señor Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.

La Ministra González Carvajal debe asumir toda su responsabilidad política (y eventualmente penal en este asunto), junto a sus más directos colaboradores involucrados en esta negligencia mortal.

San José, jueves 22 de octubre de 2009.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Presidente
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)