El TSE como institución ha jugado y jugará un papel clave en el manejo de la conflictividad política y social de Costa Rica. Ahora tendrá que hacerlo en medio de una gravísima crisis económica, la cual viene a agudizar la polarización que se observa entre capital y trabajo, entre clases dominantes y dominadas, entre jerarquías privilegiadas y ciudadanía a raíz de la aplicación de políticas neoliberales desde los años 80. De la neutralidad, imparcialidad, transparencia y eficacia del Tribunal dependerá en gran medida la integridad del juego democrático, la igualdad y la seguridad ante la ley, así como el nivel que alcancen la inestabilidad política y el descontento social. Del TSE dependerá, que el país pueda seguir avanzando hacia nuevas formas de democracia participativa y militante, y no quede atrapado en los desgastados moldes de una democracia representativa y formal, defectuosa e insuficiente.
Dadas algunas actuaciones del TSE en los últimos torneos electorales –y en particular en el caso de las elecciones de 2006 y del Referéndum del pasado 7 de octubre de 2007 sobre el TLC con EEUU-, se han suscitado múltiples inquietudes y resquemores en amplios sectores ciudadanos que vienen a poner en entredicho la imagen, credibilidad y confianza en los magistrados y la institución misma. Incluso se teme que para las elecciones del 2010, hechos como los acaecidos en aquellas y otras ocasiones se repitan y minen sin remedio los fundamentos de nuestra democracia y vida republicana.
Se trata de un cúmulo de actuaciones recientes y puntuales, acaecidas bajo acción u omisión de los magistrados del TSE, las cuales han preocupado sobremanera a muchos sectores ciudadanos y a los suscritos- debido a la magnitud de las irregularidades. Ante esas situaciones, las reacciones del TSE, cuando se han dado, han sido percibidas como débiles, superficiales, muchas veces tardías y limitadas a lo mínimo formal, dentro del marco de interpretaciones mecánicas de la ley, en exceso restrictivas. Las reacciones observadas abren muchos espacios de incertidumbre sobre el proceso del 2010, sobre todo para quienes no forman parte de la coalición gobernante y los grupos económicos empresariales más poderosos.
Nos referimos en particular a varias injerencias indebidas de fuerzas locales y extranjeras que desplegaron, ilegítima e impunemente, todo su poderío en el plano electoral a favor de la emergente coalición gobernante del G-38 (alianza PLN. PUSC, Movimiento Libertario y algunos partidos minoritarios) y los intereses que promovieron la aprobación del CAFTA o TLC con EEUU, incluidos los intereses de los más poderosos medios de comunicación. Se demostró que es posible efectuar masivos fraudes extra-urnas, basados en el ejercicio del poder financiero y mediático a través de encuestas comerciales y campañas de guerra sicológica o propaganda masiva, en contra de los derechos ciudadanos e intereses de grupos y organizaciones que no cuentan con un poder tal capaz de sesgar y así comprar o “privatizar” el resultado electoral. Si en los años previos a 1949 los fraudes se cometían alrededor de las urnas y el manejo de las papeletas, ahora se hacen antes de la emisión de los votos, mediante espurios mecanismos de información, comunicación y coerción social como los antes mencionados.
También ha habido una gran cantidad de denuncias de irregularidades en las mesas y el conteo, las cuales el TSE ha desestimado, muchas veces alegando insuficiencia de la ley para intervenir o sancionar. A ello hay que agregar otros actos, iguales o más graves, derivados del clientelismo político, como los que se hicieron efectivos a través de una red de Asociaciones de Desarrollo Comunal, alcaldes, regidores y diputados que se prestaron para presionar y chantajear la decisión ciudadana sobre el TLC, una red informal que viene operando por décadas como espuria maquinaria al servicio de la corrupción partidista y estatal. Frente a la gravedad y magnitud de estos procedimientos, y dada la creciente injerencia política incontrolada de los medios de comunicación privados, la subordinación del SINART a designios políticos ajenos a su naturaleza, y las tímidas reformas a un obsoleto Código Electoral, las medidas paliativas recomendadas o tomadas por el Tribunal aparecen como lo que son: parches de segundo o tercer orden, de baja eficiencia y eficacia, en general de poco relieve, que difícilmente impedirán el retorno del fraude electoral bajo nuevos ropajes financieros, informáticos y mediáticos. Se requiere algo más que un complaciente reformismo de corto plazo para enfrentar los delitos y transgresiones: una verdadera cirugía legal e institucional, de la cual no vemos mucho asomo en los predios del TSE ni más allá, sobre todo cuando al constatar que el anteproyecto de la Ley de transformación del TSE que se está ventilando en la Asamblea Legislativa es más un maquillaje que un cambio sustancial capaz de dar respuesta a las inquietudes presentadas.
Para no hablar aquí en abstracto ni a la ligera, presentamos como anexo un listado de hechos electorales anómalos, varios manifiestamente delictivos y todos muy recientes, los cuales pueden estimular una seria reflexión, un cambio de actitud en el accionar futuro de los magistrados del TSE.
Ante lo que revela esta muestra, por una parte, es indispensable que a futuro el TSE tome en cuenta y actúe preventivamente sobre posibles anomalías típicas que, por no haber sido atendidas o corregidas como tales, podrían repetirse de aquí al 2010 y más allá, generando más y más temores y desconfianza acerca de la pureza de los procesos electorales en nuestro país. Por otra, se requiere que el TSE se fortalezca en todos sus aspectos, incluido el normativo, y se prepare para lanzar una serie de políticas de transformación que perfeccionen, depuren y adecenten el sistema electoral como un todo, incluido el accionar de los partidos políticos, ojalá por medio de una ley específica que los regule, ya que son innumerables los atentados contra la democracia que allí se cometen en los procesos internos de elección, por la ausencia de suficientes definiciones y garantías acerca de los debidos procesos que la deben sustentar. Lo mismo sucede con el manejo de los recursos y fondos públicos y privados que se ponen a su disposición. Recordemos que sin partidos transparentes y decentes no hay democracia electoral o parlamentaria posible.
También la ciudadanía, particularmente los ciudadanos creyentes, deben dejar su pasividad a un lado ante las transgresiones a sus derechos; y mantener una actitud más vigilante y aguerrida, una gran fuerza de abajo hacia arriba, que alimente y retroalimente la transición hacia formas superiores de democracia, respeto y equidad.
Para finalizar, sólo nos resta renovar nuestra fe en los principios y procedimientos democráticos del Estado Social de Derecho, en la misión histórica e institucional del TSE, y en la capacidad de nuestra ciudadanía para enfrentar los retos que genera una época de tanta incertidumbre y crisis. Al mismo tiempo reclamamos enérgicamente una actitud más proactiva, más valiente y menos esquiva del TSE ante esta problemática, en una coyuntura en la que se juega la paz y el bienestar de todos los habitantes. Urge un intenso debate nacional sobre la materia y deseosos contribuimos al mismo con este aporte.
Atentamente, desde nuestra fe cristiana y amor a la patria:
LOS SACERDOTES FIRMANTES
ANEXO SOBRE ALGUNAS IRREGULARIDADES ELECTORALES Y LA CONDUCTA PROBLEMÁTICA DEL TSE
1.1. Elecciones 2006:
A raíz de los estrechos márgenes del triunfo de Oscar Arias y una cantidad importante de denuncias del PAC y grupos ciudadanos de varias partes del país, el TSE recibió 696 demandas de nulidad para resolver en el plazo perentorio de tres días hábiles, las cuales rechazó. Pero como lo afirmó el periodista Armando Vargas, “Quedaron al descubierto la obsolescencia del sistema, la senescencia de los métodos o personas, y la incapacidad de respuesta ante un enjambre de inconsistencias, omisiones y rarezas.” (En “Tribuna Democrática”, 16 de mayo, 2006).
Veamos algunas situaciones:
– En el estudio titulado “El papel de los medios y la actuación del tribunal supremo de elecciones en la contienda electoral del 5 de febrero de 2006”, de los investigadores María Elena Rodríguez Molina y Francisco Garro Molina (incluido en el libro de ambos con Oscar Hernández, Elecciones Presidenciales: inconsistencias, anomalías y otros temas (Editorial UCR, 2009), se informa que, según el periodista Luis Valverde, las demandas presentadas ante el TSE a raíz de las elecciones del 2006, en general, se referían a mesas abiertas a destiempo, votos que no coincidían con el número de papeletas enviadas a las juntas, votos válidos declarados nulos y viceversa, votación a nombre de personas fallecidas, una papeleta en Grecia con un voto a favor del PAC dentro de un pupitre, una mujer que llegó al edificio del Tribunal a dejar un padrón fotográfico que no había sido devuelto, y se denunciaron mesas que no contaron con representación suficiente de los partidos y donde faltaron papeletas para presidente. (Ver “TSE analiza cerca de 100 denuncias por anomalías en comicios. Conteo acentuó debilidades del proceso electoral”, en diario “La República”, 14 de febrero 2006, p. 11). También el diario_ “La Nación”_, informó que el 80% de 3 821 boletas faltantes aparecieron en las bolsas de diputados y regidores, lo mismo que 67 de los 100 padrones registro faltantes (“Faltaron 33 padrones y 761 papeletas. Apareció el 80% de las papeletas “extraviadas” ( LN, 5 de abril de 2006, p. 4 A.).
– Minimizando las críticas anteriores, Oscar Fonseca, presidente del TSE, manifestó al diario en mismo 5 de abril, que se sentía “tranquilo” porque hicieron falta solo 33 padrones y 761 papeletas. Opinó que algunos miembros de mesa se dejaron los padrones y las papeletas como “recuerdo de las elecciones”. Razonó que para el TSE el faltante del padrón registro o algún defecto en él no era motivo para anular la votación en una junta receptora y agregó que el tribunal rechazó la mayoría de las anomalías descritas, según indicó,_ “por falta de fundamento legal y consideró que no era necesario re-escrutar.”_
– Según los investigadores Rodríguez y Garro,_ “los seguidores de Ottón [Solís] opinaron que los padrones y las papeletas faltantes afectaron la calidad del escrutinio. Los mismos detectaron, a su vez, que en centenares de casos el padrón estaba en blanco y que en varias juntas electorales se escrutaba con certificación en vez del Padrón Registro, o sea, equiparando la “certificación del resultado”, dándole el carácter supletorio de plena prueba que solamente podía serle conferido al Padrón.”_ Y agregan que “el PAC consideró una gravedad esta equiparación, ya que el Padrón contiene la identificación de la persona (fotografía y firma), si votó o no, presencia del Presidente y otros miembros de mesa, sus firmas, salidas y suplencias, etc. A esto se sumó el problema del voto con el lapicero, que elimina el control del sufragio mediante la huella dactilar y la mancha del dedo índice. La equiparación con una certificación fue vista por el PAC como “sorprendentemente incongruente, contradictorio desde el punto de vista legal y que lo único que garantiza es que el padrón no sirve de nada y que el fraude resultante de su uso negligente o mal intencionado (resaltado nuestro), estaría avalado por la actual jurisprudencia que ha dictado el TSE en las recientes elecciones”.
– Los autores del estudio concluyen diciendo que “al puntualizarse hechos irregulares en algunas mesas receptoras interpuestos por partidos políticos y sectores sociales, se resaltó la diferencia entre garantizar la calidad del proceso electoral y un simple conteo de papeletas. Según varias opiniones, el escrutinio del 2006 fue descuidado porque no tomó seriamente la estrecha diferencia de votos y los motivos de este hecho… De ahí que, a pesar de la defensa a ultranza (del periódico) “La Nación” al TSE, hubo muchos cuestionamientos a esta entidad en relación a su negligencia y parcialidad política.” Citan seguidamente al politólogo Rodolfo Cerdas aseverando que_ “… es inaceptable la propuesta de poner al TSE casi en olor a santidad. Esto no es bueno para el TSE y los honorables magistrados, para el sistema democrático… Esta santificación borra, de golpe, las irregularidades detectadas en varias mesas de votación, las debilidades institucionales y legales…”_.
– En el diario_ “La República”_ (21 de febrero, p. 15) Óscar Fonseca, Presidente del TSE, defendió la pureza del sufragio, calificando las denuncias como hechos_ “sin importancia, intrascendentes, comunes y normales en los procesos electorales.”_ Y hasta ahí llegó la gestión del TSE.
– Para finalizar, vale la pena reproducir una opinión de Rodríguez y Garro en el sentido de que “dada la crisis en los comicios 2006, para muchos políticos, juristas y analistas es inaplazable efectuar modificaciones para modernizar y fortalecer el régimen electoral, en general y, al TSE, en particular. Se requiere reformar y reforzar la normativa electoral y su administración que se aplicará en futuras elecciones, debido a que el proceso electoral en cuestión reveló debilidades en la organización y la legislación en esta materia. Es la opinión de algunos sectores que se está utilizando una jurisprudencia equivocada, no acorde con una buena votación caracterizada por muchas irregularidades en las mesas receptoras de votos y por la regulación libre de partidos políticos, en vez de un adecuado control del TSE. Es perentorio discutir las reformas políticas y electorales presentadas al Congreso, las cuales consisten en crear un nuevo Código Electoral. Asimismo, en este marco hay que definir aspectos del financiamiento y de las organizaciones políticas, así como revisar la integración y el funcionamiento de las juntas mediante nombramientos más técnicos y especializados. Ineludiblemente se deberán definir las posibles nulidades y los eventuales delitos electorales con los plazos correspondientes. En esta tarea es sumamente conveniente establecer en qué situaciones se anulan las mesas y particularmente, cuándo se anula una elección.” Al final, hacen suya la tesis de Rodolfo Cerdas: “El Tribunal debería tener más iniciativa en el proceso de transformación del sistema electoral. No debe ser un gerente o administrador de elecciones, sino que ha de convertirse en actor …”
– A raíz de las incidencias de las elecciones 2006, la credibilidad ciudadana en el TSE se debilitó mucho, un fenómeno detectado en una investigación a finales de ese año con grupos focales, la cual estuvo a cargo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Costa Rica) y cuyo fin era analizar “El proceso electoral desde la óptica de la sociedad civil”. Las opiniones y los resultados detectados deben mover a los magistrados cuando menos a un severo autoanálisis. En el estudio participaron empresarios de la industria, comercio, turismo y agricultura, dirigentes de sectores sociales (sindicatos, organismos no gubernamentales, agrupaciones campesinas), académicos de universidades públicas y privadas; jóvenes entre 18 y 25 años (universitarios y de organizaciones de jóvenes), personas ligadas a diversos partidos políticos y profesionales de medios de comunicación. Entre las opiniones que más sobresalieron y repitieron aparecen las siguientes que mueven a preocupación: su papel es “inútil y miope”, “no está a la altura de los restos”, “no es innovador”, “permitió fraudes en las anteriores elecciones”, “tiene una estructura ideológica vieja”, “juega a apegarse a la ley y no revisa si hay una transformación social que requiera una nueva legislación”, “su manejo en las elecciones fue desastroso,” “se queda sólo en lo jurídico”, “se dedica a contar voto y entregar cédulas “.
– A lo dicho hay que agregar que en una encuesta del IDESPO-UNA de ese año el 68% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo ante la afirmación “En nuestro sistema de elecciones son posibles los fraudes electorales”. Asimismo, según el Latinobarómetro 2006, sólo un 55% de las personas entrevistadas en Costa Rica aseguró que las elecciones son limpias. Similares tendencias aparecieron en encuestas de ese año de la Escuela de Matemática y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR.
1.2. Referendum 2007:
– Se califica de grave el uso por parte del “Grupo por Costa Rica” (dirigido por exnegociadores del Cafta y miembros de varias cámaras, bufetes y publicistas) de fondos privados hasta de US$1,2 millones, aportados por grupos empresariales centroamericanos, la organización Caribbean-Central American Action y la AID del gobierno estadounidense (Programa ProAlca II) para impulsar la aprobación del TLC; diversas e ilegales intromisiones de algunos extranjeros en la campaña previa al referendo. Aunque hubo denuncias públicas sobre esta injerencia extranjera, el TSE no investigó ni actuó para nada.
-El Semanario Universidad alertó sobre el hecho de que empresarios guatemaltecos con fuertes inversiones en Costa Rica donaron sumas millonarias para financiar ilegalmente la campaña del SÍ. Eran ilegales por provenir de extranjeros y por superar el monto máximo estipulado por el TSE, pero éste permaneció inerte.
– El embajador de EEUU Mark Langdale fue denunciado por sus visitas a zonas del país en las que habló en apoyo al movimiento del SÍ al TLC. Una denuncia formal presentada ante el TSE por esta inusitada intromisión del embajador fue pasada al Canciller Stagno, alegando que el señor embajador Langdale “tenía inmunidad diplomática”(ver Resolución 2316-E-2007). Pero éste devolvió el caso, indicándole al TSE que “1. Es competencia exclusiva de ese Alto Tribunal, la aplicación de la normativa electoral costarricense, cuyos principios en el caso que corresponde, han sido desarrollados con amplitud en la Resolución 2316-E-2007” (ver oficio DM-364-07). Más aún, en el auditorio del TSE la noche del 7 de octubre, el embajador dijo a todos los medios de prensa que él había solicitado al gobierno de Bush la carta de la señora Schwab, donde se amenazó a los costarricenses con que si osábamos rechazar el TLC, nos quedaríamos sin Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y nos llevaría la trampa. Pero el TSE permaneció mudo una vez más.
– En los días anteriores a la celebración del Referéndum, el Presidente de la República y sus ministros, diplomáticos y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, la prensa, la radio y la TV comercial, lo mismo que multitud de empresarios cometieron impunemente y sin que mediara una reacción del TSE, toda clase de irregularidades para confundir y amedrentar a los costarricenses –en especial a los de bajos ingresos- para forzarlos a votar favorablemente el TLC. Así fue como el 4 de octubre 3 antes días del Referéndum y último antes de la ‘tregua legal’ que impide hacer propaganda el diario “La Nación” reprodujo en grandes titulares expresiones de Susan Schawb, diz que Ministra de Comercio Exterior de los Estados Unidos, con su foto al lado del presidente Bush, donde afirma que no podrá haber otro TLC si Costa Rica decide rechazar el actual, y enfatiza la precariedad de las ventajas actuales de la Cuenca del Caribe. Otras “noticias” dan cuenta de que el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio considera que la industria textil desaparecerá si no se aprueba el TLC; que el presidente de TACA, Fernando Naranjo, declara que si eso sucede su empresa revisará los planes de ampliación de operaciones en el país; y que el presidente de la firma Atlas Eléctrica Richard Beck, declaró que si ganaba el NO, su empresa abandonaría Costa Rica. El TSE ignoró lo que pasaba y su gravedad.
– Mientras lo anterior sucedía, el Secretario General de la OEA. José Miguel Insulza, quien vino al País como observador internacional del referendo, hacía varias declaraciones en los medios, mostrándose favorable a los TLCs y ponderando “las bondades del libre comercio en Chile”. Ante esto, el TSE tampoco actuó.
– La “noticia” acerca de Schwab se refuerza al día siguiente en_ “La Nación”_, con titulares referidos a sus nuevas y reiterativas declaraciones, las cuales insisten en que no habrá otro TLC si el NO triunfa y que la Cuenca del Caribe pende de un hilo. Allí mismo se anuncia que el gobierno de Arias las acogió con satisfacción y publicó de inmediato un boletín de prensa titulado “Estados Unidos no renegociará un TLC con Costa Rica, si es rechazado”. Luego se descubrió por unas declaraciones del exdiputado Otto Guevara a Tele Sur, que fue el gobierno de Arias quien le pidió a Schwab pregonar las inquietantes amenazas.
– Toda la información anterior fue relanzada masivamente por otros medios, conformándose así un caso de guerra político-psicológica, ante la pasividad de un TSE incapaz de detener las acciones ilegítimas e ilegales del sector privado y del público; pues antes había resuelto permitir algo sin precedentes: que altos funcionarios del Poder Ejecutivo hicieran campaña abierta a favor del SI, manipularan desde sus puestos e intervinieran con total parcialidad en un proceso electoral, incluso haciendo ofertas de construir obras públicas. Por ejemplo, una denuncia presentada por el abogado Adonay Arrieta, basada en una videograbación en la que el mandatario Óscar Arias prometía en el cantón de Osa unos días antes de efectuarse el pasado referendo: “Ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto”, fue desestimada por el TSE, el cual ordenó archivarla, alegando que “carece de sanción administrativa que el Presidente, durante su intervención, haya manifestado que construirá un aeropuerto, lo cual, de concretarse, lo sería con posterioridad al proceso consultivo (referendo), sin que se haya podido apreciar la utilización de recursos públicos”. La denuncia fue presentada el 4 de octubre del 2007, pero el TSE no se pronunció sobre el caso sino hasta el 5 de marzo de 2008, seis meses después. Esa tardanza, por sí sola, indica que en materia electoral los costarricenses carecemos de una institución que realmente nos proteja.
– Cabe recordar que a plena vista pública, el gobierno organizó una red de alcaldes sumisos a favor del TLC, alrededor del alcalde de San José Johnny Araya, para canalizar por su medio una serie de recursos, presiones, amenazas y chantajes que forzaran una votación favorable al SÍ en la inmensa mayoría de los cantones y comunidades del país. Gracias al mismo sistema, la coalición gobernante había ganado antes fácilmente las elecciones de esos funcionarios.
– Mientras el TSE permitía que funcionarios del Poder Ejecutivo hicieran de las suyas a favor del SÍ, el martes 16 de julio 2007 conminaron a los rectores de las universidades públicas, imponiéndoles limitaciones en el uso de recursos y del horario laboral para las campañas a favor y en contra del TLC, al tiempo que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) exige al rector del ITCR y presidente del Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC, Eugenio Trejos, que se separe del cargo sin goce de salario mientras dure la campaña de cara al referéndum, basándose en el dictamen del TSE. El día 22 de ese mes, en conferencia de prensa, el rector del ITCR y presidente del Frente Nacional de Apoyo a la lucha contra el TLC informa que el TSE pidió una investigación en su contra por uso indebido de los recursos institucionales, y en contra de la rectora de la UCR, Yamileth González. El rector Trejos sostiene que el órgano electoral se extralimita en sus funciones al solicitar una pesquisa, afectando la autonomía universitaria y declara que no renunciará a su puesto. Trejos agrega que el TSE busca “acallar a las universidades públicas y nos ponen en desventaja con respecto al presidente Arias, a quien no se le acalla ni se le pide investigación”. Por su parte, el Frente de la Universidad de Costa Rica contra el TLC señala en un comunicado que “el intento de silenciar a las universidades públicas por el TSE es una acción que atenta contra las garantías electorales” y hace un llamado a la defensa de la autonomía universitaria, con medidas de presión y movilización ciudadana.
– Al tiempo que se daba todo lo anterior, los grandes medios de comunicación lo ocultaban y dejaban de lado las denuncias y los desmentidos emitidos por el NO sobre lo acontecido. Todo ello sucedía a vista y paciencia del TSE, incapaz de garantizar un mínimo de equilibrio o de razonable paridad entre las partes en esta delicada materia. Al final, la enorme maquinaria financiera, mediática y clientelista operada por el SÍ obtuvo la ventaja, aunque por poco margen.
– El propio día del referéndum, jerarcas del Sinart permitieron al Ministro Rodrigo Arias salir al aire para hacer proselitismo abierto a favor del SÍ, a lo que siguió en este medio y en otros privados una larga serie de intervenciones similares de numerosos funcionarios, políticos y representantes de intereses empresariales.
– En los días posteriores al referéndum, la gente empezó a enterarse por distintos medios de difusión no comerciales de las múltiples infracciones legales y constitucionales cometidas por agentes del SÍ contra la ciudadanía. Desde distintos grupos se inició la recolección de los datos más importantes sobre problemas detectados en el material electoral, en particular la ausencia parcial o total del respaldo documental. Con fecha 20 de octubre de 2007 (menos de dos semanas después de la votación), fueron presentados al TSE dos recursos de nulidad en razón de anomalías y numerosos vicios y abusos de poder que afectaban gravemente el procedimiento de referéndum celebrado el 7 de octubre. Pero pocos días después el TSE los rechaza de plano, en vista de que no se habían presentado dentro de los tres días posteriores al evento, como si se tratara de las pequeñas irregularidades que el Código Electoral prevé para las votaciones ordinarias.
– Aún más, con anterioridad se había presentado ante la Sala Constitucional una ACCIÓN PARA QUE SE DECLARARA LA INCONSTITUCIONALIDAD del inciso a) del artículo 20 de la Ley N. 8492 del 9 de marzo de 2006 sobre regulación del referéndum, el cual autoriza a los miembros de los supremos poderes a intervenir en las campañas a favor o en contra de dicho acto, en cuanto contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 95, inciso 3) y 105 de la Constitución Política, que prohíben textualmente la injerencia de los poderes de la República en los actos de sufragio. La acción fue rechazada por el TSE.
–El 7 de setiembre 2007, el Movimiento Patriótico exigió al TSE, sin que éste respondiera, la renuncia o destitución del Vicepresidente Kevin Casas y del diputado Fernando Sánchez, familiar del Presidente Oscar Arias, debido a que en el Semanario Universidad No. 1728, se informó de la existencia de un memorando dirigido por esos señores al Presidente de la República y a su Ministro de la Presidencia, en el cual plantean una estrategia de la campaña del Sí que incluye, entre otras cosas graves, que a los alcaldes “… Hay que hacerlos responsables de la campaña en cada cantón y transmitirles, con toda crudeza, una idea muy simple: el alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos 3 años…”, lo que no es otra cosa que un chantaje y un grave irrespeto. Sobre la campaña en los medios de comunicación, se sugería:_ “Estimular el miedo de cuatro tipos: miedo a la pérdida del empleo, miedo al ataque a las instituciones democráticas, miedo a la injerencia extranjera en el NO, miedo al efecto de un triunfo del NO sobre el Gobierno.” Sobre la propaganda recomendaba… La que siembre cizaña sobre los líderes, motivos, métodos, financiamiento y vínculos internacionales del NO”_ y que se usen recursos y funcionarios públicos para visitar las empresas privadas y hacer propaganda por el SÍ. El Movimiento terminó emplazando en vano al TSE para que actuara de oficio, “pues el Memorando del Vicepresidente y del Diputado confirmaba el uso de recursos públicos para favorecer al Sͬ y para eludir el control del TSE”.
–Después, fueron planteadas diversas acciones contra Casas y Sánchez. Muy pronto el Vicepresidente Casas renunció a su investidura, cesando por consiguiente las acciones judiciales en su contra. No así el diputado Sánchez quien se ha aferrado a su curul y ha conseguido que pase el tiempo a pesar de que fue denunciado ante el TSE. El procedimiento fue suspendido mientras la Sala Constitucional conocía de unos recursos planteados por Sánchez, pero ahora que dichos recursos han sido definitivamente rechazados por la Sala, el TSE se niega a proceder contra Sánchez, aduciendo que aunque sabe que éste no tiene ya más subterfugios que oponer para impedir la pérdida de sus credenciales, no puede proceder porque no tiene en su poder el fallo completo de la Sala, pues ésta no ha concluido la redacción de la sentencia formal.
–Esto pareciera una forma de darle largas al asunto en beneficio de Sánchez, de la clase política bipartidista y del grotesco e impune sistema generalizado de la corrupción público-privada que ha podido en buena medida rebasar, sabotear e inutilizar, con relativa facilidad, las estructuras y funciones esenciales del TSE, sin las cuales es insostenible la democracia o lo que de ella va quedando en el tortuoso camino de esta verdadera ingobernabilidad, bien reflejada por este breve recuento de graves hechos.
Atentamente, desde nuestra fe cristiana y amor a la patria:
Pbro. Miguel Picado G.
Pbro. Francisco Soto S.
Pbro. Jesús Doncel
Pbro. Ronal Vargas A.
Pbro. Gustavo Meneses
Pbro. Gerardo Fernández
Pbro. Gerardo Vargas
