Categoría: Noticias

Informamos a la familia Iceista que a raíz de la huelga realizada el 26 de noviembre del 2007, la Administración Superior del ICE, concretamente el Presidente Ejecutivo, Pedro Pablo Quirós, el entonces Director Jurídico Geovanni Goldoni y la Subgerente de Administración, Clemencia Barrantes, interpusieron desde diciembre del 2007, procedimientos administrativos de despido contra los tres compañeros dirigentes, bajo supuestos cargos de obstrucción, daño a la imagen y no acatamiento de instrucciones institucionales.

Los compañeros afectados presentaron en tiempo y legalidad recursos de desestimación del procedimiento concordantes amparados en el respeto al Fuero Sindical que gozan los dirigentes sindicales contemplados en el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debidamente ratificado por Costa Rica y que a saber dice: CONVENIO 135 SOBRE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

Artículo 1
“Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.”

El mismo Estatuto de Personal establece en su Artículo 40 lo siguiente: 40-9: Será absolutamente nulo e ineficaz todo acto de la administración del Instituto, que perjudique a los representantes de las organizaciones de los trabajadores:

• 40-9 a) Por su condición de tales.
• 40-9 b) Por las actividades que desarrollen en el ejercicio de sus funciones sindicales.

El principio del Fuero Sindical determina el espíritu de proteger al dirigente sindical de posibles acciones que en su contra pretenda realizar un patrono o una administración activa. Se busca que un dirigente acusado de cometer supuestas faltas no acordes con su gestión sindical, sea juzgado por una instancia imparcial, objetiva e independiente de las partes en conflicto. Situación que no se cumplió en el ICE cuando la Administración Superior (en este caso la Administración Activa) procedió a implementar un procedimiento administrativo de despido a los tres dirigentes sindicales, conducido por un Órgano Director que es en la jerarquía formal del ICE subordinado suyo y cuyas resoluciones son recomendaciones no vinculantes, o lo que es lo mismo la Administración Superior tienen la potestad de aceptar o no, modificar parcial o totalmente la resolución recomendativa realizada por el órgano Director, lo cual lo convierte en juez y parte del conflicto, dejando en estado de indefensión oportuna a los dirigentes.

Después del “_juicio_”, el Subgerente del Sector Eléctrico, Ing, Gravin Mayorga a quién se le facultó la decisión, determinó aceptar la recomendación del “_Órgano Director_” y suspender sin goce de salario a los dirigentes* Fabio Chaves* por 15 días, Jorge Vega por 8 días y Francisco Aguilar por 5 días, en sustitución de la aplicación de un despido. O lo que es lo mismo, se aplicó un perdón angelical a nuestros compañeros aunque el Órgano Director determinó haber encontrado suficientes causales para el despido sin responsabilidad laboral.

Advertimos a los trabajadores y trabajadoras que esta medida injusta, arbitraria y al mejor estilo del Memorandun del Miedo, tiene como objetivo tratar de desmantelar el Movimiento Sindical dentro del ICE y mandar una señal a la familia Iceista para que no apoyen futuras defensas del ICE y no se afilien o se desafilien de los sindicatos.

Advertimos a la Administración Superior que tales medidas no nos asustan, estamos acostumbrados a que diferentes administraciones traten de deslegitimar y con esto tratar de impedir que las organizaciones sigamos realizando las acciones políticas, legales y de calle que sean necesarias para defender la institucionalidad y los derechos de los y las trabajadores del ICE. Estamos más que dispuestos a seguir en la lucha, tal como lo están haciendo los compañeros.

Informamos que las organizaciones del FIT, están incondicionalmente con estos tres compañeros y tomaremos las medidas necesarias para apoyarlos en lo legal, en lo político y en lo económico a fin de eliminar este nefasto precedente. Sabemos que la entereza, los principios y la actitud para asumir con hidalguía este sacrificio de estos compañeros, están por encima de quienes vienen y ayudan a destruir el ICE.

A la Administración Superior, al Presidente Ejecutivo, Ing. Pedro Pablo Quirós, lo instamos a respetar la paz laboral y las adecuadas relaciones bilaterales entre usted y el movimiento sindical del ICE, y revertir esta ofensiva resolución.

A nuestros compañeros, les decimos, ustedes no están solos en esta lucha, estamos toda la familia Iceista como un solo corazón, palpitando por justicia pronta y cumplida.

“No rehuyamos la lucha cuando se trata de preservar el derecho o la dignidad del hombre; sólo así podremos congratularnos de pertenecer a la humanidad.”

Alonso Araya Fuentes
Presidente Asdeice

*JUNTA DIRECTIVA DE ASDEICE *

Esos miles de millones que algunas empresas del gran capital nacional le adeudan al instituto; pareciera ser el verdadero origen de una gestión que extrañamente promovió la Contraloría General de la República, pero dichosamente no tuvo aceptación en la opinión pública nacional.

La Asamblea Legislativa debería antes de dar paso a la creación del Instituto de Desarrollo Rural, investigar a fondo los pormenores de la investigación que realizó la Contraloría y que concluyeron con la propuesta de cerrar o de transformar la institución, especialmente por que en la misma existen una serie de inconsistencias que es necesario dilucidar y que ponen en tela de duda las conclusiones a las que llego el ente Contralor.

Conforme avanzan los juicios contra las grandes empresas fabricantes de refrescos y de cervezas, se vuelve más evidente la verdadera trama que se esconde detrás de la solicitud de cierre del IDA. Pareciera ser que echaron mano de algunas instituciones y de algunos medios de comunicación para hacer realidad una idea que no podían concretar por sus propios medios y lo mejor es que le dieron un carácter de legalidad.

Hay que recordar que esas mismas denuncias que se hicieron por diversos medios en el año 2006, se habían hecho en el año 1996 y posteriormente en el 2002, sin embargo nadie se intereso en esa problemática por una razón muy simple: en ese momento no existían resoluciones de los Tribunales obligando a las grandes empresas fabricantes de refrescos y de cervezas a depositar sumas millonarias a favor del IDA.

Hoy que nuevamente se pone sobre el tapete esta situación, es un buen momento para exigir una investigación del proceder de la Contraloría y pedir explicaciones respecto a la transparencia que privo en los resultados del estudio que realizaron en el instituto de Desarrollo Agrario.

Lástima que los medios, las instituciones ni los mismos diputados prestaron atención a las pruebas de descargo que presento el IDA en su momento, por que si lo hubieran hecho se hubiesen dado cuenta de las inconsistencias que contenía el informe de la contraloría y posiblemente hubieran puesto al descubierto toda la trama que se escondía detrás de ese escándalo.

Walter Quesada Fernández
Presidente Seccional
ANEP-IDA

Ahora DENUNCIAMOS que el plan escudo presentado por el Gobierno, el pasado 29 de enero, lejos de buscar la protección de trabajadoras y trabajadores pretende aprovecharse de la crisis para cercenar nuestros
derechos.

Nuestros gobernantes sí tienen responsabilidad por los efectos de la crisis.

El presidente Arias MIENTE cuando dice: “nosotros no originamos esta crisis, la originaron los países más poderosos del mundo”.

No podemos negar que esta crisis se origina en el corazón mismo del sistema financiero-especulador. Sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica, gracias a las medidas neoliberales de los últimos 20 años, no han existido políticas de protección para la pequeña y mediana producción, ni para el mercado interno. No olvidemos que fue precisamente durante el anterior gobierno de Oscar Arias que se desmanteló el sector del agro que se dedicaba a la producción de granos básicos, sector que empleaba a gran cantidad de mano de obra y que no dependía directamente del mercado estadounidense.

En nuestro país, las distintas agrupaciones en el poder se han dirigido, en una loca carrera, hacia esas mismas políticas neoliberales que son las que hoy han originado esta crisis a escala planetaria. El sello final de este modelo fue precisamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al cual le apostaron el gobierno y muchos grupos empresariales, como principal fuente generadora de empleo. Ahora que la economía estadounidense entra en crisis y arrastra a las principales economías del mundo, no asumen las responsabilidades que les corresponden al haber enrumbado al país en esa dirección.

Las y los trabajadores no tienen por qué pagar los platos rotos

El mal llamado_ “Plan Escudo”_ plantea dos medidas contradictorias, por un lado aumentar la jornada a 12 horas, y por otro reducir la jornada, y por consiguiente el salario. Esto evidencia que el gobierno realmente no está buscando una solución para las trabajadoras y trabajadores, sino que pretende ampliar el_ “menú”_ para que las empresarias y empresarios puedan disponer a su antojo de la fuerza de trabajo; lo cual es la verdadera definición de flexibilidad laboral y que es el sustento de las políticas laborales que impulsa este Gobierno.

En su discurso Arias plantea que: “Es preferible que, por un corto periodo de tiempo, dos personas realicen la mitad del trabajo y ganen la mitad del salario, a que una de ellas pierda su empleo para siempre.”

Con esta frase intenta Arias justificar la reducción de las jornadas laborales de las y los trabajadores, sin reducir el valor de la hora laborada, pero sí se reduciría el salario.

No tiene ningún sentido que la mayoría de la población empiece a ganar la mitad del salario en momentos de contracción económica; ¿o será que los alquileres, los transportes y la comida también se van a reducir a la mitad? Pedirle a una persona que apenas le alcanza su salario para satisfacer necesidades básicas, que lo reduzca a la mitad es condenarla al hambre.

Esta medida inadecuada en realidad propone tener a dos personas con hambre trabajando en una multinacional para defender nuevamente los intereses de las grandes compañías. Lo correcto es que el gobierno asuma de manera valiente y consecuente la responsabilidad de las políticas que ha impulsado y se avoque a la tarea de crear empleos estables, mediante el fortalecimiento del mercado interno y cambie las políticas económicas erradas que nos han llevado a este camino.

El gobierno también está aprovechando la crisis económica para impulsar viejos proyectos de ley desde los cuales llevan más de 5 años intentando eliminar derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, como la jornada laboral de ocho horas, y derechos asociados como el pago de horas de extras, entre otros.

La escusa para intentar flexibilizar la jornada laboral había sido siempre que los empresarios no podían poner a trabajar sus empresas las 24 horas tal y como_ “exigía la globalización”_, porque el sistema jurídico nacional se los impedía. Ahora dicen que ocupan la flexibilidad porque hay crisis económica y tienen que reducir la producción ¿Tiene algún sentido aplicar la misma receta para dos males completamente distintos?

Evidentemente, la crisis es la nueva escusa que ha encontrado el Gobierno para impulsar la flexibilización laboral que tanto han reclamado los grupos empresariales. Este tipo de medidas van orientadas a disminuir el efecto de la crisis para las grandes empresas, para que conserven su margen de ganancias, a un costo muy alto para las y los trabajadores que sólo recibirán menos salarios, ya sea porque se les elimina el pago de horas extra o porque se les reduce las jornadas.

El verdadero escudo para las y los trabajadores es el Código de Trabajo

Lo que realmente protege, en estos momentos de crisis económica, a las y los trabajadores es el Código de Trabajo, pues norma la relación laboral y les pone límites a los empresarios para proteger a la parte trabajadora. Sin embargo, el gobierno y los grupos empresariales justamente están debilitando este verdadero escudo.

Si al Gobierno realmente le interesara el bienestar de la clase trabajadora debería reconsiderar estas medidas, buscar maneras de crear empleo digno y dignificar el ya existente, de manera que para las y los trabajadores y sus familias les sea posible sostenerse durante esta crisis.

En momentos de crisis económica es necesario salir en la defensa de las herramientas jurídicas que protegen a las y los trabajadores, y sí, es necesario reformarla, pero no para permitir la indefensión de la clase trabajadora, sino más bien para profundizar la protección de la misma.

Organizarnos para combatir el Plan Látigo

Las organizaciones que integramos la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral en Costa Rica, hacemos un llamado a todas las organizaciones a coordinar una Convocatoria Unitaria a una Asamblea Nacional que nos permita organizarnos para impedir la aplicación del Plan Látigo contra las y los trabajadores y para luchar por mayores protecciones laborales durante la época de crisis.

La posibilidad de que las legisladoras actuales, señoras Lorena Vásquez Badilla ó Andrea Morales Díaz, se conviertan, alguna de las dos, en la nueva Defensora de los Habitantes de la República, sin duda alguna, desde ya, habrá de generar un fuerte rechazo en amplios segmentos de la ciudadanía democrática costarricense; habida cuenta del “controversial” papel que ambas en estado jugando en la actual Asamblea Legislativa.

La señora legisladora Vásquez Badilla ha sido pieza fundamental y estratégica en el “acomodo” parlamentario para el trámite imperial del TLC con los Estados Unidos y sus correspondientes leyes de implementación. Esta diputada, figura más que relevante del régimen de los hermanos Arias, no genera la más mínima confianza ni se tiene la menor credibilidad en cuanto a su transparencia, en el gigantesco conglomerado cívico que repudia las políticas neoliberales de mercado que ella tanto ha defendido.

En cuanto a la señora Morales Díaz, tránsfuga de la opción partidaria que la hizo diputada, quedó claro cuando la abandonó que no es capaz de honrar su firma, por una parte; por otra, sus relaciones de amistad con las figuras más relevantes del poder político en el gobierno, le quitan absolutamente, cualquier asomo de independencia, algo que tanto requiere en un posición tan honrosa como lo es la Defensoría de los Habitantes de la República.

La Defensoría de los Habitantes de la República ocupa de una persona ajena, totalmente ajena, a los vicios públicos y privados de los ámbitos políticos tradicionales. Se necesita un ciudadano ó una ciudadana de altísima sensibilidad social, con convicción plena en la defensa de Derechos Humanos y con gallardía de independencia absoluta frente a los poderes formales y reales.

Vistas así las cosas, ante la eventualidad de que una u otra sean la nueva Defensora de los Habitantes de la República, solamente nos queda preguntarnos “¡oh!… y ahora, ¿quién podrá defendernos?”, parodiando la famosa frase de una igualmente famosa serie cómica mexicana.

San José, 17 de febrero de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

COMUNICADO DE PRENSA DEL FRENTE DE LAS COMUNIDADES COSTERAS DE GUANACASTE, LIMON Y PUNTARENAS

Con respecto a resolución de la Sala Constitucional que ordena desalojo de terrenos en Refugio de Vida Silvestre Ostional

1. El problema de las poblaciones costeras costarricenses, es que somos pueblos históricos que estamos viviendo y habitando estos lugares mucho antes de que se declararan los refugios, en este caso el Refugio de Vida Silvestre Ostional.

2. El Refugio de Vida Silvestre Ostional se creó en el año 1983 y se amplió a otras playas en 1985, y ya Ostional tiene más de 200 años de ser comunidad.

3. En pocas palabras el pueblo no se metió al Refugio, el refugio se metió al pueblo.

Las comunidades sabemos que detrás de esto viene una política de desalojo para previligiar que se sigan montando grandes hoteles, condominios, y por supuesto nosotros estorbamos para que se lleve a cabo esta acción diabólica.

Nuestras comunidades NO respetaremos la resolución de la Sala Constitucional, en el tanto este voto no tiene sustento en la realidad, en la naturaleza misma de lo que significa el derecho, en este caso el derecho de los pueblos autoctonos e históricos.

La vida de muchas de nuestras comunidades y en este caso Ostional, lejos de perjudicar a la naturaleza (en el caso de la tortuga lora), el pueblo ha cuidado estos recursos, los ha presevado y garantiza su permanencia. El proyecto que implementa la comunidad de Ostional, es un modelo a nivel mundial y es orgullo de las comunidades nacionales, en especial de las ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL.

Hemos convocado a los diputados de la Asamblea Legislativa, para crear una nueva ley de la República, que hemos denominado TERRITORIOS COSTEROS ECOLOGICOS Y COMUNITARIOS.

Una ley que garantice la calidad de vida, así como la naturaleza misma, que legalice la vida en comunidad, que auspicie el desarrollo local de las personas autoctonas. Que los recursos que tenemos nos permitan desarrollarnos y vivir en armonia con la naturaleza.

Para ello el día viernes 13 de marzo del 2009 a las 10 de la mañana, en el parque de Nicoya, se celebrará el FORO NACIONAL DE COMUNIDADES COSTERAS, con los diputados de todas las fracciones legislativas, en donde se les presentará la propuesta de proyecto de ley de TERRITORIOS COSTEROS ECOLOGICOS Y COMUNITARIOS. Si para el 25 de julio del 2009, no tenemos resuelto nuestro problema, este día arrancaremos la primera Huelga General jamás vista en el Guanacaste.

Al principio, la lucha se gestó a las costas guanacastecas, pero ha este momento se nos unen comunidades de Puntarenas y Limón, por lo que ya hemos formado el FRENTE NACIONAL DE LAS COMUNIDADES COSTERAS DE GUANACASTE, LIMON Y PUNTARENAS.

Vamos a luchar hasta el final para el derecho a disfrutar de nuestros recursos estratégicos. Convocamos a todas aquellas personas habitantes de las grandes ciudades, que sienten la necesidad de que las costas sean patrimonio costarricense, que se unan a nuestra lucha.

Wilmar Matarrita
Coordinador General

Gilberth Rojas
Presidente Ostional de Santa Cruz

Luis Mariano Soto
Presidente Bolsón de Santa Cruz

Auxiliadora Peña
Comunidades Costeras de La Cruz

Victorina Quiros Ramirez
Comunidades Costeras de Puntarenas

Olga Corea
Comunidades Costeras de Nicoya

Dagoberto Arias
Comunidades Costeras de Nandayure

fedeagua@gmail.com

Considerando

Que leyes 7.200 y 7.508 para la generación y la cogeneración privada fueron pensadas, diseñadas y aprobadas favorecer excluidamente a un clan de 27 empresas privadas que le han arrebatado al pueblo de Costa Rica al menos 1.522 millones de dólares, o lo que es igual, 68 millones de colones diarios o 2 millones 800 mil por hora. Con esa cantidad de dinero se pudieron construir 5 represas como Angostura aumentando más de un 50% la capacidad de generación del país.

Que amparados en esas leyes en los últimos años han operado en el país 29 proyectos propiedad de 27 empresas (24 hidroeléctricas, 3 eólicos y 2 de biomasa (Ingenios El Viejo y Taboga), y ya en el 2001 existían cerca de 45 proyectos en fases de elegibilidad y estudio que podrían ser desarrollados a corto o mediano plazo sin que existan estudios científicos sobre planeamiento integral del uso de recursos en las cuencas hidrográficas nacionales.

Que Gobierno y la Administración del ICE insisten en privilegiar a los generadores privados, a tal punto que incluyen en el proyecto un artículo para traspasar los beneficios de la ilegal ley 7.200, lo cual redundaría en mayores irregularidades y mejores condiciones para los negocios privados. Así lo establece el Artículo 5 de ese proyecto: “ARTÍCULO 5.- Derechos del concesionario. Los concesionarios de una explotación de agua para la generación de energía hidroeléctrica gozarán de todos los beneficios que se indican en la Ley N.° 7200, Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, de 28 de setiembre de 1990, y de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley N.° 8345, Ley de participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional” (Expediente 16 949).

Que en su Informe 90/2000 la Contraloría General de La República le ordenó al ICE frenar la estafa de la generación privada, al indicarle: “Ordenar a la Administración de esa entidad disponer las acciones que sean necesarias para que, recurriendo en la vía contencioso-administrativa, inicie un juicio de lesividad con el fin de que se declare la nulidad e inaplicabilidad futura de los contratos con tarifa fija ajustable que a la fecha ese Instituto haya suscrito con generadores privados para la compraventa de energía eléctrica”. Irregularidades que fueron comprobadas por 2 Comisiones legislativas (1996 y 2002), la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República.

Que el 15 de abril del 2008, la Procuraduría General de la República reiteró la ilegalidad de las leyes de generación privada, ante un nuevo intento de la Administración del ICE (9 de enero del 2008) de torcerle el brazo y facilitar el negocio de los privados. En esta ocasión dijo la PGR: “j) Puesto que la Ley No. 7.200 no regula las condiciones y estipulaciones propias de concesión de agua para generación hidroeléctrica, su Reglamento Ejecutivo tampoco puede tener como contenido el establecimiento del régimen jurídico correspondiente”. Esto es una reiteración de lo señalado el 14 de diciembre del 2007 en el Dictamen C-445-2007.

Que el país no enfrenta problemas de abastecimiento de electricidad a pesar de que el gobierno asusta con posibles apagones, y que más bien las leyes de los privados han obligado al ICE a desaguar sus embalses sin turbinar el agua para crear la_ “necesidad”_ de comprarle a los privados, misma que no es_ “barata”_ pues se genera principalmente sin embalses a “filo de agua” y en invierno cuando más caudalosos están los ríos.

Que no existe en el país una seria planificación energética, ni de hidroelectricidad, más que identificación de potenciales energéticos, y que ante esa carencia resulta una total irresponsabilidad del Estado entregarle al sector privado local y a cualquier inversionista foráneo, el futuro de los ríos nacionales para que lucren con ellos.

Que el proyecto para los generadores privados, no es un hecho aislado sino que responde a la lógica voraz que pretende degradar el agua a mercancía para generar dinero, lo cual es propio del modelo de globalización neoliberal que le han impuesto a Costa Rica.

Que con la entrada en vigencia de las nuevas leyes para el ICE obligadas por el TLC, y con el proyecto de concesión que se discute en la Asamblea Legislativa, el país iniciaría un nuevo ciclo de crecimiento ilimitado de hidroelectricidad, poniendo en mayor riesgo todos los ecosistemas en la cuencas nacionales, y violentando los derechos de las comunidades afectadas.

Que el negocio de la electricidad privada generó conflictos socio-ambientales de todo el país como ocurrió en Sarapiquí, Jiménez de Guácimo, San Ramón y otras comunidades nacionales como Rivas de Pérez Zeledón donde un nefasto proyecto fue frenado con un Recurso de amparo.

Que aún con limitaciones los proyectos del ICE cumplen de mejor forma que los privados la normativa ambiental del país, y que lejos de flexibilizar esas regulaciones, estamos urgidos de hacerlas cumplir irrestrictamente desde la planeación hasta la operación de cada proyecto de generación, sea público o privado.

Que en el Consejo Directivo del ICE, el Presidente Ejecutivo ha insistido en la aprobación de leyes para los privados, argumentando que en cuanto a la satisfacción de la demanda eléctrica definida por el ICE, “el 2008 es más difícil de resolver que el 2009, en el 2009 creo que con cogeneración, con modificación de la ley en el Congreso que debe sacarse más rápido una ley de fomento eléctrico que estimule, creo que la suma de los cogeneradores de 20 megavatios, 10 megavatios, lo que sea es bienvenido y creo que el 2009 puede tener mayor contribución de toda la nación” (Pedro Pablo Quirós. Presidente Ejecutivo del ICE. Consejo Directivo del ICE, Sesión 5796, 07-06-2007, pág 318b).

En coincidencia plena, la dirección empresarial de UCCAEP, también ha llamado a superar cualquier obstáculo a como de lugar con tal de expandir la generación hidroeléctrica: “Estamos concientes de que el ICE ha tenido problemas de carácter ambiental con ciertos sectores ambientalistas que no permitieron el desarrollo adecuado del plan que el ICE tuvo en el caso Pacuare; eso nos extraña mucho porque el ICE se ha siempre se ha distinguido por trabajar en reforestación de las cuencas…,…nos parece al sector productivo, que el gobierno en estos casos debería orientar un poco más fuertemente y apoyar este plan de desarrollo en contra de lo que sea y llevar adelante lo que el país necesita” (Rafael Carrillo, CD, ICE, Sesión 5796, 07,06,2007, 317b).

Por lo anterior:

Rechazamos este nuevo intento de privatización de nuestros del agua de nuestros ríos con un proyecto que es una clara muestra de corrupción y un intento de favorecimiento de las empresas privadas de electricidad, empezando por el Ingenio Taboga, uno de cuyos contratos venció el 17 de junio de 2008 y otro está vigente entre el 24 de septiembre de 1996 y el 23 de septiembre de 2016.

Instamos a los y las señoras diputadas a no favorecer esta subasta, y más bien a liquidar leyes que condenan a nuestro pueblo a la exclusión, mientras unos cuando aumentan sus fortunas.

Reiteramos nuestro llamado a debatir urgentemente sobre cuál es el modelo energético que el país requiere bajo principios de respeto a la vida, la naturaleza y los derechos de los pueblos.

Instamos particularmente a las comunidades que tiene proyectos privados que podrían construirse a partir de la aprobación de esta ley como Cañas, Guácimo, Río Claro, La Cruz, Parrita, Sarapiquí, San Carlos, Turrialba Aguas Zarcas, San Vito, Guácimo , Pérez Zeledón, Ciudad Neilly , Cariblanco, La Fortuna, Coronado, Guácimo, San Ramón, Abangares, Aguas Claras, Upala, Pocora, Dota, Florencia, Corredores, Tarrazú, Upala, Bagaces, etc, a defender sus derechos.

FECON: lunes, 16 de febrero de 2009

Información relacionada

Lista de proyectos elegibles para generación privada: feconcr. org

Publicación de FECON sobre la campaña contra la generación privada

El Grupo Agroindustrial El Angel para poder cubrirle a sus compañeros de trabajo de la Fabrica El Angel su salario, ha tenido que unirse y trabajar en conjunto, puesto que la división de la Fabrica El Angel por si sola no puede solventar los salarios en este momento, que su planta está fuera de toda producción. Para tal efecto, las otras divisiones tendrán que aportar su fuerte apoyo.

En la Distribuidora Panal y la Distribuidora El Noble, divisiones del Grupo Agroindustrial El Angel, se les ha pedido a sus empleados un esfuerzo mayor que el regular, para poder generar a través de la venta los fondos que se requeiren para cubrir los salarios de la Fabrica El Angel.

La solidaridad del pueblo de Costa Rica con esta empresa ha sido muy buena pero no podemos sólo comprar productos marca El Angel pues la fábrica NO ESTÁ PRODUCIENDO, debemos apoyarlos con los productos de sus empresas hermanas para que puedan seguir su noble causa.

Las ventas de las salsas y en general de los productos de la marca NEGRINI, la venta de los atunes y sardinas LA SIRENA, la venta de los jugos en polvo marca ZUKO y LIVEAN, la venta de los cereales rellenos FLIPS, la venta de la masa MASAFINA, de las papas KRYSPOS y la de los productos EL ANGEL; entre otras, tendrán que aumentar para hacer posible que la Fabrica El Angel, compañía hermana de Panal, pueda pagar los salarios a sus empleados.

Yo compro sus productos y con esto apoyo y Usted?

PASE ESTE MENSAJE Y APOYEMOS TODOS…