Pueblos indígenas exigirán consulta de Proyecto de Ley del TLC

El próximo martes 14 de octubre una delegación de las comunidades indígenas bribri de Talamanca visitarán la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que cumplan con el Convenio 169 de la OIT y la orden de la Sala Constitucional y realicen la consulta a las comunidades indígenas de todo el país del proyecto “escoba” de la agenda de implementación del TLC (Exp. 16.955)

Con el apoyo de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica se harán presentes integrantes del Consejo de Awapas y de las mujeres Kekepa, quienes cumplen la función de ser guardianes(as) y protectores(as) del conocimiento tradicional y ancestral de estas comunidades.

Ellos exigirán a las y los diputados que cumplan con su obligación de hacer la consulta porque este proyecto contiene reformas a la Ley de Biodiversidad y otras leyes nacionales que afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas y ponen en grave peligro su cultura y sus tradiciones, ya que debilitan notablemente las protecciones existentes para evitar que su conocimiento milenario sea usurpado por empresas trasnacionales.

El Partido Frente Amplio invita a los diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas, a los medios de prensa nacionales e internacionales y al pueblo costarricense en general a hacerse presente a escuchar y apoyar los legítimos reclamos de los pueblos indígenas.

INCOP: La necedad de «la nación» contra la ANEP

San José, 13 octubre de 2008.
S.G. 07-09-0890-09

Señor Alejandro Urbina, Director
Señora Vanesa Loaiza, Periodista
Diario La Nación
Presente

Estimado señor y estimada señora:

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 29 constitucional, 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 66 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional; ejercemos el derecho de rectificación y respuesta sobre las siguientes publicaciones, de la edición de ese diario del día jueves 9 de octubre de 2008, sobre titular de primera plana que dice: “Costo de muelle en Caldera se duplicó por atraso en Sala IV” y “Sala rechazó reclamo: ANEP alegaba que muelle “amenaza el derecho de ciudadanos a un ambiente sano”; así como sobre la publicación realizada en la página 4ª, titulada “Costo de muelle en Caldera se duplica por atraso en Sala IV”.

Por ser esta “información” destacada en la primera plana y en página 4a de noticias nacionales, exigimos que esta rectificación sea publicada en condiciones equivalentes, o sea en esas mismas páginas, a la mayor brevedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dice: “ARTICULO 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título (…) b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo”.

El texto que solicitamos se publique es el siguiente:

INCOP: LA NECEDAD DE “LA NACIÓN” CONTRA LA ANEP

CUÁL ES LA NECEDAD DE “LA NACION” EN QUERERNOS ACHACAR UNA IRRESPONSABILIDAD QUE FUE COMETIDA POR LOS ADMINISTRADORES SUPERIORES DE INCOP Y LAS AUTORIDADES RECTORAS DE LA MATERIA PORTUARIA NACIONAL.

Con respecto a los artículos publicados en la edición de la “La Nación” del día 9 de octubre, titulados “Costo de muelle en Caldera se duplicó por atraso en Sala IV” y “Sala rechazó reclamo: ANEP alegaba que muelle “amenaza el derecho de ciudadanos a un ambiente sano”, publicado en la primera plana y “Costo de muelle en Caldera se duplica por atraso en Sala IV”, publicado en la página 4ª; aclaramos lo siguiente.

“La Nación” insiste en este “refrito”, en achacarle a la ANEP la responsabilidad en los atrasos de la construcción de la terminal granelera. No es cierto que el atraso en la construcción de la terminal granelera (y no “muelle”, como insiste en confundir “La Nación”), se deba a las legítimas acciones constitucionales que la ANEP tramitó ante la Sala IV.

Los atrasos son el resultado de la forma irresponsable y contraria a los procedimientos establecidos en la ley y de la “ligeraza” con que las autoridades portuarias manejaron el proceso de privatización de este importante puerto.

Si esas autoridades “competentes” hubieran cumplido con lasdisposiciones legales y los requisitos establecidos para la protección del ambiente, tales supuestos atrasos hoy no servirían de justificación para los incumplimientos del concesionario.

“La Nación” lo sabe aunque nos ataque a nosotros, que los responsables de todo lo sucedido en ese proceso, son esas autoridades, por su irrespeto al orden jurídico establecido. Ellos, por tanto, deberían responder con su peculio por los imprevistos que se han dado en el puerto.

Considérese que las acciones constitucionales de la ANEP se formularon con base en la ley y en la jurisprudencia dictada sobre la materia por la propia Sala IV.

Dice “La Nación” que nuestras acciones carecen de seriedad, peroesconde, que en el expediente judicial, incluso la Defensoría de los Habitantes de la República y La Procuraduría General de la República, emitieron criterio a favor de nuestra posición.

Por otra parte respetamos, pero no compartimos, las sentencias de la Sala Constitucional que rechazaron nuestras pretensiones, apartándose de su propia jurisprudencia, pues ya en el pasado había acogido acciones idénticas de otras personas.

Dicha sala, en la resolución 2002-1221 de las 14:49 horas del 6 de febrero del 2002, estableció, reiteradamente, que las evaluaciones de impacto ambiental y la emisión de los certificados de viabilidad ambiental debe realizarse en todos los casos, previo al incio de las licitaciones correspondientes y NO cuando éstas se hayan iniciado y adjudicado.

La imprudencia de los administradores de INCOP, los llevó a ignorar que el humedal de Mata Limón se encuentra dentro de la zona protectora Tivives, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 17023, del 2 de junio de 1986; y que el estuario de Mata Limón (sitio donde se ubica puerto Caldera), es un lugar de gran riqueza biológica, en el que viven desde tiempo inmemoriales topo tipo de especies animales y vegetales que conforman ecosistemas muy complejos. Inclusive existen especies endémicas del sitio, que se podrían ver dañadas por su alteración.

Y sin olvidar que dicho lugar es de gran importancia para los habitantes del Pacífico Central y del Golfo de Nicoya. Como es bien conocido por todos, una alteración significativa de las condiciones bióticas del estuario puede afectar de manera significativa e irreparable la continuidad biológica, vegetal, animal y humana, de todo el Golfo de Nicoya.

Y recuérdese que en Mata Limón y la bahía de Caldera, se encuentra un humedal y un manglar que, junto con el de Tivives, son de los pocos que se conservan en el Pacífico Central, propios del bosque tropical seco.

Ante todo lo anterior y con la facultad que nos confiere la Constitución Política y sobre todo, con el ánimo de proteger el patrimonio marino y humano de la zona, procedimos a exigir el cumplimento de la ley por lo que nos vimos obligados a acudir a la Sala Constitucional.

Nos preguntamos, aunque comprendemos, ¿porqué la Nación no acusa a los verdaderos responsables del desaguisado proceso de privatización del INCOP?

Que la Sala IV no se haya apegado a la jurisprudencia ya emitida por ella misma anteriormente, y más bien haya interpretado razones técnicas dentro del concepto legal, deja mucho que desear. Es por esto y por otros asuntos que este alto tribunal hoy se encuentra seriamente cuestionado, por sus infortunios fallos y la intromisión del Poder Ejecutivo en sus asuntos.

Basta de refritos y de medias informaciones. Retamos a La Nación a un debate, cara acara, con ANEP, en igualdad de condiciones y ante la ciudadanía, sobre el proceso de privatización del INCOP y lo caro que estamos pagando y pagaremos los ciudadanos y ciudadanas por tal desafuero.

Esperamos favorable acogida a esta solicitud, plenamente legal, de Derecho de Respuesta.

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Céd. 1-468-584

Douglas Carillo Azofeifa
Directivo Nacional
Céd. 6-178-818

C.c.
Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Ministros de Estado.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
Colegio de Periodistas de Costa Rica.
Medios de comunicación colectiva.
Movimiento Sindical Costarricense.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Segunda consulta sobre el «proyecto de Ley escoba» del TLC

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO:

-Nueva omisión de información y consulta previa a los pueblos indígenas de Costa Rica de reforma realizada al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, sobre la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual a “inversiones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales de dominio público”. Incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa del procedimiento de consulta establecido en el artículo 6 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

En criterio de las y los consultantes, la negativa del Parlamento a realizar la consulta a los pueblos indígenas del expediente N° 16.955 en su versión aprobada en primer debate el 16 de octubre de 2008 configura un vicio sustancial del procedimiento parlamentario, por las siguientes razones:

1.- Las reformas legislativas dirigidas a permitir la aplicación de formas de propiedad intelectual a “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público” de los pueblos indígenas afectan directamente a este sector de la población y por lo tanto, son materia cubierta por la obligación de consulta establecida en el artículo 6.1.a) del Convenio N° 169 de la OIT.

2.- El texto del expediente 16.955 aprobado en primer debate el 16 de octubre de 2008 contiene reformas al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad que permiten que a las invenciones asociadas al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas se apliquen diversas formas de propiedad intelectual que en la actualidad NO SON APLICABLES a estas invenciones.

3.- La Sala Constitucional advirtió expresamente sobre los efectos de la reforma introducida al encabezado del párrafo segundo del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad.

4.- La reforma al encabezado del párrafo segundo del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad contenida en el expediente 16.955 modifica legislación dictada para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país en el Convenio de Diversidad Biológica, en cuanto a la protección del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas.

CONSTITUCIONALIDAD POR EL FONDO

Se consulta sobre la constitucionalidad por el fondo de las normas del proyecto de ley, que se detallan a continuación:

*MODIFICACIÓN DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10 DEL PROYECTO DE LEY. *

En criterio de las y los legisladores que suscribimos esta consulta, tal disposición sería contraria a nuestra Constitución Política por las razones que de seguido explicaremos:

ÚNICO.- VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA. PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD HUMANA Y PROHIBICIÓN DE CUALQUIER FORMA DE ESCLAVITUD.

La posibilidad de patentar o aplicar sistemas de propiedad intelectual sobre el material genético humano implica permitir que determinadas personas físicas o jurídicas se apropien con derechos de exclusividad de parte de la esencia constitutiva del ser humano e incluso ostenten el derecho de autorizar o denegar su uso.

Se trata sin duda de un primer paso para permitir la cosificación y la mercantilización de la vida humana, al convertir elementos esenciales del cuerpo humano, sus genes, su información genética en mercancías susceptibles de apropiación y comercialización. En criterio de las y los consultantes tal posibilidad constituye una afrenta a la dignidad humana y por ende una trasgresión al principio constitucional de que la vida humana es inviolable contenido en el artículo 21 de la Constitución Política.

Al respecto debe recodarse lo dicho por la Sala Constitucional en el sentido de que:
“Es preciso cuestionarse si todo lo científicamente posible es compatible con las normas y principios que tutelan la vida humana, vigentes en Costa Rica, y, hasta qué punto, la persona humana admite ser objeto o resultado de un procedimiento técnico de producción. Cuando el objeto de la manipulación técnica es el ser humano, (…) el análisis debe superar el plano de lo técnicamente correcto o efectivo. Debe prevalecer el criterio ético que inspira los instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro país: el ser humano nunca puede ser tratado como un simple medio, pues es el único que vale por sí mismo y no en razón de otra cosa.” (Voto Nº 2000-2306)

En efecto, permitir el patentamiento y, en general, su sometimiento a sistemas de propiedad intelectual de material genético humano, implica tratar al ser humano, al cuerpo humano a los elementos que lo constituyen como “cosas”, objetos que puede ser apropiados por particulares y convertidos en bienes comerciales.

Igualmente, constituye una violación al principio constitucional contenido en el artículo 20 de la Carta Magna, el cual proscribe cualquier forma de esclavitud para todos los seres humanos bajo la protección de las leyes de la República. El patentamiento de material genético humano de cualquier naturaleza equivale a establecer un régimen de propiedad privada sobre las mismas bases de la vida humana. Este régimen puede degenerar en formas perversas y hasta hace unos años insospechadas, de sometimiento del ser humano a condiciones similares a la esclavitud.

La sola posibilidad de permitir que elementos constitutivos del cuerpo humano sean sometidos a un régimen de patentes, implica aceptar que alguien puede considerarse como titular exclusivo de esos elementos, lo que constituye un primer paso en la dirección de admitir que alguien puede ser “titular” de otro ser humano de partes de su cuerpo ¿Cuál es el límite?

De hecho, el patentamiento de material genético humano puede convertirse en un eficaz punto de partida para promover y favorecer la proliferación de otras prácticas violatorias de la dignidad humana derivadas del uso abusivo de las técnicas del manipulación del material genético humano. Prácticas como la clonación humana o la manipulación genética hereditaria con fines como el “mejoramiento de la especie”, que hasta hace poco, repetimos, parecían salidos de historias de ciencia ficción, hoy ya son una realidad que causa gran preocupación a nivel mundial. Evidentemente, la posibilidad de lucrar mediante el patentamiento de material genético humano modificado, constituye un peligro y perverso incentivo para el desarrollo de estas prácticas.

Por las razones expuestas, las y los suscritos diputados estimamos que en el presente asunto debe aplicarse el “principio Pro Homine”, definido por la Sala Constitucional de la siguiente manera:

“El principio pro homine postula que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. (…) En efecto, el ser humano es el fin último de las normas jurídicas, y no meramente un destinatario de ellas, de tal modo que éstas –y especialmente las que consagran derechos fundamentales–, deben interpretarse en la forma en que más favorezcan a la persona humana” (Voto N° 2002-4153)

Lo anterior, en razón de los graves riesgos que la norma consultada implica para protección de la vida y la dignidad humana, al abrir la posibilidad de patentar material genético humano.

Proyecto Isla Moín: Nota técnica

*Oceanógrafo Físico

Una nota de prensa llama la atención esta semana 1:

2 El Caribe nacional albergará a una de las marinas más grandes del mundo. Consiste en Isla Moín Marina & Resort, un complejo de $180 millones que permitirá el atraque simultáneo de 500 yates de entre 15 y 76 metros de eslora.

Contará con dos marinas; una de 23 hectáreas que se edificará a la orilla del mar y otra en forma circular que se construirá entre la playa y el río Moín.

Ambos atracaderos ofrecerán servicio de abastecimiento de combustible, Internet, electricidad y agua potable.

El plan incluye además un hotel cinco estrellas de lujo, condominios, villas, residencias, un centro comercial y áreas de recreo y entretenimiento.
En total el complejo abarcará 35 hectáreas en la bahía de Moín, en Limón.

La magnitud de la obra es tal que publicaciones internacionales especializadas en la materia la ubican entre las más ambiciosas del orbe.
Por ejemplo, la edición de mayo de la revista Power & Motoryacht apuntala al proyecto costarricense en la selecta lista de los cinco más “monstruosos” del mundo.

Asimismo los periódicos norteamericanos The New York Times y Miami Herald han destacado a Isla Moín Marina & Resort en sus ediciones.
Solo en fuentes de empleo se estima que el desarrollo en el Caribe requerirá unas 5 mil personas, entre directos e indirectos, adelantó Adrián Polini, director del proyecto.

La demanda de personal es tan alta que ya se comenzó con la formación de las personas que contratarán, mediante convenios suscritos con el Instituto Nacional de Aprendizaje y colegios técnicos, informó Polini.”

“En cuanto a los permisos, el complejo ya cuenta con el de impacto ambiental otorgado por la Setena y se está en los trámites para obtener la certificación de viabilidad ambiental.

Además dispone del plan maestro concedido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo y está programada para esta semana la visita de campo por parte de técnicos de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat), para la aprobación del proyecto.

Una vez que se cuente con todos los permisos en orden se solicitará la concesión ante la Municipalidad de Limón.

Los inversores solicitarán la concesión por 35 años, como lo establece la reforma a la Ley de Marinas recientemente aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa. Hasta ahora solo se extienden permisos por 20 años.”

Sus dimensiones aproximadas son el doble del proyecto de la marina de Puerto Viejo. El 60% de los barcos se hallan en la sección aguas adentro.

La ubicación se detalla en la figura 1 de ARCHIVOS ADJUNTOS.

Las empresas responsables son varias y aparecen en sitio web referido. Destaca la empresa Arias y Muñoz como gestora nacional.

El proyecto se ubica en la ZMT del Caribe Central, en un área despoblada, donde inician los canales del Tortuguero. Es un humedal protegido, para el cual se aplica la ley 6043 de la ZMT y su reglamento, los cuales textualmente establecen:

“*Ley. Art. 10.-* La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas.

Art. 11.- Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional.

  • Reglamento. Art. 2.-*

e. Estero: Terreno inmediato a la orilla de una ría por la cual se extienden las aguas de las mareas;

f. Ría: Parte del río próximo a su entrada en el mar y hasta donde llegan las mareas;
g. Marea: Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar debido a las atracciones combinadas del Sol y la Luna;

h. Litoral: Orilla o costa del mar, que se extiende por las rías y esteros permanentes hasta donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas y presenten características marinas definidas;

Reglamento. Art. 4. – De acuerdo con el decreto No.7210-A de 19 de julio de 1977, los manglares o bosques salados que existen en los litorales continentales o insulares y esteros del territorio nacional y que forman parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, constituyen Reserva Forestal y están afectos a la Ley Forestal y a todas las disposiciones de ese decreto. Partiendo de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de 50 metros de la pleamar ordinaria, comienza la zona restringida.

*Art. 5.-*Corresponde a la Procuraduría General de la República por sí o a instancia de cualquier entidad, institución o parte interesada, ejercer el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley. Asimismo, conocerá de las denuncias que respecto se formulen, dará el respectivo pronunciamiento y ejercerá las correspondientes acciones judiciales contra los infractores. Además, gestionará cuando se trate de anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones en contravención a la Ley. Todo, sin perjuicio de lo que competa a otros organismos.

Art. 10.- En la zona marítimo terrestre es prohibido cortar árboles, tirar basura, modificar la topografía del terreno, o llevar a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar, sin la debida autorización.

Art. 11.- De acuerdo con lo que establece el artículo 22o. de la Ley, en la zona pública no se permitirá el desarrollo de obras de infraestructura ni construcciones que no sean para uso público, o se trate de instalaciones turísticas estatales.”

Por lo tanto, es jurídicamente imposible que el proyecto se realice en esta región del humedal costero al noreste de Moín.

En el orden ambiental, debe tenerse presente algunos de los impactos ambientales de este proyecto:

1. Efluentes, sólidos, hidrocarburos, aguas de sentina, sobre la red de canales del Tortuguero, un humedal clásico, bien definido, con circulación termosalina marcada y con alto efecto de marea interna.
2. Afectación por ruido de motores y exceso de luz nocturna a tortugas, delfines y manatíes, especialmente. Ignoro composición y cantidad de fauna presente en esa región.
3. Alteración de la circulación sobre el litoral, incluyendo transporte de sedimentos y estabilidad de obras portuarias en Limón.
4. Otros propios de la actividad económica.

Notas
1. Destaca el diseño híbrido, de una marina interna y otra externa, primero en su género a nivel regional.

2. Los impactos sobre el humedal son potencialmente muy severos, por lo que requieren examinarse de acuerdo a una exigencia ambiental que nuestro ordenamiento ambiental no considera en su articulado.

_______________________________________________________
1 Este proyecto no fue considerado, ni siquiera mencionado, durante el taller del PAC en la EARTH sobre el desarrollo portuario de Limón, cuyas conclusiones aparecen esta semana en la Extra.

2 Danny Canales dcanales@larepublica.net La República, 22 sept. 2008

Fuentes
Isla Moin
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=16072
__________________________________________________________

El Poder Ejecutivo ahora entrega las islas

Ocean. Guillermo Quirós Alvarez

oceano@ racsa. co.cr

Desde hace varios años se viene denunciando por los medio de prensa la entrega descarada de nuestra zona costera a manos de la poderosa empresa foránea, que con su gran capital compra voluntades, tierras y ahora islas en nuestro país. Si analizan a fondo la situación, advierten que obedece a un plan bien trazado que acompaña el Poder Ejecutivo, el cual mediante dudosos decretos y leyes, que bien denuncia la Contraloría en su último informe (mayo 2008), orquesta la mayor escalada de acciones en contra de los intereses de nuestro pueblo.

¿Sabía Ud. que la zona costera de Costa Rica es un recurso natural que tiene un valor aproximado de dos mil billones de colones (¢2.000,000.000, 000.0000) ? ¡Ese es el tamaño del botín que quieren escamotearnos si los dejamos!

La última moda en esta escalada de agresiones, son las marinas. Mediante una ley hecha a la medida de los desarrollistas, pretenden enlazar una disminución drástica de las condiciones establecidas para los estudios de impacto ambiental con las normas del TLC. Así, una vez aprobada en primera instancia la marina (concesión a priori), el país no podrá echar marcha atrás si los estudios técnicos lo indican, pues en los tribunales ad hoc que establece el TLC nos obligarán a indemnizarlos por las inversiones hechas y por las utilidades dejadas de percibir en los próximos cien años. ¡Menuda herencia para nuestros exiguos fondos estatales!

Un buen ejemplo de lo afirmado, lo constituye el proyecto Isla Moín (www.islamoin.com), el cual ya cuenta con aprobación del INVU, la SETENA/MINAET y del ICT (La República, 15 sept. 20008), quienes les permiten adueñarse de 35 hectáreas para construir una guápil de marinas en el Caribe Central, para 650 yates; por encima inclusive de atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa (art. 42, ley 6043). Con una inversión inicial de 500 millones de dólares, solo aguarda la nueva ley para iniciar obras en el Tercer Monstruo de la navegación marítima internacional (The Tico Times, junio 2007).

Y por irónico que parezca, se construirá sobre una isla, que bien define nuestro ordenamiento jurídico como zona pública (art.9, 10 de Ley 6043), terrenos reservados para el exclusivo disfrute del pueblo. Es un lugar donde no se permite levantar ningún tipo de construcción, razón por lo cual se desalojan y derriban los ranchos de los pescadores en la islas del Golfo de Nicoya, en Costa de Pájaros y en Chomes; pero que dependiendo del color del billete se vuelve la tortilla.

Pero además de la total falta de derecho, el proyecto se ubica en medio de un humedal costero, inicio de la red interconectada de los Canales de Tortuguero, el cual a través de convenios internacionales y de leyes propias, nuestro país se ha comprometido formalmente a respetar o al menos en otros gobiernos.

Esta es una marina donde circulan centenares de yates, algunos hasta de 275 pies de largo, que alejan para siempre de la costa Caribe a tortugas y delfines, debido al ruido de sus motores y a la competencia por un mismo espacio vital. Una marina es una actividad industrial donde se cambian aceites de máquinas, se raspan cascos y se tiran aguas de sentina y la carga de sanitarios en los yates, largamente guardados. Tal actividad va acompañada por hoteles de lujo y 250 condominios, de tal forma que unas 7.000 personas y sus desechos habitarán el humedal. ¿Dónde evacuarán estas miles de toneladas cada año? ¿Las echarán en las comunidades de Portete, Cieneguita o Buenos Aires, tal como hicieron con los liberianos los del Golfo de Cacagayo? Conociendo nuestras leyes y autoridades, terminarán también en los Canales del Tortuguero, asfixiando al manatí y al gaspar, a la vieja y al robalo.

¿Es este el modelo de desarrollo costero que desea nuestro pueblo?

Para el desarrollo de Limón se ha propuesto un desarrollo portuario con visión de futuro, que empleará a miles de personas en una actividad económica digna. No vale la pena entregar por una miseria y a un proyecto insostenible ambientalmente enormes riquezas naturales, al desarrollismo que acabará con la vida silvestre y contaminará por siempre aquella bella franja costera, tal como lo han hecho ya en Asia.

¡Alerta! Está de por medio el patrimonio de un digno pueblo que, estoy seguro, con hidalguía sabrá defender sus derechos y los de futuras generaciones.

15 de octubre: Día Internacional de la Mujer Rural

Descarga el afiche de ARCHIVOS ADJUNTOS

Red de Mujeres Rurales

Desde el campo costarricense, 1 de octubre de 2008

Estimadas compañeras:

Reciban un fraterno saludo de la Red de Mujeres Rurales.

La Red, que está compuesta por mujeres del campo de distintas regiones del país, tiene el gusto de invitarle a compartir con nosotras un miniforo donde dirigentes campesinas de tres regiones del país expondremos los temas prioritarios de nuestra agenda y sobre nuestras inquietudes en el momento actual.

Las posiciones que queremos dar a conocer y compartir con ustedes son producto de procesos de discusión en las regiones, con la participación de delegadas de comunidades y organizaciones locales de mujeres campesinas. En este proceso han participado cerca 80 mujeres, representantes de 30 organizaciones de los cantones Los Chiles, Corredores, Osa, Golfito, Pococí y Siquirres.

Esta actividad la realizamos como celebración del 15 de Octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, en Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica de 9:00 a 11:30a.m.

Les esperamos, porque juntas y juntos tenemos mucho por hacer.

Matilde Gómez, San Carlos
Orfa Dalila Condega, Los Chiles
Rocío Núñez, Guanacaste
Julia Lezama, Pococí
Ana Isabel Vargas, Palmar
Rosa Benavides, San Carlos
Lidieth Hernández, Cartago

Si desea mayor información, comunicarse con Marisol Fournier al 88 13 47 94 o con Alejandra Bonilla al 22 78 54 67.

¿Qué ocurre en EE.UU y qué podemos prevenir?

Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Sociales
Programa de Vinculación y Proyección externa


Invitación a la:
Conferencia de la Crisis Financiera de los Estados Unidos a la Crisis Sistemática Global: El Debate y Políticas de prevención

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, tiene dentro de sus funciones académicas cumplir con la misión de la Universidad Necesaria.

En particular, la facultad tiene dentro de su actividad académica de extensión universitaria, el objetivo de ser parte del debate de los grandes temas nacionales, que orienten a crear conciencia crítica acompañada de una visión propisitiva para la sociedad.

Asimismo, el Programa de Vinculación y Proyección Externa de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene entre sus objetivos proponer la creación de espacios académicos con capacidad propositiva en temas especializados y de interés nacional.

Por lo tanto, le hago una cordial invitación a participar en esta conferencia que pretende crear un espacio de discusión en relación a este temática que resulta de gran importancia para nuestro país.

Esta actividad se llevará a cabo en la Sala de Conferencia Nº 1 de la Facultad de Ciencias Sociales, el día jueves 16 de octubre a las 6 p.m. la cual contará con la presencia del Dr. Henry Mora Jiménez como expositor.

Confirmar al:
25-62-41-46 con Ronald Salas
88-71-64-01 con Key Cortés

Agradeciendo de antemano, su atención.

Se suscribe,

Dr. Ronald Salas Barquero
Coordinador
Programa de Vinculación y Proyección Externa
Facultad de Ciencias Sociales

FECON: Exigimos la consulta a los pueblos indígenas

San José, jueves 9 de octubre de 2008
FECON – 096-08

Señor
Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
Casa Presidencial
Zapote

Estimado señor:

Desde hace muchos años, el movimiento ecologista costarricense ha alertado tanto a las autoridades como a la sociedad en general, sobre los peligros y nefastas consecuencias que derivan de la privatización de nuestra biodiversidad y nuestra vida por medio de patentes o “derechos del obtentor”, que solamente protegen intereses de grandes empresas transnacionales y que legitiman la biopiratería de los recursos biogenéticos del país.

La vida no es una mercancía y por lo tanto no debe ser tratada como tal, las patentes, la propiedad intelectual, la apropiación de materiales genéticos y de conocimiento tradicional por parte de transnacionales, son intentos de apropiación del bien común.

Nos indignan leyes absurdas en las cuales nuestros agricultores, campesinos, indígenas y productores del campo sean tratados como delincuentes por prácticas ancestrales de intercambio de semilla y de conocimiento tradicional; imponiéndoseles sanciones tales como medidas cautelares y destrucción de sus cosechas.

Como usted mismo ha reconocido, la crisis alimentaria asecha a nuestro país, de ahí intuimos otra consecuencia grave de estas prácticas, la cual radica en el encarecimiento y falta de acceso a semillas para abastecimiento interno; así mismo, la posibilidad de abrirse un portillo a organismos genéticamente modificados (transgénicos), lo cual también va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria y nuestra biodiversidad.

Hoy, nuestra preocupación se acrecienta, no solo porque nuestras alertas no han sido escuchadas por parte de dichas autoridades, si no porque, además, nos encontramos ante un atropello más a la institucionalidad del país, evidenciado en el trámite del expediente Nº 16.955 “Reforma y adición de varias normas que regulan las materias relacionadas con propiedad intelectual”, en una forma excesiva, inconsulta, apresurada y tardía; sobre el cual la Sala constitucional ya se pronunció sobre la obligatoriedad de consultarle a nuestros pueblos indígenas, en el tanto es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT suscrito por nuestro país y con jerarquía superior incluso a nuestra Constitución Política al ser considerado un derecho humano.

Por lo tanto, exigimos que se deje de violar nuestra institucionalidad y se proceda a realizar la consulta a nuestros pueblos originarios, tal y como lo indicó la Sala Constitucional, por afectársele en el artículo 10 del expediente Nº 16.955; así como también eliminar el artículo 7 del mismo, con el procedimiento adecuado y no nuevamente con mecanismos antojadizos, por cuanto representa un exceso a los compromisos adquiridos por nuestro país en el TLC.

Atentamente,

Heidy Murillo Quesada
Presidenta
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente

CC:
Archivo
Medios de Comunicación
Asamblea Legislativa

Agricultores y campesinos marcharán en todo el país

A partir de este 13 de octubre se reinician las movilizaciones de agricultores/as y campesinos/as en la capital ante la asamblea el mag y zapote y en las regiones del país ante las oficinas del agro.

NO permitamos:

– Que las transnacionales impongan sus agroquimicos de marca y a cuatro veces el valor de los genericos;

– Que los precios de los insumos vitales para la producción y la seguridad alimentaria esten sin ningun control

– Que el plan nacional de alimentos nos traiga semillas importadas sin validarlas en nuestros campos, ni tenga precios de sustentación a nuestra produccion;

– Que eliminen la consulta a nuestros/as hermanos/as indigenas, así como se les olvidó consultarnos;

Organizaciones del agro y del movimiento social a las calles

A los meseteños los necesitamos a la gran concentración ante la asamblea legislativa a parti r de la 1:30 pm para presionar desde la calle y las barras ante este parlamento y gobierno anti-campesino.

A nuestra membresía regional la necesitamos marchando ante las municipalidades y las oficinas de la burocracia del agro.

CONVOCAN:

Movimiento Agrario Nacional MANÁ, COOCAFÉ, Unión de Pequeños y Medianos Agricultores UPANACIONAL, Unión Nacional de Agricultores Costarricenses UNAG, Corporación Arrocera Nacional, Federación nacional Campesina FENAC, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, COOPROPAQ Upala, Red Coproalde, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO, Cooperativa Empresarial de Productores de las Plantaciones Agrícolas y Similares CEPPAS NNRL, Asociación de Mujeres Organizadas de Los Chiles, Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros, CONATRAB, Coordinadora Nacional Campesina, Productores Ganaderos, Coordinadora de Mujeres Campesinas CMC, UPAGRA, UPACON, AUNAG, Comité Cívico Limonense, FEDEAGUA, Federación de Campesinos Cristianos Costarricenses FECCC,.Apoyo solidario de SITRAL, Pastoral Social, Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, Comisión Costarricense de Derechos Humanos, Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC, Unión de Empleados del IDA, Central General de Trabajadores, Unión de Trabajadores Agrícolas, Pecuarios y de Actividades Varias de Coto Brus UPACOB y el Foro Nacional Iglesia-Organizaciones.

Solidaridad con los trabajadores y pueblo cubano

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA
WORKER’S CENTRAL UNION OF CUBA
CENTRALE DES TRAVAILLEURS DE CUBA

A las Organizaciones Sindicales y Fraternales del Mundo:

La práctica de esa política genocida y criminal en momentos tan cruciales para nuestro país, después de haber sido sometido a los embates de los huracanes Gustav y Ike, muestra la doble moral del imperio, que hace oídos sordos a su propio pueblo que aboga por la flexibilización transitoria del bloqueo, para dar facilidades crediciticias a la compra de alimentos y materiales de construcción, entre otros, pretendiendo dar una ayuda humanitaria condicionada, desconociendo la preparación y capacidad de nuestro pueblo para evaluar los daños y enfrentar esta situación, con el verdadero fin de utilizar este momento para sus aviesos fines políticos.

Es inadmisible para nosotros aceptar una ayuda condicionada de quienes nos impiden día a día tener acceso a su mercado, investigaciones e intercambio cultural, ese mismo gobierno que ha a destinado más de 45 millones de dólares para las acciones contrarrevolucionarias y terroristas de los grupúsculos anticubanos radicados en Miami. Nuestro pueblo y gobierno jamás se rendirá, ni claudicará en sus principios. Para nosotros la mejor y más importante ayuda será la eliminación total y definitiva del Bloqueo que mostraría un verdadero interés del gobierno de los Estados Unidos por el bienestar de los miles de cubanos afectados por los huracanes y por el desarrollo integral de la economía de nuestra patria.

No nos oponemos a recibir la ayuda de aquellas organizaciones y personas que de buena voluntad puedan contribuir a resarcir los daños. Existen muchos otros gobiernos del mundo, incluso con limitaciones económicas, que nos están aportando su apoyo de manera solidaria y sin condicionamientos.

Los trabajadores y trabajadoras cubanos junto a nuestro partido y gobierno seguiremos trabajando arduamente, utilizando óptimamente los recursos con que contamos para salir en el más breve plazo posible de esta difícil situación.

Por todo lo antes espuesto solicitamos a todas las organizaciones sindicales y fraternales del mundo, se sumen a nuestro reclamo de desmentir la falacia que desde Washington se maneja sobre la posición de nuestro Gobierno y exigir como lo han venido haciendo durante todos estos años el cese inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera genocida contra nuestro país.

Mañana protestan contra costo de vida y corrupción

En conferencia de prensa, realizada hoy lunes 6 de octubre, mujeres dirigentes del sector sindical, social y de Comités Patrióticos,CP, presentaron lo que será la concentración contra el alto costo de vida y contra la corrupción que se realizará mañana martes 7 de octubre.

La concentración se realizará en la avenida Juanito Mora Porras, AV. Segunda, y pretende ser una primera demostración de descontento contra el aumento desmedido de precios y tarifas de los servicios públicos y contra la corrupción ejemplificada con el resultado del referéndum que hace un año aprobó el TLC en medio de serios cuestionamientos.

Entre las principales consignas se plantean:

Alto Costo de la Vida
El costo de la vida sube y sube, el salario cada día alcanza para menos, la canasta básica vuela por las nubes, y nos anuncian incrementos del 46% en el recibo de la luz y del 25% en el de agua.

Empleos y salarios
El libre comercio (TLC), está provocando sendas catástrofes mundiales. La crisis climática, energética, alimentaria y financiera, está dejando sin empleos y en condiciones de hambre a millones y millones de personas en todo el globo, Costa Rica; no es la excepción.

Corrupción
FODESAF, Fondo de Emergencias, Banco Anglo, BICSA, BCIE, Taiwán, Alcatel, Crédito Finlandés, Crédito Español, Reelección Presidencial y otras resoluciones de la Sala IV, Silencios del TSE, Grupo de los 38, y muchas otras “consultorías”, “contrataciones” y “concesiones”. EL GRAN EMBUSTE DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2007.

Des-gobierno
¡Basta ya de tanto abuso!
Exijámosle un cambio de rumbo al Gobierno Neoliberal, de los hermanos Arias Sánchez

7 de Octubre. 11 a.m. Parque Central
Día de la Unidad y la Dignidad Nacional