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Las organizaciones sindicales Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (*ASDEICE*), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (*ANEP*) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (*UNDECA*), no asistirán a la conmemoración oficial que promueve la Iglesia Católica con motivo del Primero de Mayo, consistente en la realización de la tradicional misa de las 9 de la mañana, previa al no menos tradicional desfile de las diversas representaciones de la clase trabajadora y de otros sectores sociales.

La cúpula eclesiástica costarricense, reunida en la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), nunca se dignó contestar (ni siquiera con acuse de recibo), un respetuoso y vehemente llamado sindical formulado por las mencionadas agrupaciones laborales; acerca de la necesidad de que la Iglesia Católica asumiera un papel más beligerante en torno al proyecto de ley conocido como “_Tratado de Budapest_”, parte esencial de la agenda de implementación del TLC; nefasto proyecto que busca el patentamiento de la vida humana.

Desde el mes de diciembre de 2007 se formuló a la cúpula dirigente de la Iglesia Católica tica, la petición indicada que, como indicamos, ni siquiera fue cortésmente notificada de recibido.

ASDEICE, ANEP y UNDECA expresaron a los obispos integrantes de la CECOR que el Tratado de Budapest constituye “_un proyecto tan nefasto para la vida humana y tan trasgresor del concepto de vida a la luz de la filosofía del humanismo cristiano_…”; por tanto y a la luz del pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica al respecto (de noviembre de 2007), se le pidió a la jerarquía eclesiástica que intensificara “_ante la feligresía católica, la denuncia pública que la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), ha hecho pública, acerca de la perversidad y malignidad del Tratado de Budapest_”.

Si bien la CECOR formuló una posición al respecto; en primer término, lo hizo después del referéndum sobre el TLC; y, por otra parte, nunca asumió una posición beligerante contra la aprobación del nefasto proyecto indicado.

Por otra parte, en la misa conmemorativa que, comúnmente, ofrece la Iglesia Católica para celebrar el Primero de Mayo, las máximas autoridades eclesiásticas, los obispos, normalmente no hacen presencia solemne y tampoco ofician. Por el contrario, nunca faltan al ceremonial de Estado en el parlamento para la lectura del mensaje presidencial. Esta actitud transmite la sensación de que la alta y máxima jerarquía católica prefiere una cercanía con el poder político vigente, mas no así con la clase trabajadora y su representación.

Las organizaciones firmantes dejan constancia de que su ausencia a la misa del Primero de Mayo, jamás puede interpretarse como un irrespeto a la fuerte convicción de Fe Cristiana que anida en el pueblo costarricense; y, tampoco, un irrespeto a la una iglesia, como la Católica, que es la mayoritaria en nuestra sociedad. La molestia y la crítica indicada van contra la cúpula eclesiástica, por las razones apuntadas.

San José, 30 de abril de 2008.

Luis Chavarría Vega
Secretario General
UNDECA

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Noticia de Diario Extra

Silvia Coto/Gerardo Sáenz
scoto@ diarioextra.com
Fotos: Graciela Solís

Al fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, los gringos lo trataron como un delincuente a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, tras una invitación del procurador de Estados Unidos, a quien no vio porque lo detuvieron, le bloquearon las llamadas al extranjero y debió regresar a Costa Rica.

“Cuando llegué al aeropuerto me llamaron por altavoces, me acerqué a la ventanilla, me revisaron el pasaporte, la visa, me preguntaron a qué me dedicaba, para qué venía, me tomaron huellas dactilares y una fotografía, me pasaron a una sala donde se encontraba una esposada”, relató el fiscal.

Un oficial de apellido Vega le afirmó que era por un homónimo costarricense. “Mi apellido no es tan común aquí, solo mi hijo y yo nos llamamos igual”, indicó.

Según Dall’Anese, seguro de que no era por esa situación que le negaron la entrada y lo detuvieron porque cuando decidió regresar al país no le pusieron ningún pero, eso sí, se cercioraron de que le sellaran los boletos y que las horas que estuvo en el hotel no hiciera llamadas.

La visita del fiscal se debía a que envió una prueba importante para la Fiscalía de Fraudes de Estados Unidos por un caso que ésta investigaba, en el que con la información aportada fue detenido un ciudadano europeo vinculado con un caso de corrupción.

Sin embargo la Fiscalía norteamericana solicitó impunidad para dicho sospechoso, quien es testigo vital para iniciar la investigación de un caso contra un político costarricense acusado de corrupción, uno de los casos más importantes a nivel penal para los costarricenses.

“A mí no me basta con una disculpa, ellos ofendieron a todos los costarricenses, no solo a mí. Quiero que se sienten responsabilidades penales y paguen los costos del viaje. Por el momento los convenios y coordinaciones con ellos quedan suspendidos”, aseveró Dall’Anese.

El canciller Bruno Stagno entregó una carta a la Embajada de Estados Unidos elevando una protesta por el agravio contra el fiscal, la población y el gobierno.

Expediente de la propuesta del Frente Amplio en ARCHIVOS ADJUNTOS
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“Las recientes evidencias sobre la operación en Costa Rica de varias redes mafiosas dedicadas al tráfico internacional de personas menores de edad, obligan a insistir sobre la imperiosa necesidad de resolver graves vacíos y deficiencias que presenta la legislación nacional en materia de adopciones internacionales”, opina el Diputado José Merino del Río, quien presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con este propósito.

Según explicó el legislador del Frente Amplio, se trata de una modificación del inciso c) del artículo 109 y los artículos 112 y 113 del Código de Familia (Expediente No. 16979), para impedir que organizaciones delictivas, que entre sus filas incluyen notarios y funcionarios públicos inescrupulosos, aprovechen las deficiencias legales y la falta de controles adecuados, para montar un lucrativo negocio a costa de niños y niñas costarricenses en condición de pobreza.

El mecanismo utilizado es la denominada “adopción directa” para fines de adopción internacional. Las redes de tráfico de personas contactan a parientes de escasos recursos de las personas menores y les pagan una suma de dinero para que consientan entregar a los menores. Después, se valen de la inadecuada y permisiva regulación sobre el trámite de adopciones internacionales y la absoluta falta de seguimiento por parte del Estado costarricense para sacarlos del territorio nacional.

Según ha reconocido el jerarca del Ministerio Público, no se sabe a ciencia cierta cuantas personas menores han sido movilizadas fuera del país por esta vía o la situación en la que se encuentran. No se sabe si realmente han sido ubicados en una nueva familia o están siendo objeto de explotación sexual, esclavitud o tráfico de órganos (“La Nación”, 5 de marzo de 2008, páginas 4 y 5A)

“Mediante este proyecto de ley se pretende definir claramente los requisitos y procedimientos que deben seguirse en el trámite de adopciones internacionales y fortalecer el papel fiscalizador de los órganos competentes como el Consejo Nacional de Adopciones, a fin de garantizar la plena satisfacción del interés superior de las personas menores de edad. Todo lo anterior, en aras de cerrar cualquier portillo legal para que los procedimientos de adopción internacional sean utilizados para fines lícitos como la sustracción y tráfico internacional de niños y niñas” dice el Diputado Merino en la justificación del proyecto de ley.

Igualmente se busca adecuar la legislación nacional a los principios, normas y procedimientos contenidos en los convenios internacionales sobre la materia firmados por Costa Rica, ya que en la actualidad nuestro país no está cumpliendo los compromisos adquiridos. Por ejemplo, la normativa vigente sobre adopciones internacionales no garantiza la efectiva realización de los principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (aprobada mediante Ley Nº 7184 de 18 de julio de 1990).

Para cumplir estos objetivos, se propone retomar una serie de iniciativas legislativas para reformar las normas del Código de Familia relacionadas con adopciones internacionales que en legislaturas pasadas estuvieron muy cerca de ser aprobadas y contaron con el aval de entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General del República y la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que en el Parlamento existía un amplio consenso sobre su importancia, tales iniciativas fueron a parar al archivo legislativo ya sea por errores de procedimiento cometidos en su trámite o por vencimiento del plazo de caducidad establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Las reformas planteadas parten de un reconocimiento de la necesidad de establecer una regulación específica sobre las adopciones internacionales. En esta modalidad de adopción el menor adoptado es desplazado a residir fuera de su país de origen, independientemente de la nacionalidad de los adoptantes. Lo anterior constituye un elemento objetivo de diferenciación frente a la adopción_ “nacional”_ en que la persona adoptada permanece viviendo en su país de origen. A su vez, justifica plenamente la existencia de normativa diferenciada y más rigurosa, en razón de los mayores riesgos que implica el desplazamiento de menores fuera del territorio nacional.

Es importante destacar que muchas de las reformas propuestas en la iniciativa de ley ya habían sido aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Nº 8297 de 10 de setiembre de 2002, que reformó los artículos 109 inciso c) y 113 del Código de Familia. Sin embargo, su aplicación resultó frustrada un año después porque la Sala Constitucional anuló la ley mencionada, por adolecer de vicios sustanciales en el procedimiento parlamentario seguido para su aprobación. Hay que considerar también que la Corte Suprema de Justicia emitió en su momento criterios favorables a las modificaciones planteadas.

Datos de expansión piñera en el país.

Algunas consecuencias que ha traído esta expansión son:

• Este modelo de producción y de “desarrollo” afecta tanto lo ambiental, con la destrucción de bosques y contaminación de aguas; lo social por las intensas jornadas laborales que no permiten otra cosa más que vivir para ir a trabajar en la piñera, dejando de lado la vida familiar y comunitaria, como lo laboral ya que se violentan los derechos de las y los trabajadores afectando especialmente a las personas de bajo nivel académico y a la población inmigrante.

• El mal manejo de los residuos de la piña ha provocado el desarrollo de una plaga conocida como la mosca “chupadora de sangre” o “stomoxys calcitrans”. Esta plaga provoca pérdidas millonarias ya que ataca principalmente al ganado. La mosca succiona su sangre, ocasionándole fuertes dolores, profundas lesiones en la piel, altos niveles de tensión, debilitamiento, pérdida de peso e inclusive la muerte. Esto ha ocasionado un fuerte descenso en la producción de leche y carne en las comunidades vecinas.

• Se utilizan indiscriminadamente agroquímicos muy tóxicos y dañinos para la vida humana. Estudios de la Universidad Nacional y del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) han encontrado en los acueductos de la zona de Siquirres y Guácimo en Limón concentraciones de 1,4 microgramos de bromacil por litro. Se ha detectado además la presencia de otros agroquímicos como el diurón y triadimefon, todos usados en la producción piñera. El bromacil, según el Museo de Viet Nam, es un compuesto del agente naranja usado en esa guerra dejando millones de muertos y malformaciones genéticas.

Ante tal gravedad no podemos callar, deseamos poder seguir diciendo que somos los primeros exportadores de piña de la mejor calidad, queremos desarrollo pero no a costa del sacrificio de miles de personas que están siendo afectadas en aspectos sociales y laborales, ni del sacrificio de nuestros recursos naturales y el agua.

Los y las costarricenses tenemos derecho a un futuro en el que nuestras tierras para sembrar no estén totalmente degradadas por la siembra intensiva, derecho a desarrollar nuestra actividades agrícolas y ganaderas sin ser amenazados por la contaminación y en el que nuestros hijos puedan conocer bosques y ríos con vida.

A los trabajadores y trabajadoras les decimos que debemos de luchar juntos para que las empresas respeten la legislación ambiental y laboral, merecemos trabajo con dignidad y respeto. Que se hagan valer los derechos por los que tanto se ha luchado en este país y en todo el mundo.
Queremos dejar claro ante la opinión pública nacional e internacional que no nos oponemos a la producción piñera, mientras se haga respetando la legislación ambiental, laboral y sobre todo, lo que respecta a la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales.

Señores Empresarios nos gustaría que trabajáramos juntos, respetando la legislación ambiental y laboral y las certificaciones que les acreditan como empresas responsables. Con todo esto lograríamos lo que tanto deseamos, una producción amigable con la naturaleza y con el ser humano, que es lo mismo que desean y creen los consumidores de sus productos frescos allá en Europa y el resto del mundo.

Por lo anterior, con el fin de articular esfuerzos y velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y laboral, en dicho encuentro se decidió crear el Frente Nacional de sectores afectados por la expansión piñera.
Hacemos un llamado a las instituciones públicas, para que hagan cumplir las leyes y velen por el bienestar de todos los habitantes del país.

ALTO A LA EXPANSION PIÑERA INCONTROLADA, A LA CONTAMINACION Y A LA VIOLACION DE LOS DERECHOS LABORALES

Fuente: FECON