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Tatiana Gutiérrez Wa-chong
tgutierrez@ prensalibre.co.cr

Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se defendieron ante las acusaciones dadas por algunos personeros de la Sociedad Portuaria de Caldera –actual concesionario del muelle- diciendo que ellos no tienen la culpa de que no se haya construido la Terminal Granelera y que lo único que hicieron fue obligarlos, tal y como se solicita en la Ley, a que se haga un estudio de impacto ambiental siempre que se van a iniciar obras concesionadas.

También, explicaron que a dos años de que se haya aprobado la Concesión, el pueblo de Costa Rica no se ha beneficiado, el servicio sigue siendo ineficiente, ha aumentado el desempleo en Puntarenas y las tarifas que cobra el nuevo administrador son las mismas que tenía el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

Lo que más le preocupa a ANEP, aseguró Douglas Carrillo Azofeifa, directivo nacional, es que las condiciones laborales se han deteriorado porque al ser contratados por servicios profesionales no tienen porque verse beneficiados por el pago de las garantías sociales y esto los podría afectar. Los representantes dijeron que “desde que se construyeron las instalaciones en Puerto Caldera, mediante la Ley Préstamo 5582, del Gobierno japonés (que todavía estamos cancelando como país), las autoridades gubernamentales respectivas, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como del Incop, no se preocuparon por convertir a Puerto Caldera.

“Lo planificado por los japoneses jamás fue ejecutado, prevaleciendo los intereses particulares de los políticos empresarios sobre el interés nacional, hecho consolidado en 11 de agosto de 2006, al pasar la actividad portuaria a manos privadas”, destacaron.

Carrillo comentó que tampoco han podido aumentar la capacidad del muelle y que la idea de que la Concesión iba a solucionar todos los problemas portuarios ha quedado en el vacío.

Agregaron que ANEP siempre denunció, de manera enfática y sólida, las inconsistencias jurídicas y los groseros vicios que se cometieron en el oscuro trámite de este negocio.

“Entre los muchos vicios y atropellos que denunciamos fue que nunca se realizaron, antes de confeccionar los carteles de licitación, como lo demanda la ley, los estudios de impacto ambiental.

“Así las cosas, legitimados en el artículo 50 Constitucional y en las normas que tutelan el derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, procedimos ante tal desafuero, en resguardo del interés nacional y de los derechos ambientales.

“Por lo tanto, si el Gobierno y las autoridades llamadas a cumplir con el ordenamiento jurídico no cumplieron con sus responsabilidades y obligaciones, no se vale que, gratuitamente, se quiera culpar a nuestra organización, por salir en la defensa de los intereses nacionales”, destacaron

Fuente: La Prensa Libre, sábado 28 de junio de 2008

Lea el proyecto de Ley completo en ARCHIVOS ADJUNTOS

La reforma propuesta por el legislador del Frente Amplio es una adición de un subinciso d) al inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política, para incluir el dominio del Estado sobre la zona marítimo terrestre, y se tramita bajo el expediente 17.066.

Según explicó el Diputado Merino “la Zona Marítimo Terrestre es un bien de dominio público, que debe conservarse en beneficio de las actuales y futuras generaciones”, por lo que es necesario incluirla en la Carta Fundamental para que el Estado pueda ejercer soberanía plena, para la protección de este bien demanial.

De acuerdo con el parlamentario el carácter demanial de la Zona Marítima Terrestre se reconoce desde hace largo tiempo en la jurisprudencia, y esto significa que no puede ser objeto de comercio entre las personas y no es objeto de apropiación privada, sin embargo son conocidos los casos de construcciones irregulares o las limitaciones al acceso de la población a la zona pública cerca de determinados complejos turísticos de capital extranjero.

Recordó Merino del Río que datos de la Contraloría General de la República indican que el 72% del litoral costero “no cuenta con lineamientos que regulen su desarrollo y ordenamiento territorial”, lo que ha permitido que esos bienes sean ocupados.

En la presentación a la corriente legislativa de esta modificación a la Constitución, el legislador del Frente Amplio fue acompañado por nueve legisladores/as del PAC.

Don Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez, exitoso empresario neoliberal y quien funge hoy como Ministro de Comercio Exterior del gobierno de los hermanos Arias, se presentó ante el amo a rendir cuentas y más bien salió regañado. Quien se arrodilla, termina lamiendo botas

Los gringos le han dicho que todavía no ha hecho bien la tarea: el Instituto Nacional de Seguros (INS), la empresa aseguradora más exitosa de toda la zona centroamericana y caribeña, debe ser pulverizada completamente, para que la engullan sin mayor problema, los gigantescos consorcios de seguros estadounidenses (y sus socios internos), verdaderos oligopolios del negocio de los seguros en el campo internacional.

Tras de cuernos palos. La genuflexa coalición diputadil de los 38 votos (38 más 1, en realidad), violentando los más sagrados principios de la “libre” competencia, le impidió al INS la venta de seguros en el exterior, precisamente cediendo a las presiones del gobierno gringo y sus acólitos internos.

El INS tiene demasiado prestigio, sobrada solidez financiera y una trayectoria legendaria que le hace amenazante para sus eventuales competidores internacionales en el mercado de seguros de esta región. Por eso había que impedirle que trascendiera nuestras fronteras, aunque sus competidores sí podrán ingresar a territorio nacional.

Ahora, hay que quitarle la garantía estatal al INS para terminar de construirle el cerco que le eliminará completamente del mercado, sueño dorado de los grandes grupos económicos de enorme poder en el actual gobierno de los hermanos Arias y que tienen en el ministro del COMEX, a uno de sus principales gerentes políticos en materia de TLC.

El INS es una empresa tan exitosa, de tanta rentabilidad y tan suculenta que no sola hay que impedirle que vaya al exterior a hacer negocios; sino que, ahora, hay que eliminarle la garantía estatal para que los pulpos extranjeros y sus agentes internos, pueden engullírselo con mayor facilidad y en el menor tiempo posible.

Ojalá que el alto grado de prosternación y de genuflexión de la coalición parlamentaria gobiernista (más el más reciente refuerzo que les llegó), no haya matado del todo el sentimiento de hidalguía y de decoro nacional necesario para evitar que, finalmente, los gringos se salgan con la suya, de destruir completamente al INS.

Anhelamos que algunos diputados y algunas diputadas de esa coalición, vayan a las fuentes originales de nuestro acervo histórico y, entre otras cosas, reflexionen a la luz del pensamiento del gran liberal criollo, don Ricardo Jiménez Oreamuno, fundador del INS, para evitar su destrucción total. Quien se arrodilla, termina lamiendo botas.

San José, 20 de junio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Mezquina, injusta y egoísta, así calificamos en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la propuesta formulada por la cúpula gremial del gran empresariado, cuando plantearon un 6.58 % de reajuste salarial para toda la clase trabajadora del sector privado de la economía costarricense: casi un millón y medio de personas asalariadas.

El 6.58 %, ofrecido por el sector patronal, durante la presentación que hicieran ayer en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), indica que la línea de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, se mantendrán pese al pedido “solidario” que el Presidente Arias hizo al gran empresariado, durante su mensaje del pasado Primero de Mayo.

La representación del Gobierno en el Consejo Nacional de Salarios ha quedado en la cuerda floja: Si le da sus votos a la propuesta patronal, el Presidente Arias quedará en total ridículo y descrédito, pese a que las grandes líneas de la política pública que ha impulsado su gobierno, han sido para favorecer los intereses de negocios de ese gran empresariado que hoy propone un 6. 58 % de reajuste para su personal: ofrecimiento totalmente mezquino, injusto y egoísta.

Por el contrario, si el Gobierno de los hermanos Arias da sus votos a la propuesta sindical, escalonada entre el 8.91 % y el 13.66 %, llevará un poquito de alivio a los hogares de la clase trabajadora asalariada, especialmente los de salarios medios y bajos.

Y aunque esta posibilidad se convirtiera en realidad el próximo lunes 23 de junio, un elevado número de trabajadores y de trabajadoras del Sector Privado, no tienen acceso a mecanismos de defensa alguno para hacer realmente efectivo el pago del reajuste salarial semestral, pues la ausencia de sindicatos en este sector impide verificar si el reajuste se da y si se da, si se aplica correctamente.

Es imperioso hacer un fuerte señalamiento de que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, dentro de los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha aumentado el doble del índice de inflación; lo cual indica que las familias asalariadas de más bajos ingresos necesitan un aumento salarial realmente compensatorio que, como indicamos, la propuesta empresarial no contempla para nada.

San José, 19 de junio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Guillermo Keith Bonilla
Directivo Nacional ANEP
Responsable ANEP-Sector Privado

1- Con fecha 3 de mayo de 2006, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió nota (nuestro oficio S.G. 05-07-0527-06), al en ese momento Presidente electo de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, planteándole la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, “el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada”. Nada más profético si vemos cuál es la realidad de hoy del precio del petróleo y el de los combustibles en el país.

2- En ese momento y en la carta que ANEP le envió al señor Oscar Arias, indicamos también lo siguiente: “Costa Rica vive un doloroso proceso de concentración de la riqueza que, entre otras expresiones, se manifiesta en el nivel salarial de la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. La caída en el salario real es dramática y estas constantes alzas, potenciadas por el alto precio de los combustibles sobre los cuales pesa una elevada carga tributaria, disminuyen el poder adquisitivo de los salarios; incrementando en los hogares de las familias asalariadas, tensión, ansiedad, restricción económica, disminución de la calidad alimenticia y deterioro de la convivencia por todos estos factores juntos.

3- Un tercer párrafo de dicha carta le dijo a don Oscar Arias, “que usted debe apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen porqué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común”.

4- ANEP dijo, también en ese momento de mayo de 2006 que “Tesis como revisión de los contenidos del Pacto de San José; crédito para compra de petróleo a largo plazo y en condiciones blandas; posibilidades de suministro de combustible a precios especiales para emprendimientos productivos de economía social con carácter incluyente; un portafolio de inversiones para el fortalecimiento de la refinación del crudo en suelo nacional; una asociación estratégica para la exploración petrolera con pleno respeto del entorno”; son potenciales campos de cooperación de ayuda de parte de Venezuela para Costa Rica.

5- Bien hace ahora el ilustre diputado don José Merino del Río en pedirle al Presidente Arias que en el marco de la normalización de las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica solicite su incorporación a la organización intergubernamental PETROCARIBE y la firma del Acuerdo de Cooperación Energética que le da sustento.

6- Hacemos totalmente nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apunta que “En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social”.

7- Exhortamos, vehementemente y de manera pública, al Gobierno de la República para que se abra, de inmediato, el proceso político y diplomático correspondiente que permita el ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como ya lo hicieron ó están tramitando, países como República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador.

8- El ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como la afirma el diputado Merino del Río, va a “mitigar los efectos del alza continua de los precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y en un marco de solidaridad latinoamericana”.

San José, 11 de junio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Apoyamos petición del diputado José Merino del Río

Lea también: Costa Rica debe incorporarse a Petrocaribe
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San José, 10 de junio de 2008
JMR-JFFA-136-2008

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
S.D.

Estimado don Oscar:

Saludamos desde el Partido Frente Amplio la normalización de relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, al mismo tiempo que le solicitamos aprovechar esta circunstancia para iniciar prontas negociaciones, que permitan la incorporación de nuestro país a la organización intergubernamental PETROCARIBE y la suscripción del Acuerdo de Cooperación Energética que le da sustento.

En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social.

De acuerdo con la información conocida PETROCARIBE establece una escala de financiamiento entre 5% y 50% de la factura petrolera. Extiende el período de gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés a un 1%, si el precio del petróleo supera 40 dólares por barril. El pago a corto plazo de 60% de la factura se extiende de 30 a 90 días.

El ahorro obtenido por Costa Rica con su incorporación a PETROCARIBE podría traducirse en una rebaja en el precio de los combustibles directamente al consumidor, en subsidios al transporte público y a los agricultores, así como en apoyos a proyectos de energía alternativa hidroeléctrica, eólica y de otros tipos.

Los presidentes de República Dominicana y Honduras recientemente han resaltado los beneficios de la participación de sus países en PETROCARIBE, mientras el gobierno de Guatemala se encuentra negociando su incorporación y en El Salvador los consumidores han visto con beneplácito las rebajas en los precios.

Señor Presidente, como le decía al principio, desde el Frente Amplio le hacemos la solicitud de iniciar negociaciones de inmediato para la incorporación de Costa Rica a PETROCARIBE, con el fin de mitigar los efectos del alza continúa de los precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y en un marco de solidaridad latinoamericana.

Atentamente,

José Merino del Río
Diputado
Fracción Frente Amplio

En ANEP entendemos y nos solidarizamos con todas las familias del sector cebollero y agrícola, en general, que serán abatidos, en el corto plazo, por las políticas del “_libre_” comercio, defendidas con tanto ahínco por el señor Masís.

Por tanto, demandamos que este ciudadano se haga responsable de las pérdidas millonarias que hoy sufren los productores nacionales de cebolla. Debe él responder, solidariamente, con las pérdidas ocasionadas al productor nacional, pues es harto claro que la producción agrícola nacional no podrá competir con la mano de obra barata y antiambiental con que se produce en algunos países; y, mucho menos, con productos provenientes de los Estados Unidos, subsidiados con millones de millones de dólares diarios su producción nacional.

La crisis alimentaria, la crisis que hoy sufren las y los cebolleros, nos dan la razón. El TLC llevará a la tumba a la ya enferma producción agraria nacional, puesto que el TLC es la culminación, la coronación, de veinticinco años de políticas neoliberales que se han encargado de mutilar nuestra producción nacional; y desmantelar o privatizar las instituciones públicas responsables de promover una política agraria consecuente con los intereses de nuestros productores y de garantía de alimentos para el consumidor.

Estamos claros, como muchos otros ciudadanos y otras ciudadanas de incuestionable honradez, que las productoras y los productores de cebolla fueron engañados con las bondades del “_libre_” comercio y ahí está la realidad, golpeando con todo su peso a estas familias.

Entendemos y comprendemos, y, por tanto, nos solidarizamos y apoyamos las acciones que tomen estos honrados y emprendedores productores. En ANEP siempre hemos estado con ellos y ellas. Pero condenamos enérgicamente a los responsables de engañar a estas nobles y trabajadoras familias.

San José, 21 de mayo de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General.

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Lea también en ARCHIVOS ADJUNTOS: MOPT exige reinstalación de carpa asfáltica que empresa MECO destruyó para construir acueducto privado.

Pronunciamiento de SENARA en el cual sentencia que estudio de AyA no es oficial, no ha sido aprobado y es insuficiente para garantizar el agua en Sardinal. Además pone en riesgo los mantos acuíferos de la zona.

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Obra e interés privado

El Acueducto que se construye para llevarse el agua de Sardinal, es obra privada, ejecutada por empresas privadas, con recursos privados y para beneficio de proyectos privados.

¿Legalidad?

Cuando La Nación, hace casi 2 años, destapó el caso MAPACHE, a Olman Chacón lo destituyeron de su puesto de Sub Gerente de AyA, por firmar la “Carta de Entendimiento con COCOWATER”.

Ahora, todo el proyecto se sustenta en esa “Carta de Entendimiento ilegal”.

¡Explíquennos eso!

La Auditoría Interna de AyA advirtió sobre las acciones ilegales y sus directrices no han sido acatadas.

¿Porqué no acataron la orden cautelar de la Sala Constitucional?

Permisos de construcción

Desafiamos a Ricardo Sancho a que presente los permisos de construcción municipales debidamente tramitados, con los planos visados por el Colegio de Ingenieros y demás requisitos legales.
AyA, NO TIENE Permisos de Construcción, TIENE una “cartita” de la Ingeniera Municipal.

¿Porqué el trámite lo hace el AyA?

Lo hace AyA porque los empresarios no han cumplido ni pueden cumplir con todos los requisitos. Además, y no es cosa menor, se evitan pagar: 1% al Colegio de Ingenieros y 1% de Impuesto de Construcción a la Municipalidad, sobre los 8 millones de valor declarado de las obras.

¿Porqué se esconde Rodrigo Arias?

En los dos Recursos de Amparo acogidos por la Sala Constitucional se omite darle audiencia al Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias para que responda a las manifestaciones de los recurrentes. ¿Porqué?

Uso y abuso del agua

El agua es un recurso básico para planificar casi todas las actividades humanas. En Guanacaste el agua es escasa.

Hay que planificar en qué se usará el caudal existente, en forma sostenible y para el mejor provecho de la comunidad.
Estos planes, no existen.

No tiene sentido, entregar el agua a pocos proyectos y después sentarse a pensar y planificar, pues será imposible hacerlo, sin contar con agua. ¿Seremos locos si pedimos? ¡Primero planes de desarrollo y después obras.

PRUEBAS AQUI

-Recursos de Amparo expedientes 08-5154 y 08-5663
-Orden cautelar de Sala Constitucional
-Informes de Auditoría Interna de AyA.
-“Convenio de AyA con COCOWATER”
-Fotos y videos de obras ilegales.
-Otras muchas
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¿Agua para campos de golf?

Por: Martín Rodríguez Espinoza
martinrodriguez@anep.or.cr

“Golf se convierte en pieza clave de industria turística”, así tituló, el pasado 16 de mayo, el periódico La República, su artículo principal y en el cual alaba el desarrollo de este tipo de proyectos en los complejos hoteleros costarricenses.

Lo interesante de este artículo no son la serie de ¨bellezas que presenta la “periodista”, sino las contundentes afirmaciones que tiene mucho que ver con el conflicto que se ha generado en Sardinal de Carrillo por el agua.

Un millón de litros de agua…para riego de canchas

Como se puede apreciar en los gráficos que nos presenta La República (en ARCHIVOS ADJUNTOS), la construcción de canchas de golf no solo ha crecido sino que se proyectan nuevas canchas. Existen trece y se proyectan seis más en diferentes zonas del pacífico costarricense.

Estas canchas requieren de un millón de litros de agua DIARIOS para mantenerlas en perfectas condiciones de uso de un sector exclusivo de ciudadanos de mucho poder económico tanto nacionales como extranjeros. No como dice la “periodista” de ese periódico que “de ser visto como un deporte exclusivo, lejano para la mayoría, el golf en Costa Rica pasó a formar parte clave de toda una estrategia nacional…”.

Como detalle “curioso” la zona hacia donde se quieren llevar el agua de Carrillo es precisamente donde ya existen tres canchas y se planean construir dos más, ¿casualidad? Para la construcción de estas dos canchas se requiere garantizar el agua suficiente para que en lugar de tres millones de litros agua diario se pueda abastecer cinco millones de litros, esto sin contar con el agua para piscinas, habitaciones, jacuzzi, etc.

Estamos hablando de que se dejaría en peligro de abastecimiento de agua a una población de más de treinta y cinco mil habitantes para llevarla a los campos de golf y hoteles en donde los visitantes suelen despojarse de más de $2.550 por un fin de semana. “El jugador no necesariamente es pensionado. Ultimamente nos visitan empresarios jóvenes, algunos de 35 años en adelante, activos y de alto poder adquisitivo”, dijo el director de golf de uno de los hoteles.

Eso demuestra que no es cierto lo que afirma la “periodista” en la nota cuando afirma que este deporte “ha dejado de ser visto como exclusivo, lejano para la mayoría”. Es un deporte exclusivo de una clase social adinerada, pero eso es lo menos importante, el tema fundamental es que se pretende quitar el agua vital para la vida a los costarricenses para regar los campos de golf en los que los jóvenes ricos, y otros no tan jóvenes, se desahogan de las grandes “presiones” de una jornada ardua de “trabajo”.

¿Tendrá Ricardo Sancho la ética moral y profesional de impedir este crimen?, esperemos a ver, por lo pronto la construcción del acueducto se ha reiniciado, el “régimen” ha enviado los antimotines para reprimir a los costarricenses y defender el agua para los hoteles.

“Aquí en Sardinal hay unos 60 antimotines pero, según escuchamos, de San José han enviado a otros 400 de refuerzo”, dijo Peggy Quesada.

Esto es una clara provocación represiva, que además violenta la institucionalidad ya que la Sala IV aceptó para su estudio los recursos de amparo interpuestos por la comunidad de Sardinal y una Orden cautelar emitida que impide la construcción hasta que emita una resolución definitiva.