Recordó el legislador que en todas las audiencias en la Comisión de Relaciones Internacionales donde se han presentado organizaciones de agricultores y otros sectores productivos que sufrirán los estragos de una eventual aprobación del TLC, la fracción oficialista les ha asegurado que el empréstito con el BID, como parte de la_ “agenda complementaria”_, es una especie de paracaídas que les brindaría recursos económicos suficientes para aliviar su situación y permitir su reconversión productiva; sin embargo el Poder Ejecutivo ha retirado este proyecto del conocimiento de la Asamblea Legislativa, al finalizar las sesiones extraordinarias, ante la evidencia de que estaban engañando a esos sectores económicos y sociales perdedores.
Según el diputado José Merino en el transcurso del debate legislativo y público sobre este empréstito ha quedado demostrado:
1. Que es falso que este préstamo POR UN TOTAL DE 208 MILLONES DE DÓLARES Y QUE IMPLICARÍA UN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO Y PARA TODO EL PUEBLO COSTARRICENSE POR MÁS DE 110 MILLONES DE DÓLARES, permita ayudar a los miles y miles de pequeños productores que resultaran afectados por el TLC.
No es una “agenda de compensación”, como se había dicho. Ni siquiera una de_ “protección”_ a los sectores afectados. Si se analiza el componente No.1 denominado “Proyecto de Comercio de Exterior”, al que se le asigna la mayor parte de los recursos del crédito ($85 millones, un 41%) y que supuestamente iría para apoyar a las PYMES y los sectores afectados por el tratado, se puede constatar que:
-Los pequeños productores, las familias campesinas o los indígenas quedan totalmente excluidas del acceso a sus recursos pues se exige como requisito para recibirlos que sean proyectos cofinanciados por el sector privado. Es decir, que las organizaciones aporten parte del financiamiento. (VER ANEXO ÚNICO PUNTOS 2.08 Y 2.13) De esta forma, los sectores más vulnerables, QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS quedarán totalmente por fuera.
– No es un programa dirigido específicamente al sector agropecuario. Mucho menos es un programa orientado a apoyar a los productores que resultarán perdedores con el TLC. De hecho se establece que no se puede asignar más de un 5% de los recursos a un mismo sector, así que los recursos no irían solo para el sector agropecuario. (VER ANEXO ÚNICO PUNTO 2.13).
– En el Anexo Único, puntos 2.09 y 2.13 iii) consta que tanto el componente de apoyo las PYMES como el de ayuda para la “Transición al Libre Comercio” van dirigidos a empresas orientadas hacia la exportación o que logren “reconvertirse” en esta dirección. Nada para las que producen para el mercado interno o que requieren protección para sobrevivir. De hecho se prohíbe financiar a estas últimas pues se establece como requisito: “competitividad y legalidad: toda inversión dirigida a fortalecer un sector deberá ser compatible con los compromisos asumidos por el país en la OMC y no podrá generar distorsiones en el comercio o la producción”.
2. QUE SE AMPLIA EL ESTADO PARALELO CON RECURSOS PÚBLICOS.
Con este proyecto se crea una amplia estructura de “Estado Paralelo”, adscrita el Ministerio de Comercio Exterior, a la que se le asignan funciones que son propias de otros Ministerios y que no forman parte de las competencias que la Ley le asignó a esta cartera. No es función del COMEX el fomento de las PYMES y financiar proyectos de asistencia técnica e investigación a organizaciones productivas. Para esto hay instituciones especializadas en el sector agropecuario como el INTA, el Departamento de Extensión Agropecuaria del MAG o el mismo Consejo Nacional de la Producción. Estas son competencias del MAG y de las demás instituciones del sector agropecuario. Con esto más bien se consolida el desmantelamiento del sector. El COMEX se creó para dirigir las negociaciones comerciales internacionales y promover el comercio exterior NO PARA ADMINISTRAR FONDOS DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCIÓN INTERNA. No es su tarea financiar proyectos de asistencia técnica o investigación ni repartir recursos para proyectos productivos. Para eso están el Programa de Reconversión Productiva del CNP y la Banca de Desarrollo.
3. QUE CONTINÚA EL DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO AGROPECUARIO.
A pesar de que los productores agropecuarios serán los más afectados por el TLC y de que los recursos del Componente de “Transición al Libre Comercio” supuestamente se destinarán a financiar proyectos de asistencia e investigación para este sector, el proyecto minimiza totalmente el papel del Ministerio de Agricultura y Ganadería y lo excluye por completo. Con esto se consolida el desmantelamiento del MAG y el desplazamiento hacia el COMEX de su función rectora. No se le incluye en el Comité Consultivo que dirigirá la ejecución del Programa (Anexo Único 4.01). Solo se le menciona el Comité Directivo del Proyecto de Comercio Exterior que realizará la “repartidera de platas”, pero a diferencia del MEIC y MICIT no se dice su criterio deberá ser tomado en cuenta (Anexo Único 4.04). Aquí hay que comparar la Ley del COMEX y la del MAG, para ver como el “Programa” le va dejando sin sus funciones y se van ampliando las del COMEX. Esto obviamente persigue la finalidad de que los mismos que negociaron el TLC y que promoverán su aprobación puedan liderar la repartición de fondos, decidiendo quién es “elegible” y quién no, quién merece recibir financiamiento y quién no, y
4. QUE CON LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE PUEDEN FINANCIAR PRÁCTICAMENTE TODO TIPO DE ACTIVIDADES.
Incluso algunas que nada tienen que ver con el apoyo a los productores como por ejemplo: “la elaboración de (…) propuestas de medidas de flexibilización del mercado laboral”. (VER ANEXO ÚNICO PUNTO 2.14.viii) Óigase bien, con recursos públicos que paga todo el pueblo de Costa Rica se quiere financiar proyectos para eliminar derechos laborales de las y los trabajadores… Algo así como pagar para que se nos quiten nuestros derechos laborales. Endeudarnos para financiar la reducción de nuestras conquistas. Eso es lo que nos plantea este préstamo negociado con el BID por el Gobierno de Costa Rica.
Dentro este proyecto se incluye un subcomponente c) denominado “Asistencia para la Transición al Libre Comercio” al que se le asignan 32 millones de dólares para financiar: “la implementación de propuestas sectoriales elaboradas y presentadas por entidades aglutinantes y representativas del sector privado que se requerirán para garantizar que los procesos de transición hacia el libre comercio se lleven a cabo de manera favorable”. (Exp. No. 15.987, Anexo Único, 2.12)
De seguido se establece una lista de cuales son esas “propuestas” a las que se les asignará financiamiento con estos recursos, en la que se puede leer, entre otros aspectos, lo siguiente: “actividades de mejoramiento y estímulo del clima de negocios: incluye actividades tales como la elaboración de (…) propuestas de medidas de flexibilización del mercado laboral”. (Exp. No. 15.987, Anexo Único,
2.14. viii)
Es decir, con recursos públicos de un empréstito internacional, cuya factura pagaremos todos los y las costarricenses se pretende financiar proyectos para eliminar derechos laborales. 32 millones de dólares repartidos a entidades privadas para que financien proyectos de flexibilidad laboral, los cuales se reconocen como necesarios para poder implementar el “libre comercio”.
Comunicado de Prensa, 25 de agosto de 2006
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Fracción Partido Frente Amplio
