Categoría: Noticias

Carta abierta de parte del Movimiento Sindical Costarricense
a connotadas personalidades empresariales del país

Asunto: “PRIVILEGIOS” e “INCENTIVOS”

San José, 7 de junio de 2006.

Señores
RODOLFO JIMÉNEZ BORBÓN
MANUEL FRANCISCO JIMÉNEZ ECHEVERRÍA
RENÉ PICADO COZZA
FERNANDO CONTRERAS LÓPEZ
RUBÉN PACHECO LUTZ
LUIS LIBERMAN GINSPURG
ANTONIO BURGUÉS TERÁN
RAFAEL CARRILLO LARA
SAMUEL YANKELEWITZ BERGER
MARVIN HERRERA ALVARADO
CARLOS FEDERSPIEL PINTO
Presente

Estimados señores:

1. El movimiento sindical costarricense demanda con vehemencia una discusión seria, profunda y ponderada sobre los llamados “privilegios” laborales tanto en el marco de las convenciones colectivas como fuera de éste; así como también acerca de los denominados “incentivos” para las actividades empresariales del campo de los negocios donde ustedes y sus redes corporativas se desenvuelven.

2. En efecto, urge un debate en torno a la significación misma del concepto. Admitámoslo, el asunto no está claro: lo que es un “privilegio” para unos no es sino una justa reivindicación para otros; lo que es un “incentivo” para algunos, no es sino una gollería para otros.

3. ¿Qué es un “privilegio” y qué no lo es? ¿Cuántos tipos de “privilegios” existen en la legislación costarricense, sancionados y aceptados en la jurisprudencia como derechos adquiridos? ¿Cuánto le cuestan al país esos “privilegios” en cada una de las categorías existentes? En fin, que el tema se las trae.

4. Y como es asunto complejo que requiere de una valoración integral con enfoque plurisectorial; y como además en este tema “a buen pagador no le duelen prendas”, queremos convocarles a ustedes, connotados líderes y figuras de negocios de la comunidad empresarial costarricense, a un debate abierto, de cara al país, sobre el tema de “privilegios” y sobre el tema de los “incentivos”

5. Nosotros, como Movimiento Sindical Costarricense, estamos listos para hablar, en un diálogo respetuoso con ustedes, sobre RECOPE, sobre JAPDEVA, sobre el INS, sobre el CNP-FANAL, sobre el ICE, sobre la Caja, sobre el Magisterio Nacional, sobre INCOP, sobre Gobierno Central (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sobre los municipios; sobre las recientes resoluciones que al respecto ha emitido la Sala Constitucional, en materia de Negociación Colectiva y en materia de Libertad Sindical en el Sector Privado.

6. Nosotros esperaríamos de ustedes que ustedes nos hablaran de los Certificados de Abono Tributario (CAT’s), de los Certificados de Abono Forestal (CAF’s), de los incentivos turísticos, del funcionamiento de la banca “off shore”, de los cánones anuales de las frecuencias radiales y televisivas, del pago responsable de tributos y de las formas de evasión fiscal, de los costos de la generación privada de electricidad y de los contratos laborales a tiempo definido; de la evasión sistemática de la responsabilidad patronal con la Seguridad Social; entre otros tópicos de similar naturaleza que en sus ambientes de negocios han acumulado bastante experiencia.

7. Grandes beneficios obtendrían los costarricenses de un debate en el que participen cada uno de ustedes, cuya gran experiencia y participación directa en este campo les autoriza sobradamente para opinar al respecto.

8. Esta invitación también incluye a algún representante de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y de los dueños de casinos y de las casas de apuestas, pues también en ese campo es relevante el tema de los “privilegios” y de los “incentivos” aludidos. Igualmente, invitamos también a una representación de la Cámara Nacional de Radio (CANARA) y una representación de la agrupación que reúne a los empresarios de la cogeneración eléctrica privada.

9. Este debate, agregamos, no debe darse “en abstracto”, invocando principios genéricos y valoraciones subjetivas. Debe ir al grano: comparar cifras; escudriñar los mecanismos de control y vigilancia que regulan la aplicación de las normas; dilucidar los impactos que el pago de dichos “privilegios” y/o “incentivos” han tenido en la economía nacional, colón por colón, dólar por dólar.

10. Y, por supuesto, el debate debe estar regido por tres premisas insoslayables: la “historicidad” del proceso (valga decir, la aceptación que tales presuntos “privilegios” se produjeron en coyunturas temporales y espaciales concretas que explican su legitimidad en el momento en que fueron adoptadas); su “juridicidad”o legalidad (en particular su correlación con la normativa formal y su aplicación); y, por supuesto y quizás lo más importante, la moralidad y la ética en toda esta situación.

11. Creemos que, al menos, al actual Gobierno de la República le habría de interesar un debate de tal naturaleza y gustoso habrá de prestar los servicios del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) para su transmisión en vivo a todo el país.

12. Nosotros estamos en condición de discutir con ustedes de manera directa, sin intermediarios. No obstante, si ustedes consideran conveniente que ocuparían de alguna instancia y/o personalidad mediadora para este debate, no tendríamos reparo en acceder a ello.

13. No tenemos miedo a hablar de los “privilegios”, de todos los privilegios y de los privilegios de todos; de los “incentivos”, de todos los “incentivos” y de los “incentivos” de todos. Así, sí se vale. Quedamos en espera de su respuesta.

Muy atentamente,

Movimiento Sincal Costarricense

ANDE: Asociación Nacional de Educadores
APSE: Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
ANEP: Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ASDEICE: Asociación Sindical de Empleados del ICE
ANPE: Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería
CMTC: Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses
CTRN: Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
SEC: Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense
SITRAPEQUIA: Sindicato de Trabajadores de RECOPE
SITECO: Sindicato de Trabajadores Estatales Costarricenses
SIPROCIMECA: Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas
SIPRO-CNP-FANAL: Sindicato Pro Trabajadores del CNP-FANAL
SINCONAPRO: Sindicato del Consejo Nacional de Producción
SINAE: Sindicato Nacional de Auxiliares de Enfermería
SIBANPO: Sindicato de Trabajadores del Banco Popular
SEBANA: Sindicato de Empleados del Banco Nacional
UNEBANCO: Unión Nacional de Empleados del Banco de Costa Rica
SITRAINA: Sindicato de Trabajadores del INA
UNDECA: Unión Nacional de Empleados de la CCSS
FIT-ICE: Frente Interno de Trabajadores del ICE

Costa Rica se enfrenta en este momento a la mirada mundial que no entiende un discurso internacional de nuestro país, profundamente respetuoso de los Derechos Humanos y que fomenta el diálogo y la negociación como uno de los principales instrumentos de cualquier democracia, tanto en el ámbito político, como en el social y en el laboral.

Uno de los mecanismos idóneos para lograr la paz social, el diálogo social y la síntesis de intereses diversos es, precisamente, la negociación colectiva cuyo fruto fundamental es la Convención Colectiva de Trabajo.

Son innumerables las promesas incumplidas de sucesivas administraciones de gobierno a lo largo de más de veinte años, de defender lo indefendible ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A la luz de lo que ya se perfila como una verdadera política de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a quince años de su nacimiento; y, a la luz de la presente coyuntura nacional en torno a varios fallos relacionados con las convenciones colectivas de trabajo, el Movimiento Sindical Costarricense considera fundamental emitir el presente pronunciamiento en torno a los derechos humanos de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva.

Documento completo en Adjuntos

Contrario a la gran marcha del primero de mayo, donde prevaleció un sofocante sol, la de hoy se encontró con la lluvia, e igual que en la anterior, más de 25 mil trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, se mantuvieron firmes y marcharon hacia la Sala IV, en donde entregaron el pronunciamiento de todo el Movimiento Sindical Costarricense por los Derechos Humanos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

Empleados públicos y privados se lanzan a las calles

La actividad se inició a las 8:00 a.m. en las mismas instituciones, otros se concentraron frente a la Municipalidad de San José, y la marcha arrancó hacia el Parque La Merced con la presencia de trabajadores de hospitales, de diversos ministerios, correos, bancos, ICE, electricidad, Imprenta Nacional, trabajadores de empresas privadas (clandestinos por temor a ser despedidos), así como de los y las trabajadores de las municipalidades. Posteriormente tomaron la Avenida Juanito Mora (Av.2da) y de ahí hacia la Sala IV en el complejo judicial.

El objetivo principal de la manifestación es hacer valer sus derechos, seriamente amenazados por las resoluciones de la Sala IV contra varios artículos de las Convenciones Colectivas de Trabajo, sobre todo por el recorte al pago de la cesantía.

El pago de cesantía estipulado por el Código de Trabajo es de tan solo 8 años y mediante Convenciones Colectivas entre trabajadores y patronos esta sube en proporción a los años laborados; o sea un trabajador o trabajadora que ha trabajado 20 o 30 años en una institución, al ser despedido o renunciar recibe un mes de salario por cada año laborado, 20 meses y no 8.

Este tipo de acuerdos se da en una negociación entre las personas trabajadoras y los patronos y se debe principalmente a que los salarios son, en la mayoría de los casos muy inferiores al costo de vida.

Ante esta situación el planteamiento de los dirigentes sindicales es que no es necesariamente un ataque a un artículo en particular, sino a la libertad sindical y la negociación colectiva. Además una institución judicial no tiene porqué mediar en un acuerdo entre partes y esta intromisión es considerada como un ataque directo a la libertad de sindicalización.

Edgar Morales, Secretario General Adjunto de ANEP, dijo que “ este tipo de acciones contra la libertad sindical y la negociación colectiva solo es el inicio de muchos más, vienen por el aguinaldo, las vacaciones, el pago de horas extra, la seguridad social, la licencia por embarazo, en fin vienen por todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y lo que quieren es igualar las condiciones nuestras con las que tienen los hermanos centroamericanos para allanarle el camino a el TLC”. Según Morales, el tratado acabará con los derechos laborales de los y las costarricenses.

Derechos Humanos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva

La culminación de la manifestación frente a los Tribunales de Justicia fue la entrega del Manifiesto del Movimiento Sindical Costarricense a los magistrados de la Sala Constitucional.

Este manifiesto plantea, entre otras cosas, que “Costa Rica se enfrenta en este momento a la mirada mundial que no entiende un discurso internacional de nuestro país, profundamente respetuoso de los Derechos Humanos y que fomenta el diálogo y la negociación como uno de los principales instrumentos de cualquier democracia, tanto en el ámbito político, como en el social y en el laboral.” Y agrega que “uno de los mecanismos idóneos para lograr la paz social, el diálogo social y la síntesis de intereses diversos es, precisamente, la negociación colectiva cuyo fruto fundamental es la Convención Colectiva de Trabajo.”

Más adelante agrega que, “Son innumerables las promesas incumplidas de sucesivas administraciones de gobierno a lo largo de más de veinte años, de defender lo indefendible ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A la luz de lo que ya se perfila como una verdadera política de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a quince años de su nacimiento; y, a la luz de la presente coyuntura nacional en torno a varios fallos relacionados con las convenciones colectivas de trabajo, el Movimiento Sindical Costarricense considera fundamental emitir el presente pronunciamiento en torno a los derechos humanos de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva.”

Y es que según el Artículo 62 de nuestra Constitución Política plantea textualmente, “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.”

A partir de esto, la Sala Constitucional ha establecido que “La institución jurídica de la convención colectiva de trabajo, dentro de un Estado de Derecho, es una manifestación de los Derechos Humanos, definida como una actividad sindical por excelencia, consagrada en el Convenio No. 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)…”.

Albino Vargas, Secretario General de ANEP, plantea que,_ “Obviamente las convenciones colectivas no sólo tienen fuerza de ley “entre las partes”, pues rigen para todos las personas trabajadoras cubiertas por la convención, quienes no son partes contratantes. Sin embargo es fundamental en primer lugar entender que la Sala Constitucional ha definido este derecho como un derecho humano y como un instrumento que no quita vigencia a las leyes, pero que sí modifica los mínimos legales para las relaciones laborales que ampara, es decir, ha reconocido su valor de ley profesional.”_ Y cuestionó además que, “La posición de la Sala Constitucional claramente ha cerrado en la cara de los trabajadores, sobre todo del Sector Privado, la vía expedita del amparo para tutelar sus derechos constitucionales a la Libertad Sindical y, por lo tanto, a la Negociación Colectiva, pues los procedimientos ordinarios (ante la Inspección de Trabajo y posteriormente ante la vía judicial), son excesivamente lentos y además ineficaces.”

Precisamente es contra esa intromisión de la Sala Constitucional, gestionada por el partido defensor de los casinos y las casas de apuestas, que los trabajadores y trabajadoras, de forma contundente se han manifestado hoy 7 de junio y según consignas que se coreaban por las calles de la capital,_ “los derechos no se mendigan, se defienden”_, esta lucha no se detendrá hasta que cese el ataque a la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva.

Sueldo de trabajadores participantes de la marcha se verá afectado

Laura Chinchilla, presidenta en ejercicio, amenazó, como es costumbre, este miércoles en Consejo de Gobierno, a los y las trabajadoras participantes de la marcha con el rebajo del salario. Agregó que quienes se hallan ausentado deben presentar una justificación fundamentada, de lo contrario no se les pagará el día.

Por su parte Leonardo Garnier, Ministro de Educación Pública, indicó que en el caso del Magisterio la protesta no debió darse porque el martes anterior el gobierno les hizo varias propuestas a estos grupos sindicales, ignorando por completo el sentido de la manifestación realizada.

En la acera contraria, Eduardo González, trabajador de la Municipalidad de San José, aseguró que “es mejor perder un día de salario, a perder mis garantías sociales y laborales que tanta lucha a costado, por eso estoy aquí hoy, mañana y cuando sea necesario”, y concluyó con que “esto apenas empieza, ellos quieren pasar el TLC a como dé lugar, están dispuestos a vender el país, pero tienen miedo de nuestra fuerza pacífica pero contundente en contra de estas medidas y sus políticas depredadoras”.

Lo que sigue

A partir de hoy la unidad sindical se fortalecerá aún mas, se programarán sesiones de trabajo, se analizará el accionar de la Sala Constitucional en adelante y si es necesario se realizarán las actividades que sean necesarias para defender los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras costarricenses y la lucha contra el TLC.

¿Sabía usted…

que Costa Rica, como principal proveedor de piña del mundo, exporta cada mes más de 75.000 toneladas de piña?

que en Costa Rica el área de plantaciones piñeras aumentó a más del triple en últimos 7 años?

que el valor de la exportación de la piña en Costa Rica ha aumentado de 142 milllones de dólares a $325 millones, o sea a más del doble en los últimos 4 años, pero las ganancias de este negocio se fueron sobre todo para las empresas transnacionales?

que los químicos usados en las plantaciones piñeras en Costa Rica contaminan el agua y el suelo, y tienen efectos graves en la salud de la población trabajadora y de las comunidades vecinas?

que por el cultivo de las piñas, ríos y pozos se están quedando sin agua?

que en la mayoría de las plantaciones piñeras no se permite la organización de sindicatos y se violan derechos fundamentales de las y los trabajadores?

¡Alto a la expansión piñera!

Comité Ambiental de Guácimo y Pococí
ASEPROLA
Foro Emaús

Para más información visita:
Aseprola

ENGLISH VERSION

Los sectores neoliberales que han dominado la política de Costa Rica durante los últimos veinte años, no han podido terminar la “tarea” del Consenso de Washington según los designios de los organismos financieros internacionales. Entre los asuntos “pendientes” están las grandes privatizaciones frenadas durante esos veinte años por la gran resistencia popular. Luego de tanto tiempo de resistencia ha llegado la hora del gran enfrentamiento: el TLC con los Estados Unidos de América, con el cual pretenden esos sectores dar por concluida dicha “tarea”.

Costa Rica logró indicadores de desarrollo humano que casi ningún país de América Latina alcanzó; por ejemplo, 98 % de cobertura eléctrica, 99 % de cobertura telefónica, 100 % de cobertura en Salud y 100 % en cobertura de agua potable. Estos y otros logros sociales se consiguieron gracias a importantes instituciones de servicio público, de cobertura universal, en manos del Estado.

El gran “pecado” de Costa Rica fue haber creado, desarrollado y consolidado unas empresas públicas realmente exitosas, altamente rentables, que no dependen del presupuesto público y que son vistas como nichos de negocios lucrativos bajo la óptica neoliberal. Entre otras cosas, esto permitió el desarrollo de una gran clase media que aunque hoy está muy golpeada económicamente hablando, sigue siendo base esencial de la democracia costarricense de las últimas décadas.

Costa Rica resiste. El pueblo no ha permitido esas privatizaciones de sus mejores empresas públicas: telecomunicaciones, energía, agua, salud y seguridad social, seguros comerciales, banca, entre otras. Los proyectos de ley para privatizar, presentados una y otra vez, no logran concretarse, son rechazados por la gente, como ocurrió en el año 2000, con la ley de telecomunicaciones (el “combo”), que durante 17 días de protestas callejeras tuvo que ser desechada por el parlamento.

Hoy, todas esas privatizaciones fueron comprimidas en un solo paquete: el tratado de_ “libre”_ comercio con los Estados Unidos de América. El tratado se firmó a principios del año 2004 y todavía no se ha aprobado. Dos años y medio de resistencia cívica lo ha impedido. A Costa Rica la obligan a ese tratado junto a los otros países centroamericanos con enormes desigualdades sociales mucho más profundas y más extendidas que las que hay en Costa Rica. Esos países (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), nunca tuvieron redes de protección social y servicios públicos como las tuvo Costa Rica. Por eso es la resistencia cívica y popular.

La tensión social en Costa Rica crece. Quienes dicen No al TLC y quienes dicen Sí al TLC están en una guerra verbal iracunda. Nuestro Premio Nóbel de la Paz, hoy Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, en vez de pacificar al país haciendo de mediador entre los dos polos opuestos, se matriculó con el SI, hostiga la aprobación del TLC, promueve un falso diálogo y fomenta la confrontación.

Es necesario que se sepa la doble cara del Presidente Arias Sánchez. Él es la cara visible, el mejor promotor, el defensor de la derecha oligárquica más antidemocrática, ansiosa de entrar al negocio de las exitosas empresas públicas del pueblo costarricense.

Hoy hay una gran ofensiva contra los sindicatos, las organizaciones más fuertes en la resistencia contra el TLC. El insulto, la agresión verbal, la calumnia, la amenaza física (incluso de muerte), la intimidación, el inicio del asalto a los locales sindicales, el ataque monstruoso a la Negociación Colectiva, son fenómenos nunca antes visto desde que el país se refundó en 1949, luego del conflicto civil de 1948.

QUÉ PEDIMOS:

• – Que se organice una visita de organizaciones sociales internacionales para comprobar en el lugar los acontecimientos, la alta tensión social en desarrollo.

• – Que se advierta al Presidente Oscar Arias Sánchez que todas sus actuaciones están bajo observación internacional.

• – Que se recauden fondos para la jornada de resistencia masiva que se está dando, básicamente para emplearlos en campañas de comunicación y en servicios de transporte para la movilización.

• – Que se abra una página electrónica donde se informen de todos los acontecimientos políticos y sociales de Costa Rica, donde se pueda denunciar todos los atropellos a los sindicatos y se desnude la falsedad de la democracia costarricense.

• – Que se manden comunicados a las embajadas y consulados de Costa Rica en los países donde existan, diciéndoles que se está en gran vigilancia y seguimiento de las amenazas, las agresiones verbales, la represión en preparación y la ausencia plena de libertad de información con una gran parte de la prensa hostigando el enfrentamiento.

• – Que se denuncie que el proceso electoral de febrero de 2006 y que convirtió Oscar Arias en Presidente, está manchado por la duda, por las irregularidades, por el abuso constitucional y por un gigantesco fraude mediático.

• – Que se denuncie que Costa Rica la palabra “sindicato” pronunciada en una empresa privada, es sinónimo de despido inmediato para el trabajador que se atreva a pronunciarla, sin posibilidad alguna de que el tribunal constitucional ordene su reinstalación, pese a que en Costa Rica el derecho de sindicalizarse tiene rango constitucional. El Gobierno es cómplice de esta represión que se da todos los días.

• – Que en todos los países y en las reuniones internacionales sindicales y sociales, se promuevan charlas, foros, exposiciones y debates sobre la gran resistencia cívica que hay en Costa Rica contra las políticas neoliberales. Necesitamos que se haga visible que Costa Rica tiene lo que podría ser el último Estado Social de Derecho que queda en la América Latina y que Costa Rica no ha entregado a las empresas transnacionales sus servicios públicos estratégicos, con los cuales le permitió a su población mejor calidad de vida, movilidad y equidad social y tener una gran clase media, lo que nunca lograron en los otros países centroamericanos.

COSTA RICA EXISTE. COSTA RICA RESISTE.
COSTA RICA VENCERÁ.
¡¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL!!!

Rocío Pérez Sáenz
rperez@prensalibre.co.cr

Como una falacia, una mentira… un engaño. Así calificó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, las cifras que se han dado a conocer en torno a la cantidad de empleos que generaría la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).

“Nosotros retamos públicamente por medio de LA PRENSA LIBRE al Ministerio de Comercio Exterior y a su jerarca Marco Vinicio Ruiz, a que pruebe que el TLC traerá miles de empleos al país en un debate donde quiera y cuando quiera”, dijo el líder sindical.

Indicó que “no hay un solo estudio que nos diga cuántos empleos vendrán con el TLC y en qué campos”.

Vargas señaló que el único estudio sobre posibilidades de empleo es de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) donde señaló que Costa Rica tendrá en los primeros 6 años del TLC 18.750 nuevos empleos.

– Las autoridades de Gobierno aseguran que ante la lentitud con que Costa Rica lleva el proceso de ratificación del TLC, mucha inversión extranjera se está instalando en Nicaragua, generando los empleos que podrían beneficiar al país. ¿Esa es una forma de presumir que el TLC sí genera empleo? – Aquí hay, en este país, gran cantidad inversión extranjera que ha venido sin necesidad del TLC. Por las ventajas que ya tenemos, y puede venir más sin necesidad de ese tipo de acuerdos. Lo que nosotros queremos demostrar es que los empleos previstos del tipo de inversión extranjera que está atrayendo el país, ya llegaron.

– Entonces ¿el TLC no generaría más de 3 mil empleos por año? – Después de entregar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), después de entregar el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el agua y la agricultura… lo único que nos van a quedar son 3 mil empleos nuevos por año. Pero al revés, sí está demostrado cuántas personas quedarán cesantes. Es ahí donde nosotros seguimos retando al Comex.

– ¿Se puede determinar esa cifra? – Son más de 100 mil en esos mismos seis años (el período de implementación del Tratado) en los que se generarían sólo 18.750 nuevos puestos de trabajo.

Calidad del empleo

– ¿Podría pensarse que se abrirían nuevos puestos de trabajo de mejor calidad frente a los que genera el mercado costarricense ahora? – En ese sentido, la percepción es otra. Y no lo digo yo, Albino Vargas. Lo dice el informe de la Junta de Notables. Usted no puede desmentir a una persona como Franklin Chang ¿Verdad? El documento dice: “Al referir lo laboral a los estándares ya existentes de cada país se limita la posibilidad de mejorarlos o ampliarlos, lo que produciría de hecho una homologación hacia abajo”. Eso quiere decir que Costa Rica tiene que homologar hacia abajo su legislación laboral para ser competitiva.

– ¿Qué significa para ustedes homologar hacia abajo? – Podría ser que el período de cuatro meses de licencia por embarazo sea anti competitivo, lo mismo que el aguinaldo, el pago de riesgos de salud de los patronos, el pago de incapacidades y el salario escolar, entre otros. La filosofía es esta: primero quitemos aquellos que tienen algunos que sobrepase el mínimo de ley y después nivelada la cancha, quitemos los mínimos que no son competitivos.

– Pero aquellos empleos que se generen ¿serán de mejor calidad? – Si en Costa Rica no se pueden establecer sindicatos en las empresas privadas, si los trabajadores no pueden organizarse para defender su derechos, en un escenario de homologación hacia abajo, involucionados laboralmente. Entonces nos ponen a competir en condiciones salariales y ocupacionales de semi esclavitud en muchos casos.

– ¿Qué va a pasar con los profesionales? ¿Van a encontrar otras fuentes de empleo mejor remuneradas? – La respuesta es desempleo profesional. Lo que potencialmente se va a abrir es poco, y mano de obra barata. Además el Gobierno ha puesto todos los huevos en esa canasta pero se olvidó del mercado interno, del desarrollo agrícola, del desarrollo empresarial que también produce puestos de trabajo.

– ¿Qué va a pasar con el sector productivo? – Costa Rica prácticamente sepulta lo poco que le queda al sector agropecuario nacional, y de ahí que no es una casualidad que los gremios de los agricultores estén todos contra el TLC. Hay riesgos de soberanía alimentaria y se va a propiciar una mayor migración a la ciudad y un deterioro de la calidad de vida en las zonas rurales que ya de por sí lo estamos viviendo.

Apertura vrs. venta

– Si le pidiera que pusiera en un orden de prioridades lo más malo que tiene el TLC para ustedes ¿cuáles serían esos aspectos? – Tenemos que deshacernos de aquellas instituciones que han prestado servicios públicos universales de acceso a la población y que fueron pilares para que Costa Rica tuviera una amplia clase media y para que nos diferenciáramos del resto de Centroamérica, donde la dolarización entre ricos y pobres fue la base de conflictos armados.

– ¿Deshacernos por qué? Se habla de apertura, no de venta. – La apertura, ese concepto, es la forma más vulgar de privatizar, porque es regalar un segmento de mercado prácticamente sin costo alguno para los que quieren apropiarse de él. Es la forma más barata.

– Pero ¿técnicamente cuál es la diferencia entre apertura y venta? – Si se tratara de venta el país podría ganar más porque se subasta en el mercado internacional patrimonios públicos del calibre del ICE y del INS que le generarían al país miles de millones de dólares, mientras que en una apertura recibimos un canon ridículo por el uso de ese segmento de mercado.

– ¿Quiere decir que están de acuerdo con la venta? – No quiere decir que estemos de acuerdo con la venta, estoy comparando. En la venta el país ganaría más, la apertura es entregar a cambio de nada.

– ¿Cómo entiende el término apertura? – Desmembrar, debilitar, quitarle sentido social a los servicios; es dejar esos servicios para quienes en definitiva los puedan pagar y al final del camino quien se extinguirá es la institución pública porque va a ser estrangulada económicamente, absorbida por los pulpos transnacionales.

– Eso significa que no cree en los proyectos de fortalecimiento o las leyes marco para apoyar las instituciones en el proceso de apertura. – Todos esos son proyectos engañosos porque quienes los promueven no creen en la filosofía del servicio público, creen en la ideología del mercado. No tienen el convencimiento genuino de fortalecimiento sino hablan de eso como una medida demagógica, cosmética y hasta tramposa.

– Pero ustedes tuvieron la oportunidad de participar en la Comisión de fortalecimiento del ICE. – Hubo una comisión mixta en la Asamblea Legislativa que no terminó en nada. ¿Y sabe por qué? – Porque precisamente las fuerzas económicas que están contra cualquier tipo de fortalecimiento por más mínimo que sea, tienen grandes entronques políticos que impedirán que cuaje cualquier fórmula de apoyo.
Con la Unión Europea

– Y un acuerdo con la Unión Europea ¿lo ven diferente? – Pensábamos que era diferente pero Edgar Morales, el secretario general adjunto de la ANEP, estuvo allá y ahora la perspectiva es otra. Las expectativas de un trato diferente con la Unión Europea se disiparon. Sentimos que se quieren montar sobre los despojos que va a dejar el TLC con Estados Unidos.

– Pero ellos ofrecen asistencia técnica dentro del Acuerdo. – Pero no se ve que sea un compromiso verificable, obligante… Eso queda a su voluntad.

– Entonces ni con Estados Unidos ni con la UE. – No estamos en contra de comerciar con Estados Unidos, de hecho lo hacemos. Pero sentimos que este TLC fue mal negociado y utilizado tramposamente para resolver el problema de privatización pendiente en Costa Rica desde hace 20 años. Además Costa Rica se merecía discutir un Tratado bilateral, mejorar lo que ya existe con Estados Unidos porque nuestro desarrollo y nuestras estructuras sociales son radicalmente diferentes al resto de Centroamérica. Y que no se diga que es xenofobia o que nos creemos la última maravilla del mundo, pero sí merecíamos algo mejor.

¿Qué pasa en Costa Rica?

¿Hasta dónde nos van a llevar?

La arremetida del grupo neoliberal que impulsa el TLC no parece tener límite, ahora a la multimillonaria campaña de propaganda para tratar de convencer a la población de las supuestas bondades del TLC con los Estados Unidos, se suma una fuerte arremetida contra los derechos laborales fundamentales consagrados en las Garantías Sociales.

Con este ruin propósito la Sala Constitucional se convierte en la punta de lanza dispuesta a contradecir la Constitución Política, al dar cabida a recursos de amparo interpuestos sobre todo por el Movimiento Libertario, hoy aliado incondicional del gobierno arista, en contra de derechos adquiridos y consagrados en las leyes.

No nos dejemos engañar costarricenses, detrás de la eliminación de los supuestos “privilegios” de los sindicatos se esconde una solo idea: poner en práctica la agenda paralela en materia laboral que impone el TLC.

El TLC obliga a equiparar por lo bajo las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías trabajadoras costarricenses, o sea a_ “centroamericanizarnos”_, con el propósito de abaratar la mano de obra y volvernos de esa manera “competitivos”.

De acuerdo con esta lógica, ser competitivos consiste en eliminar derechos para abaratar el costo de la mano de obra y motivar de esta manera la inversión extranjera.

Por otro lado, si hubiera verdadero interés en eliminar privilegios ¿Por qué no se investiga y resuelve el problema de los multimillonarios privilegios que han significado los incentivos turísticos que entre el año 1985 al 2000 llegaron al escandaloso monto de ¢ 133 mil millones y donde figura el Grupo La Nación, el Grupo Más X Menos y el Hotel Camino Real entre los beneficiarios?

¿No son acaso privilegios “odiosos”, “irracionales” y “desproporcionados”, las exoneraciones fiscales que disfrutaron grandes empresas a costa de todos y todas las costarricenses?

En esa coyuntura el Presidente de la República no solo no escucha el clamor popular, sino que sale de viaje a dar un discurso ante la Conferencia de la OIT, el mismo día en que en las calles demostraremos nuestro repudio a esa arremetida, y en donde el país ha sido incluido en la deshonrosa lista de 25 naciones que violan los derechos laborales.
Se avecinan días cruciales para nuestro sistema democrático, detrás de la embestida contra los derechos y garantías laborales se está fraguando una conspiración contra el Modelo de Estado Social de Derecho.

Detrás del TLC está el modelo neoliberal que acabaría con instituciones estratégicas para el pueblo, como la CCSS, el ICE y el INS.

Detrás del TLC está la amenaza al sistema de educación público y hasta peligra de ser privatizada el agua, al tiempo que la producción agrícola nacional podría colapsar, perdiendo el país su soberanía alimentaria y llevando miles de familias campesinas a la ruina.

Frente a esto, las organizaciones sindicales y sociales opuestas al TLC abogamos por el fortalecimiento del sistema democrático.

• Luchamos por la libertad de organización sindical en la empresa privada y exigimos el derecho de los y las trabajadoras de ese sector, hoy fuertemente reprimido, a organizarse libremente en sindicatos y a concertar colectivamente sus condiciones de trabajo, según lo establecen las leyes de la República, el Código de Trabajo y los convenios internacionales suscritos por el país ante la Organización Internacional del Trabajo.

• Por ese mismo principio democrático y libre nos oponemos férreamente a un TLC que condena las libertades y derechos laborales de la clase trabajadora costarricense.

• Igualmente demandamos del Gobierno de la República tomar las medidas urgentes para compensar la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, ante el escandaloso crecimiento en el costo de la vida y en particular de los combustibles.

El Movimiento Sindical Costarricense decreta huelga de un día el próximo miércoles 7 de junio y una manifestación en contra del TLC, por los derechos laborales y por la defensa del Estado Social de Derecho.

San José 1 de junio de 2006

BETANIA ARTAVIA
bartavia@diarioextra.com
Foto: Héctor Rodríguez

Para José Miguel Corrales, la Sala Constitucional busca desprestigiar a la fuerza sindical para debilitarla frente al pueblo, ahora que empieza la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El ex diputado José Miguel Corrales sostiene que la Sala Constitucional ha aprovechado el tema de las convenciones colectivas para desprestigiar a los sindicatos costarricenses y así debilitar la lucha contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Critica también que los magistrados no entren a analizar el tema de sus propias convenciones colectivas o los beneficios excesivos que se dan a lo interno del Poder Judicial.

“La Sala Cuarta le hace el trabajo sucio al gobierno del presidente Arias al presentar a los trabajadores públicos ante el país como privilegiados y cargados de gollerías, para quitarles credibilidad ahora que inician la lucha contra el TLC”, detalló Corrales.

Sostiene que precisamente los culpables de las convenciones colectivas han sido los gobiernos, porque debido a una política salarial terminan dando beneficios a los trabajadores para compensar los malos salarios, esto aunado a que quienes terminan negociando por parte del Gobierno, como son los presidentes ejecutivos de las instituciones, también resultan beneficiados de las convenciones.

De manera que no son solo los trabajadores con malos salarios los que se benefician de las convenciones, sino también los altos jerarcas.

Le llama la atención que la Sala Cuarta defina estos temas justo en este momento, y no hace tres años cuando fueron presentadas las acciones de inconstitucionalidad, lo cual a su criterio es un reflejo de que le están limpiando el camino para que el nuevo gobernante pueda actuar a su antojo.

PRIMERO PONEN AL PRESIDENTE Y AHORA LE AYUDAN A GOBERNAR

A criterio de Corrales, la Sala Constitucional primero le dio la posibilidad a Óscar Arias de ser presidente nuevamente, en contra de la Constitución y el Código Electoral, y ahora le quiere ayudar a gobernar.

“Primero sin que a ese órgano le competa la materia electoral, ellos analizan y aprueban la reelección presidencial, y ahora, una vez en funciones su presidente, le vienen a hacer el trabajo sucio para quitarle del paso a los sindicatos, esto es muy grave y generará mayor desconfianza en el sistema judicial”, detalló.

A criterio del ex diputado, cuando al pueblo se le presentan privilegios y abusos inmediatamente señalan a los sindicatos como abusivos, y consideran que en todas sus acciones primará la defensa de sus propios intereses y no la del país, lo cual, afirma, no es cierto.

“Lo que la Sala está haciendo es quitarle la credibilidad a los sindicatos, para que cuando convoque a las marchas contra el TLC, los ciudadanos no les hagan caso, y piensen que solo buscan defender sus intereses, son muy astutos, pero mal intencionados”, detalló.

Corrales, sin embargo, está seguro de que el pueblo no se dejará engañar por esta maniobra, y se mantendrá firme en la lucha contra el Tratado con Estados Unidos, que solo busca afectar a los ciudadanos de menos ingresos.

SISTEMA JUDICIAL SIN ENTRAÑAS

Corrales considera que el sistema judicial no tiene entrañas, perdió su esencia, y ahora se ha dejado mover de acuerdo a conveniencias, debido principalmente a la estructura vertical, donde quienes están arriba tienen todo el poder y control sobre el resto, lo cual impide que haya democracia en ese importante poder de la República.

Esto fue cuestionado seriamente en el pasado y llevó precisamente a la creación de una comisión investigadora sobre el manejo del Poder Judicial, durante la cual se confirmaron problemas y en el dictamen del en ese entonces diputado Corrales, piden sancionar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora.

Irregularidades con la asignación de viajes y becas, donde los funcionarios recibían un doble ingreso, pues además del pago de la beca, recibían su salario; viajes realizados con gastos del Poder Judicial y sin que se presentara informes sobre estos fueron parte de los temas que Corrales cuestionó en su informe legislativo, el cual no llegó siquiera a votarse.

“Cómo puede ser posible que un funcionario judicial esté dando lecciones en horas laborales, esto es uno de los tantos abusos que se cometen en la Corte, donde no existe independencia, ya que si un juez no actúa de acuerdo a los deseos de los magistrados, éstos simplemente no le renuevan su nombramiento, esto es una muestra de lo mal que funciona el Poder Judicial”, detalló Corrales.

El ex diputado considera importante separar el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Corte, pues no se puede ser el investigador, ser el defensor y también ser el que juzga, porque esto ha llevado a ese importante poder de la República a decaer y acabar con la independencia de los funcionarios.

TLC ES UN CAMBIO AL ESTADO DE DERECHO

Corrales insiste en que votar el tema de las Convenciones Colectivas en este momento es parte de la estrategia para promover desde la Sala Cuarta el TLC, el cual en el fondo lo que implica es cambiar el estado de derecho por uno sin solidaridad, donde quienes menos tienen serán los más afectados.

“Si fuera solo un tratado comercial para que no se cobren impuestos a los chayotes de Cartago, sería magnífico, pero el TLC va más allá, es todo un cambio en el Estado de Derecho, que viene a afectar a quienes no tienen recursos”, comentó.

Este cambio social implica pasar servicios que tradicionalmente no han perseguido el lucro, para que se conviertan en un negocio en manos privadas, mientras se afecta a los usuarios, expone Corrales.

Uno de los propósitos fundamentales del TLC es bajar los costos de producción, y esto se lograría eliminando las cargas sociales que los encarecen, analiza el ex diputado.

Este cambio implicaría, por ejemplo, que los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social deban seguir funcionando, pero sin el aporte patronal, porque esto encarece el producir en Costa Rica, y esto llevará a la Caja a derrumbarse, porque no se puede mantener sin que los patronos aporten.

“Si yo tengo dinero y llego a una clínica privada hasta una alfombra roja me ponen para que pase, pero si ven que no llevo ni un cinco para pagar la consulta, ni siquiera me dejan entrar, y eso es lo que va a pasar, que los pobres no tendrán derecho a la salud”, detalló.

Lo mismo ocurriría con el seguro de riesgos del trabajo, manejado por el Instituto Nacional de Seguros, pues encarece la producción, pero es la única garantía para un trabajador en caso de un accidente.

“¿Si un señor está limpiando una ventana y se cae del tercer piso y se parte la espalda, quién va a mantener su familia?, para eso es el seguro de riesgos del trabajo, pero con el TLC se acabaría y a nadie le va a importar lo que pase con ese pobre hombre y sus hijos”, explicó Corrales.

El tema de la educación no está exento de sufrir, según la tesis de Corrales, dado que conforme avanza la tecnología los libros de papel son sustituidos por la Internet, y solo quienes tengan dinero podrán pagar el teléfono y la tecnología, pues pasaría a manos privadas.

“Esto nos devuelve al pasado, se acaba el Estado solidario ideado por Rafael Ángel Calderón Guardia y ‘Pepe’ Figueres, y solo los que tienen dinero podrán estudiar, podrán tener servicios de salud, mientras los pobres cada día serán más pobres”, explicó Corrales, quien planea presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones una solicitud para realizar un referéndum consultivo sobre el TLC.

HAY QUE CONSULTAR AL PUEBLO

Corrales considera que pese a que la Sala Constitucional quiera desprestigiar a los sindicalistas, eso no cambia el derecho del pueblo a opinar sobre si cree conveniente o no el Tratado de Libre Comercio, por lo que planteará la iniciativa y confía en lograr las firmas suficientes.

El proceso para el referéndum consultivo no es tan complicado, empieza con la presentación de un escrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones, luego deben adjuntarse las firmas del 30% del padrón electoral, que serían unas 850 mil.

El referéndum se realizaría a nivel nacional, y su resultado no es de acatamiento obligatorio, pero es una señal clara para el gobierno sobre si el pueblo está o no de acuerdo.

“Con el combo se hizo un referéndum en la calle, y el presidente Miguel Ángel Rodríguez comprendió lo que el pueblo quería y valientemente frenó el proyecto para despedazar el ICE, hoy esperaríamos que igualmente la decisión del pueblo sea respetada”, explicó Corrales, quien presentará el referéndum en pocas semanas.